Condiciones del trabajo infantil y adolescente en el cantón fronterizo de Corredores. Puntarenas, Costa Rica, 2019: análisis de línea de base con evaluación rápida Child and adolescent labor conditions in the border canton of Corredores. Puntarenas, Costa Rica, 2019: Base line analysis with rapid evaluation Condições do trabalho infantil e adolescente no cantão fronteiriço de Corredores. Puntarenas, Costa Rica, 2019: análise de linha de base com avaliação rápida

Ángel Abelino Ortega Ortega

Escuela de Planificación y Promoción Social

Universidad Nacional de Costa Rica

https://ror.org/01t466c14

angel.ortega.ortega@una.cr

https://orcid.org/0000-0003-3278-1959

Ramón Espinoza Góngora

Escuela de Planificación y Promoción Social

Universidad Nacional de Costa Rica

https://ror.org/01t466c14

ramon.espinoza.gongora@una.cr

https://orcid.org/0000-0002-9455-1588

Introducción

La presente investigación se realiza en el marco de la cooperación entre el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Municipalidad de Corredores y la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), pretende generar insumos para establecer una política local contra el trabajo infantil, con lo cual se respondería al objetivo de erradicar toda forma de trabajo infantil para el 2025, establecido en la hoja de Ruta del Estado costarricense.

De los principales hallazgos de la investigación se determina que, para el caso de estudio, la falta de alternativas de trabajo para las personas adultas y los bajos ingresos familiares es una las principales razones que conducen a las personas menores de edad a vincularse a alternativas laborales; por lo tanto, se podría afirmar que la mayoría de las veces lo hacen por necesidad. La decisión de trabajar, en algunos casos es producto de la disposición de la persona menor de edad y en otros responde a una incitación de parte de las personas mayores a su alrededor. También existen condiciones culturales que vinculan a este sector de la población con actividades laborales familiares, tales como: el cuido de las personas adultas mayores, cuido de niños o niñas, la ejecución de ciertas actividades domésticas e incluso, la colaboración en negocios familiares, actividades por las cuales no siempre reciben una remuneración monetaria.

En el país se han realizado esfuerzos para acabar con el trabajo infantil, los cuales han sido liderados por el PANI, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y otras instancias relacionadas, así como el soporte de instancias y convenios internacionales a las que el país se ha incorporado: el Convenio 182 de la Organización internacional del Trabajo y la Agenda Hemisférica sobre Trabajo Decente. Estas han permitido reducir significativamente el trabajo infantil y juvenil, pues según datos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se pasó de un 4.3 % en el 2011 a un 3.2 % para el 2016. Aunque estos números son alentadores, la realidad del país ha traído otras modalidades de trabajo infantil que se encuentran ocultas en los espacios privados y son poco visible para la sociedad costarricense y, por tanto, para la institucionalidad responsable.

Así, aunque el trabajo infantil se ha disminuido considerablemente en el país, el reto para su erradicación es muy grande porque su verdadera causa está anclada en la condición socioeconómica de las regiones y específicamente en las familias con mayor grado de vulnerabilidad social.

El presente artículo se plantea como objetivo generar estadísticas propias del cantón fronterizo sur del país, y detectar casos particulares de personas menores de edad trabajadoras (PMET) que presentan riesgos o vulnerabilidades sociales, que puedan ser abordados desde la acción del gobierno local; con la directriz del MTSS y el apoyo del PANI y de otras instituciones del sector social.

Para ello, el artículo está redactado en tres grandes secciones. La primera presenta un marco de referencia y teórico del estudio, la segunda desarrolla la metodología utilizada para la investigación y en la tercera se presenta los resultados de la investigación, donde se detallan algunos datos de la región, las condiciones básicas de la familia de las PMET, los espacios laborales, las condiciones laborales y educativas, y algunas adicciones de las personas menos de edad (PME).

Marco teórico de referencia

Este apartado enmarca las bases teóricas y normativas que sustentan epistemológicamente el fenómeno del trabajo infantil y adolescente en la región. Además, sienta la base jurídica descriptiva de la realidad costarricense.

Existen diversos conceptos vinculados al trabajo infantil, algunos lo abordan desde la perspectiva jurídica y otros desde un enfoque empírico. Céspedes y Jiménez (1995), sostienen que en la actualidad el concepto que se encuentra en debate, por lo que cualquier alusión al tema debe ser precedida por una definición conceptual para así evitar el repetido error de llamar por el mismo nombre a situaciones percibidas desde un enfoque de desigualdad. En ese sentido, resulta necesario definir los principales conceptos asociados al trabajo infantil.

Así las cosas, se torna importante iniciar este apartado con la diferenciación conceptual entre las labores desarrolladas por una persona menor de edad en su núcleo familiar, bajo el concepto de formación para la vida, y el trabajo propiamente productivo. Al respecto, Nevas (1999) y Sousa (2004); citado por Padawar, 2010 sostienen que las actividades productivas realizadas al interior de la familia se desarrollan con el objetivo de la trasmitir el patrimonio de saberes, así como la sucesión de las actividades propias de la familia, lo cual no representa una violación a sus derechos. Estas son actividades vinculadas a la formación para la vida laboral futura de la persona. Ahora bien, el trabajo infantil está mediado por la venta de la fuerza de trabajo, lo cual, en la mayoría de los casos, carece de una perspectiva educativa y sí existe una condición violatoria. Este enunciado constituye el punto de referencia para investigar el trabajo infantil en el cantón de Corredores.

En esa misma línea, el Código de la Niñez y la Adolescencia (Asamblea Legislativa de la república de Costa Rica, 1990), en su artículo 2, define como niño y niña a toda persona desde su concepción hasta los doce años cumplidos, y como adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho. Cabe resaltar que, ante la duda, prevalecerá la condición de adolescente frente a la de adulto y la de niño frente a la de adolescente. Por su parte, la legislación costarricense e internacional considera niño o niña a las personas de cinco a doce años y adolescente de doce a diecisiete años.

Históricamente y como parte de la cultura organizacional de la sociedad y de la familia, se ha considerado que las edades para la población infantil y adolescente son los tiempos adecuados para la formación. Sobre esto, Padawar (2010) propone que

las imágenes modernas de la infancia y la juventud se manifiestan como productos históricos objetivados en la atribución de espacios y tiempos ad hoc [sic] para los miembros en formación: la arquitectura y el calendario escolares son las coordenadas básicas que enmarcan la condición de “menor”, suponiendo su segregación de los adultos (p. 360).

En ese sentido, las actividades asociadas a las personas menores de edad, sean niños, niñas o adolescentes, son todas aquellas relacionadas a su educación o la formación para la vida; por lo tanto, la escuela o los centros educativos son los espacios en donde debería permanecer la mayor parte de su tiempo.

De acuerdo con Vargas (2014), se entiende como persona menor de edad trabajadora a aquella que presta un servicio o trabajo remunerado o no, y que en virtud de su edad es mayor a los quince años y menor de dieciocho. Es importante mencionar que estas personas menores de edad se encuentran bajo un régimen especial de protección que les garantiza plena igualdad de oportunidades, de remuneración y de trato en materia de empleo y ocupación. Esto es permitido según lo estipula el artículo 78 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Con respecto a la definición de trabajo infantil, la OIT (2002), sostiene que es toda aquella actividad que durante su realización represente un peligro para quien lo realice o interfiera de manera negativa en su proceso de escolarización, sea de manera parcial o total. Sobre ese concepto, pero de una manera más precisa, la misma instancia de trabajo plantea que el trabajo infantil es

Toda actividad económica llevada a cabo por personas menores de 15 años, sin importar el estatus ocupacional (trabajo asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar no remunerado, etc.). Ello no incluye los quehaceres del hogar realizados en su propio hogar, excepto donde los quehaceres del hogar puedan ser considerados una actividad económica como, por ejemplo, cuando un niño dedica todo su tiempo a estos quehaceres para que sus padres puedan trabajar fuera del hogar y ello signifique privarlo de la posibilidad de ir a la escuela (OIT, 1996, p. 5).

En el caso de esta investigación se considerará como trabajo infantil a toda actividad asalariada o no que realiza una persona menor de edad. Ante esto, se pondrá especial atención en aquellas actividades del hogar (por cultura familiar o trabajo formativo) que son realizadas constantemente por estas personas menores de edad y que, a su vez, no se les tipifica como trabajo infantil o adolescente.

Para la OIT (1996), se entiende como “peores formas de trabajo infantil” a todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud; por ejemplo, la venta y la trata de personas menores de edad, la servidumbre por deudas, la condición de siervo y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños, niñas y adolescentes para participar en conflictos armados.

En el caso de Costa Rica, el país definió su Hoja de Ruta (MTSS, 2021) en materia de trabajo infantil, en donde expresa que para el 2025 estará libre de ese flagelo, entendiéndolo como toda aquella actividad laboral que perjudica el desarrollo educativo, físico, mental y psicológico de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, además, se plantea incrementar la garantía de disfrute de todos los derechos de los cuales las personas menores de edad son sujetos, al priorizar la protección especial, la salud y la educación; en cumplimiento de los derechos emanados en el convenio 182 de OIT, la Agenda Hemisférica sobre Trabajo Decente (AHTD), el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El Código de la Niñez y la Adolescencia (Asamblea Legislativa de la república de Costa Rica, 1990) indica que, cuando la actividad que realiza la persona menor de edad signifique un riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental y emocional o cuando perturbe la asistencia regular al centro educativo, existe trabajo infantil. Como marco estratégico, la Hoja de Ruta (MTSS, 2021) establece seis dimensiones que deben ser abordadas para lograr la erradicación del trabajo infantil, a saber: lucha contra la pobreza, trabajo infantil y adolescente, política de salud y trabajo infantil, política educativa y trabajo infantil, marco normativo e institucional-protección integral de derechos, sensibilización y movilización social y, finalmente, generación de conocimientos y mecanismos de seguimiento a las políticas

Con el fin de poder implementar esta estrategia, se cuenta con apoyo del Comité Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil; a cargo de los ministerios y demás instituciones, como titulares de deberes, pues son los entes responsables de lograr los resultados acordados.

El Decreto Ejecutivo N.º 43515-MP-MNA del 25 de marzo del 2022 declara de interés público y nacional la formulación de la nueva política nacional para la protección de la niñez y la adolescencia, y enfatiza en la obligatoriedad de que cada gobierno local cuente con una política al respecto.

Para efecto de una conceptualización de política social local, se entiende desde este proceso de investigación, al papel de los gobiernos locales en la formulación y provisión de servicios sociales, vinculados tanto con la realidad local como con los contextos institucionales más amplios donde se definen los instrumentos de política pública para la atender a la población en condición de vulnerabilidad (Blanco & Gomá, 2003). En muchos casos, responden a estrategias para superar la fragmentación y superposición en las instituciones y mejorar la articulación de los servicios en el territorio. También se formulan esfuerzos por optimizar la coordinación entre niveles de gobierno y encontrar mecanismos de participación adecuados.

La persistencia de condiciones de alta vulnerabilidad en poblaciones del cantón sitúa a este proceso investigativo con un carácter de pertinencia, capaz de dar cuenta de la relación entre familia, pobreza, desempleo, ingresos, mercado laboral y trabajo infantil.

De ahí que se entiende a la familia como una construcción social que alude a las diversas fases o etapas por las que suelen transitar los arreglos familiares, desde la constitución de un núcleo inicial (pareja con o sin hijos e hijas, principalmente, pero no en exclusiva), pasando por distintos momentos de cambio según el crecimiento del grupo y las edades cada integrante, incluso se considera la disolución de dicho núcleo o su dispersión en nuevos núcleos y arreglos familiares.

Ahora bien, de acuerdo con Reuben (1996), la pobreza se define como una situación de ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades materiales básicas de las personas que conforman el núcleo central de las familias. La medición, que, para efecto de este estudio, tiene su base en las encuestas de hogares de propósitos múltiples (EHPM) del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La claridad de las relaciones existentes entre las categorías de familia y pobreza hace que se constituyan en fuentes de información, logrando arrojar resultados de mucha valía para sustentar las afirmaciones aquí emitidas, pese a las limitaciones producto de las desagregaciones geográficas y el acceso a grupos específicos, que complejizan la descripción del núcleo familiar.

Metodología de abordaje

A continuación, se presenta la metodología utilizada para el abordaje de la investigación, la cual permitió recopilar datos para el análisis y comprensión del estado del trabajo infantil y adolescente en el cantón de Corredores. Esto desde el pensamiento y percepción de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, sus familias y los actores locales responsables.

La metodología se basa en el Estudio de Línea de Base con evaluación rápida, para describir la situación del trabajo infantil en distritos priorizados del cantón de Corredores y su relación con la condición de la familia y el contexto de dicho cantón fronterizo.

Desde este proceso de investigación se entiende como Estudio de Línea de Base con evaluación rápida a una metodología innovadora de investigación, que emplea diferentes estrategias de recopilación de datos aplicados de manera simultánea, dirigida a la construcción de una línea de base objetiva, mediante la selección de variables o indicadores que permiten captar las condiciones iniciales o existentes de un fenómeno en determinado lugar; así como obtener información de una evaluación rápida, basada en revisiones del contexto (mapas sociales y temáticos), consultas con líderes y lideresas de la comunidad, informantes clave, cuestionarios semiestructurados y estructurados, entrevistas definidas y observaciones puntuales.

Se propone como unidad de análisis a las personas trabajadoras menores de edad con edades entre los 5 y los 17 años, e identificadas en los distritos de Corredor, La Cuesta, Laurel y Canoas, los cuales son considerados como los sitios con mayor concentración por los actores locales participantes de la investigación.

El método utilizado consistió en un muestreo no probabilístico, pues todas las personas informantes se identificaron en las calles, centros educativos, mercados, diferentes tipos de comercio, talleres, terminales de buses y diversas actividades informales, tanto en espacios urbanos como rurales de los distritos mencionados.

Por su parte, los instrumentos utilizados en la investigación fueron aplicados entre los meses de abril y junio del 2019. Estos tenían como objetivo identificar las características de, las actividades laborales en las cuales se desempeñan, las condiciones laborales que viven y la condición de las familias nucleares; para este caso también se considera las condiciones del cantón, pues es una zona fronteriza. Los instrumentos utilizados fueron:

• Guía de observación. Este instrumento tiene por objetivo observar el contexto y el entorno de las personas menores de edad, así como, realizar una primera aproximación a las características del trabajo infantil y adolescente en los espacios visitados.

• Entrevista a personas informantes clave de la comunidad e instituciones. Con este instrumento se logra obtener información precisa respecto a la ubicación exacta donde laboran algunas personas menores de edad, las condiciones laborales de riesgo y el contexto de las familias y las actividades empresariales en las cuales se desempeñan.

• Cuestionario principal aplicado a las personas menores de edad trabajadoras. Tiene como objetivo determinar las características reales de la situación del trabajo infantil y adolescente en el cantón. Este instrumento fue aplicado a 131 personas menores de edad que se encontraron en alguna actividad laboral, sea remunerada o no, lo cual permitió establecer las relaciones entre las variables de trabajo infantil, actividades laborales, familia y contexto de un cantón fronterizo, pues puede presentar características particulares en relación con el resto de los cantones del país.

• Guía de grupo focales con población prioritaria. Este instrumento permitió validar los datos y la información recolectados en los otros instrumentos. Durante las sesiones, quienes participan expresan de manera autónoma y totalmente libre sus vivencias, sentires y aspiraciones como personas menores de edad que se insertan en una actividad laboral.

• Revisión de fuentes de información secundaria. Se buscó información estadística e informes previos sobre el desarrollo del cantón de Corredores; así como datos estadísticos del trabajo infantil en el país, sin embargo, no se encontró información precisa al respecto.

• Proceso de sistematización y análisis de datos. Este es el último proceso desarrollado en la investigación y permitió discriminar de la información recolectada aquella que evidencia las relaciones entre las variables sociohistóricas y económicas, que explican el fenómeno del trabajo infantil en el cantón de Corredores, para así determinar las características particulares del caso analizado.

Para el estudio se logró identificar y entrevistar a un total de 131 niños, niñas y adolescentes trabajadores entre hombres y mujeres de diversas edades y que realizan diversas labores tanto en el sector urbano como rural (algunos de ellas participaron en los grupos focales).

Resultados de la investigación

Algunos datos generales sobre la región Brunca

Corredores es el décimo cantón de la provincia de Puntarenas, cuya cabecera es Ciudad Neily y pertenece a la Región Brunca, ubicada al sur del país. Corredores está conformado por los distritos de Corredor, La Cuesta, Paso Canoas y Laurel, los cuales son parte de los territorios en estudio.

El coeficiente de GINI de esta región es el segundo más bajo del país, con 0514 en el año 2021, por debajo de la Región Central (cuyo nivel de concentración de riqueza es de 0516). Con respecto a la línea de pobreza (LP), el 26,3 % de la población rural del país vive en situación de pobreza, contra un 23 % en todo el país. Específicamente, para el 2021 en la Región Brunca, el 33,5 % de la población se encontraba en pobreza, lo cual representa el 10.5 % por encima de la data nacional.

Desde la perspectiva de servicios de salud, educación, vivienda, empleo, inversión pública, entre otros indicadores, existen diferencias significativas entra las regiones urbanas y las rurales, en detrimento de estas últimas. La Región Brunca no es la excepción.

De los resultados de la investigación se extrae que existe una relación directa entre familias en condición de pobreza y las personas trabajadoras menores de edad. Esto concuerda con el planteamiento de la OIT (1996), de que hay razones teóricas y empíricas para pensar que la falta de recursos económicos o la vulnerabilidad social de las familias impulsa a este sector de la población a buscar trabajo. Ahora bien, el MTSS (2021), en la presentación de la Hoja de Ruta para erradicar la pobreza, también valida este planteamiento al afirmar que se debe garantizar el trabajo de las personas adultas y el cumplimiento de las leyes relacionadas para así asegurar el ingreso a las familias y evitar el trabajo infantil.

Si se considera que la Región Brunca presenta uno de los niveles más altos de pobreza del país, es de suponer que el trabajo infantil tenga una relación directa con las condiciones de pobreza de las familias, así como a otros factores estructurales y particulares de la región y las familias en mayor grado de vulnerabilidad.

Condiciones básicas de la familia de las PMET

Entre el 20 y 35 % del territorio abordado en la investigación ha sido catalogado como de régimen especial, pues representa a territorios indígenas, zona marítimo-terrestre y cordón fronterizo, lo cual dificulta la titulación de las propiedades, el canalizar recursos para fortalecer la condición de vivienda y servicios como agua, infraestructura comunal, caminos, entre otros.

En algunas de las comunidades del distrito de Laurel, donde habitan personas menores de edad trabajadoras existen sistemas de vivienda improvisadas (tipo precario) con estructuras de madera, las cuales se caracterizan por presentar condiciones muy insalubres. En el sector de Paso Canoas existe una tendencia a las cuarterías y casas de vecindad, y en La Cuesta hay “baches”, es decir, pequeños espacios habitacionales brindados a las familias que trabajan en la industria agrícola de la palma aceitera. En términos generales, y a simple vista, la condición de las viviendas de muchas de estas familias se encuentra en muy mal estado y ubicadas en entornos altamente peligrosos para niños, niñas y adolescentes.

Dentro de las características de las familias de los casos abordadas en el estudio prevalecen las conformadas por numerosas personas, en su mayoría menores de edad; marcada presencia de hogares con jefatura femenina, personas adultas con bajos niveles educativos y muchas dificultades para insertarse en el mercado laboral formal, viviendas en mal estado y entornos sociales conflictivos.

De acuerdo con lo expresado por las personas entrevistadas, el 86 %, afirmó habitar en un hogar conformado por hijos, hijas y solamente una persona de las progenitoras. Únicamente en el 14 % de los hogares está presente la figura de padre y la madre. En el 62 % de los casos la jefatura de familia la tiene una mujer, con aportes esporádicos del padre. Por su parte, en el 22 % de los hogares existe la figura de padrastro, quien, de acuerdo con la información suministrada, se encarga del cuido y manutención de las personas menores de edad. Además, se encontró que la mayoría de los hogares están conformados hasta por cinco personas, lo cual evidencia un nivel de hacinamiento importante.

Desde la perspectiva laboral, en la totalidad de las familias, al menos una persona se encuentra laborando en actividades de servicios, comercio, construcción, transporte o en el sector agropecuario, entre estas se puede mencionar: trabajo en fincas bananeras y plataneras, empleo en restaurantes, tiendas en zona fronterizas, supermercados, labores misceláneas, negocios de artículos varios, dependientes, cabinas, lavaderos de carros, cuida carros, mucamas, construcción, albañiles, vendedor(a) de productos agrícolas, empleada doméstica, guardia de seguridad, choferes, peón agrícola, cargador de productos, jardineros, niñeras, mecánicos, maestros de obra y actividades por cuenta propia.

Con respecto a la condición laboral de la madre, padre o persona responsable, el 78 % lo hace en actividades informales, muchos en ocupaciones por cuenta propia o con salarios temporales; en el caso de las mujeres, se evidencia una mayor ocupación en servicios domésticos, como niñeras o en labores agrícolas.

Ahora bien, con respecto al ingreso que perciben las cabezas de familia (madres, padres o persona responsable), se encontró que los ingresos oscilan entre los ¢129 444 y los ¢250 550 mensuales. De acuerdo con la información suministrada, las horas laborales en muchos casos sobrepasan las 48 establecidas legalmente. Si se considera la temporalidad de los trabajos y la dependencia de un único empleo, el problema para las familias se vuelve complejo, pues sus ingresos resultan insuficientes para garantizar la cobertura de las necesidades básicas del núcleo familiar y, en la mayoría de los casos, son grandes.

Se debe agregar que solo el 22 % de las personas menores de edad se desenvuelve en el mercado de trabajo formal y su jornada laboral es de 8 horas, como corresponde; de la misma manera, sus ingresos mensuales oscilan entre ¢350 850 y ¢400 000.

Sobre los espacios laborales de las PME en el cantón de Corredores

De las 131 personas encuestadas, el 62 % (81) fueron hombres y el 38 % (50), mujeres y, del total, el 84,73 % son de nacionalidad costarricense, el 9,17 % son de origen nicaragüense y el 6,10 % restante, de nacionalidad panameña En la Tabla 1 se identifica la cantidad de personas menores de edad trabajadoras en cada distrito.

Tabla 1.
Identificación de personas menores de edad trabajadoras, según distrito

Distrito	Hombres	Mujeres	Total	%
Corredor	14	11	25	19,1
Canoas	31	9	40	30,53
La cuesta	20	15	35	26,71
Laurel	16	15	31	23,66
Total	81	50	131	100

Nota. Elaboración propia con base en datos obtenidos de las entrevistas.

La mayor concentración de niños, niñas y adolescentes con un trabajo fue identificada en Canoas, el cantón central, para un 30,53 % del total, lo cual responde a que es el distrito con mayor nivel de urbanismo y concentración de servicios y comercio, seguido por La Cuesta, Laurel y, por último, Corredores.

Figura 1.
Edad de las personas menores de edad trabajadoras

Nota. elaboración propia con base en las entrevistas realizadas.

Como dato importante, y de acuerdo con la Figura 1, queda evidenciado que, a mayor edad, mayor es la cantidad de personas menores de edad trabajadoras, pues el 24 % de ellas tiene 15 años y realiza una labor remunerada. Esto implica que, de no romper el ciclo de pobreza familiar, estas personas menores han trabajado durante los últimos años en una condición de ilegalidad.

Tabla 2.
Actividades en donde se desempeñan laboralmente niños, niñas y adolescentes

Rama de actividad	Cantidad	Hombres	%	Mujeres	%
Servicios	47	30	22,90	17	12,98
Agricultura	21	15	11,45	6	4,58
Construcción	17	17	12,98	-	-
Comercio	14	7	5,34	7	5,34
Servicios de niñera	9	.-	-	9	6,87
Ganadería	15	12	9,16	3	2,29
Servicios domésticos	8	-	-	8	6,11
Total	131	81	61,83	50	38,17

Nota: elaboración con base en datos generados de las entrevistas.

Con respecto a las principales ocupaciones en las que se insertan las 131 personas menores de edad, la Tabla 2 muestras que estas son típicas del área rural-urbana y, por lo tanto, circunscritas en su mayoría a los sectores primarios (agricultura, silvicultura y ganadería), secundarios (construcción e industria) y terciarios (servicios y comercio). La mayoría de las ocupaciones están asociadas a actividades desarrolladas en una condición de informalidad, característica bastante común en algunas actividades laborales del cantón. Del total de personas menores de edad, 19 se desenvuelven en actividades por cuenta propia, la mayoría vinculadas a la venta informal de algún tipo de producto. Esta actividad se presenta porque alguien les facilita a las personas menores los productos para que puedan ofrecerlas al cliente.

Al mismo tiempo, de los datos se determina que la concentración laboral de las mujeres se da en el sector servicios, seguido por el cuido de niños o niñas y por las labores domésticas, lo cual representa la reproducción del ciclo de división del trabajo por género. Con respecto a los hombres, el 22,90 % se concentra en actividades de servicios, seguido por los sectores de construcción y el agrícola.

De manera general y afín con las principales actividades de una zona fronteriza, en donde se desarrolla una importante actividad comercial y existe un flujo constante de personas, los servicios se convierten en una actividad vital; es así como, el 36 % de las personas menores de edad trabajadoras se desempeña en alguna de estas labores. A su vez, al ser la agricultura una actividad tradicional de la región, el 14 % se desempeña en actividades relacionadas a esta.

El cuido de niños o niñas (niñera) y los servicios domésticos son actividades que se desarrollan, sobre todo, en el mismo núcleo familiar y se concentra en las niñas. Además, la mayoría de los casos se vincula a la jefatura femenina, pues las madres son quienes deben involucrarse en alguna actividad productiva para generar los recursos necesarios para toda la familia. Sin embargo, pese a que las niñas desempeñan estas funciones por la condición de pobreza de la familia, legalmente es injustificable y socialmente inaceptable, pues las ponen en situaciones de riesgo o las alejan de los centros educativos.

En su conjunto, y mediante el apoyo del Estado y las ocupaciones de la institucionalidad pública, la sociedad tiene la obligación de atender dicho tipo de situaciones, para lo cual se cuenta con una política social que, de acuerdo con los planteamientos de Dussel (2006), es un instrumento diseñado en función del aumento cualitativo de la vida de la ciudadanía y, en este caso en particular, de las personas menores de edad; pues, de acuerdo con el autor “la política, en su sentido más noble, obediencial, es esta responsabilidad por la vida en primer lugar de los más pobres” (Dussel 2006, p. 103); por tanto, la responsabilidad del trabajo infantil es de la sociedad, en general, y del Estado costarricense, en particular.

Condiciones laborales de las personas menores de edad trabajadoras

De acuerdo con la información recabada en las entrevistas, de las 131 personas participantes, tres laboran en jornadas de las tardes, por lo que asisten a un centro educativo en las mañanas y los sábados se desempeñan todo el día en diversas actividades remunerativas, dentro de las cuales se mencionan: cargando y descargando camiones, corta de plátano o banano, chapear lotes, jardinería, hacer mandados, en actividades de construcción, cuidar carros, ventas ambulantes, entre otras.

Es importante mencionar que la jornada laboral desarrollada por niños, niñas y adolescentes durante los fines de semana, en la mayoría de los casos, excede el trabajo formativo; incluso, ciertas actividades presentan condiciones de peligro y su remuneración es inferior a la legal. Por otra parte, 80 personas menores de edad trabajadoras que no asisten a los centros educativos se desempeñan en jornadas completas.

La mayor parte de la población que no se encuentra inscrita en los centros educativos se desempeña en jornadas completas e, incluso, desarrolla actividades nocturnas, como meseros, mucamas, ayudantes de panaderías, guardas de seguridad, cuida carros, lavando carros, entre otras.

Por el tipo de actividad, las personas menores de edad trabajadoras que realizan labores agrícolas, de construcción, como dependientes de tiendas, guardas, operarios, vendedores ambulantes, meseras y otras actividades económicas de servicios, son quienes desempeñan jornadas completas. En ese sentido, las jornadas laborales de tiempo completo se asocian a las personas mayores, dado que el rango de edad de 12-13 años, registran un promedio de 4.9 días laborales y los de 15-17 años un total de 7 días.

De acuerdo con la información recolectada, el 87.7 % de las 131 personas menores de edad recibe dinero en efectivo por su trabajo, indistintamente del sexo, la edad, la ocupación o el distrito en donde residen; sin embargo, un 9.1 % (12 perciben ningún ingreso por su trabajo, normalmente lo hacen para un familiar, sus padres o amigos. Además, cuatro personas afirmaron que reciben la paga con productos derivados de su labor.

En relación con los salarios, se determina que oscilan entre ¢10 000 y ¢40 000 semanales, dependiendo de la edad, el tipo de actividad y la jornada. Así, quienes laboran los siete días a la semana perciben en promedio ¢40 000, lo cual representa ¢160 000 al mes y, de esa forma, va bajando hasta quienes trabajan entre uno, dos o hasta tres días, tienen un ingreso promedio de 10 000 para un total de 40 000 al mes.

Con respecto a la seguridad laboral, un 58.7 % (77) emplea alguna indumentaria para llevar a cabo su trabajo; sin embargo, un 41.2 % (54) no utiliza ninguna protección, a pesar de que la mayoría de las actividades ocupacionales requiere de cierta protección contra el sol, en brazos, pies, entre otros; tal situación es común a cada grupo de edad y en ambos sexos. No cabe duda de que la falta de medidas de seguridad las expone a accidentes o a padecer de algún tipo de enfermedad, tales como problemas en la piel, heridas, fracturas, dolores de espalda, cuello, piernas, brazos, entre otros, que son los padecimientos del 34.3 % de las personas menores de edad trabajadoras.

Tanto de las afirmaciones de las personas informantes como de las investigaciones de las diferentes variables, se determina una clara violación de algunos de los derechos laborales de estas personas, dentro de los cuales se resalta el hecho de que son menores de 15 años y, por tanto, su contratación es ilegal. Además, al ser adolescentes se violan las jornadas laborales, la condición de salario, la seguridad y la cobertura de la seguridad social; y al encontrarse en una condición de informalidad no predomina ningún contrato. El abordaje de estos casos debe darse desde el Ministerio de Trabajo, ente responsable de atender dichos casos, en el marco de la ruta nacional por erradicar el trabajo infantil y regularizar el trabajo adolescente.

La condición educativa de las personas menores de edad trabajadoras

El 99 % de la población menor de edad entrevistada afirma saber leer y escribir, dato coherente con la condición general del país, siendo esta una condición favorable; aunque, según la edad, el 2,1 % entre 12 y 14 años son quienes afirman leer con mucha dificultad.

De acuerdo con la información suministrada, el 63,35 % de niños, niñas y adolescentes asiste a algún centro educativo formal, pero el 36,6 % no participa de ningún tipo de formación, sea formal o técnica. En la Tabla 3 se puede evidenciar la edad del total de las personas menores y su asistencia o no a los centros educativos.

Tabla 3.
Asistencia escolar de las personas trabajadoras menores de edad

Edad	Total PMET	Asistencia Escolar
		Sí	No
12-14	3	2	1
15	31	27	4
16	41	35	6
17	56	19	37
Total	131	83	48

Nota: elaboración propia con base en la información recabada de las entrevistas.

Obsérvese que el mayor problema lo presentan las personas de 17 años, quienes están próximas a cumplir la mayoría de edad, lo cual lleva a pensar que podrían no volver a los centros educativos: una debilidad para su futuro.

Sobre las motivaciones para continuar estudiando a pesar de desarrollar una actividad laboral, las personas entrevistadas mencionan que desean hacerlo para optar por un mejor futuro, para ser alguien en la vida, para optar por un mejor trabajo, para ayudar a la familia, para obtener una profesión o para ser mejor persona.

A pesar de lo antes expresado, el promedio de la escolaridad en los niños es de 7,2 años y en las niñas, de 7,4; siendo los de 15 años o más los que presentan algún tipo de rezago. Con respecto a la repitencia, 102 personas menores de edad trabajadoras han repetido al menos un año y por grupos de edad, los que presentan esta condición con mayor regularidad son los de 15 años o más y, dentro de estos, los hombres.

Adicciones de las personas menores de edad trabajadoras

El 9.1 % (12) personas menores de edad tiene el hábito del fumado ocasional y el 12.2 % (16) manifiesta que consume alcohol. Estos resultados además evidencian que el consumo se incrementa conforme van creciendo, dado que el problema se presenta con mayor frecuencia en los rangos de 16-17 años.

A su vez, los espacios donde normalmente inician el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos son los centros educativos (colegios), barrios, algunos hogares, con amigos, espacios laborales, entre otros. Con respecto al consumo de alcohol entre hombres y mujeres, se determina que están en una proporción de 8 hombres por cada 3 mujeres y en lo concerniente al fumado están en una proporción de 7 hombres por cada 3 mujeres.

La mayoría de los casos detectados se ubican en los distritos de La Cuesta, Canoas y Corredor, pero en una menor cantidad en Laurel; esto probablemente se debe a las condiciones del contexto, el cual es más propenso a que estas actividades sean visibles al público.

Con respecto al consumo de algún otro tipo de droga, durante el trabajo de campo se determinaron focos de distribución, los cuales son ampliamente conocidos por las personas del lugar, pero no se profundizó en el consumo de parte de las personas menores de edad participantes en el estudio.

Necesidad de lineamientos de política local contra el trabajo infantil en el cantón de Corredores

En el país, se cuenta con la legislación pertinente y la Hoja de Ruta (MTSS, 2021) que marca las acciones nacionales, institucionales e interinstitucionales necesarias, pero hace falta la articulación desde la institucionalidad pública y privada.

En el decreto N.º 31461-MTSS de septiembre del 2003, se determina que en el caso de Costa Rica, el trabajo infantil es consecuencia de un fenómeno multicausal, en el que influyen factores educativos, culturales y de pobreza y que la sociedad costarricense no debe asumir una actitud pasiva ante este fenómeno. Para su atención, el decreto crea el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de la Persona Adolescente Trabajadora, como un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y a la Seguridad Social con desconcentración máxima y con carácter permanente.

Para garantizar la presencia en los territorios, dicho Comité estará conformado por el conjunto de la institucionalidad pública del sector social y los gobiernos locales, y tendrá la responsabilidad de establecer la política nacional en materia de trabajo infantil y protección de la persona adolescente trabajadora.

Ante lo anterior, se concluye que en el país existe claridad sobre las acciones en materia de control y erradicación del trabajo infantil y, por tanto, es muy claro para las instituciones presentes en el cantón de Corredores, por lo que solo requieren de la decisión política de seguir el mandato establecido en la política pública.

Con la información generada en este estudio, el Gobierno municipal deberá diseñar una política local alineada con la Hoja de Ruta del país y con el compromiso asumido por el conjunto de actores locales organizados. Además, un plan de trabajo quinquenal que considere, en primera instancia, a las familias con trabajo infantil y sus condiciones, entendiendo que será necesario un abordaje integral con la participación del Estado a través de las diversas instituciones del sector social y la canalización de recursos para atenderlas.

El MTSS, a través de la Oficina del Trabajo Infantil y Adolescente, será en ente responsable de planificar y coordinar la política contra el trabajo infantil, así como de atender los casos detectados. Para ello y siguiendo la ruta, debe asesorar y coordinar con todos los entes públicos y privados nacionales o internacionales que se requiera, con el objetivo de erradicar, de manera progresiva, el trabajo infantil o adolescente.

Para este caso en particular, el Gobierno local, el PANI y la UNA aportan un estudio sociolaboral de las personas menores de edad trabajadoras del cantón de Corredores y se pone a disposición del Ministerio de Trabajo, el cual en coordinación con el Gobierno local tienen la responsabilidad de activar el Sistema de Protección previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia para atender el problema.

Conclusiones

Las principales causas del trabajo infantil en el cantón de Corredores responden a problemáticas estructurales de la sociedad costarricense tales como: pobreza, pobreza extrema, desigualdades sociales y regionales, bajos niveles de inversión pública y privada y la negación sostenida de derechos fundamentales de las personas, dentro de los cuales se destaca el derecho al empleo, a un salario justo, a una educación de calidad, a una vivienda adecuada, a la atención de salud con calidad, a un contexto adecuado para el desarrollo de la familia y el derecho a la protección social, cuando corresponde.

Además, existen condiciones socioeconómicas familiares y comunales adversas que, de una u otra manera, determinan las decisiones del trabajo infantil en el cantón de Corredores, por ejemplo: hogares con jefatura femenina, bajos ingresos generados por las personas adultas del núcleo familiar, escasez de empleo en la región, adultos con bajos niveles educativos, inseguridad, entre otras. Por lo tanto, existen condiciones económicas y sociales del entorno y de las familias que no les permiten a las personas progenitoras generar los recursos necesarios para su sobrevivencia. Por su parte, las acciones del Estado en materia de protección social se vuelven insuficiente para atender este tipo de casos, ante lo cual las personas menores se ven obligadas a desarrollar actividades laborales que les permitan aportar ingresos a la familia, llegando incluso a normalizar tal condición en la zona.

Se determina que, para la mayoría de los 131 casos analizados, el trabajo infantil está directamente relacionado con una condición de pobreza en la familia, desempleo y falta de inversión para crear nuevas alternativas laborales a las cuales puedan acceder las personas adultas que conforman estos hogares.

A su vez, dada la informalidad en la cual se desarrolla la mayoría de los casos de personas menores de edad trabajadoras y comprender las verdaderas condiciones de trabajo infantil requiere de un trabajo in situ que permita detectar las condiciones particulares para cada una de las personas en cuestión. En el caso de estudio, es claro el incumplimiento de derechos como el mismo trabajo infantil, el salario mínimo, las jornadas laborales, los horarios, la falta de condiciones de seguridad laboral, las condiciones de protección social, entre otros.

Del total de las personas abordadas en el estudio, 48 manifiestan no poder asistir a ningún centro educativo, lo cual corresponde al 36.65 %, privándolas del derecho a educarse y sometiéndolas a una condición de vulnerabilidad educativa desde tempranas edades. Se debe agregar que, a pesar de su aporte económico, los ingresos familiares siguen siendo insuficientes para sacar a sus familias del estado de pobreza, por lo que su privación no soluciona el problema y, por el contrario, simboliza la reproducción de la pobreza de las familias en el tiempo.

Combatir el trabajo infantil en el país demanda de parte de los gobiernos, un esfuerzo mayor para erradicar la pobreza, por cuanto ambas variables están estrechamente ligadas. Para la mayoría de los casos en análisis, las personas menores de edad se ven obligadas a relacionarse a alguna actividad laboral, dada la condición de insuficiencia de recursos que vive su familia nuclear. Para muchos de estos casos, el problema de recursos se debe a la falta de un empleo formal o el incumplimiento de algunos de los derechos laborales para con sus progenitores.

El trabajo infantil también se asocia con la cantidad de personas que conforman las familias, la edad de cada una, el nivel educativo de los progenitores y la jefatura femenina de esta. Se detectó que existen muchas familias conformadas por 5 o más personas, la mayoría son menores de edad, en cuyo caso al menos una de sus padres deberá ocuparse de su cuido, pero, cuando la familia está conformada solo por la madre o el padre (86 %), y cuando esta carece de una formación especializada, probablemente y, en el mejor de los casos, su ingreso será el salario mínimo, siendo este insuficiente para cubrir el total de necesidades básicas de la familia. No cabe duda de que este es un factor detonante de trabajo infantil en el cantón. El 62 % de estos está a cargo únicamente de la madre, lo cual obliga a las personas menores de edad a realizar actividades laborales dentro de la casa de habitación de la familia.

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Declaración de autorías CRediT

Ángel Abelino Ortega Ortega: Conceptualización, metodología, validación, análisis formal, revisión de datos, redacción, revisión y edición, supervisión y administración

José Ramón Espinoza Góngora: Conceptualización, metodología, validación, análisis formal, revisión de datos, redacción, revisión y edición, supervisión y administración

Información de las personas autoras

Ángel Abelino Ortega Ortega Doctor en Gestión Pública y Ciencias Empresariales del Instituto Centroamericano de administración Pública, Máster en Gestión de Proyectos de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Licenciado en Planificación de la Universidad Nacional. Académico investigador, extensionista, docente de la Escuela de Planificación y Promoción Social, Facultad de Ciencias Sociales

José Ramón Espinoza Góngora. Doctorando en Ciencias Sociales, Universidad Nacional, Máster en Psicología Industrial y Organizacional, Universidad Latina, Licenciado en Psicología, Universidad Nacional, Bachiller en psicología en la Universidad Nacional. Académico investigador, extensionista, docente de la Escuela de Planificación y Promoción Social, Facultad de Ciencias Sociales.