Revista Latinoamericana de Derechos Humanos Volumen 29 (1), I Semestre 2018, EISSN: 2215-4221 Doi: http://dx.doi.org/10.15359/rldh.29-1.8

Transición, gobernabilidad democrática y derechos humanos en Venezuela Transition, Democratic Governance and Human Rights in Venezuela Transição, governabilidade democrática e direitos humanos na Venezuela Egda Ortiz1 Mayrú Mocletón2 Liznery Villegas3

Resumen El objetivo de este artículo es explicar la relación entre transición, gobernabilidad democrática y derechos humanos en Venezuela, mediante la revisión teórico-conceptual de los aspectos mencionados, explicándolos ampliamente para el caso venezolano. El proceso de transición profundiza la democracia, y lo que sigue luego de este es la consolidación con un acuerdo general que le dé sentido (Diamond et al., 2014). En América Latina, el déficit democrático requiere de la consolidación democrática con el desafío de superar la pobreza y fortalecer las instituciones con el bienestar ciudadano como finalidad de la democracia. En Venezuela, la gobernabilidad del sistema político, lograda entre 1958 y 1998 y ante la pendiente reforma constitucional de 1961, se manifiesta desde 1999 en profundización de la crisis económica, social, política y democrática, por lo que el predominio de una definición mínima de democracia requiere hacer vigente una concepción integral de democracia. El gobierno de Chávez incrementó el autoritarismo, con el mecanismo primario del “legalismo autocrático” (Corrales, 2015). Las leyes aprobadas debilitaron la democracia y deterioraron la vigencia de los derechos humanos. Los deseos consensuales son característicos de los venezolanos, así como la manifestación de sus reclamos y demandas, las que se han incrementado en la última década. La violación de los derechos humanos en el país se encuentra documentada por varias ONG nacionales e internacionales. Se concluye que los resultados de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 indican dentro de la transición, el inicio de un proceso de profundización y consolidación democrática que debe ser cuidadosamente construido por los diversos actores sociales y políticos que expresen un abierto diálogo y acuerdo para fortalecer la democracia en el país. Palabras claves: Gobernabilidad democrática, transición, derechos humanos, Venezuela. Abstract This article aims to explain the relationship between transition, democratic governance and human rights by using a conceptual and theoretical review and later applying it to the Venezuelan case. The transition process deepens democracy which then is consolidated with a general accord that gives sense to it (Diamond et al., 2015). In Latin America, the democratic deficit requires of democratic consolidation with the challenge to overcome poverty and fortify the institutions having the citizen well-being the goal of democracy. In Venezuela, the governance of the political system, achieved between 1958 and 1998, is characterized since 1999 by the growing economics, social, political and democratic crisis, making necessary an integral definition of democracy. Chávez´s government increased authoritarianism with a mechanism of “autocratical legalism” (Corrales, 2015). The approved laws weakened democracy and deteriorated the human rights. The consensual desires are characteristic of Venezuelans, and the reclamations and demands have increased in the last decade. A variety of no-governmental organizations have documented the violation of human rights. The conclusion is that the results of the parliamentarian elections of December 2015 indicate within the transition, the beginning of a process of democratic consolidation that has to be completed by the diverse social and political actors that express an open dialogue and accord to fortify the democracy of the country. Keywords: Democratic governance, transition, human rights, Venezuela. Resumo O objetivo deste artigo é explicar a relação entre transição, governabilidade democrática e direitos humanos na Venezuela, por meio de uma revisão teórico-conceitual dos aspectos mencionados, explicando-os amplamente para a realidade venezuelana. O processo de transição aprofunda a democracia e seguidamente acontece a consolidação, com um acordo geral que lhe dá sentido (Diamond et al. 2015). Na América Latina, o déficit democrático requer a consolidação democrática, com o desafio de superar a pobreza e fortalecer as instituições que promovem o bem-estar dos cidadãos como meta da democracia. Verifica-se que na Venezuela a governabilidade do sistema político, alcançada entre 1958 e 1998 e antes da pendente reforma constitucional de 1961, se manifesta desde 1999 no aprofundamento da crise econômica, social, política e democrática. Portanto, a predominância de uma definição mínima de democracia requer fazer vigente uma concepção integral da democracia. O governo de Chávez aumentou o autoritarismo, com o mecanismo primário de “legalismo autocrático” (Corrales, 2015). As leis aprovadas enfraqueceram a democracia e prejudicaram a vigência dos direitos humanos. Os desejos consensuais são característicos dos venezuelanos, assim como a manifestação de suas reivindicações e demandas, as quais aumentaram na última década. A violação dos direitos humanos no país é documentada por uma variedade de ONGs nacionais e internacionais. Conclui-se que os resultados das eleições parlamentares de dezembro de 2015 indicam, dentro da transição, o início de um processo de aprofundamento e consolidação democrática, que deve ser cuidadosamente construída pelos diversos atores sociais e políticos que expressam um acordo e um diálogo aberto para fortalecer a democracia no país. Palavras chave: Governabilidade democrática, transição, direitos humanos, Venezuela.

Introducción

Este artículo tiene como objetivo explicar la relación entre transición, gobernabilidad democrática y derechos humanos en Venezuela. Se revisan teóricamente los eventos de investigación seleccionados. Se presenta una breve referencia a la democracia en América Latina; se exponen luego algunos antecedentes de la gobernabilidad y la democracia venezolana entre 1958 y 1998; se explica ampliamente la relación entre los eventos mencionados para Venezuela desde 1999 y hasta la actualidad. Finalmente, se presentan las conclusiones.

Transición, democracia y derechos humanos: conceptualizaciones

Para la discusión de la democratización, el concepto de transición ha sido fundamental desde hace tres décadas hasta la actualidad, fundamentada en los enfoques básicos: el estructuralista, con representantes como Huntington, y el enfoque de la “elección”, con autores como O’Donnell. Aunque se diferencien sus enfoques, ambos autores coinciden en que los procesos de transición abarcan etapas diferentes, y la última de ellas profundiza el proceso democrático.

En los primeros años del siglo XX, el nacimiento de las nuevas democracias fue parcialmente más lento, debido a que muchos países ya se habían convertido en democráticos. Los científicos políticos voltean, entonces, la atención hacia la consolidación democrática y la calidad de la democracia. La reconsideración y revisión del paradigma de la transición es presentado por varios autores, a propósito de los acontecimientos y realidades mundiales relacionados con la democracia.

Con los últimos acontecimientos en la Unión Soviética, de la primavera árabe y en Burma, la cuestión de las transiciones democráticas ha retornado al centro del escenario. Ante una clara dimensión temporal de la transición, la pregunta es, ¿qué viene después?; entonces lo que sigue en la secuencia es la consolidación con un acuerdo general que dé sentido a la transición, y que signifique algo más que la supervivencia de la democracia (Diamond, Fukuyama, Horowitz y Plattner, 2014).

Fukuyama coincide con el planteamiento de los tres estadios por los que tiene que transitar una democracia: primero, la liberación del antiguo régimen autoritario; segundo, debe hacerse libre la primera elección; y finalmente, elegir democráticamente un nuevo gobierno, que sea capaz de dar servicios públicos, bienes públicos, y las respuestas que la gente espera de la democracia. Por lo que la democracia es un complejo conjunto de instituciones que envuelven la rendición de cuentas, la regla o ley, los controles sobre el poder, y se convierte en satisfactoria cuando se institucionalizan los diferentes componentes. En el mismo sentido, Horowitz considera que la consolidación está cercana a la institucionalización, y se observa en indicadores como el descrédito de los militares para tomar el poder y la rutinización de las elecciones (Diamond et al., 2014). Coincidentes son los planteamientos de Diamond con los de Plattner con respecto a la profundidad, calidad de la democracia y de las instituciones, así como, la calidad del Estado en lo relativo a las decisiones de las instituciones estatales.

En opinión de Diamond, la transición termina cuando la definición de democracia es ejecutada: un régimen en el cual la gente puede escoger y reemplazar a sus líderes en elecciones razonablemente libres y justas, con un mínimo clima alrededor de las libertades, tanto como la rendición de cuentas en y entre elecciones. Ambos autores plantean, además, una relación cercana entre la consolidación y el logro de una alta calidad de la democracia; las democracias consolidadas han atravesado algún umbral en términos de capacidad e institucionalización. Se refieren, finalmente, a la desconsolidación de la democracia, una decadencia política ante su reorganización, ya que se necesita un poder judicial fuerte, un poder legislativo más fuerte e instituciones de rendición de cuentas horizontales (Diamond et al., 2014).

Puede concluirse del intercambio de las opiniones expuestas, la importancia de los siguientes aspectos: la dimensión temporal del concepto de transición; los tres estadios de tránsito de una democracia; la importancia de un conjunto de instituciones que al consolidarse logran la institucionalización; profundidad y consolidación de la democracia; y la desconsolidación de la democracia.

En este contexto, la democracia implica no solo su instauración, sino también procesos y resultados, por lo que es fundamental considerar no solo los procesos electorales, sino, la vigencia de una requerida concepción integral de democracia que priorice el respeto por los derechos humanos, la elaboración y concreción de políticas públicas, la rendición de cuentas, la importancia de las instituciones y los valores. Los procesos democráticos implican la construcción democrática y ciudadana de cara a los resultados como respuestas del sistema político frente a la participación y las demandas de la sociedad.

En la construcción democrática y ciudadana resaltan como aspectos básicos, la importancia de la aceptación universal y la garantía jurídica en las constituciones de los países, de los derechos humanos.

Al respecto, los derechos humanos son garantías legales universales que protegen a los individuos y los grupos contra aquellos actos de los gobiernos que interfieren con los derechos fundamentales y la dignidad humana (Pulido y Briceño, 2006, citados por Sánchez, 2012). La vigencia de los derechos humanos en la construcción democrática implica también moldear una cultura política, democrática y ciudadana. En este sentido:

La democracia es un proceso interminable, en el cual cada avance plantea problemas nuevos: ésta se origina en la creación de una cultura que permite que el sistema se autogenere y se autoreproduzca, se extienda y se defienda por medio del pacto de los diferentes actores políticos, sin importar sus divergencias (Ancira, 2003, p. 2).

Transiciones y democracia en América Latina: breve referencia

La segunda y tercera olas democratizadoras referidas por Huntington (1994), promovieron la instauración de instituciones democráticas no solo en Europa, sino en la región latinoamericana, en cuyos países, la concepción y la práctica democrática ha sido disímil y variada. Sin embargo, nuestros países también han compartido características comunes, tales como: la inadecuación en la definición y práctica de la política; el predominio de una concepción mínima de la democracia basada en la realización de elecciones; la falta de institucionalización; y la necesidad de la rendición de cuentas, entre otros aspectos.

Aunque desde las décadas de 1980 y 1990 noventa se han adelantado acciones hacia la consolidación democrática en la región, el déficit democrático existente en nuestros países debe considerarse como un desafío frente al logro del desarrollo humano integral, que se haga posible en contextos democráticos y en sociedades con una sólida cultura democrática.

En la XII Cumbre Iberoamericana de 2012, se hizo referencia a la gobernabilidad democrática ante la superación de la pobreza y el fortalecimiento de las instituciones. En este sentido, los indicadores del Banco Mundial relativos a la gobernabilidad se refieren a las dimensiones políticas, económicas e institucionales: voz y rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia de violencia, eficacia del gobierno, calidad del marco regulatorio, estado de derecho y control de la corrupción (Urdaneta, 2012). Desde los Objetivos del Milenio (2000), hasta los Objetivos del Desarrollo Sostenible (2015) establecidos por las Naciones Unidas se busca promover la paz, el desarrollo, la justicia y las instituciones eficaces, responsables e inclusivas (ONU, 2015); todos estos aspectos son indispensables para el logro de la gobernabilidad y la consolidación democrática.

Si se selecciona para la región, en particular, la rendición de cuentas ha permitido que algunos analistas se refieran en la actualidad, al régimen político de la posdemocracia latinoamericana. En este régimen de la posdemocracia, el problema no son solo las actividades criminales, sino también la reproducción de conductas que ni siquiera se consideran ilegítimas, mucho menos delictivas. Además de afectar el uso de los recursos públicos, esta epidemia ha modificado el marco cognitivo de la elite política latinoamericana. La corrupción se ha naturalizado, y la línea que separa la legalidad de la ilegalidad se ha hecho flexible y porosa. Quienes ocupan las alturas del poder se han eximido a sí mismos de la terrenal obligación de rendir cuentas, de responder por los actos de gobierno. Con el contagio se ha generalizado la impunidad (Schamis, 2015).

Según Schamis, el gran desafío de América Latina será quitarle la política a la corrupción para poder reconstruir la democracia. Precisamente, la distinción entre la democracia de electores y la democracia de ciudadanos permite que el ejercicio de la ciudadanía haga posible la defensa de los derechos ciudadanos, y con ello mejorar su calidad de vida, lo que incide en el logro del bienestar como objetivo de la democracia; por igual, la participación ciudadana se constituye en elemento vital para la vigilancia de las instituciones y la reconstrucción democrática.

Tal distinción entre democracia de electores y democracia de ciudadanos implica el ejercicio con respecto a la segunda, de una ciudadanía integral: civil, política y social. Una sociedad en la que la mayoría de sus habitantes goza de derechos ciudadanos conforma la sociedad de bienestar; y la idea de bienestar ciudadano se vincula con la finalidad de la democracia no solo en el plano individual, sino en el colectivo. La construcción democrática se hace en el plano electoral, ciudadano y el del bienestar (PNUD-OEA, 2010).

Si la gobernabilidad es una preocupación para los países de América Latina, también hay claridad en el logro de un mayor desarrollo económico y social concebido en una democracia estable.

Gobernabilidad y democracia en Venezuela: 1958-1998: algunos antecedentes

Entre 1958 y 1998, varios aspectos sustentaron la gobernabilidad del sistema político democrático, que hasta finales de la década de 1970 se manifestó en estabilidad política y prosperidad económica y social. El agotamiento del modelo de desarrollo se expresó en las medidas de 1982; lo que marcó el inicio de la crisis económica, social y luego política.

Desde entonces, las demandas sociales se diversificaron y complejizaron, y la inestabilidad de los ingresos por concepto de renta petrolera se manifestó en déficit fiscal, inflación, aumento de la pobreza, y violencia social expresada en 1989. Los intentos de golpe de Estado en 1992 indicaron crisis de legitimidad del sistema político, así como la pérdida de capacidad de los partidos políticos y grupos de interés de agregar las demandas; por lo que se había creado desde 1984, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE). El propósito de esta Comisión fue profundizar la democracia, lograr mayor eficiencia del Estado y de los actores sociales; sin embargo, la reforma avanzó sin forjarse institucionalmente en el marco de la democracia (COPRE, 1989).

Se aprobaron la Ley Orgánica de Régimen Municipal y la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores en 1989, pero quedaron pendientes la reforma de los partidos políticos, del sistema electoral y la reforma a la Constitución de 1961. En este contexto, desde finales de las décadas de 1970 y 1980, los analistas reseñaron la transición en relación con los aspectos político, económico, social y cultural. En lo político, se reconocía el sistema de partidos tradicionales fuertemente debilitados; en lo económico se refería la crisis de la modernización rentista frente a un Estado interventor económico y populista-clientelar y una economía protegida. En lo social, la protección del Estado a través de los subsidios (Salamanca, 1999).

En este contexto, la necesidad de transición expuesta para profundizar la democracia desde la COPRE, con el propósito de introducir cambios económico-sociales y político-culturales, por un lado, y la transición planteada en el proceso electoral de 1998 por el candidato Hugo Chávez, por el otro, con su promesa de la Asamblea Constituyente, y concretada al ganar las elecciones con la aprobación de la Constitución de 1999, hizo que se planteasen estas alternativas diferentes acerca del proceso que permitiese reconstruir y consolidar la democracia venezolana.

Sin embargo, en Venezuela, el largo y vigente proceso de transición democrática obliga a requerir de la consideración de aspectos fundamentales que permitan retomar la reconstrucción democrática, tales como: la revisión y actualización del contrato o pacto social; la discusión amplia de la definición de democracia; y el fortalecimiento de la participación ciudadana con el rescate de la vida republicana.

El Pacto de Punto Fijo de 1958 comprendió la conciliación política para lograr un amplio consenso entre diversos actores políticos y sociales, además de un programa mínimo común como punto de partida para la instauración democrática; sin embargo, desde la década de 1980, este pacto o contrato social ha perdido vigencia ante las crisis económico-social, política y cultural, las que se han profundizado en la actualidad.

El final de este contrato, como plataforma de consenso social, se ha venido revelando en los diversos planos de nuestra vida, en principio por la preponderancia del Estado como institución concentradora de todo poder, con el consecuente debilitamiento o la virtual desaparición de la autonomía y espacios de actuación del resto de las instituciones capaces de garantizar el equilibrio democrático y la participación ciudadana en la conducción de la sociedad (Pereira, 2013, p. 20).

La preponderancia del Estado como institución concentradora de poder se ha observado de manera destacada en el ámbito económico, si se considera la actividad petrolera como principal fuente de ingresos fiscales y divisas del país.

En este contexto, se hace necesario además:

La creación de un esquema fiscal transparente para el uso de la renta petrolera, que estabilice el ingreso fiscal petrolero, evite la discrecionalidad y el uso clientelista de los recursos, y genere incentivos para que los ciudadanos sean dolientes de la industria petrolera y del ahorro de la renta (Rodríguez y Rodríguez, 2012, p. 26).

Este cambio requerido implica modificaciones en la cultura política y ciudadana del venezolano.

En lo relativo a la definición de democracia venezolana, se hace necesario el cambio de una concepción mínima de la democracia con relevancia de los procesos electorales, por una concepción democrática integral que priorice la práctica de los valores democráticos. Desde 1999 hasta la actualidad, se han adelantado procesos electorales que colocaron en segundo plano, el principio de la alternabilidad democrática; como también se solapó la importancia de la participación ciudadana –priorizada en la Constitución del 1999– frente al Estado otorgante de dádivas a los ciudadanos.

En este sentido, una definición integral de la democracia cobra vigencia en la actualidad para el caso venezolano, y que en opinión de Quiroga (2001) integre reglas de procedimiento, valores y políticas democráticas.

Una discusión entre los diversos actores con respecto a la concepción de la democracia propiciaría un entendimiento acerca de la amplitud de su definición manifestada no solo en los procesos electorales, sino en la práctica de los valores de la libertad, la justicia y la participación necesarios en la elaboración de las políticas públicas, la solución de los problemas de la sociedad y la defensa de los derechos humanos.

La purificación terminológica de la palabra democracia se hace útil y necesaria para recobrar la justicia y paz política en Venezuela. Es decir, del definir la democracia de una manera sustantiva como apunta Sartori, para juzgar a la propia democracia:

Los venezolanos necesitamos reflexionar sobre el fin de la democracia como expresión de la política, sobre su objeto en la vida humana, sobre sus posibilidades de justicia, sobre por qué representa una aspiración individual colectiva en cientos de pueblos del mundo (Matheus, 2014, p. 42).

Tal discusión incidiría en el proceso de transición que se vive en el país, para que en cuanto al logro de mayor participación ciudadana, se entienda y se haga indispensable el fortalecimiento de las instituciones, y un marco legal que sea respetado y compartido por todos los actores involucrados en el proceso venezolano.

Un marco institucional fuerte es aquel que brinda estabilidad y credibilidad a las reglas establecidas, generando limitaciones y contrapesos al uso del poder por parte del Estado y los agentes privados. Un marco institucional débil, por el contrario, se asocia con mayor discrecionalidad en el accionar del Estado y de los agentes privados cercanos a este (Rodríguez y Rodríguez, 2012).

Los aspectos mencionados inciden en el proceso de transición y en la gobernabilidad deseada y posible para el país.

Transición, gobernabilidad democrática y derechos humanos en Venezuela desde 1999

En su Propuesta para Transformar a Venezuela en 1998, el candidato Hugo Chávez reconocía que la transición se inició desde finales de la década de 1970, y para entonces, la reconoce ante la necesidad que denomina crisis-catástrofe en 1998; los cinco polos que propuso para una nueva República se refieren a: los equilibrios político, social, económico, territorial y mundial (Movimiento V República, 1998). Pero su gobierno se convirtió en la práctica, y por su desempeño entre 1999 y 2013, en un régimen denominado híbrido.

Los regímenes híbridos son denominados por los autores, en ocasiones como de “autoritarismo competitivo”, debido a que la decisión del partido que gobierna, por un lado, le crea usualmente condiciones para ganar las elecciones y, por el otro, al presidente le es concedido un arreglo de poderes autocráticos que corroe los controles y balances; en 2014 estos regímenes fueron más comunes que los regímenes clásicos autoritarios.

Venezuela durante el período de gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), en opinión de algunos autores, se le califica de un caso de régimen híbrido que rápidamente se movió a incrementar el autoritarismo. En el reporte para 1999, el Freedom House disminuyó el índice de Venezuela desde libre a parcialmente libre; el giro del país hacia más autocracia se aceleró con los años y alcanzó nuevos niveles bajo el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro (2013-hasta el presente). Hoy, Venezuela aparece como el menos libre de todos los regímenes parcialmente libres en América Latina (Corrales, 2015).

En este sentido, el autor argumenta el uso, abuso y desuso de la regla de la ley, así como la consideración de los factores domésticos y de su política exterior. Entre los factores domésticos incide la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desde 2007, al competir en elecciones ante una oposición legal multipartido, ayudar al Ejecutivo a debilitar los contrapesos, desfavorecer la oposición y reducir la autonomía de la sociedad civil. También, Corrales (2015) expone como mecanismo primario facilitador del incremento del autoritarismo en Venezuela, el legalismo autocrático mediante el uso, abuso y desuso de la ley al servicio de la rama ejecutiva, con varias leyes autocráticas; coloca en primer lugar, la Constitución de 1999 utilizada para el incremento del poder; y en el décimo lugar, coloca la Ley Orgánica de Precios Justos.

Los procesos de sanción de variadas leyes se realizaron según la Constitución; pero, con su aspecto autocrático incidiendo en el debilitamiento de la democracia, del estado de derecho, y el deterioro en la vigencia de los derechos humanos en el país; aunque en la letra de la nueva Constitución de 1999, el capítulo sobre los derechos humanos resulte novedoso en su contenido.

Con Hugo Chávez la democracia venezolana comienza una

rápida transición del consenso que la había caracterizado desde 1958, hacia el conflicto y la confrontación entre las élites extendida al seno de la sociedad o el pueblo, introduciendo una línea de división política y social que penetra todas las instituciones, las estructuras sociales y la vida cotidiana misma (Salamanca, 2003, p. 147).

Sin embargo, entre los rasgos característicos de los venezolanos de hoy, se encuentran los deseos consensuales: materiales, políticos y sociales. Entre los que tienen que ver con la política, más allá del voto, como regla para dirimir los conflictos relacionados con el Estado y su ocupación, la libertad de expresión, o lo que en Venezuela se llama “el derecho a pataleo”, forma parte de uno de los consensos sociales que derivan de la cultura política democrática del país y de cierto empoderamiento que se ha profundizado en los últimos años; y más los sectores populares se sienten con el derecho a influir en el destino común del país a través del voto y del reclamo, que en este caso se vuelven instrumentos de una construcción colectiva de la realidad (España, 2015).

Por el contrario, para la práctica gubernamental desde 1999, el consenso se convirtió en un mecanismo menos utilizado hacia y con la sociedad venezolana; las leyes sancionadas han debilitado las instituciones, por acciones gubernamentales cotidianas con características autoritarias; y la falta de consenso entre diversos actores sociales y políticos, en la práctica de la ejecución de las políticas públicas ha incidido ya, desde finales de la década de 1980, en el desarrollo de una intensa ola de protestas a lo largo y ancho del país, aún con el predominio de la búsqueda del consenso como característica social del venezolano. Con mayor relevancia desde 1999, la administración de justicia tampoco ha funcionado como necesidad esencial de todo Estado, pues a través de ella se protegen y hacen efectivos los derechos, las libertades y las garantías ciudadanas.

Siguiendo las tendencias modernas en materia constitucional, de elevar la Administración de Justicia a la categoría de garantía constitucional de los derechos ciudadanos, en la Carta Magna de 1999, tal aspecto se refiere en el artículo 2 que establece el estado democrático y social de derecho y de justicia; el artículo 26 relativo al derecho de toda persona de acceso a los órganos de la administración pública; el artículo 258 referido a la promoción por la ley del arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflicto, y el artículo 253 relativo a la creación estructural del sistema de justicia (Asamblea Nacional Constituyente, 1999).

En la medida en que el orden jurídico se asienta sobre los derechos humanos, y es sensible a los requerimientos de los sectores más vulnerables, el acceso a la justicia repercute favorablemente en el disfrute efectivo de los derechos y libertades, y en el pleno desenvolvimiento de la personalidad o ciudadanía de cada persona (Casal, 2014). En este sentido:

Desde el momento en que se reconoce y garantiza en la constitución que hay derechos del ser humano inherentes a su misma condición en consecuencia, anteriores y superiores al poder del Estado, se está limitando el ejercicio de éste, el cual le está vedado afectar el goce pleno de aquellos derechos (Nikken, 2008, p. 19).

La cadena de relación no es casual entre Administración de Justicia como garantía constitucional e institucional, la protección de derechos, libertades y garantías ciudadanas, diversos medios alternativos para la solución de conflicto, y el estado democrático y social de derecho y de justicia; este último pilar fundamental para el fortalecimiento del consenso y la cultura política democrática y ciudadana; todos estos aspectos se encuentran de frente a la contrariada realidad política y social del país.

Protestas, sociedad civil, gobernabilidad democrática y derechos humanos

En la década de 1980, el “Caracazo” y el ciclo de protestas no solo fueron consecuencia de la aplicación del ajuste macroeconómico en 1989, sino que expusieron la resistencia intensa y sostenida de amplios sectores de la población ante el predominio de la demanda concreta al Estado de dar respuesta a diferentes problemas y garantía de derechos. La protesta de resistencia se volvió más intensa a partir de los golpes de Estado de 1992 (López, 1999).

Una de las características de la sociedad venezolana ha sido su permanente movilización; las manifestaciones públicas no constituyen una novedad en la historia del país, y desde entonces han reflejado la defensa de los derechos ciudadanos. También desde la década de 1990 se dio un período de maduración de las organizaciones no gubernamentales caracterizadas por su labor proactiva, entre ellas el Foro por la vida, y organizaciones de derechos humanos, desarrollo social, entre otras.

En este contexto, desde finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990, en Venezuela la estabilidad política se ha visto afectada no solo por los diversos sucesos políticos ocurridos, y el incremento de la protesta social, sino también y en especial desde 1999, por la creciente y precaria capacidad de respuesta gubernamental en la búsqueda de la solución de los diversos problemas, así como el creciente irrespeto por los derechos humanos, lo que ha afectado la gobernabilidad y la capacidad de respuesta del sistema político venezolano.

Desde 1999, un nuevo marco regulatorio implicaba nuevas reglas de juego para la sociedad, y nuevas realidades ante la Constitución del mismo año, aunque la misma encauzase la presión existente en la sociedad. Por un lado, se encontraba la nueva Constitución; en el otro, las leyes autocráticas aprobadas y las acciones políticas gubernamentales relativas a los Estados, municipios y la Fuerza Armada, entre otras, lo que contribuyó al debilitamiento de las instituciones del poder público y el resquebrajamiento del estado de derecho; todo ello incidió en profundizar la crisis democrática, de justicia, y el irrespeto por los derechos de los ciudadanos.

Si las movilizaciones y manifestaciones públicas han caracterizado a la sociedad venezolana, desde 1999, estas se relacionan en mayor medida con exigencias dirigidas al Estado, por su persistente irrespeto al estado de derecho y los derechos humanos, lo que contradice la mencionada tendencia moderna del fortalecimiento institucional de la Administración de Justicia.

Por ello, diversas organizaciones no gubernamentales, en el ámbito nacional e internacional, iniciaron y continúan la documentación y análisis del caso venezolano; entre estas han destacado Cofavic, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Foro Penal Venezolano; también Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

Entre 2000 y 2010 se desarrollaron 3.798 protestas relacionadas con exigencias de derechos sociales que equivalen al 71% de las 19.250 protestas. Y se desarrollaron 5.080 cuya motivación fueron los derechos civiles y políticos que equivalen a 26,38%, otras sin determinación específica equivalen a 1,93% (PROVEA, 2009-2010).

En este contexto, en Venezuela desde el gobierno de Chávez, la debilidad de la gobernabilidad se ha manifestado en el crecimiento exponencial de las demandas y la conciencia ciudadana; el déficit de gobernabilidad se ha convertido en crisis de gobernabilidad debido a la ineficiencia gubernamental con respecto a la promoción del bienestar social, la garantía de los servicios sociales mínimamente adecuados, el funcionamiento y estabilidad de las instituciones, y la falta de diálogo entre los diversos actores. En particular, desde 2013 ha crecido la pobreza, y se ha dificultado el acceso a los bienes y servicios de primera necesidad para la mayoría de la población, es decir, la generalizada violación de los derechos ciudadanos.

Una definición de derechos humanos, según Faúndez, los considera como:

Las prerrogativas que conforme al Derecho Internacional, tiene todo individuo frente a los órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano, y cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas, o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado, para satisfacer sus necesidades básicas, y que reflejan las exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad de que forma parte (PROVEA, 2008, p. 9).

La sociedad venezolana ha ejercido históricamente su derecho de demandar al Estado su deber de solucionar los problemas al vincularlos al respeto, protección y cumplimiento con los derechos humanos y ciudadanos.

En la relación de actores políticos y sociales, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha expresado en su Propuesta Programática:

Vivimos las consecuencias de un gobierno que ha centralizado y concentrado el poder como pocas veces en nuestra historia,…Junto al autoritarismo y centralización, al populismo y estatismo, el ciudadano de la calle siente que no tiene un gobierno que dé respuesta a los problemas, que abra espacios para el progreso social, que lo ayude y defienda, que lo reconozca y garantice sus derechos (MUD, 2010, pp. 1-2).

En este sentido, la definición de gobernabilidad cobra importancia al considerar entre sus principales componentes: el gobierno eficaz, el buen gobierno y el problema del orden político, es decir, la estabilidad política (Camou, 1995). En tal contexto, el respeto y la defensa de los derechos humanos es un elemento esencial de la gobernabilidad de cualquier país y enciende alarmas con situaciones en contrario.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, al hacerle seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país ha aprobado desde 2009, sus informes anuales, en los que presenta sus análisis al respecto; en el mismo sentido, se ha expresado Amnistía Internacional (AI) en relación con los derechos humanos.

La CIDH señaló que la posición adoptada por Venezuela constituye un grave precedente por parte del Estado al no dar cumplimiento sustancial a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, y al declarar sus órganos de justicia la inejecutabilidad de las decisiones de dicho Tribunal por considerarlas contrarias a la Constitución. En su informe anual de 2014, la CIDH expresó:

La intolerancia ha conducido en Venezuela al debilitamiento de las instituciones democráticas, y las represalias al disenso han dejado a ciertos sectores de la sociedad sin instrumentos para defender sus intereses, protestar, criticar, proponer y ejercer su rol fiscalizador dentro del sistema democrático (CIDH, 2014, pp. 353-54).

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos destacó en el mismo sentido, el desconocimiento por parte del Estado venezolano de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos; y expresó en su Informe anual de 2011, que el retardo procesal es un grave problema que presenta el Sistema de Administración de Justicia al incumplir con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (PROVEA, 2011).

El debilitamiento en la protección de los derechos humanos en el país se consolidó con la denuncia de la Convención Americana en septiembre de 2013, la que configura un retroceso, al perder el país una instancia para la protección de sus derechos, aunque continúe sujeta a la competencia de la Comisión y las obligaciones de la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre.

En el país han continuado las protestas, y según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), para el primer semestre de 2015, el saldo de las protestas es superior al registrado en el mismo período de 2011, 2012 y 2013; y entre enero y diciembre de 2015, el Observatorio registró 5.851 protestas en el país; lo que equivale a 480 protestas mensuales o a 16 protestas diarias. La crisis económica, la debilidad institucional, la ausencia de respuestas a las demandas ciudadanas y el contexto electoral del año que finalizó fueron los principales factores que motivaron a los venezolanos a salir a las calles (OVCS, 2015).

Según el OVCS, el 82 por ciento de estas acciones de calle fueron en reclamo por los derechos económicos, sociales y culturales. El cierre de calle se mantuvo como la principal forma de protesta, seguido por concentraciones y marchas. También se destaca la radicalización de las formas pacíficas de protesta a través de la huelga de hambre.

En los Informes de 2014 y 2015 de PROVEA se señala que no solo se ha producido un retroceso en materia de derechos civiles y políticos, sino que la misma crisis económica ha hecho que muchos avances que se hicieron en derechos sociales hayan retrocedido en el gobierno de Nicolás Maduro. En el Informe correspondiente a 2015 se plantea que el patrón de demandas no ha variado, y las protestas se han incrementado (PROVEA, 2014-2015).

El retroceso en materia de derechos económicos y sociales se manifiesta en las demandas de la población por incremento de la pobreza, y por la petición de satisfacción de los derechos ciudadanos de acceso a la alimentación, salud y educación, entre otros:

En el año 2013, más de 400 mil familias ingresaron al umbral de la pobreza según la data del Instituto Nacional de Estadística y si hacemos una proyección, porque no conocemos los datos para el año pasado, tendríamos para finales de este año, la misma cantidad de personas pobres que teníamos en el 2000, es decir, más de 12 millones de personas en estado de pobreza, según Rafael Uzcátegui (García, 2015, p. 4).

En este sentido, según la Encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela, la pobreza extrema en 2015 se duplicó con respecto a 2014. Los hogares en situación de pobreza aumentaron 53% en un año; todos los pobres no extremos de 2014 pasaron a ser pobres en 2015, y la pobreza estructural aumentó de un año a otro de 21,3% a 29,1%; por lo que más de dos millones de hogares están en situación de pobreza estructural en 2015 (España, 2015). También el incremento de la pobreza y la insatisfacción de las necesidades socioeconómicas de la población tienen relación directa con los índices de conflictividad.

En tal sentido, Venezuela se mantiene como uno de los países con más conflictividad en la región. El OVCS ha documentado 30.368 protestas en los últimos 5 años para un promedio de más de 6.000 protestas por año. Las manifestaciones en favor de los derechos laborales puntearon el registro con 1.910 casos (33%), le siguen la solicitud de vivienda y servicios básicos con 1.542 (26%); el rechazo a la escasez de alimentos, medicinas y productos de higiene con 1.060 (18%); la seguridad ciudadana, los derechos de personas privadas de libertad y la justicia con 656 hechos (7%); los derechos políticos con 382 casos (7%) y las educativas 297 (5%) (OVCS, 2015).

En este contexto, desde finales de 2014, se han incrementado las exigencias de la población relacionadas con el derecho a la alimentación, el rechazo al desabastecimiento y la escasez de alimentos y otros productos, como demandas socioeconómicas que requieren inmediata respuesta gubernamental.

El OVCS registró en el mes de febrero de 2016, al menos 523 protestas; el 76% de estas protestas fue por derechos sociales, principalmente por alimentos y servicios básicos. Es decir, 17 protestas diarias en todo el país, 8% más que en febrero de 2015 cuando fueron 481 (OCVS, 2016). La protesta pacífica se mantiene como el mecanismo democrático y popular empleado por los ciudadanos para llamar la atención de las autoridades, y exigir respuestas en las oficinas de gobierno:

Los derechos humanos implican obligaciones a cargo del gobierno. Él es el responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos y, por otro lado, en sentido estricto, sólo él puede violarlos. Las ofensas a la dignidad de la persona pueden tener diversas fuentes, pero no todas configuran, técnicamente, violaciones a los derechos humanos (Nikken, 2008, p. 24).

En junio de 2015, ante la gravedad de la situación mencionada, más de 100 organizaciones de la sociedad civil venezolana presentaron 17 informes alternativos ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evaluar la situación de los derechos civiles y políticos en el país. Entre las diversas organizaciones, participaron varias universidades venezolanas, con representación de universidades del interior del país, entre estas, la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia y la Universidad Rafael Urdaneta.

Entre los diagnósticos más graves de los informes presentados está la aguda situación de distribución y acceso de los alimentos en el Estado Zulia y en Venezuela. Según el último informe producido por la Comisión Interinstitucional, “la crisis económica ha desembocado en una situación de escasez que actualmente ronda el 57 por ciento, y se proyecta que para finales de 2015, la desaparición de alimentos básicos asciende a 65 por ciento” (Hernández, 2015, p. 4). El tono del informe es pedir ante la ONU que se evite en Venezuela una desgracia alimentaria por la limitación en el acceso a la comida.

Los integrantes de la comisión que acudieron a la ONU señalaron entre los problemas más graves: el alimentario, la impunidad del sistema judicial frente a los delitos graves, la falta de independencia de los jueces y la ausencia de medidas de reparación para víctimas de violación de derechos humanos, la preocupación generalizada en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública, la violación al derecho a la vida, integridad física, psíquica y moral, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la persecución a defensores de derechos humanos (Hernández, 2015).

Dos aspectos de vital importancia para la democracia y señalados por la Comisión, son: el respeto por el derecho a la vida, y la libertad de expresión, siendo la intimidación la principal arma contra esta. Con respecto al primero, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el incremento de la violencia en el año 2015 acompañó el deterioro general de las condiciones de vida de la población venezolana: el empobrecimiento, la escasez, la inflación, el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores y asalariados, la disminución de la disponibilidad y variedad de alimentos y medicamentos, la debilidad creciente de los servicios de salud y educación, el incremento del miedo y la pérdida del espacio público.

Para final del año 2015, en el país ocurrieron 27.875 muertes violentas para una tasa de 90 fallecidos por cada cien mil habitantes. Esta tasa colocó a Venezuela como el país más violento de América, luego de conocer las cifras de Honduras y El Salvador. Para finales del año 2015 se cometieron en América Latina y el Caribe un total de 145.000 homicidios, de los cuales Venezuela aporta el 19%. Es decir, que uno de cada cinco homicidios que se cometieron en la región lo padeció un venezolano (OVV, 2015).

En cuanto a la libertad de expresión, la confrontación física durante la cobertura de calle, y el discurso ofensivo por parte de funcionarios públicos legitiman la descalificación contra el periodismo crítico e independiente, y crean un círculo vicioso que alimenta un clima de enfrentamiento, lo que trae como consecuencia una prensa inhibida y una sociedad desinformada, según la ONG Espacio Público. Entre enero y diciembre de 2015, Espacio Público contabilizó 287 violaciones a la libertad de expresión que corresponden a 234 casos/eventos. El 2015 se ubicó como el tercer año con mayor cantidad de denuncias de violaciones a la libertad de expresión en 14 años de registro, después de 2014 y 2009, en primer y segundo lugar, respectivamente. Estos tres años representan el 34% del total de casos registrados desde el año 2002 (Espacio Público, 2015). La ONG también destaca cómo en el contexto de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, las violaciones a la libertad de expresión aumentaron de forma considerable. Entre el 2 y el 6 de diciembre se contabilizaron 38 casos: treinta y una (31) intimidaciones, cuatro (4) amenazas y tres (3) agresiones.

Debe referirse además, la escandalosa corrupción en el país por la concentración de poder, y el salario mínimo insuficiente en relación con el poder adquisitivo para la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población venezolana. Con respecto a este último aspecto, según la Encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela (2015), y al asumir una “inflación promedio estimada”, un nivel de inflación para la Canasta Normativa de Alimentos se calculó en 170%, nivel muy conservador, ya que para algunos estimadores está sobre 200%; por lo que cerca de 23 millones de venezolanos tienen problemas para satisfacer sus necesidades desde el ingreso, y más de la mitad no tiene suficientes ingresos para satisfacer las necesidades de alimentos (España, 2015).

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por 25 motivos presentes en la vida cotidiana de los venezolanos. Entre otros, destacaron la corrupción, la escasez de alimentos y medicinas. No solo se trata de la respuesta gubernamental o garantía de los derechos económicos, sociales y culturales como los de la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la seguridad social, sino también los derechos civiles y políticos relativos a la integridad personal, la justicia, la libertad personal, la participación y la seguridad ciudadana, entre otros.

En tal sentido, se hace reiterativo que las exigencias ciudadanas expresadas en las protestas desde el año 2000, buscan presionar al Estado para que responda ante su deber de garantizar como lo establece la Constitución de 1999, los diversos derechos ciudadanos; diversos líderes y organizaciones han alertado de una posible crisis alimentaria ante la situación de escasez y la garantía del derecho fundamental de la alimentación.

En el discurso político gubernamental se asegura garantizar la alimentación a los venezolanos, mediante la distribución para satisfacer la demanda, y el freno al contrabando de extracción, culpable de la escasez y de la “guerra económica”, según el Ejecutivo. Mientras a lo interno, el gobierno reordena las bases para mantener erigida la misión Alimentación, sobre todo Mercal, programa social con mayor cobertura que el resto de los planes oficiales. El derecho a la alimentación y la salud están directamente relacionados con la pobreza; y los índices de pobreza, junto a la creciente inflación, inciden directamente en el debilitamiento de estos derechos.

Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y la ONU continúan haciendo un llamado de atención y denunciando en sus Comunicados e Informes lo relativo a la falta de independencia de los poderes, la violación de los derechos humanos, la situación de violencia en los centros penitenciarios venezolanos, las limitaciones a la libertad de expresión, entre otros aspectos, todos fundamentales para el funcionamiento y la consolidación de la democracia en el país y la región.

En este contexto, debe subrayarse, cómo el Estado desde año 2000 y hasta la actualidad, como actor central del sistema político venezolano se ha alejado progresivamente del cumplimiento de la función de generar el consenso básico para el logro de la gobernabilidad democrática; por el contrario, la mayoría de sus acciones han alejado el diálogo y desdibujado los acuerdos entre los actores, y han facilitado la violación de las libertades fundamentales garantizadas en la Constitución. Puede mencionarse que en el año 2014 se inició un diálogo propiciado por el gobierno con distintos actores políticos, sociales y económicos, y este finalizó sin mayores logros sustantivos para la gobernabilidad democrática y la solución de los graves problemas del país:

Los problemas de gobernabilidad democrática surgen cuando el estado deja de ser la instancia máxima de coordinación social desbordando la institucionalidad del sistema político a través de múltiples redes y con la erosión de los códigos interpretativos en que se apoya la comunicación política…una adecuada gobernabilidad se basa en una serie de acuerdos básicos entre las élites dirigentes, grupos sociales estratégicos y una mayoría ciudadana, destinados a resolver los problemas del gobierno en un marco de acuerdos básicos (Ancira, 2003, p. 13).

De aquí, la importancia de redefinir el pacto social que permita reconstruir los acuerdos básicos entre los diversos actores políticos y sociales, para los cuales resulta fundamental la participación de toda la sociedad sobre la base de un consenso inicial y compartido.

Diversos actores políticos y sociales: partidos políticos, líderes sindicales, representantes de la Iglesia católica y el Vaticano, universidades, representantes empresariales, líderes estudiantiles, la Mesa de la Unidad Democrática, las Academias, gremios, ONG y la sociedad civil en general han abogado y continúan solicitando un diálogo sincero y abierto a las grandes necesidades nacionales; sin embargo, el gobierno, en cada oportunidad de diálogo compartido, tuerce el timón en dirección al repetido y fallido discurso ideológico, lo que ha anulado el logro de resultados satisfactorios para todos los actores.

Entre la sucesión de acontecimientos ocurridos en el proceso de transición, deben resaltarse tres elementos fundamentales que aportan certeza al rescate de la gobernabilidad democrática: en primer lugar, la creación formal de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), desde enero de 2008, como una coalición de partidos políticos venezolanos de tendencias socialdemócratas, democristianos, centristas y laboristas, opositores al gobierno de Hugo Chávez.

Las bases programáticas contenidas en las 100 soluciones que propone la Mesa de la Unidad Democrática para la gente exponen el fortalecimiento de la democracia, y la garantía de los derechos humanos, mediante: a) la reconciliación del país y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática; b) vigorizar y remozar el Poder Público; c) construir una sociedad productiva y de progreso; d) el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos; e) proyectar y promover confianza, respeto y prosperidad en el mundo (MUD, 2012).

En segundo lugar, la campaña de sensibilización y exposición de la realidad y grave crisis venezolana ante gobiernos y organismos internacionales emprendida por las esposas de López y Ledezma, Lilian Tintori y Mitzy Capriles, y distintos líderes opositores, luego de los sucesos ocurridos en febrero de 2014, con las detenciones a estudiantes, y al líder opositor Leopoldo López; y el encarcelamiento en 2015 de los alcaldes Ceballos, Scarano, y el Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma; todos detenidos por motivos políticos.

Estos casos fueron expuestos en la Cumbre de las Américas, 2015, a la que asistieron Lilian Tintori y Mitzy Capriles como representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, quienes expusieron un mensaje relativo a la crisis humanitaria, económica, política y social en Venezuela y subrayaron la responsabilidad de los líderes de prevenir lo previsible. También, 21 expresidentes iberoamericanos de todas las corrientes y pensamientos políticos denunciaron en la Declaración de Panamá, la alteración democrática de Venezuela, como un hecho histórico mediante el que se buscaba presionar para lograr la libertad de los presos políticos con un respaldo más moral que político (La Verdad, 8/4/2015).

Otros acontecimientos han ocurrido en el país que apuntan a la vulnerabilidad de los derechos humanos ante la acción gubernamental: el cierre de la frontera colombo-venezolana ante la que se denuncia la violación de los derechos humanos por parte de los mismos deportados, y por el gobierno de Colombia, y la condena del líder de Voluntad Popular Leopoldo López a 13 años, nueve meses y trece días y a tres estudiantes parte de la causa quienes recibieron medidas cautelares sustitutivas; según el abogado de López, Gutiérrez, la sentencia “no está vinculada con la verdad y no tuvo una estructura jurídica sólida” (La Verdad, 11/9/15. P. Mundo, 5).

También, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el Informe Anual elaborado sobre los derechos humanos en el mundo correspondiente a 2014, destacó con respecto a Venezuela que es ejemplo emblemático de la relación entre corrupción, violaciones a los derechos humanos y gobiernos represivos (La Verdad, 26/6/2015. P. Mundo, 5).

En la visita al país de Felipe González, expresidente del gobierno español, destacó la falta de diálogo en Venezuela para resolver los problemas; resalta González que: “Hay que dialogar, recomponer, reconciliar y reconstruir instituciones”. La necesidad de diálogo que es parte del consenso, y la reconciliación entre todos los actores, la recomposición del pacto social, y la reconstrucción institucional; todo lo que requiere un gran acuerdo y reencuentro nacional (La Verdad, 8/6/2015. P. Política, 3).

A mediados de 2015, 34 venezolanos se sumaron a la huelga de hambre que iniciaron en el mes de mayo, los exalcaldes Daniel Ceballos y Leopoldo López para exigir el anuncio oficial de la fecha de las elecciones parlamentarias, la liberación de los presos políticos y el cese a la represión y a la censura. Los huelguistas se sumaron al menos en 11 estados del país, y en el Vaticano para pedir la mediación del papa Francisco. La presión de los huelguistas logró el anuncio oficial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el mes de junio, de la fecha para la realización de las elecciones parlamentarias y el inicio de la liberación de algunos presos políticos.

La realización de las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre de 2015 logró la renovación de la Asamblea Nacional, con la participación del 74,25% de los venezolanos habilitados para votar. El proceso favoreció a la alternativa democrática con el 65,27% por el 32,93% del PSUV. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo 109 diputados y el PSUV 55 diputados; el voto indígena fue de 3 diputados, es decir, el 1,80% (CNE, 2015).

Los resultados logrados en estas elecciones parlamentarias representan el tercer aspecto relevante, y que permite reafirmar el interés de los venezolanos por: el fortalecimiento de la democracia venezolana; el trabajo unitario de diversos factores alrededor de la MUD; el rechazo de la mayoría de la población a políticas gubernamentales equivocadas y antidemocráticas; el consenso por la concreción del diálogo entre los diversos actores; y, en general, el respeto por el estado de derecho y los derechos humanos.

A propósito de estos resultados electores del 6 de diciembre en Venezuela, Cedice expresó:

La democracia no es únicamente un proceso electoral o una forma de gobierno plasmado en una ley, es un estilo de vida social basada en principios e instituciones… Los resultados de las elecciones parlamentarias son el producto del agotamiento de un modelo cercenador de derechos, garantías y libertades (El Nacional, 7/12/2015).

Así, los ciudadanos venezolanos reaccionaron con la única arma que todavía tenían: el voto. Ese fue el instrumento de su sanción a una forma de hacer política que arruinó al país y sumió a los ciudadanos en la pobreza, según el organismo.

La gestión de los primeros 100 días del Parlamento Nacional ha sido calificada como “altamente positiva” por Henry Ramos Allup, Presidente de la Asamblea Nacional; lapso en el que han aprobado cinco leyes que representan su oferta electoral: Ley de Amnistía; Ley de Reforma del Banco Central de Venezuela; Ley de Cesta ticket a los jubilados; Ley para otorgar títulos a los beneficiarios de la Misión Vivienda; y Reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (El Mundo,14/4/2016).

También, entre las 10 propuestas de la Asamblea Nacional para superar la crisis económica se encuentran: 1. Respetar el derecho a la propiedad y el Estado de derecho; 8. Aplicar una política social eficiente para reducir la pobreza; y 10. Ejecutar una política de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción (El Mundo, 26/4/2016).

Los resultados electorales de 2015 y las primeras acciones de la gestión del Parlamento Nacional han contribuido a despejar el horizonte en el camino de la transición democrática, y reafirman las bases para el trabajo unitario y de diálogo de todos los actores en el logro de la reconstrucción de la democracia venezolana.

Ante el proceso de transición se siguen sucediendo acontecimientos: la solicitud formal ante el CNE del referéndum de la revocatoria del mandato del presidente Nicolás Maduro, con una recolección inicial de casi 2 millones de firmas de la población; el Manifiesto presentado por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) ante la gravísima situación del país, en el que llama la atención entre otros aspectos, respecto a lo indispensable y justo de preservar la sana convivencia y el respeto a la institucionalidad como compromiso y obligación moral irrenunciable, ya que los poderes públicos deben respetarse entre sí y articularse a favor de la nación (CEV, 2016).

Además, la solicitud formal por parte de la Asamblea Nacional Venezolana, y la manifestación en el mismo sentido, de Human Rights Watch (HRW), y de Amnistía Internacional (AI) ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en cuanto, considere la aplicación de la Carta Interamericana ante la grave crisis del país.

Mientras tanto, el presidente Maduro emitió el decreto de mayo de 2016 en el que se declara el estado de excepción y de emergencia económica, “dada las circunstancias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la Economía Nacional, el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las Instituciones Públicas y las ciudadanas y ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas oportunas, excepcionales y extraordinarias, …” (Presidencia de la República, 13/5/2016, p.2).

En este sentido, la coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, Foro por la Vida, emitió un comunicado en rechazo a la ruptura del orden constitucional como producto del decreto (García, 2016). El rechazo al mismo decreto ha sido expuesto por la Asamblea Nacional, las distintas Academias del país, el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, entre diversos actores del país.

En este contexto, la población venezolana ha expresado en reiteradas oportunidades su voluntad de lograr una transición en paz, sin violencia y el manifiesto de los deseos de cambio político cada vez más decididos. Según López Maya, la salida pacífica hay que transitarla en medio de una situación muy difícil; reivindica a organizaciones emergentes, como las ONG y la transformación radical de los medios a raíz de las redes sociales, que pueden contribuir eficazmente a la transformación democrática del país. “Hay que abrir un camino hacia la transición democrática”; “Hay que abrir los ojos, porque las democracias del siglo XXI no son las democracias del siglo XX. Son otro tipo de democracias que tienen otras representaciones y otras mediaciones” (Prieto, 15/5/2016, p. 2).

Los actores involucrados en el proceso venezolano en marcha, tanto internos como externos, juegan un papel valioso e incalculable en la recuperación y posterior consolidación democrática en el país y la región latinoamericana.

Conclusiones

En las últimas décadas, los procesos de transición democrática son de gran interés, en la medida en que se les relacione con la consolidación democrática.

En América Latina, debido al déficit democrático, la consolidación implica un desafío para superar la pobreza y lograr el fortalecimiento de las instituciones para la consecución de los Objetivos del Milenio y el Desarrollo Sostenible que contribuyen a la gobernabilidad y consolidación democrática.

Según el PNUD-OEA (2010), el ejercicio de la ciudadanía y la defensa de los derechos ciudadanos implican el bienestar ciudadano y es la finalidad de la democracia.

En Venezuela, el sistema político mantuvo la gobernabilidad democrática entre 1958 y 1998; desde la década de 1980, ante la crisis económica, social y política, la Comisión para la Reforma del Estado se planteó como propósito profundizar la democracia, por lo que desde la misma década se reseña la necesaria transición en lo político, económico, social y cultural.

La transición planteada en el país requiere revisar y actualizar el Pacto Social, discutir la definición democrática y fortalecer la participación ciudadana, lo que implica modificar la cultura política y ciudadana.

Ante el predominio de una definición mínima de la democracia con preferencia por los procesos electorales, se hace necesaria la vigencia de una concepción integral de la democracia, como la refiere Quiroga (2001); además de la discusión de una concepción democrática que propicie el entendimiento entre los diversos actores que incidan en el proceso de transición. La mayor participación ciudadana fortalecería las instituciones en un marco legal respetado por todos los actores.

El gobierno de H. Chávez, calificado como régimen híbrido según Corrales (2015), incrementó el autoritarismo, disminuyó las libertades y estableció el legalismo autocrático.

Las leyes aprobadas desde 1999 han debilitado la democracia, el estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos; el consenso ha sido sustituido por el conflicto y la confrontación entre los actores políticos y sociales.

Sin embargo, predominan los deseos consensuales característicos de los venezolanos que se expresan en la práctica del voto y el reclamo para construir colectivamente la realidad (España, 2015).

La sociedad venezolana se ha movilizado permanentemente; las protestas y demandas han afectado la estabilidad política y han colocado al descubierto la precaria capacidad de respuesta gubernamental para solucionar los problemas de la sociedad venezolana.

La crisis en todos los ámbitos se ha profundizado; sin embargo, la Mesa de la Unidad Democrática ha trabajado junto a la sociedad civil por la unidad y la reconstrucción democrática; también se ha logrado que sea conocida en el exterior la gravedad del caso venezolano, y los resultados electorales de diciembre de 2015 allanan el camino para la recuperación de la legalidad, el estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos en el país.

Los aspectos mencionados como parte del proceso de transición inciden en el fortalecimiento y la reconstrucción democrática venezolana.

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