Revista Latinoamericana de Derechos Humanos Volumen 29 (2), II Semestre 2018, EISSN: 2215-4221 Doi: http://dx.doi.org/10.15359/rldh.30-1.2

Derechos humanos y realidad educativa Human Rights and Educational Reality Direitos humanos e realidade educacional Emilia Quirós Vargas1

Resumen El artículo presenta una reflexión acerca de la educación costarricense con enfoque de derechos humanos. Además de la inclusión educativa, se analizan temas de diversidad y calidad de formación, los requerimientos para la aceptabilidad de la educación y los aspectos en los que el sistema educativo se encuentra deficitario. Se plantean demandas y desafíos que hacen que el país afronte la imperiosa necesidad de realizar mayores esfuerzos, desarrollando planes, programas y proyectos a la luz de los derechos humanos. Palabras clave: derechos humanos, inclusión, igualdad, diversidad Summary The article presents a reflection on Costa Rican education with a focus on human rights. In addition to educational inclusion, issues of diversity and educational quality are analyzed, as well as the requirements for educational acceptability and the aspects in which the educational system is in deficit. It considers demands and challenges that make the country face the urgent need to make greater efforts, developing plans, programs and projects in the light of human rights. Keywords: Human rights, Inclusion, Equality, Diversity Resumo O artigo apresenta uma reflexão sobre a educação costarriquenha com foco em direitos humanos. Além da inclusão educacional, são analisadas questões de diversidade e qualidade da educação, bem como os requisitos para a aceitabilidade educacional e os aspectos em que o sistema educacional está deficitário. Expõem-se demandas e desafios que fazem o país enfrentar a necessidade urgente de fazer maiores esforços, desenvolvendo planos, programas e projetos à luz dos direitos humanos. Palavras-chave: Direitos humanos, Inclusão, Igualdade, Diversidade

Introducción

Hacia finales del siglo pasado, el pensador francés Edgar Morín escribió “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”. En este documento, Morín se propuso incentivar el debate y la reflexión, mediante el planteamiento de principios medulares para la educación del futuro. En relación con estos principios, él señala que, pese a que los problemas los cuales deben enfrentar los seres humanos en un mundo globalizado tienen ramificaciones en múltiples ámbitos, las personas tienden cada vez más a la especialización de las disciplinas y la fragmentación del conocimiento:

A este problema universal está enfrentada la educación del futuro porque hay una inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave por un lado entre nuestros saberes desunidos, divididos, compartimentados y por el otro, realidades o problemas cada vez más poli-disciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales, planetarios. (Morín, 1999, p. 23)

Según Morín, el sistema educativo no se substrae de esta paradoja. Las disciplinas de estudio permanecen aisladas entre sí y el conocimiento mismo no se vincula con el contexto o la realidad de los aprendientes. De tal modo, el autor indica que una reforma educativa demanda una “reforma de las mentalidades” (Morín, 1999, p. 11). La esencia de la educación necesita ser repensada desde los derechos humanos.

Realidad de la inclusión educativa

En cuanto que los modelos patriarcales y mercantilistas definen las jerarquías y reproducen la desigualdad, el enfoque de derechos humanos apunta a la dignidad y al bien común (López, 2012). Bajo esta óptica, la educación es medio promotor de la inclusión, asumiendo que todas las personas son iguales en valor y derechos. La entrada en vigencia del derecho internacional sobre derechos humanos hace que los sistemas educativos sean examinados, que todos los mecanismos de exclusión en el acceso y en los contenidos educativos puedan ser visibilizados y se establezcan criterios claros sobre lo que la inclusión educativa en verdad demanda (Muñoz, 2014).

La educación realmente inclusiva busca fomentar la autonomía y la solidaridad entre las personas, el tipo de socialización que permita la construcción del conocimiento en atención no solo a las diferencias cognitivas, sino también a la variedad de etnias, lenguas, ideologías y formas de conocer el mundo (Muntaner, 2017). Tal es el caso de las personas indígenas, a quienes el acceso a la educación no les es suficiente, si el sistema educativo no les brinda las posibilidades para mantener y expresar “su sentido de pertenencia e identificación esencial enmarcado en el derecho a la autonomía cultural, social y política” (Muñoz, 2009, p. 54). Según lo indica Muñoz (2009), el derecho a la educación debe proveer mecanismos que garanticen “modalidades educativas basadas en las propias realidades, necesidades y visiones de estos pueblos” (p. 54). Extensivo de este derecho debe ser el uso de las lenguas autóctonas para la enseñanza de la niñez indígena, aprovechando el valioso recurso que estas constituyen en la transmisión de ideas.

La educación verdaderamente inclusiva estimula también el sentido de cooperación y no de competencia de unos contra otros. Dicha colaboración se logra cuando la enseñanza va de la mano del aprendizaje para generar conocimiento y la mediación pedagógica establece un adecuado tratamiento de los contenidos de estudio, en aras de la construcción de una sociedad más justa (Muñoz, 2009). La mediación pedagógica efectiva obliga a una búsqueda conceptual que permita un aprendizaje a la vez individual y colectivo.

Los docentes en un sistema inclusivo y de derechos humanos deben tener claridad en cuanto a su papel de mediadores, renunciando a la tentación de erigirse como la autoridad delegada de saber. En una práctica educativa desde los derechos humanos, los docentes son llamados a buscar un estilo diferente de liderazgo despojado de autoritarismo, que logre obtener lo mejor de sus estudiantes. Olvidados han de quedar los modelos del tipo pedagógico-didáctico obsesionado por los contenidos, así como la concepción cuantitativa de la evaluación, el desprecio por los procesos de construcción del conocimiento y la diversidad de estilos cognitivos del alumnado. Se precisa abrir los ojos ante la necesidad de cambios paradigmáticos por encima de todo dogmatismo. Con su ejemplo, las personas docentes pueden incidir en la eliminación de prácticas y patrones de conducta basados en la idea de inferioridad o superioridad entre los individuos.

Para materializar el ideal de una sociedad más justa en igualdad de condiciones, la educación debe apegarse a los principios de derecho humano, erradicando todas aquellas prácticas mercantilistas que no aportan al verdadero desarrollo de los pueblos. Como lo afirma Muñoz (2009), “el único desarrollo aceptable es aquel que tenga como fin la realización de todos los derechos humanos” (p. 56). Los modelos económicos impuestos de manera contundente sobre la realidad social de muchos países deben dar lugar a políticas más amplias de responsabilidad social en atención a los derechos humanos.

Actualmente, el desarrollo se concibe como crecimiento económico, de acuerdo con los parámetros que definen los países monetariamente más fuertes. Aunque en repetidas ocasiones se ha propuesto la educación como instrumento para solventar los agudos conflictos económicos que aquejan a las sociedades, es claro que el crecimiento de la economía no precisamente incide en la calidad de vida de las personas o la igualdad social. Dado que el ingreso per cápita no parece aportar a la equidad social, no procede que la educación se presente como condición para la mejora económica. El derecho humano a la formación tampoco puede posponerse hasta que otros derechos o situaciones se cumplan (Muñoz, 2014). Es bien sabido que muchos de los grandes problemas de la educación no se encuentran en los sistemas escolares, sino en su entorno socioeconómico.

Se hace imperativa, pues, una revisión de políticas educativas, con el fin de suscitar cambios en el sistema, comenzando desde el análisis de la práctica docente en el aula, pasando por los temas administrativos y curriculares, hasta los entornos estudiantiles y familiares. Sistemas educativos que, como en el caso de Costa Rica, potencialmente tienen la capacidad de recibir gran cantidad de estudiantes en escuelas y colegios podrían terminar siendo expulsores y excluyentes, si los contenidos que se ofrecen son discriminatorios o débiles en términos de dignidad y potenciación de una ciudadanía respetuosa a la integridad moral de las personas.

Sobre esta misma línea, es preciso establecer cuáles son las necesidades de estudiantes y docentes (sujetos todos de aprendizaje) y cómo pueden realizarse los cambios para solventarlas. Para ello, debe hacerse un recorrido de ida y vuelta entre los conocimientos parciales y los globales (Morín, 1999). Si bien el currículo se compone de materias distintas, no por ello deben estar aisladas, sino que pueden integrarse en un contexto común. La tarea educativa consiste no tanto en brindar información, más bien, en enseñar la manera en que se estructura el modo de pensar de los seres humanos.

Por otro lado, la educación igualmente debe impulsar procesos de democratización en y desde la escuela, que permitan erradicar la discriminación y la inequidad (Durán y Climent, 2017). Los derechos humanos no deben ser vistos solo como un componente curricular, sino como una práctica integral que compromete las voluntades en la construcción de sociedades más equitativas. La educación se moverá en esta dirección, únicamente si, al decir de Morín, se da una “reforma del pensamiento” (Morín, 1999, p. 23). Esta es responsabilidad de todos, aunque no parezca tan evidente.

Derechos, diversidad y calidad educativa

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, al igual que otros muchos pactos y convenciones internacionales, confirma que la educación es un derecho humano. El enfoque basado en derechos humanos se propone, en primera instancia, garantizar calidad, respeto y desarrollo óptimo en la formación de niños (UNICEF, 2008). El derecho a la educación es un tema de debate internacional y muchos gobiernos han reconocido que se trata de una prerrogativa fundamental en procura del desenvolvimiento y la transformación social. Entre las naciones que reconocen la validez de este, Costa Rica ha realizado avances significativos en materia de inclusión educativa, eliminación de barreras de acceso para la población y reducción de brechas (PEN, 2010).

No obstante, el sistema costarricense se torna cada vez más diverso y las modificaciones estructurales realizadas en los últimos años no parecen traducirse en avances, específicamente en dos ámbitos centrales en materia de derechos y accesibilidad, la calidad y la diversidad: “es evidente la brecha que existe entre el nivel educativo de la Región Central y el resto del país. En la Región Central la escolaridad es de unos 9,2 años mientras que apenas se alcanza 7,1 años en la Región Huetar Norte” (Gobierno de Costa Rica, 2015, p. 31).

En relación con el tema de calidad, el grueso de las reformas implementadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP) está enmarcado en otras más globales que buscan contener el gasto público. Esto significa que la inversión per cápita destinada a cada niño disminuye, si se requiere financiamiento urgente en otra área. La reducción de recursos incide proporcionalmente en la calidad del servicio educativo brindado a gran parte de la población ya que, por ejemplo, cada docente se ve obligado a ocuparse de más alumnos, más estudiantes deberán compartir una misma aula, menos materiales y apoyos pedagógicos estarán disponibles, y así consecuentemente.

Por otra parte, se reduce, además, la inversión en infraestructura, lo que, a su vez, afecta el mantenimiento o la calidad de los edificios escolares. Algunos centros educativos aún carecen de adecuaciones para estudiantes con limitaciones físicas, servicios básicos o conectividad. En tales circunstancias, el acceso a la educación no se considera un factor primordial, por lo que los diferentes segmentos del estudiantado no se atienden en forma equitativa, sino en función de los recursos existentes. La escasez de recursos también puede obligar a tomar medidas emergentes tales como sacrificar el acceso a la formación secundaria, a fin de destinar más instrumentos a la enseñanza primaria o de postergar acciones en favor de la niñez con discapacidad (PEN, 2017).

En Costa Rica, al igual que en el resto de la región centroamericana, la calidad de la educación depende del tipo de servicio que las personas pueden pagar. El sistema de educación pública ofrece una modalidad básica, marcada por metodologías y abordajes uniformados, niveles de más de 30 estudiantes por sección, recorte de horas, carencia de materias “especiales” como idiomas o cómputo, edificios deteriorados y más. Los alumnos de escuelas y colegios públicos, así como sus familias, rara vez son expuestos a información sobre aspectos que competen a su situación como sujetos de derecho; no se crea en ellos conciencia sobre lo que está mal dentro de su institución y debe ser cambiado a favor de una mejor calidad en la educación que reciben. En otras palabras, y tomando el término de Stéphane Hessel (2010), no se propicia siquiera un espacio para la indignación.

En contraste, existe una amplísima oferta de enseñanza privada que va incluyendo más ventajas educativas, según el monto económico que los padres o encargados puedan aportar. Puede afirmarse que, en los centros privados, el eje del proceso de enseñanza y aprendizaje sí es el estudiante, no solo porque ya de por sí existen las facilidades, sino porque las familias exigen calidad, a razón del dinero que invierten en la educación de sus hijos. Se trata de personas mejor informadas, con mayor nivel educativo y consecuente empoderamiento.

Sobre el tema de diversidad, el derecho universal a la educación debe privar en materia de identidad cultural, lingüística y religiosa. De tal modo, no pueden olvidarse las personas con necesidades educativas especiales, la niñez y juventud en riesgo social. En Costa Rica, hasta hace pocos años, los planteamientos de la educación no contemplaban diferencias locales ni regionales, en particular, de cultura o idioma. De esta manera, se crearon diversos centros educativos en zonas muy alejadas de la gran área metropolitana (GAM), pero no se supervisa la contratación de docentes calificados que puedan establecer con sus alumnos un adecuado diálogo pedagógico en atención al idioma, a los hábitos y patrones culturales propios de cada región.

La cultura de la diversidad debe ser fundamento de la educación, ya que fomenta la convivencia intercultural y construcción de aprendizajes, en respeto a las diferencias entre las personas (López, 2012). Este eje intercultural, según Muñoz (2009), debería incorporarse en todos los sistemas educativos, especialmente en países donde, como es el caso de Costa Rica, se da una elevada recepción de inmigrantes. Muñoz añade que los Estados cuyas políticas educativas celebran la nacionalidad única y dejan de lado la pluralidad cultural fracasan, porque el conocimiento solo tiene sentido en relación con las dinámicas del contexto social.

Amparados en los tratados internacionales, la niñez tiene derecho a la enseñanza primaria gratuita y obligatoria. De igual modo, debe garantizarse el acceso equitativo a la enseñanza secundaria y superior, así como la instrucción básica que se dirige a las personas quienes no han completado la primaria. No obstante, la concreción de estas garantías en un enfoque educativo de derechos, como es de esperarse, debe sortear grandes obstáculos. Algunos de tales escollos están asociados con limitaciones en los recursos disponibles. Una vía para solventar este problema es la implementación gradual del modelo educativo. Por otra parte, el concepto de derechos humanos no se ha comprendido a cabalidad, lo que dificulta la puesta en práctica de estrategias que puedan favorecer al estudiantado en su totalidad.

Es claro que la escasez de recursos puede obligar a tomar medidas drásticas y poco planificadas. No puede esperarse, tampoco, que el Estado costarricense brinde acceso universal a una educación de calidad, de manera inmediata. No obstante, si los recursos económicos o humanos son limitados, las autoridades educativas deben implementar una estrategia con tiempos claros y definidos para la ampliación sostenida de acceso a la enseñanza en todos sus niveles y especialidades, vigilando que todas las acciones contribuyan a realizar el derecho de las personas a la educación.

Requerimientos para la aceptabilidad educativa

La aceptabilidad de la educación comprende un conjunto de criterios de calidad asociados a las necesidades, intereses y expectativas tanto de comunidades como de poblaciones. En esencia, la aceptabilidad se refiere a la forma y contenido de la educación en cuanto a la calidad y probidad, e implica el deber de los gobiernos de asegurar que los centros educativos cumplan con ciertas normas mínimas para el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Una educación de calidad contempla el desarrollo sostenible como eje fundamental, promueve los conocimientos, aptitudes y valores para formar a ciudadanos conscientes y responsables tanto con la vida como con la sostenibilidad social, económica, ambiental y cultural (UNESCO, 2012). La calidad de la educación involucra ámbitos diversos pero interrelacionados, como igualdad y diferenciación, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia. A continuación, se discute la manera en que estas áreas inciden en la calidad de la educación no solamente en Costa Rica, sino en cualquier sistema educativo.

Igualdad y diferenciación

Para que la educación sea aceptable, debe estar basada en los principios de igualdad y diferenciación (UNESCO, 2008), lo cual implica que debe ajustarse a las necesidades de las personas en igualdad de oportunidades. De manera particular, es preciso que apoye a las personas en condición de vulnerabilidad social, garantizándoles el derecho de aprovechar las ventajas educativas.

Para que los planes de estudio y las metodologías empleadas sean aceptables, se requiere su adecuación a la cultura meta, así como calidad óptima para el estudiantado. Asimismo, debe existir una gestión democrática de la escuela, desarrollando valores, moldeando formas adecuadas para que los integrantes de la comunidad escolar puedan relacionarse con respeto, superando cualquier mecanismo de violencia y discriminación en el ámbito de la escuela.

En este particular, el sistema educativo costarricense aún no responde adecuadamente a las necesidades y expectativas del país. Pese a que se maneja de manera frecuente el concepto de inclusión social, buena parte de la población —migrantes, indígenas, personas con discapacidad, entre otros— ve limitado su acceso al conocimiento y desarrollo de sus potencialidades. Es así como, entre 2015 y 2017, no se presentaron variaciones en los indicadores de la educación, siguiendo el mismo rumbo de años anteriores. Por ejemplo, la cobertura en el nivel preescolar y el ciclo diversificado de secundaria no se amplió, el logro académico en secundaria se estancó y no se alcanzó una verdadera articulación entre los ciclos educativos (PEN, 2017).

Relevancia de la educación

Se considera que la educación es relevante en la medida que promueve aprendizajes significativos para las personas como individuos y también como integrantes de una sociedad. El desarrollo humano sustentable debe apuntar precisamente a fortalecer esta doble contribución de los seres humanos. Para dicho fin, es imprescindible potenciar el desenvolvimiento de las capacidades, habilidades cognitivas y socioafectivas, ayudar a las personas a extender sus actitudes, aptitudes y conocimientos, orientándoles en una toma de decisiones respetuosa y solidaria.

En palabras de Correa (2000), la educación debe aprovechar el poder de la mente humana, permitir un pensamiento independiente que pueda crear nuevas realidades y formas de interpretar la realidad. Se precisa que genere aprendizaje, permitiendo que las personas adquieran nueva información y la incorporen en su entorno, con la posibilidad de transformarlo. De ahí la importancia de ayudar a cada quien a descubrir lo que se puede cambiar, lo que se quiere hacer y cómo hacerlo, a aprender de lo que se hace y mejorar continuamente de una manera solidaria, para lograr un verdadero desarrollo sostenible.

En general, las escuelas y colegios continúan produciendo en el estudiantado aburrimiento, infelicidad y frustraciones, mientras que en el profesorado es frecuente la desmotivación y el cansancio. Aprender es una tarea difícil para aquellos y enseñar es una actividad compleja para los docentes. Los exámenes tampoco logran los propósitos esperados. La mayor parte de lo que se enseña a un niño o a un joven podría lograrse en la mitad de tiempo, si se le motivara y ayudara con estrategias efectivas para el aprendizaje. Aprender a aprender es esencial para ingresar en los códigos de la modernidad y tener opción de participar activamente en la dinámica social.

Como en otras partes del mundo, el fracaso escolar en Costa Rica es una problemática creciente que afecta, en mayor grado, a la niñez y juventud de escasos recursos. Dicho problema se evidencia en altos niveles de repitencia, deserción, limitaciones para optar por especialidades con mayor expectativa laboral, formación deficiente en secundaria, exclusión, entre otros conflictos. Desde todo punto de vista, el fracaso escolar tiene repercusiones en diferentes ámbitos, a lo largo de la vida de niños y jóvenes. El Ministerio de Educación Pública (MEP) ha impulsado reformas curriculares parciales que, de alguna forma, contribuyen a la permanencia estudiantil y el mejoramiento de los aprendizajes. No obstante, muchas prácticas didácticas están muy arraigadas, siendo obvia la ausencia del riguroso cuestionamiento del quehacer pedagógico y de las rutinas escolares.

Pertinencia educativa

La pertinencia de la educación establece al estudiante como centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. De tal manera, la diversidad del estudiantado, su idiosincrasia, cultura, necesidades, manera de aprender, valores, creencias e idioma no pueden ser subvalorados (López, 2012). Es un reto continuo para el sistema educativo atender esta demanda heterogénea, mediante la innovación y la construcción de propuestas flexibles que promuevan un aprendizaje significativo en cada persona. Una educación pertinente debe ocuparse en desarrollar programas y materiales de estudio que valoren la diferencia, la pluralidad étnica y el diálogo intercultural. Debe también robustecer procesos equitativos en las instituciones de enseñanza, así como fomentar valores y relaciones entre las personas que tengan como base el respeto y la promoción de los derechos humanos.

Eficacia y eficiencia

La eficacia en la educación, como parte de su aceptabilidad, corresponde a la capacidad de lograr aprendizajes significativos tanto individuales como sociales, haciendo énfasis en que los objetivos propuestos puedan ser logrados por todos en el tiempo estimado. Un sistema educativo eficiente debe funcionar de tal manera que se puedan alcanzar los objetivos deseados en el tiempo estimado, ese en que aún se pueden lograr cambios sustanciales y no en el dictado por la burocracia y las trabas administrativas.

Un elemento fundamental de la eficacia es la optimización para utilizar los recursos disponibles, con el fin de brindar la mejor educación a la mayor cantidad de personas. En palabras de Drucker, “no basta con hacer las cosas correctamente (eficiencia), hay que hacer las cosas correctas (eficacia)” (Drucker, 2003, p. 13). Mientras la eficiencia se ocupa de hacer mejor lo que se está haciendo, la eficacia se preocupa por lo que se debería estar haciendo.

Como actores importantes del proceso educativo, los docentes merecen mención aparte en este punto de la discusión, ya que su influencia buena o mala tiene un impacto directo en el modo en que los estudiantes se aproximan al aprendizaje. Ellos deberían contar no solo con la debida formación académica para la función que se les encomienda, sino también con un sistema de formación continua que apoye y mejore su gestión.

El Ministerio de Educación Pública (MEP), como principal ente empleador de los educadores, está en la obligación de mantener actualizados los perfiles requeridos para la formación de estos y de velar por su cumplimiento. Además, es imperante que establezca un proceso de certificación obligatoria, mediante el cual, cada cierto tiempo, el personal docente se certifique.

Las dimensiones que se han discutido están evidentemente interconectadas en el marco de la aceptabilidad educativa. Los requerimientos para cumplir con estas demandas son altos porque parten de elevadas expectativas sobre los estudiantes y sus potencialidades, así como del anhelo de contar con un sistema educativo que asuma seriamente el cumplimiento de las metas propuestas. En la medida en que todos los esfuerzos se orienten a lograr dichas metas, podría entonces alcanzarse una educación aceptable, con calidad para todas las personas.

Deuda pendiente de la educación en Costa Rica

La educación en Costa Rica, se sabe ya desde hace tiempo y así lo han testimoniado diferentes investigaciones, no es competitiva ni responde a los parámetros de calidad que los tiempos, el desarrollo actual y el futuro del país reclaman. Si bien el sistema educativo costarricense, así como la legislación y las políticas que lo crearon o sustentan fueron adecuados en su momento y ofrecieron buenos resultados en décadas pasadas, parecen hoy obsoletos y demandan que sean replanteados, de acuerdo con las nuevas condiciones que viven el mundo y la realidad de la nación. Se hace evidente la importancia de fortalecer el proceso de planificación estratégica de la educación, de manera que puedan organizarse las propuestas y sugerencias planteadas por la comunidad educativa y otras instancias, las cuales permitan contribuir al mejoramiento de la calidad educativa con un enfoque de derechos humanos.

La tarea de desarrollar un modelo educativo con enfoque de derechos humanos es irrenunciable. Los aportes específicos como la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, en Salamanca, España, en junio de 1994; los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas; todos los compromisos internacionales en materia de educación, niñez y adolescencia, así como las investigaciones sobre las condiciones de la población joven en Latinoamérica hablan, de manera contundente, sobre la urgencia que existe por implementar una enseñanza integral de la primera infancia. Igualmente, se busca un acceso equitativo a una enseñanza primaria y secundaria gratuita, obligatoria y de buena calidad, en condiciones que insten a reducir los niveles de deserción, atender la salud y otras necesidades particulares de la población joven, mediante programas adecuados de aprendizaje y preparación académica para la vida en comunidad.

Desde hace décadas, existe un mandato claro para suprimir las disparidades entre los géneros, las etnias, las capacidades físicas o mentales, las visiones diferentes del mundo. También, resaltan los compromisos asumidos en la Conferencia Mundial de la Educación Superior, sus trabajos, sus resultados y su Declaración (París, octubre de 1998), que constituyen aportes para orientar el desarrollo de la educación superior en este siglo. Son tantas las declaraciones y acuerdos en derechos humanos que se han formulado, pero, lamentablemente, tan escasa la atención que se les brinda, que parecieran no existir del todo. 

Los principios fundamentales de la educación costarricense permiten configurar un conjunto de políticas y estrategias de acción, para favorecer una sociedad democrática, solidaria, transparente, productiva, en armonía con la naturaleza, con valores morales, de fortalecimiento de la justicia social y desarrollo de una cultura de paz. Partiendo de esto, las políticas educativas vigentes deberían ser revisadas a la luz de los resultados de las evaluaciones de aplicación de dichas políticas, teniendo en cuenta, asimismo, los objetivos planteados en la Declaración, el Marco de Acción de Educación para Todos, los lineamientos de la educación superior para el siglo XXI, las nociones sobre los pilares de la educación y otros instrumentos orientadores de la acción educativa.

La calidad de la educación que ofrezca el país, además de otros factores o elementos, debe estar ligada a la de los educadores, así como al gran respeto por la dignidad y dignificación de la profesión docente, la cual ha sufrido menoscabo significativo en las últimas décadas de la historia. Esta dignidad y estatus del educador debe recuperarse, en aras de una educación competitiva y de calidad incuestionable. En este sentido, la educación superior universitaria que ha tenido un significativo desarrollo en formación de formadores debe revisarse a profundidad en sus fines y objetivos; su estructura; sus fundamentos epistemológicos, curriculares y técnicos, así como en su gestión, para lograr pertinencia, competitividad y respuestas, ante las nuevas exigencias del desarrollo.

La relación del desarrollo y la pobreza también es tema de influencia para la educación. La pobreza es un fenómeno que está suficientemente investigado por la academia y diferentes organismos nacionales e internacionales. Se ha identificado que la educación es básica para el desenvolvimiento armónico y equitativo tanto de los pueblos como de las comunidades, por la estrecha vinculación que existe entre ignorancia y pobreza, así como entre pobreza y subdesarrollo. En Costa Rica, al igual que en muchos países, la pobreza es correlacional con las deficiencias de la oferta educativa. Si la nación lucha por derrotarla, no podrá lograrlo sin atender, como prioridad sustantiva, la calidad de la educación en óptica cuantitativa y cualitativa.

Conclusión

El enfoque de derechos humanos en la educación tiene como meta promover la inclusión sobre la base de que todas las personas son iguales en valor y dignidad. La entrada en vigor del derecho internacional sobre derechos humanos propicia que los sistemas educativos sean examinados, de modo que se eliminen los obstáculos en el acceso a la enseñanza y la inclusión educativa sea una realidad cada vez más palpable.

La educación realmente inclusiva apunta a la autonomía y la solidaridad en reemplazo de rivalidades entre las personas. Se busca, también, la construcción del pensamiento complejo del que hablaba Morín, un saber que respeta las diferencias cognitivas, así como los contrastes de etnias, lenguas, ideologías y formas de conocer el mundo.

Los docentes, en un sistema inclusivo y de derechos humanos, deben tener claridad en algunos aspectos puntuales:

• La persona docente media contenidos de estudio para propiciar aprendizajes significativos, no es poseedora de la verdad o conocimiento últimos.

• El objetivo de la educación es la construcción de conocimientos útiles para dignificar la vida. Por tanto, las actitudes y el comportamiento de las personas docentes pueden incidir en la eliminación de prácticas discriminatorias o violentas entre sus estudiantes.

• El currículo se compone de materias distintas, pero estas pueden integrarse en un contexto común. La tarea educativa consiste no tanto en brindar información sino, más bien, en enseñar la manera en que se estructura el modo de pensar.

• La educación es relevante en cuanto promueve aprendizajes significativos para las personas como individuos y también como integrantes de una sociedad.

El enfoque de derechos humanos señala que la educación no puede tratarse como un negocio. Tampoco es un medio para promover desarrollo meramente económico; debe orientarse a promover calidad de vida, bienestar y equidad dentro y fuera de las aulas. Los derechos humanos no deberían ser vistos solo como un componente curricular, sino como una práctica integral para la construcción de sociedades más justas y felices.

La educación en Costa Rica no ofrece las condiciones que los tiempos, el desarrollo actual y el futuro del país reclaman. Si bien el sistema educativo costarricense fue adecuado en otro momento, ha caído en la obsolescencia en múltiples aspectos y demanda mejoras en todo nivel. No puede ignorarse que, a través de su historia y especialmente en sus últimos tiempos, la nación ha hecho un gran esfuerzo por la universalización y la equidad de la educación. Sin embargo, la presión de los cambios plantea demandas, las cuales hacen que dichos esfuerzos sean insuficientes y, por lo tanto, que el país deba imprimir mayor voluntad y energía, desarrollando planes, programas y proyectos a la luz de los derechos humanos. Este desafío no admite ninguna postergación.

Referencias

Correa de M., C. (2000). Aprender y enseñar en el siglo XXI. Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio.

Drucker, P. (2003). La empresa de la sociedad que viene. Madrid: Ediciones Urano.

Durán-Gisbert, D. y Giné-Giné, C. (2017). La formación del profesorado para la educación inclusiva: Un proceso de desarrollo profesional y de mejora de los centros para atender la diversidad. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 5 (2): 153-170.

Gobierno de Costa Rica. (2015). Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante. San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

Hessel, S. (2011). ¡Indignaos!: un alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica. Traducción de Moreno Lanaspa, T. Barcelona: Destino.

López-Melero, M. (2012). La escuela inclusiva: una oportunidad para humanizarnos. Revista Interuniversitaria de formación del profesorado, 26(2):131-160.

Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría de Estado de Educación. (1994, 7-10 de junio). Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: acceso y calidad. Declaración de Salamanca. Salamanca: UNESCO.

Morín, E. (1999). Los sietes saberes necesarios para la educación del futuro. Francia: UNESCO.

Muntaner, J. J. (2017). Prácticas inclusivas en el aula ordinaria. Revista de Educación Inclusiva, 7(1), 63-79.

Muñoz, V. (2009). El mar entre la niebla. El camino de la educación hacia los derechos humanos. Costa Rica: Luna híbrida ediciones.

Muñoz, V. (2014). El derecho humano a la educación. Sinéctica, (42), 1-10. https://doi.org/10.12804/anidip02.01.2014.01

Naciones Unidas. (2015). Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2015. Nueva York: Naciones Unidas.

Programa Estado de la Nación. (2010). Tercer Informe Estado de la Educación. San José: PEN.

Programa Estado de la Nación. (2017). Sexto informe estado de la educación. San José: PEN.

UNESCO. (2000, 26-28 de abril). Foro Mundial sobre la Educación. Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes: comentario detallado del Marco de Acción de Dakar. Dakar, Senegal: UNESCO.

UNESCO. (1998, 5-9 de octubre). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. La educación superior en el siglo XXI, visión y acción. París: UNESCO.

UNICEF. (2008). Un enfoque de la educación para todos basado en los derechos humanos. Nueva York: UNICEF.

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