Introducción

Durante una década, formé parte de un equipo interdisciplinario de investigación que ha estudiado el impacto del exilio político, la experiencia transnacional de los desterrados y la dinámica de un retorno parcial de exiliados en las sociedades del Cono Sur. Nuestro equipo de investigación estuvo integrado por Roniger, Leonardo Senkman, Saúl Sosnowski y Mario Sznajder. A través del análisis de la dinámica del exilio, las políticas de retorno promulgadas por Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, y extensas entrevistas con personas que tuvieron esa experiencia, indagamos el papel de los exiliados, expatriados, migrantes, retornados y sojourners en dos niveles. Un foco analítico abordó las instituciones, la política y la cultura de estos países en su transición a la democracia; el segundo foco analítico abordó el proceso a largo plazo de reconstitución de las esferas públicas en torno a valores democráticos. Producto de ese trabajo interdisciplinario es el libro colectivo Exilio, diáspora y retorno: Transformaciones e impactos culturales en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, publicado por la editorial EUDEBA (Buenos Aires, 2022).

En este artículo, precisamente deseo compartir parte de nuestra comprensión retrospectiva sobre aquellas experiencias exílicas y el proceso de retorno en toda su complejidad, con lo cual abordo las siguientes interrogantes: ante el dramático quiebre institucional que afectó a estas sociedades, cada una de manera diferente y en diversos grados, ¿cuál fue el impacto de los retornados en sus respectivas sociedades? ¿Cómo afectó la experiencia transnacional de los retornados y de aquellos que permanecieron fuera de las fronteras nacionales a las instituciones, así como a la política y la cultura de las naciones del Cono Sur? Tanto quienes sufrieron el destierro y quienes se quedaron bajo los regímenes dictatoriales sufrieron profundos cambios. Las fracturas y cicatrices de las sociedades nacionales apuntaban a la necesidad de asumir un proceso terapéutico, por momentos dramático o desafiante. Acusaciones y contraacusaciones fueron entonces parte del retorno y reencuentro nacional, ya que nadie, y mucho menos las propias sociedades salieron ilesas del periodo de violencia y represión militar. Además, las comunidades surgidas en la diáspora no dejaron de existir en virtud del fin de las dictaduras.

En consecuencia, ni el exilio, ni las diásporas y ciertamente tampoco el retorno, deben verse como un todo homogéneo. Con el destierro de miles de ciudadanos del Cono Sur, surgió un escenario mixto de exiliados, expatriados, migrantes, retornados y peregrinos, que mantuvieron diferentes diálogos y compromisos con la patria de origen. Y dado que los estados conosureños implementaron políticas de neoliberalismo económico en diferentes grados, ¿cómo se llevó a cabo el retorno? ¿Cuál fue el papel de las organizaciones no-gubernamentales, las organizaciones internacionales, los gobiernos locales, los países anfitriones, el mercado y los propios exiliados? ¿Y qué límites, dificultades y carencias encontraron quienes planearon retornar? Finalmente, ¿cómo abordaron y se relacionaron los países de origen con las persistentes diásporas de connacionales en el extranjero? Por razones de espacio, el tratamiento de estos temas es aquí necesariamente parcial; se puede encontrar un tratamiento más completo en el libro galardonado con el Premio Whitaker, así como en otros ensayos que he venido publicando sobre este tema en las últimas dos décadas (entre otros, Roniger, 2009; Roniger, 2010; Sánchez y Roniger, 2010; Sznajder y Roniger, 2009; Roniger, 2011, 2014, 2016a, 2016b, 2017, 2021, 2023).

Exilio: Un mecanismo de exclusión institucional

El exilio es un mecanismo de exclusión institucional y una práctica política que ha sido utilizada tanto por regímenes autoritarios como por democracias limitadas. Muchas sociedades y sistemas políticos adoptaron la práctica del destierro desde tiempos inmemoriales hasta llegar a la modernidad y las coyunturas contemporáneas (véase por ejemplo Tabori, 1972; Simpson, 1995; Queiroz, 1998; Aguirre Moreno, Sánchez Cuervo y Roniger, 2014; Sánchez Cuervo, Pilatowsky y Senkman, 2021).

En las Américas, las raíces del destierro se remontan a la época colonial,3 cuando el desplazamiento territorial y la expulsión fueron ampliamente utilizados por las autoridades contra agresores sociales, marginados, rebeldes y criminales, trasladados primero de Europa a las Américas, y pronto replicándose dentro de las Américas, tanto en Brasil como en Hispanoamérica. En la época colonial, el desplazamiento territorial y la expulsión fueron pues fundamentales para hacer frente a los delincuentes sociales (Scardaville, 1977, pp. 304-350) y para reforzar las defensas en las márgenes del imperio. Las autoridades coloniales tendieron a recomendar cautela en el uso de esta práctica de control social y desplazamiento humano; sin embargo, hacia fines de la época colonial, el desplazamiento territorial era ya ampliamente utilizado en todo el continente americano (Roniger y Sznajder, 2008).

En el siglo XIX, con la transición a la independencia política el destierro, adquirió un perfil especial, ya que todos los nacientes Estados latinoamericanos incorporaron el exilio como una práctica política importante, junto con otros mecanismos de castigo y control. Como tal, se utilizó y abusó en el ámbito del quehacer político. En el imaginario colectivo y en las esferas públicas de los países latinoamericanos, el exilio se convirtió en un modo central de “hacer política”. Quienes desafiaran a los poderes establecidos podrían sufrir penas de prisión, exilio o bien la muerte, o como lo expresó el historiador Félix Luna para referirse a los opositores de Juan Manuel de Rosas, quien intentaría castigarlos con el encierro, el destierro o el entierro (Luna, 1995, p. 202), así como lo atestigua hasta hoy el análisis de constelaciones políticas contemporáneas como la nicaragüense (Rodríguez, 2023). A lo largo de dos siglos de vida estatal independiente, los actores políticos y los ciudadanos de los países latinoamericanos se vieron obligados a abandonar sus países de residencia para escapar de situaciones represivas, sufriendo la pérdida de derechos civiles y políticos, persecución e incluso la pérdida de la vida.

La migración forzada puede asumir múltiples formas, desde la expulsión y la deportación hasta la fuga y la expatriación. Forzados a escapar o abandonar su sociedad de origen, una vez en el exterior los desplazados enfrentan diariamente obstáculos derivados de precarias condiciones de existencia y, en algunos casos, por falta de documentación, subsisten en trabajos informales, salarios bajos e incluso enfrentan la marginación social o la xenofobia. En otras ocasiones, enfrentan la crítica, como fue el caso de izquierdistas chilenos llegados a Cuba después del golpe de Estado de septiembre de 1973 y que fueron criticados por Fidel Castro por no luchar hasta la muerte, alegando que su exilio “no fue lo suficientemente productivo” (Ortega, 2019). Por otra parte, hubo muchos desterrados que lograron superar las dificultades iniciales y descubrieron nuevas oportunidades educativas y laborales en el extranjero.

Paralelamente, en un plano fenomenológico, el exilio a menudo ha desencadenado dilemas existenciales y cuestionado el carácter territorial de los Estados-nación latinoamericanos al redefinir las lealtades nacionales como desvinculadas de las obligaciones políticas y los derechos ciudadanos. De hecho, los exiliados en la diáspora han tendido a permanecer leales a su anterior noción de “nación: a pesar de haber perdido sus derechos ciudadanos y renunciado a sus obligaciones con el gobierno que los obligó a emprender el camino del exilio. Así, en el exilio se opera una constante redefinición de premisas culturales y políticas que desafía la intención de quienes están dispuestos a silenciar a sus adversarios políticos y culturales.

Antinomias de la Guerra Fría, represión y exilio masivo

En la década de 1960, la Revolución Cubana se convirtió en un modelo que galvanizó a ciudadanos latinoamericanos que crecían en entornos autoritarios y de alta desigualdad socioeconómica. El llamado a la revolución socialista logró resonar entre jóvenes de clase media, a menudo estudiantes universitarios o disidentes de partidos comunistas, quienes, en la era posestalinista, se desvincularon de un apoyo ciego a la Unión Soviética. Resentidos por las estructuras políticas y socioeconómicas injustas respaldadas por Estados Unidos, surgieron grupos revolucionarios de izquierda en Paraguay, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Estos grupos defendieron el modelo cubano de una vanguardia revolucionaria que supuestamente lideraría un asalto insurreccional contra los poderes establecidos y movilizar consecuentemente un apoyo masivo de la población hacia un cambio radical de las estructuras sociales.

En el contexto de la Guerra Fría y ante la incapacidad de las élites gobernantes para lograr una coexistencia pacífica y un desarrollo en beneficio de todas las clases sociales, amplios círculos intelectuales y las generaciones más jóvenes expresaban su apoyo al cambio radical. Muchos apoyaron la convicción de que la sociedad debía ser transformada por la fuerza si fuere necesario. Mientras los comunistas tradicionalmente apoyaban el establecimiento de coaliciones con organizaciones políticas burguesas para crear futuras condiciones de cambio, los nuevos grupos proclamaron la violencia revolucionaria como la estrategia para alcanzar la liberación social a escala continental e incluso global. Los cubanos ofrecieron apoyo y entrenamiento a grupos insurgentes en toda América Latina.

Por su parte, la estrategia de los Estados Unidos reforzaba los lazos con las fuerzas armadas, policías y guardias nacionales latinoamericanos. Hacia 1960, casi siete mil oficiales habían sido asignados a grupos asesores de asistencia militar en América Latina y las fuerzas policiales fueron entrenadas en métodos de contrainsurgencia. A principios de la década de 1970, las subvenciones militares y las ventas a crédito se triplicaron con creces, mientras que las fuerzas armadas latinoamericanas crecían exponencialmente, en especial en aquellos países donde los militares tomaron el poder (García, 1995; Nunn, 1995, pp. 7-9).

A medida que la opción reformista de la Alianza para el Progreso perdía fuerza y ganaba terreno la opción revolucionaria, la estrategia de la contrainsurgencia se convirtió en el principal mecanismo de enfrentamiento a la izquierda radical. Tras los esfuerzos cubanos por exportar la revolución, creando “tantos Vietnam como fuera posible”, Estados Unidos pasó a apoyar a gobiernos de facto autoritarios invocando la seguridad nacional.

El potencial de violencia se nutría de la polarización ideológica que prevalecía en la era de la Guerra Fría. La analista cultural Ana Pizarro observó que, para la izquierda, los años sesenta y principios de los setenta fueron años de discusión de la teoría de la dependencia frente a los enfoques desarrollistas, de crítica y contracrítica, de diálogo con los países africanos que salían de procesos de descolonización, años de evaluación de la importancia de la Revolución Cubana y la optimista perspectiva de una integración caribeña y latinoamericana (Pizarro, 1994, p. 173; véase también Galeano, 1987, pp. 435-436). Influyeron en el clima político durante ese período los sentimientos antiimperialistas de izquierda, la difusión de la Teología de Liberación y las demandas de protección de los derechos de las minorías étnicas. Las ideas de la izquierda fueron rechazadas por otros sectores que tenían visiones diametralmente opuestas, pero no menos apasionadas sobre el futuro de sus sociedades (Dinges, 2005, pp. 41-81; Calandra, 2011).

La democracia formal se derrumbó y fue reemplazada por gobiernos militares, en un efecto dominó que comenzó en Brasil en 1964 y que involucraría a todos los países del Cono Sur en una ola de autoritarismo. Como resultado, los factores de poder legalizaron regímenes de excepción, la intervención militar en la vida pública y la suspensión de las libertades y garantías constitucionales, con graves consecuencias en el ámbito de los derechos humanos en toda la región. En gran medida, los golpes de Estado marcaron la derrota del legado de movilización populista y radicalización de la izquierda.

Con el nuevo ascenso del peronismo legalizado, el retorno del exiliado líder Juan Domingo Perón y su elección como presidente en 1973, Argentina se convirtió en un refugio para exiliados políticos y organizaciones revolucionarias de toda la región. Los tupamaros uruguayos, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) boliviano, grupos paraguayos liberales y disidentes del partido Colorado, y el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) chileno se unieron a los Montoneros y al ERP (Ejército Popular Revolucionario) argentinos, convencidos de que desencadenarían un proceso regional hacia el socialismo. Con las movilizaciones de masas en su apogeo, estos grupos pensaron que podían galvanizar a la opinión pública y provocar una insurrección de masas tras sus acciones de vanguardia. Se involucraron en una serie parcialmente exitosa de secuestros de ejecutivos de corporaciones económicas, pidieron rescates y lanzaron algunas acciones militares en áreas remotas, así como ataques terroristas contra personal militar. Hacia agosto de 1973, los grupos revolucionarios habían ideado un plan para coordinar sus acciones a escala transnacional a fin de proporcionarse apoyo logístico, financiero y militar mutuo a través de las fronteras por medio de una junta coordinadora revolucionaria. El conocimiento del plan alertó a los círculos militares que empezaron a difamar a la oposición no-violenta adjudicándole las tácticas violentas de los grupos guerrilleros (Kornbluh, 2003, p. 16; 2005). Además, el golpe de Estado de Pinochet en Chile en septiembre de 1973 dio crédito a la afirmación de la izquierda revolucionaria de que solo la violencia abriría el camino hacia al socialismo en América Latina.

Pronto, los grupos revolucionarios pasaron de una fase inicial de euforia a ser aniquilados por las redes paramilitares y luego por los militares en el poder. Las fuerzas armadas del Cono Sur lograron marginar bastante temprano a la izquierda radical. Fueron implementadas entonces políticas de dura represión, con lo cual ejecutaron una red de represión transnacional contra grupos de izquierda y sus simpatizantes en el marco de la Operación Cóndor.4

La represión produjo muertes y encarcelamiento y generó oleadas masivas de fuga y exilio. El alcance de la migración forzada solo puede estimarse, ya que muchos ciudadanos contrabandearon las fronteras, mientras que otros se fueron del país con documentación legal pero sin ningún deseo o posibilidad de regresar, mientras la dictadura mantuviera el poder. Las estimaciones sitúan el número de exiliados argentinos a fines de la década de 1970 en el rango de 265 000 a 350 000 en una población de aproximadamente 27 millones, lo cual está en el rango de 1,0 a 1,5 por ciento de la población, con una sobrerrepresentación de jóvenes y estudiantes universitarios.

En Paraguay, la fuga de población comenzó antes, con múltiples oleadas durante el largo gobierno del general Alfredo Stroessner (1954-1989). Una combinación de presiones políticas y económicas generó sucesivas olas de dislocación territorial que, para 1980, produjo una diáspora de 263 000 de una población nacional de alrededor de 3 millones, es decir, alrededor del 8 por ciento de la población. El número de exiliados políticos entre ellos se calcula en 17 000 a los que se deben sumar las familias, según el informe de la Comisión Paraguaya de Verdad y Justicia de 2008.

Uruguay perdió al exilio entre el 8 y el 13 por ciento de su población de 3 millones, es decir, entre 250 000 y 350 000 personas, que se integraron en una diáspora aún mucho mayor que en 1985, el año de la restauración de la democracia incluía el 25 por ciento de los profesionales y técnicos de Uruguay, el 15 por ciento de sus arquitectos, y el 10 por ciento de sus médicos e ingenieros.

Por su parte, Chile había sido tradicionalmente un país de migrantes económicos que cruzaban los Andes, probablemente con alrededor de 450 000 residentes en Argentina a principios de la década de 1970. Entre 1973 y 1989, otra masa de 175 000 a 248 000 ciudadanos emigró por razones económicas, mientras que un número estimado entre 150 000 a 225 000 ciudadanos se exiliaron por motivos políticos, con lo cual se totaliza una diáspora chilena estimada en el rango de 575 000 a 850 000 para una población de 10,6 millones de habitantes.

La potencialidad de las comunidades desterradas y su lucha colectiva

Más que por la cantidad de exiliados y migrantes forzados a residir en la diáspora, es posible escudriñar su peso político por la capacidad de las diversas comunidades de exiliados para organizarse en el extranjero y convertirse en una voz dispuesta a representar a toda una diáspora nacional; tales diásporas políticas lograron establecer lazos transnacionales con redes de solidaridad y defensa de los derechos humanos, consiguiendo presionar a los dictaduras, a la par que exigían la democratización y una rendición de cuentas por las violaciones masivas de derechos humanos. Todas las diásporas políticas formadas en las décadas de 1960 y 1970 enfrentaron desafíos similares derivados de las políticas de desinformación llevadas a cabo por las dictaduras, sus intentos de persecución y descrédito del exilio político; asimismo, fueron afectadas por la desconexión de los exiliados de sus países y sociedades de origen, a pesar de su voluntad de continuar organizados y luchar en el extranjero, además de la necesidad de sobrevivir en los diferentes lugares de exilio.

Las comunidades de exiliados participaron en diversos grados en el movimiento emergente de derechos humanos, de este modo, establecieron vínculos con comités de solidaridad y redes transnacionales de defensa. Aun así, algunos sectores exiliados tuvieron mayores dificultades que otros para impactar a la comunidad internacional debido a las distintas circunstancias de su entorno y a los antecedentes institucionales de sus sociedades de origen. Un primer obstáculo para algunos fue la falta de un sistema de partidos afines al de los países anfitriones, un obstáculo que fue evidente particularmente para los exiliados argentinos.

El caso argentino se asemeja al chileno en cuanto a la dispersión de las comunidades de exiliados y el impulso a la creación de sus propias organizaciones, orientadas por un lado hacia el ámbito político y, por otro, al apoyo social a los exiliados. Igualmente, los exiliados argentinos parecen haber podido establecer vínculos con redes de solidaridad en los países de acogida y en el ámbito transnacional. Sin embargo, fue más difícil para los extranjeros que los acogieron posicionarse frente a Argentina que frente a Chile. El caso de Chile se destacó en su proyección internacional y las múltiples transformaciones ideológicas e institucionales iniciadas después del golpe de septiembre de 1973 que culminaron a fines de la década de 1980. Los ataques aéreos del 11 de septiembre de 1973 en el palacio presidencial de La Moneda en Chile habían dejado una profunda huella en la conciencia global, tal como ocurriría con el ataque del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas una generación después. El golpe militar constituyó una ruptura de la tradición constitucional chilena y puso fin al primer experimento de una administración marxista-socialista que había llegado al poder a través de las urnas. La brutalidad y la magnitud de la represión que siguió al golpe militar hicieron de Chile la causa célebre de las fuerzas democráticas, tanto de izquierda como liberales.

Los exiliados chilenos que huyeron o fueron expulsados se convirtieron en el núcleo central de una diáspora vibrante que proyectó aún más en la conciencia mundial la difícil situación de su sociedad con violaciones masivas de derechos humanos. Los chilenos provenían de un país con un sistema político articulado y de partidos políticos que encontraron una resonancia casi inmediata entre los partidos hermanos y en los círculos intelectuales, tanto en el mundo occidental como en los Estados comunistas, en América Latina y en Europa. Los gobernantes militares chilenos clausuraron la esfera política, alejando a muchos demócratas cristianos y miembros de otros partidos centristas y no revolucionarios; de tal modo, crearon una constelación de fuerzas que trascendió la división de la Guerra Fría entre el campo occidental y el campo comunista. Los exiliados chilenos se proyectaron proactivamente a través de las redes de solidaridad e incidieron en organismos internacionales.

Por el contrario, muchas sociedades de acogida de desterrados –por ejemplo, en Europa occidental– no lograban comprender instintivamente la situación de Argentina, un país donde la democracia se derrumbó y comenzó una represión masiva ya bajo un gobierno civil. Las luchas internas dentro del peronismo generaron una violencia masiva, ya que sus alas izquierda y derecha empezaron a aniquilarse entre sí a principios de la década de 1970, varios años antes del golpe militar de 1976. Además, la propaganda de la junta militar argentina demonizaba a los exiliados como dirigentes en el exterior de la violencia y la lucha armada, lo que los llevó a ser sospechosos ante la opinión pública mundial. Haría falta más tiempo para que la comunidad internacional tomara conciencia de la situación argentina; en ese sentido, se destacaron las Madres de Plaza de Mayo y los familiares de las víctimas, que exigían justicia y la restitución con vida de sus familiares y amigos secuestrados.

En el caso de los exiliados paraguayos, la eficacia de la oposición en el exilio se vio afectada por la fragmentación interna, las rivalidades personales y por la infiltración de miles de espías y colaboradores entre los paraguayos residentes en el exterior. Su concentración principalmente en Argentina, con comunidades mucho menores en España y en los Estados Unidos, limitó aún más su impacto en la escena internacional. A la adversidad en el exterior se sumó la estrategia de la dictadura de Stroessner que mantuvo las formalidades de la democracia electoral en Paraguay y contó con el respaldo de una importante fuerza política, el Partido Colorado, que gozaba de antiquísimas lealtades en el país y suministraba apoyo popular al régimen. Stroessner logró así convencer a las audiencias externas de que la mayoría de los desplazados abandonaron el país en busca de mejores perspectivas económicas y que no fueron expulsados del territorio nacional por la represión.

La combinación relativa de motivaciones políticas y económicas proyectadas por la comunidad de connacionales influyó en la capacidad de los exiliados para convertirse en la voz y la imagen de una diáspora nacional. En el caso de la diáspora uruguaya, su impacto en la opinión pública mundial no se basó en la movilización masiva de su diáspora como la de los chilenos. Hubo excepciones, como la repercusión internacional de destacados exiliados: el senador Zelmar Michelini, el presidente de la Cámara Héctor Gutiérrez Ruiz (ambos secuestrados y asesinados en Argentina en 1976) y otros que escaparon a tal destino, incluidos los senadores Wilson Ferreira Aldunate y Enrique Erro. Los factores discriminatorios cruciales en el caso de Uruguay parecen ser la diferente inserción de los exiliados uruguayos entre sus connacionales, su limitada estructura organizativa inicial en el exterior y el hecho de provenir de una sociedad casi sin tradición de exilio político durante el siglo XX. Sin embargo, hacia el final de la dictadura los exiliados lograron recuperar protagonismo en el proceso de democratización, tanto por campañas espectaculares como el retorno organizado de los hijos de exiliados a Uruguay, que sensibilizó a todos los uruguayos sobre su difícil situación y la demanda de amnistía general, y asimismo por la posición principista de Ferreira Aldunate, quien divulgó y criticó duramente los términos de la transición uruguaya pactados en secreto. La transición fue negociada entre la dirección del Partido Colorado y los generales, basada en la aprobación de una ley de inmunidad que impidió lograr una amplia rendición de cuentas por los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura cívico-militar, expectativa postergada por más de 25 años (Haugaard, 1997; Roniger, 2016c).

También es importante la imagen proyectada por distintas comunidades de exiliados en el marco de las consideraciones de política exterior de la comunidad global y los países anfitriones, especialmente si estos últimos ocupan un lugar central en el sistema internacional. El caso de Chile trascendió la división Este-Oeste, ya que tanto los demócratas cristianos como las fuerzas de izquierda alzaron su voz contra el gobierno de Pinochet, resonando tanto en el campo occidental como en el comunista. Los otros tres casos exigieron campañas más largas para cambiar la opinión pública internacional en contra de las dictaduras. Por ejemplo, los exiliados uruguayos y paraguayos tardaron años en proyectar su mensaje en la opinión pública de los países de acogida. Al igual que los haitianos que intentaban ingresar a los Estados Unidos, en gran medida se los consideraba migrantes económicos, a diferencia de los cubanos que eran considerados una comunidad de exiliados que escapaba del régimen autoritario; su caso resultaba fundamental para el discurso anticomunista y la política exterior estadounidense durante la Guerra Fría. En cuanto a los argentinos, solo la difícil situación de los familiares de los desaparecidos convenció a la opinión pública mundial de la naturaleza brutal de la dictadura argentina, con lo cual se descartaba la narrativa alternativa difundida por el régimen militar.

Las comunidades de la diáspora de exiliados se convirtieron en espacios políticos de grupos y frentes antidictatoriales, combinando el apoyo local y las redes transnacionales de solidaridad con el aporte de una amplia gama de organizaciones del exilio que lideraron campañas informativas y lucharon contra las dictaduras represivas de los países de origen. Las organizaciones del exilio proporcionaron la información y el contenido político que tanto necesitaban sus interlocutores, impulsando a la opinión pública internacional y a audiencias de todo el mundo a través de actividades de gran alcance. Los exiliados testimoniaban sobre la situación en sus países de origen a través de conferencias, eventos culturales, publicaciones y cine, como en el caso del director de cine chileno Miguel Littin, el historiador y cineasta argentino Osvaldo Bayer, el compositor y cantante uruguayo Daniel Viglietti o el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, entre muchas otras voces. La presencia de esos creadores y otros intérpretes como los chilenos Quillapayún e Inti Illimani o la argentina Mercedes Sosa fueron cruciales para impulsar la bandera de resistencia de las comunidades del exilio, con lo cual llegaron más allá de sus con-nacionales a fin de sensibilizar a todas las comunidades latinoamericanas de la diáspora.

Los creadores también testimoniaron la angustia de vivir en el exilio, como en la película Tangos, el exilio de Gardel (1985) de Fernando Pino Solanas, y contribuyeron a guardar y reconstruir la memoria colectiva, como en el documental La batalla de Chile (1976-1979) del cineasta Patricio Guzmán y su seguimiento tras la democratización en La memoria obstinada (1997). Asimismo, las organizaciones deportivas y sociales de la diáspora paraguaya en Argentina, si bien infiltradas por piragües (delatores), permitieron mantener la sociabilidad comunal en el exilio. Una minoría de exiliados argentinos y chilenos también se organizaron clandestinamente para regresar y continuar su lucha armada.

Junto a este impresionante ímpetu organizativo, los exiliados replicaron sus tradicionales rivalidades políticas en el extranjero, aunque supieron aunar esfuerzos y colaborar en aras de un objetivo común, que fue la clave de la eficacia de los exiliados chilenos para denunciar la difícil situación de su patria. Los líderes exiliados del partido Unidad Popular (UP), que vivían de subsidios de los gobiernos anfitriones, de organizaciones políticas o de trabajos relativamente bien remunerados, viajaron entre las poblaciones exiliadas y movilizaron a líderes políticos y gubernamentales mundiales para obtener apoyo para su causa. Algunos de ellos se convirtieron en figuras de proyección internacional. Anselmo Sule, presidente del Partido Radical, fue elegido vicepresidente de la Internacional Socialista en 1976, reflejo de la alta prioridad del caso chileno para esta organización. La Internacional Socialista presionó a los gobiernos y a las Naciones Unidas. También apoyó a los think tanks y editoriales activas en la campaña del plebiscito de 1988 (Pedrosa, 2012). De manera similar, la organización multipartidaria Chile Democrático, que recibió apoyo financiero de los gobiernos de Europa Occidental, hizo cabildeos al más alto nivel, publicó un periódico muy influyente (Chile América) y monitoreó la situación de los derechos humanos en Chile, al mismo tiempo que apoyó financieramente al movimiento de derechos humanos vinculado a la Vicaría de la Solidaridad.

El perfil socioeconómico de los exiliados políticos incluía a activistas de base de partidos políticos, de organizaciones estudiantiles, de profesionales y sindicatos. En el exilio, la solidaridad política y el activismo borraron, en gran medida, las diferencias de clase y rango vigentes en Chile. El activismo y la solidaridad política iban de la mano, especialmente entre miembros del mismo partido político, tanto en los países de origen como en los anfitriones. Incluso en países con mayores limitaciones estructurales para los chilenos, el activismo político de los exiliados mantuvo viva la causa antidictatorial.

La izquierda chilena experimentó una profunda transformación, especialmente bajo el impacto de los debates de la izquierda europea sobre el eurocomunismo, el movimiento Solidaridad en Polonia y la disolución de la Unión Soviética. En muchos casos, el contacto con el “comunismo real” en los países socialistas provocó un temprano desencanto y la voluntad de volver a Occidente, provocando la ruptura de algunos con el Partido Comunista. Si bien la victoria sandinista de 1979 en Nicaragua aún podía interpretarse dentro del marco de la Guerra Fría, los acontecimientos en Europa –la transformación del eurocomunismo en un nuevo tipo de socialdemocracia a la par del proceso paralelo de rigidez, debilitamiento y desintegración del Bloque del Este y la URSS– fue mucho más allá.

Todas estas transformaciones colectivas y personales contribuyeron a la reconfiguración de la izquierda chilena, especialmente porque emprendió un autoanálisis crítico y una reevaluación entre sus filas, creando una serie de think tanks para estudiar formas de modernizar la nación. Estas tendencias también fueron parte de un proceso para redefinir las posiciones políticas y los horizontes de otros exiliados. Los comunistas chilenos, que habían sido una fuerza moderadora en el gobierno de la UP, no encontraron apoyo para su idea de liderar un amplio frente antifascista de los partidos de la UP y la Democracia Cristiana. Hacia 1980 decidieron apoyar todas las formas de lucha, incluidas la lucha armada y la insurrección popular. En 1983 apoyaron la creación del grupo guerrillero conocido como Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). La experiencia del exilio cambió a los socialistas, incitándolos progresivamente a abrazar la democracia política de modo principista. Al comienzo, los socialistas se dividieron en 1979 en un ala radical y otra más moderada, y mientras esta última se acercaba más a la Democracia Cristiana, los de línea dura intentaron unirse a los comunistas, con lo cual participaban de las protestas masivas de 1982-1986 para derrocar al régimen. Con el regreso de los exiliados, los cambios también influyeron en el frente interno.

Perspectivas de retorno. Políticas implementadas y sus limitaciones

El gobierno autoritario duró mucho más de lo esperado inicialmente en Paraguay, Uruguay y Chile, e incluso en Argentina la dictadura permaneció siete años. Si bien cada diáspora imaginó la transformación de su país de origen, existieron interacciones entre las diversas comunidades en el extranjero, se adoptaron acciones conjuntas y la experiencia del entorno de acogida tuvo un impacto en todos ellos. Según las diversas circunstancias, en las comunidades de connacionales, la experiencia del exilio produjo moderación y reformulación de premisas ideológicas en quienes huían de la represión o habían sido expulsados, especialmente cuando el exilio fue prolongado. En general, la derrota de la estrategia de la lucha armada, junto con la apertura a nuevas prácticas e ideas (por ejemplo, los derechos humanos), facilitó cambios en los horizontes intelectuales de muchos militantes que progresivamente optaron por dejar atrás las ideologías de una revolución radical y comenzaron a apoyar, junto a fuerzas políticas internas, posiciones reformistas y transiciones políticas a la democracia (Markarian, 2005; Jensen, 2010).

No obstante, las transiciones democráticas en el Cono Sur fueron diferentes y una serie de variables pautaron las políticas de retorno distintivas en cada país. Crucial entre estos factores fue, primero, el peso que los exiliados y expatriados tenían entre los afectados por las dictaduras en cada caso; es decir, cuán significativa fue la fuga de población para el país de origen, tanto cualitativamente como en términos de la composición de quienes se fueron; es decir, cuál era el peso social y económico de los profesionales y académicos, las élites políticas y culturales, los activistas de base. En segundo lugar, cuáles eran las imágenes de los exiliados y expatriados afectados por la narrativa y propaganda de las dictaduras. A menos que los propios exiliados, los sectores de la sociedad civil y las redes de defensa las impugnaran de manera efectiva, las imágenes estereotipadas moldeadas por las dictaduras y diseñadas para fomentar la sospecha hacia quienes huyeron del país de origen, persistieron en la mente de ciudadanos nacionales y extranjeros, incluso cuando el autoritarismo retrocedió y comenzó la transición a la dictadura.

En tercer lugar, estaban las dificultades inherentes al retorno derivadas de la existencia de barreras legales, la duración del exilio y su impacto resultante en las transiciones y las cambiantes perspectivas de vida. Relacionado con esto estaba el momento del regreso, si comenzó bajo la dictadura, la transición o solo después de la democratización, y si coincidió con una recesión económica o un ciclo de prosperidad, lo cual determinaba la disponibilidad de recursos de asistencia al retorno. Las políticas públicas adoptadas podrían facilitar o dificultar las perspectivas de retorno masivo o individual. Estas políticas surgieron de interacciones complejas entre actores políticos, incluidas las ONG, las redes de la sociedad civil, los partidos políticos y una serie de agencias internacionales y transnacionales, mediante lo cual se dio forma a diversos resultados y a la adopción de políticas orientadas a facilitar o regular la llegada de los exiliados y expatriados a sus países de origen.

En Argentina, el gobierno militar colapsó y el presidente electo Raúl Alfonsín imaginó una nueva fundación de la República, de esta manera adoptó una política de verdad y rendición de cuentas casi sin precedentes en el ámbito mundial. Sin embargo, sospechas pendían sobre los activistas radicales exiliados, principalmente los montoneros y miembros del ERP, quienes fueron marcados como uno de los “dos demonios” que propagaban la violencia; el otro demonio eran los militares represores que impidieron el levantamiento de los procesos judiciales abiertos contra los exiliados y, por lo tanto, implantaron barreras legales para impedir su regreso (Lastra, 2016). La amplia renuencia social a compensar a los exiliados se reforzó aún más debido a que la democratización argentina coincidió con una recesión económica. El sociólogo Jorge Graciarena renunció poco después de ser nominado para encabezar la Comisión Nacional para el Retorno, mientras que los programas estatales se orientaron principalmente a propiciar el regreso de destacados académicos y profesionales como César Milstein, Premio Nobel de Medicina en 1984. Todos esos retornos fueron gestionados a través del Ministerio de Cultura y Tecnología, que estaba encabezado por Manuel Sadosky, él mismo un retornado. Dadas tales circunstancias, quienes retornaron tardaron años en recibir compensación legal y reparaciones después de que los tribunales fallaron a su favor en demandas legales presentadas contra el Estado.

Por el contrario, y a pesar de tiempos similares, habiendo sufrido una dictadura aún más larga (1973-1985) y una transición democrática negociada, Uruguay se destacó por la disposición de la sociedad para acoger de nuevo a los exiliados y presos políticos y reconstruir el cuerpo político y el tejido social. La enorme fuga de población, un declive demográfico de entre un 10 y un 13 por ciento de la población, impactó fuertemente la conciencia del país. Al igual que en Argentina, los exiliados fueron solo parte de un espectro más amplio de personas afectadas por la dictadura cívico-militar. Uruguay tenía el mayor número per cápita de presos políticos, algunos de ellos figuras políticas destacadas, que pasaron muchos años tras las rejas. Con el encarcelamiento de Liber Seregni, se constituyó un Frente Amplio en el Exterior para denunciar la represión. Los exiliados establecieron organizaciones en el extranjero para exigir la posibilidad de regresar, entre ellas Convergencia Democrática en Estados Unidos y México, y el Comité Internacional Pro-Retorno (CIPREU) en Madrid (Dutrénit-Bielous, 2006).

A partir de 1983, estas organizaciones colocaron el retorno al centro de sus demandas y del diálogo nacional. Cada vez más, las fuerzas políticas que impulsaban la democracia exigían una amnistía integral que abarcara tanto a presos como a exiliados. A diferencia de Argentina, los grupos que presionaban por la democratización no temían el regreso de las fuerzas políticas exiliadas. En diciembre de 1983, CIPREU patrocinó el regreso a Uruguay de 154 hijos de familias exiliadas. Los niños habían estado viviendo en el exilio con sus padres en España, Bélgica, Italia, Francia, Suecia, Austria y Holanda. En abierto desafío a las regulaciones gubernamentales, la organización hizo subir a los niños a un vuelo desde Madrid a Montevideo acompañados por un grupo de senadores, diputados y representantes de organizaciones españolas involucradas en la iniciativa (la iniciativa también recibió el apoyo del PSOE, la Asociación Española de Ayuda al Refugiado y Cruz Roja Española). Con los ojos del mundo puestos en ellos, y con ese distinguido séquito, las autoridades estatales no arrestaron ni impidieron el ingreso de los niños, quienes pudieron visitar a familiares y conocer el país. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo, los niños fueron recibidos por unos quinientos familiares y una multitud de miles de simpatizantes. Tras una caravana de veinte autobuses encaminados hacia el centro de la ciudad, la multitud coreó consignas antimilitares, proclamando/demandando que los padres exiliados regresarían/regresaran al Uruguay.

La Comisión Nacional del Reencuentro fue otro foro creado en diciembre de 1983 por representantes de los principales partidos políticos de Uruguay, que funcionó en gran medida gracias al trabajo voluntario de ex exiliados. Fue fundado para ayudar a los exiliados a readaptarse al país, brindarles asistencia legal, recuperar trabajos, ayudar en la transferencia de créditos educativos obtenidos en el exterior y ayudar a los niños pequeños a ingresar al sistema educativo uruguayo (Mallinder, 2009). En consecuencia, durante la larga y prolongada transición a la democracia en Uruguay, que comenzó en 1981 y duró años, el tema del retorno ocupó un lugar destacado en la agenda de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, junto con la demanda de liberación de los presos políticos.

Como era de esperar, todos los partidos políticos acordaron el retorno y la liberación de los presos políticos en el marco de un entendimiento conjunto, algo que se conoció como CONAPRO o Concertación Nacional Programática. Asimismo, incorporaron el compromiso de remover los impedimentos legales para el regreso a la patria en las plataformas previas a las elecciones de noviembre de 1984 (Notaro et al., 1990). Inmediatamente después del fin de la dictadura, el 11 de marzo de 1985, el poder legislativo uruguayo aprobó la Ley de Consolidación de la Paz Nacional (n.° 15.737), que creó una agencia de repatriación, la Comisión Nacional de Repatriación (CNR), bajo la supervisión del Ministerio de Educación y Cultura para coordinar el retorno de los nacionales. El artículo VII.25 reconocía el derecho de los funcionarios públicos exonerados entre febrero de 1973 y febrero de 1985 a ser reintegrados a sus lugares de trabajo. A pesar de los recursos y capacidades limitados (como en Argentina), la CNR ayudó a 16 000 exiliados y expatriados que regresaron, aunque alrededor de la mitad de todos los retornados recibieron ayuda para encontrar empleo gracias a redes de familiares y amigos. Las ONG como el Servicio Ecuménico de Reintegración también fueron decisivas para ayudar a los retornados.

En Uruguay, un país con un alto porcentaje de empleados públicos, la reinserción del personal exonerado en sus antiguos cargos fue una de las claves cruciales del éxito. La exoneración estuvo en el centro de la reconstrucción nacional y gozó de un amplio apoyo público, por lo que se permitió que académicos y funcionarios públicos retomaran sus cargos anteriores. Con todas las dificultades que implicó este proceso implicó, se permitió que ex exiliados e ‘insiliados’ aprendieran a convivir y trabajar juntos, en un espíritu de mutua acomodación. Reflejando la imagen propia y las tradiciones cívicas del país, este proceso condujo a muchas iniciativas exitosas e innovaciones institucionales, incluidos proyectos transnacionales.

Así, Uruguay pudo promover una reinserción muy amplia de ciudadanos exiliados, en particular de aquellos con formación académica. El impacto de los retornados se sintió con fuerza particularmente en la educación superior. Como parte del sector público, la legislación facultaba a las personas a retomar los cargos que tenían antes de exiliarse. No se contempló una cláusula similar para el personal del sector privado, donde los trabajadores y empleados ni siquiera tuvieron la posibilidad de recibir reconocimiento por los años de trabajo en el exterior (Coraza de los Santos, 2007, p. 213). Este fue un gran obstáculo para el retorno de personas de mediana edad del sector privado, cuyas posibilidades de recibir una buena pensión se vieron afectadas.5

Al igual que en Uruguay, pero en una escala mucho más amplia, en Chile el exilio afectó tanto a destacados políticos como a activistas, intelectuales, académicos y profesionales, a quienes los gobernantes autoritarios tuvieron dificultades para deslegitimar. Mientras los exiliados galvanizaban a la diáspora chilena, el tema del retorno se enredó con la discusión sobre cómo liderar la lucha por la democratización. Una densa red de organizaciones nacionales, transnacionales e internacionales pronto abordó el tema del retorno entre otros caminos de resistencia, incidencia y solidaridad. Entre esas organizaciones destacaban la Vicaría de la Solidaridad (1976-1992); el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), apoyando la repatriación hasta agosto de 1995; la Oficina Internacional de Migraciones (OIM); la Cruz Roja Internacional; FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas); la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; la Fundación Salvador Allende; FTDA-Francia Terre d’Asile; DIAKONIA-Suecia; WUS-Servicio Universitario Mundial; CLACSO; Comité Pro Retorno de Exiliados-COPROREX; CODEPU-Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo; FARET-Fundación de Asistencia al Retornado; el Departamento de Migraciones; PRAL-Programa de Retorno y Apoyo Laboral; PIDEE-Programa para la Infancia Dañada en Estados de Emergencia, y una serie de agencias que se ocuparon de la salud mental, como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y PRAIS, una agencia de salud. También fueron fundamentales personas como el obispo Helmut Frenz de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile y uno de los fundadores del Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados de Chile.

A partir de principios de la década de 1980, se redujeron las listas de personas a las que el régimen de Pinochet había prohibido regresar a Chile, en un momento en que el Servicio Universitario Mundial-WUS Chile del Reino Unido y la oposición política intentaban traer de regreso a cuadros universitarios que pudieran contribuir a la lucha contra el régimen militar. De hecho, muchos exiliados contribuyeron enormemente en la derrota a Pinochet en el referéndum de 1988, con lo cual se abrió el camino de apertura que puso fin a la dictadura, aunque bajo las condicionalidades y los enclaves autoritarios de la Constitución de 1980.

La primera administración posdictatorial, la del presidente Patricio Aylwin (1990-1994), adoptó un marco institucional de reparaciones e indemnizaciones, pero los recursos financieros y humanos asignados para la reinserción fueron insuficientes. Los retornados se enfrentaron a un Estado que había sido seriamente reducido por las políticas neoliberales y que ya no tenía la antigua capacidad para llevar a cabo programas sociales. Así, algunos programas de reinserción fueron financiados conjuntamente por Chile y agencias europeas como el Deutsche Bank o NORDIK, una ONG financiada por el gobierno noruego. Sin embargo, el momento de retorno en la década de 1990 fue en general beneficioso, ya que coincidió con una recuperación económica, pero la ola de relativa prosperidad pronto redujo las perspectivas de obtener apoyo externo para programas sostenidos de retorno.

La agencia estatal creada para monitorear el retorno, la Oficina Nacional del Retorno (ONR), tenía un mandato limitado en el tiempo que estaba orientado a evitar otorgar privilegios que pudieran ser resentidos por otros sectores sociales. Esto fue aún más pronunciado a medida que la disciplina fiscal austera se convirtió en una característica central del modelo económico chileno. No obstante, la ONR atendió a 56 000 retornados, y ayudó a resolver problemas judiciales pendientes y a encontrar soluciones laborales y psicosociales. Las ONG y las redes sociales fueron aún más instrumentales. Paralelamente, el sector empresarial privado no simpatizaba con los retornados. Las iniciativas legales establecieron pensiones para las víctimas de la violencia política y las violaciones de derechos humanos, incluidos los despedidos de la administración pública que podrían reclamar beneficios de pensión.

En el caso del Paraguay, la magnitud del exilio político y la migración, y el tamaño de las comunidades de migrantes económicos en la diáspora, muchos de los cuales expresaron su deseo de regresar, también crearon una sólida base de buena voluntad hacia los retornados. A principios de la década de 1980, Stroessner comenzó a facilitar el proceso de retorno, temiendo que, de lo contrario, los paraguayos que permanecían bajo la restaurada democracia argentina se movilizarían para obstaculizar las perspectivas del megaproyecto hidroeléctrico de Yacyretá. Aún así, hasta la década de 2000, los retornados de la izquierda tuvieron poco apoyo oficial y no se esperaba un fuerte compromiso financiero. El rechazo de quienes regresaron del exilio no se limitó a los círculos oficiales. El país también enfrentó dificultades inherentes debido a sus recursos limitados.

Finalmente, en 1989, el gobierno de Stroessner se desgarró a través de una escisión dentro de la clase política gobernante, pero sin que se operara una transformación importante. La debacle económica argentina de 2001 produjo un flujo considerable de paraguayos que retornaban, incluidos los hijos de quienes habían dejado el país. Consciente de la importante contribución que los retornados profesionales tendrían en el país, el gobierno paraguayo abordó el tema en la convención constitucional de 1992 y en el proceso legislativo; en 1993 estableció una agencia actualmente conocida como la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales. Las entrevistas con los retornados indicaron que, si bien conocían la existencia de esa oficina, no recurrieron a sus servicios o los encontraron deficientes, optando en cambio por los contactos directos con círculos profesionales y familiares. Las formalidades establecidas no abordaron las necesidades de los profesionales que regresaban, aunque la agencia estatal ayudó a obtener la documentación legal necesaria para la inserción en el país.

Debemos tener en cuenta que, a pesar de la determinación inicial de todos los exiliados del Cono Sur de regresar a su país de origen, después de la democratización, el retorno se convirtió en solo una de las múltiples opciones posteriores al exilio [ver Diagrama 1]. En la vida real, el regreso fue una decisión personal que obligó a las personas a reconsiderar el sueño nostálgico de reanudar la vida que llevaron antes del destierro. Para muchos, el retorno se convirtió entonces en un proceso duradero de nuevos desafíos y, a veces, nuevas experiencias traumáticas, en un entorno socioeconómico, cultural y político que difería mucho de aquel que los retornados habían conocido antes y con el que aún soñaban. Como era previsible, solo una parte de las personas desplazadas optaron por regresar.

Diagrama 1: ITINERARIOS POSEXÍLICOS

El impacto de quienes retornaron

Entre los países de nuestra investigación, Chile sobresale en términos del grado de participación de los exiliados retornados en el sistema político nacional durante la democratización. Los exiliados chilenos ocuparon un lugar destacado en el liderazgo que estableció la Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición multipartidaria de diecisiete organizaciones lanzada en enero de 1988 para derrotar el intento de Pinochet de retener el poder por otra década, cuyo fracaso permitió la transición a la democracia. Dos presidentes chilenos, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, habían regresado del exilio. La dirección del Partido por la Democracia (PPD), fundado por Ricardo Lagos en 1987 y que había atraído a muchos miembros del Partido Socialista bajo los términos de ilegalidad del pinochetismo, es paradigmático de la prominencia de la participación política de los exiliados: siete de sus nueve líderes durante 1987-2011 habían experimentado el destierro.

Los retornados chilenos también ocuparon un lugar destacado en las administraciones de la Concertación que gobernó Chile desde 1990 hasta 2010. Un análisis de los gabinetes de gobierno indica que seis de los trece puestos ministeriales en la administración del presidente Patricio Aylwin fueron ocupados por ex exiliados; así como siete de veintisiete ministros en la gestión de Frei; siete de veinticuatro ministros en la administración de Lagos; y ocho de veintidós ministros en la gestión de Bachelet. En contraste, en el gabinete inicial del presidente Piñera en 2010, solo un ministro, Jaime Ravinet de la Fuente, había sido exiliado. Según el testimonio de Jaime Esponda, el activista de derechos humanos que se desempeñó al frente de la ONR, “quizás hasta el 90% de la clase política de la Concertación estaba compuesta por exiliados… [En el pasado] Chile era muy desordenado… con demagogia y falta de profesionalidad… Yo creo que el grupo que volvió del exilio implantó una cultura diferente, de mayor disciplina y mayor precisión en la gestión pública” (Esponda, 2015).

Los retornados también contribuyeron a las políticas de verdad y rendición de cuentas que abordaron el legado de violaciones masivas de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Entre ellos estaba Jaime Castillo Velasco, un abogado demócrata cristiano que vivió el exilio, participó en la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación (la ‘Comisión Rettig’) y llegó a ser presidente del Comité Chileno de Derechos Humanos. José Zalaquett Daher, otro destacado activista de derechos humanos, luego asesor del presidente Aylwin y de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, encabezó el Departamento Jurídico del Comité Pro Paz y defendió a los detenidos por el régimen militar, fue arrestado y enviado a un campo de concentración en noviembre de 1975 y deportado en abril de 1976. En Londres, presidió el comité ejecutivo de Amnistía Internacional de 1978 a 1982. Al regresar a Chile, tuvo un papel fundamental en la Comisión Rettig y en la “mesa de diálogo” entre los militares y la izquierda que funcionó entre agosto de 1999 y junio de 2000. Como director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Zalaquett continuó teniendo gran impacto en el reconocimiento e institucionalización de la normativa de derechos humanos en Chile.

En la política argentina, los retornados operaron principalmente entre bastidores. Muy pocos políticos destacados se habían exiliado, entre ellos Rodolfo Terragno e Hipólito Solari Yirigoyen. Además, con la democratización, tanto los exiliados como quienes permanecieron en el país durante la dictadura encontraron muy difícil reconstruir un diálogo fraterno (Sosnowski 1984). Asimismo, la atención prestada a los desaparecidos como las víctimas paradigmáticas de la dictadura desplazó el interés en conocer la difícil situación de los exiliados. Por último, la demanda de una plena rendición de cuentas por la violencia perpetrada tanto por los militares como por la insurrección armada implicó que la precaria democracia recuperada mantuviera barreras legales para muchos desplazados que deseaban regresar tras la democratización (Lastra, 2016).

Durante la transición a la democracia, los retornados actuaron principalmente como asesores políticos, redactores de discursos y miembros del círculo profesional de la administración del presidente Raúl Alfonsín, particularmente en la administración de la educación superior. En ese sentido, se destacó el equipo asesor del Grupo Esmeralda establecido por Meyer Goodbar y Eduardo Issaharof. Otros retornados formaron un Club de Cultura Socialista, concebido para vigorizar el discurso político y posiblemente generar proyectos alternativos para Argentina. Cuando Carlos (Chacho) Álvarez, uno de los integrantes del Club, ingresó a la contienda política y fue elegido vicepresidente de Fernando de la Rúa y luego renunció, el Club se debilitó mientras el país sufría un manejo económico desastroso. Asimismo, con la democratización se desarticularon los think-tanks y fue interrumpido su financiamiento por parte de las fundaciones internacionales. Muchos optaron por incidir en la democratización de la cultura popular, entre otros, Carlos Nino al frente del Consejo para la Consolidación de la Democracia, intentó frenar la corrupción y promover una cultura de derechos humanos; Hector Schmucler lideró nuevos programas de informática y comunicación; Daniel Divinsky renovó la industria editorial; Horacio Salas con su programa de música, poesía y entrevistas a personalidades de las artes y letras de Argentina y otros países latinoamericanos, como secretario de Cultura de Buenos Aires y luego director de la Biblioteca Nacional; Eduardo Duhalde desde la Secretaría de Derechos Humanos; Mempo Giardinelli impulsó la promoción de la lectura y educación en provincias como Chaco, Corrientes, Santa Fe y Misiones; y muchísimos otros retornados a quienes hacemos referencia detallada en nuestro libro.

El impacto de los uruguayos retornados se ha sentido de pleno tanto en la política como en la educación superior. En política, el impacto más significativo fue el de Wilson Ferreira Aldunate, quien escapó por poco de ser asesinado en 1976 en una operación conjunta argentino-uruguaya en Buenos Aires; una vez exiliado en los Estados Unidos, lideró una campaña implacable de alto perfil contra la dictadura cívico-militar. Años más tarde, reveló los términos del secreto Pacto del Club Naval entre las fuerzas armadas y la dirección del Partido Colorado que permitió la transición a la democracia electoral a cambio de una impunidad total, un mecanismo implementado por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (diciembre de 1986), con lo cual se impidió una política de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos durante un lapso de veinticinco años.

Más allá de la política, el mayor impacto de los retornados uruguayos fue en la educación superior. Como el marco legal de Uruguay permitía reintegrar a los empleados públicos despedidos (los ‘exonerados’) en sus cargos antes del despido, los académicos que habían sido despedidos de la Universidad de la República (UDELAR), la única institución de educación superior de 1849 a 1985, pudieron resumir sus posiciones. Algunos de esos exonerados se convirtieron en figuras destacadas en la reconstrucción académica. Tres de los primeros cuatro rectores de la UDELAR que fueron repatriados elevaron su perfil académico en el exilio: el economista Samuel Lichtensztejn, rector durante 1972-73 y de regreso en el período 1985-89, fue también candidato a alcalde de Montevideo en 1989, ministro de Educación durante 1995-98 y embajador en México en 2000-2004; el ingeniero Rafael Guarga, exiliado en México, fue electo rector de 1998 a 2006; el matemático Rodrigo Arocena, quien pasó años en el exilio argentino y venezolano, se convirtió en rector de 2006 a 2014.

Danilo Astori se convirtió en decano de la Facultad de Ciencias Sociales durante 1985-1989 y fue candidato del Frente Amplio a la vicepresidencia de Uruguay dos veces, siendo elegido junto con José (Pepe) Mujica en 2009, luego de desempeñarse como senador entre 1990 y 1995 y servir como ministro de Economía en 2000-2005. Al regresar del exilio, el médico Ricardo Ehrlich inició una cooperación con Omar Trujillo, un ‘insiliado’, para consolidar la Facultad de Ciencias. De cinco científicos en ciencias biológicas lograron llegar a una centena; juntos crearon nuevas carreras como bioquímica y biología molecular y establecieron un programa para el desarrollo de las ciencias básicas, PEDECIBA. Posteriormente, como alcalde electo de Montevideo en 2005 y como ministro de Educación del presidente Mujica (2010-2015), Ehrlich democratizó el acceso a la educación superior al descentralizar la UDELAR y crear tres sucursales adicionales en el Este, Noreste y Noroeste del país, y lanzar una serie de programas para fomentar la educación universal, como fondos de becas para estudiantes desfavorecidos de sectores populares.

En Paraguay, los retornados hicieron grandes contribuciones al promover una mayor conciencia democrática. Bernardino Cano Radil y Rubén Bareiro Saguier participaron en la redacción de una nueva constitución; el sociólogo José Carlos Rodríguez lideró la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Paraguay y retomó su trabajo en una ONG clausurada por la dictadura y reabierta con el nombre de Centro de Documentación y Estudios (CDE), trabajando con comunidades indígenas, y particularmente con mujeres, mediante lo cual logró promover su agenda en el proceso de redacción de la nueva constitución.

El abogado Martín Almada utilizó la nueva figura jurídica del hábeas data y destapó los Archivos del Terror, hallazgo que tuvo un impacto transnacional ya que acreditó el conocimiento sobre la Operación Cóndor. El poeta Félix de Guarania publicó en guaraní, lengua autóctona y segundo idioma oficial del Paraguay, para promover así la identidad colectiva del país. El médico Juan Félix Bogado Gondra, quien fue perseguido, detenido y torturado cuando aún era estudiante de la Facultad de Medicina, y pasó años exiliado en Alemania decepcionado con la política paraguaya, regresó en 2008 cuando el entonces presidente Lugo le pidió sumarse al Ministerio de Salud. Además de su trabajo como médico, Alfredo Boccia Paz publicó libros de gran difusión, entre otros sobre la conducta ética de los médicos bajo Stroessner, sobre la Operación Cóndor y la guerrilla OPM, sobre la tortura y sobre los colaboradores del régimen, así como sobre los archivos secretos de la policía.

El renombrado autor Augusto Roa Bastos (1917-2005) luchó contra Stroessner en el extranjero. A pesar de su reconocimiento y destacada posición internacional, nunca se le ofreció un puesto formal después de su regreso. El Partido Colorado, que también controlaba la Universidad Nacional, lo miraba con recelo y la Universidad Católica temía sus posiciones de izquierda y lo consideraba inapropiado por estar divorciado. Reinstalado definitivamente en Paraguay en 1996, Roa Bastos concentró todas sus energías en tratar de promover un cambio de mentalidad entre los paraguayos que salían de lo que definió como “un siglo de destrucción”, impulsados tanto externamente por potencias extranjeras como internamente por élites que sofocaban cualquier signo de autonomía y pensamiento crítico. Hacia el final de su vida fue nombrado asesor de una agencia gubernamental y participó en iniciativas educacionales, pero se desesperó de los partidos políticos establecidos y lanzó su apoyo a jóvenes y mujeres, a quienes consideraba sectores incontaminados, impulsando un partido feminista de 1999 a 2004.

Las diásporas de connacionales y las políticas de reconexión

Los procesos de desplazamiento territorial durante las dictaduras abrieron las puertas para la creación de conexiones transnacionales y de diásporas permanentes, incluyendo una diáspora de conocimiento, interceptada por nuevas oleadas migratorias que circulan en el exterior para escapar de desaceleraciones económicas o por las crecientes conexiones producto de la globalización. Junto con el retorno parcial, el viejo exilio masivo, las nuevas migraciones económicas y la circulación global han convertido a las diásporas de connacionales en una presencia persistente que los países han reconocido y tratado de capitalizar. Consecuentemente, los cuatro países adoptaron políticas y crearon mecanismos de reconexión con sus diásporas de connacionales, en particular con las diásporas del conocimiento de alta tecnología.

Ya en 2002, el presidente Lagos introdujo la idea de una Decimocuarta Región de Chile como una entidad administrativa que debería representar a los chilenos residentes en el exterior. En Uruguay, una idea similar se planteó en 2009. En ambos casos, la idea no avanzó, ya que no logró reunir un apoyo parlamentario significativo. En contraste, en Paraguay y Argentina, iniciativas similares tuvieron éxito. Argentina instituyó una Provincia 25, administrada por el Ministerio del Interior y Transporte, creado específicamente para evaluar el número total de nacionales residentes en el exterior. Los argentinos residentes en España, Italia, Estados Unidos y Alemania encabezaron la lista de asociaciones de nacionales que surgieron como parte de una extensa red que opera iniciativas profesionales, culturales y deportivas. A partir de 1991, se permitió votar a los ciudadanos argentinos residentes en el exterior que se registraran en los consulados locales; y en 1993 se creó para tal efecto un registro de argentinos residentes en el exterior. Mientras que en el país el voto es obligatorio, para quienes viven en el extranjero sigue siendo voluntario.

Respecto al voto de paraguayos en el exterior, las asociaciones de exiliados y emigrados, principalmente en Buenos Aires, tomaron la iniciativa en 2010-2011 para asegurar en ambas cámaras legislativas una enmienda al artículo 120 que excluía a los paraguayos en la diáspora del ejercicio de los derechos electorales. En septiembre de 2011, Buenos Aires fue testigo de la reunión de representantes de la diáspora paraguaya para lanzar oficialmente la Coordinadora 7845.2 por el SI, un foro a favor de lograr el voto para los paraguayos residentes en el exterior. El papel crucial de múltiples ONG de paraguayos en diáspora en este proceso fue el resultado de muchos años de activismo político, sustentado en los mecanismos legales de integración democrática y dinámica migratoria transnacional reconocidos en el Mercosur. Finalmente, en octubre de 2011, un referéndum popular en Paraguay modificó la Constitución de 1992 y aprobó el voto de los paraguayos en el exterior.

Otro camino de reconexión transitado ha sido el de la diáspora del conocimiento, especialmente con aquellos formados en áreas necesarias para el desarrollo del país de origen y para la organización de programas de formación de posgrado en el extranjero. Destinado a los científicos e investigadores que no quieren regresar, RAÍCES creó el Encuentro de Cooperación con la Diáspora Argentina (ECODAR) como una red para intercambiar ideas, reconectándose con el capital humano de nacionales residentes en el exterior, incluso cuando estos no tienen intención o no pueden regresar a Argentina. El programa también estableció un premio para investigadores argentinos reconocidos por haber promovido vínculos científicos y tecnológicos con el país. El programa también fomentó visitas académicas cortas, talleres y reuniones; incluyó a académicos en el extranjero en la evaluación de proyectos, creando en 1987 un sistema de miembros “externos” al CONICET; transfirió conocimiento apoyado con financiamiento externo, por ejemplo, el Programa Tokten de la Universidad de Mar del Plata; creó una agencia para la transferencia de tecnología e involucró a investigadores en el sector privado; estableció asociaciones de argentinos en el exterior, y destinó créditos para unos 500 académicos repatriados a fin de facilitarles la compra de vivienda. También se firmaron acuerdos de cooperación con centros científicos donde venían trabajando muchos de los académicos repatriados en Alemania, Colombia, Chile, España, Venezuela, México, Francia, Italia y Suecia.

Asimismo, en Chile, el retornado Jorge Arrate estuvo detrás de la iniciativa de crear una red mundial de científicos y profesionales que pudieran cooperar en el desarrollo del país. En la década de 1990, como ministro de Educación, Arrate intentó establecer la Red Chile en cooperación con la Universidad de Chile. Liderada por Carlos Vignolo, entonces director del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile: la red, inicialmente concebida por expatriados, fue conectar a profesionales y científicos chilenos dispersos por el mundo. La iniciativa no prosperó en la década de 1990, pero resurgió cuando Ricardo Lagos, siendo él mismo un retornado, asumió la presidencia en 2000. En 2001, el Directorio para la Comunidad de Chilenos en el Exterior o DICOEX fue establecido. Junto con el Instituto Nacional de Estadística, DICOEX realizó un censo de chilenos en el exterior en 2003-2004 e identificó a más de 857 000 ciudadanos. Otro proyecto que despegó en la década del 2000, este proveniente de la sociedad civil, fue Chile Global. Concebido en el marco de Fundación Chile y bajo la dirección de la economista y experta en movilidad laboral Molly Pollack, lanzó un proyecto orientado a establecer una red de profesionales, investigadores, académicos y emprendedores chilenos residentes en el exterior dispuestos a cooperar en áreas críticas como la producción de alimentos, minería, educación y sostenibilidad, con lo cual se creó una mayor conciencia del potencial de la diáspora chilena para contribuir y enriquecer las perspectivas del país de origen sobre la inserción global, la innovación y el desarrollo.

El proceso de democratización y el fortalecimiento de las sociedades civiles junto con el desarrollo de la comunicación se conjugaron para facilitar una base creciente de vínculos internacionales con las comunidades de connacionales en el extranjero. Un resultado casi natural de estos desarrollos han sido las iniciativas para desarrollar redes entre las agencias del país de origen y las ONG, algunas con la participación o el apoyo del gobierno, y las comunidades en el extranjero o parte de ellas. La vieja premisa según la cual existía una contradicción básica entre la particularidad e insularidad territorial del Estado-nación y el carácter transnacional de las redes de connacionales, se ha dejado cada vez más de lado. Así, ambas políticas públicas, al favorecer el retorno del exilio y la reconexión con diásporas de connacionales, convergen y se complementan en un mundo globalizado.

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Recibido: 9-10-2023 - Aceptado: 19-4-2024

1. 1 Este artículo se basa en el discurso del Premio Whitaker pronunciado en la conferencia del Middle Atlantic Council of Latin American Studies en la Universidad de Salisbury, Maryland, EUA, en marzo de 2023, y la conferencia inaugural en el I Coloquio Internacional Exilios, migraciones y memoria en la historia contemporánea centroamericana, en la Universidad Nacional, Costa Rica, septiembre de 2023.

1. 2 Wake Forest University, Estados Unidos; Hebrew University of Jerusalem, Israel. Sociólogo político comparativo, Profesor Reynolds Emérito de Estudios Latinoamericanos, Política y Relaciones Internacionales en Wake Forest University y Profesor Emérito Asociado de Sociología y Estudios Latinoamericanos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha escrito estudios pioneros sobre clientelismo, derechos humanos y política transnacional. Roniger ha publicado 24 libros y más de 200 artículos académicos y capítulos de libros. Entre sus libros se encuentran Destierro y exilio en América Latina: Nuevos estudios y avances teóricos (EUDEBA, 2014), Historia mínima de los derechos humanos en América Latina (Colegio de México, 2018 y con Prometeo, 2023), América Latina tras bambalinas: Teorías conspirativas, usos y abusos (coescrito con Leonardo Senkman, Latin American Research Commons, 2019), y Transnational Perspectives on Latin America: The Entwined Histories of a Multi-State Region (Oxford University Press, 2022). ronigerl@wfu.edu https//orcid.org/0000-0002-0246-5384

1. 3 Aun los imperios precolombinos como el imperio Azteca o el Inqa solían desplazar grupos enteros de población dentro del territorio imperial, con el objetivo de controlar a poblaciones susceptibles de rebelarse contra el poder central.

1. 4 La iniciativa fue de los chilenos. Véase la carta de Manuel Contreras, director de Inteligencia Nacional en Chile donde invitaba a delegaciones policiales y de inteligencia a una reunión secreta destinada a coordinar la contrainteligencia regional, a realizarse en Santiago entre el 25 de noviembre y el 1º de diciembre de 1975. Manuel Contreras, Documento 00143F0011-0022, 1975, disponsible en www.pj.gov.py/cdya (consultado el 26 de septiembre de 2008). Véase también McSherry, 2002.

1. 5 Esa situación fue reformada por ley solo en enero de 2002.