Población femenina en calle: avances y retos de las organizaciones de sociedad civil en la aplicación de la PNPSAC

Homeless women: advances and challenges of civic organizations in the application of the PNPSAC

População feminina em situação de rua: avanços e desafios das organizações da sociedade civil na aplicação da PNPSAC

Cierre de edición el 01 de enero del 2023

Recibido • Received • Recebido: 21 / 04 / 2022 / Corregido • Revised • Revisado: 15 / 09 / 2022
Aceptado • Accepted • Aprovado: 19 / 12 / 2022

Introducción

En el año 2016 se crea en Costa Rica la Política Nacional para la Atención Integral a las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle, 2016 – 20261 (PNPSAC), la cual plantea un marco de acción para el abordaje de la población en situación de calle desde un enfoque de derechos humanos que busca revertir modelos asistencialistas, bañados de discursos discriminatorios, preceptos y creencias morales que estigmatizan a estas personas. A su vez, siendo la población femenina en calle la más invisibilizada, esta política ofrece algunos ejes estratégicos dirigidos directamente a esta población, lo que permitiría, a partir de diagnósticos de las particularidades de las mujeres en callejización, esbozar acciones que respondan de forma concreta a sus necesidades.

A cinco años de la creación de la política, organizaciones y asociaciones de la sociedad civil han venido desarrollando acciones en respuesta a esta, particularmente, en el marco del Modelo de Reducción de Daños para el abordaje del fenómeno de drogas en Costa Rica2, visibilizando, de alguna forma, las necesidades de las mujeres en situación de calle.

A su vez, la emergencia sanitaria, las restricciones y cierres de los espacios públicos por las autoridades gubernamentales tuvieron un fuerte impacto en la población en calle; y fueron las organizaciones las que tomaron la iniciativa y gestionaron acciones que evolucionaron en proyectos de mayor gestión y diversificación en la atención para poblaciones específicas, como la creación de un campamento para personas adultas mayores o un alberge para mujeres embarazadas.

Habría que decir también que el impacto de las emergencias en poblaciones que se encuentran en mayor vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres en calle, es enorme tanto en términos económicos, de seguridad social, acceso a la salud, y particularmente, en el aumento de la violencia de género, así lo alertaron en el año 2020 la Organización Panamericana de la Salud3 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Resolución 1/20), entre muchas otras.

En este artículo, expondremos un marco general que nos permita visualizar la situación de las mujeres habitantes de la calle, a partir de datos suministrados por el Instituto Mixto de Ayuda Social4 (IMAS) y las entrevistas realizadas a asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, presentaremos algunas de las acciones y apoyos que se realizan por parte de las organizaciones y gobiernos locales en la gestión de servicios a esta población y su correspondencia con el enfoque de derechos humanos establecido en la PNPSAC.

Las mujeres en situación de calle: panorama general

Al acercarnos a la tarea de reflexionar sobre la situación de las mujeres en calle en Costa Rica, nos encontramos con la limitante de que existe poca bibliografía al respecto y que la mayoría de las investigaciones que se encuentran, se refieren a esta población sin hacer análisis diferenciados por género y con poca o nula participación de estas personas en los estudios5.

El IMAS es una de las pocas instituciones que cuenta con registros sobre esta población en el Área de Sistemas de Información Social6 (SIPO). De acuerdo con los datos suministrados por esta institución, del año 2000 al 2020 se registraron un total de 3791 personas en situación de calle, de las cuales 436 son mujeres. De estas 436 mujeres, como ilustra la Tabla 1, un 58.89%, se registra del 2018 al 2021, siendo San José la provincia donde se concentra la mayor cantidad de población en situación de calle, un 64% de los hombres y en el caso de las mujeres asciende a un 74%.

Tabla 1. Personas en situación de calle registradas en sipo, por sexo según provincia

PROVINCIA	HOMBRE	INTERSEXO	MUJER	TOTAL
SAN JOSE	1.049	1	191	1.241
ALAJUELA	135		10	145
CARTAGO	129		15	144
HEREDIA	110		17	127
GUANACASTE	44		5	49
PUNTARENAS	130		5	135
LIMON	75		12	87
TOTAL	1.672	1	255	1.928

Fuente: IMAS, Área de Sistemas de Información Social, al 1-05-2021. Datos años 2018-2021.

Sin embargo, de acuerdo con el señor Gilbert Torres, director del Centro Dormitorio de la Municipalidad de San José7, (CD-MSJ), los datos proporcionados por el IMAS son poco precisos, él estima que en la actualidad existen aproximadamente 5000 personas en callejización. Muchas de estas personas, al no ser beneficiarias de los programas del IMAS, no son registradas en su sistema. Estas poblaciones suelen encontrarse en un mayor grado de vulnerabilidad, como es el caso de las personas migrantes. (comunicación personal, 11 de mayo de 2021).

Tabla 2. MUJERES EN SITUACION DE CALLE REGISTRADAS EN SIPO SEGÚN GRUPO DE EDAD.

GRUPO EDAD	MUJER
13-18	1
19-39	85
40-64	141
65 O MAS	28
TOTAL	255

Fuente: IMAS, Área de Sistemas de Información Social, al 1-05-2021. Datos años 2018-2021.

En relación con la edad, el IMAS reporta, como se evidencia en la Tabla 2, que el mayor grupo etario en situación de calle está en el rango de los 40 a los 64 años con un total de ١٤١ mujeres, una cifra alarmante, si se considera que a mayor edad menores son las oportunidades que esta población encuentra para alcanzar una reinserción educativa y laboral. Aunado a esto, se debe contemplar las particularidades que afectan a aquellas mujeres que presentan algún tipo de discapacidad, que son el 23.13% del total de esta población y a las mujeres migrantes8 que representan un 32.94. La Tabla 3, nos muestra en detalle el registro de las mujeres según tipos de discapacidad.

Tabla 3. PERSONAS EN SITUACION DE CALLE SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD

TIPO DISCAPACIDAD	MUJER
NO PRESENTA	185
AUDITIVA	2
COGNITIVA	4
FÍSICA	31
PSICOSOCIAL	11
VISUAL	4
DOS O MÁS DE LAS ANTERIORES	7
NS/NR	11
TOTAL	255

Fuente: IMAS, Área de Sistemas de Información Social, al 1-05-2021. Datos años 2018-2021.

Concerniente al consumo de sustancias psicoactivas, se tiende a pensar que todas las personas en situación de calle consumen alcohol u otras sustancias. Si bien, como señala el señor Javier Vindas Acosta9, la población en situación de calle en consumo de sustancias alcanza el 85 o 90%10, apreciación que comparten el director del CD-MSJ y la directora del Pesebre San Martín, no se puede generalizar a toda la población. Contrariamente, las estadísticas del IMAS, señalan que, en el caso de las mujeres, solo un 24.31% son consumidoras de alcohol u otro tipo de sustancias. Esto lo apoya la señora Silvia Rodríguez, directora de la Asociación Manos Amigas Llevando Esperanza, quien sostiene que entre las mujeres usuarias de los dormitorios no se presentan tantos casos de adicción, como si lo hacen los hombres (comunicación personal, 5 de julio de 2021).

Pese a las diferencias en las percepciones en el porcentaje de mujeres que usan sustancias psicoactivas, en las acciones dirigidas a esta población específica se tiende a dejar de lado elementos singulares que afectan a la población femenina, planteando respuestas carentes de una perspectiva de género en los patrones de consumo, factores de riesgo, psicosociales y la violencia de género que enfrentan, como puede ser la estigmatización y la presión social, más aún si es mujer-madre, lo que la lleva a vivir el rechazo de su círculo más cercano, el aislamiento y la culpabilización por no cumplir con los roles asignados dentro del sistema patriarcal, que considera a las madres ejemplo de servicio, sacrificio y abnegación a sus hijas, hijos, pareja y familia11. Como lo indica Sánchez (2008),

Las mujeres con consumos problemáticos de drogas perciben con más frecuencia e intensidad que los hombres que han fracasado a nivel personal, familiar y social, incapaces de desempeñar satisfactoriamente el papel que les ha sido asignado (ser una buena madre o una buena ama de casa). Las consecuencias de esta vivencia suelen ser la desvaloración personal, las tensiones y conflictos familiares, cuando no la violencia familiar. (pág. 12)

Es por ello que, un enfoque de género en el abordaje de la atención a mujeres con alguna forma de adicción es indispensable para eliminar las desventajas que enfrentan social e institucionalmente. Estas deben orientarse a eliminar el estigma asociado a la mujer en consumo, a nivel familiar, comunitario y de la sociedad en general. Se deben diseñar políticas y acciones dirigidas específicamente a las mujeres, para su rehabilitación. Por ejemplo, los centros de rehabilitación no ofrecen servicios de cuido para hijos e hijas de las mujeres-madres, lo cual puede limitar en gran medida la posibilidad de asistir a estos espacios.

Otro elemento a contemplar es la escolaridad de las mujeres. En la Tabla 4 observamos que el grupo más robusto lo representan las mujeres con educación primaria, con un 45%, mientras que un 13% no tienen ningún nivel de educación. Ahora bien, los datos evidencian que contar con niveles educativos más altos, tampoco es garantía de alcanzar estabilidad socioeconómica para esta población ya que un 34.50% de las mujeres tiene educación secundaria y un 3.92% educación universitaria. Desde un enfoque de género, resulta necesario determinar los factores por los que mujeres con educación secundaria y universitaria están siendo arrastradas a la callejización.

Tabla 4. PERSONAS EN SITUACION DE CALLE SEGÚN ESCOLARIDAD.

NIVEL DE ESCOLARIDAD	MUJER
NINGUNO	34
ENSEÑANZA ESPECIAL	0
PARA UNIVERSITARIA	4
PRIMARIA	115
SECUNDARIA ACADÉMICA	88
SECUNDARIA TÉCNICA	4
UNIVERSITARIA	10
TOTAL	255

Fuente: IMAS, Área de Sistemas de Información Social, al 1-05-2021. Datos años 2018-2021.

Asimismo, no podemos negar que la educación ha sido una de las luchas globales para potenciar la autonomía, el desarrollo pleno y la calidad de vida de las mujeres, tanto en la mejora de oportunidades laborales como para erradicar la violencia de género, sin embargo, existen otros factores que debemos considerar, como el acceso a otros servicios básicos relacionados con la salud, el cuido de sus hijos e hijas, la poca participación de estas en los ámbitos de toma de decisiones, así como la empleabilidad y la discriminación en el ámbito laboral.

La empleabilidad es una de las principales limitantes que enfrentan las mujeres en situación de calle. Según datos del IMAS un 11.76% de las mujeres cuentan con un trabajo permanente, un 8.23% tienen algún tipo de pensión, un 27.05% se ubica en el desempleo, mientras que un 46.26% están en la informalidad, como lo refleja la Tabla 5.

Tabla 5. IMAS. PERSONAS EN SITUACION DE CALLE SEGÚN ACTIVIDAD.

	MUJER
DESEMPLEADO(A)	69
ESTACIONAL
ESTUDIANTE	3
OCASIONAL	50
OFICIOS DE HOGAR	8
PENSIONADA(O)	21
PERMANENTE	30
OTROS	68
NS/NR	6
NO APLICA
TOTAL	255

Fuente: IMAS, Área de Sistemas de Información Social, al 1-05-2021. Datos años 2018 al 2021.

Esta situación se recrudeció a raíz de la emergencia sanitaria, con un impacto mucho mayor en las mujeres. De acuerdo con el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social12, entre los trimestres de 2020 y 2021, la tasa de desempleo aumentó en un 6.2% en Costa Rica. Al analizar los datos según sexo y edad, se establece que en el caso de los hombres de 15 a 24 años la tasa de desempleo se incrementó en un 33.3% (10.1 p.p.), mientras que, para las mujeres, en ese mismo rango de edad, creció a un 58,8% (17.6 p.p.), situación que no varía en otros rangos de edad en el que el aumento en el desempleo fue en todos los casos proporcionalmente mayor para las mujeres. Recordemos que,

En los momentos en que las empresas cierran, donde se prescinde del servicio doméstico y las pequeñas y medianas empresas despiden personal debido a la incapacidad de mantener los costos de operación, las mujeres vuelven a ser la población mayormente afectada, ya que sus trabajos son a menudo precarios, temporales, y en gran medida sin seguridad social. (Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, 2021, p. 19)

Esta precariedad en el empleo acarrea otras formas de violencia a las que se enfrentan las mujeres en situación de calle. En términos de protección social, esta población carece de seguro médico que garantice acceso a atención médica, a salud sexual y reproductiva, incapacidad por maternidad, licencia con goce de salario durante periodo de lactancia, entre otros muchos derechos.

Otro factor con repercusiones a largo plazo es que, sin seguridad social, las mujeres adultas mayores no cuentan con ningún tipo de pensión por vejez o discapacidad, quedando en un estado mayor de vulnerabilidad, esto es determinante si recordamos que el grueso de las mujeres en calle son el grupo entre los 40 y 64 años, edades en las que, las mujeres enfrentan mayores dificultades para encontrar empleos formales.

Aunado a esto, en la informalidad en el empleo, las mujeres son más vulnerables a vivir situaciones de explotación laboral, con horarios excesivos, reducciones arbitrarias de salarios, sin vacaciones pagadas, e incluso formas de trato deshumanizantes. Esta población se ve más expuesta a formas de acoso sexual y a redes de trata de personas. Debemos tener presente que estas redes se aprovechan de la situación de pobreza extrema en que viven estas personas ofreciéndoles mejorar sus condiciones de vida, promesas que lleva a muchas de ellas a caer en manos de organizaciones criminales. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe Trata de Personas en América Latina y el Caribe (2017), las economías informales e ilegales propician el desarrollo de métodos de captación y retención de las víctimas de trata, exponiéndolas a actividades ilegales que las deja en mayor vulnerabilidad.

En relación con la violencia de género, las estadísticas del IMAS señalan que un 22.35% de estas mujeres afirma haber vivido alguna situación de violencia que va desde abandono, violencia física, patrimonial, psicológica, sexual, o una combinación de estas. En la calle, estás mujeres se encuentran más expuestas a la violencia de género, muchas de ellas sufren agresiones físicas y sexuales, incluso por parte de aquellos que deberían protegerlas, como los policías. En una investigación realizada sobre personas menores de edad en situación de calle, una de las jóvenes entrevistada señala que algunas veces tuvo que “hacerle cosas” a los oficiales para que estos no la llevaran a la delegación o a los centros para personas menos de edad (Barrientos et ál., 2005).

En este sentido, la calle puede convertirse en el lugar de la no -existencia13 que invisibiliza y cosifica a las mujeres, en el que los cuerpos expropiados, son llevados a planos de total posesión y desposesión, para luego ser desechados. Ejemplo de ello fue los femicidios de seis mujeres en situación de calle, quienes fueron violadas y sus cuerpos dejados en lotes baldíos, entre el 2014 y el 2015 (Rojas, 2016).

Las mujeres en callejización, envueltas en situación de pobreza extrema, desprovistas de redes de apoyo, de acceso a servicios, e incluso de protección policial, están más expuestas a múltiples formas de violencia, por su condición de mujeres, ellas se enfrentan a agresiones sexuales, violaciones y hasta la muerte. De esta forma, la calle se convierte en otro escenario de la violencia de género.

Política Nacional para la Atención Integral a las
Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle, 2016 – 2026 (PNPSAC)

En el año 2016, el Consejo Presidencial Social del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social crea la Política Nacional para la Atención Integral a las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle, 2016 – 2026, con el objetivo de ofrecer un marco de acción interdisciplinario e interinstitucional que establezca un abordaje integral de estas poblaciones, articulado en gran medida con las organizaciones y asociaciones.

En el marco de la PNPSAC, la situación de calle y abandono, exponen la máxima manifestación de exclusión social, cuyos efectos no discriminan edad, sexo, etnia, género, discapacidad, nacionalidad, entre muchos otros. A su vez, reconoce que la vulnerabilidad que enfrentan estas poblaciones subyace condiciones como el “desempleo, subempleo, diversidad sexual, género, edad, algún tipo de discapacidad, presencia de enfermedades crónicas, violencia intrafamiliar, aislamiento, indefensión, condiciones de vivienda inadecuada, ausencia de redes de apoyo y de cuido, consumo de sustancias psicoactivas y otras” (Consejo Presidencial Social, 2016, p. 19).

En cuanto a las acciones dirigidas a la población en calle, la PNPSAC designa al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) a liderar dichas acciones.

En el caso particular de las mujeres habitantes de calle, la PNPSAC señala las acciones realizadas por el INAMU, particularmente, a través de diagnósticos en el CD-MSJ para conocer las necesidades de las usuarias, así como capacitaciones al personal de dicho centro para sensibilizar en el abordaje desde el enfoque de género y formación en derechos sexuales y reproductivos (Consejo Presidencial Social, 2016).

Algunas limitaciones de lo ejecutado por el INAMU están relacionadas con el alcance de sus acciones, ya que las capacitaciones se orientaron únicamente al CD-MSJ y personal de la Municipalidad de San José, cuando, como sostienen Lara y Rodríguez (2017) estas acciones “deberían estar dirigidas a todas las personas profesionales de instituciones estatales y no gubernamentales involucradas, fomentando una atención técnica y no empírica, basada en un enfoque de derechos y género” (p.199).

Otro elemento a considerar, es que las acciones propuestas por el INAMU destacadas en la PNPSAC, surgen como producto de un recurso de amparo interpuesto por las mismas usuarias de este Centro por habilitar el ingreso solamente a 13 mujeres por noche por medio de rifa, mientras que los hombres cuentan con 98 cupos14 (Castro, 2016, citado por Lara y Rodríguez, 2017). Más aún, dichas propuestas no son el resultado de un trabajo integral y participativo con las mujeres en situación de calle, para determinar sus pensares y sentires, más bien, haciendo eco de lo señalado por Lara y Rodríguez (2017), “las acciones gestionadas por esta institución gubernamental, no surgen por una identificación de las necesidades de esta población, sino más bien, en acatamiento a la resolución de la Sala Constitucional N° 014040-2014, mencionada anteriormente” (p.201).

En la misma línea, la PNPSAC evidencia la limitada creación de espacios para la población en calle para participar activamente en la propia creación de la política. Por ejemplo, se menciona la realización de tres talleres para validar la política, con un total de 118 personas participantes, de los cuales, solo 8 de ellas representaban a la población en calle, (en la PNPSAC no se detalla cuantas de esas personas eran mujeres), el resto de participantes representaban a instituciones públicas, municipalidades y organizaciones que trabajan con esta población15.

A pesar de ello, las estrategias y acciones establecidas en la PNPSAC son sumamente necesarias y permiten, primeramente, visibilizar la condición de vulnerabilidad en que se encuentran las personas en situación de calle, particularmente, las mujeres. Segundo, ofrece un enfoque de derechos humanos que reconoce a esta población como sujetos de derechos, rompiendo con abordajes asistencialistas que lejos de reconocer la dignidad del sujeto, le revictimizan y alienan aún más. Por último, a través del plan de acción se orientan los esfuerzos desde las instituciones gubernamentales y las organizaciones para la atención integral de esta población.

En relación a este último punto, en su plan de acción, la PNPSAC establece tres ejes de abordaje. El primero, de prevención, está orientado a anticipar riesgos a través de diagnósticos y otras acciones para prevenir la callejización. El segundo eje es de fortalecimiento institucional orientado a la eficiencia, eficacia y efectividad en la atención y respuesta a las necesidades de esta población; el tercero, es el eje de protección y reconocimiento de derechos (Consejo Presidencial Social, 2016). Llama la atención que el plan de acción incurre en el mismo error señalado, anteriormente, al INAMU, al delimitar sus acciones estratégicas a las personas funcionarias del CD-MSJ y personal municipal, sin contemplar la cantidad de centros que atienden a esta población en todo el país.

Por otro lado, en un ángulo más positivo, entre las líneas estratégicas de acción planteadas en el tercer eje, dos de ellas están orientadas directamente a la población femenina: “desarrollar charlas informativas a las usuarias del Centro Dormitorio para fomentar el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres” y “generar diagnósticos periódicos de las principales necesidades de las mujeres en situación de calle” (Consejo Presidencial Social, 2016, p.114).

Abordaje de las organizaciones de sociedad civil en la atención a mujeres en situación de calle desde un enfoque de derechos humanos

En el casco central de la provincia de San José, se encuentran diversas organizaciones que brindan apoyos a la población en situación de calle, principalmente con servicios de alimentación y baño; en menor medida, se ofrece un lugar donde dormir. Cabe resaltar que la mayoría de estas organizaciones son de corte religioso, las cuales por años han sido, prácticamente, las únicas en direccionar ayudas a esta población, incluso durante la emergencia sanitaria se mantuvieron al frente de la atención y de los cuidados. Sin embargo, desde una visión religiosa del “buen samaritano”, estas ayudas pueden ser condicionadas a determinadas prácticas religiosas, como veremos más adelante.

No obstante, en el 2008, con la creación del CD-MSJ, se establece el primer espacio que propone un abordaje desde un enfoque diferente, cuyo objetivo general, según se expone en la página web de la organización busca

Mejorar la calidad de vida de las personas habitantes de calle de San José ofreciéndoles un centro de pernoctación y de coordinación de servicios públicos y privados que promuevan su dignificación y favorezcan sus oportunidades de recuperación y reinserción social. (MSJ, s.f.)

En este Centro se suma al apoyo de alimentación, higiene personal y dormitorio, otras acciones como referencias médicas, atención profesional de trabajo social, orientación y consejería, entre otros, siendo el centro que cuenta con mayor personal, aproximadamente 10 personas entre los que se encuentra una trabajadora social.

Por su parte, la Fundación Pro Mundo, creada hace más de 16 años, cuenta con diversos programas como Chepe se Baña16, proyecto que nació en el 2017 para brindar servicios de baño, barbería y lavandería con buses adaptados para ello. El programa Cenas Solidarias ofrece aproximadamente 240 cenas diarias y a raíz de la emergencia sanitaria se creó el Campamento urbano que funcionó como alberge para las personas adultas mayores en calle durante el 2020 – 202117.

Otros espacios como La Asociación Manos Amigas Llevando Esperanza, fundada en el 2001, ofrece servicio de dormitorio con alimentación, una guardería, una oficina de bolsa de empleo, y más recientemente, un alberge para mujeres embarazadas, donde cuentan con el apoyo de una nutricionista y una psicóloga. Mientras que la Asociación Casa Libertad, creada en el 2003, ofrece servicio dormitorio, con dos personas colaboradoras de planta. En este caso, el voluntariado ha sido indispensable para realizar su labor. La mayoría de las organizaciones subrayan que los recursos para mantener su funcionamiento provienen de donaciones del sector privado y de organizaciones basadas en la fe cristiana y católica, con poco o nulo apoyo por parte de las instituciones del Estado.

Un elemento característico de todas estas organizaciones es que trabajan desde el modelo de reducción de daños, alejándose de programas de abstinencia y rehabilitación18, que tienden a caer en el asistencialismo, revictimización y culpabilización de las personas en consumo de sustancias psicoactivas; aumentado con ello, procesos perceptivos en los que las personas en consumo se auto-estigmatizan y se sienten merecedoras de rechazo social, percibiéndose a sí mismas como criminales y/o manteniéndose en el anonimato social (Vindas-Acosta y Valdelomar-Marín, 2021).

Afortunadamente, cada vez más organizaciones están implementado el Modelo de Reducción de daños en sus abordajes, propiciando un cambio de comprensión de la persona consumidora como objeto de asistencia a sujeto de derechos, así, este modelo es

un conjunto de estrategias e intervenciones integrales con enfoque de derechos humanos, dirigidas a la disminución de riesgos y consecuencias adversas del consumo de sustancias psicoactivas para mejorar la calidad de vida de diferentes grupos poblacionales, de acuerdo a su realidad y necesidades. (Subcomisión del Modelo de Reducción de Daños, 2017, p.31)

En consecuencia, encontramos en las organizaciones participantes de esta investigación, acciones dirigidas a cambiar el paradigma, al romper con estereotipos y estigmas para las personas en consumo y reconocerlas como sujetos de derechos con necesidades. En ese sentido,

Se valora cualquier cambio positivo que la persona hace en su vida. Las intervenciones son facilitadoras, y parten de las necesidades de los individuos, en consecuencia, los servicios están diseñados para identificar a las personas allá donde ellas se encuentran. Pequeñas conquistas para muchas personas tienen más beneficios entre la comunidad, que grandes conquistas heroicas alcanzadas por unas pocas. (Subcomisión del Modelo de Reducción de Daños, 2017, p.33)

De acuerdo con el señor Gilbert Torres, muchas de las personas que asisten al CD-MSJ eligen el consumo de sustancias para toda su vida por múltiples razones, por lo que corresponde, según sus necesidades actuales, continuar o moderar el consumo y, a su vez, mantener la posibilidad de acceso a diferentes servicios;

la persona puede decir que no quiere la abstinencia para su vida pero si quiere poder continuar con el proyecto de vida laboral, pero necesita un espacio donde estar y donde capacitarse, entonces buscamos un albergue o alternativas de reducción de daños que permita un ambiente protector. (G. Torres, comunicación personal, 11 de mayo de 2021)

Sumado a ello, el tener un lugar para dormir, reduce el tiempo en calle, lo que también reduce el consumo. En esto coinciden todas las organizaciones, las cuales a diferencia de las organizaciones que apuestan por la abstinencia, aceptan a las personas que están bajo los efectos de sustancias psicoactivas, dentro de parámetros en los que no representen un peligro para ellas mismas o para las demás personas usuarias de los dormitorios. Cabe señalar, que las organizaciones trabajan muy de la mano con el IAFA, si se quiere, es la institucion con las que se evidencia mayor trabajo conjunto, a diferencia, de otras instituciones como el IMAS, centros de salud, y oficinas de migración, a las cuales se les reclama la poca capacidad de respuesta a sus usuarios y usuarias, e incluso, el nivel de burocracia que impacta negativamente sus procesos.

En términos de disponibilidad de camas para pernoctar, el CD-MSJ, a partir de la denuncia presentada en el pasado, de las 102 camas disponibles, destina para las mujeres en promedio 19 camas; como el mismo director del Centro insiste, a partir de la recomendación del INAMU, “la mujer que llega entra si o si” (G. Torres, comunicación personal, 11 de mayo de 2021)19.

A este respecto, en la PNPSAC se hace evidente la diferencia significativa entre mujeres y hombres en el uso de estos dispositivos, ya que, a octubre del 2015, las organizaciones registraban que, del total de personas atendidas, el 89% eran hombres y solo un 11% eran mujeres, reafirmando que en la distribución por género prevalece una clara concentración de procesos de indigencia en hombres (Consejo Presidencial Social, 2016).

Ahora bien, reconociendo que el número de hombres en calle es mayor, los números que se registran en relación a las mujeres, pueden estar dejando elementos de valoración por fuera que requieren ser explorados y grupos doblemente invisibilizados. Ejemplo de ello, es el caso de las trabajadoras sexuales, que trabajan de noche por lo que no asisten a los dispositivos de corta estancia20, como subraya Ericka Lizano Conejo, presidenta de la Asociación Casa Libertad y también presidenta de la Federación Costarricense de Reducción de Daños,

En realidad, hay más hombres que mujeres en calle y, estadísticamente, ellas no hacen uso de los servicios por muchos motivos, pero uno de los mayores motivos es que son trabajadoras sexuales y las que no, al igual deben valerse de ese mismo servicio para obtener y comprar la sustancia que consumen, entonces ellas en la noche hacen eso, utilizan esa estrategia para comprar la droga por eso no se acercan a nuestros servicios. (comunicación personal, 18 de mayo de 2021)

La Asociación Manos Amigas Llevando Esperanza ofrece servicios dirigidos directamente a las mujeres. Entre ellos está un centro de atención a mujeres embarazadas en situación de calle, El Pesebre de San Martín, en el que en tiempo de la emergencia sanitaria, recibió un máximo de seis21 mujeres quienes pueden estar en el alberge hasta tres meses después del parto. Además, cuenta con el programa Nuestra Señora, que es una bolsa de empleo para apoyar a las mujeres en situación de calle y un centro infantil que permite que estas tengan un lugar donde dejar a sus hijos e hijas mientras trabajan.

En el Pesebre de San Martín, las mujeres residen en promedio seis meses. Ahí reciben una alimentación balanceada, apoyo psicológico, capacitación en estimulación temprana, lactancia y otros temas, principalmente asociados a la maternidad. A su vez, al ser una organización basada en la fe católica, se exhorta a las usuarias a participar de actividades propias de esta religión, inclusive, en el ritual católico del bautismo. Para Ericka Bolaños, administradora del Centro Pesebre de San Martín, el objetivo del programa es,

vincular a la usuaria con esa etapa tan importante que ella está transitando en este momento mediante un apoyo y total vinculación con Dios, nuestra organización es católica entonces si trabajamos bajo lineamiento y todos los procesos católicos, es por esto que hay charlas semanales, se programan diferentes rituales que les ayudan también a ellas tanto sea diario como fin de semana, me refiero a rosarios, misas, pero sí trabajamos mucho en enseñar como cultivamos esa espiritualidad en la vida y que no dependen 100% de asistir a una misa, asistir a un rosario o sea depende de mi actitud y la relación que yo quiera establecer con algo superior a mi existencia. (comunicación personal, 22 de julio de 2021)

Esta organización se define así misma como “pro vida” por lo que sus acciones están orientadas a que las mujeres conserven al niño o niña. De acuerdo con Bolaños,

nuestro objetivo también es centrarnos en el proceso de gestación, la atención psicológica, espiritual, emocional, que una mujer necesita en el proceso de creación de un ser humano y posteriormente de la fragilidad del proceso, la atención posterior para que la mamá independientemente de las situaciones se empodere de ese cuidado. (comunicación personal, 22 de julio de 2021)

Los servicios que ofrece este centro orientado a la atención de las mujeres embarazadas en situación de calle es invaluable, único en el país, sin embargo, este enfoque religioso puede limitar o coaccionar a las mujeres en su capacidad de decisión sobre temas tan relevantes como son la maternidad. Cuando las mujeres deciden no conservar a sus hijos o hijas, se les remite al PANI, oficina encargada de la atención de menores. El Pesebre de San Martín, no le ofrece a las usuarias otras opciones, como por ejemplo un programa de adopción, e incluso, la bolsa de empleo está dirigida a las mujeres que deciden quedarse con su hijo o hija y no a todas las usuarias.

A partir de este recorrido, presentamos a continuación, algunos vacíos importantes en las acciones de las organizaciones participantes de esta investigación en relación con el abordaje de los ejes establecidos en la PNPSAC.

En el eje 1 de prevención, las organizaciones no han realizados diagnósticos sobre los factores de riesgo asociados a la habitabilidad en calle, por lo que, tampoco ofrecen un plan de acciones dirigidas a la prevención de esos factores de riesgo. En su mayoría, se generan acciones a partir de situaciones concretas, en otras palabras, en respuesta a la necesidad específica de la usuaria y desde la inmediatez y los recursos disponibles para ello, recursos que la mayoría de las veces son muy limitados.

En cuanto al fortalecimiento institucional (eje 2 de la Política), se denota la articulación que tienen entre las mismas organizaciones, para apoyar en servicios de asistencia social y alojamiento. También se evidencian los vínculos que mantienen con empresas y comercio en la zona que les apoyan con alimentación y artículos de higiene, entre otros. Contrariamente, en relación a la Comisión Mixta de Atención a la Indigencia del Cantón de San José (COMAI-CSJ) es recurrente la crítica de la poca articulación y liderazgo de esta Comisión, la cual, tendría que fungir como el ente aglutinador y potenciador de la política y de sus acciones.

En temas de educación y formación, es nulo el apoyo que reciben, a pesar de algunas iniciativas con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que no han resultado muy exitosas, menos aún durante la emergencia sanitaria, ya que la mayoría de las personas en situación de calle no tienen acceso a la conectividad. A su vez, ninguna de las organizaciones ha elaborado o desarrollado estrategias de información y concienciación sobre los derechos de las personas en situación de calle.

En el eje 3 de la política sobre protección y reconocimiento de derechos es muy poco el avance, no solo no se desarrollan programas formativos en derechos humanos para el personal que atiende a esta población, sino que tampoco se ofrecen charlas para las usuarias para fomentar el conocimiento de sus derechos humanos. Solamente el CD-MSJ diseña espacios educativos en los que se abordan temáticas vinculadas a la violencia de género, educación sexual, codependencia y machismo en la calle (G. Torres, comunicación personal, 11 de mayo de 2021).

Otro obstáculo para avanzar en la implementación de la política tiene que ver con la incapacidad del COMAI de solicitar informes periódicos de las necesidades de las personas en situación de calle, principalmente, de las mujeres. Las organizaciones no realizan dichos informes a pesar de que la política solicita explícitamente que se deben “generar diagnósticos periódicos de las principales necesidades de las mujeres en situación de calle” (Consejo Presidencial Social, 2016, p.114). Tampoco COMAI tiene una línea clara de acciones dirigidas a la formación en derechos humanos22. A la fecha, se desconocen acciones que promuevan la participación de las mujeres en situación de calle en la definición de programas, proyectos y servicios dentro de los diferentes dispositivos que se ofrecen.

Por último, en el área de protección y asistencia social, algunas organizaciones, realizan múltiples esfuerzos para apoyar a las usuarias en acceso a la atención médica, tanto en centros de salud públicos como centros privados con los que tienen algún tipo de convenio, también asesoran en temas de pensión del régimen no contributivo y en acciones de índole migratorio. Sin embargo, de acuerdo con las organizaciones, son las instituciones estatales las que limitan y entorpecen las acciones para que las personas en situación de calle tengan protegidos sus derechos básicos.

Reflexiones finales

A partir del análisis expuesto, podemos hacer manifiesto que existe muy poca investigación sobre las mujeres en situación de calle, las estadísticas que se ofrecen por parte del IMAS son cuantitativas y no nos permite tener un panorama más acucioso de lo que significa para estas mujeres habitar las calles, desde sus necesidades y vivencias.

Por su parte, la política PNPSAC (2016), ofrece desde un enfoque de derechos humanos, pautas dirigidas a la prevención, el fortalecimiento de la atención e inclusión social y el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas en calle, a través de una intervención multisectorial en las que las organizaciones se ven enfrentadas a múltiples retos para la implementación de la política.

De esta forma, las organizaciones, aún con todas las limitaciones y escasos recursos económicos que enfrentan algunas de ellas, siguen estando en primera línea de atención a esta población, incluso durante la emergencia sanitaria. En el caso de los dormitorios, sus acciones se siguen concentrando en la atención de necesidades básicas como alimentación, baño y cama. Los alberges, por el contrario, despliegan una serie de acciones al servicio de las mujeres usuarias desde un enfoque diferenciado de atención, que van más allá de espacios para pernoctar, sino en términos de acompañamiento y asesoría en temas laborales, educativos y de salud, así como charlas en temáticas de violencia de género, como es el caso del CD-MSJ, o nutrición y salud en el caso del Pesebre San Martín.

En cuanto a la ejecución del plan de acción de la PNPSAC (2016), se evidencia un cambio de enfoque en la atención, alimentado por el Modelo de reducción de daños, que las seis organizaciones participantes en esta investigación han adoptado, y que trata de romper con la visión asistencialista y posiciona a la persona en calle como sujeto de derechos.

Sin embargo, el trabajo articulado entre las organizaciones y las instituciones gubernamentales es un punto álgido y se les reclama la burocracia y falta de protocolos de atención inmediata a la población en calle, sobre todo, en relación a atención médica y trámites migratorios. La COMAI tampoco es reconocida como el ente que lidere la ejecución del plan de acción de la política.

Las organizaciones y asociaciones que trabajan día a día con estos grupos vulnerabilizados, y que reciben de primera mano los sentipensares de estas mujeres, no cuentan con el recurso humano para generar informes y análisis que permitan trazar líneas para la atención integral de esta población, en donde la participación de las usuarias en todos los procesos es determinante para su auto-empoderamiento y autodeterminación.

Pensar las mujeres en situación de calle como sujeto de derechos, requiere de procesos formativos para las personas que trabajan en los centros de atención, así como para las usuarias. Las organizaciones deben contar con protocolos internos desde un enfoque de género, que permita orientar sus acciones para el acceso a la salud, la empleabilidad, la educación, así como los derechos sexuales y reproductivos y garantizar que todos sus derechos sean protegidos indistintamente de la fe que profesan las usuarias.

Por último, en coherencia con la misión sustantiva universitaria, la vinculación de estas con las organizaciones podría aportar en gran medida al avance en los ejes propuestos en la política, para la conceptualización, articulación y promoción de prácticas dignificatorias y equitativas de las mujeres habitantes de calle como sujetas de derechos. Aportes que van desde el área de la investigación, apuntalando a una mayor comprensión del fenómeno de callejización en población femenina, a entender la calle como otro espacio que reproduce la violencia de género, y a la vez como un espacio de exigibilidad de derechos; y desde el área de la docencia y la extensión, aportando procesos de formación en derechos humanos, herramientas para la vida y el trabajo remunerado, apoyo psicosocial, entre muchos otros.

Referencias

Barrientos Gamboa, L., Calderón Esquivel, I., Solís Umaña, S., y Tristán Guido, A. (2005). Cuándo la calle se convierte en hogar...: estrategias de sobrevivencia de personas menores de edad en condición de calle de la comunidad de Barrio los Ángeles de San José y alrededores. [Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica] Repositorio Kérwá. https://hdl.handle.net/10669/16568

Consejo Presidencial Social (2016). Política Nacional para la Atención Integral a las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle, 2016 – 2026

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017). Informe Trata de Personas en América Latina y el Caribe 165º Periodo de Sesiones Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2018/03/16180754/boletin-cidh-cifra-actualizada-compressed.pdf

De Sousa Santos, B. (2011). Epistemologías del Sur. Utopía y Praxis Latinoamericana

Harm Reduction International (2020). Global State of Harm Reduction 2020. London: Harm Reduction International. https://www.hri.global/files/2021/03/04/Global_State_HRI_2020_BOOK_FA_Web.pdf

Lara Obando, J. y Rodríguez Ortega, L. (2017). Mujeres en situación de indigencia: principales manifestaciones de la negación de los derechos económicos, sociales y culturales a partir de su cotidianidad. [Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica]. Repositorio del SIBDI-UCR. http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/handle/123456789/5623

Municipalidad de San José (s.f.) https://www.msj.go.cr/MSJ/Servicios/SitePages/centro_dormitorio.aspx#objetivos

Rojas, P. (10 de setiembre de 2016). Adrián: así calló el asesino en serie que operaba en San José. CRHoy. https://www.crhoy.com/nacionales/adrian-asi-cayo-el-asesino-en-serie-que-operaba-en-san-jose/

Sánchez Pardo, L. (2008). Guía informativa: drogas y género. http://www.codajic.org/sites/default/files/sites/www.codajic.org/files/Gu%C3%ADa%20informativa%20G%C3%A9nero%20y%20Drogas_0.pdf

Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, (2020). Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos ante el COVID-19 en las Américas. http://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/GUIA_SPA.pdf

Subcomisión del Modelo de Reducción de Daños.(2017). Modelo de Reducción de Daños para el abordaje del fenómeno de drogas en Costa Rica.

Vindas-Acosta J. y Valdelomar-Marín, E. (2021). Cambio de perspectiva en los paradigmas y prácticas profesionales en el acompañamiento de personas que usan sustancias psicoactivas: Análisis desde la Psicología y la Terapia Ocupacional. Revista Terapéutica, 15(1), 119-133. Universidad Santa Paula.

---