Agua para unas comunidades y para otras no. Conflictividades y contradicciones en torno al agua para consumo humano en los territorios de Ujarrás y Conte Burica, Puntarenas, Costa Rica

Public Policies and Conflicts Over Water in Two Indigenous Territories in the Province of Puntarenas, Costa Rica

Água para uns e não para outros. Conflitos e contradições em relação à água para consumo humano nos territórios de Ujarrás e Conte Burica, Puntarenas, Costa Rica

Ana Lucía Mora González*

Resumen: El artículo presenta una primera aproximación al análisis de la relación entre políticas públicas y conflictividades en torno al agua para consumo humano en tres comunidades pertenecientes a dos territorios indígenas de la provincia de Puntarenas: la comunidad de Alto Conte en el territorio indígena ngäbe Conteburica y las comunidades de Ujarrás y Guanacaste, en el territorio indígena cabécar Ujarrás. A partir de lo anterior, el trabajo también evidencia las diferentes formas de gestión social del agua presentes en las comunidades indígenas ante la ausencia de suministro de agua por cañería, así como las contradicciones internas y de distribución ecológica a las que son sometidos los territorios en estudio, lo cual, a su vez, se convierte en riesgos sanitarios y de calidad de vida.

Palabras claves: agua potable; recursos naturales; política gubernamental; historia; cuestiones étnicas; territorio ocupado.

Abstract: This article presents a first approach to the analysis of the relationship between public policies and conflicts over water for human consumption in three communities belonging to two indigenous territories in the province of Puntarenas: the Alto Conte community in the Ngäbe Conteburica indigenous territory and the communities of Ujarrás and Guanacaste, in the indigenous territory Cabécar, Ujarrás. Based on the previous information, the work also shows the different forms of social water management present in indigenous communities in the absence of piped water system supply, as well as the internal contradictions and the ecological distribution of water in the territories that are being studied, which in turn become health risks and quality of life.

Keywords: drinking water; natural resources; government policy; history; ethnic issues; Occupied territory.

Resumo: O artigo apresenta uma primeira abordagem para a análise da relação entre políticas públicas e as conflitividades em torno da água para consumo humano em três comunidades pertencentes aos territórios indígenas da província de Puntarenas: a comunidade Alto Conte no território indígena Ngäbe Conteburica e as comunidades de Ujarrás e Guanacaste, no territorio Indígena Ujarrás. Partindo do ponto anterior, o trabalho também destaca as diferentes formas de gestão social da água presentes nas comunidades indígenas devido à falta de abastecimento de água encanada, bem como as contradições internas e a distribuição ecológica a que estão submetidos os territórios estudados, que por sua vez se transformam em riscos à saúde e à qualidade de vida.

Palavras chaves: água potável; recursos naturais; política do governo; história; questões étnicas; território ocupado.

Introducción

El artículo muestra la compleja relación entre políticas públicas, distribución ecológica, riesgo1 y conflictividades en torno al agua de consumo humano en comunidades de los dos territorios indígenas de la provincia de Puntarenas: Alto Conte, en el territorio Conteburica, Ujarrás y Guanacaste, en territorio indígena Ujarrás. Lo anterior, desde la conceptualización de políticas públicas como las respuestas –incluye la omisión– del sistema político-administrativo a una situación considerada inaceptable,2 a la que el mercado tampoco ha podido dar respuesta adecuada.3

De esta forma, el escrito inicia con una aproximación histórica a la condición de los territorios indígenas en estudio, seguido de una breve contextualización de la situación del recurso hídrico a escala nacional y una descripción del contexto socio-natural particular de cada uno de los dos territorios indígenas, para, posteriormente, conocer las relaciones entre las políticas públicas implementadas por instituciones formales y no formales, implicadas en el tema del agua en cada uno de los territorios indígenas en estudio y las conflictividades en torno al agua; se reconoce el agua como un bien común y un motivo de conflictividad en los territorios indígenas, debido a su importancia en todos los aspectos de la vida.

Aproximación histórica a los territorios en estudio

La legislación sobre los territorios indígenas y los derechos de los pueblos indígenas costarricenses ha experimentado un largo e inacabado proceso de reconocimiento de sus derechos. Desde 1939, a través del artículo 8 de la Ley General de Terrenos Baldíos,4 fueron impuestas, a conveniencia del Poder Ejecutivo, las delimitaciones de las primeras «reservas» indígenas,5 para «protegerlas» de injusticias y conservar estas poblaciones originarias. Posteriormente, pasarían más de 30 años para crear la nuevos «avances» a nivel legislación y procurar la protección de los pueblos originarios, con la creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI),6 la Ley Indígena de 19777 y, finalmente, con la imposición de formar nuevas instituciones8 de representación legal de las comunidades y de administración de los territorios, con la figura de Asociación de Desarrollo Integral Indígena (1982).9

Seguidamente, el avance más importante se concretaría hasta 1992, con la aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, mediante la Ley n.º 7 316,10 ante la ausencia de una legislación nacional más integral y respetuosa en materia de derechos indígenas. Por tal motivo, este convenio se ha convertido en la principal herramienta de respaldo para la recuperación de tierras usurpadas dentro de los territorios y de defensa de sus prácticas culturales. No obstante, esto también ha causado conflictos, pues ante la falta de una legislación nacional eficaz y de una ley de autonomía indígena, se han desencadenado conflictos entre indígenas y no indígenas por las recuperaciones de tierra, llegando incluso a agresiones y asesinatos violentos de líderes indígenas en dos territorios indígenas costarricenses: el asesinato de Sergio Rojas en el territorio indígena bribri de Salitre (2019) y el asesinado de Jehry Rivera en el territorio indígena bröran de Térraba (2020).

Finalmente, es necesario mencionar que en materia de autonomía indígena se han presentado dos proyectos de ley que aún no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa para reconocer las diferentes formas de organización propias y de desarrollo acorde con la cultura de cada pueblo indígena: el expediente legislativo n.º 12032 Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (2005)11 y más recientemente el expediente legislativo n.º 14 352 Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (2010).12

De esta forma, reconociendo este contexto nacional, es necesario conocer la historia de la formación de los dos territorios indígenas en estudio, por lo cual se comenzará con el territorio indígena cabécar de Ujarrás. Este territorio no fue creado inicialmente como un territorio exclusivo de la comunidad cabécar, sino que su origen se remonta a la creación del territorio «Ujarrás – Salitre – Cabagra» el 5 de enero de 1957.13 No obstante, trascurrieron casi 30 años para que nuevamente el Estado volviera a atender asuntos de este territorio, ante la emergencia de la invasión de tierras por personas no indígenas, tal como se muestra en el Decreto Ejecutivo n.º 5905-G, que incluye a este territorio dentro de las ocho zonas demarcadas como «reservas» indígenas declaradas como Zona de Emergencia Nacional14 ante «…la constante invasión de tierras que han soportado los indígenas de parte de personas no indígenas, con la consecuente devastación de sus territorios, así como el maltrato y abandono en que han tenido que vivir estos compatriotas indígenas» 15

No obstante, sería hasta 1982, cuando se divida la reserva única en tres «reservas» independientes, para así solucionar conflictos legales generados a partir de las diferencias de identidad de cada pueblo y cultura. De esta forma, el Instituto de Desarrollo Agrario –IDA, hoy INDER–, procedería a dividir la escritura única de la Reserva Indígena Ujarrás-Salitre-Cabagra en tres escrituras, conforme con lo establecido en el decreto.16 Mientras que en el caso del territorio Guaymí Conte Burica, esta fue creada más tardíamente, mediante la Ley Indígena n.° 6 172 y llamada inicialmente «Reserva Indígena de Burica».17

Metodología de investigación

El presente análisis parte de un paradigma interpretativo que recalca la relación entre políticas públicas, territorios indígenas y agua, con la premisa de que el agua para consumo humano es un elemento fundamental para la calidad de vida de las personas indígenas y el pleno disfrute de sus derechos. Asimismo, se reconoce que este se encuentra amenazado por múltiples factores, tales como: el cambio climático, el crecimiento demográfico, la deforestación, la usurpación de tierras, los cambios de uso de suelo, los incendios forestales y, finalmente, el abandono estatal.

Por tal motivo, se basa en la revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias. Entre las fuentes primarias se incluyen leyes y decretos, así como datos recabados mediante un conversatorio y dos talleres realizados en el marco del proyecto de investigación en curso «Gestión social del agua en los territorios indígenas desde la sociología visual. Casos seleccionados en las provincias de Puntarenas y Limón», desarrollados en el marco institucional de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Asimismo, se aclara que con el fin de cumplir con lo estipulado en el consentimiento informado aprobado por el Comité Ético Científico de esa misma casa de estudios, se utilizarán seudónimos para citar las transcripciones de los resultados de los talleres y conversatorios del proyecto de investigación.

Breve contexto del recurso hídrico nacional

Costa Rica ha realizado históricamente acciones de regulación de los recursos naturales. Sin embargo, en materia de recurso hídrico, el Estado siempre se ha decantado por regular mercantilmente la naturaleza,18 especialmente a partir de 1980, cuando el país comenzó a reducir la inversión a nivel de infraestructura de abastecimiento de agua, afectando especialmente obras en la periferia nacional –incluidas las poblaciones indígenas–.19 A pesar de eso, al 2018, según el informe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el 92,4 % de la población costarricense recibe agua de calidad potable; mientras el 7,6 % de la población restante no cuenta con acceso a agua de calidad potable, en tanto se abastecen de quebradas y pozos sin protección o de alguno de los 557 acueductos rurales que no suministran agua potable.20 Vale la pena indicar que, en este mismo informe, Puntarenas fue la segunda provincia con mayor cantidad de población abastecida con agua no potable en zona rural –52 906 personas–, categoría que incluye las zonas de los territorios indígenas en estudio.21

Si bien estos datos, por un lado, exponen la política pública estatal de preocupación por suministro de agua potable para la mayoría de la población del país; por otro lado, también evidencian la aplicación de una política pública por inacción estatal en el 7,6 % de la población restante, mediante la omisión como forma de hacer política pública, y justifica su falta de acción en la carencia de recursos para financiar las obras de abastecimiento de agua potable por cañería y falta de disponibilidad de fuentes de agua.

Lo anterior, siempre en el entendido de conceptualizar las políticas públicas como acciones del sistema político-administrativo a una problemática pública que el mercado no ha podido resolver.22 Asociado a lo anterior, también se encuentra el reconocimiento de que la acción u omisión manifestados en las políticas públicas se relacionan con las diferencias socioeconómicas y territoriales, que implican, además, problemas de distribución ecológica23 y conllevan distribuciones inequitativas de riesgos y, por ende, de peligro,24 cuyo patrón se repite muy de cerca en los casos de estudio.

No obstante, a partir del 2010, esta situación ha mostrado leves cambios debido al compromiso adquirido por el país para cumplir con lo establecido en la resolución 64/29225 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.26 Debido a lo anterior, el AyA, como institución rectora en el suministro de agua, ha realizado diferentes acciones para honrar el compromiso nacional adquirido por medio de esta resolución, por lo que a continuación se presentarán las acciones que la institución ha realizado en los dos casos de estudio.

Contexto socio-natural de los territorios indígenas de Ujarrás y Conte Burica

A continuación, con el objetivo de contextualizar las principales características sociales, geográficas y culturales de los territorios donde se ubican las comunidades en estudio.

Características sociales, culturales y geográficas del territorio indígena de Ujarrás

El territorio indígena de Ujarrás es el único territorio cabécar localizado en el cantón de Buenos Aires, provincia de Puntarenas. Este territorio cuenta con una extensión oficial de 19 040 hectáreas y una población al 2011 de 1 119 indígenas, distribuida en 344 hogares y 11 comunidades al interior, para una densidad de población de 6,5 habitantes por kilómetro cuadrado.27 Dichas comunidades son: Santa María, Santa Cruz de Santa María, Durika, El Carmen, La Piedra, Palmital, San Antonio, San Vicente, Santa Rosa, Ujarrás y Guanacaste.28

De esos 344 hogares, al 2011, el 80,5% tenía al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI); esto refiere una insatisfacción o inaccesibilidad a una de cuatro dimensiones: 1) Acceso a albergue digno –calidad de la vivienda, hacinamiento, electricidad–. 2) Acceso a vida saludable –infraestructura físico-sanitaria–. 3) Acceso al conocimiento –asistencia escolar y logro escolar). 4. Acceso a otros bienes y servicios –capacidad de consumo–.29

Lo anterior se asocia a la baja tasa de ocupación presente en el territorio, la cual rondaba al 2011 en un 33%, de este porcentaje, el 80,3% se dedicaba al sector primario y de ese porcentaje únicamente el 17,9% tiene seguro social como asalariado o por cuenta propia. Lo anterior evidenciaba una alta tasa de desempleo del 64,9%30 y empleos de baja retribución salarial en la población ocupada, lo cual, a su vez, incide en altas tasas de pobreza y dependencia de asistencia social estatal.

Muestras de eso es que de la población total, al 2011, el 74,7% contaba con aseguramiento médico por parte del Estado y solo un 7% no contaba con seguro social, el restante porcentaje posee seguro por ser asalariado, por cuenta propia, por pensión, por seguro familiar o por pertenecer al régimen no contributivo.31 Además del hecho del predominio de viviendas de tipo de bienestar social que el Estado costarricense ha brindado, con lo cual se ha impulsado, a su vez, la pérdida de la vivienda originaria, de piso de tierra rodeada de cañas de la subfamilia de las Bambusoideae.

Debido a lo anterior, no es de extrañar que en Ujarrás, de los 344 hogares existentes al 2011, 66,3% realizaran al menos una actividad agropecuaria, aunque solo el 15,4% realizaron cultivos, pues se aclara que apenas el 42,4% cuenta con parcela o finca agropecuaria propia.32

Asimismo, según el censo del 2011, el 71,4% de la población habla idioma cabécar, aunque es posible que varias personas de la comunidad dominen varios idiomas indígenas como bribri.33

A nivel de escolaridad, el territorio poseía un 85,9% de alfabetización con un porcentaje de rezago escolar de al menos un 39,2% y apenas el 8% de la población contaba con computadora.34 No obstante, el acceso a internet y telefonía está hasta la fecha restringido, debido a que no hay señal en la mayoría del territorio, salvo en algunos puntos muy específicos.

Respecto a la distribución etaria de la población, a 2011, se componía por un 36% de personas de 0 a 14 años, 57,5% por personas entre 15 y 64 años y 6,5% por personas mayores de 65.35

En este territorio, el río Ceibo es el principal río que atraviesa el territorio, en el 2017, incrementó, en forma extraordinaria, su caudal por las intensas lluvias presentadas entre los días 4 y 5 de octubre por Nate,36 y causó la incomunicación de Guanacaste, y la destrucción de caminos, viviendas y fincas localizados en el centro del territorio indígena de Ujarrás, así como la activación de deslizamientos en las montañas próximas a la llanura aluvial, en donde se localiza el centro Ujarrás.

Este territorio tiene, como característica particular, la preferencia de su población principal –Ujarrás centro– a vivir y construir infraestructura comunal cerca del río, lo cual incrementa su vulnerabilidad ante la amenaza de crecidas extraordinarias; lo anterior se puede deber a diversos hipotéticos factores como: la cultura, la preferencia de construir en plano –debido a que el centro del territorio se asienta sobre una llanura aluvial–. Sin embargo, también están como posibles causas, la limitación de acceso a la tierra derivada de la usurpación de las partes altas y seguras –sabanas– del territorio por parte de los grupos no indígenas, quienes las tienen ocupadas por actividades ganaderas; así como un proceso de aculturación que creó la preferencia a vivir próximo al camino principal por la facilidad de abastecimiento de agua y electricidad, aunque este se ubique en parte importante en zona de riesgo.

Asimismo, este territorio tiene como problemáticas principales: escasez de fuentes de agua para consumo humano, debido a la contaminación y la deforestación; una limitación de vías de comunicación, ya que son pocas y las existentes se encuentran en regulares o malas condiciones, especialmente en el caso de Guanacaste, en donde solo en temporada seca es posible tener acceso vehicular por un vado y el resto del año únicamente a través de un puente de hamaca en malas condiciones.

A nivel geográfico, la delimitación espacial del territorio indígena de Ujarrás se realizó a partir de los nueve limites naturales que rodean el territorio y que, a su vez, conforman los límites de la cuenca del río Ceibo y su red hídrica: cerro Durika, cerro Betsu, cerro Eli, cerro Brunka, cerro Arbolado, cerro Kay y cerro Santa María, así como por la Fila Santa María y la Fila Salitre –ver mapa 1–.

Mapa 1. Red hídrica y límites naturales del territorio de Ujarrás

Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y Basemap , Arc Map.

Geomorfológicamente, la cuenca se puede describir como un valle fluvial en la parte alta y más cercana al complejo de la Cordillera de Talamanca al cual pertenece, de donde nace el río Ceibo, mientras que, conforme se desciende, este se transforma en un valle aluvial en la parte baja de la cuenca, lo que hace que el fondo plano se convierta en una llanura aluvial en constante crecimiento, consecuencia de la gran competencia del río Ceibo y sus afluentes, lo cual provoca que este rellene con gran cantidad de rocas y arena el fondo, especialmente el centro poblacional del territorio indígena de Ujarrás.

Vale la pena mencionar que el río Ceibo nace en la parte alta de la cuenca del territorio indígena de Ujarrás, pero conforme avanza en su recorrido es alimentado por 26 afluentes que nacen dentro de la misma cuenca y que consisten en nueve ríos –río Skra, río Sarai río Kuiye, río Kori, río Dlora, río Dlekari, río Dioru, río Chubugray río Chabugre–, así como por dieciséis quebradas llamadas: Yursuk, Ururi, Tirgra, Pirgu Kriku, Palmarea, Ojoche, Koronopo, Kilari, Jakbarari, Duruga, Dorora, Ditsiri, Bapori Sikri y Badilla.

A nivel biogeográfico en la cuenca del río Ceibo predomina la sabana natural con gramíneas, aunque ya alteradas por la actividad ganadera de los grupos usurpadores no indígenas y, en algunos espacios cercanos a la red hídrica, se conservan pequeños fragmentos de bosque semideciduo, con especies como guanacastes –enterolobium cyclocarpum–, cedro María –Calophyllum brasiliense–, sotacaballos –Zygia longifolia–, indio pelado –Bursera simaruba–, mayo colorado –Vochysia ferrugine–, entre otras.

Características sociales, culturales y geográficas del territorio indígena de Conte Burica

El territorio indígena de Conte Burica se localiza en los cantones de Golfito y de Corredores y es uno de los cinco territorios Ngöbe o Guaymi localizados en la provincia de Puntarenas. Este territorio cuenta con una extensión oficial de 11 910 hectáreas y una población al 2011 de 1 144 indígenas, distribuidas en 429 hogares y 7 comunidades al interior, Altamira, Alto Conte, El Progreso, Vista Dulce, La Vaca, Las Vegas y Los Plancitos; para una densidad de población de 14,8 habitantes por kilómetro cuadrado.37

De esos 429 hogares, al 2011, el 82,1% tenía al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI), esto refiere una insatisfacción o inaccesibilidad a una de cuatro dimensiones: acceso a albergue digno –calidad de la vivienda, hacinamiento, electricidad–, acceso a vida saludable –infraestructura físico-sanitaria–, acceso al conocimiento –asistencia escolar y logro escolar) y acceso a otros bienes y servicios –capacidad de consumo–.38

Lo anterior se asocia a la baja tasa de ocupación presente en el territorio, la cual rondaba, al 2011, en un 27,2%, de estos el 52,6% se dedicaban al sector primario y de ese porcentaje únicamente el 42,5% tiene seguro social como asalariado o por cuenta propia. Lo anterior evidenciaba una alta tasa de desempleo del 71,4%39 y empleos de baja retribución salarial en la población ocupada, que a su vez incide en altas tasas de pobreza, aunque no siempre reciban asistencia social estatal, debido a dos factores: el primero, el difícil acceso al territorio y; el segundo, el carácter transfronterizo de su población.

Muestras de eso es que de la población total, al 2011, el 23,1% contaba con aseguramiento por parte del Estado y que un 47,8% no contaba seguro social, el restante porcentaje posee seguro por ser salario, por cuenta propia, por pensión, por seguro familiar o por pertenecer al régimen no contributivo.40 Contrario al caso anterior, el Estado aún no ha intervenido en la construcción de viviendas de bienestar social, por lo que se sigue conservando la construcción original en madera, pero sí ha construido escuelas y centros de salud con el modelo prefabricado y la consecuente alteración del paisaje originario.

Debido a lo anterior, no es de extrañar que, en Conte Burica, de los 429 hogares existentes al 2011, 58,3% afirmaran realizar al menos una actividad agropecuaria, aunque solo el 12,1% realizaron cultivos en el último año, y se aclarara que apenas el 37,8% afirmó poseer parcela o finca agropecuaria propia. No obstante, a partir de la experiencia del trabajo de campo, se puede sospechar que podría haber más hogares que realizan actividades agropecuarias de subsistencia, en tanto sus habitantes carecen de ingresos económicos y de vías de comunicación que favorezcan el abastecimiento constante de alimentos. Asimismo, según el censo del 2011, el 67,3% de la población habla Ngöbe o Guaymí.

En cuanto a la escolaridad, el territorio poseía un 92,5% de alfabetización, con un porcentaje de rezago escolar de al menos un 37,5% y apenas el 15,2% de la población contaba con computadora.41 Sin embargo, coincide con Ujarrás en su condición de exclusión del acceso a internet y telefonía, en gran parte del territorio; así como carece, en varias comunidades, de energía eléctrica.

Respecto a la distribución etaria de la población, a 2011, se componía por un 39,1% de personas de 0 a 14 años, 57,5% por personas entre 15 y 64 años y 3,4% por personas mayores de 65 años.42

Este territorio tiene, como característica particular, la preferencia de su población a vivir y construir infraestructura comunal lejos de zonas de riesgo y en zonas altas para evitar las inundaciones. Sin embargo, persisten problemas de usurpación de tierras y deforestación a manos de personas no indígenas. Asimismo, tiene como problemáticas principales la deficiencia de vías de acceso o malas condiciones de las escasas vías de comunicación dentro del territorio; así como las contaminación y escasez de fuentes de agua para consumo humano, especialmente en el caso de la comunidad de Alto Conte, debido a su localización en las partes elevadas del escarpado territorio.

A nivel geográfico, si se analiza el territorio indígena de Conte Burica, su delimitación espacial se realizó a partir de las serranías de la península de Burica y probablemente siguiendo parte de la conformación ancestral del pueblo, lo cual hace que el territorio sea compartido por los cantones de Golfito y Corredores, pertenecientes a la provincia de Puntarenas y cercanos a la frontera de Panamá, país en donde se ubican también comunidades ngöbe o guaymi –ver mapa 2–.

Mapa 2. Red hídrica y límites naturales del territorio indígena de Conteburica

Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y Basemap, Arc Map.

Geomorfológicamente, según Bergoeing, se compone de rocas ígneas del complejo de Nicoya del cretácico alternadas «con series sedimentarias, monótonas, muy levantadas de la formación de Puerto Armuelles»43 del pleistoceno inferior y paisajísticamente como un conjunto de elevaciones de donde se originan pequeñas redes hídricas, algunas de las cuales desembocan en el Océano Pacífico. Por tal motivo, se pone en evidencia que el relieve se convierte en otro factor que dificulta el abastecimiento de agua potable por gravedad, debido a que los asentamientos se localizan en los «altos», mientras las quebradas permanentes en los fondos.44

Asimismo, a nivel biogeográfico predomina un bosque maduro con especies características de bosque muy húmedo tropical con enredaderas, árboles de gran tamaño con especies como sotacaballos –Zygia longifolia–, mayo colorado –Vochysia ferrugine–, entre otras.45

Políticas públicas y conflictividades asociadas al agua para consumo humano: algunos hallazgos

Este apartado contiene las políticas públicas implementadas por diferentes instituciones en las comunidades en estudio, así como las conflictividades relacionadas. Por tal motivo, es necesario aclarar que el término institución se utilizará desde el enfoque conceptual de la corriente del neoinstitucionalismo, debido a que este enfoque reconoce como instituciones a múltiples entidades46 que tienen como característica en común «…poseer y ser instrumentos de regulación y reproducción de los patrones de comportamiento de los actores en los diferentes aspectos de la vida de las personas».47 Estas entidades pueden ser, a su vez, clasificadas en dos tipos: formales y no formales, las primeras regidas por marcos normativos –leyes, reglamentos, contratos– y las segundas más por códigos de conducta y comportamiento sociocultural.48

En las instituciones formales se incluirá, para este caso, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)49 y las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena (ADI),50 debido a que son las instituciones formales con personería jurídica y marcos normativos. Mientras que en el caso de las instituciones no formales, a las organizaciones familiares que coordinan y juntan esfuerzos para abastecerse de agua a partir de lazos sanguíneos o de amistad.

Alto Conte, territorio indígena Conte Burica

A través del conversatorio del día 30 de mayo del 2019 y del taller realizado 25 de enero del 2020 en la comunidad de Alto Conte, en el marco del proyecto de investigación «Gestión social del agua en los territorios indígenas desde la sociología visual. Casos seleccionados en las provincias de Puntarenas y Limón», las personas con más años de vivir en la comunidad manifestaron que hace aproximadamente más de medio siglo no había problemas de carestía de agua para consumo humano, a pesar de la ausencia de cañería. Lo anterior, en tanto se recordó que había abundantes quebradas y nacientes y menos población que en la actualidad, lo que garantizaba posibilidades de abastecimiento, a pesar de las disminuciones por la época seca. Tal como lo señala Espinoza, a enero ya contaba 64 traslaciones al sol:

Bueno, en el caso mío, cuando yo tenía como 15 años aquí había agua suficiente, pero claro nosotros nunca tenemos ni tuvimos agua potable como dicen ustedes, nosotros siempre íbamos o vamos a la quebrada o nacientes como le decimos a buscar el agua, pero no había escasez de agua, había suficiente, pero con los años como la población ha ido aumentando, eso con el tiempo ha sido la causa, que hay más gente entonces el agua ya no. 51

No obstante, a partir de fines de la década de 1980 e inicios de la década de 1990 ya se comienzan a manifestar dificultades de acceso al agua para consumo, lo que obliga a construir, para la comunidad, por primera vez, un acueducto por gravedad de aproximadamente 20 tomas. Este acueducto, según Espinoza fue construido por una organización no gubernamental (ONG) y abasteció en un momento a la comunidad de forma satisfactoria. No obstante, actualmente se encuentra rebasado, pues al 2019 se contabilizaron, según Castro, aproximadamente 60 familias; mientras el acueducto apenas abastece aproximadamente a 15 familias y 6 instituciones, para un total de 21 entes beneficiarios.52

El problema de la deficiencia de agua para consumo humano inició oficialmente desde hace 20 años, pero se ha agudizado conforme ha incrementado la población de la comunidad y los servicios públicos –escuela, colegio, EBAIS–; que, a su vez, proporcionalmente, han provocado contaminación y cambios en el uso de suelo, con lo cual han afectado las ya limitadas fuentes de agua cercanas a la comunidad.

También Espinoza mencionó el empeoramiento causado por el cambio climático, que identificó principalmente a través de la prolongación de la época seca y su respectiva afectación sobre nacientes y quebradas estacionales y permanentes –las fuentes permanentes disminuyen–.53

Debido a lo anterior, tanto Castro como Espinoza comentaron que el actual acueducto se encuentra sobrecargado –por abastecer más casas de la capacidad original–, lo que obliga a muchas familias a complementar el suministro de agua familiar en época seca a partir del aprovechamiento de quebradas disponibles en sus parcelas y que otras se vean totalmente excluidas y tengan que retornar a la forma de abastecimiento anterior –quebrada o naciente cuya idoneidad para consumo es desconocida o cuestionable–.

En este punto surge la primera conflictividad, pues si bien el Estado ha realizado mejoras a nivel de infraestructura educativa y sanitaria, por medio de la ampliación de servicios públicos, no ha considerado los riesgos sanitarios que implica la ausencia de agua potable. Al preguntar sobre esta particularidad, Castro reaccionó y explicó que el asunto del agua para consumo humano ha implicado una lucha y que no hace mucho tiempo se ganó una batalla legal que obligó al Estado, a través de un estudio realizado mediante la figura de consultoría, a identificar fuentes de agua y diseñar un acueducto de aproximadamente 110 tomas.54 De dicha consultoría se generó la identificación de unas fuentes a cinco o seis kilómetros de la comunidad y se estimó el costo de la construcción de la obra en ₡350 000 000, monto que el AyA aún no ha dicho si va a brindar, ni mucho menos la fecha de arranque de la obra. Sobre esta situación, Espinoza manifestó:

El AyA armó el proyecto pensando en eso, en que se abastecen por lo menos la vecindad de aquí de Alto Conte, hace como 2 años y no se ha visto agua; ellos vinieron los del AyA, igual nos dimos cuenta de que había reunión y vinimos, y nos dijeron que arrancan en marzo a trabajar. Esto no le dije yo a ellos, pero a nosotros casi todos los años nos dicen eso y hasta ahora no se ve nada, vienen como a tranquilizarnos que ya va a empezar, nosotros quisiéramos que venga alguien a ayudarnos con esa situación. 55

A esto se suma un conflicto endógeno, que consiste en que una persona indígena pretende recibir un monto económico por ceder el terreno para construir el nuevo acueducto y permitir el aprovechamiento de las aguas para realizar el acueducto futuro diseñado por AyA. Tal como lo explicó Castro en el taller:

Nosotros fuimos con el ingeniero, a ver esas nacientes, y son tres nacientes en la misma propiedad. Esas están como a 3 kilómetros aproximadamente y el nivel llega a aquí. Es más, sube aquí al colegio. La idea era traerla ahí al proyecto para que las bombas la jalaran y la levantaran, pero el hombre dijo: «claro está bien, pero la ADI me tiene que dar 25 millones».

El problema es el que yo le dije a una persona que el quería los 25 millones pero de un sólo, así uno seguido del otro, pero habría que hacer un papel, porque la gente es muy lista un día están pidiendo 25 millones y al otro están pidiendo otros 25 más, entonces el problemas es ese que yo les decía a los de la ADI y resulta que yo dije que no quería problemas y se filtró la información, y el gobierno dijo que el agua era un recurso vital necesite quien la necesite. Entonces la ADI, perfectamente puede tomar la decisión porque las escrituras las tiene la ADI, el AyA no puede meterse por que es territorio, pero la ADI si puede hacerlo porque es el representante legal del territorio.56

Es decir, este es un conflicto por la apropiación de una persona indígena sobre un espacio del territorio que contiene recursos de uso y beneficio común para la comunidad. Lo anterior, en el entendido de que los territorios indígenas son propiedad colectiva de la comunidad indígena y no poseen en su interior propiedades privadas –formalmente reconocidas más allá de los acuerdos comunes internos–, sino que cada uno constituye una única escritura pública, lo que podría considerarse, a su vez, como un espacio con recursos de uso común.57 De esta forma, la persona indígena «propietaria» estaría cometiendo no solo una apropiación de un recurso hídrico común, sino desconociendo la Ley de Aguas n.° 276, que reconoce las fuentes de agua como bienes de dominio público.58 Asimismo, la posibilidad de que el ADI pueda «comprarle» es bastante improbable, pues no dispone de los recursos solicitados por esa persona.59

Por otra parte, a pesar de estas dificultades, priva un sentido de realidad pesimista, ya que las personas de la comunidad tienen claro que la asignación de recursos para la infraestructura depende de las prioridades del AyA y de relaciones de poder y distribución ecológica del contexto, en donde saben que se sitúan en las últimas posiciones. Evidencia de esto fue el caso comentado por Castro en el conversatorio cuando mencionó a otra comunidad del territorio Conte Burica llamada Altamira, en donde, a pesar de tener fuentes propias idóneas para abastecer la demanda de agua potable de la comunidad indígena, estas son captadas no para provecho de la comunidad, sino para abastecer proyectos turísticos en playas «cercanas» fuera de territorio indígena con un acueducto de más de 12 kilómetros.60 Ante esto, Castro reaccionó: «¡Ahí sí hay plata!, por eso digo que nos tienen burlados a nosotros, estos inditos no, ¿para qué invertir en los inditos que no lo merecen? No, pero para ellos sí, pero para Alto Conte no hay plata, yo pienso que todos valemos igual, todos somos seres humanos».61

Asimismo, indicaron que cuando el AyA ha visitado la comunidad para ver el problema, se le ha solicitado el envío de camiones con agua, pero la institución tampoco ha respondido ante la petición.62 Conexo a esto se encuentran desaciertos de planificación territorial, ya que según comentó Castro, los tanques sépticos de la nueva escuela se ubicaron sin considerar la existencia de tres nacientes cercanas que son utilizadas en verano por la población para recoger agua para abastecer el agua de consumo humano.63

Las comunidades de Ujarrás y Guanacaste, territorio indígena Ujarrás

Por otra parte, en el caso de las comunidades de Guanacaste y Ujarrás en el territorio indígena Ujarrás, al igual que en el caso anterior, en el pasado las personas de la comunidad abastecían su demanda de agua de las quebradas cercanas por medio del uso de mangueras o recipientes.64 No obstante, en los años recientes se ha experimentado una disminución de las fuentes con calidad para consumo humano, debido a la contaminación, el cambio climático, las quemas,65 la ganadería y las chancheras; estas últimas principalmente en manos de terratenientes y usurpadores no indígenas. Lo anterior resulta contradictorio, en tanto es uno de los territorios con mayor riqueza a nivel hídrico, debido al caudal del río Ceibo y sus numerosas quebradas que alimentan su cuenca y que, a su vez, delimita parte importante del territorio en cuestión –ver mapa 1–.

Es necesario mencionar en este punto que Ujarrás centro concentra la infraestructura comunitaria y educativa del territorio –colegio y el CINDEA, salón comunal, plaza, e incluso centros recreativos y un zoológico en manos de no indígenas–. Por tal motivo, hace aproximadamente una década fue creado el Acueducto Rural de Ujarrás, como resultado del esfuerzo de la comunidad, luchas legales y de reiteradas solicitudes de apoyo al AyA. No obstante, este abastece 246 viviendas de cuatro de las once comunidades del territorio indígena de Ujarrás: Ujarrás centro, San Vicente, el Carmen y una pequeña parte de Guanacaste.66 Resulta poco probable que se expanda por cuenta propia, debido a que tienen mínimos recursos excedentes, como para crear la infraestructura que abastezca la totalidad del territorio. Tal como lo explicó Méndéz:

En lo personal mío, desde hace tres años y cuatros meses que tengo de estar en la ASADA, siempre con los problemas acueductos ayuda con los proyectos, gracias a los vecinos que se esforzaron mucho en el proyecto. El AyA hizo una parte del proyecto, se fueron y no dejaron el proyecto completo, dos años del 2016, 2017 empezamos acá luchando con el AyA para que terminaran el proyecto como se debe, y poder avanzar y establecernos como se debe, fueron dos años porque demandas vienen, demandas van al propio alcantarillado, entonces hasta ahora podemos decir que el proyecto está concluido en su totalidad […] sin embargo hay problemas con el agua, con el abastecimiento, como Palmital, Santa Cruz, Santa María y algunos sectores de la misma comunidad como Guanacaste que hay lugares que no hay agua potable, que carecen de agua y de todo y todavía no hemos abastecido quizás el 100% del agua a toda la población.67

Muestra de eso es que, según Méndez: «no está en nuestras manos, nosotros lo que aquí hacemos es una tarifa mínima del cobro de agua mensual, entonces solo nos da para: pagar el fontanero, comprar materiales y los materiales que se usan son bien costosos».68 Aunque rescataron que la ADI fue la institución que les brindó mayor apoyo, ya que es la que ha aportado recursos al acueducto rural en tiempos de desastres naturales y para luchar contra las quemas en verano, por medio de la creación de guardabosques y de un grupo de jóvenes brigadistas de voluntariado, es decir, una institución formal del propio territorio.69

Sumada a la limitación de recursos financieros, se encuentra la limitación de recursos hídricos adecuados para consumo humano, pues algunas fuentes que en algún momento se consideraron como alternativas, posteriormente fueron descartadas mediante pruebas de laboratorio. De esta forma, el principal desafío es el crecimiento demográfico respecto a los recursos hídricos para consumo humano disponibles, porque cada vez es más difícil encontrar fuentes de agua que clasifiquen como adecuadas dentro del territorio para abastecer la creciente demanda de la población.70

Aunado a esto, Méndez reconoce la existencia de tomas ilícitas de agua que afectan el suministro de los 246 abonados, en ocasiones, pues «…como en cualquier lado no solo aquí, existen conexiones ilícitas ilegales, entonces lo que nosotros podemos decir, que solo para una casa, aunque nosotros le digamos solamente para una casa de habitación ahí siempre están conectadas, uno nunca sabe, lo hacen como a escondidas entonces».71

Estas preocupaciones se agudizan, particularmente en las comunidades en donde aún ni siquiera llega el acueducto y se suman a los crecientes riesgos derivados de la usurpación de tierras y a las quemas ilegales, que han afectado ya a la fuente actual en varias ocasiones. Tal como lo señaló Méndez, cuando señaló que el año anterior:

Yo un sábado estudiando y me llama el fontanero que el fuego ya estaba casi que llegando a la toma. Yo tuve que venirme de Pérez Zeledón y aquí llegar y armar un grupo de gente para ir arriba, a por lo menos defender el área de captación del agua y pudimos controlarlo, pero viera que es un problema ambiental muy fuerte.72

Al igual que en el caso de Alto Conte, Méndez comentó que, al calor de la conflicto y la demanda de la población, el AyA ha realizado visitas a la zona para mostrar interés en la ampliación del acueducto, y han dicho que van a colaborar, pero luego desaparecen y no responden ni siquiera a correos electrónicos.73 Debido a lo anterior, todas las poblaciones que no cuentan con abastecimiento de agua mediante acueducto no tienen otra opción que abastecerse de forma improvisada, mediante mangueras o baldes de aguas posiblemente de calidad no potable.74 Esto, sin olvidar que en el caso de las comunidades indígenas que tienen acceso a agua suministrada por ASADA o por AyA, los trabajos que se realizan son de asistencia básica,75 es decir, muchas veces no tiene cloración.76

No obstante, la principal contradicción a nivel de distribución ecológica que no fue mencionada en el taller, pero es posible identificar, consiste en que mientras muchas personas indígenas del territorio no tienen suministro de agua por cañería y las que son abonadas del acueducto rural de Ujarrás a veces experimentan dificultades de abastecimiento de agua en verano,77 en este mismo territorio existen otras fuentes78 de mejor calidad que son captadas por AyA para abastecer la población y comercios del casco central del Buenos Aires, 79 por lo que quedan las contrariedades sobre: ¿para quienes no hay agua y para quienes sí?, ¿son las poblaciones indígenas una ciudadanía de segunda categoría?

Asimismo, surge otra contradicción, si se realiza una breve revisión de las acciones de conservación y cuido del recurso hídrico, se señala que la ASADA y la ADI han sido las responsables del cuido del recurso hídrico tanto del acueducto rural local como del que abastece el casco central de Buenos Aires, cuando todavía un número importante de población80 no dispone de acceso a agua de consumo humano mediante acueducto. Muestra de la contradicción anterior es que en marzo del año 2020 las brigadas locales «DualgoKima y los Guardarecursos»81 atendieron un incendio forestal de mano criminal en la fuente de agua que abastece Buenos Aires. Ante esta situación, una noticia señalaba que se enviaría un documento al AyA «… para que tomen con seriedad el trabajo en conjunto con la ADI en cuidar la cuenca Saray».82 Lo anterior evidencia el abandono y el sobrepeso de funciones de protección en las organizaciones locales, mientras el AyA realiza una función extractivista del recurso para abastecer a las poblaciones no indígenas en su mayoría.

Además, llama la atención la noticia «…piden al Ministerio de Ambiente y Energía, para que pongan mano dura a las personas que provocan este tipo de situaciones». No obstante, ignoran que la mayoría de las personas que provocan estos incendios, en su mayoría, son no indígenas que realizan operaciones de caza ilegal de venados y otros mamíferos y que la situación es un problema constante en los territorios indígenas de todo el cantón de Buenos Aires en los meses de verano. De esta forma, se muestra otra disputa dentro de los territorios indígenas, en tanto estos corresponden no solo a poblaciones originarias, sino de protección estatal, debido a que salvaguardan parte del patrimonio natural y cultural nacional.

Conclusiones

Hasta este punto se han evidenciado diversas conflictividades y contradicciones que afectan el agua para consumo humano en los territorios de Ujarrás y Conte Burica. No obstante, la principal de ellas consiste en que, a pesar de la larga data de la legislación costarricense en materia de territorios indígenas y los derechos de los indígenas costarricenses, la legislación vigente es incompleta en cuanto al reconocimiento de todos los derechos de los pueblos indígenas.

Debido a lo anterior, los pueblos indígenas en general han resistido violencia simbólica, física y material; lo que incluye la privación a lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política que corresponde al derecho a una vida saludable y, más recientemente, también al reconocimiento del «…derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida».83

De esta forma, tampoco es casual que la provincia de Puntarenas sea la segunda provincia con mayor cantidad de población que se abastece con agua no potable en zona rural y, a la vez, sea también la provincia con mayor cantidad de territorios indígenas a escala nacional, pues contiene 11 de los 24 territorios a escala nacional. Lo anterior evidencia inequidades a nivel de suministro de agua en esta provincia periférica y, especialmente, en su zona rural, por medio de la forma de omisión y limitada acción estatal apenas contestataria a procesos legales –justificada principalmente en limitaciones económicas–.

Puntualmente, en el caso de las comunidades estudiadas resaltan contradicciones en la distribución ecológica inequitativa, ya que ambos territorios tienen fuentes idóneas de donde se alimentan acueductos que abastecen poblaciones no indígenas fuera de los territorios; mientras que dentro de los territorios varias poblaciones no tienen acceso a suministros de agua de calidad potable. Dicha desigualdad causa, como principal impacto, que las fuentes extraídas permitan el progreso económico y la seguridad sanitaria en poblaciones fuera de los territorios, mientras que expone a las poblaciones indígenas, excluidas, a riesgos sanitarios que afectan su calidad de vida y limitan sus posibilidades de progreso humano y económico.

Asimismo, se reconoce que ambos territorios, a pesar de sus diferencias culturales, experimentan dificultades socioeconómicas y socioambientales que ponen en peligro la sobrevivencia, a largo plazo, de su población. Lo anterior, posiblemente no solo se asocia a su localización en zonas de difícil acceso y con limitadas vías de comunicación, sino debido a su extrema posición periférica respecto a los focos de desarrollo de inversión pública.

Finalmente, en ambos casos se reconocen conflictos al interior de las propias comunidades. En el caso de Ujarrás se identifican conflictos debido a la usurpación de las tierras por personas no indígenas y conexiones ilícitas en Ujarrás, así como limitaciones en las capacidades de abastecimiento del acueducto, lo que ocasiona divisiones al interior del propio territorio. Mientras en el caso de Alto Conte, el conflicto interior fundamental deriva de los procesos de aculturación que han llevado a intentar concebir como privados y capitalizables bienes comunes clave para sobrevivencia de las comunidades indígenas. No obstante, ambos territorios coinciden en su confrontación legal con el AyA para garantizar el derecho humano de acceso al agua potable.

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