Introducción

Contar con una Política de Niñez y Adolescencia es uno de los grandes hitos en la historia de Universidad Nacional, por cuanto esto le permite incidir de forma más significativa en el alcance de los derechos de la niñez y la adolescencia. El objetivo de este artículo es dar a conocer los antecedentes y la importancia de esta Política para un buen envejecer.

Desde esta Política se busca garantizar que los diferentes proyectos que trabajan con esta población dispongan de lineamientos y normativas específicas para trabajar temas o problemáticas relacionadas con niñez y adolescencia.

Al describir el proceso seguido para la aprobación de la Política, en este artículo se destaca el valor que tiene dar un abordaje integrado al problema del atropello de derechos humanos de la niñez y adolescencia de modo que se garantice que los beneficios que se obtengan desde edades tempranas tengan una incidencia significativa a lo largo de su vida.

En este artículo, además, se debate la importancia de hacer un trabajo coordinado entre unidades académicas en aras de que al lograr promover y defender los derechos de las personas menores de edad se redunde en una mejor calidad de vida a lo largo de todo el ciclo vital.

Política de Niñez y Adolescencia

A lo largo de los años la Universidad Nacional ha tenido contacto directo, a través de diversos proyectos, con la niñez y adolescencia. Hasta la fecha se cuenta con más de 55 proyectos activos en todo el territorio nacional. Desde su quehacer académico, y como productora y difusora de conocimientos, la Universidad Nacional ha aspirado a mejorar las condiciones de vida para la población menor de edad.

Para trabajar con estas poblaciones y lograr incidir es importante hacerlo desde un enfoque de ciclo vital; donde se unifiquen acciones y el equipo humano que trabaja con ellos tenga convicción de que lo que se invierta en edades tempranas tendrá resultados positivos a lo largo de la vida. De ahí que no solo se deba defender derechos, sino que también se deben de promover, difundir e implantar de modo que su incidencia se sostenga con el tiempo.

Teniendo en cuenta estos elementos, una Comisión especializada de la Universidad Nacional, después de un arduo trabajo, dio a luz la Política de Niñez y Adolescencia, la cual se comenzó a gestar desde el año 2016 con la revisión de los antecedentes teóricos, jurídicos y programáticos. Para el año 2017, se llevó a cabo un proceso de consulta multisectorial interno y externo, que incluyó tanto el público interno de la UNA como varios públicos externos, en cuenta a personas menores de edad de la educación primaria y secundaria. Y ya para el 2018 se elaboró una propuesta preliminar de política, en la cual participaron el INEINA, el Centro de Estudios Generales y la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, y Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida (CIEMHCAVI; y en 1919, se formuló un plan preliminar de implementación. Fue para junio del 2021 que el Consejo Universitario la aprobó. Esta Política se encuentra fundamentada en los enfoques de Derechos Humanos, Desarrollo Humano Integral y Cultura de Paz (Chaverri, et al., 2021, p. 3).

Además, con el apoyo de varias Unidades Académicas se diseñó el Plan de Implementación de la Política para su puesta en práctica y así disponer de mayores posibilidades de maniobra con el propósito de incidir y con ello mejorar la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Esto era necesario, ya que, como se indica en dicho Plan (Chaverri, et al., 2021, p. 6) la Universidad, a pesar de tener claro sus objetivos estratégicos, y tener muchos proyectos enfocados en esta población; sin embargo, no disponía de lineamientos o normativas específicas para trabajar temas o problemáticas relacionadas con la población menor de edad del país. Y ello es fundamental para reforzar y cooperar con la labor que le corresponde al Estado, y particularmente al Patronato Nacional de la Infancia.

Esta Política, como lo indica Chaverri, et al. (2021) viene a llenar un vacío, por cuanto ni a escala latinoamericana ni nacional han existido políticas universitarias de niñez y adolescencia que integren y orienten acciones enfocadas a la tutela de los derechos humanos de esta población (p. 5).

El objetivo básico de esta Política es:

fortalecer el compromiso social de la UNA con el cumplimiento pleno de los derechos de las niñas, los niños y las personas adolescentes, por medio de un conjunto integrado de acciones transversales a toda la acción sustantiva universitaria, de todas sus unidades académicas y sedes y sección regional, para generar un impacto positivo en el desarrollo, bienestar y calidad de vida de este sector de la población (Chaverri, et al., 2021, p. 6).

A través de la Política, y las acciones que se implementan, se busca promover una integración estratégica en toda la acción relacionada con niñez y adolescencia; apoyada en los enfoques de Derechos Humanos, Desarrollo Humano Integral y Cultura de Paz se busca fortalecer en la comunidad universitaria y nacional el desarrollo de una cultura, consciencia y práctica de garantía de los derechos de las personas menores de edad (p. 7).

De ahí que es fundamental que toda la población involucrada en proyectos de niñez y adolescencia tenga claro las líneas de acción de la Política, para lo cual se requiere que participen de los procesos de capacitación que para ese fin han sido establecidos. En esos procesos de capacitación la persona ampliará sus conocimientos sobre los derechos de dicha población, a fin de que la comunidad universitaria y nacional se concientice sobre la corresponsabilidad de su cumplimiento. Esto contribuirá a una mayor sensibilización sobre el tema, así como a la práctica de la garantía de esos derechos.

De acuerdo con Chaverri, et al. (2021), para tener mayores alcances, la Política también procura incentivar la producción del conocimiento multi, inter y transdisciplinario en materia de niñez y adolescencia, impulsar la vinculación, cooperación y articulación de la UNA a escala interinstitucional, e internacional, orientada al beneficio de niños, niñas y adolescentes e incidir en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas de niñez y adolescencia. Por lo relevante que es impactar a toda sociedad, de modo que se logren erradicar todas las prácticas violatorias de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la Política también ha definido incluir como parte de sus acciones, que la población estudiantil de la UNA participe de manera activa en la difusión y defensa de los derechos. Para lo cual reviste particular importancia un programa institucional de servicio comunal universitario, dirigido explícitamente hacia niñas, niños y personas adolescentes. Esto permitirá que las personas que se gradúan de esta universidad tengan una mejor formación, al vincularse de modo directo desde su práctica profesional con los derechos humanos de las personas menores de edad de distintas comunidades (p. 7).

Además, por medio del Plan de Implementación, se busca ejecutar acciones estratégicas para coordinar tanto en el plano intra como interinstitucional, y generar las condiciones necesarias para su acatamiento, y así lograr impactos más positivos en la calidad de vida, el desarrollo y los derechos de niños, niñas y adolescentes (Chaverri, et al., 2021, p. 1).

La implementación de esta Política reviste particular importancia, por el derecho que tienen estas personas de que se vele por la garantía y cumplimiento de estos, dado que es una etapa significativa para sentar las bases del futuro:

(…) es una etapa de la vida donde se sientan las bases que sustenten el desarrollo y potencialidades de las personas, y la sociedad a la que aspiramos. El construir la sociedad costarricense bajo el adecuado marco de derechos de la niñez y adolescencia, nos permitirá alcanzar un desarrollo integral y sostenible, asegurando una sociedad más justa, equitativa, humana y con mayores potencialidades en el corto, mediano y largo plazo y de esta forma poder cumplir con Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (UNICEF y MIDEPLAN, 2021, p. 5).

Esta posición es respaldada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe:

La niñez y la adolescencia son etapas del ciclo de vida en que se define buena parte de las oportunidades de participación en la sociedad. Durante ellas se adquieren no sólo las habilidades básicas que permiten integrarse en la esfera productiva y generar los ingresos necesarios para acceder al bienestar, sino también aquellas requeridas para participar en los demás ámbitos de la sociedad, la cultura y la política. Es por eso que la inversión en la infancia debe considerarse como un medio para crear capital tanto humano como social y cultural, indispensable para la formación de valores y el ejercicio de la ciudadanía (CEPAL, 2000, p. 151).

La asignación de recursos para incidir en poblaciones menores de edad repercutirá significativamente en la calidad de vida de estas personas a lo largo del ciclo vital. Recursos que permitirán garantizar una educación de calidad y mejor atención sanitaria a esas poblaciones, así como ejecutar una mayor alfabetización a la población en general a fin de erradicar las distintas formas de marginación y maltrato infantil y sus secuelas. Una mejora en la calidad de la educación fortalecerá las capacidades humanas y con ello podrán tener mayores posibilidades de inserción laboral. Una adecuada atención sanitaria en la temprana edad reducirá de modo significativo el desencadenamiento de enfermedades a lo largo del ciclo vital.

Ante este panorama, es importante tener en cuenta que los cambios demográficos que se avecinan hacen indispensable una mayor inversión, a fin de que se les respete sus derechos y así gocen de mejores condiciones a lo largo de su vida, incluyendo su vejez.

Pensados los derechos humanos a lo largo del ciclo vital, nos lleva a replantearnos la importancia de ejecutar acciones que garanticen que las personas, desde edades tempranas, puedan tener acceso a ellos. Dado que en la medida en que se invierta en la defensa de los derechos humanos de las personas menores de edad, se les podrá garantizar que, a lo largo de la vida y sobre todo, cuando lleguen a la vejez, gocen de mejores condiciones, tanto en su salud física y emocional, como en su condición socio-económica.

Esto por cuanto la inversión que se haga hoy en niñez y adolescencia, se recogerá a futuro con grandes beneficios para la sociedad en general. De ahí que no debamos hablar de gasto sino de inversión. Una persona a quien se le garantice una niñez con pleno goce de sus derechos, logrará tener mejores condiciones a lo largo de la vida, incluyendo en su vejez, lo que tendrá implicaciones positivas para su vida, la seguridad social y la sociedad en general.

Es fundamental que diversas instituciones puedan diseñar acciones que logren accionar políticas que garanticen el cumplimiento de los derechos de poblaciones tan vulnerables como la niñez y la adolescencia.

Y con ese propósito de promover los derechos y velar por su cumplimiento, es que la Universidad Nacional aprueba la Política de Niñez y Adolescencia que, si bien no está destinada a vincularse de forma directa con esta población, sí ejecuta acciones y crea directrices que repercutirán de manera significativa en el accionar de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta política viene a cumplir un rol significativo en la medida que transversaliza toda la acción sustantiva universitaria, con el fin de garantizar un mayor cumplimiento de los derechos humanos de estas poblaciones.

Una Política de Niñez y Adolescencia dentro del marco de los cambios demográficos

Hablar de derechos humanos no tiene edad. Todas las personas por el solo hecho de ser humanas ya se hacen acreedoras de derechos. Sin embargo, sí es importante tener en consideración que la puesta en práctica de los derechos humanos en edades tempranas garantizará que la persona pueda disfrutar de ellos a lo largo de la vida. Y esto se vuelve más relevante cuando debemos enfrentar fenómenos como el del envejecimiento poblacional.

Dada la caída en la tasa de natalidad y de la mortalidad, la sociedad llegará a un momento en el cual prevalecerán las personas mayores de edad. Para garantizar que esa población llegue en buenas condiciones de salud física y emocional y con bienestar social y económico es indispensable garantizar que el cumplimiento de derechos humanos se dé desde edades tempranas.

Aunque se evidencia que la población vivirá más años, sin embargo, no se garantiza que esos años sean acompañados de calidad de vida, por cuanto mucha de la población adulta mayor presenta patologías que terminan deteriorando su calidad de vida y sus capacidades funcionales; y las cuales son, en gran medida, el resultado de condiciones desfavorables vividas en edades tempranas, por cuanto las experiencias de vida inciden tanto en la salud como en la condición socioeconómica.

En este ensayo destacamos el enfoque de ciclo vital para demostrar que la inversión que se haga en pro de los derechos de la niñez y adolescencia será una de las formas con las cuales se podrá contribuir a reducir el impacto de una sociedad envejecida.

Ya que como lo indica la Organización Mundial de la Salud y el International Longevity Center (2000), es imposible hablar de salud y desarrollo sin considerar la perspectiva del ciclo vital, durante el cual una persona pueda cumplir sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades evitándose así comprometer su futuro y el de sus generaciones (p. 5).

Según un reporte emitido por CEPAL (2022):

Actualmente, viven 88,6 millones de personas mayores de 60 años en América Latina y el Caribe, que representan el 13,4% de la población total, proporción que llegará al 16,5% en 2030. Asimismo la esperanza de vida para ambos sexos ha aumentado de 48,6 años en 1950 a 75,1 años en 2019. No obstante el retroceso de 2,9 años en 2021 respecto de 2019 por el impacto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), se espera que la esperanza de vida continúe aumentando en el futuro y llegue a 77,2 años en 2030, lo que hace que la región experimente un proceso de envejecimiento más rápido con respecto a otras regiones del mundo… Y se pronostica que para el 2100 la población de personas mayores de la región será́ superior a la de Europa (pp. 11/22).

Los cambios demográficos impactarán a las sociedades al darse una transición de sociedades jóvenes a sociedades adultas y, “posteriormente, a sociedades envejecidas, con importantes consecuencias desde el punto de vista económico, social y epidemiológico” (CEPAL, 2022, p. 21).

De acuerdo con CEPAL (2022):

En menos de diez años, el grupo de personas de 60 años y más superará en volumen a todos los demás grupos etarios, pues en 2055 habrá menos de 200 millones personas en cada uno de los grupos de personas menores de 60 años y más de 200 millones de personas de 60 años y más. Esto tiene enormes repercusiones en términos de políticas públicas, y requiere planificación a mediano y largo plazo con respecto a las políticas en el campo laboral, salud y protección social, entre otras (p. 25).

Costa Rica no escapa de esa situación, de ahí que reviste importancia ver el asunto de los derechos humanos de niñez y adolescencia desde una perspectiva del ciclo vital, dado las grandes desigualdades que privan por motivo de edad, donde la niñez y adolescencia es la etapa en la que predominan las carencias que determinarán la calidad de vida en etapa adulta y particularmente en la vejez.

En la actualidad, se vuelve imprescindible reconocer la urgencia de aplicar lineamientos como los que establece la Política de Niñez y Adolescencia de la UNA, por cuanto aún contamos con población menor de edad, la cual en muy poco tiempo se reducirá de modo relevante dando paso una sociedad en la que predominarán las personas adultas mayores. Y se cumplirá lo dicho por el demógrafo Luis Rosero: “Este era un país de niños, y será al final del siglo, uno de adultos mayores” (Rivera, 2017, párr. 1).

Los cambios en la estructura poblacional son evidentes:

Para el año 2040, la cantidad de adultos mayores de 65 años será igual a la de menores de 15 años, y para el 2050 la cuarta parte de la población costarricense tendrá 60 años o más (…) ante los cambios demográficos y epidemiológicos que se manifestaran se requieren estrategias para poder hacer frente a una sociedad más envejecida, por cuanto variara la demanda de servicios de salud así como los roles sociales y culturales. (Ministerio de Salud, 2018, p. 34).

Ante esta situación, el país aún no está preparado, como lo indica Fernando Morales, ante la inminente manifestación de este fenómeno demográfico el país aún no está preparado; “el país está anémico para enfrentar una inevitable bomba de tiempo. Por eso, ya no podemos esperar más” (Morales, como se cita en Arrieta, 2022, p. 2).

Se avecina el aumento más grande de adultos mayores y si se tuviera que definir el nivel de preparación de Costa Rica, el diagnóstico sería uno: el país está anémico para enfrentar una inevitable bomba de tiempo. Por eso, ya no podemos esperar más: ¡es hora de hablar de la vejez”, 

Estos cambios en la estructura demográfica provocarán que se incremente la población demandante respecto la población trabajadora, ocasionando un acelerado deterioro de los sistemas de seguridad social. Y serán estas poblaciones las encargadas de sostener a la población de personas adultas mayores más grande de la historia de Costa Rica, ya que cada vez ha descendido más el número de personas que sostienen los sistemas de pensiones y de salud, lo cual produce que haya más personas pensionadas que personas trabajadoras. De ahí que es fundamental que ese grupo etario esté en condiciones de hacerle enfrente a ese fenómeno demográfico.

Por lo que, si lo vemos desde el punto de vista de la inversión en niñez y adolescencia, la defensa y promoción de sus derechos sería uno de los pilares claves para que le puedan hacer enfrentar de una mejor manera a los desafíos del envejecimiento demográfico.

Para ello se requiere invertir para que se reduzca significativamente el porcentaje de jóvenes que aún no concluye secundaria y puedan alcanzar un nivel educativo óptimo para romper con el ciclo de pobreza y así puedan tener mayores posibilidades para acceder a un trabajo digno. Además, se hace meritorio una mayor inversión que contribuya a reducir los niveles de fecundidad en personas menores de edad y que garanticen una mayor inserción de las mujeres al mercado laboral. Sin dejar de lado lo importante que se garantice que las inversiones permitan un mayor acceso al derecho a la salud desde edades tempranas y así reducir el costo de la dependencia al envejecer.

Y que como lo apunta la CEPAL, la prevalencia de desigualdades desde la infancia hasta la vejez obliga a pensar con un enfoque de ciclo de vida para diseñar e implementar políticas públicas que ataquen el problema desde la raíz, “El enfoque de ciclo de vida sitúa a la persona, desde el nacimiento hasta el final de la vida, como el objeto central de la acción pública, y reconoce que sus necesidades cambian a lo largo de la vida y que la persona es el punto de partida y de llegada de la política social” (CEPAL, 2017, párr. 4).

En el caso de nuestro país, pareciera ser que se mantiene el incumplimiento de muchos derechos humanos de los niños y adolescentes, sobre todo cuando se manifiesta reducción de recursos destinados a protección, promoción y defensa de los derechos de la población menor de edad.

A lo que se le suma, como lo indica Chaverri et al. (2021), que la “articulación entre instituciones productoras de conocimiento e instituciones ejecutoras de políticas, programas y servicios públicos es todavía relativamente débil, dificultando esto el mejor aprovechamiento del conocimiento científico y académico en la ejecución de programas y servicios orientados al bienestar público” (p. 6).

Si se quiere reducir los impactos negativos que se pueden desencadenar de una sociedad envejecida, se requiere que las instituciones públicas y privadas fomenten una mayor articulación de sus acciones para atender las necesidades y derechos de las personas a lo largo del curso de vida, pero sobre todo desde edades tempranas; al mismo tiempo que impulsen una adecuada intervención de las organizaciones encargadas de la aplicación de esos derechos.

De manera que el ciclo de vida es uno de los enfoques que permite entender las vulnerabilidades y oportunidades de invertir durante etapas tempranas del desarrollo humano; reconoce que las experiencias se acumulan a lo largo de la vida, que las intervenciones en una generación repercutirán en las siguientes, y que el mayor beneficio de un grupo de edad puede derivarse de intervenciones previas en etapas anteriores (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013, p. 11).

Se requiere resguardar los derechos que garanticen buenos tratos, una buena alimentación, ambientes seguros, derecho a la salud mental y física, a la educación, a la recreación, etc. Y el resguardo de todos estos derechos humanos requiere de inversión que generara grandes ganancias; “Se estima que por cada dólar invertido en políticas de desarrollo infantil temprano de calidad, existe un retorno de hasta 17 dólares” (Alegre, 2023 y UNICEF, 2010, como se cita en UNICEF, 2019, p. 184).

Como bien se indica en Política de Niñez y Adolescencia de la UNA, invertir en los derechos de las personas menores de edad, lejos de ser un gasto, es una inversión:

La inversión en políticas de niñez y adolescencia es una de las estrategias con mayor nivel de retorno e impacto positivo en términos de desarrollo humano, siempre que la misma se haga, hasta donde sea posible, basada en evidencia; es decir, tomando como fundamento los hallazgos de investigación tanto básica como evaluativa empírica más recientes y de mayor rigurosidad metodológica, para orientar el diseño, la implementación y la propia evaluación de las acciones. Asimismo, la ausencia de políticas de niñez y adolescencia, o la equivocada orientación de estas, puede tener efectos desastrosos en el desarrollo y la vida de las personas (Berlinski et al., 2015; Gertler et al., 2014; Heckman, 2006; Hackman & Farah, 2009; Banerjee & Duflo, 2012; Chaverri & Arguedas, 2020, como se cita en Chaverri et al., 2021, p. 6).

La intervención oportuna para que niños, niñas y adolescentes tengan garantía del disfrute pleno de sus derechos se constituye en la gran oportunidad que tiene nuestra sociedad para aportar significativamente ante los desafíos de los cambios demográficos. Tendríamos entonces una sociedad no solo más longeva, sino también con mejores condiciones sociales y de salud para poder desenvolverse y aportar a cualquier edad, siempre y cuando logramos invertir en la promoción y defensa de los derechos humanos.

Conclusiones

En materia de derechos humanos para niños, niñas y adolescentes, existe mucha normativa. Pero pareciera que están en proceso de extinción. No es suficiente que existan los grandes tratados, se requiere grandes acciones para lograr su cumplimiento.

Las estadísticas demuestran que los atropellos y abusos de esos derechos que sufren las personas menores de edad están a la orden del día. A ello, se suma la política que imponen algunos gobiernos para desfinanciar proyectos que tienen gran significado para la vida de las personas menores de edad.

Ver la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes desde la óptica del ciclo vital nos permite reconocer la incidencia que tiene sobre el ser humano las condiciones en las que se desenvuelva a lo largo de la vida. Nacer y crecer dentro de un ambiente de respeto de sus necesidades o derechos lo hace ser una persona más realizada, contributiva y saludable. Vivir lo contrario acentúa las desigualdades, la marginación, mayores posibilidades de enfermarse y hasta la exclusión social y económica.

Empuñar actos de mayor diligencia en procura de la defensa de esos derechos desde la etapa de la niñez, es una tarea que nos compete como instituciones de educación superior, máximo en un contexto de envejecimiento poblacional. Si bien, a lo largo de los años la Universidad ha tratado de vincularse con esta causa, lo ha hecho con esfuerzos dispersos. Con la Política de Niñez y Adolescencia, aunque no se vincula directamente con esta población, sí lo hace desde las acciones que ejecuta en procura de un mayor respeto por los derechos de niños, niñas y personas adolescentes.

Lo cual será posible mediante la acción directa de quienes tienen a cargo los proyectos, así como a través de la producción, y divulgación de conocimientos en materia de niñez y adolescencia; y además mediante la vinculación, la cooperación y la articulación interinstitucional e internacional, y sobre todo mediante la incidencia que se tenga desde la Universidad en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas dirigidas hacia niños, niñas y personas adolescentes.

Rescatando además el aporte que pueda dar el estudiantado mediante el servicio comunal, ya que la población estudiantil, además de capacitarse y sensibilizarse en el tema de los derechos humanos de niñez y adolescencia pueda también llegar a esas comunidades a incidir desde sus proyectos de graduación. De esta forma, la Universidad, a través de la Política, lograría trascender grandes fronteras culturales, sociales y políticas, y ser más efectiva en el trabajo que haga con estas poblaciones en defensa de sus derechos.

Es fundamental atender los derechos humanos desde las etapas tempranas, para lo cual hay que incidir para que se diseñen e implementen políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Referencias

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Recibido: 5-4-2024 - Aceptado: 23-5-2024

1. 1 Historiadora y gerontóloga. Docente del Centro de Estudios Generales, Universidad Nacional, Costa Rica. idalia.alpizar.jimemez@una.ac.cr https://orcid.org/0000-0002-7809-6941