Introducción

El empoderamiento de las mujeres constituye uno de los caminos para la inversión de las desigualdades de género. En Brasil esto es especialmente necesario, considerando su contexto de profunda desigualdad en las relaciones entre mujeres y hombres en varios ámbitos, entre estos tierra, territorios y vivienda. Según datos de 2016 de Oxfam, por ejemplo, los hombres controlan la mayor parte de los establecimientos rurales; las mujeres representan casi el doble del número de productoras rurales sin posesión de la tierra en comparación con los varones. Ese panorama de desigualdad en el acceso a la tierra se debe, de acuerdo con Deere y León (2003), a una preferencia masculina en la herencia, al privilegio masculino en el matrimonio, al sesgo de género en programas de distribución de tierras; todo ello asociado a un sesgo de género en el mercado de tierras.

A la vez, las experiencias que se desarrollan para contribuir al empoderamiento de las mujeres en articulación con los derechos humanos son un importante elemento de análisis por el cual se pueden indicar logros, lagunas y sugerencias de cambio a fin de colaborar para la replicación y ampliación de dichas prácticas.

En esta dirección, una experiencia en el nordeste de Brasil, realizada por la organización Espacio Feminista2, llama la atención por su peculiaridad en articular un proceso de empoderamiento de las mujeres a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, utilizando como estrategia el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para mejorar la implementación de políticas públicas en el nivel local y nacional, con la finalidad de reducir la desigualdad de género en el acceso, uso y control de la tierra, el territorio, la vivienda digna y la protección de la naturaleza. Además, el trabajo presenta como diferencial la formación política continua con base en la utilización de datos y del conocimiento de la situación de las mujeres; la organización en red en la exigibilidad de los derechos y la acción desde el local hacía el global.

La finalidad de la propuesta institucional es generar espacios diversos para pensar, explicar y dar voz propia a las mujeres, creando discursos y prácticas capaces de revelar la asimetría real de los espacios de poder y del acceso a los derechos; así como también contribuir a la mejoría en la vida de las mujeres por medio de la implementación de las políticas públicas. En líneas generales, el trabajo busca mejorar la condición y posición3 de esas mujeres, en diferentes niveles, a partir del establecimiento de una nueva relación con el poder público y asegurar que la política de regularización de tierras se realice apoyada en criterios de equidad de género, en el marco de una gobernanza de la tierra respecto a lo público y sensible al género.

Este artículo tiene como objetivo analizar y discutir el proceso de empoderamiento de mujeres articulado a su formación, su organización y actuación en red, y en el trabajo de exigibilidad de derechos, basado en las políticas públicas relacionadas a los ODS, tomando como referencia la experiencia desarrollada con mujeres rurales y urbanas en el nordeste de Brasil. La opción metodológica de este estudio es el abordaje cualitativo (Ghedin y Franco, 2008; Gil, 1994), utilizándose el análisis de contenido (Bardin, 1977) para los diversos documentos referentes al tema - como informes, datos de investigación cuantitativo y cualitativo, directrices teórico-metodológicas, entre otros (Chaves, Lacerda, 2017; Chaves, Lacerda, 2018; Lacerda, 2019a; Lacerda, 2019b; Melo, 2019a; Melo, 2109b).

El texto se organiza en tres partes más las consideraciones finales. La primera parte presenta las directrices y procedimientos del proceso de empoderamiento. La segunda se centra en las evidencias del proceso a partir de la relación entre los ejes de actuación y sus respectivos resultados. La tercera vuelve la mirada hacia la articulación de lo global hacia lo local y viceversa.

El modelo de empoderamiento y sus ejes de actuación

Con el propósito de articular un proceso de empoderamiento de mujeres urbanas y rurales en Pernambuco (una de las provincias ubicadas en el nordeste brasileño) en relación a la Agenda 2030, Espacio Feminista desarrolla desde 2017 el proyecto “Fortalecer los derechos a la tierra de las mujeres mediante la Agenda 2030”, eligiendo los ODS 1, 2, 5 y 11 (fin de la pobreza, hambre cero; igualdad de género; ciudades y comunidades sostenibles), con sus respectivas metas e indicadores, a fin de orientar sus acciones. El impacto a largo plazo pretendido, según los documentos de la organización, es formar una red de mujeres a nivel nacional que utilice la Agenda 2030 como una referencia para incidir e influir en la implementación de las políticas públicas y mejorar sus condiciones de vida.

En esta dirección, el proceso de empoderamiento propuesto, y que se ha analizado en este estudio, se desarrolla con base en un modelo, construido por dicha organización, que está formado por los ejes de la producción del conocimiento (por medio de investigación y diseminación de los datos); de la formación técnica y política; de la creación de alianzas y convenios; y de incidencia política, que incluye el dialogo local entre sociedad civil y poder público y el monitoreo de la implementación de las políticas públicas por parte de las mujeres. Estos ejes se integran y se influyen unos con otros y cada uno de ellos, realizados de manera individual y también de forma conjunta. Emplea la perspectiva feminista y de género (Lagarde, 1996).

El modelo presenta algunas características que lo definen, entre las cuales se destacan: i) el trabajo se constituye en proceso (no en actividades puntuales y sin relación); ii) este proceso se orienta por un marco político feminista que objetiva el empoderamiento de las mujeres; iii) la metodología adoptada se fundamenta en los principios de la educación popular freiriana (participación, dialogicidad, criticidad, relaciones democráticas), de la educación en derechos humanos y de la pedagogía y metodología feminista, con base en las lentes de género; iv) es fundamental el respeto a la diversidad de las mujeres, la articulación entre el rural y el urbano y el estímulo a la creación de una sinergia entre las mujeres que resulte en la actuación en red; v) el modelo articulado a la Agenda 2030 debe desarrollarse de manera que posibilite que los ODS puedan monitorearse, para contribuir al control social, la accountability y al cumplimiento de sus metas por parte de los gobiernos.

Asimismo, el modelo se orienta por una metodología propia, que proviene de las directrices y estrategias de la organización feminista y que considera el contexto de trabajo y su enfoque metodológico específico. Son las directrices, estrategias, contexto y enfoque, así como la circularidad del modelo, y de su interrelación con los ODS, las que configuran la lógica de realización de cada eje.

Respecto a las directrices, la organización trabaja “en la perspectiva de proceso; no ejecuta lo que es papel del Estado; reconoce la existencia de diferentes conocimientos; estimula el dialogo, la autonomía y la creatividad; y actúa para la exigibilidad de las políticas y derechos” (Tavares, 2018, p. 2). Complementando estos pilares, hay especificidades conceptuales y políticas que definen las acciones institucionales, que son las categorías-conceptos que se adoptan y se aplican en su trabajo. Estas categorías-conceptos, utilizadas de forma articulada, se vinculan a cuestiones más amplias como feminismo (Silva, 2010), género (Scott, 1990) y empoderamiento (Batliwala, 1997), y también a cuestiones más específicas como colonialidad de género (Lugones, 2011) y metodología feminista (Castañeda,2008).

Relacionados con estas, las siguientes estrategias integran sus referencias metodológicas:

Respetar el protagonismo de las mujeres como sujetos políticos; promover la afirmación de las relaciones democráticas entre los grupos y en los espacios de actuación; proporcionar la articulación entre los conocimientos y el cotidiano de las prácticas sociales de las mujeres; estimular la interlocución con el poder público; y actuar en el nivel comunitario de forma a influenciar las políticas públicas en las tres esferas (Tavares, 2018, p. 2).

Cabe aún señalar que, en el desarrollo de un proceso de empoderamiento, sus impactos en la vida de las mujeres se pueden mensurar a partir de algunos parámetros y componentes de empoderamiento, según propuesto por Costa (2010). Respecto a los parámetros debe considerarse: i) la construcción de una autoimagen de confianza positiva; ii) el desarrollo de la habilidad de pensamiento crítico; iii) la construcción de la cohesión de grupo; iv) la promoción de la toma de decisiones; v) la acción. Estos deben traducirse en cinco componentes de igualdad: bienestar; acceso a los recursos; concientización; participación y control.

En el modelo creado por Espacio Feminista el proceso de empoderamiento incluye estos parámetros y componentes y articula, además, tres niveles de la vida de las mujeres: el nivel individual, el nivel de las relaciones dentro de sus espacios de lucha en sus movimientos sociales y el nivel de influencia en las políticas públicas. En este sentido, es necesario destacar dos cuestiones. La primera es la interdependencia entre los parámetros y componentes y los tres niveles. La segunda es que la organización actúa como agente de empoderamiento con base en el principio de que nadie empodera al otro sujeto – como algo determinado e impuesto – sino que se contribuye para que se den las condiciones para un proceso de empoderamiento individual y colectivo.

El binomio ejes-resultados: Las evidencias del proceso

Con base en los documentos – material pedagógico, directrices, informes, otros – producidos durante la realización del proyecto “Fortalecer los derechos a la tierra de las mujeres mediante la Agenda 2030” y en el seguimiento de algunas de sus actividades, se presenta en este apartado el análisis sobre el desarrollo del modelo utilizado para el proceso de empoderamiento de las mujeres en el nordeste de Brasil, evidenciando la relación ejes-resultados.

Cabe antes destacar la circularidad del modelo, la importancia de cada uno de sus ejes y de ellos conjuntamente, y la interrelación con los ODS. Es esto lo que permite realizar el ciclo del modelo con la identificación de los problemas, sus soluciones y respectivos resultados.

En la producción del conocimiento se encuentra tanto la riqueza de producir un diagnóstico local y general que pueda influenciar las políticas públicas para las mujeres, así como de contribuir a su proceso de toma de consciencia de la realidad al situar a las mujeres como protagonistas en el desarrollo de cada investigación. Con una particularidad que es fundamental: el conocimiento se produce con las mujeres y para ellas (Castañeda, 2008).

En la formación se articulan la sensibilización, el conocimiento, el cambio de experiencias, y la capacidad de análisis crítico, de forma que se pueda ahondar en el proceso de toma de consciencia, y a la vez contribuir a la autonomía personal, social y política.

Con la creación de alianzas y la divulgación de los resultados del trabajo se amplía el campo de acción (y las posibilidades de replicación del modelo) y la capacidad de pensar colectivamente las políticas públicas por las particularidades y fortalezas del trabajo en red, lo que igualmente incide sobre la construcción de la criticidad y autonomía.

El trabajo de incidencia política, por medio de diálogo local entre poder público y comunidades y de monitoreo de las políticas, es por excelencia el espacio de influenciar la formulación de las políticas públicas, con base en el diagnóstico realizado. En este sentido, el monitoreo, que igualmente se realiza por parte de las mujeres, se alimenta de las investigaciones, pero también produce conocimiento; necesita de la formación técnica y política, a la vez que se constituye como proceso formativo; contribuye para la visibilidad de las cuestiones locales en el movimiento de construcción de alianzas, e igualmente se beneficia de ellas, que amplían su abanico de inserción local-global, además de retroalimentar y dar consistencia al diálogo local, en especial con el poder público.

En líneas generales, la imbricación entre los ejes queda así reflejada en la práctica: el eje de la producción de conocimiento, con datos secundarios y primarios, posibilitó conocer, desde una perspectiva feminista, la situación de las mujeres respecto a la tenencia de la tierra - en este caso específico reveló la inseguridad de la tenencia para las mujeres - y permitió, avanzando con el eje de la formación y el monitoreo de las políticas públicas relacionadas con los ODS, desarrollar el trabajo de incidencia política que viene logrando un cambio en la agenda del gobierno local en diversas políticas, incluyendo la tenencia segura de las tierras para las mujeres; así como todos las modificaciones en su condición, derivadas de esta mudanza en las normas sociales. Todo ello teniendo a estas últimas como protagonistas.

En esta dirección, es necesario indicar la relación ejes-resultados en este proceso de forma más detenida.

Eje de la producción del conocimiento

En el eje de la producción del conocimiento es posible situar los resultados de la investigación de datos secundarios y primarios en los territorios donde se desarrolla el proyecto. La investigación ha incluido: a) recolección de datos secundarios oficiales junto a órganos públicos; b) aplicación de 469 cuestionarios para obtener datos sobre la percepción respecto a la tenencia de la tierra; la documentación de la propiedad y sobre su uso y control; c) realización de seis grupos de discusión, que reunió 70 mujeres que habían participado de la pesquisa cuantitativa, con las siguientes temáticas elegidas por las mujeres: Derecho de la mujer a la tierra; Alcantarillado y medio ambiente; Educación para la ciudadanía e identidad rural; Vivienda; Agua y cambios climáticos; Violencia doméstica.

Además de permitir comprender el contexto local y la realidad de las mujeres respecto a la tenencia segura de la tierra, este eje orienta las acciones de formación continua, de monitoreo de las políticas públicas y de incidencia respecto a la regularización de tierras sensible a género. Asimismo, es el eje que propicia que las mujeres actúen en sus comunidades como investigadoras, a partir de la utilización de la metodología y pedagogía feminista, y posteriormente como agentes que realizan el monitoreo y que dialogan con el poder público. Permite también la diseminación de los resultados entre las mujeres de las comunidades y con otras mujeres a nivel regional y nacional a través de las redes y reuniones periódicas de intercambio de conocimientos y experiencias; en reuniones con el poder público; y en eventos nacionales e internacionales.

Ante los datos analizados ha sido posible llegar a algunas cuestiones relevantes para la comprensión de la problemática existente en la región respecto al acceso y seguridad de la tenencia de la tierra con perspectiva de género. Por ejemplo: a pesar de que la mayor parte de las mujeres que viven en la zona rural haya indicado que obtuvo la tierra por herencia, y la mayor parte de las mujeres que viven en la zona urbana haya indicado que ha comprado la tierra, ambos casos se refieren a tierras sobre las cuales estas mujeres no poseen la documentación necesaria para probar la tenencia de la tierra. Esto indica la necesidad de una política de tierras que incluya a las mujeres y que utilice un marco legal que reconozca su derecho independiente de su situación conyugal y de documentación sobre la herencia o sobre la compra. Especialmente porque esta situación de vulnerabilidad de las mujeres respecto a la tenencia segura de la tierra es utilizada por los grupos políticos locales como forma de mantenerse en el poder por medio de promesas de regularización de tierras que nunca se cumplen. Sobre el uso de la tierra, este sobrepasa la función exclusiva de local para vivir y se convierte en una forma de generar recursos económicos para la supervivencia. La tierra se usa para la agricultura, ya sea para consumo propio o para la comercialización de los productos producidos. Asimismo, está el aspecto de la tenencia de la tierra como forma de asegurar el poder y la autonomía. Esta situación demuestra la importancia de la tenencia segura de la tierra, en particular para las mujeres. Respecto a la sensación de seguridad de la tenencia de la tierra, la mayoría de las entrevistadas afirmó sentirse segura, aunque no se establezca una relación jurídica que fundamente dicha seguridad; es decir, no poseen documentos que prueben la tenencia de la tierra. Lo que apunta para la necesidad de instrumentos de regularización de tierras para garantizar su efectiva seguridad.

Eje de la formación continua

En este eje hay resultados objetivos y subjetivos. Entre los primeros se encuentran mujeres rurales y urbanas participantes en los procesos de formación continua en las áreas política y técnica, y que utilizan los contenidos de las formaciones para replicar los conocimientos para más mujeres en sus comunidades. También se sitúa la participación de dichas mujeres en actividades realizadas por instituciones públicas (como seminarios y conferencias), entre las cuales resaltan las conferencias de políticas para las mujeres, para debatir y definir políticas para los municipios, para las cuales las mujeres han sido invitadas o elegidas en virtud del reconocimiento de sus capacidades desarrolladas a lo largo de su proceso formativo. Entre los segundos, se identifica que las mujeres han percibido que es más fácil su actuación en la esfera pública y comunitaria que en la esfera privada y doméstica para transformar la realidad en la que viven y, en consecuencia, han comprendido la importancia de una actuación colectiva organizada en forma de red. Asimismo, se observa la identificación de las mujeres con una organización feminista como medio para una mayor visibilidad y reconocimiento del poder público local a su acción política.

Es importante señalar que el proceso formativo está presente desde el primer momento, en el diálogo local, se extiende durante la fase de producción del conocimiento, con la investigación cuantitativa y cualitativa, y tiene continuidad durante el monitoreo de las políticas, cuando además de una formación específica, las mujeres están recogiendo datos en las comunidades a fin de comparar la política oficial, y la realidad efectiva y así indicar las lagunas existentes para que estas se exijan al poder municipal. Este trabajo se realiza con la articulación de los saberes científicos, populares y comunitarios para la construcción colectiva del conocimiento.

Eje de las alianzas y articulaciones institucionales

En este eje se destacan tres logros de mayor alcance: las alianzas con organizaciones académicas, con movimientos sociales y organismos internacionales; el estímulo a la relación política basada en el diálogo comunidad-gestión pública; la participación y asesoría técnica de la organización en el proceso de regularización de tierras en uno de los municipios para asegurar que esta se realice con base en criterios de equidad de género. Para llegar a ellos ha sido fundamental tanto los datos primarios y secundarios de los territorios como la formación y actuación de las mujeres en el monitoreo de las políticas. Así esas alianzas, diálogos y articulaciones amplían la capacidad de influenciar en la gestión local y presentan el potencial de sensibilizar los gobiernos en la efectiva adopción de la Agenda 2030.

Eje de la Incidencia Política / Monitoreo de Políticas Públicas

Este eje combina la actuación local de las mujeres por medio de tres grandes bloques: i) incidencia en políticas definidas por los datos de la investigación y priorizadas por las mujeres en los territorios, que incluye diálogo con el poder público, monitoreo de las políticas y participación en la regularización de tierras; ii) acción en red de las mujeres de distintos movimientos en espacios locales, nacionales e internacionales, como consecuencia del proceso de empoderamiento y autonomía de las líderes en sus comunidades; iii) ampliación de la presencia de las mujeres en espacios de formulación de políticas y control social. Todo ello orientado por la Agenda 2030 que articula la actuación local-global.

Respecto al monitoreo, que se articula con los resultados de la investigación cuantitativa y de los grupos de discusión, este engloba un conjunto de actividades dirigidas al control social y al seguimiento de la implementación de las políticas públicas, en los municipios asociadas a las metas vinculadas a la tierra en los objetivos 1, 2, 5 y 11 de los ODS. La idea de una actuación a nivel local, por medio del monitoreo de las políticas, presenta dos premisas básicas: primero, es en el municipio donde viven las personas y donde las políticas se desarrollan; segundo, en el nivel local las mujeres tienen más acceso y posibilidad de diálogo con quienes gobiernan y con los sujetos gestores públicos, por lo que se privilegia también la implementación de las políticas. En esta dirección, el local, actuando en red y articulado al global, es fundamental no solo para influir en las políticas, sino principalmente para cambiar de forma concreta la vida de las personas por medio de mudanzas en las actuales normas sociales que se basan en un sistema patriarcal y opresor que designa a la mujer un rol de subalternidad y dependencia masculina.

Con base en un plan de monitoreo construido con las mujeres, se han organizado “los grupos de monitoreo divididos por temáticas en cada municipio para permitir que los diversos grupos de mujeres puedan discutir con las/os gestores/as locales las cuestiones de mayor interés y relevancia para ellas” (Tavares, 2018, p. 9) y sus comunidades. De acuerdo con los problemas de cada contexto, con el enfoque de género y en articulación con los ODS, las políticas monitoreadas en cada municipio se sitúan en las áreas de los derechos de las mujeres a la tierra, a la vivienda, a la educación, al tratamiento de los alcantarillados, el agua, y a la protección contra la violencia doméstica. Además, con el objetivo de propiciar el intercambio de experiencia y hacer el seguimiento del trabajo “se realizan encuentros con las mujeres para su formación técnico-política sobre los contenidos que integran el plan de monitoreo, dando continuidad así al proceso de empoderamiento y propiciando una actuación más fortalecida y colectiva por su bienestar y de sus comunidades” (Tavares, 2018, p.9). Las visitas e interlocución con los órganos públicos constituyen otra estrategia para el monitoreo de las políticas relacionadas a la Agenda 2030.

A partir de las cuestiones reveladas en la investigación, además de lo trazado para el monitoreo de las políticas, se definió, junto con las mujeres, la prioridad de incidir políticamente para alcanzar la regularización de tierras en sus comunidades, considerando la necesidad de garantizar el derecho de ellas que se constituyen como las personas en situación de mayor vulnerabilidad en este contexto. La vulnerabilidad se hace presente por la ausencia de relaciones conyugales formalizadas por la falta de documentación para la tierra ocupada, heredada o comprada, y por la violencia patrimonial.

Liderado por las mujeres se realizó un mapeo de las áreas que poseen en común la condición de ocupación consolidada para fines de vivienda y se presentó a la alcaldía de cada municipio un requerimiento específico, llamado REURB-S, para cada área de ocupación reconocida como núcleo urbano informal donde vive una población de baja renta. Esta acción se fundamenta en la Ley Federal n. 13.465/17 y en el Decreto Federal n. 9.310/18, ambos integrantes del nuevo marco legal del derecho a la vivienda en el país.

Pasados algunos meses, las acciones de incidencia política sobre la regularización de tierras organizadas por las mujeres posibilitaron que en uno de los municipios el poder público admitiera el procedimiento de REURB-S. En agosto del 2019 el gobierno local divulgó un programa gubernamental para regularizar diecisiete asentamientos informales, llamado Mi Casa es Legal, firmó el decreto municipal n. 35/2019 y además asumió el compromiso de que los títulos de posesión de la tierra estén prioritariamente en nombre de las mujeres, independiente de su estado civil o de documentación formal de herencia o de propiedad. Además, se creó una comisión local, responsable de la regularización, que cuenta entre sus miembros con tres mujeres que participan en el monitoreo de las políticas, lo que demuestra la relación entre el proceso de monitoreo, el trabajo de la comisión y la implementación de dicha política.

Respecto al proceso de empoderamiento desde una perspectiva feminista, el proceso se articula en los cuatro ejes anteriormente abordados, además cabe señalar los siguientes puntos alcanzados:

i)El establecimiento y fortalecimiento de vínculos entre las mujeres que transitan entre el urbano y el rural a partir de la percepción de los problemas comunes y de la necesidad de actuación conjunta y solidaria.

ii)El cambio de mentalidad de las mujeres generado con la producción del conocimiento y la formación; a partir de la percepción por parte de ellas de que su condición es común a la de miles de otras mujeres, ellas comprenden que su acción puede representar un cambio positivo no solamente para su grupo sino para su comunidad y para otras mujeres.

iii)Son capaces de analizar el contexto de dominación y sumisión en el que viven y de cuestionar tales situaciones, entendiendo su desigualdad como algo estructural, pero también presente en sus movimientos sociales mixtos de lucha por la tierra, donde empiezan a problematizar las cuestiones de género.

iv)Actúan de forma calificada en cada territorio a partir de los planes de monitoreo y de su proceso formativo, colaborando para la autonomía y crecimiento crítico-político de otras mujeres de sus comunidades desde una perspectiva feminista;

v)Identifican que el monitoreo de las políticas como proceso permanente y continuado es la mayor herramienta (como espacio formativo y medio para la exigibilidad de sus derechos) que poseen para mejorar su condición de vida y, sobre todo, para ampliar su capacidad de incidencia.

vi)Reconocen que la clave para el proceso que integran es actuar en red y desde el local hacia el global, considerando las prioridades presentes en los territorios, y dar visibilidad a las desigualdades como estrategia para exigir la acción de los actores políticos y del poder público.

vii)A partir de su vivencia actual en las relaciones construidas durante el monitoreo y la incidencia política, atribuyen mayor visibilidad y reconocimiento por parte del poder público local a su acción política en razón de su pertenencia a una organización feminista.

El diferencial de un modelo que articula la Agenda 2030 al territorio

A pesar de su naturaleza global y pretensión de aplicación universal, los ODS deben dialogar con los desafíos específicos de cada realidad nacional y regional respecto al desarrollo sostenible para poder alcanzar la realización de sus metas. Con base en esta perspectiva, el modelo de empoderamiento articulado a la Agenda 2030 presenta tres aspectos que evidencian su diferencial: la formación política continua de las mujeres; la organización en red en la exigibilidad de los derechos; y la acción desde lo local hacia lo global.

La formación es el eje del modelo, conforme anteriormente indicado, que traspasa los demás y posee como finalidad principal contribuir al empoderamiento de las mujeres; su proceso se realiza de forma continua y está orientado por la pedagogía feminista. Comprendiendo que la formación política ocurre como proceso, incluso de formación de consciencia crítica y colectiva, buscando la transformación social por medio de la lucha y exigibilidad de garantía de los derechos históricamente negados a las mujeres, el abordaje adoptado estimula el diálogo y el debate sobre el sujeto colectivo, la toma conjunta de decisiones por parte de las mujeres y la creación de estrategias para una actuación más efectiva en sus comunidades.

A la vez, la formación política continua presenta, entre otras cuestiones, el potencial de estimular la capacidad organizativa de las mujeres. A partir del entendimiento común sobre los retos y problemas que enfrentan en sus contextos y del análisis conjunto de que el empoderamiento individual debe estar acompañado por el empoderamiento colectivo, las mujeres rurales y urbanas que participan en dicho proceso se han constituido en red para una actuación articulada en la exigibilidad de sus derechos.

Las mujeres identifican la constitución de redes, en sus diversos niveles y aplicaciones, como una herramienta de fortalecimiento de las relaciones y necesidades comunes, que además de propiciar el cambio de experiencias e información, como también la producción colectiva del conocimiento, amplia el poder de movilización, de articulación y de actuación sociopolítica.

Ese paso en la organización y actuación en red engloba una acción local dirigida a lo global, así como la ampliación y fortalecimiento de alianzas con centros de investigación, movimientos sociales, órganos públicos y organismos internacionales. Otro aspecto que fortalece el trabajo en red es la diseminación en foros nacionales e internacionales de las informaciones sobre los territorios, obtenidas por medio de las investigaciones cuantitativas y cualitativas y sobre los resultados del monitoreo de las políticas públicas.

En cuanto a la actuación local-global, esta invierte la lógica tradicional y pasa a centrar su foco en el territorio, en las personas que ahí viven y en sus necesidades reales. El proceso se construye colectivamente con el protagonismo de las mujeres y con base en sus experiencias y problemas. Ello se justifica por ser en el municipio el espacio donde las políticas públicas, que aseguran los derechos, se desarrollan en su integralidad, y también donde la interlocución con el poder público para la exigibilidad de esas políticas ocurre de forma más directa.

En otras palabras, la prioridad debe ser mirar las políticas al nivel local y, a partir de este ámbito, la movilización en red en la defensa de la exigibilidad de los derechos, lo cual presenta el potencial para extender esta acción para las demás esferas. En esta perspectiva, el flujo ocurre en el sentido contrario, es decir, de la base para la cima, pero a la vez manteniendo la articulación local-global y global-local. Para ello es fundamental el proceso continuo de formación política que posibilita la construcción de un movimiento en red de exigibilidad de las políticas públicas fundamentado en permanente diálogo con el poder público.

Lógicamente, la idea no es de una actuación en el territorio de forma aislada, sino la de mantener la articulación local-global desde una lógica en que los grandes temas globales encuentren resonancia en el local y también que las necesidades locales puedan orientar la agenda global. El desafío en este contexto es lograr influenciar las políticas y agendas globales para que pasen a reconocer lo local como el real espacio de cumplimiento de las metas de los ODS.

Consideraciones finales

El análisis y evaluación del modelo de empoderamiento, desarrollado por Espacio Feminista de forma integrada a la Agenda 2030, viene, a lo largo de los últimos tres años, siguiendo la trayectoria de las acciones relacionadas con los resultados propuestos y articulado a un proceso de examen, documentación y sistematización que busca evidenciar la conexión entre sus ejes para la confluencia de dichos resultados. Aquí cabe señalar que el modelo se ha validado por organización externa e internacional, lo cual le reconoce la viabilidad de su aplicación en otros contextos y países

En este estudio, con base en el análisis documental y en el seguimiento de algunas acciones, se pudo identificar, en líneas generales que el modelo creado por Espacio Feminista y articulado a la Agenda 2030 para el desarrollo de un proceso de empoderamiento de mujeres rurales y urbanas en el nordeste de Brasil viene estableciendo las condiciones para avances en los niveles individual; de las relaciones dentro de sus movimientos de origen; y de influencia en las políticas públicas. Ejemplo de ello es la concientización, participación y control social por parte de las mujeres; la creación y fortalecimiento de redes para una actuación conjunta en la defensa de los derechos; y el seguimiento de las políticas públicas articulado al dialogo con el poder local, así como acciones en el ámbito de la promoción de la regularización de tierras.

Además, el hecho de ser mujeres que participan del proceso desde su inicio - como entrevistadoras y entrevistadas en la etapa de la investigación cuantitativa, como participantes en los grupos de discusión y como monitoras en el seguimiento de las políticas - potencializa su proceso de empoderamiento.

En esta dirección, es indispensable reconocer que un proceso de empoderamiento debe ampliar las capacidades de las mujeres en la toma de decisiones sobre sus vidas, asumir el control sobre la exigibilidad de sus derechos y, al mismo tiempo, considerar su condición de agentes activas a fin de contribuir a que se conviertan en sujetos políticos, con consciencia de su poder, de sus necesidades y de sus derechos.

Por otro lado, considerando que las mujeres comparten una realidad común de desigualdad de género, pero difieren en cuanto a sus situaciones de vida y en los grados y niveles de opresión, algunos desafíos se presentan en la realización del trabajo, entre los cuales están: los tiempos diferenciados para la aprehensión de las acciones necesarias; las distintas condiciones locales; la necesidad de un período más largo entre planificación e implementación; y el factor político local que puede influir de forma positiva o representar una dificultad más a ser superada. Así, la necesidad de identificar y adecuarse a los retos que surgen ante un modelo circular, con ejes que se articulan, exige flexibilidad, creatividad y actuación integrada. Sin embargo, estos retos se minimizan en la medida en que el trabajo se construye colectivamente con el protagonismo de las mujeres y con base en sus problemas y experiencias.

Haciendo hincapié que el empoderamiento de las mujeres se constituye como uno de los caminos para invertir las desigualdades de género, se pone de relieve los aspectos propios de dicho trabajo: un proceso de empoderamiento de mujeres urbanas y rurales que se desarrolla con base en un modelo que está formado por los ejes de la producción del conocimiento, de la formación técnica y política, de la creación de alianzas y convenios, y de incidencia política; que tienen como foco la política de regularización de tierras que se realiza apoyada en criterios de equidad de género; y que se articula a la Agenda 2030, buscando influir en la implementación de las políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

Finalmente, se valora la importancia de esta experiencia. Pese a sus peculiaridades y su aplicación en un contexto específico, se considera posible su replicación en otros territorios, siempre que se mantengan sus directrices y metodología, y se adecue su desarrollo a las especificidades locales.

Referencias

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