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Nacionalidad y nacionalismo en el Chiapas posrevolucionario: el «problema demográfico» en Mariscal y Soconusco (1930-1944)

Nationality and Nationalism in Post-revolutionary Chiapas: The «Demographic Problem» in Mariscal and Soconusco, 1930-1944

Nacionalidade e nacionalismo em Chiapas pós-revolucionário: o «problema demográfico» em Mariscal e Soconusco (1930-1944)

Fernando de Jesús Gordillo Ballinas*

Resumen: La década de 1930 marcó el inicio del reparto agrario en Chiapas, hecho que visibilizó una compleja realidad demográfica en la zona fronteriza con Guatemala. Por un lado existía una importante presencia de trabajadores guatemaltecos, y, por otra parte, muchos pobladores nacidos en la región no contaban con documentos para comprobar su nacionalidad. Para determinar quiénes eran sujetos al reparto de tierras, el Estado mexicano se enfrentó a la monumental tarea de regularizar la nacionalidad de miles de habitantes de aquella región, lo que dio paso a importantes discusiones respecto a lo que significaba ser mexicano en la frontera sur. En el presente artículo se analiza el, así llamado por las autoridades, «problema demográfico», así como los conflictos agrarios, laborales y políticos derivados de dicha situación.

Palabras claves: nacionalidad; frontera; Chiapas; Guatemala; identidad; conflicto; historia.

Abstract: During the 1930s the distribution of agricultural land began in Chiapas, which brougth to light the complicated demographic reality of the border zone with Guatemala. On the one hand, there was an important number of Guatemalan workers, and on the other hand, many of those who had been born in the area did not have the documents necessary to prove their nationality. In order to decide who was eligible to receive the land, the Mexican state was faced with the huge task of putting in order the nationality of thousands of the area’s inhabitants, which then led to important discussions regarding what it meant to be Mexican citizen on the southern border. This article analyzes the «demographic problem», as authorities called it, as well as agricultural, work, and political conflicts derived from this situation.

Keywords: nationality; border; Chiapas, Guatemala; identity; conflict; history.

Resumo: A década de 1930 marcou o início da distribuição agrária em Chiapas, fato que tornou visível uma complexa realidade demográfica na área de fronteira com a Guatemala. Por um lado, havia uma importante presença de trabalhadores guatemaltecos e, por outro lado, muitos moradores nascidos na região não possuíam documentos que comprovassem sua nacionalidade. Para determinar quem estava sujeito à distribuição de terras, o Estado mexicano enfrentou a monumental tarefa de regularizar a nacionalidade de milhares de habitantes dessa região, o que gerou importantes discussões sobre o que significa ser mexicano na fronteira sul. Este artigo analisa o chamado «problema demográfico» pelas autoridades, bem como os conflitos agrários, trabalhistas e políticos decorrentes dessa situação.

Palavras chaves: nacionalidade; fronteira; Chiapas; Guatemala; identidade; conflito; história.

Introducción

Entre los objetivos del proyecto nacionalista posrevolucionario se encontraba el de fortalecer la presencia del Estado en la frontera sur de México, no sin antes vencer serios obstáculos. En primer lugar, la reciente definición de los límites territoriales entre México y Guatemala (1882) dejó a una importante población fronteriza en una situación ambigua respecto a su nacionalidad; muchos guatemaltecos de nacimiento ahora habitaban en territorio mexicano. Por otro lado, la coyuntura económica propició la migración de un buen número de trabajadores procedentes de la vecina república hacia la región del Soconusco —enclavada en la costa chiapaneca—, atraídos por las oportunidades laborales que ofrecían las fincas cafetaleras.

El reparto agrario de los años treinta en Chiapas y la disminución de la demanda de mano de obra en las plantaciones de café fueron factores que detonaron una serie de conflictos entre algunos grupos de chiapanecos y de guatemaltecos, en los ámbitos agrario, laboral y político. Como veremos a lo largo del trabajo, esa distinción entre dos grupos poblacionales aparentemente bien delimitados es más compleja de lo que parece.

Es importante señalar que existen algunos estudios que, de manera directa o indirecta, han tratado el tema que nos interesa. En primer lugar, se puede citar el artículo de Manuel Ángel Castillo y Mario Vázquez Olivera, «Los inmigrantes guatemaltecos en México», trabajo en el que se señala la incorporación de una importante población guatemalteca al territorio mexicano a partir del acuerdo de límites de 1882, el cual provocó una confusión respecto a la nacionalidad de dichos habitantes. A esa situación se sumó el flujo constante de trabajadores provenientes de Guatemala hacia las fincas de café chiapanecas, que dejó «un sedimento de población que fijó su residencia en territorio mexicano».1

Por su parte, Daniela Spenser ha señalado algunos de los efectos de la creciente presencia de la mano de obra guatemalteca en el Soconusco. En ese sentido menciona que los jornaleros guatemaltecos obstaculizaron la lucha de los trabajadores chiapanecos por mejorar sus salarios y sus condiciones laborales; por ejemplo, en 1922, frente a la huelga de cosecheros, los finqueros echaron mano de esa fuerza de trabajo.2

Por otro lado, Rosalva Aída Hernández y Stephen E. Lewis se han interesado por los proyectos de mexicanización de la frontera sur; mientras que la primera ha mostrado los esfuerzos del Estado por integrar la región mam a la nación mexicana, el segundo analizó los esfuerzos del gobierno federal para mexicanizar las regiones de los Altos, Mariscal y Soconusco, por medio de las escuelas rurales de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Al respecto, Lewis pone de relieve el papel de los profesores rurales federales como agentes del proyecto nacionalista del cardenismo.3

Sandra Odeth Gerardo Pérez realizó uno de los trabajos más completos sobre el tema. En su tesis Nacionalidad, trabajo y tierra: relaciones históricas en una región fronteriza… analiza las políticas de las autoridades estatales y federales durante el cardenismo, frente a la migración guatemalteca. Entre otros asuntos, la autora examina las tirantes relaciones entre los chiapanecos de las regiones de Soconusco y Mariscal y los migrantes guatemaltecos. En su opinión, «los roces entre guatemaltecos y mexicanos fueron más por la tenencia de la tierra que porque los inmigrantes del sur acapararan los trabajos en las fincas a costa de los mexicanos».4 Aunque se trata de un análisis muy acucioso, Gerardo Pérez deja algunos aspectos por explorar respecto a las implicaciones políticas, laborales y culturales del problema fronterizo.5

Anterior al de Gerardo Pérez, pero publicado recientemente en español, el libro de Nolan-Ferrell, La construcción de la ciudadanía…, aborda las interacciones entre chiapanecos y guatemaltecos —especialmente las relacionadas con la tierra y el trabajo— y la consolidación del Estado posrevolucionario en Chiapas.6 La autora sostiene que el proceso de formación del Estado en esa entidad estuvo estrechamente ligado con la definición de la nacionalidad. Los proyectos para fortalecer al gobierno federal —principalmente en la zona fronteriza—, tales como las reformas agraria y laboral obligaron a las autoridades a redefinir la mexicanidad. El recurso nacionalista, señala, también fue utilizado por ejidos o comunidades en los conflictos por la tierra, desde finales de los años veinte, para deslegitimar las peticiones de los adversarios, a más de utilizarse para establecer canales de comunicación directa con la federación.

Este trabajo, entonces, intentará llenar algunos vacíos que dejaron los estudios descritos anteriormente, tales como las interpretaciones de la ciudadanía, los conflictos políticos con motivaciones nacionalistas y la construcción de un discurso antiguatemalteco. Centramos nuestra atención en dos regiones del estado: Mariscal y Soconusco, debido a que la primera estaba formada por pueblos que antes del tratado de límites eran parte de Guatemala, mientras que la segunda fue una importante receptora de trabajadores guatemaltecos para la producción de café.

En la primera parte del artículo analizamos las causas del «problema demográfico» en Chiapas, es decir la presencia de una importante población de procedencia guatemalteca y de otro número significativo de habitantes cuya adscripción nacional no estaba definida. También se abordan las políticas oficiales encaminadas a solucionar dicho problema, las arbitrariedades a que dio lugar esa situación y las interpretaciones en torno a lo que significaba ser mexicano en la frontera sur: ¿quiénes eran mexicanos y quiénes guatemaltecos?

En la segunda parte se examinan los conflictos entre diversos actores, que se expresaron en términos de nacionalidad, pero que en realidad tenían motivaciones agrarias, políticas y laborales. Como veremos, en muchas ocasiones el argumento nacionalista era utilizado sin pruebas contundentes para lograr beneficios individuales o de grupo. Así pues, fueron frecuentes las denuncias contra supuestos guatemaltecos que en realidad eran mexicanos de nacimiento, pero que no podían acreditar su ciudadanía.

Finalmente, mostramos cómo esos conflictos contribuyeron a que se fortaleciera un discurso antiguatemalteco que se cristalizó en la figura del extranjero «pernicioso».

Primera parte. El «problema demográfico» en el Chiapas fronterizo

Es bien conocido el hecho de que, desde la incorporación de Chiapas a México en 1824, algunos sectores de las élites locales vieron con recelo la injerencia de las autoridades centrales en los asuntos regionales. Aunado a ello, la accidentada geografía y las deficientes vías de comunicación dificultaron la integración de las regiones dentro de la misma entidad, y de esta con el resto del país. Estos y algunos otros factores contribuyeron a que se forjara un sentimiento de autonomía respecto de las autoridades centrales. No es casualidad que el argumento principal utilizado por los finqueros y terratenientes ante la llegada de los revolucionarios constitucionalistas en 1914 haya sido que las reformas que pretendía imponer el general Jesús Agustín Castro lesionaban la autonomía estatal.7 Según insinuaban los finqueros rebeldes, Chiapas gozaba de un estatus especial sobre el del resto del país por haberse anexado voluntariamente a la nación, hecho por el que debía ser considerada la entidad más mexicana de México.

Sin embargo, años más tarde, algunas autoridades estatales y federales pusieron en tela de juicio la fidelidad de los habitantes de algunas regiones —principalmente del Soconusco y Mariscal— a la nación. Ese hecho es comprensible si tomamos en cuenta que la frontera con Guatemala, como hoy la conocemos, se definió hacia finales del siglo XIX.

¿Chiapas mexicana? El problema de la identidad nacional

Tras un largo periodo de tirantes relaciones entre México y Guatemala por la definición de las fronteras, en 1882 se firmaron los acuerdos correspondientes, sin que por ello las tensiones desaparecieran. Una Comisión de Límites se encargaría de la difícil labor de fijar la línea divisoria. No obstante, diversos problemas técnicos y políticos obstaculizaron sus trabajos, entre ellos la deficiencia de los mapas existentes hasta el momento y los constantes reclamos de ambas repúblicas. Así pues, pese al Tratado de Límites, las fricciones continuaron siendo moneda corriente; incluso hubo amenazas de una confrontación bélica entre los dos países.8

A partir de la delimitación fronteriza varios pueblos guatemaltecos ubicados en el corazón de la Sierra Madre pasaron a formar parte de la república mexicana, de tal manera que —de un plumazo— cerca de 4 000 personas de lugares como Mazapa, Motozintla y Amatenango se integraron a la población chiapaneca.9 Con el nuevo territorio se conformó el Partido de Motozintla, el cual se convirtió en el Departamento de Mariscal a raíz de una reforma constitucional fechada el 29 de septiembre de 1909 —ver mapa 1—.10

Mapa 1. Municipios que integraban Mariscal en los años treinta del siglo XX.

Fuente: Elaboración propia.

Dicha población fue la que más tarde generó desconfianza entre los funcionarios mexicanos, por considerarlos poco leales a México. Aunado a ello, la región del Soconusco sostenía mayores relaciones comerciales con el país vecino que con el resto del estado o que con otras regiones de México y contaba con una notable población migrante de chinos y japoneses.11 Preocupado por tal situación, el gobernador del estado, Efraín Gutiérrez, inició una «Campaña de Reintegración Nacional», al menos eso fue lo que expresó en su informe gubernamental de 1937:

Frente al abandono total que se experimentaba en la región limítrofe con la vecina República de Guatemala, región en la cual por falta de atención del gobierno, se vive en una situación indefinida de nacionalidad, creí urgente mi intervención directa y para ello dicté las disposiciones necesarias, encaminadas a dar a la Escuela del Estado la fundamental función de incorporar a la Patria Mexicana aquellos núcleos apartados de población, tanto en el plano moral como en el material.12

Una de las medidas ordenadas por Gutiérrez fue que en todas las escuelas fronterizas se izara diariamente la bandera nacional y se entonara el himno. Era necesario —decía— realizar eventos de ese tipo para despertar una «conciencia plena de nuestra nacionalidad» en el territorio limítrofe con la vecina república.13

Es probable que el temor de este gobernador y de otros funcionarios que se preocuparon por el mismo asunto desde años antes no fuera del todo infundado. Independientemente de la migración guatemalteca y del poco arraigo nacionalista entre buena parte de la población —especialmente rural—, existían relaciones comerciales y culturales muy importantes entre chiapanecos y guatemaltecos. Estas últimas se expresaron frecuentemente en el ámbito religioso. Por ejemplo, en 1922 las autoridades ordenaron al agente de migración en Tuxtla Chico —Soconusco— que diera paso libre, del 26 de enero al 5 de febrero, a los guatemaltecos que quisieran ingresar a Chiapas con motivo de la fiesta de La Candelaria, ya fuera con fines comerciales o de otra índole.14

En ese sentido también podemos citar un informe de la Comisión Demográfica Intersecretarial. De acuerdo con ese documento, era muy difícil comprobar la nacionalidad de muchas personas que, a más de no contar con acta de nacimiento, no aparecían en los archivos parroquiales de la entidad:

Pues es bien conocida en estos lugares la costumbre de aguardar la celebración de ciertas fiestas en lugares como Tuxtla Chico [Chiapas], donde bajan con motivo de dichas celebraciones caravanas de indígenas del pueblo de Tacaná, Guatemala, que en años anteriores venían en busca de bautizos colectivos. A la inversa, todavía un buen número de regionales acude a fiestas como la de Ayutla, Guatemala, que aprovechan para celebrar desposorios o bautizos.15

De manera similar, Sandra Gerardo muestra cómo muchos campesinos de las regiones de Mariscal y Soconusco sobrepusieron su arraigo a la tierra a su identidad nacional.16 Acaso nos encontramos ante el choque entre un proyecto modernizador de corte nacionalista y un modo de vida tradicional con un fuerte arraigo a la tierra y un profundo sentido religioso. En ese mismo tenor, en 1938 el director de Población señaló que los indígenas que vivían en la frontera se desplazaban de un lado a otro «por razones climatéricas [sic] y económicas […] sin noción de que sobrepasan jurisdicciones políticas».17

Es importante aclarar que ese tipo de casos no solo ocurría en el espacio geográfico que nos ocupa, sino también en la parte de la frontera que corresponde a los Llanos de Comitán.18 Especialmente a partir de las políticas anticlericales del gobernador Victórico Grajales en Chiapas —las cuales consistieron en limitar en número de sacerdotes y prohibir el culto público, entre otras medidas— muchos chiapanecos, e incluso personas de otras partes del país, acudían en caravanas a algunos pueblos de Guatemala para realizar ahí algunas celebraciones religiosas, dado que muchos de los ministros expulsados se establecieron en aldeas fronterizas de aquel país. De ello dio cuenta Grajales, quien —en 1935— le transcribió al presidente Lázaro Cárdenas un informe del juez del Registro Civil de La Trinitaria, cuyo argumento principal en contra de aquellas prácticas era la derrama económica que los mexicanos dejaban del otro lado de la frontera; pero en sus palabras se llega a entrever una condena hacia la poca fidelidad nacional de aquellas personas:

Desde por el mes de julio del año próximo pasado de 1934, los sacerdotes guatemaltecos y sacerdotes mexicanos que vienen a estacionarse en los pueblos y aldeas guatemaltecas fronterizos a este municipio están practicando bautizos y casamientos, en lo general a nuestros paisanos chiapanecos y quién sabe de qué otras partes de los Estados del sureste que, en calidad de turistas y en grandes caravanas, traspasan dicha frontera dejando a beneficio de aquel país centroamericano fabulosas cantidades de dinero que ha venido a aumentar la crisis de esta región fronteriza, porque allá van a practicar los fanáticos todas las ceremonias religiosas que antes hacían aquí.19

Además, decía el funcionario, dado que en Guatemala no era legal realizar bautizos o casamientos católicos sin antes haber hecho el trámite en el registro civil, resultaba que los mexicanos se nacionalizaban guatemaltecos. Por lo tanto, pedía que el centro aduanal ubicado en la ciudad de Comitán se recorriera hasta el Río Suchiate, para tener un mejor control fronterizo. Este punto nos parece por demás llamativo porque nos muestra que, por encima de las lealtades nacionales —quizá poco consolidada en varias regiones—, se encontraba la religiosidad.20

Finalmente, podemos decir que la migración de trabajadores provenientes de Guatemala fue otro tema de preocupación; en un informe del secretario de Gobernación al presidente de la república se hablaba de un flujo transitorio de más de 10 000 trabajadores guatemaltecos «que anualmente desplazan a los nacionales en la época de cosechas y aumentan la inestabilidad de la población residente». Esa atracción de jornaleros era fomentada de manera fraudulenta por los finqueros del Soconusco, según se insinúa en el mismo documento.21

Las políticas oficiales

Aunado a lo anterior, la dudosa nacionalidad de las personas que habitaban la región de Mariscal y el constante flujo migratorio de trabajadores guatemaltecos atraídos por las oportunidades de trabajo en las fincas de café del Soconusco dieron lugar a una serie de discusiones entre diversos funcionarios respecto a cómo definir la situación de miles de habitantes de buena parte de la franja costera del Pacífico, sobre todo a partir del reparto agrario, el cual cobró fuerza en Chiapas a partir de 1936.

Por razones políticas o debido a motivaciones agrarias —como analizaremos más adelante— era común que se expulsara a supuestos guatemaltecos que en realidad habían nacido en territorio mexicano. Tal fue el caso de un miembro del Sindicato de Sastres de Tapachula, Marcos Bravo, quien fue acusado por las autoridades de Motozintla de ser originario de Guatemala, por lo que se le detuvo en la cárcel municipal. El 8 de agosto de 1934 sus compañeros se quejaron ante el presidente de la república de que Bravo llevaba ya varias semanas privado de su libertad, sin importar que «los ejidatarios del poblado de El Naranjo han probado es mexicano».22

La creación de la Comisión Demográfica Intersecretarial (CDI) en 1935 respondió a la situación descrita anteriormente. Dicho organismo se encargaría de definir la identidad de todas aquellas personas cuya nacionalidad no estuviera definida y se vincularía con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con el Departamento Agrario.23 Las iniciativas gubernamentales en esa dirección no eran nuevas: ya desde 1932 los gobiernos de México y de Guatemala se habían interesado en plantear soluciones para el problema demográfico fronterizo; por ello se organizaron juntas delegacionales entre los gobiernos de ambos países, cuyo resultado fue una serie de recomendaciones respecto al tráfico de comerciantes y al asunto migratorio y de residencia, que de alguna manera guiaron las acciones de las autoridades.

Pese a los esfuerzos de la CDI, los problemas continuaron. Existieron muchos casos en los que, por diversos motivos —principalmente agrarios—, la comisión solicitó que determinadas personas comprobaran su nacionalidad mexicana, como ocurrió en 1938 con dos ejidatarios del municipio de Bella Vista, a quienes se les pidió que se presentaran en la Oficina de Migración ubicada en Motozintla para identificarse. Los afectados pidieron que se les excusara de ese trámite, ya que eran campesinos pobres y el citatorio se debía a intrigas de sus enemigos.24

En realidad, era difícil —sino imposible— para mucha gente, sobre todo del territorio recién anexado a Chiapas, comprobar que eran mexicanos. Muchos no tenían acta de nacimiento, pues sus padres no los registraron al nacer, ya fuera por falta de oficinas o porque no veían ningún beneficio en dicho trámite. Por ejemplo, Patricio Pérez y Félix González, de la Colonia Azteca, Cacahoatán, le expusieron al presidente Cárdenas que: «sus padres por ignorancia no los registraron con motivo de su nacimiento y ahora tratan de reconocerlos como guatemaltecos, por intrigas del millonario Enrique Braun».25

De igual forma, el secretario general de la Federación Obrera y Campesina de Tapachula se dirigió al primer mandatario de la nación para pedirle su intervención, ya que varias mujeres que radicaban en la región carecían de documentos de identidad:

En virtud de que en tiempo nacieron no habían oficinas de Registro en las fincas cafeteras, por lo que ruega los ayude ante la Secretaría Gobernación a fin de que ésta no les exija tal registro pues resultales gravoso, pues algunas de ellas no tienen esposo y otras son cuatro o cinco en una familia, por lo que el jefe de ésta se encuentra en difícil situación para pagar. Como plazo dio Gobernación para comprobar nacionalidad expira en este mes, temen las mujeres ser deportadas. En Guatemala existe igual problema, por lo que las personas que nacieron en aquellos años no tienen patria por morosidad de sus padres.26

Como puede observase, la falta de dinero era un problema frecuente para realizar los trámites correspondientes. De tal suerte que, aunque una persona hubiera nacido en suelo chiapaneco y estuviera inscrita en el Registro Civil, la mayoría de las veces no tenía los recursos para cumplir con los requisitos que exigía la CDI, como las seis fotografías personales o la cuota para la copia certificada del acta de nacimiento, cuyo costo iba de tres a cinco pesos, cantidad muy elevada si se tomaban en cuenta las difíciles condiciones económicas de los afectados, tal como lo señalaron algunos inconformes en 1935.27

En ocasiones los funcionarios del Registro Civil pedían cuotas todavía más elevadas para otorgar las actas de nacimiento a los interesados, como lo expusieron los pobladores de Pacayalito, cuyo representante informó al primer mandatario que el juez cobraba de 5 a 6 pesos por expedir dicho documento y solicitó que, dada la pobreza de aquellos campesinos, únicamente se les cobraran 50 centavos.28

Consciente de tales obstáculos, la CDI elaboró un reglamento según el cual, ante la falta de documentos, se podía comprobar la nacionalidad por medio de registros parroquiales, de testimonios de testigos o, en última instancia, de una declaración firmada, siempre y cuando no existieran pruebas de lo contrario.29 No obstante, las arbitrariedades de las autoridades migratorias eran moneda corriente. Muestra de ello son las diversas quejas de los vecinos de varios pueblos acerca de pagos injustificados exigidos por funcionarios o amenazas de expulsiones bajo el argumento de tener padres guatemaltecos, aunque acreditaran haber nacido en territorio nacional. En ocasiones, los agentes migratorios pasaron de la amenaza a la acción, de lo que se quejaron en julio de 1935 los representantes de Unión Juárez:

Comunican que el señor Neftalí Vargas, Jefe del servicio de Migración en ese lugar, arbitrariamente deportó a Guatemala a Joaquín Ramírez Díaz y Margarita Velázquez Bartelón, originarios de la Colonia Agraria “Talquián”, y por lo tanto mexicanos. Piden se sirva usted ordenar sea cambiado dicho empleado, ya que su labor es bastante perjudicial a la colectividad.30

Tras enterarse, el secretario particular del presidente turnó el asunto a la Secretaría de Gobernación, la cual informó que ya había ordenado a la Oficina de Migración en Tapachula que abriera una investigación al respecto. Desafortunadamente no sabemos el resultado de las averiguaciones, si es que se llevaron a cabo.31

Mientras tanto, los pobladores de Guadalupe Victoria, municipio de Comalapa, se quejaron ante el primer mandatario de que los empleados de Migración les notificaron que no tenían derecho al reparto de tierras —aunque fueran nacionalizados—, pues los hijos de guatemaltecos nacidos en la república no eran mexicanos y tenían que salir del país.32

Abusos y arbitrariedades

De acuerdo con Gerardo Pérez, la población guatemalteca en Chiapas disminuyó hacia los años cuarenta en las cifras oficiales, lo que significa que la labor de la comisión en cuanto a la naturalización de guatemaltecos tuvo grandes avances. No obstante, existen algunos testimonios que señalan que para esos años las deportaciones arbitrarias y las irregularidades seguían siendo frecuentes. A ese respecto se puede citar la inconformidad de Blas Díaz, vecino de Montecristo de Guerrero, quien expuso en 1942 que el empleado de la Oficina del Timbre le exigió la cantidad de 50 pesos y lo obligó a registrarse como guatemalteco, no importando la certificación de nacionalidad que la propia CDI le había entregado tiempo atrás —la ortografía es del original—:

Como tengo la constancia que me expidió la Comicion Demografica Intersecretarial, en la Ciudada [sic] de Tapachula, Chis, se la presente y me dijo de una manera rotunda que esto no valia nada y que debería yo de registrarme como Guatemalteco, y como esto es una verdadera injusticia ocurro a usted, pidiendo se me reconosca la Nacionalidad Mexicana, pues la de Guatemalteco, la perdi al quedar el lugar del Zapotio donde antes vivia, en territorio Mexicano segun el tratado de Limites entre Mexico y Guatemala, pues no opte por seguir mi antigua Nacionalidad, lo cual comprobe ante la Comicion Demografica Intersecretarial que me reconocio la nacionalidad Mexicana.33

Tampoco faltaron las autoridades municipales que quisieron sacar partido de la situación. Ese mismo año el comisariado ejidal de Córdova Matasanos solicitó la intervención presidencial debido a que el edil de Unión Juárez les exigió a todos los ejidatarios de origen guatemalteco que contrajeran matrimonio con una pareja mexicana, o de lo contrario serían deportados. Para realizar dicho trámite el Registro Civil cobraba 15 pesos, a los que había que agregar otros 10 que exigía el ayuntamiento. El remitente señaló que no sabían si el agente de Migración se encontraba involucrado, pero sospechaban que todo era un «ardid» del edil para robarles su dinero.34

Es interesante notar que, para justificar la permanencia de los ejidatarios guatemaltecos en territorio mexicano, el comisariado recurrió a la ley del suelo —tema que abordaremos enseguida—. Es decir, su residencia en territorio mexicano por varios años les daba derecho a la nacionalidad: «no dudando que se servirá usted Sr. Presidente prestarnos su apoyo en este caso, ya que por el tiempo que tenemos de recidir [sic] en este lugar nos consideramos mexicanos».35

Ius soli o ius sanguinis: Las interpretaciones sobre la nacionalidad

En efecto, toda la confusión respecto a quiénes eran mexicanos y quiénes no, generó diversas opiniones que tenían que ver con discusiones más amplias. La CDI y otras autoridades —agentes migratorios, empleados del Registro Civil, encargados del reparto agrario, entre otras— se enfrentaron a la pregunta sobre cuál era el elemento que otorgaba la nacionalidad: la sangre o la tierra. Detrás de esa interrogante estaban implícitas algunas interpretaciones en torno al ius soli derecho del suelo— y al ius sanguinis —derecho de sangre—, principios que ayudaron a delimitar las fronteras jurídicas de la nacionalidad y así condicionar los derechos de ciudadanía en los incipientes Estados nacionales europeos del siglo XIX. La primera otorgaba la nacionalidad por medio de la descendencia, bajo la consideración de que esta implicaba también una herencia cultural, mientras que aquella ponderaba el territorio de nacimiento.36

Si bien el artículo 30 de la Constitución de 1917 normaba los asuntos referentes a la nacionalidad en México, hacía falta una ley reglamentaria al respecto, así que la Ley de Extranjería y Naturalización de 1886 continuó vigente hasta 1933. Como bien lo expone Kif, pese a que en la Carta Magna emanada de la revolución el ius soli dominaba frente al ius sanguinis, en la práctica privaba una combinación de ambas reglas; lo que quedó demostrado con el censo de 1930, el cual siguió parámetros patrilineales, acordes al ius sanguinis «consistente con la Ley de Nacionalidad de 1886».37

De acuerdo con su propio autor, Ignacio Vallarta, esa norma se inclinó por el derecho de sangre debido a los traumáticos eventos en la historia de la nación, marcados por la extranjería. Por ejemplo, la guerra con los Estados Unidos originada por la colonización de Texas, así como también los reclamos internacionales que propiciaron el advenimiento del imperio de Maximiliano. En suma según esa lógica—, el lugar de nacimiento no aseguraba una fidelidad nacional, pues era un mero accidente, mientras que los lazos familiares brindaban mayor garantía. Aun así, se aceptaba la naturalización de extranjeros, una de cuyas vías era comprar propiedades o tener hijos. Requisito que respondía al temor por reclamos internacionales por daños a bienes extranjeros.38

El congreso constituyente de Querétaro no pudo soslayar tan importante asunto. Tras acalorados debates en torno a la nacionalidad y el ejercicio de la ciudadanía, el 21 de enero de 1917 fue aprobado el artículo 30°, según el cual la nacionalidad podía adquirirse por nacimiento o por naturalización. Eran considerados mexicanos por nacimiento los hijos de padres mexicanos, así como también los hijos de extranjeros nacidos en territorio nacional, siempre que —durante el año siguiente de cumplir la mayoría de edad— declararan su deseo por adoptar la nacionalidad mexicana y comprobar su residencia en el país durante los últimos seis años. Además, se estableció la posibilidad de la naturalización para los hijos de extranjeros nacidos en la república, pero que no cumplieran con los seis años de residencia al momento de cumplir la mayoría de edad y para los extranjeros con una residencia de cinco años consecutivos en el país.

Se estableció entonces una ciudadanía diferenciada para los nacionales, de manera que un mexicano por naturalización no podía ocupar puestos de elección popular y, más aún, para aspirar a la presidencia de la república no era suficiente ser mexicano por nacimiento, sino que también era un requisito ser hijo de padres mexicanos. Así las cosas, el ius soli dominó como principio de nacionalidad, pero el ius sanguinis continuó operando de manera complementaria para los hijos de extranjeros.39

Como se apuntó más arriba, a falta de una ley reglamentaria de ese artículo constitucional, en la práctica siguió vigente la Ley Vallarta, hasta que en 1933 se aprobó un proyecto de Ley de Nacionalidad y Naturalización junto con algunas reformas constitucionales, con lo cual se adoptada el principio de ius soli, de manera que todos los nacidos en territorio nacional se considerarían mexicanos de nacimiento, sin importar la nacionalidad de sus padres. Mientras tanto, el ius sanguinis continuaría operando para hijos de mexicanos nacidos en el extranjero. La nueva modalidad —de acuerdo con Pablo Yankelevich— pretendía erradicar la supuesta situación privilegiada de la que gozaban los extranjeros en el país.40

Ese mismo dilema estaba presente en el Chiapas de los años treinta. Las mismas autoridades migratorias se confundían ante la variada situación demográfica en la zona fronteriza de Chiapas y aunque la creación de la CDI respondió a tal confusión, como ya se dijo, muchas autoridades continuaron actuando de manera arbitraria, ya fuera por desconocimiento o por intereses de diversa índole.

En relación con ese punto podemos citar la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante una consulta hecha por la Comisión Local Agraria del estado en 1931. En dicho documento se aludió al artículo 5° del Tratado de Límites de 1882, según el cual los individuos que permanecieran en los territorios cedidos, tanto por México como por Guatemala, adquirían la nacionalidad del país al que quedara sujeto su territorio de residencia, salvo que en el plazo máximo de un año declararan su deseo por conservar su nacionalidad de origen:

En consecuencia, la condición de los individuos guatemaltecos que quedaron radicados en territorio mexicano después de haberse trazado la línea divisoria entre México y Guatemala, de acuerdo con el Tratado de Límites celebrado el 1° de mayo de 1883 y que no manifestaron expresamente en el término de un año, contado desde la fecha de la ratificación de dicho tratado, su deseo o voluntad de conservar su nacionalidad guatemalteca de origen, no es ambigua como erróneamente lo afirma el Departamento Jurídico de esa Secretaría de Gobernación, sino que es completamente clara y definida: ÚNICAMENTE tienen la nacionalidad mexicana.41

Años después, ante la amplia gama de situaciones poblacionales en la zona fronteriza, la CDI clasificó a los habitantes con problemas de nacionalidad de acuerdo con las siguientes categorías: a) personas de extracción guatemalteca, cuyo número se calculó en 8 000 personas; b) descendientes de guatemaltecos que habitaban las regiones que antes pertenecían a Guatemala, pero que podían naturalizarse mexicanos, aproximadamente 15 000; c) mujeres mexicanas que perdieron su nacionalidad por casarse con guatemaltecos, alrededor de 1 000, y d) los indeterminados por carecer de suficientes datos, 1 000 personas.42 Como podemos observar, la nacionalidad de los hijos de los guatemaltecos contemplados dentro del Tratado de Límites continuaba en tela de juicio, pese a lo que señaló años antes el Departamento Consultivo a ese respecto, lo que nos hace pensar que en la ley dominaba el ius soli, mientras que en la práctica seguía operando el ius sanguinis.

Así lo reconoció la propia CDI en 1935 al referirse a los obstáculos que existían al momento de definir quiénes eran guatemaltecos: «[son] muy frecuentes los casos en que se les clasifica como tales por el hecho de descender de padres de aquel origen, aun cuando la Ley de Nacionalidad y Naturalización vigente los determine como mexicanos».43

Segunda parte. Los conflictos y la apropiación del discurso nacionalista

Los conflictos entre México y Guatemala por la definición de la frontera provocaron graves estragos entre la población fronteriza —de ambos lados de la línea divisoria—, la cual tuvo que soportar robos, contrabando, extorsiones de funcionarios, epidemias, entre otras situaciones negativas de diversa índole, propias del vivir en frontera.

La delimitación realizada a raíz del acuerdo de 1882 entre México y Guatemala estuvo lejos de solucionar los graves problemas que aquejaban a dicha población. Los conflictos generados por la posesión de ganado y de tierras continuaron siendo comunes. Por ejemplo, en 1888 un mexicano presentó una queja al gobierno mexicano porque algunos chujes —pueblo maya con una importante concentración en Guatemala— habían robado su ganado; posteriormente atacó a los supuestos responsables del robo, hecho que generó la inconformidad del gobierno guatemalteco, el cual argumentó que no existía robo alguno, sino que el ganado se introdujo por su cuenta en los sembradíos de los chujes.44 Por su parte, algunos pobladores de Ayutla denunciaron el despojo de sus propiedades agrícolas por parte de guatemaltecos; aunque las quejas eran legítimas, el gobierno de Guatemala las declaró improcedentes de acuerdo con la nueva legislación de aquel país.45 Mientras tanto, los comerciantes vieron afectados sus intereses, pues las aduanas guatemaltecas aumentaron excesivamente sus tarifas; de ello dieron cuenta varios quejosos al señalar los altos costos en las aduanas de Nentón y Malacatán.

Ya en los años treinta del siglo XX, el desorden dominante en materia migratoria y de nacionalidad en la frontera sur dio lugar a corruptelas y abusos por parte de muchos funcionarios. Además, diversos actores sociales se valieron del discurso nacionalista para alcanzar algún objetivo individual o de grupo. No pocos campesinos que habitaban la zona fronteriza fueron acusados de ser guatemaltecos, hecho que los hacía susceptibles de detenciones, deportaciones o extorsiones. Aún más, en ciertos episodios las acusaciones iban más allá de la situación legal y se denunciaba la «perniciosa» presencia de aquellos en territorio nacional.

No sabemos hasta qué punto eran o no verídicas esas acusaciones, tampoco podemos estar seguros de qué tan identificados con la construcción de la nacionalidad mexicana estaban los acusadores. Probablemente en algunos casos los quejosos realmente fueron afectados por la migración y explotaron la noción de extranjería para hacer más efectivas sus demandas, pero en otras ocasiones tal vez solo se trató de una apropiación del discurso nacionalista por parte de campesinos, obreros y finqueros que habitaban las regiones de Mariscal y Soconusco. Nolan-Ferrell también planteó que el nacionalismo fue utilizado por muchos campesinos de la región fronteriza para crear un canal de comunicación con el gobierno federal.46

En opinión de Gerardo Pérez, si bien existieron ciertos roces entre mexicanos y guatemaltecos previamente al reparto agrario, fue este el detonante de los conflictos. En los siguientes apartados mostraremos, además, otras facetas del conflicto.

El aspecto agrario

Efectivamente, el reparto agrario fue uno de los principales detonantes para los conflictos justificados por la nacionalidad. Con frecuencia los finqueros —como uno de sus métodos para protegerse del reparto o por lo menos retrasarlo— argumentaron que los campesinos solicitantes en realidad eran guatemaltecos.

Si bien es cierto que el reparto de tierras más importante en Chiapas comenzó hacia mediados de los años treinta, las organizaciones agrarias y laborales en la zona del Soconusco, ya fueran conducidas por el gobierno del estado o de carácter independiente, llevaban varios años de formadas.47 De manera que los conflictos entre mexicanos y guatemaltecos, o supuestos guatemaltecos, se pueden rastrear desde 1930. Ese año, Felipe Méndez, propietario de la finca El Olvido —Frontera Comalapa—, presentó una queja a la Secretaría de Agricultura y Fomento. Méndez explicó que su propiedad era muy pequeña —treinta caballerías— y de tierra muy pobre, cuyo producto apenas alcanzaba para alimentar a su numerosa familia. Según la versión de este propietario, el poco bosque que tenía su terreno estaba siendo talado por los miembros de una colonia llamada Paso Hondo, compuesta por gente de Guatemala: «haciéndose pasar por nacionales para tener derecho a parcelas y poco les importa invadir terrenos de propiedad».48

La Secretaría de Gobernación mandó a hacer algunas investigaciones sobre el asunto y, posteriormente, el presidente municipal de Frontera Comalapa informó que, efectivamente, el terreno de la finca El Olvido en su mayor parte era pedregoso y tenía poca extensión de tierra laborable y que, en efecto, el escaso bosque estaba siendo talado por gente de Paso Hondo, todos ellos guatemaltecos encabezados por Manuel Camposeco. Finalmente, el secretario de gobierno le señaló a Méndez que ese tipo de reclamos debía hacerse según los lineamientos que marcaba la Ley Agraria. Por su parte, los representantes de Paso Hondo expusieron que ellos eran hijos de guatemaltecos que quedaron dentro de la frontera de México, «por cuyo motivo nos consideramos mexicanos». Por el contrario, señalaron que quien era guatemalteco de nacimiento era el dueño de la finca. Para probarlo presentaron un testimonio firmado por un vecino de Frontera Comalapa, quien aseguró que Méndez era originario de Huehuetenango, Guatemala.49

Ese mismo año, los propietarios de las fincas San Miguel Ibarra y San Vicente del Cofre denunciaron que sus propiedades habían sido afectadas por dotaciones de tierras a guatemaltecos. En esa ocasión el gobernador del estado reconoció que los solicitantes de tierra eran de origen guatemalteco, «pero comprendidos en el artículo 5° del Tratado de Límites», es decir, ya eran mexicanos.50 Como ya se ha mencionado, el «origen guatemalteco» seguía pesando, no obstante el citado artículo.

Tan solo para los años 1931 y 1932 la lista de casos similares es larga, pero podemos encontrarlos a lo largo de toda la década. En 1934, por ejemplo, Francisco J. Aranda, dueño de una propiedad en Amatenango de la Frontera, expresó su inconformidad ante el delegado del Departamento Agrario del estado porque se le informó que estaba en trámite un proyecto de dotación de ejidos para los pobladores vecinos de San Antonio La Junta a costa de sus tierras, cuando en realidad —decía— era un pequeño propietario «que está muy lejos de ser un terrateniente». Además, señaló que:

Se despojaría de una pequeña propiedad raíz a un mexicano neto, legítimo, para cederla a extranjeros guatemaltecos que no sienten ni un ápice de amor patrio y que solo vienen a explotar con provecho propio, y en detrimento de nacionales, la hospitalidad que en mala hora se les ha brindado, y cuya inmigración al país, preferentemente en esa zona, San Antonio La Junta, está sujeta a la voluntad y disposición de ellos, dada la escasa vigilancia que por ahí se ejerce, y que da margen a que inmigren al país después de haber cometido sus fechorías en su tierra natal. El censo agrario levantado por un ingeniero llamado Gustavo Serrano está compuesto por guatemaltecos indeseables, no figurando en dicho censo más que un elemento mexicano llamado Emeterio Lucas, nacionalizado.51

No sabemos si en realidad Aranda era un pequeño propietario, pero lo interesante es ver cómo echa mano de un discurso antiguatemalteco para tratar de obtener la inafectabilidad de sus tierras.

En 1934, un conocido finquero, Walter Khale, ante el éxito de la colonia Salvador Urbina, denunció que los miembros de esa población eran guatemaltecos. La acción de las autoridades migratorias no se hizo esperar; los agentes de la Oficina de Migración, junto con elementos del ejército, desalojaron a los varones del poblado y los llevaron en camiones a la frontera con Guatemala. A las mujeres, en cambio, se les permitió quedarse, probablemente porque ellas solas no eran consideradas de peligrosidad para los intereses de Khale.52

A decir de Gerardo Pérez, el conflicto no solo se dio entre campesinos y propietarios, sino también entre grupos de campesinos que se acusaban de ser extranjeros.53 En un principio muchas comunidades estuvieron dispuestas a aceptar entre sus miembros a campesinos guatemaltecos; sin embargo, conforme avanzaba la década de los 30 y especialmente durante la década de 1940 cada vez hubo menos tolerancia en ese sentido, como lo señala Nolan-Ferrell.54

Conflictos por el trabajo

La crisis de 1929 tuvo serias repercusiones laborales en la región cafetalera del Soconusco; ante la baja en el precio del café los salarios disminuyeron sensiblemente, además de que muchos trabajadores sufrieron el desplazamiento por los jornaleros provenientes de Guatemala, quienes buscaban mejores oportunidades frente a los efectos de la dictadura de su país. Las políticas mexicanas pretendieron controlar el flujo migratorio, mientras que los finqueros contribuyeron al ingreso ilegal de trabajadores guatemaltecos, pues les resultaba más barato pagar por esa mano de obra que costear el traslado de los jornaleros chamulas desde Los Altos.55

Naturalmente, al verse desplazados, los trabajadores mostraron su inconformidad con las autoridades. Así, el 30 de junio de 1934 varios pobladores de Tapachula denunciaron que el delegado de Migración de la zona protegía a los inmigrantes que habían ingresado a México de manera ilegal «con grave perjuicio de nuestros trabajadores, que se ven obligados a vender su trabajo a precios bajísimos pues los guatemaltecos acceden a que sean vejados y tratados de malos modos, ya que se introdujeron al país clandestinamente».56 El testimonio anterior nos habla no solo de la animadversión hacia los trabajadores provenientes de Guatemala, sino también de las vejaciones que podían sufrir como migrantes irregulares. Dichos conflictos continuaron en los años cuarenta.

No faltó quien, frente a la falta de oportunidades laborales, hablara de un boicot en contra de los mexicanos. Anselmo Delarbre, al regresar al Soconusco, su tierra natal, después de 15 años ausente, se encontró con que:

Los mexicanos son repudiados en toda la región; en ninguna finca encuentran trabajo los mexicanos; siendo los propietarios, administradores y trabajadores guatemaltecos. Los pocos dueños y administradores franceses, alemanes, españoles, etc. están de acuerdo con el boicot contra el mexicano; además todos se expresan mal de México y sus leyes. Hablan siempre de recuperar su nacionalidad guatemalteca.57

Ante tal panorama, Delabre sugirió que, para que no se perdiera una parte del territorio nacional, se expulsara a todos los guatemaltecos que se encontraran en una línea de 50 kilómetros de ancho a partir de la frontera y que no se les permitiera obtener la nacionalidad mexicana. Medida que ayudaría, según decía, a muchos peones mexicanos que carecían de sustento. Sin duda, sus apreciaciones eran exageradas, pero son una muestra del descontento generado por la escasez de empleo.

La situación llegaba a ser aún más intolerante para los nacionales cuando un guatemalteco se encontraba en una posición de superioridad, lo que dejaron en claro los representantes de una organización de trabajadores de Tapachula en 1944; los inconformes explicaron que el Fideicomiso de Cafeteros de Tapachula —el cual representaba los intereses del Banco de Comercio Exterior— utilizaban braceros guatemaltecos, lo que afectaba gravemente a los intereses de la clase trabajadora local, además de que los capataces de aquella nacionalidad los trataban despóticamente. La denuncia iba particularmente dirigida en contra de José Quiñones, jefe de la Sección Agrícola de Fideicomisos, exteniente coronel guatemalteco, quien —decían— empleaba métodos dictatoriales, lo que constituía una violación a la Ley Federal del Trabajo y representaba una vergüenza para la nación.58

Al parecer, Quiñones se estaba aprovechando de su posición en dicho fideicomiso para dar empleo a sus familiares y amigos en diversas fincas de la región. Un informe del delegado estatal de la Administración y Vigilancia de la Propiedad Extranjera comunicó que Quiñones había instalado a dos de sus cuñados como administradores de unas fincas, mientras que el mecánico de la finca La Violeta era el guatemalteco Manuel Castro Paredes, con un salario de 5 pesos diarios sin siquiera tener conocimientos de mecánica y sin que sus servicios fueran requeridos en ese lugar.

El delegado también mencionó otro cargo utilizado frecuentemente tanto por autoridades como por pobladores del Soconusco en contra de los extranjeros: sus antecedentes penales. Por ejemplo, ese funcionario señaló que:

Porfirio Renoj Barrios, nacido en Guatemala, materialmente de pésimos antecedentes de carácter penal, fue aconsejado por el señor Quiñones a renunciar un puesto en el Banco Ejidal para darle el de Administrador de la finca “El Manacal” y, como esta Delegación le pidiera a Fideicomisos separarlo por los malos informes que de él se recibieron en presidencia del Sr. Alfonso L. Nava, Agente Confidencial de la Intersecretarial, la Administración de Fideicomisos lo separó y ahora se encuentra en presencia de un conflicto de trabajo por reclamación de derechos que reclama dicho señor. Todo pudo haberse evitado con ofrecerse el empleo de referencia a un mexicano…59

Como respuesta a las diversas acusaciones en su contra, en varias ocasiones los trabajadores de nacionalidad guatemalteca explicaron que, no obstante haber ingresado a territorio mexicano con todos los requisitos exigidos por la ley, se les pretendía deportar injustificadamente, sin tomar en cuenta sus años de servicio y que incluso varios de ellos ya se encontraban nacionalizados. Algunos de esos trabajadores expusieron los hechos ante el presidente de la República por medio de un oficio, de cuyo contenido solo conocemos el extracto que de él hizo el secretario particular, y que a la letra dice:

Piden su intervención fin se les deje trabajar tranquilos, pues delegado Junta Administración y Vigilancia Propiedad Extranjera en esa ha perfilándose como enemigo de los guatemaltecos que prestan sus servicios en fincas café cuyo cultivo conocen concienzudamente, influyendo por medio periódicos en contra fideicomiso cafeteros pidiéndoles cesen guatemaltecos en sus empleos, sin tomar cuenta capacidades, larga vida en esa región y que muchos están nacionalizados, pues su criterio es que fincas intervenidas deben tener únicamente empleados mexicanos. Manifiestan que sociedad ese lugar reprueba actos citado delegado, pues sabe que centenares mexicanos viven Guatemala sin ser molestados.60

Los representantes de los finqueros, desde años antes, se mostraron preocupados ante la amenaza de que la CDI pudiera deportar a los braceros recién llegados, pues reconocían que el éxito de las cosechas dependía de la mano de obra de los migrantes. Así que en noviembre de 1941 le escribieron al presidente Ávila Camacho para que los trabajos de aquella comisión se suspendieran por lo menos hasta que pasara el tiempo de las cosechas.61

Finalmente podemos decir que no todo fue conflicto entre trabajadores mexicanos y guatemaltecos, sino que también existieron puntos de encuentro. Puede ser que en ciertos momentos, en los que la presión por los espacios laborales no fuera tan fuerte, jornaleros guatemaltecos hayan engrosado las filas de algunas de las organizaciones obrero-campesinas del Soconusco. Por lo menos en 1937 Alejandro Córdova, desde Tapachula, solicitaba la expulsión de los jornaleros guatemaltecos que laboraban en su finca, porque la mayoría eran integrantes del Sindicato de Trabajadores.62

El escenario político

Un motivo más de inconformidad entre algunos de los habitantes del Soconusco y Mariscal fue el que los extranjeros provenientes del vecino país centroamericano se involucraran en asuntos políticos. Desde por lo menos 1932 existen diversas quejas contra los abusos de funcionarios a los que acusaban de ser guatemaltecos.

Ese año, los colonos de Carrillo Puerto, municipio de Tapachula, denunciaron ante el secretario de Gobernación los atropellos que sufrían por parte del agente municipal, Sabino López. El conflicto llegó a tal grado que los vecinos de aquel lugar tuvieron que acudir al ministerio público:

Pero tememos que no se nos escuche por estas autoridades por ser Sabino López protegido del C. Presidente Bibiano Cruz, advirtiendo que este individuo López es originario de San Carlos Cija, República de Guatemala, y por lo tanto no debe desempeñar cargos públicos y tampoco ser considerado como socio agrarista de la colonia. Para justificar esta nuestra denuncia, solicitamos se exija a Sabino López su acta de nacimiento, con lo que quedará plenamente comprobado.63

No sabemos si se realizó una investigación al respecto, pero —curiosamente— en 1937 varios campesinos del mismo pueblo denunciaron que uno de sus compañeros, de nombre Sabino López, había sido asesinado por tres guatemaltecos que se encontraban libres por la negligencia de las autoridades,64 sin que hayamos podido corroborar si se trataba de la misma persona de quien años antes se quejaban los vecinos.

Otra de las denuncias frecuentes era que las autoridades protegían a los guatemaltecos. En 1934, por citar un caso, el representante de la Liga de Obreros y Campesinos de Pueblo Nuevo Comaltitlán se dirigió al delegado de Migración de Tapachula para quejarse porque dos guatemaltecos que habían sido expulsados del país regresaron para «adueñarse de la región de donde fueron “sacados”». También señaló que esas personas habían asesorado a un numeroso grupo de guatemaltecos para que se posesionaran de la congregación Monte Flor, de aquel municipio. Todo ello —aseguraba— con la protección del presidente municipal, quien los apoyaba con fines netamente políticos.65

Algunas veces los propios funcionarios fueron acusados de ser extranjeros; muestra de ello es la queja de Agustín Vázquez de Motozintla en 1935. Este afirmaba que las autoridades de aquel pueblo eran de origen guatemalteco, «que los intereses de los mexicanos están a la voluntad del presidente municipal y de su compadre Jacinto Aranda, quien también tiene ligas con los guatemaltecos por ser casado con guatemalteca».66 Mientras tanto, Feliciano Ríos expuso al primer mandatario que era necesario hacer una «limpia» de guatemaltecos, dado que muchos de ellos habían acaparado los puestos públicos de Tapachula.

El caso de Tuxtla Chico también es digno de mencionarse; en ese lugar, según la versión de un vecino, el juez rural era de nacionalidad guatemalteca y «se ha constituido en perseguidor de los mexicanos que tienen la mala suerte de estar bajo su autoridad, pues en esa finca todavía ocupan extranjeros como jueces rurales».67

Al interior mismo del Partido Nacional Revolucionario existieron rivalidades bajo el argumento de la nacionalidad de los implicados. El 18 de abril de 1934 Zacarías Gálvez expuso al secretario de Gobernación que el Comité Municipal de ese partido en Cacahoatán estaba integrado por extranjeros procedentes de Guatemala, hecho que consideraba «como una burla a nuestra Constitución». A raíz de lo anterior, el secretario general del comité estatal del PNR hizo las averiguaciones correspondientes y para agosto de aquel año informó que dos de los tres acusados ya habían comprobado su nacionalidad mexicana con la documentación pertinente,68 lo que nos hace conjeturar que se trataba de hijos de guatemaltecos que estaban contemplados en el artículo 5° del multicitado Tratado de Límites.

Nos parece pertinente insistir en este último aspecto, ya que muestra que existían categorías en cuanto a la ciudadanía en cuya definición operaban el ius soli y el ius sanguinis. De acuerdo con esa lógica, un mexicano hijo de mexicanos por nacimiento tenía más derechos ciudadanos que un mexicano de nacimiento, pero de padres guatemaltecos, naturalizados mexicanos.

A propósito de esa discusión, nos parece ilustrativa la consulta que hizo en 1932 el presidente municipal de Cacahoatán al subsecretario de gobierno, en la que aquel preguntaba si era válido que un hijo de guatemalteco nacionalizado contendiera en las próximas elecciones municipales. Señaló que el individuo de quien se trataba ya había sido presidente municipal con anterioridad, «tanto porque no ha habido quien denuncie tal circunstancia o porque cuenta con determinada simpatía entre los elementos guatemaltecos, que muy en mala hora son los que predominan en esta región».69 La respuesta que las autoridades federales le enviaron al consultante es por demás interesante; después de hacer un examen detallado del caso, un consejo consultivo dictaminó que era totalmente válido que un hijo de guatemaltecos nacionalizados concursara para ese puesto de elección popular, pues era considerado mexicano, no por nacimiento pero sí por naturalización.70

Por último, es importante mencionar que, aunque no son abundantes, existen indicios de que se acusaba a mexicanos de ser extranjeros en temporadas electorales, con la finalidad de disminuir los votos de algún candidato opositor. Hecho que denunciaron algunos vecinos de Motozintla en 1940, «a quienes por cuestión de las recientes elecciones, se trata de perjudicar atribuyéndoles ciudadanía guatemalteca, siendo en realidad mexicanos».71

El guatemalteco como amenaza

Gerardo Pérez mostró que, no obstante la unión de mexicanos y guatemaltecos en organizaciones agraristas o laborales, los intereses de los campesinos por ser sujetos al reparto de tierras provocaron que las acusaciones contra guatemaltecos se convirtieran en moneda corriente. Las denuncias no provenían exclusivamente de mexicanos, sino también de guatemaltecos; incluso, en algunos casos, los acusadores tenían mayores antecedentes guatemaltecos que los acusados, señala la misma autora.72 Veamos qué es lo que se decía de los guatemaltecos concretamente, cómo se les caracterizaba y cómo se justificaba el rechazo hacia ellos.

Ya desde los años 20, algunas autoridades estatales y federales mostraron su preocupación y, en ocasiones, desaprobación por la presencia de guatemaltecos en suelo mexicano. Así se expresó Francisco Fernández Landero, visitador del Servicio General de Migración, en 1926:

La mayor parte de la población de Motozintla se compone de extranjeros, en una proporción aproximada de un ochenta o noventa por ciento, siendo casi todos guatemaltecos, individuos estos que resultan ser los extranjeros perniciosos, porque teniendo mayoría hacen lo que quieren, incluso tomar parte en asuntos políticos de nuestro país.73

Los conflictos que se sucedieron con motivaciones agrarias, laborales y políticas que hemos analizado contribuyeron a que esa actitud fuera ganando terreno entre los pobladores de la zona fronteriza. Desde por lo menos 1933 existen denuncias de habitantes de diferentes pueblos contra «extranjeros perniciosos guatemaltecos». En ocasiones se argumentó que los recién llegados tenían pésimos antecedentes en su país, como lo expuso el presidente municipal de Mapastepec, a nombre de los vecinos del pueblo, contra la señora Luz P. viuda de Fierro, a quien pedía que se le aplicara el artículo 33 constitucional. Es decir, que fuera expulsada por ser un elemento pernicioso.74

También hubo aquellos que vieron en el constante flujo migratorio una invasión a la que había que poner fin antes de que se perdiera ese territorio. Por ejemplo, en 1939 Luis Rodríguez, de Tapachula, escribió al presidente de la república contra la tolerancia de las autoridades hacia los «extranjeros indeseables», procedentes del vecino país del sur. Señaló que solo el primer mandatario de la nación podía proteger a los nacionales, para que no sucumbieran a la «invasión extranjera».75

En varios documentos el guatemalteco apareció también como un elemento que generaba intranquilidad, provocaba conflictos, obstaculizaba el desarrollo de la comunidad y, en el peor de los casos, representaba un grave peligro para la sociedad por sus tendencias criminales. Así, en 1936 Manuel Antonio Victorio, maestro de una escuela federal de Tapachula, denunció a Antonio López como guatemalteco pernicioso, pues obstruía la «labor reconstructiva» que se proponía desarrollar su escuela, para seguir explotando a los campesinos a su antojo. Por lo tanto, pidió su expulsión del territorio mexicano.76 En 1938 los vecinos de El Ocotal, en Frontera Comalapa, manifestaron su preocupación por cuatro «guatemaltecos perniciosos», quienes habían realizado atentados contra la vida de algunos profesores y habitantes en general de Pacayal y Potrerillo.77

Otras veces se advirtió sobre la poca lealtad que caracterizaba al guatemalteco; cuando le convenía enarbolaba la bandera de su país, mientras que otras veces se hacía pasar por un leal mexicano. Esa fue la acusación que se le hizo a Filemón de León, quien deseaba reingresar a México, ya que era ciudadano mexicano y por «intrigas políticas» se encontraba refugiado en territorio guatemalteco. La solicitud la hizo su padre desde Motozintla y presentó una serie de documentos que acreditaban que había sido funcionario bajo la administración del gobernador Carlos A. Vidal.

Después de un amplio intercambio de testimonios, el agente de Migración informó que Filemón de León, en efecto, había vivido y trabajado en Chiapas como colector de rentas, pero que en realidad era originario de Tacaná, Guatemala. Además, en Motozintla era conocida su mala conducta:

…por las averiguaciones verificadas por el que suscribe, se cuenta que es el autor de la destrucción de nuestra Enseña Nacional, a la cual pisoteó en la época preconstitucional, la cual después de destruida por él y otros, sirvió de adorno a los caballos que la gente rebelde de aquel entonces montaba.78

Los desafortunados hechos de violencia que ocurrieron entre mexicanos y guatemaltecos —o considerados guatemaltecos— también contribuyeron a la construcción del imaginario negativo en torno al originario de Guatemala. Así ocurrió en la finca Mesopotamia, en donde —según la esposa de uno de los propietarios— «una chusma de más de 25 guatemaltecos» se introdujo a la propiedad para apropiarse de las tierras y aprovechar los cultivos de café, plátano, maíz y otros productos que su esposo había sembrado. Bajo el argumento agrarista, ese grupo —señaló— llevaba tiempo realizando actos ilícitos bajo la protección de un agente del gobierno del estado, hasta que, finalmente, el 28 de junio de 1931 su esposo fue asesinado «cruelmente a machetazos e intentaron hacer lo mismo conmigo y con mi hija».79

Reflexiones finales

Como ocurrió en la historia de otras fronteras del país y del mundo, en un principio la línea divisoria entre México y Guatemala no representó una barrera infranqueable para que pobladores de ambos lados continuaran con su vida familiar, comercial, agrícola y religiosa que muchas veces transgredía las normas fronterizas. Numerosos pobladores de la zona limítrofe ignoraban o hacían caso omiso del muro invisible que separaba ambos países.

Aunado a lo anterior, el Tratado de Límites y el hecho de que una buena parte de los habitantes no registraran a sus hijos al nacer generó un buen número de casos de dudosa nacionalidad —especialmente en las regiones de Mariscal y Soconusco, lo que comenzó a preocupar sobremanera a los gobiernos posrevolucionarios. Por si fuera poco, las autoridades vieron en la frontera, e incluso en otras regiones de la entidad, a una población poco leal a México.

La gestión de ese «problema demográfico» tuvo que ver con interpretaciones sobre lo que significaba ser un ciudadano mexicano, las cuales generaron amplios debates a nivel nacional que se reflejaron en la Ley Vallarta, primero, y en la Ley de Nacionalidad y Naturalización, posteriormente. Así pues, el derecho de suelo dictaba en buena medida la nacionalidad, pero el derecho de sangre continuó desempeñando un papel muy importante.

En Chiapas, tanto las autoridades federales como las locales utilizaron las explicaciones del ius soli y el ius sanguinis para tratar de resolver asuntos relacionados con la confusión de nacionalidades imperante en Soconusco y Mariscal; sin embargo, muchas veces se inclinaron por el ius sanguinis. Además, esas ideas fueron permeando entre la población de aquellas regiones, de manera que en el discurso antiguatemalteco que poco a poco se fue consolidando entre campesinos y trabajadores se encontraba presente la noción de que el simple hecho de haber nacido en un territorio no garantizaba ninguna fidelidad nacional —tal como lo decía Vallarta en 1886—. Lo que más importaba era el árbol genealógico de los involucrados. Es decir, la legítima nacionalidad de los hijos de padres guatemaltecos se encontraba en tela de juicio, o bien, se les consideraba mexicanos de segunda categoría.

Como señala Jiménez de Báez, las fronteras exteriores —ya sean físicas o administrativas— generan fronteras al interior de los individuos; es decir, «zonas de asimilación de diversas actitudes, sentimientos e ideas, cosmovisiones, que transforman y condicionan las visiones de mundo y los parámetros cognitivos de los sujetos».80 Fue así como en la década de los 30, las ideas y discursos nacionalistas que manejaban las autoridades fueron permeando entre otros actores, tales como campesinos y trabajadores. A lo que contribuyeron los conflictos agrarios, laborales y políticos entre mexicanos y guatemaltecos.

Es probable que en un principio el discurso nacionalista en contra de los guatemaltecos solo haya sido una estrategia política de los diversos actores involucrados. Sin embargo, existen indicios de que, conforme avanzaba la década de los treinta, la noción del extranjero indeseable o pernicioso fue ganando cada vez mayor terreno y fue arraigando entre la población de la región fronteriza.

A diferencia de lo que ocurrió en el caso de los chinos, el discurso antiguatemalteco no se construyó con base en la supuesta degeneración racial de ese grupo poblacional, sino que giró en torno a la fidelidad a la nación y a los derechos sobre la tierra, el trabajo y la participación política. Hecho que puede explicarse si tomamos en cuenta que —como reconocieron algunos funcionarios— era casi imposible distinguir a chiapanecos y a guatemaltecos en la zona fronteriza, debido a que compartían múltiples características físicas y culturales.

De esa forma, los guatemaltecos fueron considerados como invasores, usurpadores en los espacios laborales y oportunistas respecto al reparto de tierras, a lo que se le sumó el recurso de los antecedentes criminales que supuestamente tenían muchos de ellos.

Finalmente, podemos decir que el presente trabajo abordó principalmente las diversas facetas del conflicto con características nacionalistas en la región fronteriza de Chiapas. Sin embargo, falta por explorar la construcción del discurso antiguatemalteco en otros puntos de la geografía chiapaneca. En ese sentido sería importante explorar las reacciones de la élite de Los Altos, la cual controlaba la mano de obra indígena de aquella región y se beneficiaba del trabajo de esta en las fincas del Soconusco. Indudablemente la migración guatemalteca afectó a esa dinámica sociopolítica.

Fuentes primarias

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Acervo Histórico Diplomático-Archivo Histórico Genaro Estrada (AHD-AHGE), Expediente II/550 (728.1-4), Paso libre por la frontera entre México y Guatemala con motivo de las fiestas de “La Candelaria”. Consulado en Malacatán, Guatemala, Año 1922.

Archivo General de la Nación (AGN), Dirección General de Gobierno (DGG), Caja 2, Expediente 2.360 (5), carta de Felipe Méndez Osorio al ministro de Gobernación, 2 de marzo de 1930.

Archivo General de la Nación (AGN), Dirección General de Gobierno (DGG), Expediente 2.360 (5)-14, carta de Isabela de León al subsecretario de Gobernación, 28 de julio de 1931.

Archivo General de la Nación, Expediente 2-360 (7-4)-3, memorándum del jefe del Departamento de Gobernación al jefe del Departamento de Relaciones Interiores y Gobernación, 13 de mayo de 1926.

Archivo General de la Nación, Expediente 2.360 (5), oficio de Francisco J. Aranda al delegado del Departamento Agrario del estado, 29 de enero de 1934.

Archivo General de la Nación, Expediente 2.360(5)8009, oficio de la Confederación Campesina Mexicana al secretario de Gobernación, 9 de noviembre de 1937.

Archivo General de la Nación, Expediente 2.360 (5), oficio de la presidencia municipal de Cacahoatán al subsecretario de gobernación, 22 de agosto de 1932.

Archivo General de la Nación, Oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores al secretario de Gobernación, 6 de noviembre de 1931.

Archivo General de la Nación, Expediente 2.360(5)8009, oficio de varios vecinos de Carrillo Puerto al secretario de Gobernación, 2 de enero de 1932.

Archivo General de la Nación, Expediente 2.360 (5), oficio de Victoriano Córdova Figueroa al agente de la Oficina de Migración, mayo de 1932.

Archivo General de la Nación, Oficio de Zacarías Gálvez al ministro de Gobernación, 18 de abril de 1934 y oficio del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PNR al subsecretario de gobernación, 9 de agosto de 1934.

Archivo General de la Nación, Oficio del Departamento de Gobernación al presidente municipal de Cacahoatán, 1932.

Archivo General de la Nación, Oficio del Departamento de Gobernación al secretario de Agricultura y Fomento en el que le transcribe una comunicación del gobernador del estado de Chiapas, 25 de octubre de 1930.

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Archivo General de la Nación, Extracto de un oficio de Cecilio y Crescencio Roblero al presidente de la república, 10 de mayo de 1938.

Archivo General de la Nación, Caja 902, Expediente 546.2/15, extracto de un oficio de Francisco Cardona al presidente de la república, 22 de febrero de 1935.

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Fecha de recepción: 08/02/2021 - Fecha de aceptación: 05/06/2021
* Mexicano. Investigador independiente. Doctorante en Historia por El Colegio de México (COLMEX), Ciudad de México, México. Correo electrónico: fgordillo@colmex.mx ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9683-0484

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