Explotación del oro verde en Costa Rica: Matices sobre la deforestación entre 1900 y 1950

Exploitation of Costa Rica’s Green Gold: Nuances of Deforestation between 1900 and 1950

Exploração de ouro verde na Costa Rica: nuances sobre o desmatamento entre 1900 e 1950

Maximiliano López López*

Resumen: Este trabajo responde al interés por conocer el escenario sobre el que se desarrolló la deforestación del territorio costarricense en la primera mitad del siglo XX. En este sentido, se indaga en la dinámica propia de la deforestación; pero también en las lógicas discursivas, los matices y las contradicciones que se podían advertir no solo en las políticas estatales, sino en el discurso mismo de la sociedad civil preocupada por la explotación de los recursos. De este escenario se logra concluir que, durante los primeros 50 años del siglo XX, la sociedad costarricense se debatía entre la incertidumbre de los efectos que tenía la deforestación, la necesidad de exportar recursos naturales como una forma de contribuir al desarrollo nacional y la incipiente idea de que se podían conservar bosques no solo para proteger suelos y aguas, sino porque también constituían una fuente de ingresos futuros mediante el turismo.

Palabras claves: bosque; conservación; deforestación; historia ambiental; madera; Costa Rica.

Abstract: This work responds to the interest to know the scenario in which deforestation in the first half of the 20th century occurred in Costa Rica. Thus, the dynamics of deforestation are explored, as well as the discourse that justifies it, the nuances, and the contradictions that surfaced not only in state policy, but in the discourse of civil society, who was concerned about the exploitation of resources. This analysis reveals that during the first fifty years of the 20th century, Costa Rican society was torn between the uncertainty of the effects that deforestation might bring, the need to export natural resources as a way to contribute to national development, and the incipient idea regarding the possibility of conserving forests not only to protect the soil and water, but because they constituted also a source of future income through tourism.

Keywords: forest; conservation; deforestation; environmental history; wood; Costa Rica.

Resumo: Este trabalho responde ao interesse em conhecer o cenário em que se desenvolveu o desmatamento do território costarriquenho na primeira metade do século XX. Nesse sentido, questiona-se sobre a própria dinâmica do desmatamento, mas também sobre as lógicas discursivas, as nuances e as contradições que podem ser percebidas não só nas políticas de Estado, mas no próprio discurso da sociedade civil preocupada com a exploração dos recursos. Desse cenário, é possível concluir que durante os primeiros 50 anos do século 20, a sociedade costarriquenha se dividiu entre a incerteza dos efeitos do desmatamento, a necessidade de exportar recursos naturais como forma de contribuir para o desenvolvimento nacional e a ideia incipiente de que as florestas poderiam ser conservadas não apenas para proteger o solo e a água, mas também porque seriam uma fonte de renda futura com o turismo.

Palavras chaves: floresta; conservação; desmatamento; história ambiental; Madeira; Costa Rica.

«al paso que van las cosas, antes de cincuenta años, los bosques habrán
quedado talados y empobrecidos en esta industria, y eso sucederá, por la
imprevisión de no exigir la reforestación de los mismos».1

Introducción

La deforestación que azotó a Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX es comúnmente asociada a los procesos de reforma agraria dirigida por el Estado y al efecto de la denominada Hamburger connection2 que impulsó la potrerización de miles de hectáreas en toda Centroamérica. Investigaciones como las de Myers y Tucker3 y Edelman4 ilustran esta dinámica, pero no abordan algunos aspectos históricos que dan cuenta sobre las características que este proceso exhibió desde el siglo XIX y, especialmente durante la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, parafraseando a Goebel,5 es necesario tener claro que la exportación de madera constituyó una especie de «etapa final» de la entrada de Costa Rica al mercado mundial. Esa explotación del bosque se constituyó en un importante agente de deforestación debido a la demanda internacional de maderas finas, pero también de otras menos valiosas para elaboración de papel –asociado a la pujante industria editorial– o para fabricación de productos como contrachapados, entre otros.

Este desmantelamiento de la cobertura forestal de Costa Rica ha sido un proceso lento pero sostenido desde el siglo XIX, y su comprensión es un factor decisivo para explicar la situación actual de los bosques, particularmente en el Valle Central y en las costas del Pacífico Norte y Centro. El epígrafe de Cardona con el que se inicia este artículo resulta una sentencia imposible de ignorar, no solo por hacer alusión a una «industria» de la madera, sino porque según Navarro y Thiel,6 desde 1986 el sector forestal había sido declarado en crisis y para 1987 –a casi 50 años de la proyección de Cardona– la cobertura forestal del país se había reducido al 21 %. Luego de esta última fecha llegarían los incentivos forestales, lo cual permitió frenar e iniciar la recuperación del bosque con políticas de reforestación y mantenimiento de los bosques existentes, lo cual dio paso a lo que algunos llaman hoy la transición forestal.7

Ahora bien, al analizar las áreas registradas como bosques en los censos de la primera mitad del siglo XX, lo primero que se advierte es la irregularidad de las cifras. Esta situación fue advertida por Goebel, quien no solo estudió los datos, sino que escudriño en las variables definidas por los censos y con base en ello concluye que los bosques eran vistos como cultivos, y que, en consecuencia, el crecimiento de estos corresponde a «la incorporación de nuevas tierras al régimen de explotación forestal».8 Pero más significativo aún, para los propósitos de este trabajo, es la afirmación del autor al señalar que «tuvieron más peso en la destrucción de los bosques guanacastecos las formas directas de inserción de la naturaleza en el mercado que las formas indirectas guiadas por el reordenamiento productivo del territorio».9

Aunque esa acotación del autor refiere explícitamente a Guanacaste, en este trabajo se busca aportar evidencia que permita reconocer la explotación de la madera –con fines comerciales y de uso local– como un propulsor más de la deforestación del territorio costarricense, aspecto hasta ahora ignorado por algunos estudios, o abordado solo de manera tangencial en investigaciones del tema. Esta lectura también contribuye, al menos en parte, a sentar la discusión sobre si la deforestación del territorio fue responsabilidad exclusiva de la expansión de la frontera agrícola de tipo campesina o incluso del crecimiento de la actividad ganadera. Dado el periodo que se analiza en el estudio, no se incluye la época de mayor deforestación en el país –1960-1987 aproximadamente–, pero los datos que se suministran ayudan a vislumbrar la trayectoria que asumió ese proceso en la segunda mitad del siglo XX.

Por otro lado, es admisible señalar que resulta difícil comprender el desarrollo de las políticas de conservación del siglo XX, sin reconocer los matices10 que adoptó el tema de la deforestación en las políticas o en los imaginarios, sin reconocer la visión del Estado respecto a la protección de recursos como bosques y aguas, o bien, sin entender el papel que paulatinamente se le asignó al desarrollo del turismo. Reconocer tales variantes, que en esencia hablan de la relación sociedad naturaleza en un sentido amplio, resulta de incuestionable valor para comprender las contradicciones en torno al problema de la deforestación, así como las más disímiles posturas que sobre el tema se llegaron a exponer. Para ejemplificar esto último basta con recordar que el Plan Nacional de Desarrollo Forestal de 1979 señalaba que «La explotación forestal en Costa Rica presenta la paradoja de constituir, simultáneamente, la mayor amenaza potencial y la mejor oportunidad para el desarrollo futuro del país».11

Los diálogos que sobre el ambiente surgieron durante la primera mitad del siglo XX –y que siguieron a esta–, así como las pocas leyes que se decretaron para protegerlo, son igualmente importantes para comprender la relación socioecológica que se construyó a lo largo del siglo y que hoy nos pone en un claro reto junto a otras naciones, en lo que se ha denominado una crisis socioambiental de carácter planetario.12 Esa evolución de las relaciones sociedad naturaleza en Costa Rica también conduce a pensar que el país se «inclinó» por la conservación del patrimonio natural en la segunda mitad del siglo XX, más como una estrategia económica, que como la maduración de un proceso consciente sobre la importancia de conservar la naturaleza.13 Aunque este análisis concluye en 1950, esperamos que los elementos abordados también ayuden a dar sustento a esta premisa.

Finalmente, aunque este trabajo se centra en la explotación de los bosques, se quiere hacer mención de que la explotación de biodiversidad no se limitó a la exportación, o al uso doméstico de la madera y la leña, sino que las estadísticas de los primeros años del siglo XX hablan de la exportación de gran cantidad de aves disecadas, tortugas y plantas vivas –principalmente orquídeas–, lo mismo que pieles de animales como venado. En 1909, por ejemplo, se exportaron 20 108 kg de piel de venado por un total de 18 922 colones14. Claramente esta dinámica, asociada al desarrollo de la industria y la moda en países europeos y en Estados Unidos, tuvo importantes efectos sobre la biodiversidad local; sin embargo, la riqueza de analizar estos temas nos obliga a dejarlos para otro momento, a fin de abordarlos con la justicia debida.

Fuentes, metodología y enfoque

Para el desarrollo de este tema se recurrió, fundamentalmente, a fuentes primarias como revistas agrícolas, memorias institucionales, leyes y decretos, y anuarios estadísticos, aunque también se emplearon algunas fuentes secundarias, que claramente abordan el tema desde otras perspectivas. El uso de fuentes primarias como las citadas aporta una visión de carácter cualitativo, menos común entre los trabajos desarrollados hasta la fecha. Este abordaje permite rastrear, en el imaginario de la época, algunas concepciones que se tenían respecto a los bosques, lo cual se convierte en un elemento de análisis fuerte para comprender la deforestación como fenómeno histórico social y no solo económico. Cuando se recurre a datos estadísticos, se hace desde una perspectiva que también busca aportar a lo que otros estudios han mencionado sobre este problema. Por ejemplo, en este abordaje interesa reconocer volúmenes de explotación de especies maderables –lo cual alude a la biodiversidad–, más que precios de la madera, así como registrar, de forma un poco más sistemática, los datos referidos a la industria maderera en la medida que las fuentes lo permiten, ya que este puede tenerse como un indicador de la explotación del bosque.

El análisis de las fuentes seleccionadas permitió visualizar el proceso en distintas dimensiones; por ejemplo, realizar un balance de las lógicas estatales y locales que impulsaron el proceso de deforestación, lo que a su vez permitió identificar claras diferencias entre el Valle Central y la costa del Pacífico Norte. Pero el abordaje de estas fuentes también ayudó a reconocer aspectos como la preocupación por la relación bosques-agua en este periodo, así como las iniciativas relacionadas con conservación, el papel de los Estados Unidos en este proceso y los avances que se lograron en la primera mitad del siglo XX en materia de administración de los recursos naturales. Con base en ello, la organización del texto que se presenta a continuación sigue estos elementos citados, a fin de ubicar al lector sobre los principales hallazgos.

Por último, es importante dejar claro que, en vista de que se trata de una investigación histórica de base y sustentada principalmente en fuente primaria, lo que se busca es aportar a la reconstrucción empírica de un proceso que ha sido analizado en otros momentos desde perspectivas del comercio internacional, la expansión del capitalismo agrario y las transformaciones propias del desarrollo de los sistemas productivos de países exportadores de materias primas. No obstante, si bien el trabajo no busca teorizar, en el desarrollo del tema se recurre al concepto de transformación socioecológica, el cual entendemos en este trabajo como las características propias de las relaciones que establecen los seres humanos con el medio natural que los rodea, en un proceso de coevolución.15 Además, en las conclusiones se propone un acercamiento a este proceso desde la perspectiva de la ecología política, particularmente desde los intereses creados sobre el control de la explotación maderera y de los imaginarios creados en torno a la relevancia de proteger los bosques.

Entre la deforestación y la conservación 1900-1950

Las fuentes históricas permiten señalar que la explotación forestal del siglo XIX cobró especial importancia hacia finales de la centuria, aunque desde mediados de siglo se exportaban maderas hacia países como Perú, Chile y regiones de Estados Unidos como California.16 León señala que la explotación maderera «casi toda proveniente de la costa de Guanacaste, aumentó en volumen en la década de 1890 y alcanzó su máximo entre 1896 y 1900, descendiendo luego hasta 1905».17 Aunque el autor no ofrece datos y no es posible determinar con exactitud las razones de este descenso, las evidencias hablan de la confluencia entre la disminución de ciertas maderas y una contracción de los mercados hacia los cuales se exportaba tradicionalmente. En relación con los precios, Goebel señala que «éstos disfrutaron, para todo el período [1883-1955], de una tendencia general creciente y relativamente estable»;18 no obstante, a principios de siglo XX existía una percepción distinta que coincide con lo anotado por León, pues en la memoria de hacienda de 1903-1904 se decía con claridad:

Este negocio ha dejado de rendir provecho por la baja de los precios en Europa y por el mayor gasto que requiere hoy el transporte de las trozas, en razón de la lejanía cada vez mayor que va mediando entre los cortes y los embarcaderos.19

Partiendo del criterio de Goebel sobre la estabilidad de los precios, y de lo expresado por Zúñiga en la acotación anterior, pareciera que más allá del tema del precio, que sin duda fue significativo, la escasez de maderas cerca de las costas se hacía sentir y, como consecuencia de ello, la relación costo-beneficio se tornaba, cada vez, más negativa. Claramente, el Estado advirtió la merma en las exportaciones de este bien y, aunque en 1903 emitió un permiso para exportar madera por la vía del río Sapoá, nadie mostró interés.20 Ahora bien, esta situación es llamativa, pues solo cincuenta años atrás se hablaba de la abundancia de maderas en las costas del Pacífico, particularmente en Guanacaste. Pero, por otra parte, la visión sobre dicho estancamiento revela la percepción que se tenía en la época sobre esta actividad extractiva, pues en esa misma memoria de Hacienda se indicaba:

La industria del corte de maderas, esa pingüe fuente de riqueza pública, quedará, pues, cegada por largo tiempo, pero no por siempre: los bosques se repueblan por sí mismos, y día llegará en que alzados los precios ó renovadas las maderas vuelva á ser esa industria el venero rico del Guanacaste.21

El argumento de Zúñiga demuestra una noción imprecisa sobre la capacidad de los bosques para regenerarse, pues la idea de ver la naturaleza como un stock de riqueza impedía considerar el agotamiento de los bosques biodiversos como un problema en sí mismo, lo que reforzaba el sentido extractivista con que se veían los recursos del bosque. Aunque desde el siglo XIX la cobertura forestal se reconocía como un elemento sustantivo para la protección del recurso hídrico, y de que importantes naturalistas habían recorrido el país y expuesto sus preocupaciones sobre la deforestación, podría decirse, desde la perspectiva de la economía ecológica, que las demás funciones ecosistémicas, en tanto no tenían valor de mercado, no eran consideradas ni por el Estado ni por la sociedad civil como bienes de importancia. Incluso, al revisar la base de datos del Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR), es llamativo que, a nivel de conflicto social, los problemas en torno al recurso forestal se concentraron, para las primeras dos décadas del siglo XX, en situaciones relacionadas con el hurto de maderas, el incumplimiento en el pago por este recurso o por la tala cerca de las fuentes de agua.

Ahora bien, el gobierno empezó a dictar algunos lineamientos que exigían plantar árboles para reemplazar la cobertura afectada. Esta directriz estatal quedó ilustrada en un contrato firmado en junio de 1913 entre el Estado –representado por Juan R. Acuña– y el señor Eusebio Ortíz B., para que este último desarrollara un servicio de cabotaje en la costa del Pacífico. Dicho contrato establecía en el punto VI:

En compensación del servicio de cabotaje y de correos que Ortiz se compromete a establecer y mantener, se le concede autorización para cortar y exportar hasta setecientas toneladas por mes o sean setecientos noventa y dos metros ochocientos veintinueve decímetros cúbicos de la madera de los bosques nacionales en la costa del Pacifico, en las tres secciones siguientes: 1°: entre Punta Herradura y Punta Quepos; 2º: entre el rio Dominical y rio Coronado; y 3°: entre Rincón y rio Coto en Golfo Dulce,-libre de todo pago de derechos de corta y exportación. Ortiz no podrá cortar los árboles situados en las pendientes, ni a orillas de las vías de comunicación, ni los situados a una distancia menor de setenta metros de los manantiales que nazcan en los cerros, o de cincuenta metros de los que nazcan en terrenos planos, ni los que se encuentren en las vegas de los ríos arroyos y manantiales. Por cada árbol que corte Ortiz, sembrará inmediatamente dos arbolitos de la misma especie en el lugar de la corta…22

Este contrato no solo refleja la obligación de plantar árboles de reemplazo en las zonas de corta –que posiblemente el Estado tampoco podía constatar por la falta de personal–, sino que también evidencia la expansión de la tala, desde Guanacaste hasta la zona del Golfo Dulce en el sur del territorio. Pero de forma paralela, también atestigua la dinámica poblacional en esa región, la cual indudablemente empezaba a explotar los recursos del bosque, aunque esto se dinamizaría más tarde con la construcción de la carretera a través del Cerro de la Muerte.

Es preciso tener claro que las políticas estatales y la dinámica misma del capitalismo agrario ejercían una fuerza centrífuga que justificaba la transformación del paisaje inculto mediante la expansión de actividades agrícolas y ganaderas, y la explotación maderera. Puede señalarse, como ejemplo, que en la Reserva Astúa Pirie, constituida con tierras devueltas al Estado por la United Fruit Company (UFCo) en la primera década del siglo XX, «se destinaron 60.000 hectáreas a la colonización agrícola, pero en la práctica fueron explotadas por terratenientes, quienes explotaron las maderas o cobraron esquilmos a “usurpadores” asentados en la reserva».23

Estas dinámicas de explotación fueron igualmente alimentadas por el denuncio de tierras en diversas partes del territorio. Entre 1881 y 1937 se denunciaron en el Caribe un total de 218 317,33 hectáreas de terreno,24 de las cuales más del 80 % se realizó posterior a 1890, decenio en el cual se presenta el mayor desarrollo de la explotación maderera, según León,25 y en el cual inicia el desplazamiento de esta actividad maderera del Pacífico hacia el Caribe y Norte del país según Goebel.26 Este proceso también fue impulsado desde el siglo XIX por la creación –en muchos casos fallida– de colonias agrícolas dirigidas. El Estado impulsó la atracción de migrantes extranjeros27 y de colonos nacionales con el fin de que se establecieran en diversas partes del país, y aunque la mayoría de ellas no prosperó debido a problemas como falta de caminos y al aislamiento geográfico que impedía el suministro de alimentos y de servicios educativos y religiosos, algunas de ellas si se consolidaron como el caso de la colonia fundada por el líder independentista cubano Antonio Maceo en 1892 y, posteriormente, lo que se llamaría la colonia Carmona fundada en 1910, ambas en la provincia de Guanacaste.28 También es digno rescatar las colonias creadas en el Caribe costarricense, entre ellas la colonia agrícola de Pococí fundada a inicios de la década de 1930 y de la cual León Cortés Castro, como Secretario de Estado en el Despacho de las Carteras de Fomento y Agricultura, informaba en la memoria de 1934 que: «Uno de los colonos, el señor Matías Matamoros, instaló un pequeño aserradero, el cual está prestando muy útiles servicios».29

Pero, además de estos procesos de colonización dirigida, otros flujos migratorios fueron el resultado de la inestabilidad de los precios del café en el mercado internacional, lo cual motivaba que muchos «vallecentralinos» migraran hacia zonas de colonización como Guanacaste y, en general, la región norte del país.30 Hay que recordar que el Estado desde fines del siglo XIX venía promoviendo los denuncios de baldíos y, posteriormente, la titulación de tierras en todo el país como parte de las ideas del progreso liberal, cuyo principio era poner a producir las tierras incultas. Hacia finales del siglo XIX fue el Código Fiscal de 1885 el que promovió el denuncio de tierras y ya en el siglo XX vino la Ley de Cabezas de Familia de 1909, que fue modificada en 1924 y en 1934, para luego ser sustituida por la Ley General de Terrenos Baldíos de 1939 y sus reformas posteriores. Sobre los desplazamientos originados por la crisis de precios en el café, Mora y Sfez,31 citados por Gregersen señalan:

Después de la primera fuerte ola de inmigración en 1930, volvió a suceder otra a principios de los años 40 a causa de la crisis del café durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1930 y 1960 la población de Hojancha, Nicoya y Nandayure se cuadruplicó, pasando de 12.490 habitantes en 1930 a 48 300 en 1960. Este aumento contribuyó fuertemente a la destrucción del bosque y a la merma de la agricultura debido a que las tierras eran cada vez menos fértiles.32

En esa época, la aparente despreocupación de algunos por el destino de los bosques quizás estaba sustentada en la creencia de que el país contaba con una reserva de bosque sumamente amplia, pero esto contrasta con la forma en que otro sector de la población advertía los efectos de la eliminación de la cobertura forestal. Para algunos costarricenses de la época era:

muy satisfactorio encontrar en los periódicos de los últimos días los razonables comentarios que se tejen alrededor de la escasez de maderas nacionales, y, por consiguiente, del alto precio en que se cotizan, todo lo cual ha dado margen para que los madereros lamenten la aflictiva circunstancia que tanto entorpece sus negocios, y se indiquen, por otro lado, las medidas que deberían tomarse para contrarrestar la funesta devastación de nuestros bosques que, en efecto, sufren día con día el más inicuo de los despojos, por lo que, como muy bien se ha dicho, «al paso que van las cosas, antes de cincuenta años, los bosques habrán quedado talados y empobrecidos en esta industria.33

Como puede apreciarse en esta cita, la idea expresada por Cardona coincide con lo que Goebel denomina conservacionismo utilitario,34 una actitud que demostraba mayor preocupación por el agotamiento del recurso que por los efectos ecosistémicos. A lo cual debe sumarse la preocupación por el incremento del precio de la madera, seguramente condicionado también por el costo del transporte que empezaba a ser más representativo, debido a la lejanía entre las ciudades y los bosques. Prueba de ello es que en 1935 un colaborador de la Revista de la Escuela de Agricultura dijo:

En Costa Rica, debido a la gran abundancia de maderas cercanas a las poblaciones, se cometieron muchos errores y abusos en la explotación de nuestras selvas. Sin embargo, hoy día, que ya las selvas se han ido alejando de los centros de población, se siente la imperiosa necesidad de una legislación apropiada en esta materia, así como también de la protección decidida del Estado para esta fuente importantísima de la riqueza nacional.35

Esa preocupación de Cardona en 1929 y de Silverio en 1935, por legislar en favor de preservar la naturaleza, se unió a la iniciativa de la Revista de la Escuela de Agricultura que en 1935 empezó a publicar el apartado denominado «Cartilla Forestal» en el que se difundían diversos conocimientos sobre silvicultura y se promovía que la gente plantara árboles en sus propiedades.36 Sin embargo, pocos años después la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo objetivo era la titulación de propiedades y detener la ocupación de las tierras estatales, motivó otros procesos de deforestación. Dicha ley, aprobada como Ley 11 de 1938 y reformulada en 1941, establecía que podía negarse la titulación de una finca cuando tuviera un área de bosques mayor al 50% del área cultivada. De presentarse esta situación el propietario debía demostrar que el área de bosque no formaba parte de baldíos nacionales u otras tierras del Estado. En otras palabras, como lo dice Boza «para evitarse esta clase de contrariedades al momento de inscribir un inmueble, era mejor que el titulante deforestara toda su parcela».37 Detrás de esa noción de propiedad estaba el propósito de que se demostraran las «mejoras» sobre la tierra.38 El detalle es que probablemente tales medidas también favorecieron otras prácticas como la socola,39 común en Costa Rica a lo largo del siglo XX.

Deforestación en el Valle Central

Aunque los datos con que se cuenta son insuficientes para señalar el impacto de la deforestación durante el siglo XIX y principios del XX, sí es posible, a partir de algunos escritos, asegurar que esta tuvo un efecto directo en el Valle Central. Por ejemplo, finalizando la primera década de la centuria pasada, existía entre los costarricenses del Valle Central preocupación por la reducción en las cosechas de café y para algunos de ellos esto estaba relacionado de forma directa con la deforestación. Como explicaba Pérez,40 esa merma en la producción era el producto de «la deterioración del clima, resultado de la destrucción de bosques en vasta escala». En el marco de esa situación, el mismo Pérez reflexionaba sobre las posibles soluciones para resolver el problema de la baja producción que aquejaba a los cafetaleros y señalaba que solo veía como posibilidad incursionar en el uso de abonos y otras prácticas agrícolas o «prescindir de las tierras agotadas y dirigirse á las vírgenes, para proseguir en ellas el cómodo sistema de expoliación, que se ha venido practicando hasta aquí».41 Esta noción apunta a la incorporación de nuevas tierras, posiblemente de bosques, a la producción de cultivos; pero también reconoce la existencia de prácticas insustentables, lo cual, de nueva cuenta, conduce a pensar en que la sociedad, o parte de ella, era consciente de los efectos que causaba la deforestación, aunque sus apreciaciones fuesen imprecisas, vistas desde el conocimiento actual.

Un año después de esas declaraciones, desde el Boletín de Fomento se indicaba que «con especial interés se preocupará el nuevo Departamento de Agricultura de la repoblación de los bosques, estudiando las medidas legislativas que convendría adoptar para poner coto al grave mal de la tala inconsiderada de los bosques».42 Esta alusión a calificativos como «vasta escala» y «grave mal» pueden interpretarse, junto a las descripciones de Pittier (1891)43 en su viaje al Térraba, como un claro indicador del peso que tuvo la deforestación que se extendía por el territorio entre finales del siglo XIX44 y principios del XX. Pero no solo dan cuenta de la deforestación en sí misma, sino que aportan a la comprensión de una relación socioecológica con un alto coste social y ambiental característico de la sociedad latinoamericana –heredada de la visión colonial europea de naturaleza–,45 para la cual, el ser humano debía «dominar» la naturaleza con el fin de ponerla al servicio del desarrollo, en clara correspondencia con el modelo liberal agroexportador. De esto último es pertinente recordar también las palabras de Guillermo Castro:

Mediante el ingreso masivo de capitales y tecnología provenientes del mundo noratlántico a partir de las condiciones creadas por el triunfo de la Reforma Liberal –en particular, mercados de tierra y de trabajo–, se establecen las premisas que harán de la economía de rapiña la forma hegemónica de relación con la naturaleza hasta nuestros días.46

La materialización de ese dominio quedó «registrado» en los tipos de maderas exportadas entre 1900 y 1950, pues la variedad de especies extraídas y vendidas se multiplicó significativamente. Esto pudo responder a la escasez de maderas finas como cocobolo –Dalbergia retusa–, caoba –Swietenia macrophylla– y cedro –Cedrela odorata– principalmente, pero también a la necesidad de compensar esa carencia con otras especies maderables como lo señala Goebel.47

Tabla 1. Variedades de madera exportadas desde Costa Rica entre 1900 y 1950 según nombres comunes

Caoba	Tempisque	Sándalo	Roble
Cedro	María	Ron-Ron	Andiroba
Cocobolo	Níspero	Gallinazo	Campano
Palo de mora	Alcornoque	Cativo	Cola de pato
Genízaro	Guanacaste	Ira lechoso	Espino amarillo
Balsa	Madera creosotada	Madera aserrada blanca	Fruta dorada
Cachimbo	Vencola	Pinotea	Naní
Cristóbal	Escobo	Cortés	Ojoche
Espavel	Nazareno	Corralillo	Pilón
Fustie	Zapatero	Gavillo	Surá
Guayacán	Ajo	Guapinol	Aguacatón
Pochote	Rosa	Guayabo	Caracolillo
Quebracho	Almendro	Quina	Aceituno
Laurel	Bateo	Caobilla	Otras maderas

Fuente: Anuarios estadísticos de 1900 a 1950. Se conserva escritura original.

Ahora bien, no puede obviarse que la deforestación a la que se hace referencia de forma directa o indirecta en distintos documentos de principios de siglo XX está relacionada con la percepción que se tenía sobre el uso del suelo y de prácticas agrícolas como las quemas a las que Pittier también hacía referencia.48 Es necesario rescatar que, aunque la Ley de cercas divisorias y quemas de 1909 expresaba claramente que estas solo se podían autorizar en casos calificados, alguna gente hacía uso de esa práctica cultural sin el debido permiso.49 Sobre este aspecto llama la atención una correspondencia de 1912 entre el jefe político de Acosta y el secretario de Estado en el Despacho de Fomento, relativa a una solicitud de vecinos para realizar quemas con el fin de preparar los terrenos para la siembra. La respuesta del secretario fue negativa, como era de esperarse, pero lo revelador es que en su razonamiento agregaba que «En cuanto a las montañas, su destino natural es el de bosques si son escarpadas, y el de potreros si su pendiente es moderada».50 Estas ideas, expresadas desde el mismo órgano de fomento, permiten imaginar lo que estaba ocurriendo desde finales del siglo XIX con los bosques ubicados en terrenos apropiados para la ganadería o para la agricultura, aunque estuviesen en montañas. Pero, además, la posible ocupación de estos terrenos para la expansión de la agricultura de plantación –café y caña, principalmente– también afectó de manera directa la resiliencia de los ecosistemas para recuperarse.

Otro ejemplo igual de ilustrativo es que el mismo Boletín de Fomento «promocionó» el uso de la dinamita como medio para facilitar la preparación de terrenos agrícolas. En 1912 dicho boletín reproducía parte de un artículo de la Estación de Agricultura de Kentucky –Estados Unidos–, titulado, «Blowing stumps with dynamite».

En los desmontes, remover la montaña superficialmente no es muy costoso, pero si uno intentara preparar el suelo para el arado con sólo los medios usuales de limpia, el trabajo resultaría de un costo completamente prohibitivo. Por esta razón se prefiere hacer plantaciones imperfectas con todas sus malas consecuencias para el futuro. Con la dinamita tendría uno un modo de suficiente baratura para desmontar y limpiar completamente cualquier terreno de montaña y en condiciones inmejorables.51

No hay evidencias para asegurar que la dinamita se llagara a utilizar con ese fin,52 no obstante, la sola referencia a ella es relevante en tanto informa sobre la importancia que revestía para el desarrollo de la agricultura comercial, la posibilidad de abaratar los costos en la preparación de nuevos terrenos para la producción. Además, junto a esa idea de «luchar» contra la naturaleza para hacer fincas y explotar las riquezas naturales convivían otras nociones poco claras o ambiguas sobre lo que se debía o se podía hacer para protegerla. A manera de ejemplo se puede anotar la idea de que «defender las selvas contra la destrucción inicua de los explotadores madereros es obra de elevado espíritu altruista y del más sano patriotismo».53

Solo 10 años después de que Anderson enunciara esa idea, la Revista de la Escuela de Agricultura publicaba otro artículo en el que su autor opinaba que «debemos empezar por una ley que nacionalice los árboles».54 En la construcción de su argumento, el autor de dicha propuesta señalaba que «La ley debe prohibir la corta de árboles a más de mil quinientos metros de altura. Si necesitamos maderas podemos recurrir a las existentes en las llanuras».55 Claramente su concepción estaba orientada a evitar la erosión que afectaba las laderas en los terrenos cercanos al Valle Central, pero le resultaba indiferente que se cortara el bosque en las llanuras, áreas que aún estaban poco pobladas y se veían como terrenos por ser ocupados y sus riquezas naturales puestas en beneficio de la población y del país en general. Incluso en el mismo anuario estadístico de 1944 se advierte este tipo de contradicciones, pues, aunque hablaba de la necesidad de crear caminos para transformar bosques en sementeras, también se refería a la deforestación en los siguientes términos:

Este problema de tan alta importancia, tiene por su categoría y su solución un interés que le equipara a cualquiera otra de las preocupaciones nacionales y que siendo tan vital como los problemas económicos y sociales permanece encarpetado a pesar de su urgencia. La agricultura y la ganadería están sufriendo desgaste por la sequía continuada en los territorios más poblados del país y muchas extensiones de magníficos terrenos permanecen ahora incultos o rinden escasa producción por falta de agua, mientras que las ganaderías que proporcionan leche a las poblaciones de la meseta central se limitan gradualmente porque los animales se mueren de sed.56

Es válido recordar que esta relación entre deforestación y disminución de aguas y lluvias ya había sido expuesta por Pérez 34 años atrás; esto quiere decir que las políticas de contención de la tala o bien las que trataban de impulsar la reforestación al parecer seguían sin surtir efecto. Pero, además, es presumible que la mejora y construcción de nueva infraestructura vial impulsara la venta de tierras en las «fronteras del área cafetalera» y que la migración de gente en busca de nuevas tierras para hacer finca haya incidido, de manera directa, en los procesos de deforestación en las zonas periféricas al Valle Central, particularmente hacia regiones como Esparza, San Carlos, la zona de Los Santos –los cantones de Tarrazú, Dota y León Cortés– y el Caribe, entre otros.57 En este sentido, es válido recordar que la Ley de Informaciones Posesorias establecía nuevos lineamientos para el denuncio o adquisición de tierras, lo cual les asignó a estos frentes migratorios una característica de ocupación que derivó en una relación socioecológica depredadora. Sobre esto es ejemplificante la descripción de Nygren sobre la ocupación de Alto Tuis:58

A lo largo de la década de 1930 y 1940, los campesinos de Alto Tuis continuaron talando para aumentar la producción de granos básicos para la venta en el mercado nacional. Además, el sistema de denuncio motivó a algunos colonos a limpiar tierras forestales sin ninguna intención de cultivar, ya que la tala era un requisito legal para obtener derechos de propiedad en tierras públicas. Algunos grandes terratenientes comenzaron a especular con la tierra. Reclamaban cincuenta hectáreas de tierras públicas y contrataron peones para cortar el bosque. Cuando el valor de la tierra aumentaba, la vendían y se mudaban a una nueva frontera, reclamando otra área de bosque público y despejándola.59

Sin duda alguna, la situación descrita por Nygren para el Alto Tuis debió operar de manera similar en los diversos frentes de frontera agrícola. Pero lo más significativo de esta situación es que, como lo indicaba también Mario Boza, las políticas del Estado contribuyeron, decididamente, a la deforestación sin otro objetivo que el de demostrar propiedad sobre la tierra. Así, este modo de operar de algunos actores sociales –no necesariamente campesinos o agricultores– contribuye a reforzar la premisa de este estudio en torno a que la explotación de la madera, mucha de ella en manos de grandes propietarios y posiblemente de gran capital, contribuyó de manera significativa al proceso de desmantelamiento de la cobertura forestal del Valle Central y del Pacífico Norte. Incluso, es plausible que esta dinámica se haya extendido a la segunda mitad del siglo XX, de la mano de industrias madereras que explotaban los bosques antes de que se estableciera la ganadería como tal.60

Volviendo al ejemplo de Alto Tuis, no es de extrañarse, entonces, que en un contexto donde la población empezaba a crecer y la presión sobre la tierra iba en aumento, la especulación resultara un vehículo de enriquecimiento fácil, viable y, además, auspiciado por el mismo Estado. Partiendo de esta dinámica especulativa, poco estudiada y probablemente alimentada por el capitalismo agrario, es justo señalar que al hablar de la deforestación de frontera agrícola no puede señalarse, en la misma dimensión, aquella que es realizada por el pequeño campesino en busca de tierras, de la hecha por personas o grupos con intereses económicos concretos que se valieron de la renta de la tierra y del valor de la madera para hacer negocio.

La situación fuera del Valle Central

Las fuentes estudiadas aportan dos lecturas más o menos claras sobre la deforestación para el periodo en estudio. Por un lado, un Valle Central que mostraba signos bastante legibles sobre el agotamiento de recursos forestales, como lo vimos en el apartado anterior, y otra, menos clara, que habla de la existencia de abundantes bosques en la periferia de las ciudades creadas hasta entonces. Respecto a esta segunda lectura, Carolyn Hall señalaba que, en 1935:

Los bosques todavía predominaban en el paisaje costarricense. Muy poca vegetación natural se había quitado en el área situada al sur del Valle Central, o en las llanuras cercanas a la frontera con Nicaragua; considerables extensiones de bosques, existían también en la parte sur de la península de Nicoya, en Guanacaste.61

Esta lectura de Hall, aunque disímil de lo planteado por Pittier para finales del XIX, no deja dudas de que hacia las afueras del Valle Central de Costa Rica existían abundantes espacios boscosos en la década de 1930. Esta visión es congruente con un artículo de la Revista de Agricultura, publicado en 1946 mediante el cual se decía:

Los bosques, muchos de ellos todavía vírgenes, cubren aproximadamente el 78% de la superficie de Costa Rica, o sea más de 15 000 millas cuadradas. Ocupan casi cuatro veces el área de las tierras dedicadas a la agricultura y a la ganadería. Es evidente que constituyen uno de los recursos naturales más importantes de la República y que su manejo y utilización en el futuro afectará profundamente la prosperidad venidera del país.62

Más allá de la fiabilidad de los datos ofrecidos, esa afirmación, junto a los argumentos de Hall llevan a concluir que los mayores procesos de deforestación del territorio costarricense, en las afueras del Valle Central, se dieron después de la década de 1930, favorecida por un activo mercado de maderas, y claramente en la segunda mitad del siglo XX, motivada, pero no exclusivamente, por la expansión de la caña y de los pastos para la producción de carne de exportación, actividades entre las cuales presumiblemente actuó la industria maderera.

Las fuentes consultadas aportan otra evidencia de esta situación, en este caso para la década de 1930 en la región de Sarapiquí. Dicha zona era vista como una frontera por conquistar. En palabras de Luis Dobles Segreda, ministro de Educación durante la tercera administración de Ricardo Jiménez Oreamuno, «no hay duda de que con el tiempo, cuando toda la región goce del fomento de muchas industrias y se hayan despejado sus inmensos bosques, el clima mejorará y Santa Clara será un emporio de riqueza».63 Esta referencia nos remite de nuevo a la percepción que se tenía sobre los bosques; en esta ocasión incluso se presenta la tala como una condición necesaria para mejorar la salubridad y habitabilidad de la región y de esa forma incentivar el poblamiento y la extracción de las riquezas que ella ofrecía a la economía nacional. Sobre esa misma región, en 1944 se decía que los caminos concluidos o en ejecución requerían del complemento de transportes baratos para que «los campos que ahora son bosques se conviertan en sementeras».64

De forma semejante se presentaba la ocupación del Pacífico Sur del territorio y en particular la llegada de colonos al Valle de El General para hacer fincas e integrar aquella región al ciclo productivo nacional. 65 Como ejemplo de ese proceso, y en alusión a la gente que migraba hacia el sur de Cartago, Mora señalaba que «Entre los centenares de campesinos, que han luchado palmo a palmo con la Naturaleza y la han vencido, está don Joaquín Barrantes Retana, que hace 10 años se internó en las selvas en compañía de sus hermanos…».66 Pocos años después, el anuario estadístico de 1944 exponía que se debía declarar a los habitantes de San Isidro de El General por los «méritos contraídos en su laboriosa obra de conquistadores, Ciudadanos Distinguidos de la República».67

Este proceso de ocupación del territorio estuvo vinculado a la apertura de caminos y, con ello, a la explotación del bosque. Aunque no hay investigaciones puntuales que permitan valorar la relación entre apertura de caminos y la eliminación progresiva del bosque para el periodo de estudio,68 un trabajo de 1988 sobre las tasas de deforestación de Costa Rica entre 1940 y 1983 señala:

Se encontró una fuerte relación entre la red de transporte terrestre de 1977 y la tala de bosques [...]. En 1977, la distancia media desde la carretera o ferrocarril más cercano al bosque era de 14,2 km y la distancia media a lugares no forestales era de 5,5 km.69

Esta relación entre la apertura de caminos y el proceso de deforestación es clave no perderla de vista, pues luego de agotarse los bosques cerca de los embarcaderos, la posibilidad de exportar maderas o de suplir la demanda interna estuvo condicionada ineludiblemente por la posibilidad del transporte por vía fluvial o terrestre. Según datos de la Memoria de Fomento y Agricultura, a marzo de 1941 el país ya contaba con 788,3 kilómetros de carreteras en funcionamiento fuera de las áreas urbanas. Pero, además, indica que se habían reparado «algo más de 1 500 kilómetros de caminos de tierra, prácticamente una tercera parte de los caminos vecinales del país».70 Aunque estos datos se deben tener solo como aproximados, son ilustrativos del amplio desarrollo de caminos vecinales que ya tenía el territorio nacional al empezar la década de 1940, decenio en el cual inicia el repunte de las exportaciones de madera particularmente de balsa –Ochroma lagopus– y cativo –Prioria copaifera– desde las regiones Norte y Caribe del territorio. Sobre esto es importante no olvidar el papel del ferrocarril de la Northern Railway Compañy que también transportaba maderas desde el Caribe hacia el Valle Central para suministro al mercado interno.

La industria de la madera

El agotamiento de los bosques parece estar claramente identificado para el Valle Central, no así para el resto del territorio del cual solo se cuenta con información parcial. Sin embargo, las fuentes censales permiten un acercamiento a la realidad de algunas zonas del territorio nacional. Por ejemplo, según los censos de las primeras décadas del siglo XX y los anuarios estadísticos del país, las provincias de Guanacaste y Puntarenas aparecen como las que presentaban mayor cantidad de aserraderos o sierras manuales, hidráulicas, de vapor o eléctricas incluso. Y aunque estos datos no son concluyentes, ni dan cuenta del volumen de madera procesada, su presencia puede interpretarse como parte del dinamismo de la explotación forestal en estas provincias, favorecido por la existencia de ríos y bahías, y en general de condiciones litorales adecuadas para los embarcaderos.

Gráfico 1. Total de aserraderos y sierras registradas
en Costa Rica entre 1905 y 1951

Fuente: Elaboración propia con base en los censos de 1905, 1909 y 1913. Para 1926 memoria de Hacienda; para 1942, Ana María Botey, Costa Rica entre guerras 1914-1940 (p. 44); 1951 Memoria del Ministerio de Agricultura e Industria (p. 127). Los restantes años a partir de anuarios estadísticos.

En términos generales, el comportamiento levemente descendente del número aserraderos y sierras registrados en el país guarda relación con la disminución en las exportaciones de madera, como se verá más adelante.71 Sin embargo, interesa resaltar, como ejemplo, que, en 1926, de los 263 aserraderos registrados, 138 eran sierras operadas de forma manual. De estas, 77 se ubicaban en Guanacaste. Además, había 45 movidas por vapor y 80 hidráulicas de las cuales el 22,5 % estaba en San José y el 47,5 % en Alajuela. Después de 1929 no fue posible ubicar datos de aserraderos en los anuarios con el grado de especificidad anterior; no obstante, en la memoria del Ministerio de Agricultura e Industrias (MAI) de 1953 se presentan los datos sobre aserraderos de 1951, en los que se destaca que 48 usaban fuerza eléctrica, 47 fuerza hidráulica, 35 funcionaban con diesel, 6 con gasolina y 2 con canfín.

La concentración de buena parte de aserraderos hidráulicos en Alajuela y San José en 1926 sugiere, por un lado, el crecimiento de la industria de transformación –ebanistería y construcción– y, por otro, la facilidad de acopio de maderas impulsada por la paulatina apertura de caminos en la zona central del país. No es posible precisar la capacidad de procesamiento de los aserraderos de la época,72 pero es plausible pensar que la disminución de aserraderos se acompañó, paralelamente, del aumento en la capacidad de procesamiento de algunos de ellos, así como del paulatino incremento de depósitos que comercializaban madera y del uso de leña en otras ramas de actividad.73 Según los datos de 1951, presentados en la memoria del MAI, de los 138 aserraderos registrados, 55 –prácticamente el 40 %– usaba sierras cinta o cierras verticales y el restante 60 % sierras circulares; además, solo 2 de esos aserraderos utilizaban secadoras de madera.74 Ese mismo estudio señalaba que «la industria del aserrío ocupa un lugar prominente entre las industrias nacionales», pero al mismo tiempo indicaba que «existe un gran desperdicio en los aserraderos debido al uso de maquinaria antigua o poco apropiada. La sustitución de la sierra circular por sierra de cinta o banda, por ejemplo, resultaría en una apreciable economía de maderas».75

Gráfico 2. Total de aserraderos y sierras registradas en Costa Rica,
por provincia, entre 1905 y 1929

Fuente: Elaboración propia con base en los censos de 1905, 1909 y 1913. Para 1926 memoria de Hacienda; para 1951 memoria del MAI. Los restantes años a partir de anuarios estadísticos.

Es preciso rescatar del gráfico anterior al menos tres aspectos concretos. Lo primero es que Guanacaste y Puntarenas –el Pacífico costarricense– seguía siendo, al parecer, el punto de mayor dinamismo forestal. En segundo lugar, el hecho de que Heredia aparezca como la provincia con menor cantidad de aserraderos durante todo el periodo es reflejo de que en la primera mitad del siglo XX la zona norte del país aún constituía una frontera casi inexplorada para la explotación forestal; esto, pese a que el gobierno venía impulsado la expansión hacia el norte y caribe. Asimismo, es plausible que parte de esta especulación de tierras haya estado asociada, de forma directa o indirecta, con la explotación de maderas para suministro local o para exportación. Y, en tercer lugar, aunque el aumento de la cantidad de aserraderos en Limón es pequeño para 1951, también refleja el rol que esa región empezaba a tener en el conjunto de la explotación maderera y en la aparente recuperación del número total de aserraderos, luego de su caída hasta 1942, como se aprecia en el gráfico 1.

Gráfico 3. Costa Rica: Total de madera exportada entre 1900 y 1950
(todas las variedades en metros cúbicos)

Fuente: construcción propia con base en anuarios estadísticos de 1900 a 1950.

El gráfico 3 es contundente en demostrar cómo la exportación maderera fue en declive hasta comienzos de la década de 1940 y, aunque aumentó considerablemente el número de especies forestales exportadas, su volumen disminuyó sustancialmente. La recuperación de mediados de la década de 1940 en adelante está asociada a dos aspectos esenciales; por un lado, la exportación de madera de cativo –Prioria copaifera–, especie forestal que se empezó a explotar en el Caribe como respuesta a la disminución de maderas en el Pacífico; pero también como parte de las nuevas demandas del mercado mundial para la elaboración de playwood.76 Por otro lado, el contexto de la II Guerra Mundial y las relaciones con Estados Unidos provocaron un incremento considerable en las exportaciones de madera de balsa –Ochroma lagopus–, la cual resultaba de gran utilidad en la industria bélica. Sobre esto último es necesario rescatar que el gobierno estableció políticas de incentivo a quienes se dedicasen a plantar balsa, hule –Castilla elastica– y abacá –Musa textilis– y se firmó un contrato con la International Balsa Company S. A. para establecer plantaciones de balsa. Según este contrato, publicado en la Gaceta el 30 de mayo de 1943, la compañía se comprometía a plantar una extensión «no menor a quinientas hectáreas de balsa dentro de un periodo de cinco años», «en la Zona Atlántica […] sin perjuicio del derecho que asiste a la Compañía de sembrar además en cualquier otra parte del territorio de la República».77 Es oportuno recordar que este contrato fue precedido por otro firmado en 1942 mediante el cual se llegó a la creación del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas en Turrialba.78

Gráfico 4. Costa Rica: Peso relativo de las 15 especies de madera con mayor exportación entre 1900 y 195079

Fuente: Construcción propia con base en anuarios estadísticos de 1900 a 1950.

En el caso de la madera de cedro –Cedrela odorata–, el total exportado durante el periodo 1900-1950 fue de 250 077 metros cúbicos –el 48,6 % del total exportado–. Aunque no existe un conversor único para estimar el volumen de madera que se puede obtener por hectárea de bosque, pues esto depende de múltiples factores. Un estudio80 de 1968 sugiere para bosques tropicales una media de 80 m3/ha. Ahora bien, se debe señalar que no obstante la importancia en la exportación de balsa –a la que Goebel dedica buena parte de su análisis–, en términos del volumen exportado la madera de cativo ocupó un segundo lugar, seguido de cerca por palo de mora –Maclura tinctoria–, caoba, cocobolo y balsa.81 El resto de las maderas tuvieron una participación menor, aunque en algunos años de este periodo pudieron tener mayor peso como el caso del genízaro –Pithecolobium saman–, considerada como una de las maderas finas de mayor valor comercial.

La preocupación por el agua

Este proceso de deforestación que se ha intentado retratar también agudizó las preocupaciones en torno al suministro de agua y, como consecuencia, surgieron argumentos que responsabilizaban a la deforestación cerca de los ríos como la principal causa de ese fenómeno.82 La legislación sobre el agua, aunque relativamente abundante en el siglo XIX, debió esperar hasta 1884 para que Próspero Fernández –presidente de 1882-1885– firmara la Ley de Aguas83. Luego de esta siguieron diversos decretos que buscaban el saneamiento e impedir la contaminación, como, por ejemplo, el de 1936 que prohibía verter residuos de café en los ríos sin un tratamiento previo.84

Ahora bien, fuera de estas directrices emanadas del gobierno, resulta interesante rescatar la participación comunal en relación con la defensa del agua y el tema de los bosques. En 1940 se llevó a cabo en San José un Congreso de municipalidades y, en esa ocasión, el delegado municipal de Poás, Aquiles Gamboa, presentó una propuesta con el objetivo de que esta pudiese ser acogida y convertida en ley. El señor Gamboa inició señalando que la ley de bosques «como muchas otras e interesantes leyes, muy poco se aplica y permanece en el letargo, entre las hojas de un Código».85 Debido a ello proponía no seguir indiferentes y solicitar al Congreso, entre otras cosas, que se decretara una partida para sostener el cuerpo de guardabosques –que se había creado desde 1906–, vigilar las cañerías, exigir la conservación y reforestación de bosques cuando fuese necesario, así como aplicar las penas del código fiscal que correspondieran.86 A esto habría que agregar que pocos meses antes el Gobierno ya había decretado la Ley General sobre Terrenos Baldíos de 1939 en la cual prohibía:

Enajenarse los terrenos de las islas, ni los situados en las márgenes de los ríos, arroyos y, en general, de todas las fuentes que estén en cuencas u hoyas hidrográficas en que broten manantiales, o en que tenga sus orígenes o cabeceras cualquier curso de agua del cual se surta alguna población o que convenga reservar con igual fin.87

Ahora bien, la exposición del delegado Gamboa en dicho Congreso también resulta valiosa, no solo porque se refería a la condición particular de los bosques –exigir reforestación–, sino también porque hacía sugerencias que fácilmente nos conectan con la actualidad. Por ejemplo, proponía que se crearan

Dos premios de ₡75.00 cada uno, para los propietarios que dentro del plazo de un año impartida la orden, ofrezcan las mayores fajas de terreno plantadas de árboles a la orilla de los ríos. Durante los tres primeros años se mantendrá este pequeño estímulo para los terratenientes, pudiendo aumentar la suma fijada, según la clase de árboles escogidos y cuidados con su conservación.88

Como puede advertirse claramente, aunque con el debido cuidado de no extrapolar o forzar el sentido de las palabras, lo que exponía el delegado Gamboa en 1940 se asemeja a lo que pocas décadas luego serían los certificados forestales e incluso el pago por servicios ambientales que surgió en la década de 1990. El argumento del delegado Gamboa, enmarcado en la lógica de protección de los recursos naturales, es otro claro ejemplo de la preocupación que existía en algunos sectores de la sociedad en contraposición al desarrollo de la tala que avanzaba hacia diferentes regiones del país con nocivas repercusiones ecosistémicas. En el marco de discusiones como estas y en el contexto de una década de grandes conflictos y transformaciones sociales –la década de las reformas sociales– se llegó a la creación de la Ley de Aguas de 1942, que es la que nos rige actualmente.

Más tarde, en la memoria del Ministerio de Agricultura e Industria correspondiente a 1949, el ministro Bruce Masis Diviassi señalaba con claridad que «La explotación maderera realizada no ha obedecido bajo ningún aspecto a una orientación racional que asegure existencia constante de maderas y protección a las aguas y al suelo».89 Pero, además, en relación con la recién reestructurada Sección de Conservación de Suelos y Forestal, y en particular de la parte forestal, el mismo Masis señalaba con preocupación:

Existe una desorientación completa en esta materia y la política agraria seguida ha ido creando un caos que llega a percibirse en la forma de falta de madera, agua y destrucción de lo que debe ser indiscutiblemente una fuente de riqueza para las generaciones futuras. En su labor tropieza [la sección forestal] con problemas de gran envergadura como el de legislaciones erróneas, multitud de intereses creados, ignorancia de lo que significa la explotación racional y desorganización en lo referente a la Administración de terrenos del Estado.90

Naturaleza, conservación y turismo

Es oportuno rescatar que desde principios del siglo XX aparece un discurso relacionado con el turismo y su vinculación con la idea de conservar. Desde el muy temprano 1912, en el Boletín de Fomento se advertía de la «importancia que tiene para Costa Rica atraer los turistas por medio de buenos caminos».91 Y en esa misma línea, pero en estrecha relación con la idea de conservar pocos años después se escribía del turismo:

Eso que es un fenómeno de nuestros días y que es también una industria, va tomando caracteres de un movimiento de sensibilidad universal, incorporado, mejor dicho formando parte del bagaje total de la civilización. El turismo futuro por lo tanto, solo tendrá dos acicates para la organización de sus caravanas: las reliquias del arte antiguo y los rincones de la naturaleza que guarden celosos algún tesoro de belleza. En cuanto a las primeras, ignoro que existan en Costa Rica, fuera de las prehispánicas. En cuanto a los segundos, fuera de los volcanes, debe haber en las montañas, lugares de pasmosa hermosura. Ahora viene mi pensamiento: elegir un par de reservas forestales y declararlas Parques Nacionales. Sagrados e intangibles.92

Esta interpelación de Lorz resulta de valioso significado, en primer lugar, porque la sugerencia de crear parques nacionales en 1930 constituye la primera referencia conocida sobre este tema en Costa Rica, pues Mario Boza dice que fue el profesor José María Orozco Casorla, iniciativa que ubica hacia 1939-1940, según las publicaciones hechas por dicho profesor en la Revista de Agricultura.93 Pero lo que sabemos con exactitud es que, salvo la reserva de Astúa-Pirie y la declaratoria hecha en 1945 para la protección de robledales a ambos lados de la Carretera Interamericana en el paso por el Cerro de la Muerte, los primeros parques nacionales no fueron decretados sino hasta en la década de 1950, junto a la creación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).94 La segunda razón que hace valioso este aporte es que permite ubicar en la década de 1930 los primeros argumentos desde los cuales se presentaba la naturaleza como una potencial fuente de riqueza, si se le explotaba de manera adecuada mediante el turismo. Este argumento, que podría pasar inadvertido en el análisis simplificado de la deforestación, es vital remarcarlo, pues la hipótesis que se aventura es que los esfuerzos de protección del bosque, luego de la década de 1930, estarían alimentados por la idea de que la naturaleza podría constituirse en una fuente de riqueza nacional más allá de la explotación y comercialización de maderas finas que, de por sí, ya mostraban signos de agotamiento y cuya venta dependía de la demanda externa.

Hay datos que permiten reforzar la hipótesis descrita, como, por ejemplo, los del anuario estadístico de 1942. Entre setiembre de 1941 y agosto de 1942, en pleno conflicto bélico, el país registró un ingreso de 826 050 dólares por concepto de excursionistas y vacacionistas lo que representaba 4 645 140,50 colones.95 Y según ese informe, al terminar la guerra, los ingresos por este concepto se convertirían en «uno de los renglones de ingresos, no controlados, mayores con que pueda contar la economía nacional».96 Pero lo sobresaliente para los objetivos de este trabajo es que en la exposición de los argumentos se señalaba que además del aspecto económico el país tenía otros intereses.

Que nos conozcan, que aprecien nuestra vida sosegada y laboriosa; que saboreen nuestra real democracia y nuestras amplias libertades; que aquilaten nuestra cultura y se aperciban del confortable ambiente hogareño nuestro. Que su estética se sienta conmovida ante la majestad de nuestra naturaleza, la seducción de sus campiñas y su clima de templanza primaveral y que al regresar a su país lleven en su espíritu un bagaje de gratas impresiones, que se convertirá, fuera de nuestras fronteras, en valiosa propaganda para el nuestro.97

Lo expuesto en ese documento sobre el turismo, además de los elementos propios del mito de la «Suiza Centroamericana», establece, con claridad, la importancia de potenciar la naturaleza como un atractivo y como estrategia para atraer más visitantes. Sin embargo, no se quiere dejar por fuera la noción expresada en estos argumentos relativa la necesidad de empezar a controlar mejor los ingresos derivados de esta nueva industria. Debido a ello, en el anuario de 1946, el ingreso de 5 292 361,80 colones por el mismo concepto hacía pensar que tal cifra marcaba «no sólo la iniciación de un ingreso progresivo por estas actividades, sino oportunidades crecientes de que las condiciones excepcionales del país para las inversiones del capital extranjero sean apreciadas por un número mayor de visitantes».98

La conservación y el papel de los Estados Unidos

La preocupación por el ambiente fue cobrando cada vez más importancia y en 1946 se fundó la Asociación para promover la reforestación y riqueza de las aguas y los suelos, la cual fue creada en San José por Ernesto Arias Morúa, Alberto Orozco Castro, Hugo Beer Saborío, Edwin Corrales Contreras, Alejandro Troyo Chavarría, Rodrigo Peralta Quirós, Harry Zurcher Acuña, Aníbal Murillo Movellán, Rodolfo Coronado Lizano y Julio Rodríguez Ruiz.99 Pero, por otra parte, la idea de conservar bosques también empezó a recibir el influjo de Estados Unidos, alentado quizás por la misma relación que estableció el gobierno costarricense con ese país del norte en el contexto de la II Guerra Mundial como se indicó líneas atrás. Recién finalizado el conflicto bélico, la Revista de Agricultura publicaba una transcripción sobre las recomendaciones que hacía el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En ese texto, además de plantear la necesidad de proteger las faldas de las montañas y los cauces de agua, se señalaba, puntualmente, sobre el caso de San Isidro de El General.

La clasificación de los terrenos forestales tiene que ser una empresa progresiva, principiando por áreas en donde exista demanda por nuevas tierras de labranza o donde la remoción de la cubierta forestal esté produciendo efectos dañinos […] Las tierras en este Valle [General] deberían ser clasificadas tan pronto como sea posible. Por otro lado, parcelas de la región al este de la Cordillera de Talamanca, silvestres y cubiertas de espesos bosques, son tan inaccesibles que tardará mucho tiempo antes que, tanto el agricultor como el maderero, puedan llagar a ellas. La clasificación de tales tierras puede muy bien ser dejada para más adelante.100

Esta observación del Servicio Forestal de Estados Unidos resulta interesante, pues básicamente exponía que el Gobierno debía ir un paso adelante del proceso de expansión de la frontera agrícola y la ocupación de tierras baldías, para fijar, de manera anticipada, lo que se debía conservar. Esta recomendación, hecha en el marco de la construcción de la Carretera Interamericana que conectaba al Valle Central, con El General, aplicaba en todo sentido para la apertura de caminos que se hacían hacia diversos lugares del territorio. La misma Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO, por sus siglas en inglés– indicaba en 1948 que «La Carretera Interamericana ha hecho accesibles muchas de las áreas forestales aisladas, y se espera que aumente considerablemente el aprovechamiento de los bosques de esas regiones».101

En esta misma línea de recomendaciones internacionales se debe acotar el estudio realizado en 1946 por William Vogt, jefe de la Sección de Conservación de la División de Cooperación Agrícola de la Unión Panamericana. Según Vogt, «la realidad es que la tierra de Costa Rica se halla bastante más enferma de lo que los ciudadanos de esta hermosa comarca con muy contadas excepciones, pueden suponer».102 Para él, la falta de claridad o esa engañosa realidad sobre la tierra derivaba de que «el país está dotado, a ese respecto, en forma excepcionalmente rica y la población se ha mantenido lo bastante baja para no crear la necesidad de tierras».103 En este estudio, el señor Vogt era claro en señalar que la explotación intensiva de bosques para el suministro de leña y madera era el mayor problema que observaba en Costa Rica, pues incluso habría conducido a la corta de maderas muy valiosas para leña. Señalaba, sin reservas, que algunas áreas de Costa Rica «deberían preservarse tan solo por motivos estéticos; con el tiempo vendrían a constituir una formidable atracción para el turismo y serían visitadas por miles de viajeros que dejarían en el país millones de dólares».104 En su trabajo el señor Vogt indica:

Si Costa Rica poseyera grandes museos levantados por el esfuerzo humano, estoy seguro que su pueblo no permitiría que fueran destruidos. Pero real y verdaderamente Costa Rica posee algunos de los mejores museos naturales que puedan existir en el mundo y que, desde todos los puntos de vista son ciertamente merecedores de idéntica consideración y respeto.105

La referencia de William Vogt sobre la riqueza natural de Costa Rica describiéndola como un «museo» es significativa, ya que esta idea de conservación «museística» deriva de la noción del Wilderness –que puede entenderse como desiertos verdes o áreas silvestres inalteradas y prístinas–,106 impulsada por Estados Unidos desde la creación de sus primeros parques nacionales y que, como se sabe, ha sido criticada desde diferentes realidades.107 Por otro lado, es posible que, en el marco de las relaciones de Estados Unidos con Costa Rica, estas concepciones hayan permeado fuertemente en los primeros intentos por impulsar el desarrollo de la conservación en el país. Para finalizar, Vogt también da algunas pistas sobre el avance del proceso de deforestación hacia el oeste del valle Central, pues indica que San Ramón es el lugar donde encontró «un grado tan avanzado de destrucción del suelo».108 Algo semejante dice del trayecto entre San Ramón, Piedades y el camino a Esparza.

Vogt también se refirió al tema de la deforestación de Costa Rica en la revista Unasylva –publicada por la FAO– y en ella no solo se refirió a los pastizales de baja calidad que sucedieron a los bosques, sino que dejaba planteada una gran interrogante para el gobierno y los expertos costarricenses.

Costa Rica aún posee grandes extensiones de bosques. Cuando se considera la riqueza potencial que significan, surja la pregunta de que en qué forma son más importantes como fuente de inmediata riqueza para esta pequeña República ricamente dotada: como madera comercial, o como reguladores de las aguas en las laderas de las montañas de la Nación. Tendrá que desarrollarse en este país un sistema, y las técnicas de rendimiento continuo en la explotación de sus maderas, ya que no valdría la pena convertir miles de kilómetros cuadrados de bosques en desiertos por el valor monetario que una simple cosecha de árboles pueda representar.109

Los avances en la administración

Es conveniente señalar, antes de concluir, que desde el punto de vista legal e institucional el país había avanzado poco en la primera mitad del siglo XX. Contamos con la dicha de tener un informe realizado en 1950 por el ingeniero José Alberto Torres, preparado por solicitud de la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza. En este informe, publicado en la Revista Suelo Tico con el título, Informe sobre protección de recursos naturales en Costa Rica, el autor indicaba como un antecedente que en 1909 mediante Ley N.° 3 se había creado la reserva Astúa-Pirie, pero que fue derogada en 1934 mediante la Ley N.° 29 «para dar paso a explotaciones madereras».110 Para este ingeniero, el mayor problema que enfrentaba el país era la presencia de una serie de políticas o directrices, por ejemplo, en lo forestal, pero que «desafortunadamente, ha sido una política invertebrada, sin cohesión y sin objetivo preciso».111

La administración de los temas ambientales-forestales también fue un problema en tanto estuvo bajo la tutela de distintas instancias, entre ellas los ministerios de Fomento, Hacienda y Agricultura. Fue hasta 1943 «que se creó el Departamento Agrario en el Ministerio de Agricultura, en aquel entonces Oficina de Colonización y Distribución de Tierras del Estado», lo cual se complementó en 1949 con la creación del denominado «Consejo Forestal, como organismo semiautónomo encargado de todo lo concerniente a forestal».112 Situación semejante ocurría propiamente con las áreas de reservas y con los parques nacionales, pues según este mismo ingeniero, «es lamentable confesarlo, el país en estos momentos no cuenta con “reservas forestales y de tierras” en el estricto sentido de la palabra»; además señalaba que tanto las reservas, como los parques nacionales que hubo, o que se mantenían en el país, «no se ajustaron nunca a las estrictas reservas naturales como las definidas en la Convención de Londres en 1933, en donde la circulación humana está prohibida».113

Y aunque la conservación de la naturaleza tampoco formaba parte integral y sistemática de los programas de enseñanza, y que los esfuerzos en materia ambiental eran, cuando mucho esporádicos, en lo que sí se había avanzado un poco era en la toma de conciencia sobre el tema. Por esta razón el Estado se propuso la representatividad en los distintos foros internacionales donde se trataba el tema ambiental. Gracias a esta toma de conciencia, Costa Rica estuvo representada en las convenciones celebradas en Denver en 1948 y en Lake Success un año más tarde.114 Pero, en síntesis, es en el periodo que sigue a 1950 donde se consolida la idea de conservar y el significado que esto empieza a tener en las políticas públicas y en las dinámicas territoriales de Costa Rica.

A manera de conclusiones

Tras este sucinto repaso sobre la deforestación y sobre algunas concepciones existentes en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX sobre este fenómeno, es preciso anotar, en primera instancia, que el «coste» social y ambiental de este proceso fue, sin duda, de una escala aún reducida, si se le compara con la segunda mitad del siglo. No obstante, las evidencias dejan claro que la deforestación no solo se desplazó hacia el Norte y Caribe, sino que alcanzó hasta el extremo sur del territorio por la costa del Pacífico. Dicho proceso, alimentado por las políticas de ocupación y de titulación de propiedades, lo mismo que por el mercado de tierras en el Valle Central, ocasionaron un mayor impacto sobre las áreas de bosque que cedieron espacio conforme se crearon nuevas rutas terrestres hacia la periferia del Valle Central y las costas. La expansión cafetera y la concentración de propiedad en el centro del país crearon las condiciones necesarias para incentivar la migración hacia las zonas de frontera y, con ello, consolidar un proceso de ocupación-especulación de tierras.

En paralelo a este proceso de tala se advierte que una parte de la sociedad costarricense empezaba a establecer criterios sobre el efecto de la deforestación, aunque también es claro que el mismo gobierno promovía la ocupación de territorios sin ningún tipo de control. Esta situación claramente incidió sobre las fuentes de agua y motivó argumentos de distinta índole. Y pese a los matices de esas confrontaciones, es importante rescatar la existencia de un proceso de «maduración» que permite comprender cómo un país eminentemente agrícola decidió, en la década de 1930, crear una Junta Nacional de Turismo y luego en 1955 fundar el Instituto Costarricense de Turismo y decretar la constitución de los primeros parques nacionales.

Quizás lo más relevante hacia el final del periodo es que se percibe, con mayor claridad, el daño que se estaba causando al ambiente e incluso se hacía alusión de que eso afectaría a las generaciones futuras. A partir de esto y con las reservas del caso, sí se puede señalar que los gérmenes «más claros» del conservacionismo en Costa Rica, tal como lo entendemos hoy, es posible ubicarlos de la década de 1930 en adelante, aunque también es claro que este conservacionismo no remite necesariamente a lo que ahora llamaríamos conciencia ambiental, pues, por ejemplo, no alude a la diversidad biológica, sino que lo entiende más desde una óptica utilitarista en el sentido de lo expresado por Goebel.115

Otro aspecto clave de resaltar es la influencia que pudo tener Estados Unidos en la definición de políticas al «recomendar» ciertas acciones para proteger la naturaleza e impulsar la atracción de turistas al país. En este esbozo queda claro que las «sugerencias» hechas desde distintas entidades estadounidenses marcaron, de alguna manera, el derrotero de la política pública, especialmente en la década de 1940 cuando el país se alió a Estados Unidos para producir hule, balsa y abacá en el contexto de guerra. Asimismo, la naturaleza de esas recomendaciones ayuda a comprender también el modelo de conservación que se aplicaría algunos años después, particularmente desde la década de 1970.

Ahora bien, es fundamental comprender que este proceso encierra el desarrollo de un complejo esquema de valoración y apropiación de los recursos naturales, entre ellos los bosques. Este entramado pasa por distintas vías de significación, fundamentalmente por los imaginarios respecto a la naturaleza y, por su puesto, por la etapa de normativización desde la política y las leyes nacionales. En este sentido resulta absolutamente ilustrativo el hecho de que la legislación sobre el agua en Costa Rica haya sido mucho más temprana y decidida que la legislación que intentaba proteger los bosques, pese a que se entendía que estos eran una condición esencial para proteger los manantiales.

Siguiendo el ejemplo del agua, queda claro que esta era vista como un recurso de vital importancia, no solo por su aporte al desarrollo de actividades agrícolas y suministro humano, sino también por su papel higienista. Contrario a ello, los bosques, y particularmente los bosques «lejanos» ubicados en los «baldíos nacionales» eran sinónimo de áreas insalubres y, por tanto, no aptos para establecer ecúmenes. Ante ello, la idea de transformar los bosques en áreas habitables se confabuló con el interés del Estado por controlar la explotación del recurso forestal vía contratos y el interés de algunos que, ante la indiferencia del Estado –o su incapacidad para evitarlo– se aprovecharon de la especulación de tierras y del comercio de la madera.

Es decir, la evidencia analizada para la primera mitad del siglo XX permite establecer al menos dos premisas que derivan de la situación anterior. En primer lugar, es plausible pensar que la ocupación del territorio dio cabida a intereses concretos materializados en una pugna por el control de los recursos, favorecida por la casi inexistencia de leyes y controles antes de la década de 1940. En segundo lugar, es presumible que la diferencia de enfoque entre los entes rectores de los recursos forestales y la vida silvestre en general –fomento, agricultura e industria– haya incidido en la concepción que se tenía sobre la gravedad –o no– de la deforestación, o la necesidad de impulsar medidas de reforestación más allá del cauce de ríos y manantiales.

No obstante, a lo largo del periodo estudiado, y hacia el final de este con la participación de Estados Unidos, empieza a presentarse un fenómeno que desde la economía política puede leerse como «ambientalización» de la naturaleza según lo denomina Palacio.116 Este proceso se caracterizó por una valorización de la biodiversidad en su conjunto y, debido a ello, se empezó a destacar su relevancia y su aporte a la economía, es decir, la naturaleza se monetiza. Este vendría a ser el marco interpretativo que ayuda a comprender las principales acciones impulsadas por el Estado mediante la creación de instancias como la Junta Nacional de Turismo en 1931, los primeros ensayos de crear áreas protegidas y la participación de Costa Rica en foros como el de Denver en 1948.

En específico, las recomendaciones hechas en Denver en 1948, y que fueron difundidas en Costa Rica mediante la revista Suelo Tico –órgano oficial de divulgación del Ministerio de Agricultura e Industria– señalaban, entre otras cosas, que «Los gobiernos deben proveer los instrumentos para facilitar la conservación. Deben promulgar legislaciones encaminadas a garantizar la conservación de los recursos naturales. Deben crear organismos que los preserven para el cumplimiento de su importante función social».117 Pese a ello, parece claro que la importancia de la madera en el desarrollo nacional y como fuente de energía explican que se debiera esperar hasta 1969 para tener la primera Ley Forestal. No está demás señalar que esta ley llegó hasta que el cambio energético estuvo en marcha con la labor del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), creado en 1949.

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