El fenómeno religioso en los asuntos políticos y los derechos humanos

El fundamentalismo religioso expresado en las iglesias neopentecostales en Centroamérica que afloraron en la década de los ochenta del siglo XX y continúan presentes hasta ahora, nace en un contexto con características específicas que explican ese fenómeno; es decir, hay factores sociales, económicos y políticos de esos años, tanto a nivel nacional como internacional, que permiten conocer el asidero de su nacimiento y entender su desarrollo y su visión de los derechos humanos. No por tratarse de un asunto “espiritual” escapa o está ajeno a los acontecimientos históricos o a los conflictos sociales, más bien sucede lo contrario, al ser un fenómeno religioso, se encuentra emparentado con los hechos sociales, en donde puede existir una relación de causa y efecto, o también una conjunción entre ambos que puede ser funcional al desarrollo “normal” de la sociedad y al orden que el sistema imperante requiere. No todos los estudios sobre el fundamentalismo religioso, en este caso el neopentecostalismo, toman en cuenta las condiciones sociales que lo provocan o el contexto sociohistórico donde se producen; esto sucede, entre otras razones, porque muchas veces se parte de la premisa de que es más importante enfocarse en el hecho en sí y profundizar en su esencia y no “distraerse” con el entorno donde se gesta y expande; pero no existe un hecho social (y el fenómeno religioso es un hecho social) que surja de la nada o provenga de una fuerza transmundana. Quienes portan una identidad o experiencia de tipo religiosa son seres humanos condicionados por su tiempo, ubicados en un contexto histórico, con formas de pensar y concepciones del mundo influenciadas por su cultura y su tiempo, incluso aunque discrepen de ella (Fernández, 1996); este tipo de acercamientos sucede a veces cuando se hacen estudios de casos. De manera que referirse aquí al entorno donde se germinó el neopentecostalismo en Centroamérica implica remontarse a los hechos más significativos sucedido en esos países, y cuyas consecuencias siguen presentes hoy cuando se tratan temas de derechos humanos.

En los años ochenta, los países centroamericanos vivían una crisis económica que era resultado de problemas iniciados en la década anterior, a saber: cambios en las actividades agrícolas e industriales que ampliaron la brecha social; concentración de tierras en el campo para la producción de la demanda del mercado internacional; la concentración industrial debilitó las pequeñas empresas más artesanales; la crisis internacional del petróleo afectó a todos los países, aumentó la inflación, creció el desempleo y empobrecimiento de los sectores más vulnerables, situación que activó las movilizaciones sociales en el campo y la ciudad. Dabene (1993) menciona algunos de los acontecimientos que se dieron en cada país: invasión de tierras en El Salvador y Honduras; el desarrollo de los movimientos sociales urbanos, recomposición del sindicalismo y radicalización de los movimientos reivindicativos en todos los países; una fuerte movilización estudiantil politizada de marcada postura antiimperialista en El Salvador, Guatemala y Costa Rica, las cuales recibieron fuertes represiones de sus respectivos gobiernos, especialmente en las universidades. Y sobre el factor religioso, dice: “El involucramiento de la Iglesia católica, desde la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín (1968), se manifiesta en Centroamérica por la aparición de un movimiento religioso popular que tiene importantes consecuencias políticas” (Dabene, 1993, p. 28). Este último dato es sustancial porque será en el terreno religioso donde se disputará la contienda ideológica en esos años; así como el factor religioso proveniente de las líneas teológicas desarrolladas en Medellín en la perspectiva de la teología latinoamericana de la liberación tienen incidencias políticas, su contraparte, el fundamentalismo religioso neopentecostal, también los tiene y en clara relación con los derechos humanos.

Era una época en la que el istmo centroamericano al igual que el resto de América Latina, por su condición de países con economías dependientes de la metrópoli del Norte, estaban condicionados por los intereses geopolíticos que este tenía ahí y por estar geográficamente más cerca de Estados Unidos, fue tratado con mayor atención y preocupación que el resto del continente; este interés no era reciente, sino que tenía larga data; Estados Unidos siempre estuvo pendiente de lo que ahí sucedía, y se refería a asuntos de estabilidad para sus países vecinos y de seguridad para ellos, al respecto Cavalla (1980, p. 149) afirma:

Centroamérica es vista en dos objetivos estratégicos militares norteamericanos: como un grupo de países pertenecientes a América Latina que se requiere “estable, amistosa hacia los Estados Unidos y libre de influencias exteriores”; y como área geopolítica “fronteriza” en la cual es preciso evitar la instalación de un gobierno “hostil”, especialmente porque “permitiría un amplio rango de acciones militares”, incluido ataques a nivel estratégico, sobre el territorio de los Estados Unidos.

Entonces, geopolítica y militarmente, esta región siempre fue muy importante para Norteamérica, de ahí que desde su condición de país hegemónico con los intereses que eso significa, la perspectiva que tienen de lo que es la estabilidad y la seguridad responde siempre a sus intereses o beneficios y no necesariamente a la de los pueblos de esas naciones, por eso cualquier propuesta política o gobierno nuevo en esos países debía darse dentro de los causes y lineamientos que ellos exigen; es decir, no debían afectarse los intereses que tenían la región. Esta situación permite entender su permanente presencia y participación en los conflictos políticos y militares que hubo, particularmente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala durante esos años.

Eran tiempos de la Guerra Fría, que tuvo dimensiones y confrontaciones en diferentes partes del mundo, pero en esta parte de América Latina sus manifestaciones fueron muy evidentes porque hubo grandes costos sociales, económicos y de derechos humanos. Insulza (1983, p. 135) describe así lo que significaba este enfrentamiento:

caracterizada por un deterioro creciente de las relaciones Este-Oeste, por una tendencia al rearme nuclear y convencional, por la rearticulación y endurecimiento de los bloques militares y políticos y por una mayor propensión al enfrentamiento y no al diálogo en la solución de los conflictos internacionales.

La política norteamericana hacia Centroamérica y los derechos humanos

La administración del presidente norteamericano Ronald Reagan en sus dos periodos consecutivos (1981-1989) tendrá una gravitación importante en esta parte de América Latina. La gestión de su antecesor, el presidente James Carter (1977-1981) del partido demócrata fue visto por los sectores más conservadores de los Estados Unidos como una administración poco avasalladora y también débil frente a las fuerzas políticas progresistas y de izquierda; hubo una valoración negativa de la política exterior de los Estados Unidos durante su periodo de gobierno, creían que al gobierno de Carter le había hecho falta mayor hegemonía en los países calificados como “democracias restringidas” (donde había que garantizar elecciones regulares, pero reducir la participación de sectores populares y el acceso de los más empobrecidos a los derechos humanos) y que le faltó darle mayor apoyo a los cuerpos militares en un contexto donde el comunismo era visto como una seria amenaza. Y a nivel interno, los Estados Unidos también vivía una crisis de legitimidad, debido a varios hechos: la derrota sufrida en la guerra de Vietnam, el escándalo de Watergate (inicios de la década de 1970) y el apoyo al golpe de Estado en Chile contra el gobierno de Salvador Allende de la Unidad Popular. Dentro y fuera de los Estados Unidos hubo muchas manifestaciones de repudio hacia esa injerencia; a todo eso se agregaba la crisis económica que afectaba fuertemente al país, y que debilitaba su liderazgo internacional.

Otro actor político que también jugó un papel importante en la realidad centroamericana y en la política internacional fue la socialdemocracia, que desde distintos países, a través de los partidos políticos identificados o adheridos a esta ideología, apoyaban en América Latina propuestas y gobiernos que apostaban por cambios significativos para sus pueblos dentro del marco de la ley, o sea, que no desestabilizaran mayormente el sistema capitalista y, a veces, apoyaron movimientos políticos cuyas posiciones eran antiimperialistas y nacionalistas; en esos márgenes, los partidos socialdemócratas respaldaron, por ejemplo, al Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua en su lucha contra la dictadura somocista. Ante ese panorama, la administración Carter utilizó, como recurso de posible contención, la retórica de los derechos humanos, como si estos realmente le interesaran (Assmann, 1978); por una parte, insinuaba que eran los grupos y gobiernos de izquierda como el de Cuba y Nicaragua, los que violaban e irrespetaban los derechos humanos; sin embargo, su gobierno guardaba silencio frente a las dictaduras como la de Anastasio Somoza en Nicaragua, Rafel Videla en Argentina y Augusto Pinochet en Chile; todas ellas tuvieron el apoyo del gobierno norteamericano. Desde esos años de la administración Carter, hablar de derechos humanos no era otra cosa que instrumentalizar un discurso desfasado de procesos históricos sociales en los cuales los pueblos organizados buscaban cambios estructurales que les permitieran condiciones de vida más justas y humanas; como dice Noam Chomsky (citado por Aguirre, 1980, párr. 7): “la campaña de los derechos humanos es un dispositivo para ser manipulado por propagandistas con el objetivo de ganar apoyo popular a una intervención contrarrevolucionaria”.

En esas condiciones, la candidatura del republicano Ronald Reagan para las elecciones de 1980 fueron vistas como la mejor opción para que los Estados Unidos recuperara su liderazgo mundial. El ascenso de Reagan a la presidencia se da a menos de dos años de haber triunfado la Revolución Sandinista en Nicaragua, estos asumieron el poder el 19 de julio de 1979, Reagan ganó las elecciones el 4 de noviembre de 1980 (obtuvo 44 Estados y Carter solo 6), y el 20 de enero de 1981 inició su gobierno hasta 1989 (fue reelegido en 1984), y durante sus dos administraciones se caracterizó por su permanente intervención en los asuntos políticos de Centroamérica. Insulza (1983), explica la perspectiva con la que llegaba la nueva administración norteamericana a hacer frente la situación (p. 140):

El preconcepto con que ésta llega al poder es que la política de contención en esta región pasa por la solución favorable de la crisis centroamericana. En la nueva óptica, la cuenca del Caribe es una de las regiones del mundo donde la amenaza soviética se expresa actualmente con mayor fuerza, tanto porque cuenta allí desde hace tiempo con un aliado incondicional (Cuba), como por los avances recientemente realizados (Nicaragua y Granada), como por el peligro inminente de que otros países sigan el mismo camino. Esta percepción hace que el orden de prioridad fijado por el criterio anterior se refuerce, haciendo de la región de Centroamérica y el Caribe un caso test de la nueva política de contención del comunismo, y poniéndola, por consiguiente, en un primer nivel de la agenda de política exterior, no solo regional, sino mundial.

De manera que esta parte de la región latinoamericana fue de gran importancia para los intereses norteamericanos, ahí se dio una gran disputa ideológica, política y militar con serias repercusiones en los derechos humanos.

Cuando Reagan estuvo en campaña electoral para la presidencia, el sandinismo ya era gobierno, y el candidato republicano había amenazado con cortar toda ayuda de Estados Unidos a Nicaragua. Su objetivo ahora no solo era impedir el triunfo de otros movimientos guerrilleros en países como El Salvador y Guatemala, sino el de hostigar al gobierno nicaragüense catalogado de comunista. Reagan había dicho: “Si no prevalecemos en Nicaragua no podemos pretender prevalecer en ninguna otra parte del mundo” (Cardenal, 2003, p. 608). Dependiendo de cuánto podía imponerse para evitar el avance de la revolución sandinista, se valoraría la confianza de los Estados Unidos en el resto del mundo. Al respecto Howard Zinn (2006, p. 427), señala:

La administración Reagan, viendo en esto una amenaza “comunista” y -lo más importante- un desafío al control largamente ejercido por los Estados Unidos sobre los gobiernos de Centroamérica, empezó a trabajar inmediatamente para derrocar al gobierno sandinista. Emprendió una guerra secreta ordenando a la CIA que organizara una fuerza contrarrevolucionaria (la contra), muchos de cuyos líderes eran antiguos cabecillas de la odiada Guardia Nacional somocista.

Estados Unidos frente a la revolución sandinista

Ernesto Cardenal (2003), poeta y teólogo de la liberación, y protagonista de la revolución sandinista, en su extenso libro La revolución pérdida, señala que era ridículo que Reagan, el presidente de la mayor potencia del mundo presentara a Nicaragua, un país pobre y del Tercer Mun, como un peligro para la seguridad de su país; eso era falso, se hacía con el propósito de justificar la agresión y mostrar cuán poderoso era Estados Unidos derrotando al comunismo. La señora Jeane Kirkpatrick, embajadora en esos años de los Estados Unidos en la ONU, había llegado a decir que “Centroamérica es el lugar más importante del globo para los Estados Unidos”, y Cardenal (2003) agrega: “Reagan nos había dado una categoría todavía mayor, cuando dijo que la lucha en Nicaragua no era de la derecha contra la izquierda sino del bien contra el mal” (p. 607). En otras palabras, estaba diciendo que la lucha era entre dios (representado en los Estados Unidos) y el diablo (representado en el sandinismo), y ese fue el mensaje ideológico maniqueo que se difundió ampliamente a través de los medios de comunicación. La prensa plana, no solo en Centroamérica sino en todo América Latina, da testimonio de ese tipo de mensaje. Incluso hay investigaciones de cómo esto fue registrado en las caricaturas periodísticas (Pérez, 1988, pp.143-169). Si por amenaza a la seguridad de los Estados Unidos se entiende que Nicaragua iba a invadirla militarmente o a “exportar” su ideología (que no era comunista), entonces ese peligro nunca existió. El temor de la administración Regan tenía que ver con la credibilidad por no poder controlar un país con un gobierno antiimperialista que nunca se declaró marxista y que tampoco llegó a ser socialista (Castro, 1991). Refiriéndose a una importante investigación realizada por James Chase, director del New York Times Book Review, la cual concluyó en un libro, Ernesto Cardenal (2003, p. 607) registra lo siguiente:

Lo que temía era, como lo dijo Reagan ante el Congreso en abril de 1983, que, si continuaba existiendo un régimen marxista en Nicaragua, o triunfaba un régimen marxista en El Salvador, ellos perderían credibilidad en el resto del mundo, se creería que ya no tendrían poder para controlar su propia esfera de influencia, y eso pondría en peligro “el equilibrio de poder”.

La llegada de Reagan al poder significó el triunfo de los sectores más conservadores de los Estados Unidos en varios planos: militar, económico, político, ideológico, cultural, religioso, etc.; varios de estos sectores encontraron en el candidato republicano el liderazgo para recuperar la nación cristiana que decían que se estaba perdiendo, es así que, por ejemplo, rechazaron el relativismo moral y cultural que décadas anteriores había germinado en esa sociedad y, que había dado lugar a la formación de organizaciones ambientalistas, feministas, pacifistas, multiculturalistas, etc. Eran años en los que las organizaciones sociales y culturales abogaban por la paz, las libertades sexuales, la libertad para el consumo de estupefacientes, etc., y por eso fueron acusadas de haber socavado los cimientos cristianos de la nación, y la habían llevado a su decadencia moral y religiosa. En esos años también fue histórico la lucha por los derechos civiles que desde mediados de la década del cincuenta encabezó el pastor bautista Martin Luther King Jr., quien fue asesinado en 1968; las movilizaciones buscaban el reconocimiento de los derechos laborales, el derecho al voto y en contra de la discriminación étnica. Y como parte de todos estos movimientos sociales, políticos y culturales, no faltaron los grupos considerados de izquierda, los cuales tuvieron un importante protagonismo. Parenti (citado por Gentile, 2008, p. 247) menciona algunas de las actividades que realizaban estos grupos:

Se refiere a la salida a las calles por grupos de ciudadanos y los sit-in en colleges y universidades en protestas contra el uso de energía nuclear y el belicismo, mientras se recortaban los servicios humanos y los fondos para las minorías; las huelgas de trabajadores del acero, agricultores, transportistas de camiones, maestros y trabajadores de la prensa, de los hospitales y de las utilidades. También las grandes manifestaciones en contra de las dictaduras de derecha en Sudáfrica, Chile, la Nicaragua de Somoza, el Irán del Sha y otras.

Una de las acciones de Carter que los republicanos no le perdonaban, era su acercamiento a la Revolución cubana, fue durante su gobierno que se abrieron en 1977 las “Oficina de Intereses” de Estados Unidos en Cuba, y la de Cuba en Estados Unidos, es decir, las representaciones oficiales de cada país que habían sido cesadas en enero de 1961 volvieron a abrirse y a desarrollar su actividad diplomática (Ramonet, 2006). Para los republicanos y el sector conservador en general, el hecho que haya tenido esa “negociación” con Cuba era haber negociado con el principal enemigo de los Estados Unidos: el comunismo, ellos sostenían que la Revolución cubana era un peligro por su influencia en Centroamérica.

Cuando en 1981 Reagan asume la presidencia de los Estados Unidos, una de sus principales acciones fue coordinar con todos los gobiernos posibles de la región, fueran estos civiles, militares, conservadores, autoritarios, socialdemócratas, etc., con el propósito de mostrarse como el abanderado en la defensa de los derechos humanos y la democracia (liberal y burguesa) frente a la amenaza del comunismo, y de esa forma reconquistar el liderazgo internacional perdido. Somiedo (2014, p. 86), indica lo siguiente:

Ronald Reagan llegó a la presidencia resuelto a mejorar las relaciones de los EEUU con Latinoamérica y a restaurar la predominancia norteamericana en el hemisferio occidental después de la administración de Jimmy Carter, al que se señalaba como el responsable de minar la influencia de los Estados Unidos de América en el hemisferio, desestabilizando gobiernos amigos como el de Somoza en Nicaragua y facilitando la influencia cubana y soviética. Esto concentró la mayoría de sus preocupaciones en temas de política exterior durante el primer año de su mandato.

Era evidente su objetivo de acabar con la revolución nicaragüense, lo cual tendrá un fuerte impacto en todos los países del istmo centroamericano, es así que en noviembre de 1981, el presidente autoriza a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con una partida económica de 19,5 millones de dólares la creación de un grupo paramilitar (contrarrevolucionario) que se conocerá como “los Contras” que estará constituido por los antiguos miembros de la Guardia Nacional somocista para declararle la guerra al gobierno sandinista (Ecured, 2021); al trabajo de la CIA se sumaron agentes argentinos de la dictadura de Rafael Videla que colaboraron en la formación y preparación de “los Contras”, en el envío de armas, uniformes, alimentos, etc., y que tendrán como terreno de refugio para sus operaciones hacia Nicaragua los países de Honduras y Costa Rica (Kruijt, 2011). Sobre el papel desarrollado por este grupo paramilitar se han escrito muchos libros, se trata de una historia que costó la muerte de miles de vidas inocentes: “La guerra de la contra era para hacer la vida más miserable, y en gran medida lo logró. La contra prefería atacar objetivos indefensos, como escuelas, clínicas, cooperativas” (Cardenal, 2003, p. 610). Según Kruijt (2011) “los Contra” estaban conformados por uno 30 000 combatientes nicaragüenses más el soporte logístico y financiamiento proveniente del extranjero. Reiteradamente, “los Contras” dijeron abiertamente que sus acciones tenían el respaldo del papa Juan Pablo II, quien nunca desmintió esas afirmaciones ni en público ni en privado. Dice Ernesto Cardenal (2003, p. 612): ““El Papa está con nosotros” era una consigna de ellos, que lo gritaban o difundían impresa en papeletas. (Sin que el Papa hiciera nunca ninguna protesta)”. Y es conocida la estrecha relación que hubo entre Reagan y el papa, sobre eso puede verse con amplitud el libro de Ana María Ezcurra, Agresión ideológica contra la revolución sandinista (1983).

La sumisión centroamericana a la política norteamericana

Una vez que Reagan se aseguró de que “los Contras” estuvieran organizados para operar militarmente, pasó a profundizar el trabajo “diplomático” y a contar con el apoyo político de los gobiernos del área, es así que envió en misión a Guatemala y Honduras a Vernon A. Walters, oficial del Ejército de los Estados Unidos y diplomático, quien había sido director adjunto de la CIA, y embajador ante las Naciones Unidas y en la República Federal de Alemania cuando hubo la reunificación de los dos países, se trataba de un hombre de mucha experiencia y de confianza del presidente. Su gestión consistió en coordinar con los presidentes de ambos países para asegurar sus respectivos apoyos; y fue el mismo presidente Regan quien recibió en la Casa Blanca a Napoleón Duarte, quien era el que encabezaba la Junta Militar Demócrata Cristiana en El Salvador, donde entre 1980-1981 sectores militares que ahora apoyaban a Duarte habían participado militar e intelectualmente en matanzas contra el movimiento popular, entre los que se encontraban sectores religiosos vinculados a la teología de la liberación; sobre esto Suárez (2006, p. 342) precisa:

Incluidos diversos cristianos (sacerdotes y laicos) identificados con las luchas sociales por la democracia y por la liberación nacional y social del pueblo salvadoreño. Esos sectores cristianos (sobre todo los identificados con la Teología de la Liberación) habían sido declarados por los sectores reaccionarios de América Latina y el Caribe- así como por los ideólogos neoconservadores de los Estados Unidos- como “enemigos” de la seguridad interamericana.

En ese grupo cristiano que fue víctima estuvo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 por “Los Escuadrones de la Muerte”, que lideraba el mayor Roberto D’Aubuisson, un militar formado en la Escuela de las Américas, y nueve años después (el 16 de noviembre de 1989) serían asesinados en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), seis jesuitas también vinculados con la teología de la liberación y dos mujeres2 a mano de soldados de la fuerza armada de El Salvador por órdenes del coronel René Emilio Ponce, cuando Alfredo Félix Cristiani era presidente de ese país (1989-1994). En El Salvador, alrededor de 75 000 personas murieron entre 1979 y 1992 a raíz de la guerra.

De manera que cuando se quiere saber cuáles eran las condiciones sociales, políticas, económicas, religiosas y de derechos humanos en las que surge y se desarrollan los fenómenos religiosos fundamentalistas, como el neopentecostalismo en Centroamérica, hay que tomar en cuenta todos estos hechos. Pero no solo estos tres países (Honduras, Guatemala y El Salvador) fueron los que la administración Reagan sumó a la campaña para acabar con cualquier atisbo de “comunismo” representado en el sandinismo, también Costa Rica hizo su parte; como se dijo antes, el territorio costarricense había sido comprometido como refugio y preparación de “los Contras”; pero hay otro hecho sucedido en 1982, fue cuando Ronald Reagan realizó una visita oficial a Costa Rica, donde no fue bien recibido por el pueblo que en su mayoría estaba compuesto por jóvenes que protestaron por su presencia; el 4 de diciembre de 1982 en ceremonia oficial de recibimiento al mandatario norteamericano en el Teatro Nacional en San José, el diputado del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), Sergio Ardón, en medio del bullicio, leyó un texto dirigido a Reagan, que en uno de los párrafos cuestiona el falso maniqueísmo ideológico que usaba el político estadounidense: “en Centroamérica, la disyuntiva no está entre totalitarismo o democracia; no: aquí, la disyuntiva está entre la opresión y la sumisión por un lado, y la justicia social y el derecho a la autodeterminación de los pueblos por otro” y luego le señala cuál es el camino que se debe seguir para encontrar la paz y la democracia: “pasa en nuestras tierras por la negociación y el diálogo, no por la militarización y la guerra. Centroamérica requiere justicia y libertades, respeto a los derechos de los pueblos” (Ardón, 2019, p. 266). El presidente de Costa Rica en ese entonces era Luis Alberto Monge quien, si bien expresó su desacuerdo para respaldar una invasión armada a Nicaragua, se sumó a la cruzada de Reagan, al afirmar que el sandinismo era una amenaza para la democracia; sobre esto Dabéne (1993, pp. 33-34) señala:

La campaña para las elecciones de 1982 fue testigo de una violenta campaña anticomunista. La administración Reagan había lanzado su cruzada antisandinista, y Costa Rica vendió la idea según la cual la democracia estaba amenazada. El nuevo presidente Monge, del PLN, demostró mucha capacidad para tal ejercicio. Ya en 1982, el Departamento de Estado hizo que Costa Rica se incluyera en la categoría de países donde hay que “prevenir y combatir una agresi6n” y le otorga 200 millones de dólares de ayuda. La ayuda financiera norteamericana permite estabilizar y reactivar la economía.

El Documento de Santa Fe I y el fundamentalismo religioso

Dada la “amenaza del comunismo” en la región, a la administración Reagan, le vino bien el llamado Documento de Santa Fe I, preparado en mayo de 1980, cuando el político republicano estaba en campaña a la presidencia, y que había sido confeccionado en caso de que él ganara las elecciones en noviembre. El documento llevaba el título: “Una nueva política interamericana para la década de 1980”, y el tema central era sobre las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina, donde se diseñaba una especie de plan para mejorar esos lazos. Algunas de las propuestas eran: promover y asegurar gobiernos que fueran afines a los Estados Unidos y dependientes de él; desarrollar reformas económicas neoliberales para que haya inversión de los países del Primer Mundo (Consenso de Washington)3; reducir el protagonismo del sector intelectual de izquierda que son críticos a los Estados Unidos, y brindar apoyo a quienes sean simpatizantes a las políticas estadounidenses (populismo de derecha); y en todo esto no podía faltar su preocupación y uso del elemento religioso:

Dentro de esta campaña se planteó aumentar la influencia de la cultura y costumbres norteamericanas y alentar la propagación de religiones evangélicas fundamentalistas provenientes de éste país, que desde éstos años han mostrado una gran expansión en muchos países, mediante financiación…estimada por el investigador David Stoll entre $200 o 300 millones a finales de los 80; debilitando a los movimientos de resistencia a los Estados Unidos y canalizando las demandas del pueblo hacia el activismo religioso. (Ecured, 2021)

Respecto al uso del factor religioso en esos años, hay dos elementos que se deben tomar en cuenta: por un lado, los Estados Unidos quiere fomentar y desplegar el fundamentalismo religioso (el neopentecostalismo) en la región, porque le sirve a sus propósitos y, por otro, busca combatir la teología de la liberación porque es un pensamiento “peligroso” para sus intereses políticos y económicos, “se afirmaba que los teólogos de la liberación usaban esta teología como arma política contra la propiedad privada y el capitalismo productivo” (Somiedo, 2014, p. 87).

Puede observarse, entonces, que el elemento religioso es muy importante, y puede ser usado desde el poder con fines políticos, ya sea de la instrumentalización que se hace desde una institución jerárquica y con abundantes recursos económicos, en este caso desde el poder político y religioso donde confluyeron el Vaticano con el papa como figura central y los Estados Unidos con su presidente como jefe de un poder imperial.

Mientras que el fundamentalismo religioso es un pensamiento originado y desarrollado en el Norte (Estados Unidos) y después expandido al resto del mundo, en este caso hacia Centroamérica, la teología de la liberación es un pensamiento teológico nacido en el Sur (América Latina) cuyo mensaje central y compromiso político era la opción por las clases pobres; esta teología nació y se desarrolló primero en América del Sur y pronto, a mediados de los años 70 y los años 80, tuvo aceptación en Centroamérica, en un periodo muy convulso, en el que sectores cristianos tanto de la iglesia católica como de la iglesia protestante que junto con las organizaciones de izquierda participaban de los procesos revolucionarios en Guatemala, El Salvador y Nicaragua; esta situación era inadmisible para los Estados Unidos y el Vaticano, el papa Juan Pablo II era uno de los que más adversaba la teología de la liberación (Ezcurra, 1984). Pero no se trataba solo de expresiones o intenciones, sino que se tomaron decisiones y se realizaron algunas acciones importantes: en 1981 en los Estados Unidos de creó “el Instituto de Democracia y Religión para integrar a todas las iglesias evangélicas y financiar su predicación en el continente” (Somiedo, 2014, p. 87); en 1983, el papa Juan Pablo II reprendió públicamente al sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, Ministro de Cultura del gobierno sandinista en el aeropuerto de Managua por participar en su condición de sacerdote católico en el gobierno revolucionario; y a solicitud del papa a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que dirigía el cardenal Joseph Ratzinger (que después sería papa del 2005 al 2013) se realizó un estudio de la teología de la liberación, que concluyó en dos documentos: “Instrucciones sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación” (1984) y la “Instrucción sobre Libertad Cristiana y Liberación” (1986), “que, aunque dirigidos en un primer momento a sistematizar este movimiento dentro de la Iglesia, expresan las serias reservas de la Santa Sede hacia la Teología de la Liberación” (Somiedo, 2014, p.88).

El fundamentalismo religioso y los derechos humanos

En cada uno de los países de Centroamérica existen iglesias evangélicas que en las últimas tres décadas han tenido un crecimiento significativo, según el Latinobarómetro 2014 (citado por Pérez, 2017, p. 52) a la pregunta: ¿cuál es tu religión?, los resultados del porcentaje de personas evangélicas en Centroamérica son los siguientes: Honduras 41 %, Guatemala 40 %, Nicaragua 37 %, El Salvador 31% y Costa Rica 21%. Ocho años después, la tendencia de crecimiento se mantiene. En cada país existe un abanico de casos que merecerían un estudio particular por lo diversas que son y que dependen muchas veces de los énfasis que tienen y la ubicación social en la que se encuentran, algunas priorizan unos ministerios sobre otros: apostolado, profecía, pastorado, salmista, entre otros, pero tienen en común algunas características: creen en la teología de la prosperidad, prefieren lo individual sobre lo comunitario, hay mayor protagonismo del hombre sobre la mujer, hacen una lectura literal de la Biblia (biblicista), quieren aplicar lo que dice el texto al resto de la sociedad, organizan campañas de sanidad, obligan a sus feligreses a diezmar, poseen grandes templos, se sirven de la tecnología moderna para desarrollar sus cultos, incursionan en la política sobre temas sobre los derechos humanos con el propósito de conquistar los poderes del Estado desde el que aspiran establecer cómo debe ser la sociedad, etc.

Aunque los censos nacionales en algunos países no registran la afiliación religiosa; sin embargo, hay estudios que ayudan a comprender el crecimiento de estas iglesias. Respecto a Guatemala, hace 16 años, “El Pew Forum on Religion and Public Life estimó que para 2006 un 34% de la población guatemalteca era protestante, de la cual el 58% se adscribía como pentecostal” (Dary, 2018, p. 328). De acuerdo con un informe de Protestante Digital (2016), “La Alianza Evangélica calcula que hay más de 40 mil iglesias en Guatemala. Según ese cálculo hay 96 iglesias evangélicas por cada parroquia católica del país.” Y en este país “hay registrados seis templos evangélicos por cada parroquia católica. Esa relación se hace aún más distanciada si se toma en cuenta las no inscritas oficialmente.” Y en lo que a su visión de sociedad y relación con la política concierne, la investigadora Andrea Althoff (2002, p. 1) apunta:

Las iglesias neopentecostales son mayoritariamente urbanas y de estrato social medioalto. Atraen a altos funcionarios políticos, militares y empresarios, en parte por una doctrina que legitima la participación política a través de principios bíblicos. Sus valores son muy conservadores (por ejemplo, respecto a la moral sexual y la importancia de la familia) aunque, por otra parte, reflejan ideas políticas y económicas neoliberales, con fuerte énfasis en la libertad del individuo.

En un estudio sobre el fenómeno religioso en El Salvador, el politólogo Álvaro Bermúdez hace cuatro clasificaciones de creyentes: personas religiosamente comprometidas no fundamentalistas (22,3 %), personas religiosamente comprometidas fundamentalistas (31,2 %), creyentes progresistas liberales (13,6 %) y quienes no se institucionalizan y tienen menor compromiso religioso (28,8 %); sobre asuntos de derechos humanos, dice que del segundo grupo “ninguno de sus integrantes aprueba el aborto”, además que “muestran un bajo apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo” (Bermúdez, 2018, p. 301).

Aunque, según el Latinobarómetro del 2014 (citado por Pérez, 2017, p. 50), de los cinco países de Centroamérica, Costa Rica es el que aparece con menos población evangélica; sin embargo, en los últimos tres procesos electorales han ido aumentando los diputados neopentecostales electos para la Asamblea Legislativa; y en las elecciones presidenciales y legislativas del 2018, el salmista neopentecostal Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional (PRN) estuvo cerca de alcanzar su objetivo (ser presidente). Este pasó en primer lugar a la segunda vuelta, donde fue derrotado, pero el arrastre de su campaña antiderechos humanos logró que fueran elegidos 14 diputados del PRN. Los temas de interés de este partido confesional son semejantes a los de otras agrupaciones neopetencostales de otros países. Sobre los hechos en Costa Rica, Zúñiga (2018, p.273) dice:

Los partidos de orientación evangélica, sobre todo desde las elecciones de 2010, habían estado trabajando un discurso político orientado a defender los temas que, desde el punto de vista ético, son más atractivos para los creyentes evangélicos y católicos: la lucha contra el aborto, la pelea por la familia natural -en contra del matrimonio homosexual- y la defensa de la libertad religiosa.

En el caso de Honduras, el artículo 77 de la Constitución dice en el segundo párrafo que “los ministros de diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo” (Poder Legislativo, 2018, p. 13); en noviembre del 2018 fue presentado un proyecto para reformar esa ley a fin de que pastores y ministros aspiren a cargos de elección popular. Aunque esa reforma aún no se ha hecho, por ser personas públicas, tiene opinión e incidencia sobre algunos temas que conciernen al país, especialmente en asuntos de derechos humanos, por eso son requeridos por los medios de comunicación, así logran tener influencia en la sociedad. Como señalan las estadísticas del Latinobarómetro del 2014, Honduras es una sociedad con una gran presencia de población creyente cristiana, y siempre los grupos políticos van tras esos votos, y la mayor parte de los temas con los que buscan obtener apoyo tiene que ver con asuntos morales. Josué Murillo (citado por Maradiaga, 2021, párr. 4) señala:

Esto es una estrategia de ¿qué me puede generar a mí más votos? ¿qué puedo sacar del discurso de mi adversario político para ponerme en una posición de ventaja?, y con temas como el aborto, el comunismo o el matrimonio igualitario, ellos lo que buscan es generar réditos electorales a partir de los votantes que son religiosos, sean católicos, evangélicos, mormones y todos los demás.

En Nicaragua también existen varios partidos políticos conservadores y políticos evangélicos que participan en las campañas electorales, pero no han logrado conformar una sola agrupación que se convierta en un partido o movimiento sólido con posibilidades de ser gobierno; las divisiones y desacuerdos han sido una característica en los últimos procesos electorales, lo que los ha unido, independientemente de que entre sí haya grupos evangélicos, católicos, conservadores, liberales o de derecha, es la llamada “agenda moral”, es decir, asuntos de derechos humanos, y sobre esos temas también coinciden con el actual gobierno; al respecto la socióloga María Blandón (2021, párr. 23) señala:

Es increíble cómo estos políticos o candidatos que se oponen al régimen Ortega-Murillo tienen grandes coincidencias en su rechazo a la equidad de género, en su resistencia a reconocer los derechos de homosexuales, de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos; son parte del mismo problema, tanto el partido de gobierno, como quienes se declaran opositores, coinciden en esta postura conservadora, e incluso misógina.

Entonces, como puede verse, en ninguno de los países centroamericanos está ausente el fenómeno religioso fundamentalista neopentecostal que, con diferentes nombres u organizaciones políticas participan en la vida pública, y tienen entre sus dirigentes o integrantes a pastores y líderes religiosos neopetencostales y conservadores, cuyos temas de interés tienen que ver con los derechos humanos o los asuntos bioéticos (“agenda moral”); es decir, en este siglo XXI, estos grupos continúan defendiendo posturas religiosas que hace más de cien años fueron también defendidas por organizaciones fundamentalistas religiosas y políticas en los Estados Unidos.

Hoy, en Centroamérica, se habla bastante sobre el neopentecostalismo, y es que este está presente de forma palmaria en cada uno de los países de la región; nadie iba a imaginar que en pleno siglo XXI con sociedades que se consideran laicas y modernas este fenómeno religioso tuviera importante cantidad de seguidores y lograra alguna incidencia en la vida política, con posturas conservadoras sobre los derechos humanos, especialmente cuando se realizan procesos electorales.

Algunas conclusiones

Contra el fundamentalismo religioso manifestado en Centroamérica con mayor notoriedad desde los años ochenta a través de las iglesias evangélicas tanto pentecostal y neopentecostal hasta nuestros días, se escuchan opiniones y comentarios adversos y desaprobatorios; sin embargo, la mayor parte de la población conoce poco en qué consiste este fenómeno; esto se debe, entre otras razones, a los estereotipos, estigmas o prejuicios que han sido creados contra ellos desde diferentes instituciones, como por ejemplo, los medios de comunicación, o desde el poder que ejerce (ahora en menor cuantía) la iglesia católica; tampoco existe desde los centros académicos mayores esfuerzos por estudiar la aparición y desarrollo del neopentecostalismo y, muchos menos, por explicarlo a la población en general, es reducido e insuficiente repetir el estribillo “la religión es el opio del pueblo”; esta es una materia pendiente y urgente en estos tiempos.

Como se anunció al principio, todo hecho religioso es una manifestación social que tiene lugar en un contexto específico que está mediado por el tiempo, la cultura, la política, los actores internos y externos, entre otros. En síntesis, es un elemento que forma parte de varios factores que configuran una sociedad y que responde a diferentes necesidades e intereses; pero para comprender el fundamentalismo religioso expresado en Centroamérica como neopentecostalismo, es indispensable acercarse a conocer los acontecimientos que se vivieron en esos años en esos países, los cuales condicionaron o influyeron en su aparición; se encontró que fueron tiempos de serios conflictos políticos y militares especialmente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, en ellos hubo movimientos políticos revolucionarios que luchaban por transformar las condiciones socioeconómicas de pobreza, explotación y represión; pero no se trataba de un conflicto donde solo estuvieron presentes actores internos (nacionales), sino que la presencia y participación de los Estados Unidos fue determinante. Este operó en la región alineando a los gobiernos de la región hacia su política externa que consistió en el aislamiento, persecución y deseable desaparición del comunismo que, según los Estados Unidos, estaba presente en el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua (el gobierno sandinista se declaró antiimperialista y nacionalista, nunca socialista ni comunista). El presidente de los Estados Unidos en ese entonces era Ronald Reagan, quien en sus dos gobiernos (1981 a 1989) puso toda la atención necesaria para defender los intereses geopolíticos y económicos de su país en Centroamérica. En la lucha guerrillera revolucionaria la participación de grupos cristianos, tanto católicos como evangélicos identificados con la teología de la liberación latinoamericana fue significativa; esto llamó mucho la atención del gobierno de los Estados Unidos y del Vaticano, y entendieron que esta vez el fenómeno religioso sumaba en contra del orden establecido y defendido por Estados Unidos, y en contra de la tradición doctrinal eclesiástica del Vaticano. Una situación así fue propicia para que se alentara y apoyara desde tierras norteamericanas la presencia y desarrollo en Centroamérica del neopentecostalismo, que se caracterizaba por su despreocupación y desinterés en los compromisos sociopolíticos de transformación social y económica; por el contrario, se convertirían con la propagación de sus creencias literales de la Biblia en un elemento fundamental para que la gente se refugie en sus iglesias y desde ahí busque difundir e imponer sus doctrinas anti derechos humanos al resto de la sociedad. Estas fueron las condiciones contextuales y los intereses en los cuales se desarrolló el neopentecostalismo en esta parte de la región latinoamericana.

El fundamentalismo religioso, en este caso, cristiano evangélico, surgió en los Estados Unidos, pero no se quedó ahí, sino que se extendió por varios países de América Latina; su presencia en Centroamérica se expresa a través del neopentecostalismo y su relación con partidos políticos cuyos temas de interés de sus representantes son semejantes a los temas que hace una centuria y en un contexto diferente estuvieron en boga. Al igual que en el pasado, hoy tiene una notoria presencia en los asuntos públicos de los países centroamericanas, en donde evidencian interés por asumir algunos poderes del Estado y desde ahí legislar en la perspectiva en que conciben al ser humano, la sociedad, los derechos humanos, etcétera.

Lo que se ha expuesto en este artículo, además de ayudar a entender los orígenes, causas, características y desarrollo del fundamentalismo religioso, también permite comprender la expresión que este tiene hoy a través de las iglesias neopentecostales en Centroamérica y los desafíos que presenta respecto a los derechos humanos.

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