Introducción

A finales de 1916, el grupo revolucionario constitucionalista controló militarmente gran parte del territorio de Puebla. A pesar de que la violencia no desapareció, el restablecimiento de las instituciones de gobierno con criterios carrancistas fue alcanzado en gran medida a mediados de 1917. A diferencia de las elecciones previas (locales y federales), el interés poblano creció por los comicios a la gubernatura. Fue la primera vez desde 1912 que las personas nativas podían elegir a uno de los suyos para el cargo estatal.1 Muy a su estilo, el corresponsal del diario oficialista «El Pueblo», después de simplificar el perfil de algunos candidatos a la contienda, señaló que el doctor Alfonso Cabrera era un «civil y revolucionario identificado con la causa constitucionalista», donde su gira electoral «ha venido a significar una verdadera marcha triunfal», pues en los diferentes lugares que visitó, «ha sido señalado por la voluntad general, como primer Magistrado del Estado, a pesar de tantos ataques que injustificadamente le han dirigido varios de sus enemigos inconscientes».2 Así, sin el completo respaldo de la clase política poblana, opuesto a los militares y con el apoyo federal, el serrano, maderista, carrancista, Alfonso Cabrera, tomó el cargo a finales de julio de 1917.3

Durante su actividad proselitista, el doctor prometió un programa agrario legalista y liberal, ya que lo importante, decía, era impulsar la agricultura «llevando adelante con el más puro espíritu de justicia la cuestión agraria», la restitución de ejidos y el fraccionamiento de la propiedad «apegándose a la Constitución y a las leyes que de ella dimanen».4 Posiblemente, Alfonso Cabrera no era un agrarista consumado, pero al parecer, comprendía igual que su hermano, Luis, la importancia del reparto de tierra como medio para la pacificación del Estado y para el bienestar de las familias campesinas poblanas;5 pero también, como instrumento para intentar crear bases de apoyo, controlar los conflictos en las zonas rurales y limitar el poder de militares, caciques y propietarios. Entonces, llevar a buen puerto el programa social de reforma agraria sería indispensable para intentar consolidar su posición política y crear una base sólida rural que permitiese la continuidad del carrancismo en el Estado.

1917: las etapas del proceso

Como ha señalado el historiador norteamericano David LaFrance (1987), la necesidad más urgente de resolver desde el inicio de la Revolución en la entidad fue la reforma a la tierra y los derechos al agua, pues la continua monopolización de los recursos naturales causó descontentos, bandidaje, tomas de tierras y conflictos armados.6 El programa de reforma agraria constitucionalista durante la guerra civil revolucionaria persiguió objetivos militares, políticos y sociales: la distribución de la tierra a las personas desposeídas tenía como objetivo ganar adherentes y mejorar el bienestar a través de la distribución de la riqueza. En cuanto al proceso de reparto, según la ley agraria carrancista del 6 de enero de 1915 (una ley restrictiva, legalista y burocrática), en su artículo sexto, señaló que las solicitudes de tierra sobre restituciones o dotaciones de tierra junto con sus documentos probatorios, debían ser presentadas a los gobernadores o comandantes militares en cada Estado. En Puebla, entre 1915 y la primera mitad de 1917, los gobernadores norteños (Francisco Coss, Coahulia; Luis G. Cervantes, Tepic y Césareo Castro, Coahulia), aceptaron más de 100 solicitudes de aproximadamente casi 200 peticiones en 8 de 21 distritos, además, de legitimar tomas de tierra, repartos militares y otorgar posesiones provisionales.7 8

En la segunda mitad de 1917, la actividad burocrática del reparto agrario fue en aumento. Mucho, en parte, a que se comenzó a resolver los dictámenes federales para la entrega de tierras de manera definitiva desde abril y, posiblemente, por el cálculo popular sobre el proceder del nuevo gobernador. Así, al iniciar su administración, durante los meses de agosto a diciembre, según el catálogo ejidal, Cabrera aceptó 37 solicitudes de tierra que probablemente fueron en carácter de dotación. Por ejemplo, en agosto aceptó cuatro solicitudes de los pueblos de Tlachichuca, San Francisco Ocotlán, Santa Cruz y La Concordia. En septiembre, dio curso a siete solicitudes y en octubre, a la misma cantidad, principalmente de comunidades ubicadas en los exdistritos de Tepeaca y Huejotzingo. Entre noviembre y diciembre, ingresaron 19 demandas de tierras de pueblos ubicados en los municipios de Molcaxac, Tepexi, Cholula, Tepeaca, El Verde, Acatzingo, Quecholac y Zautla.9 10

Además, hizo cambios en la administración pública al nombrar un nuevo titular presidente de la institución agraria local, abogado consultor y vocales miembros.11 12 También, el gobernador en un acto de cortesía política presenció públicamente la toma de protesta de la mesa directiva de la agrupación de pequeños agricultores de Puebla que, según su acta constitutiva, tuvo el propósito de defender y gestionar la dotación de tierras para los pueblos. Agrupación impulsada por los poblanos, obregonistas y diputados federales, José María Sánchez y el abogado Luis Sánchez Pontón.13 Hizo caso omiso, o así parece, de la participación de líderes locales en el reparto agrario como en el caso de Huejotzingo,14 y, por último, promulgó la Constitución local que, en general, adoptó los principios de expropiación por causa de utilidad pública, los límites de la propiedad privada, legislación de fondos y ejidos y la creación de la deuda agraria.15

Una vez que las solicitudes fueron ingresadas, el gobernador las remitió a la institución más importante de todo el proceso de reparto: la Comisión Local Agraria (CLA). Según la ley del 6 de enero, se creaban las comisiones locales agrarias con cinco miembros para cada Estado, facultó a los ejecutivos o comandantes militares en su caso, a nombrar a los miembros de la CLA y autorizó a las comisiones a dar su parecer al Ejecutivo para la pertinencia de la restitución o dotación.16 A principios de junio de 1915, el gobernador Cervantes decretó la formación de la CLA e incluyó las funciones de dicha comisión, aunque con el tiempo aumentaron. Indicó que sus obligaciones serían aceptar todas los reclamos de tierras de carácter comunal por despojo, necesidad o nueva formación, iniciar los procedimientos administrativos y de reparto de ejidos, fraccionar propiedades mediante dictamen ejecutivo y atender todas las controversias legales suscitadas. Así, los primeros nombramientos fueron para ingenieros y abogados miembros de la burocracia carrancista: Serafín Monterde, Luis Amador, Miguel Vélez, coronel Luis G. Patiño y Federico Jiménez O’Farril.17

En síntesis, la institución local debía recibir las solicitudes, elaborar los expedientes administrativos, geográficos y socioeconómicos del caso mediante traslado a los pueblos, seleccionar las posibles propiedades de afectación, sesionar en plenaria la información y emitir un dictamen recomendatorio para que el gobernador en turno dictara su resolución. En caso positivo de posesión provisional, proceder de nueva cuenta al traslado a los lugares, elaborar planos, organizar cuerpos locales para su ejecución y administración de los terrenos afectados; si existiese alguna queja legal, coadyuvar en el desahogo de pruebas.

A finales de 1915, los trabajos de la comisión eran intensos y ya habían «comparecido 190 pueblos» pidiendo dotación o reivindicación de tierras; para 1916, durante el gobierno de Cesáreo Castro, la carga de trabajo aumentó.18 Casi al final de su periodo, en su informe de mayo de 1917, el Ejecutivo coahuilense dijo que la CLA trabajó activa y regularmente, y su principal función fue resolver problemas causados por las dotaciones militares. Según el gobernador, de los expedientes recibidos por acción de dotación o restitución, resolvió 21, siendo enviados a la Ciudad de México.19 Para los últimos cinco meses del año, en el mandato de Cabrera, los trabajos de la CLA fueron laboriosos porque se informó sobre el ingreso de peticiones aceptadas por el Ejecutivo, envíos a ingenieros a campo para levantamiento de planos, elaboración de informes para la integración de carpetas, reuniones en plenaria, dictámenes de expedientes, remisión al gobernador de recomendaciones y acatamiento de disposiciones oficiales. Según el catálogo de propiedad, nueve casos –cuatro de la región de Huejotzingo, dos de Cholula, uno en Tecali, otro en Tehuacán y uno más de San Juan de los Llanos– completaron el proceso de integración de pruebas y la resolución positiva del gobernador para ser enviados a las instancias federales.20

La Ley del 6 de enero en su artículo cuarto, creó la Comisión Nacional Agraria (CNA) y por acuerdo de Carranza, se instauró el 9 de enero de 1916 con sus nueve miembros entre ingenieros y abogados, encabezados por la Secretaría de Fomento. La instancia fue de carácter federal y su principal función fue aprobar o modificar dictámenes locales para ser puestos a consideración definitiva por el presidente de la república. A medida que la demanda agraria aumentó en diversas entidades del país, se hicieron interpretaciones equivocadas de aplicación en los Estados, situación que obligó a la CNA a emitir circulares en las que aclaró facultades y límites legislativos, normas de observancia y procedimientos a seguir. Además, realizar supervisiones a los trabajos locales a través de delegados que, en el periodo, fue nombrado para Puebla, el ingeniero Pablo Solís.21 22

Los decretos presidenciales iniciaron en abril de 1917. Durante la campaña política para la gubernatura y la elección de Cabrera, ocho expedientes fueron decretados presidencialmente por Venustiano Carranza. Por ejemplo, se dictaminaron positivamente a los pueblos San Pablo Actipan y San Juan Acozac del exdistrito de Tepeaca. Entre junio y julio, tres más de la misma región, como San Hipólito Xolchiltenango, Santa María Ixtityuca y Nopalucan de la Granja. Además, en julio, dos más, en las comarcas de Chalchicomula –San Juan Atenco– y Tecali –San Luis Ajajalpan–.23 En diciembre, en el gobierno de Cabrera, se dictaminaron ocho expedientes que debieron «esperar» más de dos años y medio para obtener la firma del presidente y con resultados no muy favorables para los pueblos. Por ejemplo, el pueblo de San Nicolás Zoyapetlayuca, Tepeaca, demostró que en 1915 recibió reparto militar por parte del gobernador Francisco Coss de tierras y aguas «de la Barranca el Águila». En 1916 ingresó su solicitud y se ratificó la posesión provisional del agua y con 400 hectáreas de tierra de cuatro haciendas por el general Cesáreo Castro. Para diciembre de 1917, la CNA con anuencia del presidente, dotó al pueblo «por otras afectaciones» con solo 167 hectáreas y negándole la restitución de las aguas «que quedan a lo que dispongan las leyes sobre el particular».24

A su vez, San Antonio Miahuacán, del municipio de Coronango, en 1916 reclamó la restitución de tierras «por despojo inmemorial». Tanto la CLA como la CNA negaron el reclamo. Para principios de 1917, los representantes del pueblo solicitaron dotación de tierras por falta de ellas, aceptándose el fallo a nivel local entre febrero y marzo del mismo año, y en noviembre, la CNA con anuencia del presidente, dotó al pueblo con 247 hectáreas tomadas «de las haciendas colindantes».25 Por último, el pueblo de Tlacotepec de José Manso, del municipio de San Salvador el Verde, es muy posible que tuviera posesión militar en 1915, y después, posesión provisional en 1916; en abril los vecinos elevaron la petición de dotación y para junio, el gobernador Castro la aceptó y remitió a la CNA. A principios de diciembre y «por las condiciones» imperantes, en el dictamen solo «es posible» entregar las hectáreas que dictó el gobernador: 282 hectáreas tomadas de la finca colindante.26

Para finalizar el proceso, que se prolongó, la Ley del 6 de enero en su artículo noveno y reformado en 1916, señaló que los dictámenes presidenciales debieran ser devueltos a los comités estatales para su ejecución.27 En 1917, un solo pueblo, San Juan Acozac del municipio Los Reyes de Juárez –Tepeaca–, obtuvo la posesión definitiva ejidal.28

1918-1919: intensidad y conflicto

A inicios de enero de 1918, el gobernador asistió a la apertura del segundo periodo de sesiones del congreso local y rindió su primer informe ante las facultades extraordinarias que en todos los ramos aquella le otorgó. Ente otras cosas, destacó el control del maíz para evitar la hambruna y el acaparamiento y aumento de los precios del cereal. En lo referente a las elecciones municipales, los candidatos liberales y revolucionarios en su mayoría obtuvieron el triunfo. No obstante, informó «de la parte más escabrosa»: el presupuesto estatal y la repartición de ejidos. En la cuestión de dinero, decía que al tomar el puesto solo había 47 pesos en caja y adeudos a empleados y otras partidas gubernamentales. Para sortear la situación, consiguió 40 mil pesos por parte del ayuntamiento angelopolitano, 50 000 pesos más de la federación y el Estado pudo recaudar otros 58 000 pesos, con lo cual se redujeron gastos y aumentaron impuestos. Así, pudo cubrir y liquidar aproximadamente los 148 000 pesos del presupuesto. No obstante, de la deuda de 90 000 pesos de préstamos ya contraídos, el Gobierno arrastraba una deuda de más de un millón. Por otra parte, decía que el trabajo en el reparto de ejidos a los pueblos ocasionó conflictos que había podido manejar. Señaló que en el norte del Estado no había gran problema debido a la forma en que la tierra estaba dividida. No obstante, en los distritos del centro y sur, existían grandes propiedades para un número de personas «que no quieren que se les quite un solo palmo de terreno». Además, propietarios fraccionan propiedades para oponerse a la dotación y otros pretenden recoger las siembras que no trabajaron. Así, según el informe, el problema tenía que ser resuelto por la fuerza. Para finalizar, refirió que la comisión local «conoce actualmente» de 243 peticiones de dotación 40 de restitución, que se resolvieron 38 expedientes a favor de los pueblos y que 12 habían sido ya aprobados por el presidente. Juzgándose el informe «como verdad desnuda». El gobernador se retiró, despedido «con los honores debidos pues la banda militar llegó a media ceremonia».29

En sus iniciativas, por ejemplo, para hacer más ágiles los trámites y encauzar los conflictos agrarios al andamiaje legal, el gobernador mandó a imprimir actas de solicitudes, credenciales y padrones para un llenado rápido. Decretó la obligatoriedad de los pueblos a presentar su solicitud de tierras acompañada de su acta de posesión militar o provisional. Contrató algunos ingenieros más para el trabajo de campo y vitrina, pero cuando la crisis fiscal arreció, permitió durante las ejecuciones que algunos pueblos financiaran ingenieros externos. Expidió un reglamento estatal sobre fraccionamiento y posesión de ejidos. Dictó circulares a los municipios para evitar los cobros de las cuotas. Ordenó a la CLA entregar dos dictámenes por semana y, durante el periodo, defendió a la comisión de las críticas, ataques y quejas de rivales políticos, líderes, pueblos y propietarios al afirmar que ninguno de ellos podía asumir como propio el reparto, pues solo el aparato institucional lo hacía posible. Instó a la CNA a apresurar los dictámenes de dotación de tierras; les recomendó a los dueños dejar de fraccionar haciendas y decretó que tanto los pueblos como los propietarios se dividieran las cosechas; estableció una escuela experimental y anunció la creación de una biblioteca con tópicos agrícolas y de un museo para el intercambio de avances. Además, en un principio, su gobierno «vio con buenos ojos» la organización social para impulsar el reparto, pero conforme fueron más independientes y se perfiló la lucha por la presidencia, las atacó. Decía que no estaba en contra de la organización social para la defensa de la tierra, sino del abuso que se cometía por el oportunismo político y la coacción económica a las bases.30

Así, en un inicio, fueron constantes los informes de actividad peticionaria y solicitudes de dotaciones y restituciones aprobadas por el gobernador: en la primera mitad de 1918, aceptó 37 solicitudes de tierra de comarcas como Tepeaca, Huejotzingo, Cholula, Tehuacán y Tecamachalco. En menor medida, en antiguos distritos como Tepexi, Acatlán, Chiautla, Puebla, San Juan de los Llanos, Atlixco y Matamoros. Para agosto de ese año, solo ingresó una solicitud de Puebla, y para octubre y noviembre una de Tehuacán y otra de Tepeaca, respectivamente.

Ahora bien, en 1919 solo ingresaron seis peticiones oficialmente, una cada mes: febrero, abril, junio, julio, octubre y noviembre, en los municipios de Libres, Ixtacamaxtitlán, Zapotitlan, Tlaltengo, Matamoros y San Salvador el Seco. Localidades, en su mayoría, ubicadas en la bocasierra y sureste del Estado.31 Muchos factores pudiesen haber influido en la disminución drástica de peticiones en el último tramo de su mandato. Se sabe, que el gobernador a nivel ejecutivo enfrentó diversos conflictos y posiblemente algunos de ellos expliquen el fenómeno. Por ejemplo, la oposición y competencia con líderes regionales agraristas como José María Sánchez. El general Sánchez, agrarista y compadre de Obregón, creó la Unión de Pequeños Agricultores en conjunto con el delegado de la CNA, Pablo Solís y el albañil y líder agrarista Manuel P. Montes. Representó el liderazgo en la zona de Tepeaca-Tecamachalco y de Huejotzingo. De hecho, como diputado federal y «apoderado» de los pueblos de Huejotzingo, acusó al gobernador en la cámara legislativa de la inoperancia estatal para resolver las posesiones provisionales de la región. También, su rivalidad con Cesáreo Castro y las buenas relaciones de este con militares y caciques en los volcanes y el altiplano central. De hecho, la región de Huejotzingo, Cholula, Tepeaca y Tecamachalco fueron las de mayor demanda de tierras hasta 1918, pues entre 1919 y los primeros cuatro meses 1920 solo una solicitud ingresó de esas regiones.

También, los conflictos por las elecciones municipales donde grupos «independientes» ganaron los ayuntamientos, por ejemplo, San Martín Texmelucan, Cholula, Atlixco, Tepeaca y Puebla. Algunas regiones con preeminencia de solicitudes de ejidos. Ajeno a su actividad, las epidemias de tifo e influencia española entre finales de 1918 y gran parte de 1919 posiblemente contuvo los traslados y los servicios de despacho gubernamental, ya que en el primer año disminuyeron y se detuvieron en noviembre y para el siguiente año, se retoman hasta abril. Es probable que, en 1919, le restó importancia al proceso, no solo por el rezago y acumulación de casos en la instancia local agraria, sino porque en el presupuesto estatal de egresos al final de su gobierno, le destinó a la CLA un total de casi 34 000 pesos, 32 000 a sueldos anuales de aproximadamente 11 personas. Un presupuesto con tintes políticos más que operativos. Asimismo, por las constantes huelgas en las fábricas textiles y la gran cantidad de demandas legales –incluyendo agrarias–, que aceptaron los jueces federales Juan C. Bonilla y Juan Dávila y Córdoba, rivales políticos. Además, el enfrentamiento y persecución con la prensa «independiente», el conflicto con los estudiantes y la clausura del Colegio del Estado. También, para 1919, el tema dominante en la opinión pública fue el acomodo político, la sucesión presidencial y el caso Jenkins. Agregando, la violencia rural como inhibidor de gestiones y la circular por pago de tierras dotadas por parte de la CNA a los pueblos beneficiados. Así, probablemente, las solicitudes no llegaron, o llegaron y no fueron aceptadas, o simplemente no las recibió.32

Con respecto a la CLA, es posible que la relación con el gobernador fuese cordial. De hecho, en sus inicios integró al personal abogados e ingenieros que, se presume, eran de su confianza; por ejemplo, Francisco de P. Rodríguez, Carlos Revilla, César Garibay, Gustavo Acosta, Lorenzo Yáñez y Rodolfo Sarmiento –al parecer hermano del diputado local y cabrerista, Ricardo Sarmiento–, y la incorporación del abogado consultor del Gobierno a la comisión, Lic. Rafael García. Es posible, también, que los gastos de operación de la CLA fueran del raquítico presupuesto de viáticos, del mismo sueldo de los empleados, de los solicitantes, «apoderados» y pueblos. Los trabajos de resolución de conformación y dictaminación de expedientes fueron más o menos constantes a pesar de las adversidades. En el año 1918, 20 casos superaron el trámite de aprobación estatal y fueron enviados a la Ciudad de México entre los meses de enero a julio. Ubicados en los exdistritos de Tepeaca, Huejotzingo, Tecamachalco y Tehuacán, y, en menor medida, Acatlán, Cholula, Tecali y Tehuacán. La suspensión de las actividades «en varios distritos del Estado» se debió, según informó el diario El Pueblo, a la influenza. Para 1919, los trabajos se retomaron en el mes de febrero, dictaminando hasta el mes de diciembre 17 expedientes de aprobación gubernamental. Si se compara las cifras de las solicitudes y las resoluciones estatales, en el año de 1918 se tuvo un 50 % de efectividad y para 1919, casi un 300 %. Esto solo como estimación, pues, en su generalidad, fueron liberándose casos anteriores.33 34

En Puebla no hay un archivo del Ejecutivo que resguarde los trabajos de la CLA, no obstante, se puede reconstruir, a grandes rasgos y a manera de ejemplo, la dinámica de las actividades de la dependencia a través de la prensa que, en algunos meses, siguió de cerca el quehacer de la comisión local.

A principios de enero de 1918, el corresponsal de El Demócrata informó que la comisión había recibido del Ejecutivo dos expedientes relacionados con la dotación de los pueblos de Sanctorum y San Nicolás Tetetzintla con la finalidad de reconsiderar su dictamen previo. Asimismo, el Ejecutivo remitió otra solicitud de tierras del barrio La Concepción para iniciar lo concurrente. Ese mismo día, se dijo que los vocales atendieron una comitiva de representantes del pueblo de San Salvador El Verde, para integrar el padrón de jefes de familia en el expediente de su caso y recordar la necesidad de las tierras en el pueblo. Seis días más tarde, el enviado del rotativo El Excelsior dio cuenta de que la comisión había dictaminado favorablemente la petición de dotar al pueblo San Lucas el Grande. El día 31, la CLA sesionó sin poder resolver el caso del pueblo de Tlachichuca por falta de pruebas, señalándose «que en la próxima sesión se resolverá el asunto». Al día siguiente, la CLA recibió la noticia de que el gobernador aprobó cinco expedientes que se habían elaborado entre diciembre y el mes anterior, preparándose para ser copiados y enviados a través del delegado a México. Tres días después, recibieron las copias autorizadas de los dictámenes presidenciales para proceder al nombramiento de comités ejecutivos para los pueblos de San Simón, San Bartolo, San Lorenzo y Ocotepec. El día 8, una comitiva del pueblo de Tlacotepec visitó las oficinas para solicitar la dotación de aguas, pues se hacían las mediciones para la próxima entrega de ejidos y necesitaban del preciado líquido para sus tierras; la solicitud se archivó y se puso en el orden del día de las sesiones posteriores para su estudio. Dos días después, miembros de la CLA fueron acusados públicamente por representantes de Tlalancaleca, «influenciados seguramente por algún explorador de su ignorancia», pues decían no haber sido dotados de terrenos suficientes. El día 12, recibieron los expedientes que había resuelto el presidente, y el 15 de febrero, en plenaria, se aceptó el estudio del caso de El Boquerón y fue remitido al Gobierno para su aprobación. A la mañana siguiente, en discusión «acalorada» en segunda lectura, se resolvió el caso pendiente de Tlachichuca y otro más de Cuautlancingo. Cinco días más tarde, recibieron una solicitud de dotación de aguas del pueblo de Tlaltenco, cercano al de Tlacotepec, ambos de Huejotzingo, dejando para las próximas sesiones la discusión, ya que también había ingresado otra de la misma naturaleza proveniente de Zoyapetlayuca –Tepeaca–. Para el día 23 de febrero, la CLA se declaró constituida «en sesión permanente» en «virtud de los múltiples asuntos que a últimas fechas» se debían tratar. Sin embargo, eso no es todo, pues ese día volvieron a recibir expedientes en copia autorizada de las resoluciones presidenciales para iniciar los preparativos de amojonamiento de terrenos, y señalar el día de entrega, y solicitudes de dotación enviadas por el gobernador. Entre el 24 y 27 de febrero continuaron los trabajos en plenaria, recibiendo queja del propietario en contra de la resolución de dotación del pueblo de Tlachichuca y el ingreso de nuevas solicitudes y expedientes. A principios de marzo, la comisión indicó que «en la actualidad asciende a 398» el número de expedientes en la CLA. Número excesivo y, por lo tanto, solicitaba a los pueblos demandantes por medio de los ayuntamientos, «violenten los trámites» pasando a las oficinas e incluir los documentos faltantes para resolver los casos de manera definitiva.35 Entre los años de 1918 y 1919, de la evidencia recogida, al parecer, continuó más o menos la misma dinámica de trabajo.36

Sin embargo, el cuadro operativo no estaría completo si solo se considera el trabajo de vitrina. Por ello, es necesario aproximarse brevemente al trabajo de campo. De acuerdo con las resoluciones presidenciales de la CNA y la prensa de circulación nacional, se logró ubicar a los ingenieros que probablemente, egresados de la Escuela de Agricultura, actuaron en las zonas rurales: Juan Ríos y Manuel Rojas, con trabajos en Chalchicomula; Ricardo García e Ignacio Torreblanca, en San juan de los Llanos y Tepeaca; Miguel Viler y Luis Salazar, en Tecamachalco; Miguel Vélez, Ramón Monroy y Rubén Ortiz, en Tehuacán; Luis de la Peña y Federico Ortega, en Huejotzingo. Como se mencionó, su función fue recuperar toda la información –geográfica, socioeconómica y estadística– referente a la dotación o restitución. Con el tiempo, se fueron integrando más datos y en reportes más específicos. A veces, los traslados eran largos igual que las estancias, dependiendo el trabajo y la inseguridad. En algunas ocasiones, se hicieron hasta dos viajes el mismo día. En general, los informes de los ingenieros mostraron una tendencia a favorecer a los pueblos. Posiblemente, hicieron perder documentos de los propietarios y ampliaron las zonas de afectación a las fincas circundantes, colindantes o no. En sus opiniones sobre litigios, resolvieron a favor de los pueblos. Además, muchas veces alteraron los padrones, aumentaron la cantidad de tierras de afectación y ocultaron propiedades de las comunidades. Al final, y de acuerdo con la disponibilidad de elementos, experiencia y recursos económicos, las resoluciones de la CLA entre 1917 y la primera mitad de 1918 oscilaron entre cinco y ocho meses. En la segunda mitad de 1918 y 1919 se redujo entre dos y seis meses.37

En el siguiente paso del proceso, a nivel federal, posiblemente fue la instancia donde menos influencia tuvo el Gobierno estatal y sí los intereses particulares. Durante el carrancismo, los trabajos de la CNA fueron discontinuos por las constantes faltas de agenda para la discusión de los expedientes y rotación de sus miembros. Asimismo, en las sesiones, los vocales se presentaron esporádicamente y muchas veces atendieron otros asuntos. Incluso, recurrieron muchas veces a consultorías externas para deliberar los casos pendientes. En su proceder, tanto político como administrativo, fue extremadamente legalista.38,39

Con respecto a la CLA poblana, al parecer la relación fue cordial porque atendió los casos más o menos con frecuencia, pero al final no tanto, pues la incluyó públicamente, entre las comisiones que actuaban de forma «inmoral». El principal problema fue la relación del gobernador y la CLA con el delegado Pablo Solís, ya que los primeros acusaron al delegado de cometer «injurias» y atropellos hacia los elementos de la CLA. El delegado, por su parte, los acusó de forma pública por obstruir el reparto y el fraccionamiento de haciendas. Posiblemente, del informe del delegado, es que la CNA actuó para evitar la «depravación» en la comisión poblana. Y, en marzo de 1920 por informes oficiales y quejas de propietarios, la Secretaría de Fomento denunció en la procuraduría al presidente de la comisión por procedimientos «ilegales», y este, a su vez, acusó ante un juez por difamación al delegado. Sea cual fuere el resultado, indirectamente, la CNA reconoció su trabajo en un informe publicado el 27 de mayo de 1918, elaborado por el ingeniero Marroquín, jefe de la Dirección Auxiliar de la CNA y con base en informes de sus delgados, decía que estaban 477 casos remitidos –dotaciones y restituciones– y, de 15 Estados demandantes, Puebla apareció con 55 casos, solo por detrás de Veracruz con 75 y México con 104. A mediados de 1919, en otro informe, decía que «hasta hoy» se fraccionaron 250 mil hectáreas, y que en Puebla, así como en otros Estados del centro, donde la densidad poblacional es mayor, el problema agrario «está casi resuelto» o «muy adelantado cuando menos». Así, apegados al legalismo –y con el encargado de presentar los proyectos poblanos definido, el ingeniero Bancalari–, las resoluciones de la CNA en los casos poblanos variaron: algunas veces aceptaron los dictámenes locales; en otras, los modificaron, principalmente, reduciendo el número de hectáreas. En otras ocasiones, para sus decisiones, consultaron al activo agrarista y delegado Solís para sus dictámenes; o, incluso, negaron tierras. Al final, la CNA dependiente del presidente Carranza, reconocido antiagrarista –y de actuar contradictorio en materia agraria–, y quien muchas veces intervino en sus decisiones, resolvió presidencialmente 16 expedientes en 1918 y 16 en 1919, en las regiones de Tepeaca, Huejotzingo, Chalchicomula, Tecamachalco, Cholula y Tehuacán; y en menor medida, en San Juan de los Llanos, Puebla y Tecali.40,41

Al final, y en la parte más importante parte del proceso, la entrega de tierras no dio los resultados esperados. En dos años y a pesar de la propaganda por las entregas de tierra, asistencia de autoridades importantes –gobernador, diputados y vocales de la CLA–, comilonas y festividades, solo se entregaron cinco ejidos en 1918 y ocho en 1919, principalmente, en comunidades de los municipios de Tepeaca, Coronango, Tecali, El Verde, Nopalucan, Tehuitzingo, Huejotzingo, Atenco, San José Chiapa, El Seco y Tlachichuca.42 43

Para finalizar este apartado, en su conjunto, diversos actores y colectividades limitaron el actuar de los agentes del Estado encargados del reparto agrario, al reducir su efectividad. Por ejemplo, el diseño institucional del reparto fue sumamente legalista y centralizado, y con el tiempo, demasiado reglamentado. En otras palabras, dicho andamiaje, solo favoreció en su proceso a quienes supieran leer y escribir, a los conocedores de las leyes, a los funcionarios y a los burócratas y no, a los más interesados: los pueblos.44

En Puebla, además, el proceso de entrega de tierras varió, oscilando entre un año a cinco. También, esta estructura fue porosa y fácil de intervenir o influenciar por intereses creados. Asimismo, la simplificación que públicamente hizo la CNA del problema agrario entre campesinos y propietarios dificultó aún más el proceder debido, entre otras cosas, a la complejidad de realidades que se vivían diariamente en el campo poblano.

Por otra parte, los principales opositores al reparto fueron los afectados: los hacendados. Su comportamiento durante el periodo fue versátil porque actuaron a través de medios legales, de política informal, ilegales y violentos. Por ejemplo, a mitad de 1917 y ante el reparto, los propietarios se organizaron y formaron la Liga de Agricultores con la finalidad de asesorarse, contratar despachos de abogados y defender políticamente sus propiedades. En ese sentido, también practicaron la muy habitual después de 1918, vía del amparo, recurso legal que tramitaron ante los jueces federales, enemigos del gobernador, para retrasar las acciones bajo los argumentos de la no colindancia, la no necesidad de dotación y la alteración de padrones. Los juicios se hicieron en contra de los actos de ejecución contra todas las autoridades involucradas en el proceso tanto estatales como federales, pero también, ante el congreso local, pues dieron la condición de pueblo a varias colectividades para así tramitar sus tierras. Además, muchas veces optaron por la queja administrativa y judicial en contra de las dependencias de Gobierno. Otro medio fue el económico, ya que en varias ocasiones retrasaban la entrega de información para revaluar sus predios, la morosidad en pagos de predial o pagos completos del mismo para ejercer amparo por fraccionamiento y abandonar la categoría de gran propiedad. Así como el fraccionamiento de sus propiedades a terceros.

En el aspecto político, obtuvieron arreglos con líderes, pueblos, trabajadores de fincas, ingenieros y funcionarios para favorecer sus intereses con respecto al proceso de afectación. Intereses que se acompañaron de las cosechas, compras y ventas de productos. Además, cabildearon en las oficinas del gobernador, de la CNA, del secretario de fomento e incluso del presidente para contener la expropiación. De manera ilegal, usaron la violencia a través de trabajadores armados, guardias blancas, fuerzas regionales –creadas por el gobernador–, militares y miembros de pueblos, para amenazar y violentar a promotores del reparto e ingenieros agrónomos, y asesinar a vecinos de pueblos, a miembros de organizaciones sociales y representantes agrarios. Aunado a los propietarios, los militares jugaron un papel trascendental en la limitante del proceso, pues primero, estuvieron sus intereses económicos de por medio. Políticamente, generales, sargentos, cabos o soldadesca establecieron arreglos con hacendados, presidentes municipales, caciques y vecinos de pueblos para defender intereses y atacar de forma violenta a otros, sean también propietarios y pueblos. También, para sus propios fines, organizaron colectividades agrarias, promovieron el reparto, crearon bases políticas, administraron fincas, cobraron por protección y productos, y cometieron robos y asesinatos. Todo en una actitud compleja, pues, por ejemplo, un día robaban animales de un pueblo en campaña y al otro día en sus bases, repartían tierras. Por último, caciques y vecinos de las comunidades no se quedaron atrás. Como bases y representantes, se unieron a las tres organizaciones políticas creadas para promover el reparto agrario.

De manera legal, se ampararon en contra de las autoridades agrarias como el gobernador, la CLA, la CNA y el secretario de fomento, contra actos que consideraban atentatorios a sus intereses: dotaciones con pocas hectáreas, repartos ubicados en otro lugar, dotaciones planificadas en tierras de otros pueblos, por tener dictámenes negativos o por reducción en resoluciones presidenciales de posesiones provisionales. En algún caso, las armas tomaron para no permitir la ejecución de la dotación. Además, elevaron protestas administrativas y judiciales contra las autoridades e incluso llegaron en comitivas a reunirse con el gobernador y presidente de la república para buscar protección, dotación de tierras o condonación de impuestos. También, se arreglaron con militares –ya mencionados– para permitirles trabajar sus cosechas, pero además con administradores de fincas para la venta de productos. Asimismo, acuerdos con funcionarios e ingenieros para autorizar y realizar trámites, para acelerar el proceso o cuadrar expedientes y número de hectáreas. Ilegalmente, invadieron tierras, recogieron cosechas, robaron animales, obstruyeron conductos de agua, asesinaron propietarios y administradores y, en algunas ocasiones, llegaron a los balazos y golpes contra otros pueblos por los recursos naturales. La violencia que se ejerció por la continua guerra de guerrillas en zonas fuera de control estatal como en el occidente, oriente y sur por las fuerzas de Cirilo Arenas, los zapatistas, los exfederales con Higinio Aguilar, los felixistas y el bandolerismo.45 46

En resumen, entre 1918 y 1919 la aplicación del reparto agrario en campo poblano fue de contrastes, porque mientras localmente los trabajos aumentaron y luego disminuyeron, con diferencias sustanciales entre la dependencia ejecutiva y la CLA; en la instancia federal, fue un poco más equilibrado entre la CNA y el presidente, pues el despacho de expedientes estuvo en ascenso, quizás por la sucesión presidencial. No obstante, la burocracia, el aumento de la oposición política, la resistencia a la distribución de ejidos y la violencia en zonas rurales disminuyó su efectividad y socavó la legitimidad de la justicia agraria carrancista.

1920: a manera de conclusión

Como era protocolo del gobernador, a mediados de enero de 1920 inauguró el segundo periodo de sesiones del nuevo congreso local. Ahí, realizó su primer informe del año y el último de su mandato. De acuerdo con el corresponsal de El Demócrata, para «el Gobernador Cabrera» todos son culpables «del Desgobierno, menos él». En su nota, en dos horas de discurso, señaló que «largamente, culpó» a las fuerzas federales de todas las dificultades que se presentaron el año anterior. A los «jefes y oficiales» también, por prestar apoyo a sus enemigos políticos. Haciendo énfasis en el general Cesáreo Castro, «Y como si se tratara de culpar a todo el mundo de los defectos que había tenido el Gobierno», culpó al juez federal Bonilla, «que había concedido amparos, según el criterio del señor Gobernador, a todos los enemigos de su Gobierno».47

A mediados de abril, ante la rebelión sonorense de Agua Prieta, emergieron sublevaciones militares gonzalistas –Rafael Rojas– y obregonistas –José María Sánchez– en apoyo a los sonorenses. Levantamientos que se sumaron a las múltiples enemistades que tuvo el gobernador. Cada vez más autoritario, con poco apoyo político y aislado, a finales de ese mes, el doctor Cabrera se fue. Unos días más tarde aspiró a mantener su gobierno con algunos diputados y allegados en su natal Zacatlán para también intentar ayudar al presidente Carranza a llegar al puerto de Veracruz con el gobernador y su yerno, Cándido Aguilar. En ambos casos, fracasó. Cabrera intentó huir a Centroamérica, pero fue capturado y, silenciosamente, deportado.48 Tras de sí, en sus obligaciones con la reforma agraria poblana, el año de 1920 fue poco productivo: tres solicitudes iniciadas en marzo y a través de la CLA, otras tres dotaciones provisionales. En total, en su periodo de gobierno, que abarcó de agosto de 1917 a abril de 1920, ingresaron 86 solicitudes. Aprobadas y enviadas gracias a los trabajos de la CLA, 49 expedientes. De estos, entre la resolución de la CNA y la firma presidencial, solo seis casos de 50, los inició su gobierno.49 De las 15 dotaciones ejecutadas, ninguna la comenzó el gobernador Cabrera. Aproximadamente, entre 1917 y 1920, se aprobaron –entre Castro y Cabrera– 75 600 hectáreas, las cuales se enviaron al presidente. Carranza en su periodo presidencial decretó poco más de 36 400 hectáreas a Puebla de un total aproximado de 167 000, representando el 20,7 %. De la entrega definitiva de tierras, se estiman poco más de 10 000 hectáreas, representando un 27,4 % con respecto a la aprobación presidencial para Puebla, y casi 6 % de las hectáreas presidenciales totales.50

Cabrera no fue un agrarista radical pero tampoco un antiagrarista; no obstante, creía en el reparto de la tierra para beneficio campesino, crear la pequeña propiedad y fomentar el desarrollo agrícola. Los repartos debían ser controlados y medidos a través de la ley, y por las instituciones sin afectar la productividad. Al final, su gobierno tuvo escasa efectividad en la entrega de tierras y, aun así, algunas posesiones definitivas presentaron protestas y retrasos.

Si retomamos las líneas iniciales con respecto a los objetivos del reparto agrario, con la finalidad de alcanzar el bienestar campesino, aún falta mucha evidencia e investigación para demostrar, a largo plazo, los beneficios o no ante el complejo pasado rural poblano. Si se intentó establecer una base de apoyo popular entre los hombres y mujeres del campo, hasta donde se sabe, ningún grupo campesino en el Estado se levantó en armas para defender al gobierno cabrerista. Si se planteó pacificar el Estado por medio del reparto, no se logró porque la tierra o no se ratificó o no se repartió; aunado a otros factores locales. Además, si se buscó limitar el poder de militares y propietarios tampoco lo logró, pues muchos, ante el levantamiento sonorense, optaron por abandonar el Estado, por sublevarse o, simplemente, no actuar. Por último, si se propuso afianzar un poder carrancista, tampoco lo consiguió, ya que, a partir de 1920, comenzó una nueva etapa de inestabilidad política, conflictos, levantamientos armados, crisis económica, movilizaciones y violencia agraria.

Por otra parte, considerar el final y no el proceso, no sería justo ante los actores que movieron las estructuras estatales para el reparto agrario. A pesar de todas las adversidades y las diversas y complejas situaciones en el campo, la actividad de la CLA no amainó y se mostró más o menos regular en el desarrollo y armado de expedientes para su aprobación. A partir de 1920, la institución tomó cada vez mayor importancia y posición estratégica para el poder y control político estatal. Además, fue el eje para que en las décadas de 1920 y 1930, aumentara exponencialmente el número de solicitudes y casos resueltos. Asimismo, el nivel federal fue la instancia que menor impacto tuvo en el reparto agrario del periodo cabrerista. No obstante, sentó precedente para el actuar de los presidentes y para tener presente las oportunidades y dificultades que el reparto agrario implicó, sobre todo, en una época en que los procesos se hacían con la constitución en la mano y el arma en el cinto.

Fuentes

Periódicos

El Demócrata, 1915-1919.

El Excelsior, 1917-1920.

El Pueblo, 1915-1919.

El Universal, 1917-1920.

La Razón, 1917.

Periódico Oficial del Estado de Puebla, 1917-1920.

Archivos

Archivo General de la Nación-AGN.

Hemerotecas

Hemeroteca Juan N. Troncoso.

Hemeroteca Nacional Digital de México https://hndm.iib.unam.mx/index.php/es/

Bibliotecas

Biblioteca del Congreso del Estado de Puebla.

Biblioteca del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-BUAP, “Ernesto de la Torre Villar”.

Referencias

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1. 1 D. LaFrance, Francisco I. Madero y la revolución mexicana en Puebla (Puebla: Universidad Autónoma de Puebla, 1987), 104-108, 145 y 187.

2. 2 El corresponsal refirió: el general Francisco A. Gracia, “de los primeros revolucionarios” y “honorable anciano”, “no cuenta más que con el voto de los soldados que ha tenido bajo su mando”. El coronel Baraquiel Alatriste, “solo cuenta con el voto de sus empleados”. Lic. Rafael Cañete, “honorable anciano” y miembro “genuino del partido clerical”, su candidatura “siempre es considerada como un fracaso”. El coronel Porfirio del Castillo, “no cuenta con la voluntad de ningún ciudadano civil”. Ignacio Hermoso, “rico hacendado” que en tiempos cercanos “despojó de sus pequeñas propiedades a indefensos hombres, que ahora claman justicia”; y el general Lechuga, no puede decirse más “que está apoyado” por militares y que nada “vale su candidatura”. El Pueblo, 12 de junio de 1917.

3. 3 C. Gómez, «Acerca del restablecimiento del orden constitucional en Puebla, 1916-1917», en Espacios y perfiles, comp. C. Contreras (Puebla: Universidad Autónoma de Puebla; Consejo Mexicano de Ciencias Sociales; H. Ayuntamiento de Puebla, 1989), 299.

   David LaFrance, Revolution in Mexico´s heartland: politics, war and state building in Puebla, 1913-1920. (Wilmington: SR Books, 2003), 146.

   Alicia Tecuanhuey, Los conflictos electorales de la élite política en una época revolucionaria, Puebla, 1910-1917 (México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2001), 256.

4. 4 La Razón, 21 de septiembre de 1917.

5. 5 Desde el bloque renovador a finales de 1912, Luis Cabrera presentó su proyecto de ley para la reconstitución de los ejidos como una forma comunal de posesión de tierra para garantizar la subsistencia y complementariedad económica de los jornaleros mexicanos, y como medio para pacificar los levantamientos zapatistas del centro y sur del país (Cabrera, 1975, Vol. I, pp. 137-160). Más adelante, en la década de 1930 no cambió mucho su parecer, pero consideró el ejido como medio para el impulso de la pequeña propiedad.

6. 6 David LaFrance, Francisco I. Madero y la revolución mexicana en Puebla (Puebla: Universidad Autónoma de Puebla, 1987), 134.

7. 7 Manuel Fabila, Cinco siglos de legislación agraria, 1493-1940 (México: Talleres de Industria Gráfica, 1941), 273.

   David LaFrance, Revolution in Mexico´s heartland: politics, war and state building in Puebla, 1913-1920. (Wilmington: SR Books, 2003), 125-127.

   Hans Tobler, «Los campesinos y la formación del estado revolucionario, 1910-1940», en Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX, comp. F. Katz (México: Ediciones Era, 2004), 442.

8. 8 Los repartos militares eran aquellas tierras que de facto un líder militar de cualquier facción revolucionaria entregaba a los pueblos adherentes a su causa. Las posesiones provisionales fueron aquellas tierras o aguas que, bajo la ley del 6 de enero de 1915, los pueblos solicitaban (podían ser repartos militares o no) a los ejecutivos de los Estados o comandantes militares, y después de la formación de un expediente por parte de las instituciones locales agrarias, eran aceptados y entregados provisionalmente a los pueblos, hasta el establecimiento de las instancias federales para emitir un dictamen definitivo. Las posesiones provisionales fueron suprimidas por decreto el 19 de septiembre de 1916.

9. 9 Laura Aguirre, «Dinámica y regionalización de la Reforma Agraria en el Estado de Puebla, 1915-1940» (Tesis de licenciatura no publicada, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1990).

10. 10 La tesista Laura Aguirre elaboró su estudio cuantitativo de la reforma agraria en Puebla a través del “Catálogo de la Propiedad Ejidal y Comunal del Estado de Puebla”, realizado en 1982, modificado en 1984 y lo complementó con un estudio inédito y no publicado del Departamento de Actualización Cartográfico de Recursos para el Desarrollo de Puebla (ACREP) de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria. Tuvo acceso a la fuente porque realizó su servicio social ahí y obtuvo el permiso de anexar la estadística en su trabajo. Como el catálogo no tiene fecha, título, autor o paginación, cada que se haga referencia a la estadística se citará a la autora.

11. 11 Gustavo Hernández, Historia moderna de Puebla, 1917-1920. Gobierno del Doctor Alfonso Cabrera Lobato. (México: S. p. i., Volumen I, 1986), 147 y 277).

12. 12 El Pueblo, 20 de agosto de 1917. El Excelsior, 2 y 3 de marzo de 1918.

13. 13 El Pueblo, 27 de junio y 19 de noviembre de 1917.

14. 14 El Demócrata, 21 de abril de 1917.

15. 15 Periódico Oficial del Estado, 2 de octubre de 1917.

16. 16 Manuel Fabila, Cinco siglos de legislación agraria, 1493-1940 (México: Talleres de Industria Gráfica, 1941), 273-274. Artículo cuarto fracción II, artículo doceavo y séptimo, respectivamente.

17. 17 El Pueblo, 7 de junio de 1915.

18. 18 El Demócrata, 22 y 24 de diciembre de 1915; 16 y 28 de agosto, 11 de noviembre y 17 de diciembre de 1916. El Pueblo, 12 de diciembre de 1916.

19. 19 Informe rendido por el ciudadano gobernador interino general de división don Cesáreo Castro ante la Legislatura del Estado, 15 de mayo de 1917, f. 15-18.

20. 20 Aguirre Laura, «Dinámica y regionalización de la Reforma Agraria en el Estado de Puebla, 1915-1940».

    El Excelsior, 15, 16 y 21 de agosto; 29 de septiembre; 10, 15, 18, 30 y 31 de octubre; 6, 8, 13, 14, 15, 20 y 29 de noviembre; 5 y 6 de diciembre de 1917.

21. 21 Marte Gómez, Historia de la Comisión Nacional Agraria (México: Centro de Investigaciones Agrarias; Secretaría de Agricultura y Ganadería, 1975), 84; Manuel Fabila, Cinco siglos de legislación agraria, 1493-1940 (México: Talleres de Industria Gráfica, 1941), 272-274; Berta Ulloa, Historia de la Revolución mexicana 1914-1917: La Constitución de 1917 (México: Colegio de México, 1983), 358-359; José Manuel Velasco Toro, «De la Ley del 6 de enero de 1915 al Código Agrario de 1934» en La Ley del 6 de enero de 1915. Nueve estudios en el centenario de su promulgación, por O. Domínguez Pérez, L. García Ruíz, J. Velasco Toro (Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz, 2015), 22.

22. 22 Con el decreto del 19 de septiembre de 1916 que reformó los artículos séptimo, octavo y noveno de la Ley del 6 de enero, otorgó a la CNA y al presidente la facultad exclusiva de decretar y ordenar la ejecución (entrega) de tierras a los pueblos (Fabila, 1941, pp. 296-297). En lo referente a Puebla por parte de la CNA, sobre ingresos de expedientes, revisiones de casos, dictámenes, propuestas de decreto y remisión de decretos presidenciales a la CLA, puede consultarse El Excelsior, 1, 21 y 30 de agosto; 2 y 10 de octubre; 3 y 22 de noviembre; 3 de diciembre de 1917.

23. 23 Archivo General de la Nación/Comisión Nacional Agraria/Resoluciones Presidenciales (AGN/CNA/RP), Volumen 1. Periódico Oficial del Estado de Puebla, 7 de agosto de 1917.

24. 24 San Nicolás Zoyapetlayuca, Tepeaca, Pue., 27 de diciembre de 1917. AGN/CNA/RP, Vols. 2, f. 91-93.

25. 25 San Antonio Miahuacan, Coronango, Pue., 15 de noviembre de 1917. AGN/CNA/RP, Vols. 2, f. 45-47.

26. 26 Tlacotepec de José Manso, El Verde, Pue., 6 de diciembre de 1917. AGN/CNA/RP, Vols. 2, f. 69-70. Además, se dotó presidencialmente a los pueblos de San José Chiapa, San Lucas el Grande, San Juan Tetla y San Gregorio Astotoacan. AGN/CNA/RP, Vol. 2. Periódico Oficial del Estado de Puebla, 31 de agosto; 4 de septiembre; 4 y 18 de diciembre de 1917.

27. 27 Fabila, Cinco siglos de legislación…, 297.

28. 28 Aguirre, «Dinámica y regionalización de la Reforma Agraria en el Estado de Puebla, 1915-1940». El Excelsior, 15 de agosto de 1917.

29. 29 El Excelsior, 17 de enero de 1918.

30. 30 Gustavo Hernández, Historia moderna de Puebla, 1917-1920. Gobierno del Doctor Alfonso Cabrera Lobato. (México: S. p. i., Vol. I, 1986), 46.

    Informe rendido por el Gobernador del Estado al Congreso Local, 15 de enero de 1918, f. 17 y 19; 15 de julio de 1918, f. 23 y 24; 1 de enero de 1919, f. 52-55; 15 de enero de 1920, f. 44.

31. 31 Laura Aguirre, «Dinámica y regionalización de la Reforma Agraria en el Estado de Puebla, 1915-1940» (Tesis de licenciatura no publicada, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1990).

32. 32 Gustavo Hernández, Historia moderna de Puebla, 1917-1920. Gobierno del Doctor Alfonso Cabrera Lobato. (México: S. p. i., Vol. I, 1986), 187-215; David LaFrance, Revolution in Mexico´s heartland: politics, war and state building in Puebla, 1913-1920 (Wilmington: SR Books, 2003), 148-155, 160, 170-178 y 180-182.

33. 33 Laura Aguirre, «Dinámica y regionalización de la Reforma Agraria en el Estado de Puebla, 1915-1940» (Tesis de licenciatura no publicada, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1990); Gustavo Hernández, Historia moderna de Puebla, 1917-1920. Gobierno del Doctor Alfonso Cabrera Lobato (México: S. p. i., Vol. I, 1986), 137.

34. 34 El Pueblo, 9 de diciembre de 1918. El Excelsior, 3 de marzo de 1918. Periódico Oficial del Estado, 25 de noviembre de 1919.

35. 35 El Demócrata, 1 de enero; 4 y 21 de febrero; 6 y 16 de marzo de 1918. El Excelsior, 8 y 31 de enero; 1, 4, 8, 10, 16, 16, 20, 21, 23, 24, 26 y 27 de febrero; 2 ,7, 11, 14 y 15 de marzo de 1918.

36. 36 El Demócrata, 6 y 15 de julio; 23 y 31 de agosto; 15 de septiembre de 1919. El Excelsior, 29 de marzo; 16 de abril; 31 de mayo; 1 de agosto; 26 de septiembre de 1919.

37. 37 AGN/CNA/RP, Vols. 1-7. El Demócrata, 25 de junio y 31 de junio; 15 de septiembre de 1919. El Excelsior, 14 de marzo de 1918 y 29 de marzo de 1919.

38. 38 Luis Cabrera, Obras Completas (México: Ediciones Osais, Vol. I, 1975), 81-87.

39. 39 Aunque emitió aproximadamente 50 circulares, las que generaron mayor polémica fueron las que implicó obligatoriamente la conformidad de los pueblos al pago económico de sus dotaciones. A la pronta indemnización de hacendados afectados, su protección de cobros prediales indebidos y ser consultados y obtener su aprobación, en los procesos de dotación y fraccionamiento de propiedades. Prohibió a los Estados fraccionar los ejidos entregados y ante la “inmoralidad” de algunas CLA del país, realizó una “depuración” de elementos que elaboraban expedientes de manera ilegal. Por último, la solicitud a que la milicia forzara a acatar sus decisiones en las zonas rurales, pues los conflictos se suscitan cuando los pueblos provisionalmente “gozan de alguna posesión” y “como se les quitan por no tener derecho a ella, observan una actitud hostil”. El Demócrata, 16 de febrero y 18 de octubre de 1919. El Excelsior, 9 de octubre y 24 de noviembre de 1918; 16 de abril; 25 y 31 de mayo; 9 de junio; 9 de julio; 5 y 16 de agosto de 1919.

40. 40 Luis Cabrera, Obras..., 91, 132, 141 y 143.

41. 41 AGN/CNA/RP, Vols. 1-7. El Demócrata, 27 de mayo de 1918; 15 de marzo de 1920. El Excelsior, 1 de agosto de 1917, 20 de julio y 16 de agosto de 1919; 12 de marzo; 21 y 28 de abril de 1920. Periódico Oficial del Estado de Puebla, 1, 22 y 29 de enero; 5, 12, 19 y 26 de febrero; 12 y 26 de marzo; 2, 9, 16, 23 y 30 de abril; 7 de mayo; 25 de junio; 13, 20 y 27 de agosto; 3, 10 y 17 de septiembre; 26 de noviembre; 17 de diciembre de 1918. 28 de enero; 11 de marzo; 22 de julio; 12 de agosto; 2, 7, 14 y 31 de octubre; 4, 18 y 25 de noviembre; 16 y 30 de diciembre de 1919.

42. 42 Laura Aguirre, «Dinámica y regionalización de la Reforma Agraria en el Estado de Puebla, 1915-1940» (Tesis de licenciatura no publicada, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1990).

43. 43 El Excelsior, 24 de febrero; 2 y 3 de marzo de 1918.

44. 44 Walker Sarmiento, «La reforma agraria en el Estado de Puebla (1917-1922)» (Tesis de licenciatura no publicada, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1987), 43, 44.

45. 45 Gustavo Hernández, Historia moderna de Puebla, 1917-1920. Gobierno del Doctor Alfonso Cabrera Lobato. (México: S. p. i., Vol. I, 1986), 40-46; David LaFrance, Revolution in Mexico´s heartland: politics, war and state building in Puebla, 1913-1920 (Wilmington: SR Books, 2003), 175, 176 y 187-201; Walker Sarmiento, «La reforma agraria en el Estado de Puebla (1917-1922)» (Tesis de licenciatura no publicada, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1987), 35-42.

46. 46 El Demócrata, 26 de febrero; 6 y 15 de marzo; 12 de junio; 9 de agosto de 1918. 16 de febrero; 1 de mayo; 1, 20 y 24 de junio; 11 de agosto; 18 de octubre de 1919. El Excelsior, 6 de noviembre y 5 de diciembre de 1917. 8, 17 y 19 de enero; 10, 20, 25 de febrero; 11, 13, 17, 21 y 22 de marzo; 7, 12, 15, 18 y 23 de junio; 2 de julio; 5, 28, 30 de agosto; 4, 9 de octubre; 4 y 27 de noviembre; 12 y 13 de diciembre de 1918. 18 y 25 de enero; 5, 18 y 23 de febrero; 15 y 29 de marzo; 3 y 11 de abril; 2, 5, 10 de mayo; 26 de julio; 4, 10 y 16 de agosto; 4, 7, 26 de septiembre; 5, 18, 25 y 29 de octubre; 2, 11 y 23 de noviembre; 11 y 26 de diciembre de 1919. El Pueblo, 26 de junio; 9 de noviembre; 14 de diciembre de 1917. 9 de junio; 14 de julio; 15 de octubre de 1918. 25 y 26 de marzo. El Universal, 11 y 19 de mayo; 11 de julio de 1918; 15 de junio de 1919.

47. 47 El Demócrata, 18 de enero de 1920.

48. 48 David LaFrance, Revolution in Mexico’s heartland: politics, war and state building in Puebla, 1913-1920. (Wilmington: SR Books, 2003), 202-204.

49. 49 Un total de 57 decretos presidenciales de todo el periodo carrancista para Puebla.

50. 50 David LaFrance, Revolution in Mexico´s heartland: politics, war and state building in Puebla, 1913-1920. (Wilmington: SR Books, 2003), 177; Aguirre Laura, «Dinámica y regionalización de la Reforma Agraria en el Estado de Puebla, 1915-1940».

1. * Mexicano. Maestro en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Puebla, México. Maestro en Educación Básica por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Puebla, México. Docente en el Centro de Educación Básica para Adultos “José Vasconcelos”, Puebla, México. Estudiante de doctorado en Estudios Históricos por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Puebla, México.
   : lmmartinezmerino@hotmail.com : https://orcid.org/0009-0005-2195-8060