Introducción

El acto de contar una narrativa propia en un entorno de silencio e invisibilización es en sí un acto de resistencia. En Guapinol, una comunidad campesina en la región de Bajo Aguán en el sector Atlántico de Honduras, la gente está comprometida a resistir. Durante los últimos años, Guapinol ha luchado contra la degradación ambiental que ha traído una empresa minera llamada Inversiones Los Pinares. En 2018, después de que la empresa desarrolló ilegalmente una mina de óxido de hierro en el Parque Nacional de Carlos Escaleras, el río Guapinol empezó a verse contaminado por la minería y por lo tanto la comunidad presentó una fuerte resistencia contra los avances de la empresa. En 2019, ocho compañeros de la comunidad fueron privados de libertad por su lucha y terminaron más de dos años y medio en prisión arbitraria sin tener derecho al debido proceso. Durante la encarcelación de los ocho hombres activistas, las mujeres de la comunidad asumieron la responsabilidad de continuar la resistencia organizada contra la empresa minera, a la vez que apoyaron a sus hijos y a sus familiares encarcelados. Las narrativas de ellas son las que representan una resistencia y perseverancia constante y merecen ser diseminadas al máximo nivel.

El presente artículo pretende repasar la metodología feminista decolonial que fue realizada durante la recopilación de las narrativas de resistencia de cinco mujeres de la comunidad de Guapinol. Las cinco mujeres en cuestión son todas familiares de los ocho defensores privados de libertad. Algunas se consideran activistas o defensoras de sí mismas, otras no. Todas formaron parte integral de la resistencia comunitaria contra la opresión, la intimidación, y la violencia infligida por Inversiones Los Pinares en Guapinol. La intención de compartir la metodología empleada es proporcionar un mapa para llevar a cabo una investigación de acción participativa que es, a la vez, feminista y decolonial. Al mismo tiempo, este artículo espera fomentar la recopilación y el intercambio de más historias de resistencia desde las voces de las propias resistentes.

Contextualización e historia del movimiento “Guapinol Resiste”

Según testimonios de miembros de la comunidad, después de la construcción de la mina, que queda a una distancia de 100 metros del río Guapinol, el agua se volvió de un color chocolate con la consistencia de lodo, lo cual imposibilitaba así el uso del agua para necesidades cotidianas, por ejemplo, lavar, tomar, y riego de cultivos. Miembros de la comunidad se quejaban de infecciones de la piel después de haber estado en contacto con el agua contaminada. Por estas razones, la comunidad se organizó para resistir contra el “desarrollo” minero y formó el Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Presentaron quejas formales a las cortes y establecieron un campamento el 1° de agosto de 2018 donde mantenían actividades de resistencia en paz, ejerciendo su derecho de legítima protesta. Los y las miembros de la comunidad se encontraron con una respuesta violenta por parte de las fuerzas de seguridad de Inversiones Los Pinares. Como resultado, en septiembre de 2019, ocho miembros de la comunidad fueron acusados de manera irregular de “incendio agravado” y “privación injusta de libertad”. Desde ahí nació la organización comunitaria Guapinol Resiste con la misión de diseminar información sobre la lucha de los defensores. Según el blog de Guapinol Resiste, los ocho defensores “se presentaron voluntariamente ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional de Tegucigalpa para aclarar las denuncias penales pendientes en su contra, interpuestas por la Fiscalía de Tocoa en nombre de la minera Inversiones Los Pinares. Aunque la jueza Lisseth Vallecillo desestimó los cargos espurios que requerían la detención preventiva, dictó auto formal de procesamiento por dos cargos de incendio agravado y privación injusta de libertad y ordenó su detención arbitraria” (Guapinol Resiste, 2020). Desde el 26 de agosto de 2021, cuando expiraba ya el período legal de dos años de prisión preventiva, el boletín de Guapinol Resiste informó que el Tribunal de Sentencia de Trujillo decidió mantener la ampliación arbitraria de la prisión preventiva en el caso Guapinol durante los próximos seis meses. Señala Guapinol Resiste que “las acusaciones son inventadas y han servido para reprimir el movimiento de resistencia legítima en beneficio de la explotación minera” (Guapinol Resiste, 2021). Eventualmente, la resistencia de los ocho defensores, sus familias, y la comunidad de Guapinol atrajo atención internacional a su caso. Reporta el blog de Guapinol Resiste, (2021): “A principios de este año [2021], el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias reconoció su legítima labor de defensa de los bienes comunes y públicos y calificó sus detenciones de ilegales, resolviendo que el Estado hondureño debía liberar inmediatamente a los defensores. El Estado hondureño se negó a cumplir la orden, que también dice que se debe investigar a los responsables de las detenciones arbitrarias”.

El movimiento de Guapinol también fue reconocido por el Parlamento de la Unión Europea como finalista del Premio Sájarov de Derechos Humanos y del Premio Letlier Moffit de Derechos Humanos en Washington (Guapinol Resiste, 2021). A lo largo de la resistencia, grupos de derechos humanos, de solidaridad nacional e internacional, y de acción legal han presentado llamamientos y han denunciado las violaciones de los derechos humanos de los ocho defensores. Estos llamamientos culminaron en una carta pública al Estado hondureño, firmados por los siguientes grupos: Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras-ARCAH; Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ/YMCA, capítulo Honduras; Bufete Estudios para la Dignidad; Coalición Contra la Impunidad; Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa; Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán-COPA; Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras-COPINH; Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación-ERIC; Fundación San Alonso Rodríguez-FSAR; JASS Mesoamérica; Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia-MADJ; Organización Fraternal Negra Hondureña-OFRANEH; Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos; y finalmente, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) (Guapinol Resiste, 2021). A pesar de esta petición, los ocho defensores se mantenían encarcelados. Se publicó que habría un juicio jurídico que comenzaría el 1° de diciembre, 2021 en Tocoa en el Palacio de Justicia, y siguió la formación del Observatorio por la Justicia de los Defensores del río Guapinol, una iniciativa que surgió con el objetivo de monitorear el desarrollo del juicio (Guapinol Resiste, 2021). En aquel momento, aunque los defensores y sus familiares habían esperado más de 27 meses para este juicio, había grave preocupación sobre las condiciones políticas en que comenzaría el juicio. El equipo legal de los defensores se había enterado de que los más altos niveles del Poder Judicial estaban interfiriendo en el caso para beneficiar a Lenir Pérez y Ana Facusse, dueños de Inversiones Los Pinares, quienes mantenían cercanía con el Partido Nacional a través de varios megaproyectos en el país (Guapinol Resiste, 2021). Además de esta preocupación, había otras. Según Guapinol Resiste (2021):

Hace un mes, el tribunal que preside el caso emitió un fallo arbitrario contra los defensores, cuando resolvió mantener su detención sin fundamento legal. Al mismo tiempo, en un reciente comunicado, el tribunal, conformado por los jueces Franklin Arauz Santos, Richard Rodríguez Barahona y Carol Jackeline Cedillo Cruz, utilizó palabras estigmatizantes contra las familias de los defensores y se teme que se militarice el Palacio de Justicia de Tocoa, donde se realiza el juicio, para frenar el escrutinio público y acompañamiento solidario. El equipo de defensa legal ha reclamado al poder judicial por no proporcionar las transcripciones y grabaciones audiovisuales de las audiencias previas, lo que está impactando directamente en su capacidad de preparar la defensa de los protectores del agua; esto incluye los testimonios de los testigos estatales que han cambiado repetidamente sus historias a lo largo del proceso judicial para beneficiar la acusación.

Como si esto no fuera suficiente para preocuparse, había dudas de que el tribunal cumpliera su compromiso de hacer público el juicio. Al comenzar el juicio el 1° de diciembre, 2021, miembros del movimiento de Guapinol Resiste y el Comité Municipal de Tocoa instalaron el Campamento por la Justicia y la Libertad de los ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro frente al juzgado de Tocoa, para mantener su presencia durante el juicio oral y público. A través del campamento, sus publicaciones en las redes sociales, y la solidaridad nacional e internacional, el movimiento continuó actualizando las noticias diarias a lo largo del juicio, con lo cual denunciaron así las injusticias y las instancias de juego sucio en el tribunal. Una de estas instancias más obvias sucedió el 10 de diciembre de 2021 cuando:

…a pesar de la transmisión en vivo con cientos de personas conectadas para vigilar el proceso judicial, el tribunal decidió ilegalmente ampliar la acusación contra los imputados, a pedido del Ministerio Público y de la empresa minera Los Pinares, declarando infundado el recurso presentado ayer por la defensa. Sin razón alguna, y mostrando su claro alineamiento con la fiscalía a pesar de su responsabilidad de permanecer imparciales, ampliaron la acusación para incluir un cuarto cargo de daños a pesar de que no había ningún hecho nuevo alegado (Guapinol Resiste, 2021).

Como resultado de este acontecimiento, se suspendieron las audiencias del debate oral y público después de que la defensa técnica se vio obligada a recusar al Tribunal de Sentencia por haber ampliado la acusación contra los defensores sin fundamento legal. Este acto, que demostró clara parcialidad en favor del Ministerio Público e Inversiones Los Pinares, tuvo la consecuencia de suspender el juicio mientras la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba emitía una resolución sobre la recusación.

Otro factor en los sucesos del juicio fue la presentación del recurso de habeas corpus, el cual, de acuerdo con la Constitución de la República, obliga a la Corte Suprema de Justicia a cumplir con la garantía constitucional de la libertad personal y la integridad e intimidad de la persona humana (Guapinol Resiste, 2021). El equipo legal indicó al tribunal que la Corte tenía la obligación de resolver de inmediato esta acción constitucional de habeas corpus, sin importar el pendiente período de vacaciones del Poder Judicial. Se trató de un intento del equipo jurídico de los ocho defensores de forzar a la Corte Suprema a liberar a los acusados de forma inmediata, para que pudieran reunirse con sus familias en Navidad y no perder una tercera navidad. Lastimosamente, en ese momento, la Corte Suprema de Justicia fracasó en pronunciarse sobre la acción de habeas corpus y a la vez el juicio se detuvo durante todo un mes, mientras el Poder Judicial tomaba las vacaciones de Navidad. Sin embargo, al regresar en 2022, el juicio inició el 13 de enero con el descubrimiento de nuevas pruebas propuestas por la defensa que demostraron la ilegalidad del proyecto minero en Tocoa:

Los dictámenes dicen que la licencia no debería haberse concedido y que los cambios en la zona nuclear del parque nunca fueron socializados de la manera que se suponía. La licencia NO DEBE otorgarse porque el proyecto causará un daño ambiental irreparable y la flora y la fauna del parque deben ser protegidas por los tratados internacionales. Otro informe muestra que la zona nuclear fue modificada ilegalmente por el congreso nacional (Guapinol Resiste, 2022).

Estas pruebas eran relevantes porque demostraron que los ocho defensores estaban legítimamente reunidos para protestar la implementación de un proyecto minero ilegal el día de los supuestos hechos, lo cual es el origen de su criminalización (Guapinol Resiste, 2022). Más adelante, otras pruebas también presentadas por la defensa mostraron que la empresa minera Los Pinares utilizó la violencia contra los manifestantes legítimos en el campamento de Guapinol y monitoreó de modo ilegal la resistencia durante cinco meses en 2018. Luego, en un momento de solidaridad nacional, Berta Zúñiga Cáceres, hija de la reconocida activista asesinada Berta Cáceres, declaró frente al juzgado que la empresa minera Los Pinares usó las mismas tácticas contra los defensores de Guapinol que la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), las cuales culminaron con el asesinato de su mamá. Estas tácticas fueron en pleno uso a lo largo del juicio en enero de 2022 y el campamento de acompañamiento, en especial el 24 de enero cuando dos hombres armados no identificados acudieron con el MP al juzgado de Tocoa en un claro acto de intimidación contra la defensa y su equipo legal (Guapinol Resiste, 2022).

Incluso el carácter prolongado del juicio, con sus múltiples suspensiones y retrasos, ejemplifica otra estrategia para disuadir y agotar el movimiento de resistencia de Guapinol. Al pasar el mes de enero, los defensores cumplieron 29 meses de encarcelamiento arbitrario sin recibir aún su libertad debida y todos se prepararon para escuchar las conclusiones del juicio el 4 de febrero y saber el veredicto el 9 de febrero de 2022. Cuando llegó el día del veredicto, la audiencia duró menos de 10 minutos y no fue transmitida adecuadamente a pesar de una orden judicial para asegurar la publicidad (Guapinol Resiste, 2022). El veredicto condenó a seis de los ocho defensores, afirmando su culpabilidad por los delitos de privación injusta de la libertad y de daños contra el Contratista de Seguridad de Los Pinares, Santos Corea. Dos de tres jueces, Ricardo Rodríguez Barahona y Henry Geovanny Duarte Zaldívar del tribunal de Sentencia de Trujillo, fallaron contra los defensores Porfirio Sorto, Ewer Cedillo, Jose Abelino Cedillo, Orbin Hernández, Daniel Márquez y Kelvin Romero. El juez disidente Franklin Marvin Araliz Santos absolvió a los ambientalistas de todos los cargos (Guapinol Resiste, 2022). Según el blog oficial del movimiento:

El tribunal no dio absolutamente ninguna razón de por qué dos de los defensores – Arnol Alemán y Jeremías Martínez - fueron absueltos de todos los cargos y los otros no, ya que en ningún momento el tribunal dijo cuáles fueron los roles individuales de los defensores en los supuestos crímenes. El equipo de la defensa cree que esto podría ser una forma de intentar dividir la resistencia al proyecto minero ilegal o causar un conflicto entre las familias (Guapinol Resiste, 2022).

El mismo día, los jueces fijaron la fecha del 21 de febrero para una audiencia de individualización de la pena; comentó la defensa que los defensores podrían ser condenados entre 6 años y 4 meses a 14 años y 4 meses (Guapinol Resiste, 2022). Este veredicto fue recibido por los defensores, sus familias y la comunidad de apoyo con gran tristeza, rabia y frustración. Aunque la defensa declaró que se podrían utilizar varios recursos legales para seguir luchando por la libertad de los defensores, todos estos serían lentos e ineficaces, y entre la comunidad había mucha pesadez en el aire ese día.

Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, apenas un día después, el 10 de febrero de 2022, los defensores recibieron buenas noticias de la Corte Suprema que resolvió amparos que anularon el proceso judicial contra los defensores para que pudieran recuperar su libertad, después de 900 días de prisión preventiva ilegal. En estas decisiones, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras resolvió sendos amparos presentados por la defensa, corroborando así que “el proceso penal llevado en contra de los defensores ha vulnerado los derechos al debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad de los defensores procesados” (Guapinol Resiste, 2022). Organizaciones del Observatorio publicaron un comunicado de Prensa declarando lo siguiente:

el Estado hondureño debe proceder de inmediato a la reparación adecuada del daño causado, a la investigación de los responsables de la detención ilegal y a garantizar la integridad física y jurídica de los defensores, de sus familias y del Comité Municipal ante cualquier represalia que pudiera ocurrir (Guapinol Resiste, 2022).

Con esta nueva y repentina noticia, los defensores y sus familias recuperaron la esperanza de que se reunirían en cuestión de horas, como máximo. Sin embargo, a medida que pasaban los días y los defensores seguían encarcelados, quedaba cada vez más claro que al Estado hondureño no le preocupaba incumplir sus obligaciones legales nacionales e internacionales de liberar a los defensores, ni de cancelar la licencia otorgada de forma ilegal para operar la minera dentro del parque nacional Carlos Escaleras. Así, pasaron 14 días durante los cuales los defensores y sus familias se pusieron cada vez más nerviosos ante la posibilidad de que no se reunieran. El vericueto del corrupto proceso legal continuó hasta que, tras 914 días de detención ilegal, liberaron a los Defensores del Agua de Guapinol y del Sector San Pedro, el 24 de febrero de 2022. Ese mismo día, las familias, las organizaciones, y la comunidad llevaron a los defensores a Guapinol donde fueron recibidos con fuegos artificiales, aplausos y abrazos de sus seres queridos. Según la Resolución de la ONU, el Estado hondureño es responsable de la reparación integral y de investigar y sancionar a los responsables de los 914 días de detención ilegal (Guapinol Resiste, 2022). El Comité Municipal afirma que esto debe incluir “daños físicos y psicológicos para los defensores, la restauración de la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras (que fue modificada irregularmente por el Congreso para permitir la minería) y la reparación de los daños ambientales causados por la empresa minera y la cancelación de la licencia ambiental” (Guapinol Resiste, 2022). Hasta la fecha de este escrito, en enero de 2024, el Estado hondureño no ha cumplido con ninguna de estas reparaciones todavía.

La larga y enrevesada lucha por la libertad de los defensores del agua pone de manifiesto la corrupción siempre presente en el sistema jurídico hondureño, así como los vínculos entre el Estado hondureño y las industrias y empresas extractivistas como Inversiones Los Pinares. En primer lugar, los defensores del agua nunca deberían haber sido detenidos, ya que solo estaban ejerciendo su derecho a la protesta. En segundo lugar, la garantía de su derecho al debido proceso nunca debería haber tardado más de dos años y medio. En tercer lugar, la presencia constante de juego sucio antes y durante el juicio solo ejemplifica la gran corrupción existente en Honduras. El incumplimiento del Estado en la reparación de los defensores del agua y sus familias, y de los daños ambientales, culmina las fallas para proteger de modo adecuado los derechos de sus ciudadanos. Lastimosamente, las y los defensores del movimiento de Guapinol Resiste han continuado a enfrentarse con persecución. En la primera mitad de 2023, dos miembros de la comunidad de resistencia fueron asesinados por sus conexiones con su activismo; ambas víctimas fueron hermanos de uno de los líderes del movimiento de resistencia. En esta misma familia, 42 personas fueron desplazadas de sus hogares por la violencia infligida por la empresa minera.

El caso de Guapinol y su resistencia duradera, que aún continúa para asegurar que el río Guapinol y los ríos aledaños en el Parque Nacional Carlos Escaleras se mantengan libres de proyectos extractivistas, no es, lamentablemente, único. Hay innumerables historias similares a la de Guapinol, historias de explotación y corrupción, historias de resistencia y persistencia del pueblo. En una escala más amplia, la importancia de compartir y difundir la historia de Guapinol no proviene de su singularidad –aunque, por supuesto, todas las personas que han participado en el movimiento Guapinol Resiste tienen historias únicas que merecen ser escuchadas–, sino que proviene del conocimiento de que Guapinol puede ser una luz conectora para otras comunidades en la lucha contra los megaproyectos extractivistas neoliberales y por la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Guapinol Resiste no solo representa la resistencia por y para Guapinol, sino la resistencia de muchos ante las crecientes amenazas globales.

El caso Guapinol desde un marco de derechos humanos

A lo largo de la historia del movimiento de Guapinol Resiste y de los ocho defensores encarcelados de manera ilegal, ha habido innumerables violaciones de derechos humanos. El caso de Guapinol es un ejemplo de libro de muchas de las estrategias corruptas, violentas e ilegales que los Estados represivos utilizan contra sus poblaciones para ejercer el poder. De este modo, Guapinol es relevante, tanto en su particularidad, como desde una óptica macro. Para entender la resistencia de Guapinol desde un marco de derechos humanos, es clave señalar que el encarcelamiento y la criminalización de las y los defensores de vida en Honduras fue caracterizado como estrategia de la guerra de baja intensidad por Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU para la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, en un foro virtual que celebró la 76ª Asamblea General de la ONU el 13 de octubre de 2021. Esta estrategia, implementada por el Estado para desanimar al pueblo a levantarse contra los intereses del Estado, se ve con claridad en la contradicción de “los reiterados compromisos que Honduras ha asumido a nivel internacional para proteger los derechos humanos y el estado actual del país...”, y en términos de “los asesinatos, las detenciones arbitrarias y las amenazas que reciben las personas que defienden sus derechos” (Guapinol Resiste, 2020). Denunció Lawlor:

Honduras se ha comprometido en repetidas ocasiones en la ONU a mejorar la situación de los derechos humanos, pero los avances han sido muy, muy lentos. Cuando los Estados no responden a las denuncias de violaciones de los derechos humanos, es difícil creer que quieran comprometerse de verdad (Guapinol Resiste, 2020).

Gilda Rivera, del Centro de Derechos de Mujeres y la Coalición Contra la Impunidad, reafirmó la denuncia de Lawlor, declarando: “la institucionalidad formal parece que le ha declarado una guerra a una gran parte de la población, especialmente esa población que se opone al modelo económico caracterizado por el saqueo y el despojo de los bienes comunes especialmente de comunidades rurales, comunidades ancestrales” (Guapinol Resiste, 2020). La idea de una guerra de baja intensidad fue introducida en forma inicial durante el periodo posguerra de la Guerra Fría, con la doctrina del Conflicto de Baja Intensidad en la política exterior de los Estados Unidos en 1986, para alcanzar objetivos geopolíticos:

Los factores económicos, psicológicos y políticos constituyen partes vitales de la trama estratégica e implican la coordinación de tropas, la implementación de las denominadas operaciones especiales (actividades clandestinas paramilitares) y el protagonismo de los sistemas de inteligencia, las estructuras diplomáticas y los despliegues logísticos. En definitiva, un complejo conjunto de actividades no convencionales que, centradas en el uso de la fuerza, coordinan las tareas de grupos y organismos de diversa índole, aplicados a la lucha ideológica (Kreibohm, 2008, p. 77).

Como señala Kreibohm, en una guerra de baja intensidad se emplea una gama amplia de estrategias para promover y sostener las violencias en una región. En el entramado de la biopolítica del poder elaborado por Michel Foucault, se explican las múltiples violencias impuestas por el sistema neoliberal que prevalece en Honduras y ejemplificadas en el caso de Guapinol (Fuentes y Ramírez, 2019, p. 6). Dentro de este, las personas que se manifiestan en contra de la degradación y destrucción de la tierra son vistas como obstáculos al “progreso” y “desarrollo” que supuestamente traen los proyectos mineros, agroindustriales y energéticos. Francisca Caro Fuentes y Catalina Spuhr Ramírez afirman que “los defensores y defensoras del medio ambiente cumplen un rol fundamental de denuncia y protesta en contra de las irregularidades y vulneraciones cometidas por los grupos empresariales en desmedro de las comunidades y sus derechos vinculados a la tierra y el medioambiente” (Fuentes y Ramírez, 2019, p. 6). Las estrategias de violencia que mencionan las autoras, como “las amenazas, hostigamientos y ataques por parte de actores estatales y no estatales” (Fuentes y Ramírez, 2019, p. 6) no son lejos de parecer a las estrategias descritas en la doctrina del Conflicto de Baja Intensidad (Kreibohm, 2008). Fuentes y Ramírez sostienen que son varios los mecanismos de la biopolítica que están utilizados para criminalizar la defensa de la tierra y el medioambiente dentro del modelo económico extractivista que depende de la explotación:

...este control biopolítico de la vida y muerte se manifiesta en una política de criminalización del activismo ambiental, la cual opera a través del uso indebido del derecho penal de parte de actores estatales y no estatales como mecanismo de represión y persecución. Para ello, se valen de una serie de mecanismos de control, tales como: la imputación indebida de supuestos delitos por actividades promovidas; la privación de libertad en momentos cruciales para la defensa de sus causas; el sometimiento a proceso sin las debidas garantías; la sujeción a procesos judiciales prolongados contrarios a las garantías del debido proceso; las detenciones y, arbitrarias con el fin de restringir y disuadir su labor; por último, la producción de muerte (Fuentes y Ramírez, 2019, p. 9).

En el caso de Guapinol, se han usado todos los mecanismos de control. Según reportes publicados por Guapinol Resiste, los ocho de Guapinol fueron acusados de falsos cargos de incendio agravado y privación de libertad; fueron víctimas de la privación de su libertad en momentos cruciales para la defensa del río; hubo un retraso de más de dos años y medio para que recibieran el derecho al debido proceso; y sus detenciones fueron arbitrarias a pesar de las recomendaciones para su liberación desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), entre otros grupos. Al fin, como ya mencionó antes, “la producción de muerte” o el asesinato también ha sido utilizado varias veces en el tiempo desde la liberación de los defensores.

Profundizando en este concepto de la “producción de muerte”, la situación de Guapinol se ofrece como un ejemplo claro de lo que Amarela Varela Huerta describe como la necropolítica gubernamental. Según ella, la invisibilidad de algunos sectores de la población tiene su origen en la trinidad perversa de violencia: la violencia del mercado, del Estado, y del patriarcado (Huerta, 2019, p. 103). Es posible ver esta trinidad perversa en juego en las historias de las mujeres familiares de los defensores del agua en Guapinol, y sin duda esta interseccionalidad de violencias es un factor significativo que hace que sus historias se queden en los márgenes sin suficiente visibilidad.

La persecución política y las violaciones de los derechos humanos de las y los defensores de la tierra y el agua en Centroamérica han sido bien documentadas. El reporte titulado Defender el Mañana, publicado por Global Witness en junio de 2020, afirma que más de dos tercios de los asesinatos de las y los activistas del medio ambiente que ocurren en el mundo toman lugar en América Latina, y la región se ha clasificado como la más afectada desde que Global Witness comenzó a publicar datos en 2012 (Global Witness, 2020). Honduras, en particular, se destaca por su alto nivel de violencia contra las y los defensores de la tierra y el agua. Según otro informe publicado por Global Witness en 2017, Honduras es el lugar más peligroso en el mundo para los activistas del medio ambiente (Global Witness, 2017). Esta violencia se debe en gran parte a la corrupción y la impunidad que son habituales en el país, así como a las políticas económicas. Desde el golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos que derrocó el antiguo presidente Manuel Zelaya en 2009, los varios gobiernos derechistas del Estado de Honduras han implementado una estrategia de “puertas abiertas al negocio” para asegurar el crecimiento económico del país (reconocido más reciente como el plan administrativo de las ZEDEs, o las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico). La invitación de las inversiones extranjeras ha resultado en la privatización de recursos naturales y el despojo y desplazamiento de comunidades de tierras ricas en bienes naturales. Las consecuencias están evidenciadas no solo en las violaciones de derechos humanos, sino también en la degradación del medio ambiente. Según un informe publicado en 2014 de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) de Honduras, la presencia de la minería puede contaminar el suministro de agua de las comunidades a los alrededores, además de desaparecer los peces de los ríos y talar y deforestar los árboles. El informe afirma que los residuos de la minería muchas veces no se desechan adecuadamente y que la minería puede causar desprendimientos de tierras, inundaciones y erosión del suelo (Global Witness, 2017).

En Honduras, el Estado en sí facilita y perpetúa la corrupción e impunidad. “Sin la corrupción generalizada que caracteriza actualmente al Gobierno y al sector de los recursos naturales, los proyectos abusivos no podrían salir adelante con tanta facilidad y la impunidad de los responsables no prosperaría”, asegura un informe sobre Honduras (Global Witness, 2017, p. 28). El informe incluso va más allá, detallando cinco métodos principales de corrupción que están evidenciadas en muchos de los casos de las violaciones de los derechos humanos de las y los defensores de la tierra y el agua que ocurren en Honduras:

En primer lugar, las élites usan la influencia política para conseguir contratos lucrativos, obtener licencias oficiales y poner en funcionamiento sus proyectos. En segundo lugar, los procesos establecidos por la ley se pasan por alto rutinariamente sin consecuencias. Para que la mayoría de los megaproyectos puedan comenzar, se necesita una serie de procesos y permisos. Cuando las comunidades cuestionan estos acuerdos tan sospechosos entra en juego una tercera táctica: se ofrecen cuantiosos sobornos a los activistas para mantenerlos en silencio. Cuando los sobornos no funcionan, quienes respaldan los proyectos recurren a la fuerza y a menudo consiguen apoyo militar para detener a los defensores. Por último, la impunidad es el oxígeno que el sistema judicial proporciona a los autores de estos delitos. No se responsabiliza a quienes ejercen la violencia y rara vez se investigan las denuncias de amenazas o ataques (Global Witness, 2017, pp. 28-29).

Todos los antes mencionados métodos de corrupción también han jugado un papel clave en el caso de Guapinol. El hecho de que la empresa Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facusse, comenzó la construcción de la mina a pesar de no tener la licencia adecuada para desarrollar dentro de la región protegida del Parque Nacional de Carlos Escaleras, y que tampoco obtuvo el consentimiento de los pueblos aledaños, ejemplifican cómo las empresas extractivistas pasan por alto las leyes. La aparición de la policía militarizada en el campamento original de la resistencia junto a la mina en 2018 para intimidar a los manifestantes, así como la ya mencionada intimidación durante el campamento de vigilancia a lo largo del juicio en 2022, demuestran el uso de fuerza. Y ni hablar de todo el juego sucio y la confabulación que había dentro del propio sistema judicial en el caso Guapinol. La falta de consentimiento libre e informado, definido como un derecho humano de los pueblos indígenas y campesinos por la ONU, es especialmente preocupante. Destaca el informe de 2017 de Global Witness:

En Honduras, tanto las leyes internacionales como las leyes municipales locales garantizan a las comunidades el derecho a ser consultadas sobre el uso de sus tierras. Sin embargo, estos derechos no se protegen; la exclusión es la norma y las empresas, el Gobierno y los inversores extranjeros no están interactuando de forma significativa con las comunidades afectadas y los activistas locales (Global Witness, 2017, p. 30).

De forma adicional, las empresas extractivistas son señaladas de eludir las leyes que requieren el consentimiento libre, previo e informado (conocido como el CLPI) de las comunidades, además de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que fue aprobada en 2015.

Cabe decir que las violencias y violaciones de derechos humanos ejercidos contra las y los defensores de la tierra y el agua en Honduras, y en particular en Guapinol, han sido muy bien documentados. De lo que todavía falta documentación e investigación son los impactos socioculturales y familiares del encarcelamiento de los defensores de la tierra y el agua. Según una noticia publicada por Radio Progreso (el canal de radio en Progreso, Honduras), el 25 de septiembre de 2020, las familias de los privados de libertad sufren de la “tristeza, impotencia, precariedad económica y emocional”. Emma Soriano es madre de unos de los privados de libertad. Ella declara:

Nosotros somos víctimas de la injusticia, el único delito que han cometido nuestros familiares, es luchar contra la empresa minera Los Pinares, que contamina los ríos Guapinol y San Pedro, que nacen en el parque nacional Carlos Escaleras, lugar donde está la concesión. Exigimos que los dejen en libertad porque están pagando lo que no deben. Para nosotros como familia ha sido un año duro. Yo duermo poco. Mi hijo dice que no me preocupe, pero, uno de madre sufre y más cuando sabe que es inocente de lo que se le acusa (Radio Progreso, 2020).

Otra mujer de la comunidad, Dilma Cruz, es la esposa del privado de libertad Porfirio Sorto y una de las mujeres que entrevisté. Habla de las dificultades económicas y emocionales:

Tenemos hijos pequeños que mantener y él era el único proveedor. Ahora me toca difícil. Mi compañero de hogar hace mucha falta. El encierro y la distancia también nos matan a nosotras también. Lo peor es cuando los hijos preguntan ¿cuándo va a salir papá? Quiero ver a mi papá. A uno de madre se le vienen las lágrimas y no nos queda de otra que decirles que pronto va a salir libre (Radio Progreso, 2020).

El artículo de Radio Progreso sigue con los testimonios de algunas otras mujeres familiares de los privados de libertad. Pero, a pesar del detalle de este único artículo, la publicación de los impactos socioculturales y emocional-afectivos del encarcelamiento en las familiares de los defensores ha sido mínima. Fue esta brecha, particularmente entendida dentro de la lente micro y macro del caso Guapinol en el marco de los derechos humanos, que me llevó a desarrollar una metodología feminista decolonial para la recopilación y publicación de las narrativas de resistencia de las mujeres de Guapinol.

Mi involucramiento con Guapinol

Conocido como el país más peligroso para ser un/una defensor/a del medio ambiente en 2017, Honduras sigue manteniéndose como un país en extremo peligroso en los años más recientes (Global Witness, 2017). Con mi interés en la región y en la defensa de la tierra y el agua, fui a Honduras en julio del 2021 a conocer siete de los ocho privados de libertad. Acompañé a una delegación de activistas políticas de la Fundación SHARE, de origen mayormente estadounidense, a la cárcel Olanchito donde estaban encarcelados los defensores del agua. Cuando llegué a Olanchito, saludé a cada uno de los defensores y escuché sus historias. Más tarde de la visita a la prisión, sentada en la orilla del río Guapinol, hablé con las familias de los privados de libertad. Me contaron de los impactos de los últimos dos años sin tener presente a sus papás, esposos, hermanos, e hijos. Después, al regresar a los Estados Unidos, las palabras y perspectivas de estas mujeres quedaron conmigo y me pregunté por qué no habían alcanzado el mismo nivel de atención que las experiencias de los ocho hombres privados de libertad. ¿Eran suficientemente visibles las subjetividades de las mujeres y sus experiencias de esta lucha?

Para profundizar en esta pregunta, regresé a Guapinol en diciembre de 2021 con la intención de recopilar los testimonios de las mujeres familiares de los defensores. Entré en la investigación con la meta de entender, analizar, y diseminar sus historias a un nivel más alto. Entrevisté a cinco mujeres, tres de ellas esposas de unos defensores encarcelados, además de madre e hija. Estas mujeres se abrieron a sí mismas, a sus hogares y a sus corazones con gran calidez y valentía, y les estoy muy agradecida. Parte de mi misión al realizar sus entrevistas fue grabarlas y convertirlas en un programa de radio que, con la ayuda de Cultural Survival y la Radio de los Derechos Indígenas, pudiera emitirse en todo el mundo. Durante el proceso de llevar a cabo este objetivo y completar la edición de audio, quería asegurarme de que las mujeres estaban involucradas en el proceso.

Una metodología feminista decolonial

La intención de poner en práctica una metodología feminista decolonial de investigación acción-participativa es crear una praxis en la cual las sujetas tienen la oportunidad para retroalimentar y tomar parte en la formulación del producto final. Según Sunil Bhatia (2021), “La descolonización hace hincapié en la investigación participativa, la responsabilidad mutua y el reconocimiento de la dignidad y la voz de las personas con las que coproducimos el conocimiento”, (p. 211). Bhatia hace referencia a la investigadora indígena maorí Linda Tuwihai Smith (2012) para recordarnos que un marco decolonial arraigado en la justicia social “destaca el conocimiento que surge de las comunidades indígenas, dando testimonio de la historia de sufrimiento, desmantelando la supremacía blanca, deshaciendo la colonialidad, y centrándose en modos de conocimiento que están arraigados en las experiencias vividas de las comunidades” (Bhatia, 2021, p. 218). En esta investigación, el conocimiento coproducido con las resistentes adoptó la forma de una serie de episodios de podcast que presentaban los relatos de resistencia de las mujeres para su difusión radiofónica.

La metodología que desarrollé fue fundamentada con una base feminista decolonial y una mirada emocional-afectiva. Ortiz Ocaña y Arias López (2019) nombra en la metodología decolonial el hacer decolonial y lo describen como la creación de

formas ‘otras’ de pensar, sentir y existir, lo cual requiere la configuración de nuevos tipos de conocimiento y nuevas “ciencias”, cuya estructura categorial se sustente en el saber del otro, considerado inferior, y no solo en la episteme del logos moderno/colonial, considerado superior... [el hacer decolonial] se despliega mediante sus acciones/huellas constitutivas: contemplar comunal, conversar alternativo y reflexionar configurativo… (Ortiz Ocaña y Arias López, 2019, p. 147).

Esto quiere decir que la metodología que implementé centró las experiencias y conocimientos de las mujeres y a la vez trató de profundizar la propia agencia y empoderamiento de ellas. Como punto de partida, recurrí a los trabajos publicados en 2014 en la antología Otras formas de (re)conocer: Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación feminista, editada por Irantzu Mendia Azkue, Marta Luxán, Matxalen Legarreta, Gloria Guzmán, Iker Zirion, y Jokin Azpiazu Carballo. En particular, el capítulo titulado “Producciones narrativas: una propuesta metodológica para la investigación feminista”, escrito por Itziar Gandarias Goikoetxea y Nagore García Fernández, me proporcionó unos puntos precisos sobre el abordaje epistemológico y metodológico de las producciones narrativas, que, con base en la propuesta epistemológica de los situados de Donna Haraway en 1991, fue desarrollado por Balasch y Montenegro en 2003. Según Gandarías y García, la estrategia metodológica involucra:

la producción conjunta de un texto híbrido construido a partir de: a) las sesiones donde la investigadora y las participantes hablan y discuten distintos aspectos del fenómeno que se quiere estudiar; b) la textualización, que funcionaría como una revisión y reflexión sobre la sesión o sesiones en la que la conversación se traduce a un texto organizado y comunicable que refleja las posiciones y los argumentos desarrollados a lo largo de la (s) misma(s), y c) el reconocimiento de la agencia de las participantes para modificar, corregir y expandir la textualización hasta validar la narrativa creada (Gandarías y García, 2014, p. 102).

La estructura teórica se prestó para aprovechar de la técnica ya establecida con unas modificaciones. Por ejemplo, hice de la recopilación de los testimonios por medio de la grabación de audio, haciendo innecesaria una textualización o transcripción de las grabaciones, aunque con más tiempo me hubiera gustado poder transcribir y traducir (al inglés) las grabaciones para el propósito de compartirlos con una audiencia más amplia (no limitado a las y los hablantes del español).

En esta metodología tuve la meta de realizar prácticas horizontales que permitiera conceptualizar a las mujeres participantes no como objetos de estudio, sino sujetas, para entenderlas como autoras con agencia capaces de contar sus propias experiencias de la manera que eligen. De acuerdo con lo que señala Haraway, mi rol en la investigación no fue tratar de ser la voz de las participantes, sino ocupar un espacio como participante en un ambiente donde yo, igual que mis coautoras, construimos juntas “en una práctica articulada con otras compañeras sociales diferentes, pero vinculadas” (Haraway, 1995, p. 138). En la práctica, esto se manifestó de numerosas maneras, empezando por un proceso de consentimiento informado. Antes de entrevistar a cada mujer, leí en voz alta a cada una y les expliqué las intenciones de mi investigación, el proceso y formato que tendría lugar, así como los posibles objetivos y riesgos que podrían producirse. Les entregué un documento escrito en el que constaba todo lo que les había explicado en voz alta y todas se tomaron su tiempo para leerlo ellas mismas antes de firmarlo. De este modo, entrevistadora y entrevistada asumían un compromiso recíproco y consensuado. Después, durante las entrevistas, yo hacía preguntas a las mujeres y luego las escuchaba narrar y guiar las conversaciones. Si alguna de mis preguntas les incomodaba o no querían responder, pasábamos a otro tema. También les di tiempo para revisar las preguntas que les iba a hacer para que estuvieran preparadas y rechazaran cualquiera.

Dentro de esta investigación participativa, las fases de seguimiento eran tan cruciales como la recogida de los propios testimonios, especialmente para nuestra investigación y la coproducción de los episodios radiofónicos. Las mujeres a las que entrevisté debían tener la capacidad de elaborar y moldear sus testimonios para poder asumir su papel de coautoras. Balasch y Montenegro describen el proceso de revisión y evolución que involucra la producción narrativa: “después de diversos añadidos, correcciones y aclaraciones se alcanza la finalización del bucle con la aceptación expresa de la participante de que la narración muestra su visión sobre el fenómeno” (Balasch y Montenegro, 2003, p. 44). Por ello, la metodología no terminó al concluir las grabaciones de los testimonios, sino que comuniqué a las mujeres mis planes para las fases de seguimiento (detalladas a continuación), que tuvieron un valor tan significativo como la fase de recopilación para dar espacio a voces poco escuchadas. Como explican Gandarías y García, esto ofrece una oportunidad para la valoración de las historias subalternas como otras formas de conocimiento:

Como ya hemos mencionado, las Producciones Narrativas no se prestan a ser analizadas en el sentido habitual, ya que son textos que cuentan con la misma relevancia teórica que otros textos académicos de mayor difusión y alcance. Esta consideración igualitaria permite visibilizar la tensión existente entre narrativas dominantes y contrahegemónicas, generando nuevas formas de entender el mundo y reconociendo la agencia de grupos minoritarios en la construcción de conocimiento (Gandarías y García, 2014, p. 106).

Estas nuevas formas de entender lo que la recopilación de testimonios espera ofrecer incluyen una visión del conocimiento desde una perspectiva emocional-afectiva, que valora las emociones y las experiencias sentimentales, tanto como el pensamiento racional. En mi investigación y del espacio compartido con las mujeres que entrevisté, era muy importante dar espacio y valor a las experiencias emocionales para ver y entender las realidades de las mujeres en la historia de Guapinol, individual y colectivamente.

Metodología de seguimiento y retroalimentación

Necesario en el proceso de investigación-acción-participativa fue un proceso de seguimiento, el cual proporcionó a las participantes de la recopilación de testimonios un espacio de reflexión y retroalimentación después de las entrevistas. Este espacio incluyó un tiempo para sentipensar, compartir sus ideas y emociones, y reflejar sobre cómo se sintieron durante el proceso de dar testimonio. Debido al tiempo y la logística, nos tocó realizar este espacio virtualmente. Según las preferencias de las mujeres, intercambiamos mensajes de voz y textos escritos a través del grupo de WhatsApp que había establecido con las cinco mujeres. En estos mensajes, suscité las reflexiones de las mujeres con preguntas centradas en las emociones que sentían antes, durante y después del proceso de la entrevista. Les proporcioné cinco preguntas provocadoras:

1.¿Cómo te sentiste dando tu testimonio?

2.¿Cómo te parecieron las preguntas que te hice sobre tu familia, tus emociones, tus recuerdos y tus experiencias?

3.¿Habías ya hablado sobre las cosas que conversamos en nuestro diálogo?

4.¿Sientes que hay un valor en dar tu testimonio? ¿Hay otras cosas que quieres compartir que no hablamos el día de la entrevista?

5.¿Cómo te sentiste hablando conmigo? ¿Te hice sentir cómoda, incómoda, escuchada, no escuchada? ¿Había algo que te hizo sentir bien o mal?

Con estas preguntas, las mujeres me respondieron con palabras lindas que siempre apreciaré. Todas me dijeron que se sentían muy cómodas conmigo y que les había gustado contar sus vivencias. Dijo una que en la conversación que tuvimos nosotras fue la primera vez que ella habló de sus experiencias como esposa de uno de los privados de libertad, y que se sentía bien tener espacio para desahogarse. Pese a mis intentos, las mujeres no iniciaron una reflexión de diálogo entre ellas, como esperaba; después de dos intentos de invitarlas a intercambiar mensajes reflexionando sobre las experiencias de cada una, decidí que no quería forzar la idea y la dejé pasar. Este centrarse en el énfasis en las necesidades de las mujeres y en dejar que ellas guíen la conversación refleja el marco decolonial en el que se basa mi metodología.

El proceso de seguimiento continuó de manera más informal y de forma más individual a lo largo de los meses de enero y febrero, cuando las mujeres estaban viviendo la estresante situación del proceso judicial de sus familiares, y luego en marzo y abril, cuando estaba trabajando de manera activa en el desarrollo y producción de la miniserie Guapinol Resiste. Durante estos meses mantuve mucho contacto con las mujeres, y nos mandamos mensajes por WhatsApp, compartiendo los acontecimientos de nuestras vidas paralelas. Me agradó mucho poder continuar esta conexión con las mujeres y seguir construyendo la confianza entre nosotras, y estoy contenta de que hoy día seguimos en contacto.

El otro espacio más formal de seguimiento fue con cada mujer individual cuando estaba en el proceso de editar el material auditivo de las entrevistas. Después de completar un borrador del producto auditivo, se lo envié a la mujer que apareció en el episodio especificado para que me diera retroalimentación. Esta parte fue clave para que las participantes tuvieran la oportunidad de escuchar sus propios testimonios y dar sus opiniones sobre la redacción auditiva. Aunque solo hubo un caso en el que una mujer me pidió que hiciera un pequeño cambio, creo que este paso fue una parte crucial de la metodología feminista y decolonial.

Durante la parte de seguimiento, al igual que la de recopilación, traté de mantener lo que Grau Biosca llama una actitud de escucha, reconociendo que, “la actitud de escucha [jugó] asimismo un papel clave para crear este espacio de acogida, actitud que implica que la mujer que escucha no solo accede al conocimiento de la historia, sino que la reconoce en toda su integridad” (Grau, 2014, pp. 152-153). Al hacer eso, traté de construir “una verdad de mujeres”, contada desde una mirada emocional-afectiva, o sea, “una verdad de los hechos para obtener un mapa de lo ocurrido y sostener la denuncia de los abusos y los daños; y una verdad narrativa que posibilita que las palabras digan con fidelidad la experiencia…” (Grau, 2014, p. 153). La mera creación de estas narraciones coproducidas actúa para combatir las violaciones de los derechos humanos que han sufrido estas mujeres y su comunidad. Sus historias son un grito audaz a un abismo para ser escuchadas, vistas y sentidas. Representan la determinación y el valor de hablar cuando abundan las amenazas de violencia para quienes hablan. Y lo hacen de una manera singularmente feminista, tejiendo todos los matices y la complejidad de sus propias realidades.

Limitaciones personales

Considero que es necesario ofrecer una reflexión sobre mis limitaciones personales como investigadora. Debido al hecho que no tuve muchísima experiencia como entrevistadora, fue muy importante que pusiera mucha atención en el planteamiento de las preguntas para que no fueran interrogaciones re-victimizantes o traumáticas, y para asegurar que las mujeres se sintieran sujetas autónomas, no objetos. Otro aspecto del que fui muy consciente fue mi posicionalidad y privilegio como mujer blanca y extranjera, proveniente de los EE. UU., país que ha causado tanto daño a las comunidades hondureñas por sus propias políticas de ayuda exterior y a la consiguiente militarización, asunto que es de suma relevancia para la comunidad de Guapinol. Durante las entrevistas, traté de plantear mis preguntas desde un lugar de respeto mutuo, si no de comprensión, reconociendo que no comparto una historia de vida similar a la de muchas de las mujeres, y que sus testimonios, como sujetas de enunciación con múltiples interseccionalidades, incluyeron aspectos con los que no pude identificarme. Me remito de nuevo a Grau Biosca, que explica que las entrevistas semiestructuradas trabajan desde la implicación, definida por ella como el acto de la documentadora (yo) de permitirse “sentir el dolor y [reconocer]lo. Sin embargo, las documentadoras no buscaron identificar el propio dolor en la misma situación que la otra, a través de la empatía, sino reconocer el dolor propio frente al dolor de la otra” (Grau, 2014, p. 152). Fue con esta visión que entré en las conversaciones con las mujeres para tejer la confianza emocional entre nosotras.

Conclusiones

La región del Bajo Aguán que incluye el pueblo de Guapinol ha sido un lugar plagado de violaciones de los derechos humanos. Debido a la determinación de las comunidades circundantes de proteger su tierra, su agua y su tejido comunitario, varios movimientos de resistencia han adquirido fuerza. Guapinol Resiste ha ganado reconocimiento regional, nacional e internacional por su continuo activismo de defensa. El activismo puede adoptar muchas formas y en la comunidad de Guapinol lo ha hecho. Además de las protestas, los campamentos, los fondos legales, la cobertura de los medios de comunicación, las campañas en las redes sociales y las alianzas internacionales, en Guapinol, la gente –en especial las mujeres– está dando sus testimonios. Las narrativas de resistencia de las mujeres de Guapinol sirven para luchar contra las violaciones de los derechos humanos que han sucedido en Guapinol, Honduras. Sus narrativas demuestran la resistencia comunitaria e individual contra la opresión, intimidación, y violencia infligida por Inversiones Los Pinares en Guapinol. Recorren y documentan las experiencias cotidianas de sus autoras con toda su complejidad y matices. Forman partes integrales de la historia de resistencia colectiva de Guapinol.

Además de luchar contra las violaciones de los derechos humanos, las narrativas de resistencia de las mujeres de Guapinol exhiben una metodología feminista decolonial realizada conjuntamente en mi investigación de acción participativa. En la coproducción, creamos cuatro episodios radiofónicos de podcast transmitidos a una audiencia diversa. Solo pudimos lograrlo gracias a los vínculos de confianza y respeto mutuo que desarrollamos a lo largo de la metodología de investigación. La intención de compartir la metodología empleada a lo largo de esta investigación es proporcionar un mapa para llevar a cabo una investigación de acción participativa que es a la vez feminista y decolonial. Al mismo tiempo, espero fomentar la recopilación y el intercambio de más historias de resistencia desde las voces de las propias resistentes. Como reza el cántico de Guapinol Resiste: ¡Todos somos Guapinol!

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Recibido: 10-1-2024 - Aceptado: 19-4-2024

1. 1 Lesley University, Cambridge, MA, Estados Unidos. Estadounidense; intérprete del inglés-español; licenciada en Estudios Ambientales (Mt. Holyoke College); magíster en Estudios Latinoamericanos (UNA). kathryndemsullivan@gmail.com; https://orcid.org/0009-0003-6900-1669