Revista Latinoamericana de Derechos Humanos
URL: http://www.revistas.una.ac.cr/derechoshumanos
Volumen 31 (1), I Semestre 2020
ISSN: 1659-4304 • EISSN: 2215-4221
Doi: http://dx.doi.org/10.15359/rldh.31-1.1
Recibido: 23-11-2019 • Aceptado: 19-3-2020

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De cómo migré desde Venezuela hacia Costa Rica: certezas e incertidumbres. El testimonio como una herramienta necesaria para problematizar la institucionalidad costarricense en términos de procesos migratorios How I migrated from Venezuela to Costa Rica: certainties and uncertainties. Testimony as a necessary tool to problematize the Costa Rican institutionality in terms of migratory processes Como migrei da Venezuela para a Costa Rica: certezas e incertezas. O testemunho como ferramenta necessária para problematizar a institucionalidade da Costa Rica em termos de processos migratórios Jimena Palma Chacón1 Roxana Segura Rodríguez2 Dylanna Rodríguez-Muñoz3 Daniel Fernández Vásquez4

Resumen El sostenido aumento de movilizaciones desde Venezuela hacia Costa Rica se presenta como un fenómeno altamente complejo cuya revisión ha agotado rápidamente las categorías tradicionales de análisis. Es por esto que, desde una perspectiva de Derechos Humanos, el presente artículo se articula desde el relato y la experiencia de la persona migrante como una herramienta necesaria para evidenciar las falencias y las limitaciones del entramado institucional que acoge, en Costa Rica, quienes se movilizan desde Venezuela. El acceso al debido proceso, a la información, e inclusive, al derecho a migrar (o a no verse obligado a hacerlo) se pone en tela de juicio desde la experiencia narrada por Andreina, quien migró a Costa Rica en búsqueda de mejorar su calidad de vida. Esta experiencia resulta vital para deconstruir el discurso que, desde las instituciones que regulan el acceso de migrantes y desde el Estado como garante de Derechos Humanos, se ha perpetuado. Tanto una revisión breve del contexto geopolítico venezolano, como el análisis del relato, logran corporalizar violencias estructurales y culturales que son reproducidas por la institucionalidad y por las políticas públicas diseñadas para contener la creciente movilización humana en toda Latinoamérica. Palabras clave: movilizaciones, Derechos Humanos, testimonio, integración. Abstract The sustained increase in mobilizations from Venezuela to Costa Rica appears as a highly complex phenomenon, the revision of which has quickly exhausted the traditional categories of analysis. This is why, from a human rights perspective, this article is based on the story and experience of the migrant as a necessary tool to highlight the shortcomings and limitations of the Costa Rican institutional framework that embraces individuals mobilized from Venezuela. Access to human rights, for example, guarantee to due process and information, and even the right to migrate (or not to be forced to do so) is questioned from the experience narrated by Andreina, who migrated to Costa Rica seeking to improve her quality of life and whose experience is vital to deconstruct the discourse that has been perpetuated by the institutions that regulate the access of migrants and by the State as guarantor of human rights. Both the geopolitical analysis of the Venezuelan context, as well as the analysis of her story, manage to materialize the structural and cultural violence that are reproduced by the institutional framework and public policies designed to contain the growing human mobilization throughout Latin America. Keywords: Mobilizations; Human rights; Testimony; Integration. Resumo O aumento sustentado das mobilizações da Venezuela para a Costa Rica aparece como um fenômeno altamente complexo, cuja revisão esgotou rapidamente as categorias tradicionais de análise. É por isso que, do ponto de vista dos direitos humanos, este artigo se baseia na história e na experiência do migrante como uma ferramenta necessária para demonstrar as deficiências e limitações do quadro institucional que acolhe, na Costa Rica, pessoas mobilizadas de Venezuela. O acesso aos direitos humanos, por exemplo, ao devido processo e informações, e até o direito de migrar (ou não ser forçado a fazê-lo) é questionado pela experiência narrada por Andreína, que migrou para a Costa Rica tentando melhorar sua qualidade de vida e cuja experiência é vital para desconstruir o discurso perpetuado pelas instituições que regulam o acesso dos migrantes e pelo Estado como garantidor dos direitos humanos. A análise geopolítica do contexto venezuelano, como a análise da história, consegue materializar a violência estrutural e cultural reproduzida pelo arcabouço institucional e pelas políticas públicas destinadas a conter a crescente mobilização humana em toda a América Latina. Palavras-chave: Mobilizações; Direitos humanos; Testemunho; Integração.

Introducción

La migración es un fenómeno consustancial a la humanidad que ha modificado civilizaciones, ha redefinido fronteras, ha contribuido con avances tecnológicos que acarrean beneficios y desarrollo social y económico. La movilidad propicia un proceso de transformaciones internas, tanto en los países de salida como en los de acogida. Las personas migrantes, desde una perspectiva muy general, tienen entre sus motivaciones principales, la búsqueda de bienestar, protección y oportunidades profesionales y económicas, pero no siempre estas decisiones dependen únicamente de motivaciones voluntarias.

Los procesos de movilidad de un país a otro, con carácter de permanencia o temporal, pueden deberse a diversas causas, desde la percepción del contexto y las oportunidades que tienen las personas para desarrollarse en otros espacios hasta conflictos armados o crisis políticas. Al tener en cuenta estas consideraciones se explica el desarrollo del proceso migratorio venezolano como dimensión de una crisis interna, pero también en respuesta a un proceso geopolítico que en gran medida, se debe a los intereses de los bloques hegemónicos de poder sobre las riquezas en bienes comunes, principalmente minerales y petróleo, así como la influencia en la región de ese país del Cono Sur. 

Desde una perspectiva histórica, en el caso de Venezuela el proceso migratorio se identifica como una transición significativa, en la cual pasa de ser un país receptor −durante buena parte del siglo XX− a uno emisor de personas con diversas condiciones, grupos etarios, distintos niveles de clasificación, jóvenes, profesionales, e incluso, la salida de personas extranjeras que en algún momento habían considerado esta nación como una posibilidad para desarrollar sus planes de vida.

Las características de quienes se movilizan han variado considerablemente en los últimos dieciocho años. En principio emigraban personas con alta preparación académica, luego salieron profesionales de grupos etarios cada vez más jóvenes, quienes tenían un plan en el país receptor. Sin embargo, lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años, en los que se presenta un debate sobre propuestas políticas y contradicciones frente al gobierno de turno, ha transformado el proceso migratorio de ese país en una generalización en la población venezolana, pues no se da un contexto socioeconómico único.

Un aspecto fundamental al estudiar las movilizaciones humanas, son las violencias como eje transversal en estos procesos, siendo los cuerpos no binarios y de las mujeres, quienes sufren mayores expresiones de agresividad. En general, la migración impacta de forma integral a quienes deben irse: deterioro de las relaciones familiares, duelos por todo lo que se deja atrás, reinicios de planes de vida, y en ocasiones, se presentan oportunidades de retomar o reiniciar proyectos, encontrar seguridad o incluso “libertad”.

Sumado a esto es importante señalar que en una amplia mayoría de situaciones, la migración se da como respuesta a la negación al acceso a derechos humanos básicos: trabajo, salud, educación, vida digna, etc. En otras, es quizá la proyección de que las condiciones de tutelaje de las garantías personales y sociales están en deterioro, tal como veremos, fue el caso de la entrevistada. Sin embargo, el llegar a un nuevo país no significa escapar de estas violencias estructurales. La burocracia y los diferentes procesos de regularización pueden implicar la negación (de nuevo) de condiciones dignas mientras se suman además otras formas de vulnerabilidad, cómo la revictimización constante y la xenofobia. 

Algunos datos de las personas venezolanas en Costa Rica

Otro aspecto que se puede resaltar, es que no solo países desarrollados son receptores de personas migrantes venezolanas, sino también, países cuyo desarrollo económico es inferior al que una vez tuvo su país de origen. Incluso pequeños como Costa Rica, son parte de los destinos para la movilización de esa población.  En este último, datos del 2018 de la OIM (2019), señalaban que para octubre de ese año, aproximadamente, 27 000 personas de nacionalidad venezolana se encontraban en el país. De estas 48 % se identificó en condición de desempleo y 69 % tenían algún dependiente.

Así mismo, para el 2019, desde la organización RET Internacional, se llevó a cabo el proyecto “Gestión y autosuficiencia: una propuesta para la integración de solicitantes de asilo venezolanos y migrantes vulnerables en Costa Rica 2018-2019”, en el cual se atendieron cerca de 965 personas en total, de las cuales 672 eran adultas. De estas, 411 señalaron, al ingresar por primera vez al proyecto, sentirse entre “muy mal” a “regular” en el nivel emocional (RET, 2019).  

Además, con respecto a las personas menores de edad, desde este mismo proyecto se señala que todas las atendidas tuvieron acceso a salud y educación. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones han tenido necesidad de acudir a la ventanilla de Validación de Derechos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pues de primera entrada les suelen negar el aseguramiento. Es bastante más complicado para las personas mayores de edad, de las cuales solamente 201 de 672 tienen acceso a sistemas de salud (esto no implica que cuenten con seguro en la CCSS, ya que pueden ser estar asegurados por vía privada y la mayoría de veces lo han recibido en clínicas de bajo costo) (RET, 2019). 

Sumado a esto, al menos 240 grupos familiares tuvieron acceso a la atención (no necesariamente, aprobación de subsidio) en el IMAS y solamente 194 personas señalan tener conocimiento sobre sus derechos y deberes en Costa Rica. Es importante mencionar que 624 personas (de las 965) requirieron algún tipo de apoyo, ya que sus ingresos no permitían cubrir sus necesidades básicas (techo, alimentación, educación, salud) (RET, 2019).

Sobre el relato como herramienta de análisis

En términos de abordaje analítico y reflexivo, se ha identificado una escasa producción académica e institucional en relación con el tema que nos convoca (acceso a derechos por parte de personas migrantes venezolanas en Costa Rica). Se reconoce así, la importancia de partir de las propias experiencias de estas personas como fuente de análisis y reflexión para la transformación. Es por ello que el relato, como veremos, constituye una herramienta para comprender los procesos de movilización humana desde los sujetos políticos que los experimentan, con las implicaciones emocionales y sensoriales que implican estos contextos.

El proceso de moverse y transitar de un país a otro no puede ser analizado fuera del entramado social, político y económico dentro del que se enmarca. Si bien el estudio de las migraciones y sus distintas dimensiones se ha acrecentado en las últimas décadas en coherente relación con el aumento de quienes se movilizan, sigue siendo necesario evitar que estos análisis se centren únicamente en aspectos socioeconómicos y demográficos que además, se constituyan fórmulas que generalizan los motivos, las circunstancias y las características de los migrantes.

Desde el enfoque crítico de Derechos Humanos, cuestionamos además la percepción de que la estos procesos de tránsito constituyen siempre un fenómeno voluntario, pues en el caso del presente relato, las violencias invisibles (estructurales y culturales) convierten al contexto de origen en uno que no necesariamente ofrece las condiciones para permanecer en él. (Calderón, 2017, p. 275)

Es en esta línea que se pretende entonces, visibilizar la individualidad de quién migra, su relato, su voz y sus vivencias como una forma de reforzar la inminente complejidad de los fenómenos de esta índole y las problemáticas que surgen, contra la garantía de los derechos humanos cuando alguien se moviliza hacia otro país o región. El análisis desde el relato es entonces una forma de posicionamiento que rechaza la simplificación de la migración, pues es “en la voz de los protagonistas que narran su propio éxodo donde se encuentran las claves para la comprensión de este proceso” (Calderón, 2012, p. 274).

El relato es entonces una forma de visibilizar violencias estructurales-culturales y de cuestionar las falencias en los sistemas que pretenden tutelar los derechos humanos de las personas migrantes. Más allá de esto, constituye, según Randall (2002): “la posibilidad de reconstruir la verdad” (p. 39), debido a su estrecha relación con la historia y la capacidad de reescribirla desde voces particulares que pueden representar colectivos enteros que han sido constantemente minimizados e invisibilizados.

Bajo este armamento teórico se posiciona el relato como una herramienta fundamental para realizar un análisis crítico de los contextos políticos, sociales y económicos que motivan e intentan contener la las movilizaciones. Pues entendemos que tanto el derecho a no tener que verse forzado a migrar, así como el derecho a migrar y ser acogido por otro país tienen que ser considerados a la hora de tutelar y resignificar los derechos fundamentales de las personas. Siguiendo esta línea, Calderón (2017) apunta a que:

…cada relato personal es un fragmento de una historia social de la que todo sujeto es parte esencial y complemento, la historia oral −como aproximación a los procesos migratorios− ofrece elementos que se vuelven clave para entender, desde una sola historia, el devenir del mundo en muy diversos temas que pueden rebasar, con mucho, al proceso migratorio mismo, como son las consecuencias globales de la demografía, la ecología, los sistemas políticos, la violencia, la desigualdad (p. 272).

Así, el presente análisis de relato pretende además, posicionarse como una herramienta para cuestionar los mecanismos de recepción, integración y garantía de los Derechos Humanos para las personas migrantes en Costa Rica; la presente reflexión hace especial énfasis en los procesos de solicitud de estatus regular, permisos de residencia, acceso a la información y garantía y tutela de las garantías básicas en Costa Rica como contexto de acogida. 

En el caso específico de esta recopilación del testimonio, el relato se ubica dentro de las crecientes migraciones desde Venezuela hacia Costa Rica, producto, en parte, de la crisis política y social que ha sufrido este país, aproximadamente, desde inicios del 2013. Sin embargo, la salida de venezolanos ha ido en aumento desde 1999, con un vínculo importante a la elección de Hugo Chávez y los cambios constitucionales realizados. Sumado a esto, la experiencia recopilada recoge un tipo de migración (sin que esto la caracterice por completo o la limite a esta categoría) que se da a partir de la creciente movilización de jóvenes calificados. Es decir, con grados universitarios y de posgrado que emigran en búsqueda de oportunidades de crecimiento profesional y laboral.

No porque esta sea la motivación principal de la migración hay que perder de vista que se trata de una situación estructural, es decir, la fractura política y económica del país da pie a que se reduzcan las oportunidades laborales al mismo tiempo que genera otras condicionantes que empujan la salida de estas personas. Por ejemplo, la creciente inseguridad, los altos niveles de violencia y la imposibilidad del acceso a bienes necesarios para una vida digna. 

Según una investigación reciente, referente a la relación entre el clivaje político venezolano y la migración, un 75 % de la muestra tiene un nivel académico de posgrado, se evidencia en esta selección demográfica un nivel alto en educación formal, lo cual se debe a que la accesibilidad al estudio en el contexto venezolano, al menos hasta el 2010, era alta. Además de esto.

…un 50% de los venezolanos migrados justifican como causa de movilización la capacitación y búsqueda de nuevas oportunidades, siendo una causa normal dado el nivel de especialización que tienen los encuestados de la muestra, un 35% si se suman la crisis política y la inseguridad personal como causas políticas aducen a esta causa y, el 15% restante atribuye su movilización por causas de arraigo (León, 2010, p. 63). 

En esta misma muestra, el autor señala que, aunque la mayor parte de los individuos entrevistados afirman que emigraron con la principal motivación de ampliar su capacitación y mejorar su calidad de vida, aceptarían retornar al país si el escenario político se modificara, así como las múltiples problemáticas asociadas a este. Las condiciones para considerar el retorno a su país incluyen el cambio de presidente (referente a Hugo Chávez), la disminución de la inseguridad y la aplicación de estrategias que ayuden a disminuir la crisis económica (León, 2010, p. 66).

Breve contextualización geopolítica e histórica

Si bien para este texto no profundizaremos en el contexto venezolano, si consideramos importante presentar brevemente, algunos datos que permitirán comprender de mejor manera los procesos de movilización desde este país. Podemos iniciar señalando en palabras de Edgardo Lander (2017), que la crisis que atraviesa actualmente Venezuela no puede ser resumida a los últimos años, incluso ni siquiera al período del chavismo. Es más bien un proceso que se ha venido desarrollando desde los ochenta. Se trata de:

una crisis derivada del agotamiento del modelo petrolero-rentista. El petróleo no se ha agotado (Venezuela todavía cuenta con las reservas más grandes del planeta), pero el modelo ha alcanzado su límite, con una estructura social, un patrón de Estado, un patrón cultural y un patrón de organización de los partidos altamente dependientes de la explotación petrolera (Lander, 2017, p. 8).

Sin embargo, es posible ubicar una profundización de dicha crisis en los años 2013 y 2014, cuando se da una caída de los dos pilares en que se asentaron la economía y la política venezolanas. Estos eran, la figura de Hugo Chávez y la caída del precio del barril de petróleo en el mercado mundial (Lander, 2017). A esto se deben sumar las presiones políticas y en momentos injerencistas por parte de otras potencias en la política venezolana (Teruggi, 2017).

Así, algunos autores como Freitez, citado por Castillo y Reguant (2017), señalan como causas de las movilizaciones “el hecho de no visualizar oportunidades de desarrollo individual y la inseguridad personal se han convertido en las razones más frecuentes de la emigración venezolana” (p. 142). Esto sumado a violencias directas en desvirtud de la tutela de los derechos humanos por parte del Estado, como la persecución política, expresada en violencia física contra opositores y la tortura de manifestantes, y otras formas de violencia estructural como despidos masivos por oposición al régimen y su posterior fichaje para que les resulte imposible ser contratados, constituyen un complicado clima político que permea cada vez más la vida de los y las venezolanas.

A este contexto se suma la negligencia del gobierno en materia de inseguridad ciudadana, el aumento en la criminalidad, en la tenencia de armas, el narcotráfico y la creciente impunidad. Según los autores, “pareciera que hubiese un interés político para promover la inacción ciudadana, ya que la población ha asumido una especie de toque de queda que inicia al caer la noche para proteger la vida” (Castillo y Reguant, 2017, p. 146).

En el nivel económico es importante mencionar la implementación del tipo de control de cambio fijo, desde el 2003, lo cual acarrea una serie de complicaciones para las finanzas que ya de por sí, son mal manejadas por el gobierno nacional. Una de las mayores limitantes en este sentido es el surgimiento de un mercado negro o paralelo, pues el gobierno se ha encargado de restringir la adquisición de divisas por parte de los habitantes. 

Estas trabas al crecimiento de la economía nacional, que es la que sustenta la accesibilidad a bienes de las personas venezolanas, se han perpetuado ya entrado el gobierno de Nicolás Maduro, quien además se encargó de controlar los precios, de cerrar empresas y como consecuencia, elevar las tasas de desempleo. Según Castillo y Reguant (2017), después de la implementación de la Ley de Precios Justos en el 2014, 77 839 compañías venezolanas quebraron, seguida esta cifra por 58 000 más en el 2015.

Quizá uno de los aspectos más complejos en el nivel de derechos humanos, que ha generado la crisis venezolana es la escasez y el dificultoso acceso a productos básicos. Según datos recopilados por Castillo y Reguant (2017), 8 de cada 10 artículos considerados como de necesidad primaria no se encuentran en los supermercados (por ejemplo: arroz, aceite, mantequilla, harina, leche, pasta y papel higiénico). Sumado a esto, el proceso de compra se limita y solo pueden ser adquiridos en días específicos determinados por el número del documento de identidad de las personas. Esta dificultad para acceder a bienes ha generado también, el surgimiento de un mercado paralelo en el que se paga hasta 1000 veces más el valor real de los bienes. 

Para visibilizar el costo de la vida en cifras económicas, siguiendo el estudio de Castillo y Reguant (2017):

…según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FMV), para el 2008, se debía tener un salario de cuatro sueldos mínimos para adquirir los productos básicos. Para mayo de 2016 el cálculo resulta inverosímil: el salario mínimo 15.051 Bs.F, y la canasta básica 203.943,95 Bs.F. Algo imposible de alcanzar, se requieren 13 salarios mínimos para adquirir los productos básicos de una familia de 5 miembros (p. 153).

Este complejo entramado social, económico y político se manifiesta en múltiples violencias hacia los venezolanos, pues en medio de la complejidad, no se afecta solo la economía, sino también el empleo, la salud y el acceso a condiciones para asegurarse una vida digna. 

Al considerar estos datos, autores como Páez y Vivas (citados, en Acosta, Blouin & Feline, 2019), señalan que si bien se da un aumento de la migración a partir de 1999, es importante reconocer las características de estas movilizaciones, para lo cual estos autores las dividen en tres fases. Una primera que es marcada por:

…personas de clase media-alta, empresarios y estudiantes, con Estados Unidos y Europa como principales destinos. Dicha emigración fue, sin embargo,muy reducida y, entre 2005 y 2010, el número de venezolanos residentes en el exterior apenas se incrementó de 378.000 a 521.000 personas. La decisión de migrar se debió, según Páez y Vivas, a varios factores, incluidas tensiones políticas y sociales, así como la creciente inseguridad y la nacionalización de varias industrias en Venezuela. (Acosta, Blouin & Feline, 2019, p. 4).

Después de esto, en 2012, inicia una etapa que coincide con la caída del alto precio en materias primas y más adelante con la muerte de Hugo Chávez como referente político, como mencionamos anteriormente. Según Acosta, Blouin & Feline (2019, p. 5) “en esta segunda fase, los perfiles de los migrantes fueron más diversos, e incluyeron a personas de diferentes estratos sociales. Los destinos también se diversificaron y, aunque hubo venezolanos y venezolanas que continuaron migrando a Estados Unidos y Europa, otros empezaron a establecerse en países vecinos como Colombia, Panamá y República Dominicana”. Después de esto, en 2015, inicia una etapa que ha sido denominada por autores como Páez y Vivas (citados en, Acosta, Blouin & Feline, 2019, p. 5) como “migración de la desesperación. En esta fase, que perdura a comienzos de 2019, han emigrado alrededor de tres millones de venezolanos, aunque los datos no muestran un número exacto”

Si bien, tenemos claro que poder comprender el contexto venezolano conllevaría una labor mucho más profunda y minuciosa, para este caso nos limitaremos a este breve acercamiento. Esto considerando que los fines de la presente reflexión se orientan hacia comprender las experiencias de quienes migran desde su vivencia y las representaciones que han construido de sus realidades. Siendo nuestro fin con este apartado simplemente dar una breve idea del punto de partida de estas personas, más allá de estudiar los usos políticos y económicos de dichos procesos e imaginarios.

Descritas brevemente las realidades políticas, económicas y sociales venezolanas, es necesario entonces lanzar la interrogante de ¿cómo es posible garantizar el derecho a una vida digna, al trabajo y a la salud en un contexto de crisis generalizada como este? ¿Cuáles son las opciones que quedan, si el Estado, primer garante de los derechos humanos, los violenta sistemáticamente? Ya sea por acción u omisión. Estas preguntas surgen del espacio de salida, pero en el de llegada, también genera infinidad de cuestionamientos para quien migra, ¿bajo qué estatus me puedo situar para residir en este país y cuáles son mis condicionantes? ¿puedo acceder a una mejor calidad de vida aquí?

Antes de presentar a profundidad el relato de Andreina, quisiéramos hacer énfasis en que si bien Costa Rica (como el contexto de llegada) está acogida a todos los convenios internacionales referentes a las movilizaciones humanas y cuenta además con una Ley General de Migración y Extranjería, una oficina establecida del ACNUR y otra de la OIM el estatus diferenciado que se le da al extranjero pasa por una problemática de exclusión perpetuada desde la institucionalidad. “La ampliación de la ciudadanía y del estatus migratorio, que constituyen perspectivas que no pueden escapar a la tendencia inherente a la exclusión pues en todas ellas la membresía o ciudadanía nominal se conserva para mantener al margen a los extranjeros” (Estévez, 2016, p. 82-83). Esta visión de regular mediante el ordenamiento descrito, como veremos, se impone sobre un reconocimiento y aplicación de los Derechos Humanos, ya que inmediatamente excluye a los individuos y condiciona el acceso a sus derechos.

La experiencia en un relato. Entrevista con Andreina, migrante venezolana con ya más de dos años en Costa Rica 

Comprender el contexto sociopolítico en países como Venezuela y Costa Rica nos puede brindar una panorámica sobre la vivencia de migración que tienen las personas. Sin embargo, no es sino a través del relato de ellas que se puede llegar a comprender los laberintos burocráticos, los duelos, los retos, lo bueno y lo malo que se vive en estos procesos. Así, para este caso y para intentar comprender la experiencia de Andreina, ubicaremos al menos cuatro momentos: la salida, la llegada, la integración y la actualidad.  

La salida (una salida no tan abrupta, justo a tiempo)

El contexto sociopolítico en Venezuela era cada vez más complicado. Es ahí donde se empieza a barajar la posibilidad de migrar. A pesar de estar en una familia con niveles educativos altos deciden buscar trabajo fuera de su país. “En el 2015 mi mamá y su pareja (mis papás son divorciados) ellos decidieron buscar trabajo en otro país porque ya la situación económica se estaba poniendo muy difícil en Venezuela” (Entrevista 1, 2019).

La salida previa de parte de la familia permitió un cierto “planeamiento”. Sin embargo, las condiciones burocráticas en Venezuela con el pasar del tiempo se iban agravando. Incluso para que al día de hoy, Andreina haya realizado su salida “justo a tiempo”. Esto considerando la forma en que ha evolucionado la situación de su país hasta la fecha:

¿En Venezuela? Mira yo me hubiera quedado más tiempo y hubiera sido increíblemente difícil salir porque yo salí de Venezuela con un retraso de 4 meses. Yo me iba a mudar aquí en enero del 2017 y me terminé mudando en julio ¿por qué?, porque sacar mis documentos y apostillarlos  para que tuvieran validez internacional, mis documentos los perdieron. Me retraso el hecho que yo no conseguía pasaje nacional porque yo vivo en el exterior del país en el sur de Venezuela” (Entrevista 1, 2019).

En retrospectiva, para Andreina y su familia, la sensación era de un inminente riesgo. Tanto en el nivel laboral como de seguridad y de proyecciones hacia el futuro. “La situación económica y política de mi país nos ha dejado como en una crisis, la delincuencia aumentó muchísimo, no hay trabajo para personas jóvenes”.

La llegada (entre la burocracia y el choque con la realidad)

Al salir del país y migrar hacia otro, las expectativas no siempre se mantienen con la realidad. Sobre todo, al darse cuenta de que el camino a recorrer para lograr “la regularización” de su condición es más un laberinto con distintas pruebas, que un camino liso y bien trazado. El poder acceder por medio del debido proceso se complica, la información no siempre es correcta y es en ocasiones contradictoria. Esto sumado al llegar a un nuevo país conlleva su carga emocional, así como diferentes consecuencias en las posibilidades de acceder o no a una vida digna, trabajo, salud, educación y otros derechos básicos. Este tipo de situaciones generan una marcada desigualdad que en ocasiones conlleva a personas cuyas posibilidades económicas ya son complicadas a caer en otras peores: 

yo siento que por mi educación un poco y por mi conocimiento a nivel de derecho, que soy una profesional del derecho en Venezuela sí se me hizo un poquito más sencillo que otra persona. Otra persona que no tenga ese conocimiento o que no tenga ayuda, mira que he escuchado muchas historias de personas que han sido estafadas, porque confían todo en lo que les diga capaz un abogado y no son agentes de migración (Entrevista 1, 2019).

Dentro de este laberinto, al menos para Andreina, el poder acceder a un trabajo jugó un papel importante en su vivencia de este laberinto burocrático. Con respecto a su núcleo familiar estas complicaciones llegaron a significar en algún momento la consideración de regresar a su país: “De hecho mi papá en el momento pensó en devolverse a Venezuela la verdad. Pero gracias a Dios él consiguió trabajo primero que yo y ahí se fueron arreglando las cosas básicamente”.

La oportunidad de emplearse, los trámites para obtener documentación y la posibilidad de acceder a alguna condición migratoria que permita incorporarse al mercado laboral, no es algo sencillo. (Entrevista 1, 2019): “Buscar trabajo también es un poquito engorroso porque acá en Costa Rica un trámite migratorio que te permita tener trabajo y carné de trabajo es muy complicado, tienes que venir seguro por refugio y si tu pides residencia por tener vínculo con residentes como lo hice yo tarda muchísimo tiempo” (Entrevista 1, 2019).

Dentro de este laberinto entran a jugar también posibles empleadores, quienes ante la restricción de contratación y los castigos legales a los que se pueden enfrentar no dan el más mínimo margen de espera para las personas migrantes, aun cuando su proceso ya esté abierto y en trámite, señala Andreina que, durante esa espera de tener “el plástico”, la búsqueda de trabajo se convierte en un proceso complicado: “por eso a mí me tardó seis meses conseguir empleo, fue bien frustrante. Tanto para mí como para mi papá” (Entrevista 1, 2019).

En este proceso de llegada y búsqueda de una estabilidad, se mezclan diferentes emociones que no pasan sin dejar huella en quienes deciden movilizarse. El no poder acceder a un trabajo se suma a una burocracia contradictoria, sin normas realmente claras y con poco acceso real a la información. Si bien esta se encuentra “a la mano”, podríamos decir que varía según la mano que la brinde. Lo cual lleva a ir de ventanilla en ventanilla recibiendo distintas respuestas que se convierten en en una imposibilidad material que se vuelve “engorrosa” y “desesperante”:

…vieras que la burocracia acá es increíble, ese tema de hacer los papeles y empezar a buscar trabajo vieras que fue una experiencia muy engorrosa porque migración te dice que tus papeles están en tránsito, tú estás legal acá, pero un banco no te deja hacer una cuenta bancaria si tú no estás en un mínimo de 3 meses acá y un proceso migratorio se puede tardar años entonces eso es una desesperación increíble porque, por un lado Migración te dice que estás bien te firma tus papeles y te va dando updates y por otro lado no te puede abrir una cuenta en el banco (Entrevista 1, 2019). 

El acceso a la educación y a la salud en esos primeros momentos de llegada, al menos para las personas menores de edad suele ser más “sencillo” en el nivel administrativo, según la experiencia vivida por la entrevistada. Sin embargo, una vez cumplidos los dieciocho años la historia es muy distinta. Situación que vivieron Andreina y su familia con el hijo de la pareja de su papá, la cual chocó con la de él y ella al ser ya mayores de edad:

Ella lo pudo meter al cole, digamos a la escuela y cero rollo, lo aceptaron como a mitad del año escolar y no hubo ningún problema. A nivel de salud vieras que es un tema. Cuando tú llegas y estás en ese esperar a que te salga tu status migratorio que pueden tardar años. Tú no, a menos que sea una emergencia no eres atendido por la caja. No tienes acceso a ebais, entonces todos los pagos con respecto a salud tienen que ser de forma particular y privada lo cual tienen un costo muchísimo más elevado (Entrevista 1, 2019).

Finalmente, el torbellino de emociones choca con una realidad fuera del imaginario “idílico” que se manejaba sobre el lugar de llegada y aunque Costa Rica he construído una identidad diferenciada del resto de países centroamericanos, la delincuencia si bien se vive en niveles más bajos, sigue estando presente:

Lo que cambió mi percepción cuando yo vine la primera vez me sentí bastante segura, porque era la primera vez que venía a este país y en contraste a lo que yo estaba acostumbrada de esa delincuencia tan agresiva a esta ilusión de tranquilidad en ciertas partes, oye era increíble, por ejemplo, cuando yo me mudé de verdad yo sufrí un robo aquí pero no fue a mano armada, simplemente fue un carterista, pero entonces al momento de vivir acá si me doy cuenta de que acá sí hay delincuencia. Que acá yo si me puedo sentir insegura, que acá yo no quiero sacar mi celular en la calle al igual que yo no lo hacía en Venezuela, pero claro acá hay menos seguridad de que algo en serio va a suceder, en Venezuela era una certeza aquí es una incertidumbre, por decirlo así. 

Vemos entonces como el llegar a Costa Rica lejos de significar una entrada a un futuro prometedor, supone un laberinto burocrático, donde la frustración ante su inmovilidad y contradicción es una constante. Un discurso señala el respeto a derechos humanos básicos, pero es imposible trabajar de forma regular para poder satisfacer necesidades de primera mano..

La integración (la burocracia sigue y ahora el choque es cultural)

El proceso de regulación no es para nada corto, ni mucho menos lineal. Y como vimos desde la llegada los lineamientos no están muy claros, ¿a dónde ir? ¿qué hacer? Y aún más allá, la impersonalidad de la burocracia se hace presente en cada intento de establecerse. No hay respuestas y cuando aparecen, son a través de papeles, cuya impresión tarda bastante más que las necesidades:

Resulta que yo hago mi solicitud en septiembre del 2017 y mi cédula que me la entregaron así en físico fue en diciembre del 2018. Más de un año después. El proceso honestamente, o sea, la información está, pero vieras que no es tan específica y yo sufrí eh, que cuando yo fui a hacer mi proceso había una ambigüedad. Había muchos requisitos y uno de ellos era una declaración jurada por parte de mi mamá para el hecho de que yo era su hija y que yo si estaba haciendo todos trámites por el hecho de yo ser mayor de edad. Cuando el trámite lo hace un menor de edad es mucho más sencillo. Entonces resulta y sucede que ellos te piden hasta un estatus económico de mi mamá y todo el asunto y yo pregunté, la propia persona de migración, la persona que me recibe los papeles y me hace el proceso y ella no me dijo que me faltaba un trámite. Me dijo puede ser A o B, no me dijo que tenían que ser los dos. Y por eso, eso me retrasó mi proceso seis meses. Porque cuando me salió mi resolución decía que me faltaba un documento. O sea, más de seis meses para decirme, te falta un documento, cuando fue una funcionaria de migración la que me brindó la información. Eso me hizo sentir terrible porque eso me retrasó el hecho de que me dieran el plástico. Y eso que a nivel laboral te daña todo, porque imagínate tú pasas más tiempo desempleado (Entrevista 1, 2019).

La impersonalidad de la burocracia sigue y sigue, y es la solidaridad o la simple comunicación entre personas con situaciones parecidas la única que llega, en ocasiones, para quienes corren con la suerte de topar con alguien a quien el aparato burocrático ya “le ha sacado colmillo”:

…fue de una persona que estaba detrás de mí en la fila, fue que me dijo, mira Andreina sabes, si ellos se están retrasando en los noventa días que tienen para resolver tu caso, tú lo que deberías hacer es iniciar un proceso con la contraloría de servicios. Eso no me lo dijo nadie de allí, eso me lo dijo una persona que estaba en la misma situación que yo (...) Entonces ahí de hecho mi papá y yo tuvimos que hacer uso de eso, de ese servicio para poder tener una respuesta a nuestra solicitud (Entrevista 1, 2019).

Poco a poco, cierta información con la que no se contaba al inicio va abriendo puertas, pero no es gracias al sistema del Estado para recibir a las personas migrantes, sino a pesar de esta: 

Entonces uno dice guao. Ese son el tipo de cosas que realmente hizo frustrante ese proceso. Honestamente, no tener claridad realmente y tener seguridad de cuáles eran tus derechos. De cómo realmente era su situación estando ahí en ese stand by mientras salía una resolución. En ningún momento nos explican, mira si tú tienes una emergencia tu puedes acudir a un ebais ni nada de eso, nada de eso (Entrevista 1, 2019).

Pero, aun así, si bien la legalidad señala que se tienen todos los derechos como personas residentes en el país, las barreras siguen existiendo: “Eh, ¿qué te imposibilita? que tú posiblemente no puedas pedir préstamos en ciertas, por ejemplo, para carros y ese tipo de cosas porque o te van a pedir un fiador, un residente permanente, un tico, un ciudadano que te respalde la solicitud básicamente” (Entrevista 1, 2019).

Y después de todo esto, para algunas personas el choque cultural implica un reajuste en la vida social. Se trata de un empezar de nuevo ante costumbres, contraste de valores, prácticas, gustos, que algunas veces se presentan como intentos de empatía, pero otras no menos en actos de xenofobia y discriminación (afortunadamente, no es el caso de Andreina y familia):

Y me da mucha cosita porque cuando yo llegué me dijo que no tenía amigos, porque sentía que no socializaba mucho con la gente, sentía que no habían gustos afines y sentía por ejemplo una cosa que a él no le gustaba que en la universidad siempre le decían “el chamo”, no le decían así como por su nombre. Claro, no lo hacía con mala actitud vieras, porque creo que la idea siempre es más bien integrar pero lo que pasa es que a nosotros nos, tiene como el efecto opuesto porque en Venezuela nadie te llama así chamo como aquí se dice el mae, vieras que no es así (Entrevista 1, 2019). 

Análisis: una mirada desde los contextos, el relato y la institucionalidad

Entender la experiencia migratoria más allá de las líneas establecidas en el nivel legal y de las supuestas acciones existentes desde la institucionalidad es sí o sí un accionar necesario para poder avanzar en materia de Derechos Humanos de las personas migrantes. Partir del relato, es decir, de la experiencia de quien ha transitado entre una tierra y otra es como hemos visto un punto vital para poder evidenciar las fallas estructurales. Pero más allá de esto para poder entender el sentir, o dicho de otra manera, los efectos psicosociales que tiene la institucionalidad y su laberinto burocrático sobre las vidas de las personas.

Partiremos señalando un eje básico pero muchas veces olvidado, Rodríguez (2017), lo señala al hablar sobre personas que se encuentran en distintos estatus migratorios: “es responsabilidad de las autoridades nacionales velar por la integración económica, social, legal y cultural, tanto de las personas solicitantes de refugio como las refugiadas [y migrantes] en el país (Rodríguez, 2017, p.114). 

Al hablar de Derechos Humanos podemos ubicar en el relato de Andreina y su famlia al menos dos factores claros que significaron en su momento y ahora, barreras para poder acceder a garantías básicas. El primero de estos es el largo proceso, cargado de desinformación, que para este caso llamaremos “la burocratización de la migración”. Y además, tenemos la imposibilidad de acceso a actividades económicas que permitan el desarrollo dentro del país. Este segundo punto, muy unido al primero, siendo casi una consecuencia de él en algunas ocasiones. 

Si bien en el nivel “jurídico” para el Estado costarricense todas estas situaciones están cubiertas, es posible ver gracias al relato de quienes han tenido que atravesarlas que la realidad dista del discurso institucional. Esto último al reconocer que en las diferentes leyes, si bien se menciona de manera tangencial el acceso a derechos de las personas migrantes, su fuerte se ubica en la vigilancia y la regularización de las mismas. 

Esto claramente conlleva un peso fuerte en las posibilidades de resolver dichas situaciones a mediano o largo plazo. Al realizar una mirada desde una visión crítica de los Derechos Humanos podemos señalar como lo menciona Ng (2008, p.253) que “apoyar a la población refugiada no sólo significa hacer valer sus derechos dentro del Estado que les otorga protección, sino también un paso más dentro de todo el Estado para erradicar la pobreza existente y cumplir con sus obligaciones a nivel internacional de hacer respetar y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales”. Es decir, un verdadero cumplimiento de estos garantías implica, no solo un andamiaje jurídico, sino también una transformación de la visión de la migración que se tiene desde el aparato estatal. 

Otro punto importante a señalar, que si bien no se profundiza en el relato de Andreina, si es posicionado en forma puntual, es el acceso a servicios básicos como la educación y la salud. Según un estudio denominado: Interacciones entre Políticas Públicas, Migración y Desarrollo en Costa Rica (IPPMD), realizado por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con la colaboración del Centro Centroamericano (CCP) de Poblaciones de la Universidad de Costa Rica (UCR), el acceso a servicios básicos tales como la salud y la educación para los inmigrantes que llegan a suelo costarricense son limitados.

Dentro de los datos numéricos más relevantes se tiene conocimiento de que solo un 9 % del total de esta población movilizada que radica en el país cuenta con estudios postsecundaria y solamente el 54 % de dicha hizo uso de los servicios de salud brindados por la CCSS en comparación con el 64 % de costarricenses que accedieron a ellos entre los años 2013 y 2015 (Cartín, 2017).

Es decir, la percepción que se tiene con respecto a los inmigrantes y el supuesto abuso que hacen de los servicios de salud y educación pública costarricenses no es más que un mito dicursivo consolidado desde distintos andamiajes culturales y mediáticos (Voorend, 2017). , lo que refleja de forma clara la falta de información y de solidaridad para con las personas provenientes de otros países.

Costa Rica realiza esfuerzos por velar y proteger la integridad de las personas inmigrantes, sin embargo, las trabas administrativas son cada vez más rigurosas, requisitos vienen y van, haciendo del proceso de asimilación una experiencia tediosa, incómoda y compleja. Dichas características se encargan de marcar la vida de quienes deciden salir de sus países, convirtiéndoles en víctimas de sus propios procesos. Esto en razón de las afectaciones que se suman a su experiencia una vez que colocan un pie en su nuevo destino.

Además de las dificultades administrativas hay otra razón por la cual el acceso a la salud se ve afectado y esto es debido al tipo de inserción laboral de los migrantes. Por ejemplo, el 75 % de ellos trabaja en sectores altamente informales como lo son el agro, la construcción y el servicio doméstico, donde la cobertura del seguro social asalariado es menor. Por lo que, la opción para optar por el seguro social sería realizar el pago voluntario para recibir el servicio, cuyos costos bajo esta modalidad, imposibilitan su acceso para muchos (Voorend, 2017). 

Tomando en cuenta este panorama y lo mencionado por la entrevistada se confirma que la idea preconcebida que existe en algunos costarricenses es solo parte de otro imaginario social, porque no para todas las personas inmigrantes el proceso es fácil y gratuito.

De forma similar sucede con el acceso a la educación, parte de la sociedad costarricense asegura que los centros educativos públicos están saturados de personas extranjeras, por ejemplo, las escuelas y colegios. Aunque, los menores de edad son quienes cuentan con privilegios con respecto a la formación académica, igualmente, sufren de violencia directa la cual proviene en la mayoría de las ocasiones por su grupo de pares a través de burlas, ofensas y críticas por su forma de hablar, vestir, color de piel y otros aspectos xenofóbicos replicados en las aulas costarricenses. Asimismo, en algunos casos son los profesionales en enseñanza quienes toman una actitud negativa con respecto al trato y a la inserción de estudiantes a una clase.

Según un análisis realizado en el 2003, sobre la migración y la salud en Costa Rica “Como rasgo distintivo de la disposición institucional prevalece el considerar al migrante en el marco de una concepción general de los servicios del estado, sin atender a sus particularidades culturales, de género, etarias, etc., lo que deviene en dificultades en la atención que reciben estos segmentos poblacionales” (Ministerio de Salud, 2003).

Por consiguiente, se establece un muro entre las personas autóctonas del país y las migrantes, el cual muchas veces se construye con bases negativas y violentas, es decir competencia, ego, discriminación, invisibilización, autoritarismo, dominio, burla, ofensas, entre otras actitudes que se encargan de mantener a las personas en un rol individualista y poco empático.

No obstante, en el caso de las personas migrantes mayores de edad, la inserción en los procesos educativos suele tornarse más difícil. Al hacer un análisis entre las referencias consultadas no se tiene información sobre oportunidades académicas que les brinden a las personas extranjeras situadas en Costa Rica la posibilidad de crecer en el nivel educativo o profesional. En primera instancia, por la longitud de los procesos para conseguir un estatus formalizado, que permita optar por algún curso libre o bien ingresar a algunas de las universidades estatales del país. En este punto, se debe considerar además que, fuera de las instituciones estatales (que no están exentas de costos de materiales y transporte, por ejemplo), los centros de estudio son costosos y por ende, de mayor dificultad a la hora de ser accesados.

Al respecto, Gatica (2018) afirma: “La inversión pública en la educación de la niñez y la adolescencia migrantes y refugiadas pueden tener un doble impacto: contribuirá a evitar brechas y desigualdades sociales en el mediano plazo y mejorará las capacidades y la productividad de quienes reemplacen a la población que hoy está en edad económicamente activa y que necesitará de una pensión durante su etapa de retiro” (p. 81).

Aunque el autor referido anteriormente, hace énfasis en el acceso a la educación de la niñez y la adolescencia migrante, realmente debería ser un aspecto dirigido a todas las personas en igualdad de condiciones, independientemente de donde vengan y hacia dónde van, la educación es un derecho que no es negociable y quien quiera acceder a ella debería de hacerlo sin tantas trabas y zancadillas que al final podrían ser la razón para que las personas se desmotiven y en muchas ocasiones la puerta a caer en conductas de riesgo desfavorables, para su propio bienestar y el de la sociedad.

Reflexiones finales

A partir del relato de Andreina, la experiencia no se ve con buenos ojos. Si bien, desde su experiencia reconoce que ella tuvo “suerte”, queda en evidencia que no es lo usual. El proceso suele ser mucho más engorroso aún de lo que fue para ella y, por tanto, mucho más sufrido y frustrante. Los mecanismos no son los mejores, el acceso a la información es escaso, por no decir que nulo y las posibilidades no son para nada alentadoras:

Lo que pasa es que a mí cuando me preguntan esta historia, hasta siento un poquito mal. Siento que mi historia ha sido mucho menos dramática, pero vieras que cuando uno lo cuenta no hay palabras de cómo tu puedes transmitir ese sentimiento de a veces sentirse aquí el “extranjero”. Sentirse el extranjero en un lugar es muy rudo la verdad. Yo es que gracias a Dios he tenido la posibilidad de que yo tengo una familia que me apoya, pero siempre en las personas que no, de que si no trabajaste ese mes no comiste si no tienes la plata nadie te va a apoyar, siente que en ese punto yo si me siento en una situación privilegiada, pero de verdad es que veo las situaciones de mucha personas que no, sea ellos vienen acá a hacer todo lo posible para poder sobrevivir y yo siento que de verdad a esa personas no se les da muchísimo apoyo sobre todo por el tema de acceso a la información (Entrevista 1, 2019). 

A pesar de que, desde su experiencia, Andreina considera que su situación es excepcional, no debe entenderse como una migración privilegiada y por ende diferenciada de otros tipos de experiencias. El movimiento hacia otro país no depende enteramente de un estrato o una condición socioeconómica, cuando la problemática es estructural, cualquier sector de la población, aun académicamente capacitado, ve limitadas sus opciones de crecimiento y, por ende, la búsqueda de mejora, lo que esto signifique dependiendo de los contextos de los que se proviene. Lograr llegar a equiparar los títulos e incorporarse al mercado laboral, ejerciendo su profesión es difícil e inaccesible para muchas personas debido a los documentos que se requieren:

…aquí es mira obra y gracia del espíritu santo que consigas una empresa teniendo nada más tus papeles aprobados de espera para que te den el documento como tal porque si todavía está en proceso de aprobación nadie te va a dar empleo aquí, a no ser que sea algo muy como cargar cajas, ser auxiliar en una tienda, ese tipo de empleo así tú seas un médico quien sea que seas. Esos son los procesos a los que tu aspiras cuando no tienes un proceso aprobado (...) (Entrevista 1, 2019).

Finalmente, y en resumen, no es una experiencia que la entrevistada recomiende a otras personas que tengan en mente migrar hacia Costa Rica. Si bien existe un imaginario sobre este como país receptor, Andreina señala que no es algo que, desde su vivencia, pueda sugerir a otros. Esto considerando las dificultades vividas y las reflexiones sobre lo complicado que es para otras personas con menos posibilidades que las que ella tuvo en su momento:

Las que se quieren ir solas porque quieren buscar un futuro mejor, jamás les recomiendo Costa Rica y no porque el país no sea lindo, porque la gente no sea amable, porque no hayan buenas empresas aquí para desarrollarse es por el hecho de que aquí el proceso migratorio es costoso, engorroso y tarda mucho, básicamente (Entrevista 1, 2019).

En ese sentido, de forma reflexiva, se considera que la Ley Internacional de los Derechos Humanos no ha sido lo suficientemente articulada y sólida para cumplir sus planteamientos y las políticas migratorias han continuado en gran parte deficientes respecto a este esencial aspecto. Las organizaciones que se preocupan por la protección de estos derechos deben tejer alianzas más estrechas que permitan construir formas de defensa que estén a favor de la dignidad humana por encima de todo.

Los estados deben asumir compromisos reales de acuerdo a sus posibilidades, así como un deber ético alineado con su obligación legal inexcusable de proteger y tutelar los derechos de todas las personas en cualquier territorialidad, “abogar por el reconocimiento de derechos humanos a los migrantes más allá de los límites espaciales y legales de la ciudadanía ayudaría a los encargados de política pública, activistas, migrantes y legisladores progresistas a abordar los abusos que se desprenden de las dinámicas de explotación del capitalismo mundial y su uso de la migración como trabajo desechable” (Estévez, 2016, p. 83).

La responsabilidad individual y colectiva de las regiones, los estados y las instituciones es velar por la garantía de paz y la estabilidad global, siempre y cuando esto no sea utilizado por grupos de poder para adoptar discursos que profundicen su hegemonía violenta, racista, capitalista y patriarcal, bajo el lema de la paz. Es necesario, desmontar las contradicciones y generar propuestas alternativas a las violencias culturales y estructurales que se ejercen hacia las personas migrantes. En ese sentido, rescatamos una vez más, la necesidad de partir de abajo hacia arriba para comprender este fenómeno, “la fuerza que tiene una historia oral es sólo una parte que permite acercarse a la migración forzada por la violencia dentro de una mayor complejidad que explica a la migración contemporánea (Calderón, 2017, p. 292).

Migrar es un derecho, los cuerpos de quienes se ven empujados a hacerlo, no debe desangrarse como síntoma de una sociedad que mercantiliza y deshumaniza.

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