Revista de Historia
N.º 78 • ISSN: 1012-9790
DOI: http://dx.doi.org/10.15359/rh.78.4
Julio - Diciembre 2018
Fecha de recepción: 01/06/2018 -Fecha de aceptación: 01/07/2018

FORMAS ORGANIZATIVAS DE LOS TRABAJADORES BANANEROS AFECTADOS POR EL NEMAGÓN EN COSTA RICA (1990-2010)

ORGANIZATIONAL FORMS OF THE BANANA WORKERS AFFECTED BY NEMAGON IN COSTA RICA (1990-2010)

Sindy Mora Solano*

Resumen: En este artículo se analizan las formas organizativas de los trabajadores bananeros afectados por el agroquímico conocido como Nemagón, entre 1990 y 2010, en Costa Rica. Se plantea una reflexión en torno a tres tipos de formas organizativas: las redes de organizaciones sociales, los sindicatos y los llamados “gavilanes”, y su participación en el proceso político.

Palabras claves: organizaciones sociales; sindicato; trabajador agrícola; banano; salud; Nemagón; Caribe; Costa Rica, historia.

Abstract: This paper analyzes the different kinds of organizations of the banana workers affected by DBCP, pesticide known as Nemagon, from 1990 to 2010, in Costa Rica. It is presented a discussion about three different kinds of organizations: social networks, labor unions and a figure called “gavilanes”, and their participation in the political process.

Keywords: Social Organization; Labour Unions; Rural Workers; Banana; Health; Nemagon; Caribbean; Costa Rica, History.

Introducción

Los trabajadores bananeros de Costa Rica han sido actores fundamentales en la historia política de nuestro país. Desde la huelga de 1934, estos fueron protagonistas de una serie de luchas por el reconocimiento de sus demandas, lo que hizo de este un trabajador organizado, aunque sometido a múltiples procesos de represión y persecución política.

La represión y persecución a la que se vieron expuestos estos trabajadores se expresó en distintos procesos, que han sido ampliamente estudiados.1 Entre los mecanismos que fueron utilizados se encuentran el desarrollo de listas negras que impedían la contratación de aquellos trabajadores que se afiliaban y participaban en sindicatos; la inserción de ideologías religiosas en la región Caribe, como el solidarismo y el pentecostalismo, a partir de las cuales se desprestigió el sindicalismo y se promovió la participación en movimientos eclesiales; y el desconocimiento de las demandas y la ausencia de diálogo con los sindicatos, lo que implicó un aumento significativo en la duración de las huelgas bananeras, que concluían sin que se llegara a ningún acuerdo. Todos estos mecanismos, a largo plazo y en su conjunto, incidieron en el debilitamiento de los sindicatos bananeros, proceso que, para la década de 1980, se había acentuado.

Fue en el marco de esta tendencia de debilitamiento que surgieron una serie de formas organizativas protagonizadas por la población trabajadora bananera afectada por el DiBromoCloroPropano (DBCP), agroquímico conocido bajo el nombre comercial de Nemagón. Como ha señalado Giralt,2 a finales de la década de 1970, en particular, en 1978, se empezó a investigar el caso de las afectaciones en la salud de los trabajadores bananeros. Un urólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien trabajaba en la región Caribe, empezó a realizar exámenes médicos a los trabajadores, para comprender por qué se estaban presentando casos de esterilidad masculina en la población bananera. Como indica Giralt:

“La situación comenzó a investigarse en Costa Rica, cuando 52 trabajadores bananeros de río Frío y el Valle de la Estrella fueron atendidos por el urólogo de la consulta de esterilidad en el Hospital Calderón Guardia, fue también el inicio de la gestión emprendida a finales de 1978 para retirar el empleo de la sustancia tóxica que dejó estériles a cientos de trabajadores”.3

Al conocer la correlación existente entre las horas de exposición al agroquímico y la esterilidad masculina se empezaron a diseñar distintas estrategias para buscar una indemnización. De acuerdo con Giralt, desde la década de 1980 se establecieron relaciones entre empresarios y organizaciones de trabajadores bananeros para denunciar su afectación por el DBCP, con el fin de solicitar medidas de seguridad laboral. Por ejemplo, en 1982 los trabajadores bananeros presionaron para firmar una convención colectiva con la Standard Fruit Company, para que las personas afiliadas a la Unión de Trabajadores Agrícolas de Limón (UTRAL), el Sindicato Industrial de Trabajadores Agrícolas y Ganaderos de Heredia (SITAGAH) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) tuvieran acceso a medidas de seguridad en la preparación, manipulación y rociado de sustancias tóxicas. Asimismo, a inicios de la década de 1990, la participación de la Comisión Costarricense de Derechos Humanos (CODEHU) y la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica (CODEHUCA) fue fundamental para dar cuenta de lo sucedido.

A partir de este escenario, que tiene como punto de partida el debilitamiento del sindicalismo bananero, en este artículo se analiza el proceso político mediante el cual surgieron una serie de formas organizativas con las que los trabajadores bananeros reclamaron sus derechos, tras la afectación por el Nemagón. En particular, interesa comprender las diversas expresiones organizativas vigentes a partir de la década de 1990 y principios del 2010, entre las que destacan las redes de organizaciones sociales, los sindicatos y la organización mediante “gavilanes”.

Para ello, en este artículo se recurre a fuentes periodísticas, entrevistas con dirigentes de las organizaciones involucradas en este proceso, información documental proveniente de las organizaciones consultadas, actas de la Asamblea Legislativa y artículos previamente publicados. Sobre las entrevistas, es importante señalar que se escogió a los representantes de las organizaciones, en función de su participación en la coyuntura analizada. Estas estuvieron orientadas por una guía de entrevista previamente definida y aplicada a todos los informantes. Por petición de uno de los entrevistados, solo una de las entrevistas no fue grabada; el resto fueron grabadas y transcritas. Siguiendo lo establecido en el Consentimiento Informado del Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica (UCR), se mantiene el anonimato de las personas entrevistadas. En este trabajo se incorpora una entrevista con un trabajador afectado por el DBCP, a pesar de que no es el objetivo analizar el posicionamiento de esta población en este artículo.

Antes del Nemagón

Antes de que se conociera de la existencia de los nematodos y, en consecuencia, antes de que se estableciera la necesidad de utilizar el agroquímico conocido como Nemagón, otras plagas de las plantaciones bananeras habían hecho su aparición. Autores como Bourgois,4 Marquardt,5 Abarca,6 Bohme,7 Viales y Montero8 han analizado el proceso de aparición de plagas en la producción de banano, que afectaron tanto el proceso productivo como la salud de los trabajadores.

De esta manera, en 1890 apareció el “mal de Panamá”, que entre 1900 y 1910 se expandió por todos los territorios bananeros, lo que hizo que las empresas cerraran operaciones en distintas regiones. Debido a la expansión del hongo Fusarium oxysporum f. cubense, o “mal de Panamá”,9 las empresas tomaron la decisión de cerrar operaciones en Almirante, Panamá, en 1926; en la División Trujillo en Honduras, en el año 1939; en Limón, Costa Rica, en 1940; en Nicaragua, en 1942; en la División Bananera de Guatemala en 1955; y en Quepos, también en Costa Rica, en el año 1956. Previo al cierre de operaciones, distintos estudios exploraron hipótesis que buscaban explicar dicha expansión. En 1911, por ejemplo, se señaló que esta se debía a “la acidez del suelo, la falta de drenaje y aireación, la poca atención brindada a la selección de las semillas, la falta de actividad de los microorganismos del suelo, la presencia de toxinas y el desequilibrio en los elementos de nutrición”.10 Para el año 1913, otro estudio apuntaba al descubrimiento del hongo que causaba el “mal de Panamá”, mientras que en 1929, se conoció que este se desarrollaba con mayor dificultad en lugares con temperaturas medias.

De acuerdo con Marquardt,11 durante este proceso, las empresas bananeras mantuvieron un limitado sistema de planificación y control de las plantaciones, lo que significaba que la United Fruit Company (UFCo) compraba alrededor de un 60% de la fruta proveniente de pequeños productores de banano, así como tenía una reducida destreza en la supervisión de las prácticas de producción y las técnicas ambientales que acompañaban este proceso. Para 1910, esta empresa no tenía a su disposición los recursos para el análisis de la composición de los suelos y el control de las plagas, así como carecía de los técnicos que se encargaran de cumplir tales labores. Hasta 1920, la empresa empezó a realizar una serie de investigaciones en sus tierras para encontrar los factores que incidían en la reproducción del hongo. Fue también en dicho periodo que inició la contratación de científicos y técnicos que desempeñaron un papel central en los procesos de control de la producción bananera.

En términos generales, las empresas bananeras nunca lograron controlar en su totalidad la expansión del “mal de Panamá”. Mientras este se mantuvo presente en la región, se comenzó a observar el desarrollo de la sigatoga. Fue en el año 1934 cuando por primera vez se reconoció su aparición, causada por el hongo Mycosphaerella musicola Leach.12 Para 1937, la sigatoga se había expandido por Centroamérica y el Caribe, lo que mantuvo a las compañías bananeras en una lucha constante. Esta se combatió con la aplicación del caldo bordelés, una sustancia compuesta por sulfato de cobre disuelto en agua de cal, que aplicaban trabajadores contratados para tal fin, quienes fueron conocidos como los “pericos”, por el color verdeazulado que la sustancia dejaba en sus cuerpos y su ropa.13

En 1957, después de investigaciones realizadas en la Isla Guadalupe, donde la escasez de agua hizo que el caldo bordelés se obtuviera de la mezcla con aceite, se descubrió que este podía evitar, con un menor costo económico, la propagación de la sigatoga, lo que fue leído por los trabajadores costarricenses como una amenaza, dada la posibilidad de eliminación de 1800 puestos de trabajo. Posteriormente, se descubrió que el aceite con el que se mezclaban las sustancias que daban origen al caldo bordelés bajaba la calidad del banano, por lo que se necesitó de la mano de obra proporcionada por los llamados “pericos”.

En 1959, la UFCo empezó a vender tierras en el Pacífico Sur a pequeños productores, entre 5 y 7 hectáreas, que se encontraban sumamente contaminadas por la sigatoga. En 1960, se llegaron a utilizar tres métodos de control: las torres atomizadoras, la utilización de mangueras y la atomización realizada por los trabajadores.14 En 1962, la actividad periquera fue sustituida por el uso de riego en aviones, no obstante, en 1973 apareció la sigatoga negra, una versión más agresiva de la sigatoga original. De acuerdo con la investigación realizada por Bohme,15 fueron requeridos alrededor de 10 mil trabajadores para controlar la sigatoga en toda la región infectada, siendo los “pericos” los primeros trabajadores bananeros afectados en su salud por la aplicación de sustancias de este tipo.

Con la sigatoga en su apogeo, en el año 1951, un grupo de investigadores del Pineapple Research Institute (PRI), instituto creado por la Hawaiin Pineapple Parker’s Asociation, empezó a crear el DBCP. Una vez creado el Nemagón, las compañías Shell y Dow llevaron a cabo una campaña de promoción de la plaga por controlar los microscópicos y, hasta ese momento, desconocidos nematodos. Bohme señala que científicos y empresarios trabajaron juntos para la creación del DBCP, creando, también, una narrativa de la seguridad, que minimizaba los resultados obtenidos en los experimentos con animales. Lo anterior, a pesar de que desde 1956 se disponía de investigaciones que brindaban información sobre los daños que podía causar el DBCP en los testículos de los ratones, así como se habían realizado pruebas en la piel de conejos, que habían muerto o quedado severamente dañados tras la exposición. Para 1957, la empresa Shell mantenía un fuerte discurso en el que el DBCP se presentaba como la principal promesa para erradicar la presencia de los nematodos, a pesar de que en 1976, el National Cancer Institute (NCI), en Estados Unidos, envió una carta a la empresa Shell indicando los resultados de una investigación publicada en el Journal of National Cancer Institute, en la que se señalaba que el Nemagón inducía a la aparición del cáncer de estómago y mamas en ratas. La empresa llamó a los resultados de este análisis “no realistas” y “exagerados”,16 con lo que la producción y comercialización de este agroquímico continuó sin consideración de los resultados de las investigaciones.

Con este breve recuento no se pretende exponer la historia del desarrollo del DBCP, lo cual ya ha sido estudiado, sino llamar la atención en torno a la producción de un monocultivo que produjo daños tanto en las plantaciones como en la salud de los trabajadores. Es por ello que el proceso de afectación por el uso y exposición al DBCP debe ser visto como parte de un largo proceso de control de la producción y de disputas en la lucha por los derechos laborales de la población trabajadora de las bananeras. En la figura 1, se presenta una breve síntesis de los elementos expuestos.

Figura 1

Fuente: elaboración propia.

En el siguiente apartado se exponen la diversidad de formas organizativas que surgieron en el país para atender los efectos del DBCP.

Diversidad de formas organizativas

Los movimientos sociales no pueden entenderse como un todo homogéneo, donde los actores involucrados han definido las mismas agendas, comparten las mismas demandas y los mecanismos para encontrar una solución a los conflictos en los que se encuentran inmersos. En este sentido, Melucci ha planteado que:

“el trabajo de descomposición analítica nos obliga a abandonar la idea romántica de los movimientos y a aceptar que los fenómenos colectivos están hechos de múltiples motivaciones, relaciones y reorientaciones […] De hecho, la historia de los fenómenos colectivos muestra que estos fenómenos con frecuencia dan lugar a nuevas formas de poder, violencia, e injusticia”.17

De la misma manera, Raúl Zibechi18 ha planteado una definición de movimientos sociales donde estos aporten a la construcción de nuevos vínculos, que no reproduzcan las relaciones de poder, el autoritarismo o clientelismo que, en ocasiones, surgen como desenlace de estas configuraciones políticas. Estos planteamientos, con respecto a la descomposición de las formas organizativas con fines analíticos son los que guían la reflexión que se presenta a continuación.

A partir del trabajo de campo realizado se pudo identificar una diversidad de actores y organizaciones sociales que trabajaron en el posicionamiento de las demandas de la población afectada por el DBCP, así como en otras problemáticas asociadas a los monocultivos, sin que sea posible afirmar que existió un único movimiento, con una única estrategia política para posicionar sus peticiones. Entre las formas organizativas se encuentran las siguientes. Primero, las redes de organizaciones sociales, siendo la más significativa de estas el Foro Emaús, aunque también surgieron otras organizaciones como el Frente Nacional de Mujeres Afectadas por Tóxicos (FRENAMAT), organización que surgió junto con el Servicio Paz y Justicia - Costa Rica (SERPAJ). Para este trabajo, se realizaron cuatro entrevistas con personas involucradas a estas organizaciones: dos con el Foro Emaús y dos con FRENAMAT-SERPAJ. Segundo, los sindicatos, entre los que destacan el Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones (SITRAP), la Coordinadora de Sindicatos Bananeros (COSIBA), el Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros (CONATRAB) y la Asociación en Defensa de los Trabajadores y el Medio Ambiente (ASOTRAMA). Se realizaron 4 entrevistas con personas involucradas a estas organizaciones.19 En tercer lugar, los “gavilanes”, es decir, personas encargadas de organizar a la población afectada para que se gestionen los trámites correspondientes para recibir una indemnización por parte del Instituto Nacional de Seguros (INS), a cambio del pago de dinero. Únicamente, se pudo tener acceso a una persona que realiza estas labores. Como se expone a continuación, estas formas organizativas tuvieron distintos grados de participación en la coyuntura analizada, teniendo una mayor presencia las redes de organizaciones sociales y los sindicatos, que lo hicieron de manera previa, con respecto al momento de incorporación de los llamados “gavilanes”.

Es importante señalar que, una vez conocido el proceso de afectación por el DBCP, la negación, el silencio y la indiferencia fueron las respuestas que tanto las empresas bananeras como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) brindaron al conflicto al inicio de la década de 1990. Como señala Giralt, pocas fueron las acciones institucionales que se realizaron para enfrentar todas las implicaciones de la afectación por el agroquímico.20 Distintas fuentes señalan que a inicios de la década de 1990 se empezaron a gestar diversas iniciativas en la búsqueda de una indemnización para la población afectada. De esta manera, en 1991 Inforpress Centroamericana informó de la demanda que alrededor de 100 trabajadores costarricenses habían interpuesto contra las empresas Dow Chemical Corporation, Shell Chemical Corporation y Occidental Petroleum.21 Estas fuentes registraron las dificultades que tenían los trabajadores para ver cumplida su demanda. Así, fue en el decenio de 1990 que se empezó a articular y expresar el movimiento de los trabajadores bananeros afectados por el Nemagón.22 Un punto fundamental de este proceso fue la aprobación de la ley N° 8130, Ley de determinación de beneficios sociales y económicos para la población afectada por el DBCP, en el año 2001, que regula la entrega de indemnizaciones por parte del INS.23

Antes de la aprobación de esta ley, las acciones reportadas por la prensa daban cuenta de formas organizativas incipientes y del posicionamiento de una serie de actores, en consideración de los eventuales arreglos extrajudiciales con las empresas bananeras. En este contexto, la prensa destacó la firma de un acuerdo extrajudicial con la Dow, logrado por la abogada Susana Chaves Sell, por el cual, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (CODEHU) denunció el pago de $100 para los trabajadores bananeros que habían firmado el acuerdo.24 En ese momento, se desconocía el número de firmantes.25 La CODEHU hizo un llamado a pensar en la afectación por el DBCP más allá de la esterilidad masculina, ya que, desde su perspectiva, no se estaba contemplando la afectación de las mujeres y niñas y niños, ni los eventuales efectos en la salud de la población en general.26 Citada en un artículo para La Nación, en el año 1997, a propósito de las críticas que se estaban planteando en cuanto al proceso dirigido por la abogada Susana Chaves Sell, esta señaló:

“Tenemos que aceptarlo [el acuerdo] porque es una seguridad para nuestros clientes [...] Algunos se pueden atrever a criticar lo bajo del monto, pero esto es un éxito si consideramos que hemos negociado en condiciones adversas”.27

Por su parte, en 1998 la Defensoría de los Habitantes emitió un informe basado en la recopilación de experiencias de los trabajadores bananeros y sus familiares, en la que se realizaron 1143 entrevistas a trabajadores y a 400 esposas y compañeras de estos.28 Dicho informe fue fundamental en el desarrollo de las formas organizativas en cuestión, dado que abrió el debate en torno a la responsabilidad del Estado en el conflicto, lo que constituyó un importante impulso para la legislación aprobada tres años después. En el informe, el acento de las responsabilidades fue puesto en el Estado, sin cuestionar, con la misma fuerza, las responsabilidades que tenían las empresas bananeras. Como se ha señalado,29 con lo anterior no se busca negar que el Estado tuvo una responsabilidad fundamental en el proceso vivido por la población trabajadora, sino situar en la historia de este conflicto la responsabilidad que también tuvieron las empresas bananeras.

En el siguiente apartado se exponen las formas organizativas y las principales demandas por la afectación del DBCP.

Redes de organizaciones sociales

La historia del Caribe costarricense se encuentra trazada por una serie de enfrentamientos en cuanto a las formas organizativas para la mejora de las condiciones laborales y de vida de la población trabajadora. En esta región, desde mediados de los años cincuenta del siglo pasado, el sindicalismo se vio enfrentado a una propuesta organizativa, el solidarismo, que surgió como mecanismo auspiciado por la alianza entre la Iglesia católica, las empresas bananeras y el Estado. El solidarismo floreció como un discurso y práctica política para erradicar el avance del sindicalismo y la llamada “lucha de clases”, con estrategias organizativas que fueron capaces de propiciar encuentros entre trabajadores y patronos.30

El enfrentamiento entre sindicalismo y solidarismo estuvo presente en los relatos de las personas entrevistadas para este trabajo. Entre los puntos de encuentro con respecto al declive del sindicalismo bananero, estas destacaron: primero, las dificultades para organizarse en sindicatos, dada la persistencia de la estigmatización, la persecución y la represión, con la recurrencia a las llamadas listas negras, que siguen utilizándose en la zona hasta hoy. Segundo, la alianza establecida entre los Gobiernos y las empresas bananeras, lo que hizo que el sindicalismo se mantuviera acorralado y, poco a poco, erradicado como forma de expresión de las demandas de la población trabajadora. Tercero, el auge del solidarismo como estrategia promovida por los empresarios bananeros, en alianza con la Escuela Social Juan XXIII. Finalmente, la ausencia de defensa de los intereses de los trabajadores, tanto por el sindicalismo como por el solidarismo; es decir, a pesar de que mediante el solidarismo los trabajadores obtuvieron algunos beneficios, las personas entrevistadas señalaron que estos beneficios no fueron equivalentes a la defensa de sus derechos.

En la década de 1990, el enfrentamiento entre solidarismo y sindicalismo se profundizó, no solo en lo que respecta a las estrategias organizativas, sino, también, en torno a las posiciones de las jerarquías de la Iglesia católica que se encontraban tras de sí. Este conflicto dio origen al Foro Emaús, una importante red de organizaciones que se constituyó en uno de los actores centrales de la denuncia de las condiciones laborales y del conflicto por el DBCP. Mientras que el solidarismo era promovido por la jerarquía de la Iglesia católica, mediante la Escuela Social Juan XXIII, con la figura del sacerdote Claudio Solano, el sindicalismo y la organización política de bases eran respaldados también por la jerarquía de la Iglesia católica, pero, en este caso, por la Diócesis de Limón, bajo la figura de monseñor Alfonso Coto Monge, obispo de la provincia. En ese momento, la perspectiva de la Diócesis de Limón fue apoyada por las iglesias luterana, protestante y bautista, entre otras expresiones eclesiales de la región. Una cita que muestra el enfrentamiento entre sindicalismo y solidarismo es la que se reproduce seguidamente, extraída de una entrevista realizada a una de las fundadoras del Foro Emaús:

“pues prácticamente los sindicatos desaparecieron, porque la historia era, se agarraban de todas las cosas negativas que había hecho el sindicalismo, que de hecho es real, más la promesa que traía el solidarismo, o sea, la propuesta del solidarismo, y ahí juega un papel fundamental el empuje y todo el lavado de cerebro que hace la Escuela Social Juan XXIII. Entonces, la Escuela Social Juan XXIII empieza a impulsar aquí a esta zona. Monseñor Coto, por eso era unas de las situaciones que más graves estaban, porque él se le paraba fuerte a Claudio Solano y le decía que aquí en su jurisdicción él no tenía por qué venirse a meter a hacer cosas pastorales. Y, pese a eso, él se le metía, e incluso llamaba a todos los trabajadores y les decía “ustedes no han bautizado a sus chiquitos, venga, hay bautizos masivos” y de pronto llegaba y encontraba usted cuarenta chiquillos bautizándose en una comunidad”.31

El enfrentamiento en las formas en las que la misma Iglesia católica entendía el conflicto social en la región Caribe se encontraba en la base y constituyó una parte central del nacimiento del Foro Emaús. Esta red de organizaciones, conformada por expresiones colectivas de muy distintas procedencias y áreas de trabajo, acuerpó todas las demandas vinculadas a las problemáticas vividas en la región e hizo suyas las reivindicaciones relacionadas con los efectos de la producción bananera.32 El llamado Foro Emaús, surgido en 1992 luego de un importante trabajo organizativo, tuvo como impulso la carta pastoral denominada “Alto a la expansión bananera incontrolada”.33 Esta carta fue emitida el 25 de diciembre de 1989 por monseñor Alfonso Coto Monge, mediante la que se denunciaban las condiciones laborales de la producción bananera, así como las consecuencias que dicha producción tenía en las relaciones familiares, en la cultura campesina, en la concentración de la tierra, en el ambiente y en la salud de quienes habitaban la región.34 Con el argumento de que esta carta era un llamado a “los valores éticos, de los que ninguna política se debe abstraer”35 y apelando a la necesidad de que, “como Iglesia, acompañemos a nuestro pueblo trabajador en su proceso organizativo”,36 en la misiva, monseñor Alfonso Coto Monge hizo referencia al uso y exposición a los agroquímicos, con las siguientes palabras:

“La realidad de la expansión bananera nos hace plantearnos otra grave situación, cual es la problemática que se está suscitando en relación con el medio ambiente. Queremos señalar al respecto hechos como la gravedad creciente de la deforestación, la contaminación de los ríos, la eliminación de residuos inorgánicos y agroquímicos que están suscitando focos infecciosos, el incremento en el diagnóstico de enfermedades digestivas y de la piel a causa de la fumigación y utilización de insumos no convenientes y el grave perjuicio de algunas especies animales en vías de extinción”.37

De acuerdo con Hermosilla, la carta fue una respuesta a las consecuencias del Plan de Fomento Bananero, que inició en 1985 y que buscaba la expansión de las plantaciones. Este plan suponía la disponibilidad de nuevas tierras, a través de la compra o las presiones a pequeños productores para que vendieran sus terrenos, la disponibilidad de créditos bancarios para su consecución, así como el acceso a los paquetes tecnológicos para la aplicación de plaguicidas y la existencia de mano de obra, con la exención de impuestos y regalías fiscales para las empresas bananeras. En el marco de este plan, en 1989 había 3500 hectáreas de banano sembradas; para 1992, el total de hectáreas sembradas era de 5000.38 Con la carta, Coto Monge hizo un llamado a los responsables gubernamentales del Plan de Fomento Bananero para que valoraran a la “persona humana”, más allá de la productividad laboral y de las ganancias que la actividad bananera podría generar, pensando en los costos en la salud. La carta denunciaba las violaciones a la dignidad del trabajador bananero, quien “no siempre es considerado el centro de toda actividad humana, antes bien, es convertido muchas veces en objeto de trabajo”.39

Esta carta despertó la censura en torno al papel de la Iglesia y la labor del obispo por parte de distintos actores, como los empresarios bananeros. Sin embargo, dicha censura potenció el nacimiento del Foro Emaús, dado que distintas organizaciones participaron en defensa de monseñor Coto. Una de las fundadoras del Foro señaló:

“entonces algunas organizaciones y personas nos juntamos y tuvimos una primera reunión en Casa Emaús, en Limón, en el centro pastoral de la Iglesia católica, ahí hicimos nuestra primera reunión o nuestro primer foro, que fue donde se constituyó el Foro. Y llegamos alrededor de cuarenta personas a esa primera reunión. Había organizaciones eclesiales de diferentes denominaciones, porque ahí también empezaron a apoyar la iglesia episcopal, la iglesia bautista, estuvo apoyando mucho lo que era la iglesia luterana, o sea, empezaron varios movimientos de iglesia, organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales, ecologistas, por ahí iba todo el proceso de la gente que estaba interesada en el punto de apoyo al Obispo”.40

En junio de 1992, a partir del trabajo colectivo realizado, estas organizaciones sociales de corte religioso, ambiental, sindical, campesino, indígena, de mujeres, de derechos humanos y no gubernamentales se dieron cita para emitir un comunicado y, en el mes de junio de ese mismo año, realizaron un foro en el que distintos actores mostraron su posicionamiento con respecto a la situación de los trabajadores bananeros. Como parte de las denuncias presentadas, Luis Pablo Zúñiga, representante de la Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (UNDECA), llamó la atención sobre el denominado “Síndrome del Bananero”, cuadro que contemplaba las distintas enfermedades desarrollados por los trabajadores, que eran atendidas en clínicas y hospitales de la región Caribe.41 Posteriormente, en el mes de setiembre, estas organizaciones convocaron y participaron en la llamada “Marcha por la Vida y los Derechos Humanos”, realizada en San José, con el fin de solicitar medidas que redujeran los riesgos y las consecuencias de la producción bananera.42

El Foro Emaús se mantuvo activo durante casi dos décadas: desde 1992 hasta el 2009. Con la celebración de los diez años de trabajo, en el año 2002, el balance realizado era positivo. Una de las contribuciones más valoradas fue hacer visibles los costos sociales y ambientales de la producción bananera. Al respecto, Rojas señaló:

“Quizá la mayor de todas es haber logrado que, en ocasiones importantes, esta sociedad volviera sus ojos hacia el bananal y escuchara desde ahí algunas voces diferentes a las que siempre había escuchado. Durante muchas décadas este pueblo escuchó solamente al empresariado bananero -nacional y transnacional-, a los Gobiernos de turno y a la gran prensa. También se acostumbró a oír hablar de la situación de los bananales solamente cuando estos eran sacudidos por huelgas. Hoy, esta sociedad conoce otra visión de la realidad bananera. Sabe que exportar más de 100 millones de cajas de banano al año tiene un enorme costo social y ambiental para nuestro país”.43

El Foro cumplió una función central de investigación de las condiciones laborales y los efectos en la salud del uso de los plaguicidas. Sin embargo, como señalaron las personas entrevistadas, fue poco lo que se logró en cuanto a la demanda de transformar las relaciones laborales y las condiciones de producción, debido a la intrínseca “relación de complicidad” existente entre los empresarios y las instituciones gubernamentales, como el MTSS y el Ministerio de Salud (MINSA). En el tema ambiental, el Foro consiguió acciones concretas, como que las empresas recogieran los mecates y las bolsas con plaguicidas que cubrían los racimos de banano, que quedaban tirados en los suelos de los bananales, lo que producía una nueva fuente de contaminación.44

Las denuncias planteadas por el Foro Emaús trascendieron el espacio nacional, ya que las acciones realizadas aparecieron retratadas en publicaciones de carácter centroamericano, por el deterioro ambiental, el uso de agroquímicos y la manipulación de desechos de la producción bananera.45 Asimismo, fueron conocidas las condiciones de insalubridad a las que estaba sometida la población trabajadora.46 Como han señalado Barraza y otros autores,47 las características de esta red potenciaron el apoyo y el establecimiento de alianzas con organizaciones internacionales como Pan para el Mundo y Swedish Society for Nature and Conservation (SSNC). Así, la labor realizada por el Foro llamó la atención en torno a las condiciones y consecuencias de la producción, en un marco en el que las lógicas de consumo exigían un banano sin manchas y estéticamente perfecto, lo que se lograba con la dependencia a los agroquímicos. En este sentido, la “Carta de un obrero bananero costarricense a un consumidor alemán”48 buscaba la articulación de un movimiento de consumidores que comprendiera los riesgos a los que se exponía la población bananera, para producir un banano que se adecuara a los patrones de consumo alemanes.

Es importante señalar que el Foro Emaús fue una red de organizaciones que luchó por la defensa de los derechos humanos, por la salud, por el derecho a la participación sindical y, que si bien acompañó las demandas de trabajadores bananeros que buscaron una indemnización, no necesariamente esta articulación política y social puede entenderse como sinónimo del movimiento de los trabajadores bananeros afectados por el DBCP. A diferencia de lo que han señalado Barraza y otros autores en su estudio,49 donde la mayor parte de las personas entrevistadas conoció el Foro y a sus principales representantes, no todas las personas entrevistadas para este trabajo estaban enteradas de la existencia de esta red o conocieron a sus principales figuras.

Ahora bien, otra forma organizativa que puede contemplarse en este mismo nivel fue el Frente Nacional de Mujeres Afectadas por Tóxicos (FRENAMAT).50 De acuerdo con Kattel Mahieau,51 esta organización de mujeres surgió con el apoyo de la organización Servicio Paz y Justicia-Costa Rica (SERPAJ-CR), de la CODEHU y CODEHUCA, tal y como se relata en la siguiente transcripción:

“las mujeres afectadas crearon en Agosto de 1995 el Frente Nacional de Mujeres Afectadas por Tóxicos, con el apoyo de SERPAJ-CR. Ellas se encuentran en una situación muy difícil, primero físicamente: se quejan de múltiples dolores de huesos, de cabeza, de estómago, alergias y problemas de vista. Muy a menudo, son totalmente estériles, o han tenido uno o varios abortos. Sus hijos que nacieron o crecieron dentro de la plantación bananera tienen también graves problemas de salud -como por ejemplo leucemia- así como de crecimiento o/y aprendizaje. Pueden tener aun malformaciones congénitas”.52

Como se muestra a continuación, la experiencia organizativa de FRENAMAT buscó, mediante el recorrido de distintos lugares de la región Caribe, levantar listados de los padecimientos de las trabajadoras bananeras que estuvieron expuestas al DBCP, dado que las empresas bananeras reconocieron la esterilidad masculina como la única afectación comprobada. Como señaló uno de los entrevistados:

“decidimos ir los sábados y los domingos durante ese año, año y medio, incluso, a los lugares, a las comunidades, verdad, allá de Cariari, al Patio San Cristóbal, en Guácimo, Siquirres, ir a asambleas en las comunidades porque mucha gente no estaba informada y segundo porque era importante llegar donde estaba la gente afectada, porque es un daño, una enfermedad que queda y que la persona por vergüenza, porque no tiene fondos, gente muy pobre que estaba muy enferma, que no podía salir, era más fácil llegarle”.53

Estas mujeres se organizaron con el fin obtener el “reconocimiento legal” de aquellos padecimientos que, de acuerdo con su relato, habían desarrollado producto de la afectación por el DBCP.54 De la misma manera, lucharon por tener acceso a profesionales de la salud que realizaran los exámenes correspondientes, para conocer, con certeza, sus padecimientos.

En síntesis, estas experiencias organizativas muestran el surgimiento de redes de organizaciones que buscaron objetivos distintos. El Foro Emaús fue una iniciativa que posicionó la denuncia por la afectación por el DBCP, en el marco de la producción bananera en general; es decir, esta forma organizativa logró posicionar en el ámbito público una discusión sobre las consecuencias de la producción bananera que trascendió la discusión en torno al Nemagón. Por su parte, la experiencia de FRENAMAT posibilitó la construcción de un espacio para potenciar la organización de las mujeres.

Organizaciones de carácter sindical

Como señala Giralt,55 las organizaciones de carácter sindical jugaron un papel muy importante en el posicionamiento de las demandas de la población trabajadora de las bananeras. Durante el decenio de 1980, las organizaciones que destacaron en el posicionamiento del tema en el espacio público fueron: la Unión de Trabajadores Agrícolas de Limón (UTRAL), el Sindicato Industrial de Trabajadores Agrícolas y Ganaderos de Heredia (SITAGAH) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). En la década de 1990 y siguientes, participaron en el proceso la Asociación en Defensa de los Trabajadores y el Medio Ambiente (ASOTRAMA), la Coordinadora de Sindicatos Bananeros (COSIBA), el Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros (CONATRAB) y el Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones (SITRAP). En este proceso, algunas organizaciones de trabajadores se transformaron y, si bien se identificaban como sindicato y jugaron un papel central en la articulación de las demandas de la población afectada, al momento de realizar la entrevista, habían reorientado su accionar, como sucedió con ASOTRAMA. Asimismo, surgió CONATRAB como una nueva organización vinculada directamente a las demandas por el DBCP. De esta forma, confluyeron en este escenario sindicatos consolidados, sindicatos transformados y nuevas formaciones.

De acuerdo con las entrevistas, la constitución de CONATRAB se potenció a partir del convencimiento de que las organizaciones sindicales existentes no habían realizado acciones concretas para atender la situación de la población bananera. Según el fundador y líder de esta organización, desde 1992 se habían dado arreglos extrajudiciales que habían perjudicado a los trabajadores bananeros. De esta manera, en 1992 la abogada costarricense Marlene Chaves y el abogado estadounidense Fred Misko, firmaron un acuerdo de pago extrajudicial con la Standard Fruit Company, por $80.000. Esta abogada no se volvió a involucrar en el proceso de cobro de indemnizaciones, dado que había firmado un contrato con Misko, en el que se comprometía a no presentar demandas. Fue así como la abogada Susana Chaves, sobrina de Marlene Chaves, ingresó al escenario político de la lucha por las indemnizaciones, quien, en 1997, firmó un nuevo arreglo por $40.000 con Misko. En el marco de la firma de este nuevo contrato, los trabajadores bananeros recibieron $100, por el reconocimiento de gastos, tal y como se expuso anteriormente. Un nuevo pago se canceló en el año 2006, con la firma de un nuevo acuerdo entre Chaves y Misko.56

En este contexto, que el representante de CONATRAB describió de desinterés por la situación de los trabajadores bananeros, un grupo de personas, encabezadas por un dirigente de distintas luchas sociales, se cuestionó el papel que habían jugado los sindicatos y los bufetes de abogados en el conflicto. De esta manera, después de una serie de encuentros en distintas zonas del país, se fundó CONATRAB, organización que ejerció un papel central en las acciones de finales de la década de 1990 y principios de la década siguiente. A continuación, se presenta un extracto de la entrevista en la que se habla del surgimiento de esta organización:

“Entonces yo me empiezo a reunir en la casa con los dos […57…] y les digo ‘hagamos una estrategia, de lucha eso sí, aquí vamos a tener que hacer huelga, vamos a tener que cerrar carreteras, vamos a tener que hacer una campaña internacional porque aquí hay dos instancias que tienen que dar cuentas: las empresas privadas, pero también el Estado’. Entonces ellos me dicen ‘pero ¿el Estado por qué?’ y ya empiezo a explicarles mi visión. Entonces, yo planteo ‘suave, hay que hacer un sindicato nuevo, hay que hacer un sindicato nuevo porque ninguno de los sindicatos viejos hizo nada, nada, pero es nada, ¿ok? Hay que hacer un sindicato nuevo, hay que conseguir información, hay que darle información a la gente para que sepan lo que pasó y hay que pelear nuevos arreglos extrajudiciales’. La gente sin información va a seguir siendo engañada porque la gente no tiene información”.58

De acuerdo con Cordero,59 esta organización se fundó el 13 de marzo de 1997, luego de que se conformaran comités en distintas partes del país, como Río Frío, Pococí, Siquirres, Limón, San José, Puntarenas, Nicoya, Santa Cruz y Ciudad Neilly. Esta organización protagonizó las protestas del año 2000, que posibilitaron la aprobación de la ley Nº 8130, aprobada un año después, y con la que se han gestionado las indemnizaciones. Para su aprobación fue fundamental la coyuntura política del año 2000, dadas las distintas acciones colectivas de protesta que se realizaron durante marzo y abril de ese año, en el marco de las protestas conocidas como “Combo ICE”.60

De esta forma, en el mes de febrero del año 2000 una serie de manifestaciones se realizaron frente a la Casa Presidencial, para solicitar la atención de quienes se encontraban afectados por el DBCP.61 El 29 de julio de 2000, CONATRAB protagonizó movilizaciones y bloqueos en Barranca, en la provincia de Puntarenas; en Guápiles, Siquirres y Valle de la Estrella, en la provincia de Limón; en Palmar Norte; en Santa Cruz y en la entrada del ferry del Río Tempisque, en Guanacaste; así como frente a la Catedral Metropolitana, en San José.62 El 12 de diciembre del año 2000, la prensa reportó un bloqueo que se realizó en Guácimo, en la provincia de Limón, dirigido, también, por CONATRAB. De acuerdo con la fuente, en este bloqueo participaron alrededor de 700 personas, entre agricultores y afectados por el DBCP; los primeros solicitaban el pago de una indemnización por pérdidas en sus cosechas; los segundos, una indemnización por el agroquímico.63

Debido a que esta protesta terminó con la intervención de la Fuerza Pública, 57 personas resultaron heridas y los dirigentes de la manifestación fueron detenidos. Un día después, Rogelio Ramos, ministro de seguridad pública, informó que se habían interpuesto las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, dado que quienes participaron en la protesta tenían pistolas y machetes, por lo que se les abriría procesos judiciales por el delito de portación de armas y privación de libertad. El ministro señaló que estos dirigentes habrían retenido a cuatro oficiales de seguridad, como mecanismo de presión para que estos liberaran a otras personas que participaron de la protesta.64 Entre los acuerdos que pusieron fin a este conflicto, se acordó empezar a trabajar de manera conjunta en la redacción de un proyecto de ley que permitiera indemnizar a la población expuesta a este agroquímico.65 Posteriormente, se abrió un proceso judicial en el que se acusó de secuestro extorsivo a Orlando Barrantes, líder de CONATRAB.

La aprobación de la ley Nº 8130, en el año 2001, estuvo marcada por una serie de discusiones en el espacio legislativo, en torno a quién podía considerarse el responsable de la afectación por el Nemagón y, por ello, si el proyecto de ley, que había ingresado al debate legislativo como iniciativa de la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), debía ser aprobado o no. Por una parte, diputados como Otto Guevara, del partido de derecha Movimiento Libertario (ML), negaban la responsabilidad del Estado en el proceso de afectación, con el argumento de que habían sido las empresas bananeras las responsables de causar el daño; por ello, estas eran las responsables de resarcirlo. De acuerdo con este discurso, el proyecto de ley presentado no debía aprobarse, dado que “los costarricenses” y el fondo de riesgos del trabajo del INS no tenían por qué asumir el pago de las indemnizaciones. Asimismo, Guevara planteaba que era probable que muchas personas pudieran recibir la indemnización, aun sin tener algún tipo de enfermedad, razón por la cual era fundamental conocer, antes de la aprobación del proyecto, cuántas personas se encontraban afectadas y cuáles eran los padecimientos que tenía dicha población. Guevara señaló:

“En este caso, me preocupa que estén reconociendo una indemnización por una supuesta negligencia gubernamental, de hasta un monto máximo de seiscientos ochenta y tres mil colones por persona, que van a ser cubiertos con recursos del Instituto Nacional de Seguros, de la “buchaca” que haya para los riesgos del trabajo”.66

La preocupación planteada por el diputado libertario era si había suficiente dinero para cubrir todas las indemnizaciones y si los empresarios cotizarían al fondo de riesgos de trabajo o si, posteriormente, se les solicitaría mayores recursos, a fin de financiar dicho fondo. En el segundo debate, Guevara se opuso a la aprobación de la ley, con base en la tesis de que algunas personas se aprovecharían de las condiciones de vulnerabilidad de quienes se habían visto afectados por el DBCP. De acuerdo con el diputado, el proyecto:

“se presta para que algunas organizaciones empiecen a levantar listados de personas para meterlos en las listas de beneficiarios, cobrarles una suma determinada y abusar de personas que tienen la esperanza de ganarse tal vez alguna indemnización y son utilizados por algunas organizaciones -inclusive- con fines politiqueros”.67

Frente a este posicionamiento, José Merino del Río, diputado del partido de izquierda Fuerza Democrática, si bien entendía que las empresas eran responsables del proceso de afectación, reconocía que el Estado y las instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el MINSA o el MTSS habían tenido un rol fundamental en el proceso de afectación por este agroquímico. De allí que resultaba necesario que el Estado asumiera la responsabilidad con este tipo de trabajadores. Ante el cuestionamiento del diputado libertario, José Merino señaló:

“Es propio de un Estado democrático de derecho reconocer -como se hace en este proyecto- que si hubo omisión por parte del Estado y si los trabajadores no pudieron obtener la indemnización a la que tenían derecho por medio de las empresas, el Estado tiene una responsabilidad subsidiaria en este tema. El Estado tiene una responsabilidad y si los anteriores gobiernos no han querido reconocer o ejecutarla y este gobierno lo hace, no es un problema de campaña electoral, porque es una lucha de la cual he sido testigo que lleva más de diez años planteándose”.68

Una vez aprobada la legislación, en el año 2001, la prensa dio cuenta de una serie de acciones colectivas realizadas con la finalidad de solicitar el pago de la indemnización. Concentraciones, tomas de edificios, huelgas de hambre y bloqueos en distintas partes del país, como en Limón, Siquirres, Guácimo, Guápiles, en la región Caribe, en Nicoya y Santa Cruz, en la provincia de Guanacaste, así como en Pérez Zeledón, se realizaron para solicitar el pago. Estas acciones, organizadas por CONATRAB, se mantuvieron en los años siguientes, cuando el pago de indemnizaciones no se había concretado para algunos trabajadores. En el año 2002, CONATRAB protagonizó una nueva jornada de protesta, con manifestaciones en Limón, Siquirres y Guápiles, en la provincia de Limón, y Nicoya y Santa Cruz, en Guanacaste, con el fin de que se cancelaran las indemnizaciones pendientes.69 Un año después, las mujeres afectadas por el agroquímico tomaron las instalaciones del INS, para que se les cancelara el pago que, de acuerdo con el líder de CONATRAB, se encontraba con un día de retraso.70 También se realizaron manifestaciones con el objetivo de que se indemnizara a las esposas de los hombres afectados por el DBCP.71 Durante el año 2004 se realizaron una serie de protestas, debido al no pago de las indemnizaciones.72

Ahora bien, otras organizaciones sindicales cumplieron una importante función de acompañamiento de los trabajadores bananeros, mediante el mecanismo de obtención o cobro de una indemnización; por la vía del establecimiento de alianzas con bufetes de abogados para llevar a cabo el trámite de demandas de carácter internacional o mediante la realización de gestiones para interponer los casos en el INS. Sobre la participación sindical en la consecución del pago de indemnizaciones, por ejemplo, el Secretario de Salud Ambiental y Ocupacional del SITRAP señaló que este sindicato participó en una serie de acciones que condujeron al arreglo con la empresa Chemical Dow en 1992. Este arreglo benefició a alrededor de 500 o 600 trabajadores, a quienes se les canceló un monto de alrededor de los 7.000 y 7.500 dólares.73 Sobre estos trámites, el entrevistado del SITRAP indicó que el sindicato nunca cobró una cuota por recibir asesoría y acompañamiento en la gestión de dichos procesos. Incluso, quienes deseaban hacerlo, aún sin ser afiliados, pudieron acercarse a la organización para recibir el servicio brindado.

Por su parte, COSIBA fue una de las organizaciones, cuyos afiliados participaron en un arreglo extrajudicial que se realizó entre trabajadores y Dole, en el año 2011. Este acuerdo benefició a 1000 trabajadores afectados de Honduras, 3153 de Nicaragua y 780 de Costa Rica.74 El pago de este arreglo, propiciado por el bufete Provost Umphrey, se dio en el año 2012 únicamente a hombres.75 A pesar de la remuneración económica recibida por la población masculina, la persona entrevistada señaló que muchas fueron las dificultades que surgieron de este proceso, en particular, porque los trabajadores no estuvieron enterados de todos los detalles de la indemnización, a pesar de que se había acordado que iban a ser consultados al respecto. Adicionalmente, los montos de la indemnización no lograron satisfacer a los trabajadores, ya que en algunos casos no alcanzó los $500 y estos no pudieron establecer quejas. De la misma manera, los trabajadores no recibieron el monto total de la indemnización, ya que, de acuerdo con la entrevistada, los honorarios otorgados al bufete fueron sumamente altos. Sobre estos problemas, la mujer entrevistada señaló:

“que no iban a tomar ninguna decisión sin contar con los trabajadores, que si, ejemplo, las compañías ofrecían pagar cinco colones, que ellos primero venían a consultarlo aquí con la gente. Eso no se hizo. Más bien lo que se hizo fue algo como burla. ¿Por qué? Porque de la gente que le pagaron que se suponían que eran más de cien mil dólares, que yo inclusive nunca quise utilizar números por lo mismo. Yo les decía ‘Don Manuel dice tal y tal cosa, pero yo no utilizo números porque no quiero que el día de mañana me digan «usted me dijo que me iban a pagar tanto»’ y, entonces, bueno. Pero sí, ahora, a resumidas cuentas, hubo gente que lo que le pagaron fueron 500 dólares”.76

Ahora, sobre la tramitación de solicitudes de pago de indemnización en el INS, los sindicatos han realizado labores diversas. Por ejemplo, SITRAP sí realizó ese tipo de acciones, destinando a una persona exclusivamente para ello, mientras que COSIBA lo realiza únicamente si la persona encargada de atender a la población trabajadora va a realizar alguna gestión a San José, ya que en muchas ocasiones hay personas que no tienen dinero para viajar y realizar las gestiones correspondientes.77 Así, esta mujer realiza tal función cuando tiene el dinero de los pasajes para trasladarse.

Organizaciones como ASOTRAMA estuvieron involucradas en la lucha por el reconocimiento de indemnizaciones por la afectación por el DBCP, pero posteriormente, vivieron una transformación y se dedicaron a la prestación de otros servicios. Esta transformación se debió a la llegada de nuevos dirigentes que cambiaron el carácter sindical que inicialmente tuvo la organización. La dinámica sindical fue descrita como una fase en la que la “parte revolucionaria” imperaba en la organización, periodo que fue dejado de lado, tal y como se puede observar en la siguiente cita:

“ASOTRAMA nace legalmente hace 17 años, el 12 de febrero de 1995. En aquel entonces, pues a pesar de que era una asociación, fungía como un sindicato. A nivel de líderes se manejaba un tanto la línea del sindicato y eran un poco extremistas, se tomaban sus medidas, hacían huelgas, si había que llenar un poco de buses con gentes se iban y se paraban en equis lugar a hacer una manifestación. Se hacían notar mediante la fuerza, verdad. Hace más o menos unos 9 años para acá la organización dio un giro, ya apuntando a la parte más como asociación, ya no como sindicato. De hecho, de ese tiempo hacia a atrás, de hace 9 años para atrás es cuando se veían los casos de Nemagón. De los 9 años acá no se volvieron a ver casos. Lo que tengo entendido es que esos casos, como le había mencionado, se le trasladaron a un abogado, en realidad no sé ni quién es, porque cuando yo llegué se había desacoplado de la organización como tal. Actualmente a lo que estamos es abocados a prestar servicios socioeconómicos”.78

Entre los servicios brindados por la asociación se encuentran el servicio de afiliación al Convenio de Aseguramiento de trabajadores independientes de la CCSS, el Fondo de Cobertura Fúnebre, que reciben los afiliados por el pago de 900 colones mensuales, así como, el pago de servicios públicos y la recarga de teléfonos celulares.

En síntesis, en el trabajo realizado por los sindicatos se observa una clara distinción entre CONATRAB, que recurrió a la protesta para concretar la aprobación de la ley Nº 8.130, en el año 2001, frente a la estrategia seguida por otras organizaciones, que establecieron labores de acompañamiento y alianzas con bufetes de abogados para tener acceso a la indemnización. Este tipo de forma organizativa da cuenta de las dificultades de las organizaciones sindicales en un contexto de debilitamiento, como lo evidencia tanto el caso de ASOTRAMA como la represión sufrida por CONATRAB.

“Gavilanes”

Con respecto a quienes organizan a la población trabajadora para que puedan tener acceso a una indemnización por parte del INS, personas conocidas con el nombre de “gavilanes”, se tuvo la posibilidad de establecer vínculo con uno de ellos, específicamente, durante el primer semestre del año 2012. Este encuentro se posibilitó debido a la realización de una movilización de trabajadores provenientes de distintas zonas del país, entre ellas el Caribe y las provincias de Puntarenas y Guanacaste. Él se encontraba frente a la Asamblea Legislativa, el 12 de abril de 2012, como organizador de los trabajadores bananeros presentes en la manifestación. Dicha persona se dedica a estas funciones desde el año 2006.

Al realizar la entrevista,79 esta persona planteó que si bien él no estaba en desacuerdo con la existencia de los sindicatos, estos nunca ofrecieron soluciones reales para la población afectada por el DBCP. Por el contrario, desde su perspectiva, los sindicatos cobraban sumas excesivas de afiliación a las organizaciones, como requisito para recibir una asesoría o llevar los trámites con el fin de obtener una indemnización. De acuerdo con este entrevistado, con el dinero de las afiliaciones, sindicatos como CONATRAB o COSIBA, atendieron los gastos de edificios, salarios y papelería, “todo pagado con dinero de los trabajadores”,80 sin que necesariamente se atendieran las demandas concretas de la población trabajadora. En relación con CONATRAB y con su líder Orlando Barrantes, la persona entrevistada señaló que lejos de aportar soluciones a las problemáticas, los sindicatos y, en especial CONATRAB, habían expuesto a la población afectada a la represión policial, utilizando “a los trabajadores como carne de cañón”.81

Un aspecto central del intercambio sostenido fue el hecho de que el dinero de afiliación a un sindicato es percibido como uno de naturaleza distinta con respecto al “dinero de representación” que solicita un “gavilán”. Así, el dinero de afiliación a un sindicato es utilizado en la subsistencia de las organizaciones y sus líderes, pero nunca en beneficio de los trabajadores. La persona entrevistada se negó a decir cuánto dinero debe pagar un trabajador para recibir sus servicios, al que llamó “dinero de representación”, y que es concebido como una bonificación limitada y simbólica hacia una persona que únicamente se encuentra interesada en ayudar a las personas afectadas, para lo cual, les facilita su labor de traslado desde la provincia de Limón, Guanacaste o Puntarenas hacia San José, para iniciar los trámites en el INS.

El vínculo de los trabajadores con esta persona puede definirse como una relación de profundo respeto y agradecimiento por todas las acciones y los sacrificios que esta realiza para satisfacer sus necesidades. Como lo señaló Gómez para el caso nicaragüense,82 los trabajadores se identifican y se autodenominan con el nombre del líder. Los trabajadores con los que se pudo tener conversaciones y compartir en el marco de estas manifestaciones señalaron que ellos eran “el grupo del líder tal” y de inmediato mencionaron el nombre de su líder. Al igual que sucede en el caso de los abogados independientes que cumplen funciones como estas, los trabajadores se llenan de expectativas y de esperanzas ante el eventual pago de una indemnización que les ayude a solucionar sus problemas de carácter económico, dado que el beneficio que otorga el INS es un beneficio de esa naturaleza.

Por su parte, los dirigentes de organizaciones sindicales consultadas hicieron una lectura de los llamados “gavilanes” y sus labores, a quienes identifican como gente que roba a la población bananera. Por ejemplo, desde la perspectiva del dirigente de CONATRAB, los llamados “gavilanes” no se encontraban insertos en la dinámica de lucha por el Nemagón a inicios del año 2000, momento en el que se discutió el proyecto aprobado en el 2001. Sin embargo, desde su óptica, estos se han posicionado con mayor fuerza durante los últimos años y, al momento de realizar la entrevista tenían una significativa presencia en las formas organizativas de lucha, en particular, con las gestiones parlamentarias del partido Frente Amplio. Según las palabras de este dirigente, los “gavilanes” “ahí están, son más y ya roban más”.83 Otro de los entrevistados indicó que en ocasiones las organizaciones de carácter laboral, como los sindicatos, podían establecer relaciones con los llamados “gavilanes”, o incluso, llegar a comportarse como tales, como se evidencia en la siguiente cita:

“hay otros grupos que se dicen denominar organizaciones que luchan por esta causa, pero que están así, mancomunados con ‘gavilanes’. Y ponen a los ‘gavilanes’ a trabajar en función de obtener recursos, pedir plata para llevar el caso, contribuir aquí, contribuir allá, entonces, se convierten en ‘gavilanes’, en organizaciones incluso tipo ‘gavilanes’, verdad, que tienen sus tentáculos, esos son otro grupo”.84

A pesar de distintos intentos de realizar entrevistas con abogados, todos fallidos, en las entrevistas realizadas fue frecuente la mención a los abogados que propician la organización y la movilización de los trabajadores, principalmente hombres, en distintas comunidades de la región, con el objetivo de obtener una indemnización. De esta manera, la intregrante de COSIBA señaló haber conocido abogados que cobraban 10 mil colones por persona, en cada reunión realizada, como mecanismo promovido para la eventual obtención de una indemnización. Al respecto, esta entrevistada señaló:

“Yo tengo una amistad que el hijo de ella es abogado y un día la llamé y estuve conversando con ella y le pregunté por el hijo de ella, ‘mirá’, me dice ‘vieras que le está yendo muy bien’, dice, ‘se graduó de abogado y está llevando los casos del Nemagón’, pero ella no sabe que yo trabajo con el Nemagón. ‘Ajá’ le digo, ‘sí claro, se van al Emilia, en Guápiles, no sé cada cuánto, pero les va muy bien porque a ese muchacho a veces le llegan hasta dos millones de pesos’. Y ¿qué es? Que le saca 10 […85…], según me contaron, había filas, había reuniones de hasta 400 personas”.86

En síntesis, a pesar de que solo se tuvo acceso a una entrevista con este tipo de persona, no se puede negar que esta es una forma organizativa informal, con una gran capacidad de movilización y reconocimiento, guiada por un líder carismático, que cumple funciones de mediación entre una institucionalidad pública vallecentralista y la población necesitada de sus servicios. Esta figura, reconocida en la región no solo por su vínculo con la lucha por el DBCP, sino relacionada con los servicios de salud o vivienda, requiere de un mayor análisis en futuras investigaciones.

Después del Nemagón

Uno de los hallazgos tras la realización de las entrevistas es que los actores se acusan mutuamente de las acciones, las estrategias políticas y los resultados obtenidos. Estas personas se responsabilizan, al indicar que tanto unos como otros “no han cumplido” con la tarea de encontrar soluciones concretas para la población afectada por el DBCP. Es así como los dirigentes sindicales acusan a los llamados “gavilanes”, mientras que los “gavilanes” acusan a los dirigentes de las organizaciones sindicales. A su vez, esta acusación es planteada entre líderes que señalan que algunos sindicatos posicionaron las demandas de manera conjunta con “gavilanes”, mientras que otros denunciaron que algunos sindicatos se comportan como “gavilanes”, acusación que también se plantea ante el proceder de los abogados.

En el proceso de realización de las entrevistas, al indagar en torno a la construcción o la articulación de las capacidades organizativas por parte de los trabajadores bananeros afectados por el DBCP, se buscaba comprender cómo se mantenían, se transformaban y se articulaban las capacidades organizativas de los grupos y las personas afectadas por el uso de este agroquímico, con nuevas expresiones de su demanda o incluso con el surgimiento de nuevas reivindicaciones, considerando que mucha de la población afectada no tiene pensión y sigue laborando en condiciones de enfermedad, ya sea en las bananeras o piñeras, como guardas de seguridad o empleados de construcción, como se pudo constatar en entrevistas realizadas con trabajadores bananeros. Sin embargo, al consultar al respecto, se encontró que la mayor parte de las personas vinculadas a las distintas formas organizativas no mantenían vivas sus demandas mediante nuevas acciones que ellas mismas definieran o no se encontraban construyendo nuevos vínculos, al decir de Raúl Zibechi.87 Por lo general, la demanda se apagó ante la indemnización económica y muy pocas personas se vincularon a otras organizaciones o luchas tras haber obtenido la indemnización.

En este sentido, las distintas personas consultadas señalaron que los trabajadores bananeros no lograron, posterior al pago de la indemnización, mantenerse activos en la lucha por otras demandas vinculadas a las problemáticas del Caribe o sus comunidades. Incluso, cuando se consultó al respecto, el tono de las respuestas se dirigía a aclarar que la lucha se encontraba exclusivamente enfocada a las demandas relacionadas con las consecuencias de la aplicación del Nemagón, como si fuese un error político o una falta de parte de la entrevistadora preguntar si la lucha por el Nemagón había posibilitado la ampliación de nuevos espacios en los que posicionar otras reivindicaciones o la articulación con otros actores.88 Ante esta pregunta, uno de los fundadores del Foro Emaús señaló:

“No, no queda. Ahorita no conozco a nivel de la provincia de Limón una organización que después de la indemnización se mantenga trabajando por la defensa de otros derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho al ambiente o vamos a luchar para que en la finca no se sigan aplicando productos químicos que puedan ser perjudiciales, o saber si en este momento están utilizando productos químicos que pueden ser peores que el Nemagón, o sea, eso no existe, bueno, al menos yo no lo conozco que se estén dando ese tipo de cosas”.89

Con respecto a los problemas de salud ocupacional y a la salud de las personas que habitan la región Caribe, una de las entrevistadas lanzó una fuerte crítica a las organizaciones e instituciones que existen en dicha región, que, desde su perspectiva, “neutralizan” políticamente a los grupos y actores sociales, como se muestra en la siguiente cita:

“aparecen los EBAIS, que cierto que era una cuestión interesante porque viene de un país donde, donde funcionaba mucho, entonces ahí se organiza la gente únicamente como para que el médico llegue y les dé las pastillas, nunca para mejorar su salud. Yo siempre cuestiono, ¿qué son las Juntas de Salud? Nada más para que funcione un centro EBAIS, pero nunca para que se haga una investigación seria sobre una epidemia, sobre…, nada de eso. Entonces, como que hay mecanismos que neutralizan la organización, o sea, los tienen entretenidos en una supuesta organización, pero están neutralizados todos. Lo mismo pasa aquí, aquí, a mí me hace una gracia porque aquí me piden la sala tienen que pasarla para reunirse los del dengue, porque luchan por la salud, pero lo único que andan persiguiendo es el mosquito [risas], y yo digo, pero hay otras cosas que pueden hacer”.90

La argumentación de la fundadora del Foro Emaús permite señalar que, después del Nemagón, las luchas por la defensa de la salud en la región Caribe, en el marco de la expansión de los monocultivos y del uso de los agroquímicos, se encuentran “neutralizadas”. Es decir, la organización existente, la cual no es perseguida ni reprimida políticamente, es aquella que de alguna manera deja intactas y no cuestiona las dinámicas laborales y de producción y sus consecuencias en los cuerpos y en la reproducción de la desigualdad. Este tipo de organización tendría su similitud con la lucha por la indemnización económica, la cual individualiza un problema colectivo y establece una suma de dinero a la afectación de los trabajadores, potenciando la “neutralización política” de las formas organizativas del Caribe.

Reflexiones finales

Desde la aparición de las plagas en la producción del banano, la población trabajadora de las bananeras encontró distintas formas de plantear sus demandas políticas, tras una forma de producción que enfermaba los cuerpos. Como se expuso en este artículo, la producción del monocultivo del banano pasó por el “mal de Panamá”, la sigatoga, la sigatoga negra y los nematodos, para los que se idearon distintas estrategias productivas.

En este artículo se expusieron las principales formas organizativas a las que recurrieron los trabajadores bananeros afectados por el Nemagón, en el periodo 1990-2010. En este proceso surgieron distintas formas organizativas; algunas con una composición interna sumamente diversa de actores e intereses, frente a otras más homogéneas en su composición. Unas expresiones organizativas tuvieron diversos grados de articulación en relación con las problemáticas vividas en la región Caribe, con respecto a aquellas agendas políticas monotemáticas, que no buscaban desarrollar este tipo de cuestionamientos.

El Foro Emaús, por ejemplo, vigente entre los años 1992-2009, fue una de las organizaciones con una mayor diversidad de intereses, justamente, por la diversidad de actores que se agrupó en esta red de organizaciones sociales. Si bien en este artículo se han analizado sus posicionamientos con respecto a la producción bananera, esta red tuvo un amplio trabajo político que, también, tejió vínculos en toda la región Caribe. Por su parte, las organizaciones sindicales jugaron un papel muy importante de acompañamiento de la población trabajadora bananera afectada por el agroquímico e, incluso, la coyuntura política potenció la conformación de organizaciones enfocadas en el tema de la afectación por el DBCP, como es el caso de CONATRAB, sindicato fundado en 1997. Como se ha señalado, la organización sindical que acompañó estos procesos desempeñó roles distintos, que recurrieron tanto a la denuncia como a la protesta, como en los casos de CONATRAB y SITRAP; así como cumplieron funciones de acompañamiento de los procesos de indemnización, ya fuera con el INS o con los bufetes de abogados. En este marco, uno de los hallazgos de este artículo refiere a la conflictividad y las críticas existentes entre los distintos sindicatos, así como sus transformaciones, como en el caso de ASOTRAMA, que evidencian que el proceso de debilitamiento sindical continúa vigente para este tipo de trabajadores, sin que se vislumbre el surgimiento de organizaciones fortalecidas en búsqueda de mejores condiciones para la población trabajadora de los monocultivos.

La incorporación del “gavilán” en este proceso político muestra el surgimiento de una figura informal y politizada, que se aprovecha del debilitamiento y la crítica al sindicalismo por parte de la población trabajadora, con la estrategia de gestionar promesas de una indemnización por la esterilidad masculina, sin construir ningún tipo de vínculo con las problemáticas que se viven en la región. Esta figura, digna de un mayor análisis en otros procesos de investigación, surge de la dificultad estatal de atender los conflictos regionales en los territorios en los que estos se producen, lo que propicia la creación de intermediarios entre el Estado y sus habitantes, en el marco de relaciones ya marcadas por la distancia y el olvido. El “gavilán”, respetado y admirado por los trabajadores, tiene la capacidad de movilizar a la población bananera de distintos lugares del país hacia el centro de San José, con el objetivo de brindar apoyo político a partidos, como el Frente Amplio, como se señaló anteriormente. En ese sentido, la figura del “gavilán”, si bien se presenta como despolitizada con respecto a los sindicatos y los políticos, reconstruye la política, dados los vínculos que ha logrado establecer con organizaciones partidarias. El recurso movilizador de este proceso ha sido el dinero, lo que ha generado amplias expectativas en los trabajadores y sus familias, así como una fuerte disputa con respecto a la posibilidad de acceder a las millonarias indemnizaciones, tema que se trabajará en otro texto.

La impronta económica que tuvieron las formas organizativas analizadas en este artículo, señalamiento del que se excluye el trabajo político del Foro Emaús, evidencia la dificultad que tuvieron los actores para imaginar reivindicaciones que fuesen capaces de trascender la demanda estrictamente económica, con el objetivo de posicionar una reflexión a más largo plazo y de mayor alcance sobre las problemáticas que vive la región Caribe.

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