Revista Latinoamericana de Derechos Humanos Volumen 29 (2), II Semestre 2018, EISSN: 2215-4221 Doi: http://dx.doi.org/10.15359/rldh.29-2.7

Prácticas genocidas e intimidación de los paramilitares al movimiento intelectual en la Universidad de Córdoba-Colombia Genocidal Practices and Paramilitary Intimidation to the Intellectual Movement at the University of Cordoba, Colombia Práticas do genocídio e intimidação dos paramilitares ao movimento intelectual, na Universidade de Córdoba, Colômbia Dra. María Alejandra Taborda Caro1*

“las nuevas guerras se ganarían en el campo intelectual, en la cultura y las ideas”.

Antonio Gramsci

Resumen La Universidad de Córdoba en Colombia ha sido declarada objeto de reparación colectiva, un caso único sui géneris en el mundo. El plan contempla 48 medidas, entre ellas dotar al alma máter de un nuevo estatuto universitario, para remplazar al implementado por las Autodefensas Unidas de Colombia AUC entre los 90 y comienzos del 2000, por lo que se denominó “la toma a sangre y fuego”, en la que fueron asesinados dieciséis integrantes de esta institución y otro grupo, de al menos seis profesores, tuvo que exiliarse. En el departamento de Córdoba se han mezclado dos fenómenos de signo opuesto que facilitaron las prácticas genocidas. Por un lado, el clientelismo político que atrapa un electorado en extrema pobreza cautivo a un cacique que concentra un poder territorial, por otro lado, un grupo que actúa bajo una triada: terratenientes-ganadería y narcotráfico. Es así que se consolida una de las más impactantes concentraciones de tierra en la historia contemporánea del país. Al finalizar la década pasada, los periódicos titulaban que ser educador en Córdoba es “la profesión más peligrosa”. Este documento hace parte de una investigación más amplia que da cuenta de las estrategias de los grupos paramilitares para tomarse las universidades del estado, como una maniobra de guerra, recurriendo al control académico, de los sindicatos y del movimiento estudiantil. Metodológicamente, se procede a través de un análisis de documentos prescriptivos, testimoniales, periodísticos (investigaciones, reportajes, columnas de opinión, etc.), y académicos (artículos de investigación, libros, informes de estudios de pregrado y posgrado) entrevistas a profundidad. Palabras clave: prácticas genocidas, paramilitarismo, Universidad de Córdoba, movimiento intelectual. Abstract The University of Cordoba in Colombia has been declared as a beneficiary of collective reparation, a unique sui generis case in the world. The plan contemplates 48 measures, among them providing the alma mater with a new university statute to replace the one that the United Self-Defense Forces of Colombia (AUC) implemented between the 1990s and the beginning of 2000, by what was called "the bloody and merciless occupation" in which sixteen members of this institution were assassinated, and another group of at least six professors had to go into exile. In the department of Cordoba, two phenomena of opposite sign have been mixed; they facilitated genocidal practices. On the one hand, the political clientelism that traps an electorate in extreme poverty captivated a cacique who concentrated a territorial power. On the other hand, a group that acted under the following triad: landowners, livestock and drug trafficking. Thus, one of the most impressive concentrations of land in the contemporary history of the country was consolidated. At the end of the last decade, newspapers headlined that being an educator in Cordoba was "the most dangerous profession.” This paper is part of a wider investigation that gives an account of the strategies of paramilitary groups to take over State universities as a war maneuver, using academic control of unions and student movements. Methodologically, we proceed through an analysis of prescriptive, testimonial, journalistic (such as investigations, reports, opinion columns), and academic (research articles, books, reports of undergraduate and graduate studies) documents, as well as in-depth interviews. Keywords: genocidal practices, paramilitarism, University of Córdoba, intellectual movement. Resumo A Universidade de Córdoba, Colômbia, foi declarada objeto de reparação coletiva, um caso único sui generis no mundo. O plano inclui 48 medidas, incluindo o fornecimento da alma mater com um novo estatuto universitário, para substituir a implementação pela AUC das Forças de Autodefesa da Colômbia entre os anos 90 e o início de 2000, para o que foi chamado de "pegar sangue e fogo", em que dezesseis membros desta instituição foram assassinados e outro grupo, de pelo menos seis professores, teve que se exilar. No departamento de Córdoba misturaram-se dois fenômenos de sinal oposto que facilitaram as práticas genocidas. Por um lado, o clientelismo político que captura um eleitorado em extrema pobreza preso a um cacique que concentra um poder territorial, por outro lado, um grupo que age sob uma tríade: proprietários de terras, gado e tráfico de drogas. É assim que uma das concentrações mais impressionantes de terra na história contemporânea do país está consolidada. No final da última década, os jornais disseram que ser educador em Córdoba é "a profissão mais perigosa". Este documento é parte de uma investigação mais ampla que dá conta das estratégias dos grupos paramilitares para levar as universidades do estado, como uma manobra de guerra, recorrendo ao controle acadêmico, aos sindicatos e ao movimento estudantil. Metodologicamente, passamos por uma análise de documentos jornalísticos prescritivos, testemunhais (investigações, relatórios, colunas de opinião, etc.) e acadêmicos (artigos de pesquisa, livros, relatórios de estudos de graduação e pós-graduação) em entrevistas aprofundadas. Palavras chave: Práticas genocidas, paramilitarismo, Universidade de Córdoba, movimento intelectual.

Introducción

La figura de profesor o investigador de una universidad inspira distinción y deferencia. A consecuencia de la crisis moral por la que atraviesa hoy la sociedad, los símbolos de prestigio de otros tiempos, sacerdotes, médicos y políticos, comienzan a claudicar; no pasa así con el docente, este sigue siendo fuente de inspiración. La fuerte estratificación social en Latinoamericana hace que la formación universitaria se convierta en una de las pocas posibilidades que se tiene para mejorar una posición. Un título permite un mejor ingreso en el mercado laboral y se convierte en un capital cultural institucionalizado. Al ser la formación profesional una de las opciones que se tienen para contrarrestar la inequidad social; lo contradictorio es que algunas universidades se hayan convertido en epicentros de corrupción, clientelismo y violación reiterativa de los derechos humanos.

La Universidad de Córdoba es una institución de carácter regional, su eje primordial es la movilidad social para transformar los espacios provinciales. Su misión se concentra en fomentar la ciencia y la cultura, generar y difundir el conocimiento, al ofrecer variadas opciones educativas. Con cincuenta años de existencia y aproximadamente quince mil estudiantes, aporta una amplia oferta de pregrados y posgrados. En los años noventa, el sistema nacional de trasferencias permitió que su presupuesto se duplicara por diez, al alcanzar una atractiva suma de casi sesenta mil millones de pesos (ASPU, 2007, p. 4), para convertirse en el recurso público más importante de la región. Finalmente, la universidad también tiene otra función: atender la formación de los estudiantes de estratos uno y dos, la única de su condición en el departamento.

Durante la década de 1995 a 2005, en la universidad pública del caribe colombiano, se instaló un ambiente generalizado de terror y miedo. Actividades como el exilio de estudiantes y maestros, la aniquilación, el asesinato y las acciones de limpieza social, se convirtieron en eventos aparentemente aislados que, sin embargo, al mirarlos en conjunto, se puede identificar en ellos una relación directa con lo que denominamos aquí prácticas de exterminio al movimiento intelectual, manifestadas en intimidaciones y desapariciones a líderes; fue la aplicación de una política de terrorismo estatal que allanaba, perseguía y eliminaba a todo aquel que confronta el Estado, fuera sindicalista, periodista, sacerdote o maestro.

La irrupción del paramilitarismo en la universidad colombiana significó la proliferación de amenazas, homicidios, extorsiones y secuestros a integrantes de la comunidad universitaria dentro y fuera de su ámbito físico. El asesinato de profesores al interior de los centros de estudio, la constante aparición de panfletos amenazantes con nombres y apellidos de docentes y alumnos, la cooptación administrativa y académica de las universidades, la forzada salida de exiliados, y la permanente zozobra, reinaron en algunos claustros universitarios.

Las anteriores intervenciones han sido tangencialmente estudiadas como fenómenos aislados contra determinados académicos. Esta mirada sesgada no ha permitido estudiar estas acciones delictivas dentro de los centros de educación, están vinculados con comportamientos premeditados, organizados y orquestados hacia las universidades públicas de la región, y son el resultado de políticas de terror y de manifestaciones de prácticas de exterminio que aún no terminan y que se mantienen con nuevos rasgos.

Este artículo intenta de una manera más amplia explicar las prácticas de exterminio de los paramilitares de la Universidad de Córdoba, y avanzar en comprender este fenómeno más allá de las tradicionales descripciones de corte periodísticos, este se divide en cuatro partes: la primera muestra las políticas de orden estructural consolidadas a través de los agenciamientos internacionales y planes globales que concertaron acciones contrainsurgentes en las universidades públicas, especialmente contra el movimiento estudiantil, como el plan Atcon, Unesco, entre otros. En la segunda se muestra cómo se empoderan en el departamento de Córdoba grupos guerrilleros y paramilitares, su incidencia en la universidad y cómo esta alma máter se configuró en una estrategia de los grupos armados para su control económico y territorial. La tercera parte, a través de disertaciones conceptuales sobre prácticas genocidas y de exterminio manifestadas en lo que se denominó la toma a sangre y fuego de la Universidad de Córdoba: silenciamiento, clientelismo, desapariciones, miedo, exilio, aniquilamiento. Todo lo anterior, como estrategias de exterminio del movimiento intelectual de la Universidad de Córdoba, y finalmente, conclusiones.

Universidad, intelectualidad y planes contrainsurgentes

En los años sesenta del siglo pasado, surge el Informe Atcon (1963), que descalifica a la universidad pública y recomienda pasar “de la rebeldía y la hostilidad contra todas las formas de autoridad a la cooperación, el interés, el respeto y la disciplina” (p. 89). El escrito incentiva a los propietarios y los beneficiarios de los centros de educación privados a tomar la responsabilidad de la formación superior. En buena parte de las páginas de este documento, se muestra la inconveniencia de la exacerbada oposición del movimiento estudiantil a las nuevas políticas globales, y se preocupa por el rechazo a lo que se denominó “penetración yanqui”, a través de los Cuerpos de Paz y demás tratados de ayuda, como el Plan Marshall (1947), y el Consejo para la Asistencia Económica Mutua (COMECON); en ambos se afirma según Gutiérrez (2011) “la necesidad de sustituir la vieja estructura politizada e ineficiente de la universidad estatal por modernos campus privados de educación superior”. (p. 56) la idea de una universidad asistida por el estado comenzaba a restringirse y a fortalecerse un modelo privado.

La lucha contrainsurgente tenía como eje articulador a las universidades, para ello se creó la Escuela de las Américas (1946), un hito ligado al Departamento de Defensa de Estados Unidos que funcionó hasta 1984 desde Panamá. La escuela formó los militares y los policías, que durante finales del siglo XX posibilitaron el control del orden público, la delincuencia y el accionar frente a los grupos de oposición política esta término “convirtiéndose en un instrumento determinante para la difusión de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) en el hemisferio” (Riva, 2009, p. 6).

Entre los alumnos de la escuela se encontraron los militares que hicieron parte de una inmensa escala de represión y autoritarismo en el cono sur, las estrategias antisubversivas y la persecución a los movimientos estudiantiles hacían parte de una escalada comandada y diseñada en las escuelas americanas del ejército y la policía. En el caso de Colombia algunos de sus egresados resultaron implicados en masacres como las de Urabá y Trujillo (Casullo, 2004,). Pese a lo anterior los diversos estudios sobre el terrorismo de estado de manera tangencial han relacionado la escala de violencia que por varias décadas ha hecho presencia en el cono sur.

A un número destacado de estudiantes, educadores, sindicalistas y maestros se les torturó, violó, asesinó, desapareció y masacró, al generar una política contrainsurgente diseñada desde la Escuela de las Américas. Adicionalmente, se reglamentaron los aparatos judiciales con el ánimo de judicializar la protesta de trabajadores, religiosos, líderes estudiantiles y campesinos que luchaban por los derechos de los menos favorecidos. Se fueron creando, entonces, las posibilidades para normalizar la “ocupación” de las instituciones estatales, por parte de los militares. Todo lo anterior sirvió como legitimación del nuevo militarismo surgido en los años sesenta en América Latina (Rouquie, 1984; Maira, 1990; Rivas, 2009).

Adicionalmente, se instaura el Plan Cóndor, el 25 de noviembre de 1975, en Santiago de Chile; quienes lo diseñaron no se encontraban solamente en la CIA, ni en las ideas de los analistas de la GESTAPO, esta política se consolidó con Manuel Contreras, el jefe de la DINA (policía secreta chilena) y los representantes de los servicios de inteligencia militar de Argentina (en las postrimerías del gobierno de María Estela Martínez de Perón), también participaron representantes de Bolivia, Paraguay y Uruguay (estos últimos con gobiernos militares o controlados por los militares) (Calloni, 2006; Ferreira, 2014; Palummo; Rolo, y Pedro, 2015). La estrategia montada apuntaba a aniquilar militantes de izquierda, estudiantes y trabajadores de la cultura y la intelectualidad, y todos los demás protagonistas en ascenso de las luchas populares.

El Plan Cóndor se estableció como una organización clandestina internacional, con un fuerte carácter de ayuda regional contrainsurgente. Los diferentes países participantes montaron un sistema de cooperación que incluía el traslado de presos, de un país a otro, inteligencia compartida para la estrategia del terrorismo de Estado. Según las cifras evidenciadas por Nilson (1998), de los llamados “Archivos del Terror”, “generaron 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidas y 400.000 encarceladas” (p. 78).

La mirada puesta sobre el mundo intelectual como una esfera de control en la guerra fría era evidente; sin embargo, no ha sido lo suficientemente estudiada. El lugar modular que el mundo cultural adquirió como “arma operativa” la evidenciaron las investigaciones de Rodríguez (2004), al demostrar cómo la CIA se vio involucrada en actividades no muy usuales para una agencia de inteligencia, como la realización de giras artísticas, muestras, congresos, subvenciones a bibliotecas de algunas universidades, orquestas de refugiados, intercambios académicos, creación de cátedras subvencionadas, coloquios, y todo lo que fuera necesario para posicionar la cultura estadounidense en los ámbitos artístico, científico, tecnológico, entre otros.

Los adelantos de los soviéticos frente a la era espacial mantenían a los estadunidenses nerviosos de cara a la credibilidad de sus agencias. Se buscó crear un ambiente para descalificar el arte y la ciencia fomentados en el mundo socialista, que de manera constante se mostraban “paralizados” y “atrasados”. El ámbito cultural y académico adquirió así un lugar privilegiado, tanto como el militar, denominado “arma operativa” que movilizaba y erosionaba, como también “las fuerzas hostiles” que se imponían con la Guerra Fría cultural.

La estrategia estaba montada, por un lado, se perseguían, desaparecían y aniquilaban intelectuales de la cultura, pensadores de amplios horizontes y, por otro lado, el andamiaje simbólico retomó la esfera académica como campo de batalla fundamental, con el fin de lograr las políticas hegemónicas diseñadas por el gobierno estadounidense. Lo anterior permitió recurrir sin suspicacia al convencimiento de intelectuales acreditados y reconocidos en el mundo académico y cultural, para conferir peso a sus acciones en aras de divulgar, fortalecer, acreditar, una ideología específica (Meyers, 1986; Paul, 2000; Janello, 2014). Sin duda como lo muestra Stonor (2001):

A mediados de los sesenta la Agencia podía presumir que contaba con el material humano para poder cubrir todos los puestos docentes de una universidad con sus analistas, el 50 por ciento de los cuales tenían títulos superiores y los 30 doctorados. En la CIA hay más intelectuales liberales por centímetro cuadrado que en ningún otro lugar del gobierno (p. 330).

Para el caso colombiano, Hernández (2002) rastreó el lugar que las fuerzas militares, al mando del general Fernando Landazábal Reyes, Ministro de defensa en 1982, le dieron a la intelectualidad:

“...Es un error combatir con exclusividad el elemento armado de cualquier organización sin antes haber puesto a buen cuidado, con suma energía, la organización constituida en la dirección intelectual de los organismos revolucionarios”. Se parte del supuesto de que el accionar de la insurgencia armada, tiene una dirección intelectual a la cual hay que atacar como parte de ese enemigo interno (p. 67).

A la universidad, según Gramsci (1967), le corresponde entre otras de sus actividades relacionadas con el conocimiento, desarrollar una cultura del pensamiento crítico y reflexivo, capaz de difundir con sospecha las verdades totalizadas. Por lo anterior, en el primer Congreso Nacional de Universidades por la Paz, desarrollado en las postrimerías el siglo XX, en Bogotá; se denunció que la academia se estaba atemorizada, amordazada, por lo que no se encontraba en el sistema público de formación un ambiente de sosiego y tranquilidad. Las amenazas, los panfletos y los profesores exiliados, además de los desaparecidos y asesinados eran acciones habituales en la época. (Rueda, 2000).

Sin duda una revolución silenciosa y potente se instauraba en las universidades de América Latina a mediados del siglo pasado (Souto, 2004). Se instituyo una política global que rechazaba todo pensamiento insurgente, con una crítica a los movimientos estudiantiles, nuevas modalidades de ingreso y reducción de cupos, por un lado, y el surgimiento de una casta de intelectuales mimados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y financiados por Ford, Rockefeller y Carnegie; detrás de una fachada filantrópica, por otro lado, la autonomía universitaria tuvo escasos márgenes para introducir nuevos cambios en el sistema.

Presencia insurgente y paramilitar en la Universidad de Córdoba: intelectualidad en tensión

Existe en la universidad contemporánea una preocupación por establecer principios vinculados con las dinámicas de certificación atravesadas por la investigación, los procesos curriculares en todas sus facetas y las buenas prácticas de enseñanza. A la par, se evidencia una presencia cada vez menos notoria de aspectos valorativos y éticos, los discursos de la formación integral claudican frente a los requerimientos del mundo competitivo del trabajo, importa entonces muy poco la condición moral de los egresados.

La misión intrínseca de la universidad se relaciona con la difusión, la creación y la preservación de la ciencia y la técnica, pero especialmente con el reconocimiento de los bienes inmateriales de la sociedad. Adicionalmente, argumenta Velasco (2009) a estos centros le corresponde “educar la idea del saber como un bien de servicio ligado a los viejos y hoy muy necesarios postulados del humanismo: la preservación de la dignidad, el reconocimiento de la diversidad histórica del ser humano, la libertad, la autonomía del pensamiento, los derechos humanos y las libertades fundamentales” (p. 24). Es decir, la formación del ciudadano.

Igualmente, se olvida que la esencia misma del conocimiento lo lleva a asumirlo como bien social, no como un objeto de canje mercantil. Aunque, la rapidez y la simultaneidad con que se genera el saber le determina a la universidad cambios en sus planes de estudio con la idea de que lo que se requiere es el conocimiento útil, aplicado y contextualizado, para concrecionar personas críticas. Se instrumentaliza la educación y la creación de currículos, pasa a ser una actividad técnica. En este orden de ideas la labor de la universidad se convierte en una actividad intensamente compleja, en la que se vinculan acciones, símbolos, sentimientos, personas, doctrinas, objetos, instituciones.

La búsqueda de la verdad no es el fin último de la educación, Hernández (2010) insiste en que el primer y gran compromiso formativo es con la justicia, que no se circunscribe al cumplimiento de normas leyes, constituciones, sino se constriñe al uso del saber en la sociedad como bien común, descrito así por Hernández (2015) como “evidencia de la responsabilidad social de la universidad hacia los universitarios y la población.”(p. 5) el compromiso está más allá del saber, está con el conocimiento, para ser y convivir.

En los años sesenta del siglo pasado la relación universidad sociedad se configuró al calor de la revolución cubana, la emergencia del movimiento insurgente en América Latina, y la manifestación global del estudiantado del mayo francés de 1968, como también, la manifestación estudiantil en Tlatelolco y el movimiento hippie de amor y paz, que junto con los grupos juveniles de Berlín repudiaban la guerra en Vietnam; la “primavera de Praga”, la insurrección contra Franco, pero especialmente, con la efervescencia de las luchas estudiantiles que crearon al interior de las universidades un ambiente propicio para albergar las ideas nuevas. Muchos intelectuales de izquierda deliberaban y asumían su rol específico en relación con la universidad, la guerrilla y el Estado (Markarian, 2011).

Más aún, la violencia y la confrontación ideológica y armada se tornaban en los mecanismos favoritos de resolución para los conflictos. Al calor de las luchas, el Estado refinaba sus poderosos instrumentos de control y la colectividad universitaria, en el caso colombiano, politizaba su formación, al colocar sobre el tapete la relación sociedad, conocimiento y política. Por su parte, los gobiernos de la época comenzaron a presentar la universidad pública como un auténtico foco de insurrección, causante de la inestabilidad de la vida nacional, una idea que justificaría el genocidio que presenciaría la universidad pública una década después.

Por lo anterior, algunas de las organizaciones guerrilleras que hoy actúan en el territorio nacional se consolidaron en las décadas del 60 y 70 condicionadas por los discursos antiimperialistas. En su gran mayoría, dichos grupos que gozaban de una fuerte ascendencia campesina encontraron al interior de universidades públicas una posibilidad de crecimiento y de cualificación ideológica.

El origen del movimiento armado en Colombia es campesino. Sin embargo, el Ejército de Liberación Nacional ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, una vez que comprenden el papel de los sectores sociales en el proceso revolucionario, le dan una importancia destacada al papel de los intelectuales y al movimiento estudiantil, toda vez que su capacidad de movilización y conciencia formada al interior de la academia garantizaba una masa politizada capaz de ejercer educación política y el estudio adecuado de la realidad nacional. Estas guerrillas consideraban que el movimiento estudiantil les garantizaba cualificar una etapa organizativa fuerte y de definición política en la ciudad (Harnecker, 1988; Gómez, 1988; Marín, 2002).

Para el caso del caribe colombiano y concretamente el departamento de Córdoba, uno de los movimientos más importantes fue el Ejército Popular de Liberación (EPL). Para López (1994), fue “el brazo armado del Partido Comunista de Colombia-Marxista-Leninista Maoísmo. Fundado en 1965, inició acciones militares en 1968 principalmente en Antioquia (regiones de Urabá y Bajo Cauca), los departamentos de Córdoba y Sucre y la región del Magdalena Medio” (p. 67).

Según el Centro de Memoria Histórica (2010), el EPL se consolidó como un grupo guerrillero con influencia en la región del Alto Sinú y San Jorge, que logró llegar al Bajo Cauca y Urabá en el departamento de Antioquia. Contaba con tres organizaciones para el trabajo de masas: el Frente Popular (1986), la Juventud Revolucionaria de Colombia JRC y el Centro de Estudios e Investigaciones Socioeconómicas Cenasel, este último era su organización sindical. Su accionar se recrudeció a finales de la década de los ochenta.

El EPL y el ELN consideraron necesaria la creación de ciertas condiciones externas a ellos, que no podían producirse, sino por la lucha armada. Las FARC y El Partido Comunista Colombiano, por su parte, consideraban que era la combinación de todas las formas de lucha las que permitirían la llegada al poder (Medina, 2010).

El Movimiento Estudiantil de la época contó con el trabajo realizado por los dirigentes de las organizaciones armadas; los activistas y los impulsores de la organización estudiantil eran a la vez cuadros políticos de los movimientos en su expresión de células urbanas y campesinas, que nutrieron por varios años a los cuadros ideológicos a la organización. En la Universidad Nacional de Colombia funcionó la Federación Universitaria Nacional y en la Universidad Industrial de Santander, la Asociación Estudiantil de Santander (Audesa) (Medina, 2010). El movimiento se desplegó a los colegios de secundaria al ser los más insignes los de carácter nacional y los INEM (Instituto de Educación Media).

Adicionalmente, algunas universidades privadas como la Universidad de los Andes, Universidad Libre, junto con la Universidad Javeriana, formalizaron sus movimientos. Para el caso de esta última, Galeano (2012) apunta que surgió la “Confraternidad Javeriana, CJ”, que agrupaba las organizaciones deportivas, culturales y de servicio social.

Además, estos movimientos según Archila (1996), se consolidaron como consecuencia del Frente Nacional y el ascenso de una clase media que presionó por reivindicaciones al Estado. Así mismo, al calor de las gestas estudiantiles estaban el movimiento obrero y sindical con un matiz de representaciones de todas las corrientes presentes en la época, así: un campesinado que libraba sus batallas por la reforma agraria, los indígenas que se afianzaban como movimientos de carácter regional y nacional. Todos encontraron un terreno abonado para la movilización y las demandas sociales.

La aparición del M-192 le proporcionó un aire diferente al movimiento social y estudiantil. Le representó a las FARC nuevos fraccionamientos, cuadros cualificados de las juventudes comunistas llegaron a esta guerrilla, veían a las FARC como una organización de resistencia campesina (Medina, 2010). La falta de presencia del movimiento armado en las ciudades generó arduas críticas en un país que para los años sesenta comenzaba a perfilarse el tema urbano, la CEPAL mostraba el cambio así:

En la década de 1960 cuando el país realizó su transición de mayoría rural a mayoría urbana. La actual metropolización de Colombia no obedece a la misma lógica de los años sesenta, cuando prevalecían el crecimiento demográfico acelerado, la industrialización, las migraciones rural-urbanas, que privilegiaron a cuatro ciudades (p. 90).

Si la universidad es la manifestación en escala de la realidad nacional, las diferentes tensiones políticas que trascurrieron en el país durante los años sesenta, setenta y ochenta, fueron presididas por sus correspondientes manifestaciones políticas e ideológicas. A cada una de las fuerzas en contienda le correspondía su expresión universitaria. Se encontraron el movimiento FER (Sin Permiso), considerado uno de los más radicales de origen Heleno otra corriente maoísta que se denominó Guardias Rojos y las Milicias Bolivarianas de corte fariano.

Los cambios que a futuro repercutirían en la ola de terror en la universidad pública en Colombia en los años noventa si bien no se desprenden, en parte sí tienen una explicación en los acontecimientos que se acaban de exponer. La idea que más adelante nutriría las actuaciones del paramilitarismo en el alma máter de los cordobeses se originaron en la insubordinación que sacudió las universidades desde finales de los 60 y la reorganización del movimiento estudiantil y sindical profesoral con el Paro Nacional Universitario de 1971. Con este último, nos recuerda Medina (2010), nacen varias corrientes ideológicas de la izquierda colombiana y las casas de estudio son consideradas por el Estado, y por los aparatos de represión, como eficientes focos de subversión y disidencia.

Presencia paramilitar en la Universidad de Córdoba: intelectualidad en aniquilamiento

El departamento de Córdoba es, desde inicios del siglo XX, una región de ganadería intensiva, el 65 % de la superficie total estaba destinada a la explotación pecuaria. La producción de este reglón de la economía se realiza de manera extensiva, existen grandes élites terratenientes que mantienen un control político y económico bajo la manifestación de cacicazgos, los extremos de riqueza y de pobreza son la consecuencia de la anterior manifestación.

Adicionalmente, existe una fuerte incidencia de colonos provenientes, especialmente, del departamento de Antioquia. Londoño (2014), explica cómo en la actualidad, también se da esto en la región, tanto de nivel interno como externo. Los primeros son provenientes, en su gran mayoría, del departamento de Antioquia; ocupan las tierras y playones circundantes a los ríos, con la técnica de “levanta cercados”; los segundos son inmigrantes árabes y, los terceros, de variadas procedencias, se dedican a actividades extractivas de minería como, por ejemplo, la de Cerro Matoso (explotación de ferroníquel), uno de los proyectos mineros más beneficiosos para el país.

Mientras en los años 60 los movimientos campesinos ganaron espacios reivindicativos en la región a raíz de la reforma agraria, en los años 80 un ala de cada grupo insurgente del país permeó, de manera radical, el territorio cordobés, al realizar “operaciones de limpieza política y accionar militar”. No es fortuito entonces que, para la fecha, en el departamento se originaran las autodefensas con el grupo armado denominado “Los Tangueros” organizado por Fidel Castaño, al ser luego las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Grupos que, según López (2007) “desde sus inicios recibieron apoyo político y contribuciones de los ganaderos de Córdoba” (p. 8).

Se ve cómo la política de tierras crea una insurgencia que buscará, a través de su razonamiento geoestratégico, un núcleo para su expansión. La posición del departamento y las condiciones particulares de este: salida al mar, frontera con los departamentos de Antioquia y Chocó, los dos océanos (Pacífico y Atlántico), lo posibilitaron. Al respecto Castaño dice: “definimos la nueva zona donde nacer, el Alto Sinú (…) allí existía guerrilla hasta llegar a Montería, pero estar cerca de la capital del departamento de Córdoba conlleva sus ventajas. Nos ofrecía extensiones de tierra abandonadas, a buenos precios, y sobre (…) todo, fértiles” (López, 2010, p. 45).

Los grupos paramilitares que circularon y se apropiaron del territorio cordobés deponen sus armas en Santa Fe de Ralito, el 15 de julio de 2003. Con este acuerdo se comprometieron a interrumpir sus acciones violentas; sin embargo, informes de la fiscalía demostraron que por mucho tiempo hicieron presencia los diferentes comandantes y sus hombres. La primera entrega colectiva fue la del bloque Córdoba, en 2005, en Tierralta, “se entregaron 925 armas de combatientes; la siguiente desmovilización fue en junio de 2005, el bloque Héroes de Tolová depuso sus armas y 464 desmovilizados, en el municipio de Valencia y, por último, el bloque Élmer Cárdenas, en 2006, 793 combatientes.” (Centro Memoria Histórica, 2015, p. 67).

Una máquina de guerra se instauró en Colombia desde finales de los años ochenta hasta muy entrada la primera década de este siglo, sus orígenes podrán datarse a través de la historia de la violencia del país. Para Darcy(2007), “La Fiscalía imputa al paramilitarismo por lo menos 10.000 cadáveres que están en fosas comunes, y no menos de 344.000 eventos criminales, unos 31.000 combatientes se han desmovilizado como parte de un acuerdo de desmovilización” (p. 2), los actos de violencia sobrepasaron la imaginación de los colombianos: hornos crematorios, masacres, desplazamiento, secuestros, vacunas y reclutamiento de menores entre otros.

La Universidad de Córdoba surge en los años sesenta del siglo pasado, se configura en la primera institución de educación pública en brindar formación superior en una región caracterizada por su baja cobertura en todos los niveles. En el año de 1970, mediante una sentencia de Estado, se le da el carácter nacional por haber sido creada gracias a una Ley de la República. En la década de los noventa la universidad se compromete con sus egresados, principalmente, a ofrecerles estudios de posgrado, inicialmente en convenio con otras universidades, hasta llegar a construir sus ofertas académicas propias. El Instituto de Educación a Distancia IDESAD (1994), manifestó que en la época que arribaba el paramilitarismo la “la institución comenzó a dar un salto cualitativo; inicio un número importante de programas: Ingeniería de Alimentos, las Licenciaturas en Informática Educativa y Medios Audiovisuales, Cultura Física, Español y Literatura, Geografía y el Instituto de Educación Superior a distancia y otros nuevos posgrados (p. 5 ) los cambios y la violencia implementada detuvieron estos avances académicos, por ello hoy el rezago en la formulación de nuevos posgrados se siente en comparación con otras universidades similares en el país.

Los registros de la violencia armada dentro de este claustro del saber se registran desde el año de 1995, año en que muere el profesor Francisco Aguilar Madera (afiliado a la asociación de profesores, ASPU). En 1996, se presentó un atentado contra René Cabrales Sossa. Por la misma época, fue asesinado Alberto Alzate Patiño, ambientalista y uno de los promotores de la formación posgradual. La continuación sistemática de la violencia gesta en la sociedad cordobesa y dentro de la universidad, por ser su expresión: "una época de terror" que dentro de esta se traduce en asesinatos contra estudiantes, trabajadores y profesores. Porque lo sistemático de la violencia corresponde a una estrategia, y la muerte era la condición de la posibilidad de entonces, así prosiguió la penetración por parte de los grupos paramilitares al claustro universitario, para ello ubicaron colaboradores al interior de todos los estamentos (López, 2010; Valencia y Celis, 2013).

Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar del bloque Córdoba, al entregar una de sus últimas versiones desde Estados Unidos, describió que los paramilitares a su mando ejercieron control absoluto de la Universidad de Córdoba. Para hacerlo debieron aliarse con gran parte de las autoridades locales, y con la complicidad de los integrantes de esta alma máter. Sin pudor alguno confesó, que para comienzos del año 2000 este recinto fue el objetivo de asesinatos sistemáticos de profesores y estudiantes que pertenecían a sindicatos y asociaciones sociales, cada uno de ellos fue señalado por las Autodefensas a través de infiltrados que constataron cómo su actividad intelectual y académica no se desligaba de sus simpatías por la guerrilla. Pagaba a por lo menos quince estudiantes sus estudios para que estuvieran de espías (Verdad Abierta, 2009).

Cerca de otros 20 integrantes de la comunidad universitaria fueron asesinados por determinación de las AUC. El 1.° de abril de 2001 fueron asesinados Eduardo Enrique Hernández (quinto semestre de Acuicultura), Pedro Esteban Manotas Olascoaga (décimo semestre de Ciencias Sociales), Sheila María Olascoaga Quintero, el docente James Pérez Chimá y el estudiante becario Francisco Ayazo Gómez.

Sin duda alguna, se perpetraron crímenes de lesa humanidad, entre ellos el asesinato, en el año 2000, de la estudiante de Ciencias Sociales Marly De la Ossa Quiñónez, embarazada en su séptimo mes de gestación. También, el atentado al docente René Cabrales Sosa, en 1996, quien salió herido, pero las balas dieron blanco mortal en su nieta que apenas cumplía 32 meses, la menor Alejandra Camargo Cabrales. Las víctimas, como se evidencia, se dieron en todas las edades.

Los paramilitares en la Universidad de Córdoba, configuraron una elaborada tecnología de control: lo primero, fue introducir una cantidad importante de agentes soplones al interior del movimiento estudiantil y desde ahí se monitoreo las acciones del profesorado. Según lo publicado por Verdad Abierta (2013), “el estudiante César Bedoya era quien organizaba este frente estudiantil y escogía para los 'paras' sus víctimas que asumía como sospechosos guerrilleros infiltrados” (p. 2). La segunda estrategia, narrada también por Verdad Abierta (2013) fue apoderarse de la rectoría, “en el año 2000 se presentaron dos candidatos: Víctor Hugo Hernández, avalado por Mancuso, quien resultó electo, y Hugo Iguarán Cotes, avalado por el político liberal Juan Manuel López, quien sería asesinado con posterioridad a la elección”(p. 2). La tercera, consistió en apoderarse de los cargos administrativos más neurálgicos en el manejo de los dineros y del personal contratado. También, se creó una bolsa de empleo a nombre del jefe que manejaba Eleonora Pineda y el senador Miguel de la Espriella (Paternina, 2009; López, 2010).

Finalmente, el 18 de febrero de 2003, Salvatore Mancuso ordenó que el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba se reuniera en su campamento general de Tierralta, con el fin de determinar el futuro de la universidad. Una vez captada una inmensa población estudiantil, y también profesoral, los paramilitares trabajaron fuertemente por encontrar legitimidad y reconocimiento por parte del pueblo. Situación que Morales (2014), describe así:

La sociedad los veía como los salvadores porque la gente podía ir a sus fincas y ellos se creyeron el cuento. A medida que los paramilitares se hicieron a más recursos armados y estratégicos, ganaron más peso para inclinar la balanza política a su favor, determinando nombramientos burocráticos e infiltrando el aparato estatal (p. 51)

El paramilitarismo ingresó a través de una estrategia premeditada, que implicaba tomarse el movimiento estudiantil, intimidar a los maestros, controlar la administración académica y económica, es decir, toda la vida institucional. Lo anterior como respuesta a una universidad sometida por la guerrilla y la corrupción.

Prácticas genocidas y acciones genocidas al movimiento intelectual

Una serie de lo que podríamos llamar genocidas se instauraron al interior de la Universidad de Córdoba. Los comportamientos de los genocidas, lo expone De Swaan (2015), dependen de cómo una sociedad ha construido su identidad colectiva, se materializan cuando existe un tejido social que los permite y una manera de hacer política que los justifica. Adicionalmente, hay que mencionar que se generaron unos dispositivos en torno a la barbarie que se hicieron cotidianidades. Es por ello, que detrás de cada baño de sangre la universidad retornó a su vida normal, con la complicidad del Estado. Por lo tanto, las identidades tienen una expresión emocional muy fuerte y están fundamentadas en la exclusión, las manifestaciones políticas existentes entre grupos son usadas para incitar al odio. Se genera un proceso que De Swaan bautiza “compartimentación”, esencial para establecer los escenarios simbólicos y concretos ineludibles para llevar a cabo actos de genocidio.

El concepto de genocidio hace parte de una configuración teórica emergente dentro de las ciencias sociales. Najman (2007), considera que, según la fuente que consultemos, el significado puede tener acepciones diferentes: se configura como un delito internacional en el que generalmente implica la intención de destruir total o parcialmente un grupo étnico, racial o religioso. El genocidio es considerado el grado más extremo de violencia intergrupal y el más extremo de todos los actos de limpieza étnica.

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), concibe por genocidio diversos actos efectuados con el propósito de aniquilar, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso así:

a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo (p. 2).

Desde la anterior óptica, predomina en el concepto de aniquilamiento lo que se considera como razones diferentes a las políticas, las ideológicas u otras naturalezas; en este sentido, los exterminios, también masivos, generados por las dictaduras militares, los crímenes de Estado y las diferencias ideológicas no son contemplados, tampoco, una serie de las tecnologías de poder mediante la producción de regímenes de verdad que generan formas de pensar, simbolizar y experimentar el miedo como régimen de control.

Al considerar los anteriores puntos de vista, Feierstein (2007) nos propone otras perspectivas para comprender el genocidio moderno y sus variadas manifestaciones como una práctica social específica, propensa a la destrucción y a la reorganización de relaciones sociales. Desde esta mirada, el genocidio tendría otros aspectos, uno “reorganizador” que no se circunscribe tan solo al exterminio material de colectivos humanos. Adicionalmente, la consecución de diferentes momentos se constituye en el blanco de prácticas destinadas a una eliminación material, mientras que se culmina con la “realización simbólica”, último límite relacionado con las formas de narrar, representar experiencias. Se configura una tecnología de poder donde la negación del otro llega a su punto límite con su desvanecimiento físico y simbólico.

Las prácticas sociales genocidas, o prácticas de exterminio, se convierten así en aquellas tecnologías de poder que buscan deteriorar los vínculos e interacciones sociales, de autonomía, colaboración e identidad social, por medio de la liquidación de una fracción importante de ella y del uso del terror para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios. Se aclara, entonces, que en el genocidio las víctimas no solo son reconocidas primordialmente en términos de sus tipologías comunitarias (etnicidad, religión o nacionalidad), surge el politicidio, como un engranaje del genocidio, las acciones delictivas son determinadas fundamentalmente en términos de su situación subordinada u oposición política al régimen o a los grupos dominantes (Pine y Vivar, 2011).

El concepto de genocidio, por ser tan limitado y poco integrativo de asesinatos masivos, ha llevado a varios autores, como Goldhagen (2011), De Swaan (2016) y Sémelin (2004), a proponer conceptos como eliminacionismo, violencia masiva o masacre, entre otros, para considerar fenómenos de asesinatos en masa de población civil, que no cumplen con el modelo del Holocausto, pero que está impreso con el mismo horror.

La mayoría de prácticas de exterminio o genocidas en Colombia son de origen paraestatal, este vocablo hace mención a instituciones u organizaciones que concurren con los objetivos del Estado, sin hacer parte de este; es decir, integran y en ocasiones reemplazan sus labores, con su plena aceptación. En Colombia, este vocablo se ha descifrado como ilícito, al omitir la posible existencia de estas actividades en un ámbito legal (Morales, 2014).

Por otra parte, también estas acciones se denominan de Estado paralelo (Kalyvas y Arjona, 2008) al depender del contexto social e histórico y del escenario político donde se instauran, no son homogéneas. Así, por ejemplo, apuntan los autores, que en las dictaduras, tradicionalmente, se configuran grupos alternos a las Fuerzas Militares legales para perseguir a los contradictores del régimen. Se ejemplifican los casos de las dictaduras en Argentina y Chile. Por otro lado, en Colombia el surgimiento de grupos paramilitares para acompañar la contrainsurgencia frente a los grupos guerrilleros se evidenció con mayor presencia en aquellas regiones apartadas, con un apoyo irrestricto de las élites locales y regionales, como ganaderos, terratenientes, y narcotraficantes.

Un hito importante en la conformación paraestatal del accionar de los grupos delincuenciales, se dio el 31 de agosto de 1999, a raíz de la publicación de un anuncio que advertía por parte de los comandantes paramilitares la creación de comandos en las universidades de la costa atlántica colombiana. Esa directriz, estaba firmada por un alias “comandante Diego” daba inicio a la creación de las autodefensas universitarias. En la Universidad de Córdoba el comunicado circulo con fecha del 18 abril del 2000 (Meridiano de Córdoba, 19 abril 2000).

Para comprender las prácticas de exterminio se requiere estudiar las estrategias y las tecnologías del miedo y del silencio. Pocos estudios, apunta Esparza (2013), van en esta dirección, los mutismos se convierten en acciones que esconden el papel de las ideologías, fomentan y justifican la violencia de Estado. Los silencios son construidos y finamente elaborados a partir del miedo colectivo como detonantes paralizadores de las víctimas del terrorismo de Estado. Se instaura un comportamiento cómplice naturalizado que resguarda los secretos de los crímenes. Estos pactos de silencio configuran una cultura militar que no solo es castrense, sino que también es ciudadana, porque configura unos valores, se naturalizan “voces que todos escuchan y nadie investiga” donde (disciplina y lealtad) permanece intacta a través del tiempo.

Pero, sin duda una de las prácticas más eficaces y silenciadas colectivamente es el clientelismo. Wills y Rivera (2009), sostienen que este configura una dinámica sociopolítica de control que va transformando el contexto y a los sujetos que la componen. Nos encontramos en una relación personal, casi familiar entre el elector y el elegido; configurado con las necesidades del sujeto que permite el control individual, desde esta perspectiva se cohesiona un colectivo compuesto por: individuos, políticos y funcionarios públicos. Un ritual electoral para atrapar un electorado que está pendiente no de una ideología, o propuesta, sino de una ganancia personal.

Las prácticas de exterminio funcionan muy bien en sociedades ejercitadas por el clientelismo, en estos ambientes es fácil comprar los señalamientos, se minimiza la denuncia, se cambian puestos por adhesiones, por conductas de servilismo, burocracia, y vigilancia colectiva. Como ya se ha educado en la intervención ilegal y se conocen las estrategias corruptas, la mediación entre sociedad y Estado, y entre sectores sociales y el ámbito público está resuelta. Así mismo, la red de favores genera conductas a manera de transacciones, “yo te doy tú me debes”, la temporalidad del cambio es inmediata, en las conductas mafiosas la memoria es de mayor alcance.

Una clara relación entre clientelismo y paramilitarismo la describe Morales (2014) así “las AUC dominaron territorialmente gracias a una fina estrategia, montada por Mancuso, que vinculó el paramilitarismo de Antioquia y las élites cordobesas. Se establece, entonces, un proyecto contrainsurgente nacional que buscó articular a un grupo de ganaderos, terratenientes y políticos en pro de un propósito de carácter nacional” (p. 49). Por ello, la táctica fue la expansión paramilitar a través del control territorial y político, y diríamos también intelectual, que finalmente enfrentó a Mancuso con la élite política.

La lógica de aniquilamiento sistemático se dio de la mano de la militarización y del paramilitarismo creciente en la vida nacional y universitaria en la década del noventa del siglo pasado. Por otro lado, las políticas de reestructuración neoliberales, los recortes y las privatizaciones de la universidad pública en el nivel nacional y regional, se ligaron a la corrupción administrativa, que permeaban la universidad pública de manera similar que a las demás instituciones privadas y del Estado.

Las prácticas genocidas de la Universidad de Córdoba, se integran a otras imperantes en la última década del siglo pasado hasta hoy como la de “limpieza social”, los “falsos positivos”, o asesinatos de líderes sociales, agrarios, campesinos; masacres, o utilización de hornos crematorios para desaparecer las víctimas.

Conclusiones

Desde su fundación en 1604, el Colegio Nacional de San Bartolomé se convirtió en el espacio donde el pensamiento y la política se imbricaban con aires emancipatorios, las gestas libertarias de la independencia se fraguaron con estudiantes y maestros de este claustro. Más adelante esta tradición de vincular pensamiento, ciencia y sociedad se manifestó en plenitud con la protesta y las acciones contestatarias de las universidades públicas, especialmente de la Universidad Nacional contra la dictadura de Rojas Pinilla, un acontecimiento especial que originó los acontecimientos del 8 y 9 de junio de 1954, en el que murieron un grupo de estudiantes.

La racionalidad técnico-instruccional se apoderó de la universidad colombiana; entre 1950 y 1967 se fundaron en el país veinticinco centros educativos de educación superior pública, uno de ellos la Universidad de Córdoba (Molina, 2013). Por la misma época se comenzó a fraguar una relación directa entre insurgencia, movimiento estudiantil, profesorado y universidad; algunos documentos y hechos alertaban sobre los nuevos aires universitarios, Unesco 1969, Plan Atcon, adicionalmente las protestas en la Universidad Nacional de Colombia estuvieron asociadas a la visita de Rockefeller y el mayo de 1968.

Los hechos políticos que han determinado en la Universidad de Córdoba la presencia de todos los actores ideológicos y políticos son: el primero, en los albores del movimiento guerrillero en Colombia, a comienzos de 1970, en el departamento de Córdoba emergió el Ejército Popular de Liberación (EPL), se vinculó con el movimiento sindical, pero especialmente estudiantiles, igualmente con menos fuerza hizo presencia las FARC. En segundo lugar, para los años 80 Córdoba se convertía en el segundo departamento de Colombia, donde los narcotraficantes compraron más tierras y, tercero, ya a mediados de los ochenta llegaron al Alto Sinú los hermanos Castaño, Carlos, Vicente y Fidel, provenientes de Amalfi, Antioquia, creadores de las autodefensas. Su tarea concertada con la clase política fue desvertebrar las organizaciones campesinas, realizar una contrarreforma agraria y retomar las tierras que debía entregar el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), el movimiento popular y aislar al EPL que según ellos operaba desde la Universidad de Córdoba.

Como ningún otro lugar en el país, las universidades localizadas en el caribe colombiano (las universidades del Atlántico, de Córdoba, del Magdalena, la Universidad Popular del Cesar), se convirtieron en los espacios donde impartir conocimiento resultó ser una actividad altamente peligrosa. Algunas de ellas son consideradas hoy sujeto de reparación colectiva. Se tiene una lista, que aún continúa en la impunidad, de maestros, estudiantes victimizados, exiliados, desaparecidos; se aplicó sobre ellos prácticas genocidas, de silenciamiento, aniquilamiento, persecución, intimidación, al crear un ambiente de zozobra y miedo que trasformó, físicamente, académicamente y socialmente, estas universidades; mientras se formaban profesionalmente mantuvieron un conflicto tan prolongado y degradado que aún conservan secuelas.

Las prácticas genocidas han sido perpetradas mayoritariamente por organizaciones de ideología contrainsurgente, las cuales efectuaron según el Centro de Memoria Histórica en su informe final (2013), 1166 masacres. Pero la forma más brutal de la violencia ejercida fue la instrumentalizada a través de los grupos paramilitares, financiados ganaderos, latifundistas y, en el caso del caribe colombiano, por sectores variados de la burguesía industrial, comercial y ganadera que termino de forma indirecta creando movimientos que cobraron la vida de importantes intelectuales y estudiantes universitarios.

Referencias

Archila, M. (1996). ¿Utopía armada? Oposición política y movimientos sociales durante el frente nacional. Controversia, Segunda Etapa (168) 23-563.

_________ (1997). Protesta social y estado en el Frente Nacional. Controversia, N. º 170. Recuperado de Cinepbiblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cinep/.../UtopiaArmadaControversia168.pdf

Arjona, A. y Kalyvas, S. (2008). Preliminary Results of a Survey of Demobilized Combatants in Colombia, Working Paper:Yale University.

Atcon, R. (1963). La universidad latinoamericana: clave para un enfoque conjunto del desarrollo coordinado social, económico y educativo en América Latina. Revista Eco, Número (42).

Calloni, S. (2006). Operación Cóndor: pacto criminal. La Habana: Ciencias Sociales.

Casullo, N. (2004). Pensar entre épocas. Memoria, sujetos y crítica intelectual. Buenos Aires: Editorial Norma.

Centro Memoria Histórica (2015). Desmovilización y reintegración paramilitar panorama pos acuerdos con las AUC. Recuperado de www.centrodememoriahistorica.gov.co/.../informes2015/desmovilizacionDesarmeReint

_________ (2013). Basta ya, informe final. Recuperado de centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/.../basta-ya-cap1_30-109.p

Cepal (2003). Estudio sobre la distribución espacial de la población en Colombia CEPAL. CELADE. Fondo de la Población de las Naciones Unidas. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/7186-estudio-la-distribucion-espacial-la-poblacion-colombia.

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948). ¿Qué es el Genocidio? Recuperado de www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1948-conv-genocide-5tdm6h.htm

Darcy, P. (2007) Mancuso dice que directivos de Postobón y Bavaria tenían conocimiento de los pagos de estas empresas a los paramilitares. Recuperado www.semana.com/.../mancuso-dice-directivos-postobon-bavaria-tenian-conocimie

De Swaan, A. (2015) The Killing Compartments: The Mentality of Mass Murder. Nueva Heaven: Yale University Press.

Feierstein D. (2007) El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. Bs. As. Fondo de Cultura Económica: México.

Ferreira, M (2014). Operación Cóndor: antecedentes, formación y acciones, recuperado de http://goo.gl/Pj2dfW

Galeano, G. (2012) La historia de un Movimiento Estudiantil Javeriano (1968- 1972) Recuperado defile:///C:/Users/Alejandra/Downloads/GaleanoGomezJoaquinErnesto2012.pd

Gramsci, A. (2009). Cuadernos de la cárcel: pasado y presente (2. ª ed.). México: Editorial Casa Juan Pablos.

_________ (1970) Introducción a la filosofía de la praxis, Barcelona: Península.

Goldhagen, D. (2011). Peor que la guerra. México: Taurus.

Gutiérrez, G. (2011.). La encrucijada universitaria. Medellín: Colección Asoprudea.

Harnecker, M. (1988). Combinación de todas las formas de lucha. Bogotá: Ediciones Suramérica

Hernández, S. M. (2010). Educación y ética. Sociológica. Recuperado de http:// scielo.unam.mx/pdf/soc/v25n72/v25n72a10.pdf

Hernández, A., R. I., Alvarado, P. J. C. y Luna, J. A. (2015). Responsabilidad social en la relación universidad-empresa-Estado. Educ. Educ. (18), 95-110. https://doi.org/10.5294/edu.2015.18.1.6

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. (2015). Monografías. Ciudad de México. México: INEGI. Recuperado de http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/

Kalyvas, S. y Arjona, A. (2008). Paramilitarismo: una perspectiva teórica. En: A. Rangel, El poder paramilitar. (34-67) Bogotá D. C.: Planeta. Fundación Seguridad y Democracia.

Laudadío, J. (2009). Ética y horizontes del quehacer educativo. Logos. Revista de Filosofía, (111). 73–87.

Londoño, R. (2014). Los efectos de la presencia paramilitar en Córdoba en las elecciones legislativas 2002-2006. Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Facultad de Ciencia Política y Gobierno Bogotá, D. C., Recuperado 2014, https://core.ac.uk/download/pdf/86444209.pdf

López, C. (2007). Monografía político electoral departamento de Córdoba 1997 a 2007 Recuperado de http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/cordoba.pdf

Maira, L. (1990 Palummo; EI Estado de seguridad nacional en América Latina. En Pablo González Casanova (coordinador), El Estado en América Latina. Teoría y práctica. México: Siglo XXI Editores-Universidad de las Naciones Unidas.

Marín O. y Calarca, M. (2002). La situación de la universidad pública colombiana. AnncoL: Colombia.

Markarian, V. Y., Wschebor I. (2008) 1968 La insurgencia estudiantil. Recuperado de file:///C:/Users/Alejandra/Downloads/1968__la_insurgencia_estudiantil.%20(1).pdf Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 2008.

Maspoli, E. (2008) Trabajos y comunicaciones, Recuperado de http://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar Universidad Nacional de LPlata.

Medina, C. (2001). Elementos para una historia de las ideas políticas del Ejército de Liberación Nacional. Bogotá: Rodríguez Quito Editores.

Meyeres, W. (1990). Los creadores de la imagen. Poder y persuasión en Madison Avenue. Mexico, D. F.: Planeta.

Molina, G. (1968). Pasado y presente de la autonomía universitaria. Revista Nacional (1) 27-47.

Morales, P. I. (2014). Córdoba: para estado, clientelismo y agentes de la violencia. En: Trans-pasando Fronteras (37-54). Cali, Colombia: Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES), Facultad de Derecho y Ciencias sociales, Universidad Icesi.

Najman, A. (2007) Origen y evolución del concepto del genocidio Revista de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, N.º 25, p. 11. Recuperado de https://iuristec.com.gt/index.php/NAJMAN_ALEXANDER_AIZENSTATD

Nilson, M. (1998). Operación Cóndor. Terrorismo de Estado en el cono Sur. Buenos Aires: Lholé-Lumen.

Olivera, G., Piña, H., y Asael, M. (2009). La universidad pública: autonomía y democracia, Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, (51) 301–321.

Palummo, J., Rolo, B., Pedro, V. (2015). 40 años del Cóndor. Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur.

Pine, A. y Viva, P. (2011). Tegucigalp: donde se cruzan los caminos, se unen fronteras y divergen las percepciones. Tema: Ciudades latinoamericanas. Recuperado DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint73.2011.02

Rodríguez, L. (2004) Cultura, trabajo intelectual y política. La manipulación posible. Recuperado en: https://www.researchgate.net/.../26474660_Cultura_trabajo_intelectual_y_politica_La_m

Rouquie, A. (1984). El Estado militar en América Latina, México: siglo XXI.

Rueda, S. (2000). Primer Congreso Nacional de Universidades por la Paz, Congreso Nacional Universitario por la Paz, 1999. Mayo. 12-14 Bogotá (Colombia).

Stonor, S. (2001). La CIA y la guerra fría cultural. Madrid: Debate.

Semelin, J. (2013). Pensar las masacres recuperadas. Recuperado en https://books.openedition.org/ifea/558?lang=es

Souto, E. (2004). Derechos humanos, educación y libertad de creencias, Universidad Nacional de Educación a Distancia: Madrid.

Valencia, L. (2013). Sindicalismo asesinad, Debate: Bogotá.

Verdad Abierta (2008) Los crímenes de Mancuso en la Universidad de Córdoba Recuperado: www.verdadabierta.com/victimarios/los-jefes/81-audiencias/557-la-toma-de-cordoba.

_________ (2013) La toma de la Universidad de Córdoba por los paramilitares de las AUC. Recuperado: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/75-das-gate/4462-la-toma-de-la-universidad-de-cordoba/

Velasco A. (2009). Humanismo. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales. Recuperado http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/437trabajo.pdf

Villarraga S, Á. (2015) Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUC/. Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.

WillS, M., y Rivera, M. (2009). Poder, familia y clientelismo en Montería, Córdoba (1950-2008). Visibilizarían y ascenso de las mujeres en contextos totalitarios. Bogotá D.C.: Ediciones Uniandes.

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