Prensa y policía. La Jefatura montevideana en las páginas de La Tribuna Popular (1911-1923)

Press and Police. The Montevideo Headquarters in the pages of La Tribuna Popular (1911-1923)

Imprensa e polícia. La Jefatura montevideana nas páginas de La Tribuna Popular (1911-1923)

Daniel Fessler*

Resumen: En el presente artículo, desde un enfoque cuantitativo, por medio del análisis de las noticias relativas al delito, me planteo estudiar la relación entre un sector de la prensa montevideana y la Jefatura de Policía capitalina en el transcurso de la década de los diez y los primeros años de la de los veinte del siglo XX. Un momento que se destacó por la tensión existente entre diarios y autoridades. Para ello me concentré en La Tribuna Popular, órgano que siguió con atención la crónica policial, que sustentó la idea del crecimiento del delito. Tradicionalmente, su argumentación se basó en el cuestionamiento a la normativa penal, a la administración de justicia y, especialmente, al funcionamiento de la policía. Mi propuesta tiene como objetivo analizar la relación del vespertino con dos de los jefes más censurados del período –Juan Antonio Pintos y Virgilio Sampognaro– hasta el cambio de rumbo producido con la asunción de Gómez Folle en 1923. El trabajo constata el impacto que tuvo la prédica permanente a través de editoriales y artículos dedicados al seguimiento de la información criminal en la erosión del prestigio de una institución sistemáticamente presentada con el calificativo de “desquicio”.

Palabras claves: Uruguay; policía; prensa; delincuencia; historia.

Abstract: In this article I intend to study the relationship between a sector of the Montevideo Press and the Capital’s Police Headquarters during the 1910s and the early 1920s of the twentieth century, from a quantitative approach, through the analysis of news related to the crime. A moment that stood out because of the tension between newspapers and authorities of the time. For this, I focused on La Tribuna Popular , an organ that closely followed the police chronicles and reports, supporting the idea of the growth in the crime rate in the city. Traditionally , its argument was based on questioning criminal law , the administration of justice and especially the functioning of the Montevideo Police force itself. My proposal aims to analyze the relationship of the evening newspaper with two of the most censored chiefs of the period –Juan Antonio Pintos and Virgilio Sampognaro– until the change of course which was produced by the assumption of Gómez Folle in the year 1923. The present work confirms the impact that the permanent preaching through editorials and articles dedicated to tracking and monitoring criminal information had. That impact eroded the prestige of an institution systematically presented under the qualifier label of madness or insanity.

Keywords: Uruguay; police; press; crime; history.

Resumo: Neste artigo, a partir de uma abordagem quantitativa, através da análise de notícias relacionadas com o crime, pretendo estudar a relação entre um sector da imprensa de Montevidean e a Sede da Polícia da capital no decurso da década dos anos dezanove e do início do século vinte. Uma época que se destacou pela tensão entre os jornais e as autoridades. Concentrei-me no La Tribuna Popular, um órgão que acompanhou de perto a crónica policial, que apoiou a ideia do crescimento da criminalidade. Tradicionalmente, os seus argumentos baseavam-se no questionamento do direito penal, na administração da justiça e, especialmente, no funcionamento da polícia. O objectivo da minha proposta é analisar a relação do jornal com dois dos chefes mais censurados do período -Juan Antonio Pintos e Virgilio Sampognaro- até à mudança de direcção que ocorreu com a inauguração do Gómez Folle em 1923. O trabalho confirma o impacto da pregação permanente através de editoriais e artigos dedicados à monitorização da informação criminal sobre a erosão do prestígio de uma instituição sistematicamente apresentada com o adjectivo «insanidade».

Palavras-chaves: Uruguai; polícia; imprensa; crime; história.

Introducción

Desde comienzos del siglo XX es constatable la tendencia a sostener la idea de la creciente inseguridad existente en la capital uruguaya. Si bien el planteo no resulta inédito, ya que desde finales del XIX se reiteró la presentación del crimen como un fenómeno regular,1 durante esta etapa pareció profundizarse una caracterización que lo definió por su aumento acelerado. Este vendría a acompasar las profundas transformaciones registradas en la sociedad montevideana marcada por el crecimiento demográfico y los cambios en la geografía urbana de una ciudad en expansión. De alguna manera, la presencia cotidiana del delito operaba como un efecto no deseado del proceso «modernizador» que registraba Uruguay. El «ritmo del crimen», por decirlo en palabras de Adolfo Prins, «se acelera con la civilización».2 Conjuntamente con el «progreso social», se sintetizará en la presentación de la Memoria de la Policía de Investigaciones publicada en 1917, «se perfecciona la delincuencia adaptándose al ambiente».3 Un concepto que se repitió en análisis locales que abordaron la cuestión de la criminalidad. En los informes emanados desde el gobierno y sus agencias tendió a coincidirse sobre una realidad delictiva pautada por la modificación de sus características más tradicionales. Básicamente, se insistió con la consolidación de una delincuencia más profesional y frecuentemente asociada con su origen externo que serviría para explicar nuevas modalidades y prácticas. Particularmente, las relacionadas con los delitos contra la propiedad. Adicionalmente se denunciaba la creciente participación de mujeres –fuera de los ilícitos clásicamente dominantes– y la incorporación de menores de edad bajo la premisa de una incursión cada vez más temprana al mundo del crimen.

Igualmente, los diagnósticos oficiales vendrían acompañados, casi inexorablemente, de la defensa de la gestión estatal en el «combate» contra la delincuencia. «Nuestra Capital», destacaba el mensaje del presidente Claudio Williman en 1908, «ha llegado a ser tomada como ejemplo, por el escaso número de delitos y por el porcentaje cada día menor de los impunes».4 Las autoridades policiales, si bien contemplaron los cambios en la criminalidad, asumiendo el dominio de los delitos contra la propiedad, lo harán esencialmente para ponderar su accionar cuestionando la injusta censura a la que era sometida por la presunta ineficacia en la conservación de la seguridad pública. Precisamente, en el balance para el período de 1919 a 1922, como respuesta a las críticas, se sostenía: «Si establecemos una comparación con la delincuencia de otros países y su represión, el resultado es favorable a la acción de nuestro instituto».5

Seguramente, esta línea de análisis sea una brecha clave en los dictámenes surgidos desde la prensa de la capital que, si bien reconocieron cierta universalización del fenómeno de la delincuencia, particularmente en el momento de defender leyes de control de la inmigración, pusieron el foco en los cuestionamientos al accionar de la Jefatura. Con una veintena de diarios circulando por Montevideo, los periódicos comenzaron de forma progresiva a abandonar el formato tradicional de sábana con columnas regulares y letras uniformes. Cambio que estuvo acompañado por una paulatina modificación de la «geografía de la noticia», con variaciones en las portadas y en el cuerpo del diario y en la tipografía.6 Lentamente, en el correr de las dos primeras décadas del siglo XX, se iría incorporando la fotografía, lo que llevaría a que en el correr de las dos primeras décadas el público lector montevideano se fuese «acostumbrando» a que este tipo de imágenes acompañasen el relato7.

Sin desapegarse del tratamiento de los temas más tradicionales, la crónica policial ganaba terreno en las páginas interiores consolidándose como un espacio permanente. Desde las pequeñas gacetillas a artículos de mayor dimensión y relieve, se observa un relato minucioso de los hechos. Este, particularmente en los momentos de mayor tensión con las jerarquías policiales, estaría frecuentemente acompañado por notas de análisis del estado de la seguridad en la ciudad, la búsqueda de explicaciones para el aumento de la criminalidad y las críticas a las debilidades estatales en la represión de la delincuencia. De todas maneras, no será hasta comienzos de la década de 1920 cuando las noticias policiales comienzan a destacarse en las primeras páginas, primero de manera más ocasional, para en el decenio siguiente ganar en frecuencia y espectacularidad. El motivo sería, fundamentalmente, la aparición de una serie de asaltos violentos como, por ejemplo, el efectuado al Frigorífico Nacional (1931) o al Cambio Fortuna (1932) o con la muerte de funcionarios policiales en acción. Situación, por otra parte, que produciría un notable cambio de actitud hacia los agentes que comenzaron a ser identificados por amplios sectores de la prensa como servidores públicos caídos en el combate contra el crimen, como ocurriera en noviembre de 1933, tras el asalto a un cambista en donde fallecieron cuatro policías.

A «estas alturas», señalará Lila Caimari al analizar la prensa de Buenos Aires, el público lector estaba acostumbrado a la presencia cotidiana del delito por medio de las «truculentas» crónicas criminales que eran «infaltables en los diarios de la ciudad».8 Montevideo no resultó la excepción en la fascinación por el delito y la delincuencia que los diarios manejaron con la promesa de la exposición de «todos los detalles».

Si bien, el interés por el delito suele atravesar los distintos medios de la capital, el vespertino La Tribuna Popular se destacó por el seguimiento permanente de las noticias criminales. Dirigido por el doctor Carlos Martínez Vigil y autodefinido como independiente por su premisa de evitar las ataduras partidarias, asumió la importancia de la información policial como parte de su estrategia para la captación de un público lector seducido por el sensacionalismo en momentos de «transformación del modelo de negocios».9 Se produjo, entonces, una «interacción» entre «un público ávido de noticias y detalles sobre el mundo de la criminalidad» y una prensa «dispuesta a satisfacerla haciendo un buen negocio».10 Como ha estudiado Núñez Cetina para México, junto con los cambios tecnológicos y el aumento del tiraje, a la que deberíamos agregar un crecimiento en los niveles de alfabetización, la prensa comenzó a llegar a un público mayor. Si bien, concluye la investigadora mexicana, la crónica policial ya formaba parte de los contenidos de los diarios desde finales del siglo XIX, a comienzos del XX, se posicionó como una manera atractiva de informar cautivando la atención de nuevos lectores para adquirir «un auge sin precedentes».11

Desde las notas rojas al seguimiento de las «oleadas» de robos en la capital, el vespertino pujó por atrapar y ampliar su público. Junto con los hechos de «sangre», en especial los que destacaron por su espectacularidad y violencia, sus páginas pusieron énfasis en la afectación sistemática de la propiedad, extendiéndose en un relato pormenorizado de los hechos de mayor cuantía sin desatender la cobertura de los pequeños ilícitos. De esta forma, su prédica reforzó la idea del crecimiento sistemático de la inseguridad y dio la voz de alarma por el aumento del delito. «La letra de molde», señalaba Víctor Petit, director del diario montevideano El Tiempo en un folleto publicado por el Círculo de la Prensa, «para la inmensa mayoría del público lector tiene una virtud mágica: lo que ella expresa es la verdad revelada».12

Los contenidos de La Tribuna Popular apuntaron sistemáticamente a la responsabilidad policial apenas atemperada por la atribuida a una legislación penal (1889) considerada obsoleta y a una justicia condenada por su benignidad. Los cuestionamientos que se detuvieron particularmente en aspectos como las características de los agentes, las deficiencias organizativas o el empleo inconveniente de recursos, golpearon a las autoridades de la Jefatura que fueron señaladas recurrentemente por el «desquicio en que ha caído la Policía».13 Desde los comisarios, criticados por su pasividad e inoperancia –cuando no sugiriendo la connivencia con el delito–, a la propia cabeza de la institución, estuvieron sometidos a una reprobación casi ininterrumpida. Sin dudas, este posicionamiento se tornó en una relación conflictiva de las direcciones del vespertino con las jerarquías policiales, reconocible hasta los primeros años de la década de 1920. Un momento de inflexión que se producirá con el cambio en la jerarquía del cuerpo en 1923, al asumir Juan Carlos Gómez Folle, proveniente de la administración penitenciaria.

La investigación sobre la prensa en Uruguay, como ha observado Wilson González Demuro, siguiendo a François-Xavier Guerra y Annick Lempérière, a pesar de los avances registrados en la última década, se encuentra aún cercana a la fase de recopilación de datos14. Los estudios sobre el tratamiento periodístico del delito y las instituciones de control parecen no ser la excepción en sus niveles de rezago en los estudios locales. Particularmente en los ilícitos contra la propiedad que tuvieron menores niveles de destaque en el tratamiento dispensado por los diarios montevideanos. En consonancia, resulta inevitable procurar una sistematización de la prensa que rescate, en sus páginas, la información vinculada a la criminalidad, la delincuencia y su represión. En el presente artículo, desde un enfoque cualitativo, me propongo, por medio del análisis de la crónica policial y el seguimiento de los editoriales relativos al delito y la policía, aparecidos durante más de diez años en La Tribuna Popular, detenerme en el papel jugado por este vespertino en el desgaste de la imagen de la policía de la capital y sus jerarcas.15 Particularmente en la «campaña» instrumentada contra el general Juan Antonio Pintos que pareció reunir una rara unanimidad en las críticas. El relevamiento de las noticias policiales y de espacios que revelan el enfoque periodístico y la línea editorial, con sus cambios y permanencias, permiten estudiar un momento particular en el vínculo entre La Tribuna Popular y los jefes de policía de la capital entre los años 1911 y 1923. Ello contempla el período de mayor tensión que se produjo durante la segunda gestión del general Pintos al frente de la institución entre 1919 y 1923. Una convivencia conflictiva que, por otra parte, se extendió a otros diarios como La Democracia de filiación nacionalista. De alguna manera, resulta el corolario de un enfrentamiento que ya tiene antecedentes en la anterior administración de Pintos y que no se interrumpió en los años siguientes con su sucesor y parte de las jerarquías policiales. El proceso da cuenta de una «relación cercana pero que muchas veces se convirtió en tensa y problemática».16 Marcado por altibajos se trató de un vínculo complejo y no exento de ambigüedades que osciló entre la proximidad –necesidad periodística e interés policial–, la crítica severa –cuando no mordaz– y las defensivas respuestas institucionales. Estas réplicas fueron seguidas mayormente a través de las publicaciones de la Jefatura de Policía y de la Capital y una de sus reparticiones especializadas –la Policía de Investigaciones– que se encuentran en la Sala Uruguay de la Biblioteca Nacional.

Una década de relación conflictiva

Fundado en diciembre de 1879 por Emilio Lecot y Renaud Reynaud y bajo la propiedad de José A. Lapido, La Tribuna Popular formó parte de los órganos que adoptaron una impronta que se alejó del de la llamada «prensa seria» tanto por su «atractiva presentación» como por el «segmento de lectores» que procuraba captar 17. Apuntaba así a la «avidez de un nuevo público»18 interesado en el seguimiento de la trama del mundo del delito. Rompiendo con la monocromía del diseño tradicional, a través de la paulatina incorporación de titulares de mayor impacto y con el uso de la fotografía, se destacó por la importancia asignada a la crónica policial. Más allá de las modificaciones gráficas y de las características de una cobertura que sumó a personal reportero especializado, es constatable en el vespertino, conjuntamente con el seguimiento constante de la información criminal, una postura que sostuvo sistemáticamente la existencia de una preocupante escalada en los índices del delito. El relato de la sucesión diaria de ilícitos contra la propiedad, independientemente de su cuantía, reforzó la idea de la inseguridad como un problema cotidiano. «Por lo que se verá», señalará en un artículo sobre el arrebato de una cartera en una calle céntrica de Montevideo, «no se está seguro ni en pleno día y a las barbas de la policía. Los asaltos y robos se suceden como si fuera lo más natural de la tierra».19 La información día a día sobre estos ilícitos coadyuvó a erosionar la imagen de la policía, poniendo en entredicho su capacidad de respuesta resaltando su pasividad. Frente al robo de un comercio, poco tiempo antes, el reportero desplegaba la ironía que caracterizó al diario para referirse a la institución y sus funcionarios. Tras certificar la inoperancia –se reiteraba la palabra «desquicio»– definirá a la policía montevideana como «una maravilla y que á decir verdad muy bien podría hacer competencia á la inglesa, considerada la primera del mundo».20

Omnipresente en las páginas policiales, el tema fue objeto de atención en los editoriales que abordaron el estado del delito y la situación de las jefaturas de la capital y de la campaña. El 2 de octubre de 1908 con el título «Criminalidad» destacaba el «recrudecimiento» del delito «que se viene operando de cierto tiempo á esta parte». Independientemente de la divulgación de estadísticas que permitiesen dar cuenta efectiva de la situación, un reproche que se mantendrá en los años siguientes, el hecho resultaba «indiscutible porque se halla á la vista de todos».21

Junto al seguimiento de los ilícitos de menor dimensión, que ocupaban breves líneas en sus gacetillas y que tendrían un pico en los momentos de crisis económica, La Tribuna Popular abonó la idea de la existencia de oleadas de delitos. Para ello montaría verdaderas campañas como resulta constatable a inicios de la década de 1910. Bajo una denominación común, que se reiteraba en sucesivos números, construyeron la imagen de Montevideo como una ciudad amenazada por la delincuencia. «No hay ladrones», titularía durante más de un año, en notas que estuvieron frecuentemente acompañadas por una enumeración de crímenes que desmontaba el discurso policial del éxito frente a «los cacos que no dejan de trabajar».22 Detallando los numerosos robos existentes, un artículo del 16 de enero de 1911 denunció la falta de celo en la vigilancia, la desidia en la persecución de la delincuencia y la impunidad reinante. El texto concluye con una verdadera definición del papel inquisidor que La Tribuna Popular se atribuye y que resulta identificable en sus páginas: «volvemos a poner los puntos sobre estas “ies” policiales, para hacer efectivas ante el pueblo, las responsabilidades que puedan caber á los funcionarios públicos».23 Ello incluye desmentir la convicción de »ciertos policianos de que en nuestra capital “no hay ladrones”»24.

El vespertino cerraría el año 1912 con una extensa nota a dos columnas en la que el cronista realiza una suerte de balance de la gestión de la Jefatura. A pesar de que su nombre no se explicita conocemos que por lo menos desde 1910 desempeñaba la función Andrés de Dios Aldasoro, pues el 28 de junio el propio diario criticaba la suspensión de su acreditación por las autoridades, sobre la base de lo que se señaló como una conducta indecorosa. La situación generada, de la que no sabemos mayores detalles, resulta sin dudas un elemento ineludible a la hora de atender al relacionamiento en esa etapa entre La Tribuna Popular y la institución. De todas formas, es constatable que a mediados de 1914 Aldasoro se mantenía en la función y estaría presente en la inauguración del local de la Oficina de Prensa de la Policía. Actividad protocolar que aparece como un esfuerzo institucional por mejorar los lazos con el periodismo. Esfuerzo que, paradojalmente, La Razón rechazaría tildándola de un «golpe bien dado». Destacado por su circulación, que lo hacía según Álvarez Ferretjans el órgano de mayor tiraje en Montevideo,25 el diario «independiente» de la tarde planteaba la decisión de instalar un local externo a jefatura, como un intento de alejar de las noticias a los reporteros. Desde sus páginas prevenía sobre las dificultades para el acceso a los partes policiales que se producirían como resultado de un procedimiento burocrático: «El jefe de policía ha resultado un hábil diplomático. Los cronistas molestaban en la Jefatura y ¿qué mejor que darles un local autónomo y una buena cocina a gas para que se vayan tranquilos?».26

El citado balance de La Tribuna Popular de 1912, redactado cuando parecen no haberse extinguido aún las tensiones por la medida administrativa, estuvo organizado en dos partes que le permitirían al reportero detenerse inicialmente en el funcionamiento de la policía y luego en la evolución de la criminalidad en Montevideo. En el primer núcleo se subrayó el estancamiento de una institución que no ha progresado, conservando sus «vicios arraigados» fruto de la desidia de sus jerarcas. La larga enumeración de problemas contemplaba el abuso de autoridad, la violación de domicilios, los castigos físicos, la «tolerancia con las casas de juego» y el «encarnizamiento con los humildes». Es posible leer el texto como una señal de lo que podría ser el comienzo de los embates contra Juan Antonio Pintos en su primera experiencia al frente de la Jefatura de la capital a partir del 4 de marzo de 1911 en sustitución del general Guillermo West. Advirtiendo sobre la falta de capacidad de conducción, un tópico que se reiteraría en el futuro, muestra a una policía en “bancarrota” sobre la que Pintos ha perdido el gobierno llevándola «por la senda del desquicio, colocándola en una situación realmente vergonzante».27 En 1913 fue sustituido por Virgilio Sampognaro a quien el diario nacionalista El Pueblo –de vida efímera a diferencia de su homónimo colorado posterior–, vincularía con la figura de José Batlle y Ordóñez.28 Como parte de su programa, el nuevo jerarca planteaba una reorganización de la Jefatura que contemplaba la instrumentación de la Brigada de Orden Público y la reasignación de personal en las comisarías como respuesta a un aumento de robos que, como señala en una entrevista publicada por el diario batllista El Día, no llega «a ser mayor que otras ciudades como la nuestra».29

El relevo en los mandos, igualmente, no interrumpió las valoraciones negativas sobre el desempeño policial, aunque sí marcó una merma en el enfrentamiento con la jefatura. En el caso de La Tribuna Popular, la designación de Sampognaro sirvió para insistir sobre el estado deficiente de la institución presentada nuevamente como un «verdadero desquicio». Situación que es explicada por la incapacidad de Pintos que había abandonado, en manos de sus subalternos la gestión, comprometiendo «seriamente la dignidad de la institución».30 Pese a cierta reducción del enfrentamiento producido con Sampognaro, fundamentalmente a raíz de sus anuncios de mejoras en el funcionamiento y de la lucha contra la corrupción interna, no se detendrían los señalamientos críticos. En este caso, a diferencia de la administración Pintos, se les dotó de un contexto en que se atienden con mayor consideración las secuelas de un bajo presupuesto que generaba la endémica insuficiencia de un personal que no guardaba relación con el crecimiento de la ciudad. Un hecho recurrente desde comienzos de siglo. A ello se sumaban las deficientes características de los agentes, explicables básicamente por la falta de estímulo salarial y, probablemente, la baja consideración social. Factores que obstaculizaron, como reconocerán las autoridades, los intentos de una selección en los ingresos y condicionaron los proyectos de mejora de capacitación para «una transformación radical» de los funcionarios.31 Los bajos sueldos, como ha estudiado Vania Cárdenas para Valparaíso, resultarían determinantes en la falta de atractivo para la incorporación a la carrera, el abandono sistemático de las filas y las permanentes medidas disciplinarias que dejaban al descubierto el «fuerte contraste entre el ideal policial y lo que realmente existía».32

En los artículos de este momento pareció atemperarse el tono riguroso de los años anteriores. Probablemente incidió en ello la voluntad oficial de mejorar el relacionamiento a través de la generación de instancias de encuentro, como la reunión con los cronistas policiales del 5 de agosto de 1913, o el compromiso de un acceso más fluido a la información que formaron parte de una «serie de galantes cuanto beneficiosas atenciones del señor Jefe Político».33 Por el contrario, la anterior política de restricciones noticiosas a la prensa había sido denunciada por la dirección del vespertino como un intento de doblegar su posicionamiento independiente.

De todos modos, el reconocimiento por La Tribuna Popular de las carencias de recursos de la policía no evitó que la jefatura continuara siendo censurada por una «opinión pública» coincidente en que «en estos últimos tiempos ha dejado mucho que desear».34 Las crónicas no abandonaron la idea del crecimiento de la inseguridad, resultado de la progresión de los delitos contra la propiedad. Especialmente de la sucesión de robos a viviendas y comercios en la capital, los cuales testimonian la presencia de “gavillas de delincuentes”. «Profesionales de garra» fueron identificados por su fuerte componente extranjero y circulación regional. Junto con ello se debe considerar el impacto de la irrupción en Montevideo de nuevas modalidades delictivas que fueron asociadas con la figura del «apache» francés. El asalto a un cambista en 1914, en el que se recurrió al uso del automóvil, sería anunciado como un antes y un después en la historia criminal uruguaya, y reforzó la idea de una policía que no ha logrado adaptarse a los cambios en el mundo del delito.35 Sobre mediados de la década de 1910, La Tribuna Popular dará cabida a una nueva ola de notas bajo el título de «El reinado de los ladrones» que identificaba un aumento descontrolado de los ilícitos contra la propiedad que los diarios, pese a su enumeración minuciosa, no alcanzan a cubrir en su totalidad: «Aunque la prensa no los registra diariamente llueven en la comisaría de investigaciones denuncias de robos y hurtos».36

Frente al incremento de una delincuencia especializada y de la impunidad, el vespertino prosiguió con una lectura que apuntaba al personal policial y a la notoria «desorientación» de los mandos en la fijación de políticas criminales que llevaban a que «los intereses de la población están a merced de los delincuentes».37 La crónica de la segunda mitad de 1915 estaría marcada por un enfrentamiento que se concentró en los mandos de la Policía de Investigaciones que aparecieron como el objeto preferencial de las críticas de La Tribuna Popular. De cierta forma, los avisos preventivos del 8 de diciembre, donde señalaban que no se personalizarían los cuestionamientos, ya que la «pequeña campaña» tenía como finalidad el «mejoramiento de los servicios que presta la Comisaría de Investigaciones», no evitarían las fricciones con las autoridades de la repartición. Así, pese a la declaración de la voluntad de evitar todo «carácter odioso ó tendencioso», la nota del 10 de diciembre terminó instalando un tono de abierta censuran frente a la dirección de la sección de seguridad de la Jefatura montevideana que desató las hostilidades. «Lo esencial», predicará La Tribuna Popular, «no es indignarse, buscar represalias, sino demostrar que se trabaja, que no existe la desorientación que apuntamos metiendo entre rejas á los escruchantes que han venido trabajando con toda impunidad y que son una constante amenaza para los intereses de la población».38 El objetivo, ratificará a inicios de 1916, en un artículo que destaca la captura de «dos profesionales peligrosos», consiste en «acicatear el celo de los empleados de investigaciones».39

Al igual que ocurrió con Virgilio Sampognaro, la designación de Francisco Iralour como jefe de Investigaciones y el anuncio de un plan de reorganización, con la creación de secciones especializadas,40 permite avizorar una etapa de disminución de la crítica más exacerbada. Esta vendrá acompañada del reconocimiento de la transformación de la repartición en una «policía científica» y la consecuente mejora en el combate a la delincuencia.41 Así, La Tribuna Popular destacará éxitos como la detención de un «gavilla de rateros» con la «misma sinceridad que vapuleamos a los malos funcionarios que desacreditan a la institución policial».42 De esta manera, el vespertino viró, por lo menos en cuanto al análisis de la Policía de Investigaciones, hacía posturas más positivas como se observará en el transcurso del año 1917. Particularmente hacía la labor desplegada por el comisario Iralour. No existe necesidad de reiterar, señala ante la captura de dos «ladrones peligrosos», el trabajo de la repartición «pues las noticias que diariamente publicamos nos indican claramente el buen criterio» en su orientación.43 A pesar del cambio de postura observable en la sucesión de crónicas laudatorias, las ponderaciones al accionar de la Policía de Investigaciones estuvieron acompañadas de una suerte de salvaguarda que le permitió reservarse la libertad de desplegar planteos críticos. Igualmente, la línea editorial pareció entrar en un interregno, en donde la crónica policial se alejó del «despiadado comentario» del reportero.44 Hasta la renuncia del comisario Francisco Iralour en diciembre de 1919 y su sustitución por Tácito Herrera, la cobertura del accionar de la repartición se destacará bajo el título recurrente de «Investigaciones trabaja» como ejemplo de una dinámica sostenida de represión del delito.45

La batalla contra el general Pintos

La constitución de 1917,46 modificó la denominación de Jefatura Política y de Policía por la de Jefatura de Policía como parte de un ajuste en las definiciones de la institución. Estas contemplaron, especialmente, la prohibición a sus autoridades de participar en las actividades partidarias. Una cuestión que sobrevoló la vida electoral del país junto con las denuncias de la intervención ilegítima del Ministerio del Interior y de la Jefatura en los comicios. Un aspecto que aparecerá periódicamente en las notas de censura a sus jerarcas, tras una reforma electoral que desde diferentes sectores partidarios asociaría al voto secreto con las posibilidades de fraude.47 Una reforma, por otra parte, que llevaría a una convocatoria ciudadana casi anual –elecciones presidenciales y de consejeros de gobierno, parlamentarias y municipales– que generó un «clima de constante discusión y propaganda».48

La Constitución incluyó también un nuevo mecanismo de nominación de jefes de policía cuya designación quedaría en manos del presidente de la República, quien elegiría sobre la base de una terna de candidatos. En funciones desde el 1° de marzo de 1919, Baltasar Brum relevó del cargo a Virgilio Sampognaro, se designó, en su lugar, al general Juan Antonio Pintos, el 2 de julio de ese año, para una segunda gestión al frente del cuerpo.49

El último trimestre fue un período de tensiones para el Ministerio del Interior que llevó a que, en octubre, se produjera la baja de Pedro Manini Ríos y su sustitución por Gabriel Terra. Pese a que la ola de denuncias contra la cartera alcanzó al jefe de Policía, la dimisión de Pintos no sería aceptada por el presidente Brum.50 El cuadro se completaría el 5 de diciembre con la renuncia a la dirección de la Policía de Investigaciones del comisario Francisco Iralour, a pesar de que en su carta rechazaba toda implicancia en una intervención inconstitucional en las elecciones. La Tribuna Popular, que mantuvo una valoración positiva de su gestión, demandará la baja de las principales autoridades, poniendo el centro en la incomprensible permanencia de Pintos que «estima llevadera esa situación particular en la que los sucesos lo colocan».51

A pesar de este inicio conflictivo, el año 1920, en que se efectuó el segundo Congreso de policías sudamericanas en Buenos Aires, parece marcar un momento de laxitud en el enfrentamiento entre el diario y las autoridades de la Jefatura de Montevideo. Si bien hay un destaque de las dificultades de la institución en el combate al delito, volvería a actuar como descargo la insuficiencia de recursos padecidos por el cuerpo y que repercute directamente en los niveles de seguridad de Montevideo, como ya fuera sostenido por anteriores jerarcas. De todos modos, el balance que habitualmente realiza La Tribuna Popular sobre fines de año continúa resultando favorable, destacándose la actividad de la Policía de Investigaciones. Si bien, la policía sigue distando de una «institución modelo», se ha alejado de las «tantas fallas» que la caracterizaron: «Hoy, hemos de confesar, en honor a la verdad, que la policía ha mejorado sus procedimientos sobre años anteriores».52

Igualmente, el breve impasse no soslaya un tema medular como es la dificultad de la Jefatura en la selección de sus agentes y los problemas generados por su desempeño tanto en su vínculo con la población como en el enfrentamiento con la delincuencia en una policía que «ha sido incapaz de crecer al ritmo de las transformaciones de la criminalidad».53 En esa dirección se enfilaron las críticas en 1921, cuando La Tribuna Popular se ocupó del tema en una serie de editoriales con motivo del debate del presupuesto policial. Si bien tradicionalmente el diario tuvo en consideración las bajas asignaciones salariales como factor del cuestionable servicio que presta la jefatura, en esta oportunidad planteó condicionar los aumentos a una mejora en el desempeño de unos agentes «refractarios al cambio». Enérgicos ante la ciudadanía común, cuando no brutales, se muestran pasivos ante los «sujetos maleantes»: «Estas observaciones no pueden pasar inadvertidas para los jefes del instituto, y ellos convendrán en la necesidad de ir a una severa reorganización».54 Un editorial publicado dos días después, sumará a la calidad de los guardias civiles, su número insuficiente que ha permanecido estable –en el entorno de 1 300 agentes– a pesar del aumento de la población montevideana y un crecimiento urbano que lleva a que «en sus radios excéntricos viven en el más crónico desamparo».55 Un argumento que tendría sus vaivenes en el propio órgano.

La idea de desprotección ante la delincuencia, que se desliza casi ininterrumpidamente en la crónica policial, parece cobrar ímpetu a mediados de 1921. A inicios de julio aparecerá en la portada, a dos columnas y con una tipografía destacada, un artículo en donde se realiza un duro cuestionamiento al andamiaje de la policía. La imagen de «desquicio» que atravesó la década anterior sería complementada con un tono de catástrofe que serviría para ilustrar la situación de «desconcierto» que vive la institución. Reiterando la mala formación de un personal en buena parte analfabeto, la función de garantizar la seguridad de la población se ha visto desnaturalizada a raíz de la deficiente vigilancia callejera. Sin embargo, en este caso, La Tribuna Popular introduce una nueva versión que ya no tiene que ver con el número de agentes sino con una organización inadecuada de los recursos disponibles. Particularmente con una inconveniente distribución, cuyo recuento se emplea además para dejar al descubierto las prebendas de las autoridades. Para ello, se ilustra su situación de privilegio, pues a diferencia de una sociedad desprotegida, las «mansiones» del presidente de la República, del ministro del Interior y del propio jefe de Policía son custodiadas por varios guardias civiles.56 En sintonía con la prédica del diario, el balance de 1921 se alineará con la premisa del crecimiento descontrolado de la criminalidad en un «año fecundo en hechos delictuosos». El reporte, que parte de un pormenorizado análisis de los tipos de delitos, reafirmaba el planteo de la diferencia radical entre el «rumbo» acertado de la Policía de Investigaciones impuesto por el comisario Herrera y la política de tolerancia de Juan Antonio Pintos. La conclusión resulta lapidaria: «el fracaso del general Pintos como jefe organizador es pues evidente».57

La idea del «fracaso» policial devendría en el primer trimestre de 1922 en el pedido permanente de renuncia de Juan Antonio Pintos en una sucesión de notas de La Tribuna Popular que fueron ganando en virulencia. La labor de «convencimiento» al propio involucrado, asumida inicialmente con un tono casi «pedagógico» por el vespertino, se parapetaba en los beneficios que su dimisión supondría para la ciudad «actualmente en poder de ladrones y delincuentes de toda calaña, que obran con toda impunidad». Pintos, señalaba, no reúne las condiciones para estar al frente de una policía que ha ido en permanente degradación hasta transformarse en una «verdadera calamidad» luego de cuatro años de gestión. A su conducta «anodina», que ha facilitado el crecimiento de una delincuencia en una sociedad montevideana «aterrada», aunaba su «agresividad contra los periodistas que cometieron la temeridad de juzgar desfavorablemente su conducta».58 Dejaba así asentada las hostilidades del jefe de Policía con la prensa que, como anunciaba La Tribuna Popular, hacía gala de posturas críticas.

La aparición del Boletín de la Jefatura de Policía de Montevideo de fecha enero-marzo de 1922 en el que se publicó un memorándum de lo actuado en el año anterior, sirvió como un detonante para la censura al general Pintos. Fundamentalmente, por la nota elevada al Ministerio del Interior con fecha 15 de enero en el que el jerarca desglosaba las dificultades de funcionamiento de la policía. Esta misma le había permitido ensayar una defensa de sus propuestas, reseñando su actuación al frente de la jefatura para destacar el doble esfuerzo de mejorar la composición y formación del personal –creación de una «Escuela de Policía»– y aumentar el número de agentes y comisarías frente al crecimiento de la población, la «inusitada extensión de la ciudad» y el «fabuloso incremento adquirido por el tráfico público». Debía contemplarse, además, señalaba Pintos, la creciente presión a la que se veía sometida la policía de controlar un número importante de actividades deportivas y políticas –particularmente anarquista y comunista) – A ello se sumaba un floreciente juego clandestino y la «continua incorporación» de «elementos de malos antecedentes, procedentes del extranjero, que se dedican habitualmente al delito».59 La mejora de la institución pasaría, destacaba el jerarca, por la largamente reclamada mejora salarial de los agentes cuyos «sueldos son de miseria y de hambre». La falta de respuesta al pedido presupuestal ha multiplicado «el desánimo y el desaliento» entre un personal que califica de meritorio. A pesar de las características de su «delicada y difícil misión» no reciben el reconocimiento de la sociedad a la que sirven «siendo desgraciadamente bien frecuentes, en cambio, los casos en que se les ridiculiza, se les injuria y hasta se les insulta, por una gran parte de esa misma población y por algunos órganos de la prensa diaria».60

La comunicación al ministro del Interior comenzaría a ser identificada por los sectores más críticos de la prensa como la «confesión de Pintos» para transformarla en un manifiesto de su fracaso. El día 13 de marzo el diario La Defensa, que nucleaba a sectores colorados de tendencia conservadora, la presentaba como el reconocimiento del jerarca del estancamiento de una policía imposibilitada de cumplir con una actividad mínima de vigilancia. Anunciando el eventual relevo del comisario Tácito Herrera de su cargo en Investigaciones, demandaba la renuncia de Pintos: «Cuando un jefe de Policía reconoce espontáneamente su fracaso no debe permanecer ni un segundo más en el desempeño de un cargo de tanta importancia y responsabilidad».61

El día 14 de marzo de 1922, La Tribuna Popular publicaba un extenso artículo a dos columnas en donde insistía con el «fracaso estrepitoso» del jefe de Policía a partir del análisis de la «confesión del general Pintos». En la nota, el reportero convierte al órgano en intérprete de un sentir popular que clamaba por su relevo. De esta forma, reafirmaba su legitimidad y se distanciaba de las rencillas personales que se avizoraban. A su prédica tradicional sobre la falta de capacidad, incorporaba un componente ético que debería empujar a Pintos al abandono del cargo. Erosionada su reputación con la que llegó como general del ejército y minado su respaldo político, solo el anteponer el interés material –una «abultada asignación»– podía explicar su voluntad de mantenerse a pesar de la condena social. «Pobre dignidad personal», redoblará al día siguiente, el vespertino rechazaba el interés «mezquino» por su remuneración a pesar de su sonoro fracaso.62 La preocupación por la situación de los funcionarios policiales sugerirá, en columnas posteriores; lejos del interés por la conservación del orden público, resultaba inseparable de las contiendas partidarias y la captación de votos de los agentes que tendrían como fondo las reñidas elecciones de 1922.

El esfuerzo defensivo de Pintos en la propia prensa, valorando su administración y rechazando las denuncias de las componendas con las redes de juego clandestino y prostitución, llevarían a nuevos ataques. En el caso de La Tribuna Popular, implicada directamente por el jerarca, reproducirá parcialmente la nota enmarcándola en términos de mayor dureza y apelando al uso del grado de general entrecomillado. Ello, pese al extenso recorrido militar de Pintos.63

De esta manera, ampliaba ahora sus líneas más clásicas, vinculadas a su capacidad de mando, poniendo énfasis en la descalificación profesional e insistiendo en su vínculo con el proxenetismo y «demás sujeto del hampa para que lo votaran». La propia policía, como lo demostraría un inventario de guardia civiles imputados de delitos –desde ilícitos contra la propiedad a la violación de la niña– sería parte del problema encabezado por un jefe de Policía impotente para enfrentar a «los ladrones que saquean la ciudad».64

El día a día del enfrentamiento con el general Juan Antonio Pintos involucró al titular de La Tribuna Popular, José A. Lapido quien, exigiendo la renuncia, retomaba la línea que insistía en la actuación del jerarca en «defensa de los proxenetas y gente de los bajos fondos». La misiva, por otra parte, vuelve a posicionar al vespertino como una trinchera independiente que le permite exaltarse como una voz inclaudicable frente a las presiones.65 El mismo 23 de marzo, las tensiones entre el jefe de Policía y el diario parecen llegar al punto más alto. En la mañana, la redacción recibía a los padrinos de Pintos, el comisario Tácito Herrera y el coronel Rufino Sáenz, lo que producirá una primera respuesta en la tarde del mismo día de manos del secretario de redacción –en su carácter de director interino– Juan Pedro Suárez. A pesar de la brevedad, la nota adelantaba la definición del órgano que optará sistemáticamente por rechazar la condición caballeresca del retador en función de las implicancias en los hechos que se le imputan y por cuyos cargos no ha respondido. Situación similar se replicará ante la redacción del diario La Democracia que desestimará el pedido de Pintos mediante una fórmula similar de desacreditación.

El diario liberal El Siglo, que se había remitido el 23 de marzo a informar muy escuetamente sobre el incidente, al día siguiente dedicará un extenso editorial a analizar el funcionamiento de la policía. El mismo retomó los principales problemas asociados con la «crisis del personal», producida por las bajas asignaciones y la falta de selección en los ingresos. Esto ha traído, como una de las principales secuelas, la existencia de altos índices de impunidad de los profesionales del delito que requiere, subraya el matutino, una solución urgente. Igualmente, pese al meticuloso diagnóstico, y las referencias al malestar de la prensa, solo veladamente aparecerán referencias al general Pintos al mencionar «manifestaciones expresas de altos jerarcas» reconociendo las dificultades preventivas que han desembocado incluso en «la repetición de hurtos de importancia en el centro mismo de Montevideo».66

La Tribuna Popular abrió el año 1923 con un balance sobre la actividad policial reafirmando el estancamiento de una institución que, como era previsible, no había registrado mejoras. Bajo el mando de un jefe aferrado a su cargo no existen señales de cambio en una organización donde los comisarios operan como «pequeños señores feudales» y los «elementos inferiores» entienden como única función «apalear a los ciudadanos». El fin de su mandato, el 1° de marzo cuando asuma la presidencia José Serrato, le brinda, señala el vespertino, una última oportunidad a Pintos de ejecutar una «medida moralizadora» que permita restaurar a la policía los «prestigios perdidos».67 Igualmente, la fórmula de La Tribuna Popular aparece más como una estocada final a su prédica contra Pintos que como una señal de verdaderas expectativas. En los hechos, el diario no interrumpirá su campaña contra el jerarca y no dejará de resaltar su papel en la situación del cuerpo y de la inseguridad en Montevideo.

Pese a lo indicado en la nota del 2 de enero de la falta de necesidad de apelar a un manejo de las cifras del delito por la notoriedad del aumento de la criminalidad, el vespertino continuará publicando información estadística. Inclusive, luego de la caída de Pintos, prosiguió dando difusión a los datos relativos al año 1922 para testimoniar el crecimiento pronunciado de los delitos contra la persona y contra la propiedad, y los altos índices de impunidad –solo un 13 % de delincuentes detenidos– confirmando así la «deficiente acción de la policía» y la responsabilidad del jerarca.68

Por el contrario, la nota de renuncia de general Juan Antonio Pintos, del 28 de febrero, se encaramó como una tentativa final de reivindicar su labor, exaltando su dedicación y competencia, elogiando la calidad de los funcionarios y cuestionando la «censurable ligereza» a la que fueron sometidos aquellos que sirven a la sociedad y a la patria.69 A inicios de marzo la prensa comenzaba a dar muestras de su beneplácito por la posible designación de Juan Carlos Gómez Folle como jefe de Policía de Montevideo. Con dilatada trayectoria al frente de la Cárcel Correccional, y provisoriamente de la Penitenciaría y la Colonia Educacional de Varones, su figura venía acompañada del aura de una gestión exitosa que creció con su papel en la desactivación del «motín» en el penal ocurrido en 1922. Designado por José Serrato el 9 de marzo, su «programa de acción» incluiría una reorganización de la policía que, finalmente, plasmaría con una ambiciosa propuesta de reestructura presentada en 1926. El anuncio de La Tribuna Popular, que señalaba su complacencia por el nombramiento, rescataba dos elementos que habían sido centrales en su enfrentamiento con el anterior jerarca: la necesidad de una delimitación precisa de la participación de la jefatura en las instancias electorales y un enfrentamiento activo contra las «lacras sociales» de la prostitución y el juego clandestino para controlar, así, a la «muchedumbre miserable» que prosperaba «parasitariamente» a su sombra.70 Gómez Folle se encontrará con una policía con una «reputación deplorable», por lo que se espera de él, de acuerdo con sus antecedentes, el respeto a sus promesas de destierro de la «corrupción dominante». Para ello, La Tribuna Popular hacía pública su disposición de respetar un «plazo prudencial» en el que atenuaría sus críticas a efectos de que el compás de espera contribuyera «a facilitarle en cierto modo la tarea».71 Junto con el reconocimiento de la tregua, al día siguiente, un editorial refrendaba las expectativas sobre Gómez Folle, sin dejar de recordar las advertencias del vespertino sobre un «instituto corrompido» frente a la pasividad del gobierno y las autoridades policiales.72 De esta forma, la pausa optimista del órgano no impediría la conservación de una apelación a la crónica policial que sirvió para «mantener puntos de vista críticos sobre el Estado».73

Conclusiones

Si intentáramos graficar la compleja relación de La Tribuna Popular con la Jefatura de Policía de Montevideo, tanto con sus autoridades como sus agentes, la podríamos representar en tres líneas.

La más extensa y tradicional que da cuenta de una prédica sostenida referida a un crecimiento permanente de la inseguridad en la capital uruguaya. Relacionada con el delito, especialmente con los ilícitos contra la propiedad, compondrá un tríptico clásico que apunta a la lenidad de la justicia, la benignidad de la legislación –y progresivamente su obsolescencia– y, particularmente, la ineficiencia de la policía. Esta fue objeto de un cuestionamiento regular que tomó elementos como la falta de adaptación a los cambios en el mundo del delito y la necesidad urgente de su reorganización, la escasez de recursos y las deficiencias de sus agentes cuando no la connivencia con la criminalidad.

Una segunda línea parece registrar un pico importante en la década de 1910 y los primeros años de 1920. Coincide con las dos administraciones del general Juan Antonio Pintos y la de Virginio Sampognaro. Si bien las críticas a este último fueron notorias, el vector tendrá una marcada alteración durante la gestión de Pintos. A su vez, tendrá su momento más álgido en su segundo período (1919-1923), en donde el tono de la censura se endureció hasta alcanzar ribetes de descalificación personal y profesional. El reto a duelo a las direcciones de los diarios La Tribuna Popular y La Democracia pareció marcar un quiebre definitivo, lo cual agudizó los cuestionamientos que incluso llevaron a que el jerarca fuera relacionado por su tolerancia, cuando no complicidad, con organizaciones criminales. Particularmente con las que representaban a las «lacras sociales» más combatidas –y seguramente más repudiadas–, como fueron las redes de «trata de blancas» y de juego clandestino.

Una última línea sugiere la ruptura en el vínculo hostil entre el diario de la tarde y el nuevo jefe de Policía, Juan Carlos Gómez Folle. La asunción del nuevo jerarca vendrá unida al anuncio de una tregua que permitiría facilitar la tarea. Un impasse posibilitado por el prestigio de Gómez Folle como director de establecimientos penitenciarios.

Podría pensarse, una cuarta línea dedicada a la Policía de Investigaciones de Montevideo. Dependiente de la jefatura, su relación con la prensa pareció mantener un comportamiento diferente que le permitió, salvo en algunos momentos críticos, esquivar la erosión sistemática que sufrió el conjunto de la institución. A diferencia de esta, su gestión fue, en términos generales, vinculada al trabajo y no a la pasividad, al enfrentamiento a los grupos criminales y no a la complicidad; sus jefes solían ser ponderados por su labor. Igualmente, resulta necesario analizar este vínculo no exclusivamente a la luz de su propio desempeño, sino como una herramienta funcional a la crítica a los jefes de policías de la capital.

Igualmente, la «tregua» anunciada, sin alcanzar los niveles de virulencia anteriores, se vería interrumpida por la sucesión de una serie de asaltos violentos en Montevideo que, si bien no devendrían en un ataque directo al jefe de Policía, redoblaran las exigencias hacia sus servidores.

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