Una insospechada crisis: el gobierno de Rodrigo Carazo Odio y su ambivalente compromiso con la reforma «neoliberal», 1978-1982. Segunda Parte

An Unsuspected Crisis: The Government of Rodrigo Carazo Odio and his ambivalent Commitment to «Neoliberal»
Reform, 1978-1982. Second Part

Uma crise inimaginável: o governo de Rodrigo Carazo Odio e seu compromisso Ambivalente com a reforma «neoliberal», 1978-1982. Segunda parte

Jorge Marchena Sanabria*

Resumen: Este artículo analiza las contradictorias respuestas que la administración Carazo Odio pretendió impulsar para mitigar la crisis económica de principios de la década de 1980. En esta segunda parte se contextualiza la crisis, el impacto de la devaluación, el descontento del bloque dominante hacia la figura de Carazo y la aceptación tácita de los designios del FMI y en general, lo que eventualmente se convertiría en el ajuste estructural. Siguiendo la línea del primer artículo, es un acercamiento a las dinámicas internas de la política costarricense, enfatizando en sus contradicciones entre democratización y secretismo. Para la elaboración del texto se emplearon documentos del Archivo Nacional del periodo 1978-1982, especialmente, de la Serie Presidencia y Actas del Consejo de Gobierno.

Palabras claves: Gobierno; reforma económica; neoliberalismo; poder político; instituciones financieras; democracia.

Abstract: This article analyzes the contradictory responses that the Carazo Odio administration tried to promote to mitigate the economic crisis of the early 1980s. This second part contextualizes the crisis, the impact of the devaluation, the discontent of the dominant bloc towards the figure of Carazo and the tacit acceptance of the IMF’s designs and in general, what would eventually become structural adjustment. Like the previous article, it is an approach to the internal dynamics of Costa Rican politics, emphasizing its contradictions between democratization and secrecy. For the preparation of the text, documents from the National Archives from the period 1978-1982 were used, especially from the Presidency Series and Proceedings of the Governing Council.

Keywords: Government; economic reform; Neoliberalism; political power; financial institutions; democracy.

Resumo: Este artigo analisa as respostas contraditórias que o governo Carazo Odio tentou promover para mitigar a crise econômica do início dos anos 1980. Esta segunda parte contextualiza a crise, o impacto da desvalorização, o descontentamento do bloco dominante em relação à figura de Carazo e a aceitação tácita dos desígnios do FMI e, em geral, do que viria a ser o ajuste estrutural. Seguindo a linha do primeiro artigo, trata-se de uma abordagem da dinâmica interna da política costarriquenha, enfatizando suas contradições entre democratização e sigilo. Para a elaboração do texto, foram utilizados documentos do Arquivo Nacional do período 1978-1982, especialmente da Série da Presidência e Atos do Conselho de Administração.

Palavras chaves: Governo; reforma econômica; neoliberalismo; poder político; instituições financeiras; democracia.

Introducción1

El neoliberalismo costarricense se intentó implementar a partir del gobierno de Rodrigo Carazo Odio, entre 1978 y 1982, pero con resultados parcos. Además, estas medidas provinieron de la presión conjunta de la élite local, el Fondo Monetario Internacional y otros actores afines a los partidos políticos dominantes. La crisis que se desató era debido al alza de los precios del petróleo, la deuda externa y la precipitosa devaluación del colón frente al dólar.

Recapitulando el artículo anterior, se puede indicar que los principales puntos abordados fueron: 1) el gobierno de Carazo Odio no tenía claro las dimensiones de la crisis que se estaba desencadenando a inicios de la década de 1980; 2) de acuerdo con la documentación recopilada, se dio una cierta complacencia por parte de la administración y la creencia de que eran problemas pasajeros, por ende, la respuesta inmediata fue solicitar nuevas líneas de créditos o, intensificar la cacería de dólares; 3) conforme la situación se agravaba, el FMI sugería [imponía] medidas austeras y cercanas al desmantelamiento del viejo Estado desarrollista; aunque las propuestas del gobierno sugerían maximizar el intervencionismo con nuevos proyectos que exigían cuantiosos recursos públicos —siempre dependiendo de empréstitos externos— y; 4) la situación para 1981 se agravó, ya que la devaluación del colón con respecto al dólar estadounidense no se pudo contener más y con ello, el Gobierno perdió confianza y creció la presión para acelerar una transformación o ajuste estructural a gran escala.

El propósito de este trabajo es ofrecer algunos detalles, tras bastidores, del proceso por el cual, Costa Rica comenzó su tránsito hacia el libre comercio. Es una reconstrucción de las vicisitudes y contradicciones político-económicas de la Administración de Carazo, así como un intento por comprender, cómo se encumbraron los grupos neoliberales y qué mecanismos emplearon para reclamar la hegemonía ideológica, desplazando a los viejos defensores de la socialdemocracia y el Estado Interventor.

Es importante enfatizar en que la temática ha sido abordada por una amplia diversidad de autores. Una parte, culpabilizaron al periodo histórico anterior —Estado interventor, desarrollista o empresario— y a los excesos del grupo «socialdemócrata»; mientras que otra vertiente se inclina por la influencia del contexto global, especialmente la subida de precios de los hidrocarburos, la creciente deuda externa y la devaluación del colón. Inclusive, en ambas tendencias se insiste con vehemencia en las imposiciones estadounidenses, de la USAID, el FMI y el Banco Mundial, así como el papel pasivo de las burguesías locales. Por ejemplo, Molina Jiménez y Palmer señalaron que este fue el momento culminante del modelo de desarrollo previo, que la crisis se desencadenó debido a los excesos del Estado Empresario y pronto se tuvieron que aceptar los designios de Washington y la USAID; aunque Carazo Odio (1978-1982) trató de oponerse al FMI, su postura no fue replicada por sus sucesores.2 Mientras que Molina Vargas y González Ayala también lo consideraron un punto de quiebre fundamental en la historia contemporánea costarricense, provocado por los problemas en el manejo de la deuda externa, el gasto público y la guerra contra el somocismo. Ante esta situación, se elevó el endeudamiento a partir del gobierno de Carazo y pronto se aplicarían los programas de ajuste estructural.3

En cuanto a los aspectos teóricos [se reiteran los planteados en la Primera Parte], se puede agregar, de una forma bastante escueta, algunas definiciones básicas en torno al neoliberalismo, antes de ello, es importante recalcar que no es objetivo de esta investigación presentar una discusión exhaustiva y a profundidad de esta ideología; además, muchos autores alrededor del mundo han desarrollado con suma maestría y detalle esa temática. El neoliberalismo puede resultar un tanto impreciso o hasta burdo, ya que se ha empleado como un mero estereotipo, inclusive por círculos académicos y los medios de comunicación. De forma concreta, se considera que es una serie de tesis derivadas del liberalismo económico, enfocados en la preponderancia del mercado, la agresiva supresión de monopolios, las privatizaciones de empresas públicas, el enriquecimiento capitalista y su componente central: la creencia de que la vida humana gira en torno a los aspectos económicos, el cual es regulado por las «leyes naturales» como la oferta y la demanda.4

Cabe precisar, que el grueso de este apartado fue elaborado a partir de la síntesis, transcripción y ordenamiento de citas clave de documentos del Archivo Nacional, especialmente de las series Presidencia, Actas del Consejo de Gobierno, Bancos, entre otros. Las referencias, como tales, son problemáticas, muchos documentos —centenares de hojas— simplemente fueron agrupados en una sola carpeta, sin orden temático ni cronológico, con la consecuente repetición de copias y tampoco se les asignó número de folio.5 La investigación no se concentró en analizar un periodo presidencial ni magnificar a una figura política, sino en construir una historia del poder: las interrelaciones entre actores sociales e instituciones estatales, los roces entre retórica democrática y proyectos económicos, los conflictos al interior del gobierno; es sobre todo, un acercamiento a la cotidianeidad del poder político, más allá de titulares de prensa, escándalos y etiquetas.6

Intersticio. ¿En qué consistía la crisis?

Como había sido prometido a las autoridades del Fondo, el Gobierno de Carazo tomó la decisión de liberalizar la moneda y con ello, permitir la devaluación, medidas que las anteriores administraciones, sobre todo las liberacionistas, consideraban como mínimo, un «sacrilegio», aun cuando las tasas de intercambio fueran artificiales y el colón estuviera sobrevalorado. Esta práctica había ayudado a subsidiar la industria sustitutiva, pero en la década de los ochenta, se consideraba insostenible. A partir de enero de 1981, se había establecido como prioritario la liberalización de la moneda, la cual alcanzó los 21 colones por dólar. No obstante, pronto la decisión fue revertida por la Corte Suprema de Justicia, ya que los temas monetarios no los podía modificar el Poder Ejecutivo sin la venia de la Asamblea Legislativa. El desastre se agravaba.

Acto seguido, aparecía el problema de la denominada «presa». En estos meses, el Banco Central había colapsado de facto. Es preciso recordar, como se precisó en la Primera Parte de este artículo, que las transacciones en divisas extranjeras debían pasar por dicha entidad bancaria, pero, ante la carencia de liquidez y la necesidad de sufragar el pago de la deuda, multitud de empresas se habían visto imposibilitadas de concretar sus negocios y pagar sus compromisos. Tal vez, este era el punto de quiebre, teniendo en contra a la Corte, con fuerte oposición en el Congreso, arrastrando su colaboración con los sandinistas; en resumidas cuentas, Carazo ya no era considerado confiable o nos atreveríamos a afirmar, que el gobierno había mostrado su plena incapacidad para lidiar con la situación.

Para ilustrar la debacle gubernamental y explicar la crisis misma, se puede recurrir a las cartas de renuncia de los jerarcas del Ministerio de Hacienda, signadas en abril de 1981. El ministro Hernán Sáenz Jiménez,7 quien apoyaba las directrices del FMI y había impulsado el plan de liberalización, explicaba que las viejas estructuras económicas resultaban obsoletas, el sistema de producción se acostumbró al uso excesivo del crédito bancario y «…a usufructuar tasas de interés subsidiadas, a vender sus productos en mercados cautivos».8 También, aseguraba que:

Cuando los tiempos cambian y se requieren sacrificios, los egoísmos parecen agigantarse, ya que cada grupo desea trasladar su cuota de sacrificio a otros, especialmente a los menos favorecidos que no siempre tienen las facilidades de comprender la situación real ni de expresar su disconformidad.9

¿Por qué renunciaba Sáenz? En esos días, el Gobierno o más bien, Carazo, había decidido ser flexible y solventar la “presas” de divisas, con ello alivió el descontento de ciertos sectores y suspendió los incrementos en los impuestos ad valorem a las exportaciones, pero irrespetó los acuerdos con el Fondo; de ahí las palabras en la carta, en las que afirmaba que el sacrificio recaería en los sectores más desfavorecidos, además, Sáenz sostenía que se había socavado su autoridad moral y técnica. El mandatario justificó su decisión al respecto de la presa, citando que era necesario mantener la armonía entre los costarricense. El viceministro de Hacienda fue más explícito y no dudó en reafirmar que la crisis estaba siendo transferida a las clases subalternas:

Las decisiones que en materia económica han tomado esta semana, el Gobierno y el Banco Central, que cambia radicalmente la distribución de la carga del ajuste económico, de grupos en exceso privilegiados hacia los grupos más desprotegidos de nuestra sociedad, así como la renuncia de Hernán Sáenz, con quien he trabajado intensamente, como equipo monolítico y con igualdad de objetivos, hace para mi infructuoso seguir actuando desde el Estado, en procura de los ideales apuntados.10

Insistía en que el ajuste sería cargado en los hombros de una ciudadanía que ni siquiera entendía lo que estaba ocurriendo, ocupada en los problemas ocasionados por la carestía de productos básicos y el aumento del costo de la vida. El problema no radicaba en que la crisis recayera en los sectores más vulnerables, aunque en ello insistieran las autoridades salientes de Hacienda. De acuerdo con la postura del expresidente de la república y economista, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, el verdadero agravante lo constituía la supuesta falta de voluntad del gobierno de Carazo Odio para imponer las medidas necesarias que permitieran el viraje hacia un modelo de liberalización económica y que pusiera fin a los excesos socialdemócratas.11 No obstante, tal afirmación degenera en sobre simplificación y culpabiliza a Carazo.

Con el fin de evitar mayores evasivas, es preciso señalar que la crisis era una combinación de factores estructurales y coyunturales, aunque, para el Gobierno y organismos como el FMI, lo prioritario era atender la inmediatez. El problema tenía mucho que ver con el sentido común o con prácticas financieras sanas. En 1977, hubo un excedente de 102 millones de dólares, gracias a las altas cotizaciones de café y las pérdidas de cultivos en Brasil. Esta bonanza fue efímera y el gobierno de Daniel Oduber Quirós (1974-78) la utilizó para sufragar los crecientes gastos de CODESA, entre otros. Para 1979, la situación se había revertido y debido al declive en los precios del café y el aumento del petróleo, el déficit había alcanzado los 82 millones de dólares, tendencia que se mantendría en los siguientes años. Además, no se había logrado contener el gasto y los ingresos fiscales eran insuficientes; en síntesis, se gastaba mucho más de lo que se recaudaba.12 Ya para este punto, la voz del Fondo o de los neoliberales si se quiere, es la que prevaleció y se insistió en que se requería obtener capitales cuanto antes para atenuar las deudas y el déficit, el resultado: incentivar las exportaciones de productos no-tradicionales de venta rápida y segura, la cura se reducía a obtener liquidez cuanto antes [y aplicando el monetarismo de Milton Friedman].13

Dado que los exportadores se convertirían en los protagonistas del nuevo modelo e inclusive, en los «héroes», estos contarían con ciertas exenciones, como los impuestos que les redujo Carazo —el de exportaciones—. A la vez, se le comunicó con celeridad al FMI que, en la práctica, el costo lo tendría que cubrir la sociedad civil, incluyendo aumentos en el impuesto de consumo —decretados desde agosto de 1980— y dado que el gobierno entendía que las [abstractas] fuerzas de mercado eran las que determinaban los precios; los controles y subsidios directos de precios debían limitarse a un mínimo de productos básicos. Entre marzo y mayo de 1981, solo el rubro de combustibles había subido un promedio de entre 19 y 27% y se esperaba un aumento del 25% en las tarifas telefónicas. Es decir, los compromisos internacionales los cubrirían las clases populares, punto.14 Pero esta cruda realidad, debía endulzarse con retórica y aplazamientos.

Para mayo de 1981, se trataba de presentar la mejor cara al resto del mundo y para ello, se notificaba que las negociaciones con el Fondo habían llegado a buen término. Tal y como se pretendía, el programa de ajuste estructural se extendería por tres años y el monto asignado en créditos era de 329 millones de dólares, 450% de la cuota que Costa Rica podía utilizar.15

La tecnocracia neoliberal en ciernes

A pesar de las bajas en el Ministerio de Hacienda, las dudas de los organismos internacionales y el creciente descontento que se podía registrar en casi todos los estratos de la sociedad costarricense; había emergido una nueva tecnocracia que estaba trazando la ruta del cambio y decidiendo la entronización de un modelo económico que ha persistido por casi cuatro décadas. A mediados de 1981, parecía que el eje del liderazgo había cambiado y tomaba mayor protagonismo el Banco Central, por ello departamentos como el monetario le informaban a su dirigencia que el déficit con respecto al año anterior se había reducido y se contaba con notorios aumentos en las exportaciones.16

Se tenían ciertas dudas de que la tendencia a contener el déficit se pudiera mantener, ya que las cotizaciones internacionales del café seguían decayendo. De todas formas, la intención era mostrarles resultados optimistas a las autoridades del Fondo. Las «garantías» incluían: controlar ingresos del Gobierno Central, el ajuste de precios de RECOPE, las tarifas del ICE, liberalizar las tasas de interés internas o flexibilizarlas y refinanciar obligaciones del BCCR. No obstante, el gobierno oficial de Costa Rica había trazado planes diferentes.

Pocos días atrás, el Poder Ejecutivo se había comprometido a mantener los precios sin variación en los expendios del CNP, especialmente para productos como la leche en polvo, la harina de uso doméstico, el arroz, frijoles, aceite y maíz blanco. Más bien, se pretendía abrir treinta expendios más en zonas que por la cantidad de población y marginalidad, lo exigieran. Además, se lanzaban directrices de que el sector público y privado debían mantener los puestos ocupados para evitar desempleo y más bien, se fomentaría la creación de empleos; de ser necesario a través del aparato estatal.17 De nuevo, se estaban contradiciendo y desligándose de la línea del Fondo. Es factible que hasta los más recios neoliberales y el FMI comprendieran que algunas de estas medidas eran más que justificables y que obedecían a la necesidad de mantener la paz social y atenuar el impacto frontal de la reforma o terapia de choque. Así como permitía salvaguardar la imagen de una Costa Rica democrática y amante del consenso, como tanto insistía Carazo en sus discursos. Aunque, como fue mencionado páginas atrás, había dos grandes líneas dentro del gobierno y resultaría claro, que una forma de intervencionismo económico iba a prevalecer.

En primer lugar, todavía se percibían las réplicas provocadas por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de acoger un recurso de inconstitucionalidad contra las medidas que permitían aplicar la flotación del colón —fallo del 14 de julio—.18 Estas políticas eran promovidas por el Banco Central y la decisión de la Corte lo había desprovisto de poder y de momento, había perdido la partida, con ello, la tecnocracia neoliberal parecía dar un paso atrás. Probablemente, este fue un momento álgido de la Administración Carazo y cuya importancia es mayor de lo que se ha creído, ya que, al finalizar este trance, emergería un segundo gobierno, uno de facto. Se trata de señalar que se estaba dando un viraje o una transferencia: la Casa Presidencial se podría afirmar que tuvo —y seguiría teniendo en las siguientes décadas— un papel cosmético, retórico y, sí la situación lo ameritaba, de «chivo expiatorio» ante las eventuales crisis o escándalos; mientras que el poder real o el mayor peso en la construcción de políticas económicas recaería en el Banco Central, cuyos jerarcas no serían encumbrados por vías democráticas.

Regresando a los eventos que tenían lugar a mediados de 1981, la decisión original del Banco implicaba que el colón se devaluara de acuerdo con el mercado internacional, la época de la moneda fuerte pero artificial había terminado, el gran problema fue que la Corte Suprema lo invalidó y exigió que se mantuvieran cotizaciones diferenciadas o, mejor dicho, preferenciales. Muchos textos o hasta el folclor de la época, señalan que el gobierno de Carazo simplemente «disparó» la devaluación de la moneda de forma abrupta y alcanzando cuotas insospechadas. El proceso no fue tan sencillo y en realidad lo que primó por varios meses fueron varias cotizaciones simultáneas.

En segundo lugar, tras la decisión del poder judicial, el Banco Central le rogó a la Asamblea Legislativa que aprobara un tipo de cambio de un dólar equivalente a quince colones y se insistía en que el Banco debía tener mayor poder o control sobre la política cambiaria; de nuevo, la pugna por el poder. A ello se sumaba el establecimiento de una lista de artículos de importación que disfrutarían del beneficio de divisas al tipo de cambio oficial; el resto de las divisas para compras en el exterior, se obtendrían en el mercado libre. De momento se mantenía la disposición de que todos los exportadores debían negociar sus divisas con el banco y que dicho ente emisor liquidaría un 1% al tipo de cambio oficial y el 99% conforme al mercado libre.

La iniciativa no era tan simple. Mientras se trataba de asegurar un tipo de cambio fijado en quince colones o que el grueso de las divisas comenzara a situarse en la esfera del mercado internacional, también se perseguía mantener la compra de múltiples productos al precio [subsidiado] de 8.60 colones por dólar, el viejo valor del que casi nadie quería desprenderse. Entonces, varios productos de importación se mantendrían con esta protección tales como: el café sin beneficiar —en cereza—, asfalto natural, hielo, energía eléctrica, tractores a vapor, máquinas de vapor para barcos, molinos de viento, elevadores para minas, locomotoras para ferrocarril a vapor, tranvías automotores, tranvías sin motor propio, entre otros.19

En realidad, muchos de estos productos no solían importarse, pero debe llamar la atención que se le estaban manteniendo garantías de proteccionismo al sector cafetalero y la fuerte pugna por mantener el precio del dólar en tan solo 8.60 colones.20 Uno de los ejes del conflicto y que probablemente más golpeó a la administración, no fue la mera devaluación del colón —la cual, al final del día no podía ser detenida ni aplazada— sino la lucha por el otorgamiento de tasas preferenciales. Estas provinieron de los sectores acomodados, los que pronto se mostraron como los más impacientes e iracundos. Ejemplo de ello, es la solicitud [¿o exigencia?] el 21 de julio, por parte de la Asociación de Importadores de Partes Automotrices, para la aplicación de preferencias en cuanto a divisas, tipo y disponibilidad, aunque esta debía ser resuelta, en última instancia, por el Banco Central.21 Los documentos oficiales están repletos de cartas, incluyendo muchas informales, en las que le rogaban al mandatario que les otorgasen dólares baratos para costear estudios en el exterior, importar automóviles, entre otros gastos. También, era la misma razón de fondo por la que se quejaron la familia Sánchez y Di Mare [lo cual fue anotado en la Primera Parte]; la élite no toleraba ni quería compartir los sacrificios, exigían privilegios financieros y había amigos estadounidenses que los podrían satisfacer.

Solo uno es el culpable: Carazo envilecido

Antes de proseguir con el desenlace de los conflictos con el Fondo Monetario, se torna de suma importancia abordar la figura de Rodrigo Carazo. Considerado como una figura infame o hasta como receptáculo preferido de la culpa por el desencadenamiento de la crisis, en años recientes también ha experimentado un proceso de «restauración histórica», pero que ha podido rayar con idealización romántica. Historiadores como Iván Molina y Steven Palmer anotaban una curiosa cita, en la que el ex mandatario afirmaba que, descontentó con las exigencias de los representantes del Fondo, especialmente referidas a reducir la inversión social, no pudo más y les dio el ultimátum de abandonar el país.22 Por eso, entre algunos círculos sociales ha crecido la noción de que Carazo fue un presidente digno, que defendió la soberanía o hasta el último socialdemócrata antes del ocaso neoliberal; aunque claro, mucho de esto también se puede rastrear en la autobiografía del citado político.23

De todas formas, es necesario regresar a 1981 para comprender los problemas de imagen del presidente. Aunque las medidas pactadas con el FMI despertaban la alegría de las potencias, las dudas hacia Carazo iban en aumento y en un primer término, estribaban en el tráfico de armas de Cuba hacia los sandinistas, así como las tensiones que despertaba la embajada de la Unión Soviética.24 Estas relaciones con los nicaragüenses, cuyo antecedente era la colaboración del gobierno en la caída de Somoza, eran más preocupantes para los estadounidenses, a tal punto que motivaron el distanciamiento que caracterizó a los últimos meses de Carazo en el poder. En una reunión sostenida con autoridades sandinistas que incluía a Jaime Wheelock, Humberto Ortega, entre otros, estos le hicieron públicas las palabras de Thomas O. Enders, Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos de los EEUU, quien supuestamente les confió:

Regresemos al punto de los vecinos; el Presidente Carazo Odio no es apoyado por nadie, robó millones de dólares enviándoles armas a ustedes, ha sido denunciado por la Asamblea Nacional. No entiendo como lo pueden utilizar ustedes como ejemplo de buenas relaciones. Aún ustedes debieran sentir repugnancia porque ese hombre ha vendido su puesto para fines de lucro.25

En la versión de los sandinistas, un representante de los Estados Unidos había calificado categóricamente al mandatario costarricense de «corrupto».26 Estas palabras molestaron de sobremanera a Carazo y por ello, la Presidencia solicitó una respuesta oficial [una protesta informal] ante el gobierno estadounidense. Sumada a esta queja, pocos días más tarde, Carazo le escribió a múltiples jefes de estado, rogando por su apoyo, en especial «Si algo ocurriera, por favor le agradecería darlo a conocer» y aunque omitía las supuestas acusaciones del representante de EEUU, volvía a citar el tema de la dignidad nacional y traía a colación la Guerra Fría, como el marco en que tenían lugar las tribulaciones de Centroamérica:

Sé que nuestra actitud es la que impide que se nos dé la ayuda económica que necesitan los costarricenses, pero jamás, por interés material ni por ninguna otra causa, comprometeré la dignidad de un pueblo que debe caminar por la Historia con la frente muy en alto. Ni el dinero, ni la fuerza de los poderosos, nos convertirán en sus serviles. Si las superpotencias desean luchar entre sí, que lo hagan en sus territorios y no en los nuestros.27

Públicamente, el mandatario insistía en que el pueblo costarricense era primero, no los intereses de las potencias ni tampoco los del FMI. Sin embargo, cuando en esos mismos días tuvo la oportunidad de reunirse con el polémico Enders, Carazo se limitó a insistirle en que el país tenía serios problemas por la reducción del nivel de vida y el alto costo político interno que esto le demandaba. A la vez, le recriminaba a Enders y a los Estados Unidos, por retrasar —supuestamente— el envío o aprobación de ayudas para su gobierno, insistiendo en que los bancos y la actividad económica ya se habían paralizado. Aunque el enviado aseguraba comprender la situación, Carazo le replicó con vehemencia «You are playing politics».28

Se puede argumentar que el presidente optó por dos sendas, en la pública se convertiría en el paladín del orgullo nacional, nunca claudicaría en la lucha contra los “carroñeros” que buscaban aprovecharse de su país, mientras que en lo privado o al interior de su gobierno, seguiría la línea trazada por los tecnócratas. Ejemplo de ello, es que, hasta el momento, no se ha encontrado documentación más precisa en torno al tema de la expulsión del representante del Fondo, pero resulta más que curioso que a finales del mes de julio, Carazo le increpaba al Ministro de Hacienda, Emilio Garnier, por los malos tratos que un miembro del FMI había recibido en su dependencia:

Me enteré que el Lic. Julio Escobar asesor aduanero del Fondo Monetario Internacional fue declarado no grato y prácticamente echado del Ministerio de Hacienda. Me extraña mucho esta actitud porque la labor del señor Escobar en el campo aduanero ha sido excelente y muy conveniente para el país como consta en las actas de la Comisión de Mejoramiento Aduanero. Ruegole de ser posible, revocar la injusticia que se ha cometido con él.29

De todas formas, en alocuciones posteriores, el exmandatario insistió en que no toleró las demandas extranjeras y se mantuvo firme en la defensa del Estado de Bienestar costarricense. Se puede recurrir a una vía coloquial para resumir que: No 1: Carazo no era un paladín antiimperialista o similar, No 2: Carazo no era un villano caricaturizado y, No 3: la crisis no era su culpa. Más importante, es muy factible que al final de cuentas, los Estados Unidos, el FMI y hasta la oligarquía también lo entendieran, pero, hasta que disminuyeran las tensiones inmediatas, era preferible que la Presidencia fuera culpabilizada.

La documentación analizada apunta a que la verdadera preocupación radicaba en los «ganadores», aquellos sectores que habían crecido al amparo del Estado desarrollista entre 1950 y 1980, los cuales suelen ser confundidos con los liberacionistas o hasta reciben el epíteto de socialdemócratas, aunque este último puede resultar un arquetipo exagerado.30 En la práctica, los «ganadores» se encontraban en ambos espectros políticos de la época, los aliados del PLN o los denominados «calderonistas», ya que ambos incluían a los agroindustriales, cafetaleros, ganaderos, comerciantes, industriales del Mercado Común, empleados públicos, entre otros.31 En general, todos ellos habían sido partícipes de los beneficios de este periodo y, más importante, muchos lo siguieron siendo después de la reforma neoliberal. No obstante, algunos no querían renunciar a ciertos feudos proteccionistas —como el tema monetario— o en lo inmediato, se sintieron expuestos ante la crisis y el arribo de la competencia en el libre mercado, por ende, exigían garantías. Inclusive, por temas afines a la desinformación, se lanzaron contra el gobierno o hasta se declararon fervientes socialdemócratas, cuando su marco de acción [e intereses empresariales] ya los situaba dentro del neoliberalismo.

En cuanto al tema de la desinformación, ante las críticas que había recibido el gobierno por parte de la prensa escrita, sobre todo en materia monetaria, Carazo tomó la decisión en julio de 1981, de ordenar que las instituciones públicas y demás dependencias se abstuvieran de suministrar información a los medios de comunicación, esto en aras de no minar la confianza de los empresarios e inversionistas. A ello se sumaba que se prohibía ventilar disidencias y que todo el aparato estatal debía estar en sintonía, sobre todo con los asuntos concernientes al Fondo.32 Es fácil suponer que esta no era una buena idea y que elevaría los índices de desconfianza y repudio hacia la ya maltrecha administración, aunque, también permitiría manejar con mayor secretismo los pactos que se estaban fraguando tras bambalinas.

Con respecto a los disidentes o más precisamente, los descontentos «desarrollistas», se podía rastrear que sus posturas e ideas estaban preocupando al bloque dominante. Siempre en julio de 1981, uno de ellos, Alberto Cañas Escalante, en ese entonces liberacionista y amigo cercano de José Figueres Ferrer, manifestó su adhesión pública a las medidas y actitudes de Carazo. En un extenso discurso, Cañas se lanzó contra el Fondo y similar al presidente, insistía en el orgullo nacional:

Durante las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, fueron muchas las críticas a nuestro sistema de vida que los altos funcionarios tuvieron que escuchar de los personeros de esa entidad internacional, totalmente dominada por una manera de pensar conservadora, sino abierta y dolorosamente reaccionaria. No sólo los funcionarios del Fondo, sino que todos tenemos, de cuando en cuando, que leer articulitos de prensa para escuchar las opiniones de esos señores extranjeros que llegan aquí y encuentran que tenemos demasiada democracia, o que una dictadura sin congreso ni opinión pública es un mejor clima para las inversiones que ellos tenían en mente. Aquellos inversionistas que, encontrando muy altas nuestras cargas sociales, prefirieron llevarse su dinero al favorable clima de El Salvador, probablemente lo hicieron sabiendo muy bien lo que estaban haciendo y lo que a la larga les convenía. Los conservadores del capitalismo nos ven como un país de locos o de comunistas solapados…33

Cañas cerraba la nota, reiterando su felicitación al presidente e insistiendo en que había representado a cabalidad el sentir de todos los costarricenses. De momento y a pesar de las apariencias, la reforma estaba avanzando y ahora, la prioridad se encontraba en aplacar a los disidentes/afligidos, por medio de la concreción de legítimos consensos.

La unificación en torno al proyecto del FMI

De momento, todo parecía indicar que el gobierno se enfrentaba tanto a la Corte, como a la Asamblea Legislativa, la cual se esmeraba en vetar las disposiciones concernientes al Fondo.34 La situación, como ya era normal desde hacía meses, lucía cercana a la catástrofe, por un lado se esmeraban en que el Banco Central atendiera la «presa» de divisas cuanto antes, o mejor dicho, en cuanto le ingresaran suficientes recursos35 y, por otro, se buscaba obtener fondos esenciales, como aquellos destinados al agro, los cuales se habían atrasado debido a las condiciones que había impuesto la AID. A ello se aunaban, solo para este sector, los problemas presupuestarios del MAG, los límites de endeudamiento que los bancos comerciales habían establecido con el Banco Central y los financistas privados internacionales a fin de cumplir con las disposiciones del FMI. Por si fuera poco, se anexaban las cuantiosas deudas con el Banco Central de Venezuela, sumando la cifra de 38 millones de dólares y gran parte de estos capitales se estaban empleando para sufragar al gobierno, al Banco Central, a CODESA, el ICE; mientras que otros acreedores incluían al Banco de Brasil S.A., el Royal Bank of Canada, Chase Manhattan, Banco Central de Argentina...36

Ante tantos compromisos, las esperanzas estaban colocadas en finiquitar el Acuerdo de Facilidad Ampliada con el FMI, el cual, supuestamente, daría los dineros necesarios para lo que restaba del año y los tres siguientes; la cifra aproximada correspondía a 350 millones de dólares. Muchos autores y textos han insistido en que el Gobierno establecía un compromiso y luego lo incumplía, volvía a negociar, lo rompía y así sucesivamente; como un círculo vicioso de nunca acabar. Cabría precisar que, en un marco tan inestable, las proyecciones se tomaban sobre la marcha, a corto plazo y, en breve, la situación se volvía a modificar y los recursos obtenidos resultaban insuficientes. Ejemplo de ello es que para el año de 1981 se requerían 350 millones de dólares, pero a junio de ese año solo habían ingresado 147 millones de dólares, mientras que, en mayo, junio, julio y agosto, se compraban diariamente 2,0, 2,9, 1,9 y 1,8 millones de dólares, cuando los intereses de la deuda pública externa a finales de agosto, alcanzaban un promedio diario de 2,3 millones de dólares y se preveía que ascendiera a 2,5 millones, sin contar con las necesidades del sector privado.37 En consecuencia, los dineros que con tantas ansías se esperaban, no iban a surtir mayores efectos; mientras que el fallo de la Corte había disparado la incertidumbre. Por ende, el Banco Central debía establecer criterios de selectividad para atender las necesidades básicas de la población y permitir el funcionamiento del aparato productivo e insistiendo en la asignación de las licencias de importación para productos prioritarios centroamericanos, tales como medicinas, granos básicos, aceites combustibles, material educativo y las materias primas para el sector productivo.38

Dejando de lado sí los dineros del Fondo iban a ingresar o no —eventualmente sí lo hicieron— y más allá de especulaciones, danzas mediáticas o cálculos políticos, con clara celeridad estaban apareciendo más y más dineros foráneos, como preámbulo a los capitales de ajuste estructural que el FMI desembolsaría. Como un pequeño ejemplo de los constantes enredos financieros, a finales de setiembre —de 1981—, se anunciaba que el gobierno estadounidense donaría 300 mil dólares, destinados al desarrollo de políticas energéticas a través del CONICIT y OFIPLAN, lo cual incluía investigaciones, adiestramiento de profesionales, encuestas, seminarios y publicaciones.39 Tampoco podían faltar las solicitudes de prórroga, muestra de ello, en diciembre se le pedían tres meses adicionales a financistas internacionales y el atraso se debía a las leyes pendientes de aprobación, sumado al receso del Congreso y se insistía en que los dineros serían empleados adecuadamente, pues eran requeridos en proyectos de exploración petrolera y planeamiento energético.40

Como no podía ser de otra forma, mientras se preparaba el recibimiento de otra comitiva del FMI, Carazo y sus colaboradores no podían perder la oportunidad para culpar a la Corte y a la Asamblea de los incumplimientos con el Fondo y de los atrasos en el giro de más de 52 millones de dólares. También, insistió en que los privilegios de antaño y la élite eran los responsables: «Todo parece indicar que para los grupos más influyentes del país resulta más ventajoso mantener sus privilegios que atacar en sus propias raíces el mal que produce la inflación local».41 Luego, se daba paso a informar que se mantendrían las políticas proteccionistas dirigidas a ciertos grupos, ya que el Banco Central cotizaría el dólar a 8.60 colones para becas de estudiantes en el extranjero y actividades médicas no especificadas. Mientras que la cifra se ubicaría en 18.90 colones por dólar para el pago de importaciones, tanto del sector público como del privado y tramitada por medio del SBN.42 Para cerrar, declaraba que Dios les daba el espíritu y la decisión inquebrantable de seguir adelante, además: «El mundo vive momentos muy difíciles. Todo lo que ahora hacemos no es por nuestro Gobierno, es por Costa Rica. Costa Rica es eterna».43

El Fondo por su parte, estaba impaciente y un poco harto de los frecuentes pasos atrás que había dado el gobierno. Aunque, en realidad, habían estado ganando tiempo, sorteando la tormenta y buscando alternativas ¿alquímicas? En noviembre de 1981 arribaron los miembros de la misión del FMI. Algunas reuniones y su respectiva documentación fueron manejadas como Secreto de Estado y ante los medios de comunicación se mostró una imagen edulcorada de tales sesiones. Resaltaba que Carazo estaba ausente y en cambio, fueron invitados líderes políticos o representantes de los dos principales partidos, la Unidad y el PLN.

Tras citar reiteradamente al FMI es necesario aclarar que este no representa únicamente los intereses de los capitales estadounidenses o en su defecto, de los países más ricos, entre sus directivos y oferentes de recursos, también se encuentra el resto del mundo, incluyendo naciones pobres y en «vías de desarrollo» —es decir, representa a financistas de todo el mundo—. De hecho, el líder de la misión, Miguel Bonangelino era de origen argentino y en la medida de lo posible, trató de mostrarse empático ante la situación costarricense, no obstante, aseguró que la crisis económica y financiera era:

…el resultado de años de desajuste, de un desajuste que se ha ido acumulando por políticas internas, financieras monetarias, que no han estado a pesar de todo ajustadas a la realidad del país, si bien es cierto lógicamente también ha habido algunos factores exógenos que pueden haber influenciado en el proceso…44

Insistía en que Costa Rica podía buscar sus propias soluciones, aunque debía tener presente la magnitud de la crisis y la falta de recursos reales. Además, uno de sus razonamientos centrales estribó en que el país estaba sumergido en el engaño, ya que gastaba más de lo producía o ahorraba, de ahí la imperante necesidad de aplicar un ajuste; no obstante, reiteraba que el Fondo, no quería imponer medidas.45 Asimismo, consideraba una acción salvaje la devaluación con respecto al dólar, ya que se había disparado de 8.60 a 38,00. En síntesis, el representante del FMI enfatizó en los siguientes puntos:

•La necesidad de disciplina financiera y monetaria, máximo cuando insinuaba que el manejo del tema por parte de la Asamblea Legislativa resultaba arcaico.46 Además, dudaba de las garantías que las autoridades le ofrecían ya que el país no se sometía al régimen librecambista.

•La autoridad en la materia debía ser el BCCR con el modelo de bandas. Aunque el mercado debía dictar el valor de la moneda, máxime cuando el banco ni siquiera contaba con reservas.

•Incentivar al sector privado y evitar que el SBN acaparara las divisas que producían los exportadores no-tradicionales, así como eliminar la protección industrial.

•Recurrir a nuevas cargas tributarias.

Es claro que el representante parecía inclinarse por favorecer al Banco Central y al sector exportador, de eso no hay dudas. Además, contradictoriamente, no había imposiciones, solo mandatos que debían acatarse con prontitud. Por otra parte, el mismo Bonangelino le había insistido al presidente de la República que la conversación con estos representantes políticos debía ser en un sentido informal, pero confidencial. Ahora, ¿quiénes eran los invitados a esta particular cita? Por parte de la Coalición Unidad, el partido del gobierno, asistieron: Rodrigo Madrigal Nieto —político, industrial—, Cristian Tattembach Yglesias —político—, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Leticia Chacón Jinesta —política—; mientras que por parte del PLN: Hernán Azofeifa Víquez —político—, Federico Vargas Peralta —economista— y Bernal Jiménez Monge —economista, político—; el grueso eran figuras que habían tenido y tendrían un importante papel en la política de las siguientes décadas.

Los asistentes coincidían en los graves daños que estaba provocando la incertidumbre, así como en la necesidad de frenar el exceso de gasto, la fuga de capitales y que el país ocupaba dinero, sin importar de donde proviniera; mediara o no el FMI. Otro gran consenso que emergía se podía rastrear en figuras como Madrigal Nieto, Azofeifa Víquez y Vargas Peralta, quienes concordaban en que el control monetario debía provenir de un organismo técnico como el Banco Central y no político, como lo era la Asamblea Legislativa. Así como instaban a que los nuevos impuestos debían ser destinados a subsanar el déficit y no ser desperdiciados en subsidios o el agujero negro en que se había convertido la financiación de CODESA, RECOPE y el ICE.47

La coincidencia en torno al poder que debía tener el Banco Central no era el punto más preocupante de la reunión, sino el notorio desconocimiento en torno a temas monetarios o el cómo fijar las cotizaciones del dólar. Al respecto, resultan un tanto llamativas las palabras de la diputada Leticia Chacón, la cual, tras agradecer la gentil invitación, declaraba sin tapujos que: «…formo parte de la gran mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa que por una obligación constitucional nos obliga a darle valor al colón, y la mayoría somos totalmente ignorantes de estos aspectos técnicos…».48

La sesión también se torna difusa por el recurso al lenguaje técnico y economicista, o más bien, el empleo de conceptos que gran parte de los asistentes no entendía ni dominaba. Pero de fondo, ¿qué se discutía: la fuga de capitales masiva o la falta de entrada de capitales? Entonces, era una discusión de carácter técnico, pero Chacón Jinesta ya había aclarado que eso no era posible, por consiguiente ¿era una discusión política o la búsqueda de una vía consensuada para la reforma monetaria? Parecía que esta última era la más certera, sobre todo, la necesidad de modernización financiera ante diversas disidencias de orden político.

En este escenario, cobraban fuerza las palabras y posición de Miguel Ángel Rodríguez, quien no solo representaba a la Unidad, sino que era uno de sus mayores líderes, también de ANFE y en general, destacada figura del neoliberalismo costarricense. Rodríguez se mostraba como uno de los más confiados y preclaros economistas de la sesión, hábil de palabra y capaz de explicar en palabras sencillas los problemas monetarios.49 Ningún otro participante fue tan elocuente ni dio mayores aportes —o mostró dominio teórico—, puesto que la mayoría reiteraba que la prioridad era el pago de la deuda y utilizar el sistema de bandas, mientras que Madrigal Nieto y Azofeifa Víquez advertían que las garantías que se le podían dar al FMI y a los acreedores eran parcas, sobre todo por la falta de rigidez por parte del gobierno o como declaró Azofeifa, por la necesidad de llegar a un acuerdo, pero excluyendo al Poder Ejecutivo y a Carazo, aunque este se opusiera. Los restantes diputados tampoco tuvieron intervenciones destacables, Bernal Jiménez se limitó a felicitar al Fondo y reafirmar que este no se imponía ni irrespetaba la soberanía monetaria o económica de ningún país.50 Mientras que una de las últimas peticiones, también resultó de las más altisonantes, ya que Tattembach mencionaba que la mayoría de diputados debían conversar con el FMI, pero excluir a los marxistas por su carácter doctrinario, su profunda aversión al Fondo y su defensa “trillada” de la soberanía y agregaba:

…algo más a nombre mío, es un ruego de que mantengamos en todo lo que cabe una actitud, discreción y diría hasta de confidencialidad sobre lo conversado aquí, ahí afuera nos espera la prensa yo sé que algo hay que decir pero tratemos de ser lo más discretos y prudentes posibles, ante todo por nuestro amigos del Fondo que yo no quisiera envolverlos en una polémica política, técnica, costarricenses, porque sino no van a volver a Costa Rica.51

Al final de la jornada, las metas parecían más claras, las discusiones se harían a puertas cerradas y se excluiría a la ciudadanía o a peligrosos disidentes, como los comunistas. Además, los presentes declararon tajantemente que los principales economistas estaban en el PLN o en la Unidad y que de ellos debía provenir los proyectos de ley en materia monetaria, eso sí, acordes con el FMI.52 A pesar de los atrasos que la reforma había tenido, el horizonte lucía claro: en breve se refrendaría el poder del Banco Central y a partir de ese momento, se podía prescindir del Poder Ejecutivo, no solo el de Carazo, sino de cualquiera que en un futuro pusiera en riesgo los intereses de la flamante tecnocracia neoliberal.53

Conclusiones

En las postrimerías de la administración Carazo y cuando se tornaba más claro que otro era el grupo dominante que tomaba las decisiones principales, el Gobierno todavía se mostraba ansioso ante la posibilidad de resistir a los designios del Fondo.54 Además, se reiteraba que este último era un mero gendarme de los grandes capitales internacionales, pero, a pesar de los temores, la decisión ya estaba tomada. De todas formas, las directrices del Fondo se basaban en meras elucubraciones que se asemejaban a «fórmulas mágicas», propias del economicismo y monetarismo tan en boga a finales de la década de 1970 e inicios de los años ochenta. Para el Fondo -y el gobierno así lo tenía claro en sus informes- la prioridad era asegurar la devaluación para reducir los precios de las exportaciones y estimular las compras en el exterior. Además, salarios menores —de las clases populares— reducirían el poder adquisitivo y con ello, menos importaciones; en general, debía contraerse el gasto público. Por eso la fórmula infalible —y cínica— era: menor distribución de ingresos, menor consumo, reducción de la masa monetaria, disminución de la inflación y con ello se solucionaría la crisis.

Uno de los mayores problemas es que el FMI estaba convencido de que esta era una receta impecable, pero, por ejemplo, la devaluación de la moneda no incentiva automáticamente la exportación, ni las privatizaciones vuelven más competitivas a las empresas locales o la producción. A esto se suma que los problemas económicos, sobre todo en este contexto, eran estructurales y una parte de las responsabilidades les correspondía a los países desarrollados que imponían los precios de sus productos —perjudicando seriamente los términos de intercambio—. Además, la excesiva concentración en el desarrollo del aparato de exportación, descuidaba la industria básica o de subsistencia y se requerían cuantiosas importaciones, el círculo vicioso persistía y la situación no mejoraba.

Dejando de lado el añejo tópico de la voracidad del Fondo, parte de la documentación presidencial pareciera señalar que la prioridad era simplemente, quemar tiempo y dar paso al siguiente gobierno. Máxime cuando se anunciaban nuevos tratados comerciales e implícitamente, una nueva arremetida contra el comunismo y las guerrillas centroamericanas. En efecto, Ronald Reagan presumía que había llegado la hora de que los Estados Unidos intervinieran, afirmaba:

Como es de su conocimiento, nosotros en los Estados Unidos, deseamos asistir a nuestros vecinos en lograr una prosperidad de largo plazo, ayudar a sus instituciones libres, y detener los retos violentos al desarrollo económico y social. La propuesta que voy a hacer está diseñada para ayudar a los países de la Cuenca del Caribe a ayudarse a sí mismos.55

Estaba sentando las bases para la Iniciativa para la Cuenca del Caribe o ICC, la cual incluía la eliminación de los impuestos arancelarios sobre todos los productos de los países participantes por doce años —excepto en el rubro de los textiles—, así como otros incentivos para atraer inversionistas estadounidenses a la región centroamericana —excluyendo a Nicaragua, por la disputa con los sandinistas—. Las promesas de Reagan venían acompañadas por recursos de emergencia que ascendían a $350 millones, predestinados al sector privado y se incluía la garantía de fondos adicionales para el año de 1983. Es necesario enfatizar el tono de la carta: la ayuda sería para el sector privado y, sobre todo, después de la salida de Carazo.

Finalmente, para mayo de 1982 las señales mostraban que las “nuevas” ayudas venían en camino, el Banco Central le informaba al Consejo Nacional de Producción que los Estados Unidos por medio de la Commodity Credit Corporation, le otorgaría un préstamo de 18 millones de dólares, para cubrir las importaciones de granos básicos y otros productos agrícolas que también, procederían de los EEUU.56 Eran buenas noticias para unos y pésimas para otros, el agro tradicional estaba a punto de sufrir una brutal arremetida. Con cierta ironía, días antes, Carazo había recibido una pequeña carta del señor Rafael Ángel Villalta Loaiza, vecino de Dulce Nombre de Cartago, el cual le pedía muy encarecidamente, ayuda y sobre todo, la suspensión de pagos para todos los pequeños agricultores, presionados por los bancos debido al atraso en los abonos o por lo menos, rogaba la exoneración por tres o cuatro meses.57 Desconocemos que medida o respuesta se le dio a esta súplica, lo que es claro es que a la sociedad civil y a las clases subalternas se les asignó un papel secundario en el drama que se estaba desarrollando y que pronto, debían cargar con la culpa y las pérdidas que había provocado la crisis.

En la práctica, se podría inferir que el Fondo Monetario Internacional le había ganado la partida a Carazo y a las facciones desarrollistas, hasta cierto punto, es una deducción válida, aunque se arriesga a sobre simplificar la situación. Por una parte, ya para este punto resulta bastante claro que había una notoria falta de creatividad y de mejores negociaciones —¿tan siquiera las hubo?, en algunos momentos pareciera que imperó la mera desesperación—. Por otra, el gobierno de Carazo se había escindido en dos corrientes, la defensora del libre comercio acuartelada en Hacienda / Banco Central y la presidencial, concentrada en la mera retórica y guardar apariencias democráticas. En consecuencia, las recetas neoliberales, se disfrazaron de opción única, por la sencilla de razón, de que faltó un verdadero debate, así como el aceptar las responsabilidades o por qué no, las culpas. Por último, en el gobierno no se encontraba el origen de la crisis, es más, en muchos momentos, pareciera que no se creía tan siquiera que estuvieran ante una crisis; sino ocupados con asuntos financieros de rutina. En años anteriores, las distintas administraciones se concentraron en pescar empréstitos y entre 1978-1982, se mantuvo la tendencia. Se gastaba más de lo que se tenía y la prioridad se reducía en mantener los pagos de la deuda, sin mayores cambios. Los adalides del libre comercio exhortaban a maximizar las exportaciones —no-tradicionales—, pero, al final de cuentas, durante décadas el país había dependido de esa actividad, con el café, banano y azúcar a la cabeza; la situación, en cierto sentido, no se había transformado radicalmente.

Más importante, el Estado había garantizado que las clases dominantes mantuvieran sus privilegios, un acceso preferente a los medios de producción, créditos, tierras; en general, la misma socialdemocracia había permitido el despegue de la industrialización sustitutiva y esta le había permitido a una facción importante de la oligarquía, el diversificarse y reducir su dependencia al café. Ahora, en 1980, se buscaba mantener la tendencia y en lo básico, seguir usufructuando de las potestades, poderes y riqueza del Estado. Como fue revisado en las conclusiones de la Primera Parte, se mantendría una figura presidencial fuerte —mesiánica, cosmética— y más importante, no se construiría una institucionalidad democrática sólida y participativa. La tecnocracia neoliberal, como fieles figuras de la cultura política autoritaria, iban a trazar sin error alguno el camino a seguir, por eso no era necesario el debate ciudadano; bastaba el consejo-imposición de los entes financieros externos.

Reforma, viraje, apogeo neoliberal o como se le quiera denominar, no es preciso y raya con meras etiquetas y se convierte en una forma artificial de signar la llegada de un nuevo periodo de la historia costarricense. Al final, el objetivo era que el bloque dominante alcanzara un nuevo consenso para preservar intacta su hegemonía y lo estaban logrando. Máximo, cuando muchos de sus representantes y testaferros estaban convencidos de que no había crisis y muchos profesaban un pleno convencimiento de que estaban viviendo una edad dorada, ahora el objetivo, era asegurar que Costa Rica se mantuviera en la senda del «democrático» y capitalista desarrollo.

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