ISSN: 1405-0234 • e-ISSN: 2215-4078 Vol. 7(2), Julio – Diciembre, 2019 http://dx.doi.org/10.15359/rnh.7-2.5 Recibido: 2-11-2019 • Aprobado: 29-1-2020 • Publicado: 5-2-2020 [pp. 89-118] Relato de una experiencia: I Congreso Internacional “Cultura de Paz: por un diálogo entre personas privadas de libertad y el Sistema Penitenciario Costarricense”, 22 y 23 de junio del 2017 An Account of the Experience at the First International Congress “Culture of Peace: For a Dialogue Between Persons Deprived of Their Liberty and the Costa Rican Penal System,” June 22nd and 23rd, 2017 Olga Patricia Arce Cascante1 Roberto Rojas Benavides2 Universidad Nacional Costa Rica
Introducción Este artículo presenta los resultados de la experiencia construida a partir del I Congreso Internacional “Cultura de Paz: por un diálogo entre personas privadas de libertad y el Sistema Penitenciario Costarricense”, realizado el 22 y 23 de junio del 2017 en la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional. Fue coordinado por el Centro de Estudios Generales con base en los esfuerzos colectivos que venía desarrollando la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) sobre el fenómeno penitenciario en el país. Además, acorde con la consolidación de una serie de estrategias que se venían desarrollando en la UNA, en torno al fenómeno de la violencia, criminalidad y sistema parlamentario y conforme Declaratoria para el año 2017 hecha por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para las universidades públicas de Costa Rica, como el año para reflexionar y desarrollar acciones en torno a la vida, el diálogo y la paz los esfuerzos institucionales se orientaron a generar propuestas para abordar problemáticas sociales, por medio de la creación de espacios para el fomento de la convivencia pacífica y del desarrollo de acciones que incentivaran la búsqueda del bienestar social en todos los estratos que conforman la sociedad costarricense. La comisión organizadora del congreso estuvo conformada por académicos: Hellen Marenco Rojas, Juan Diego Gómez Navarro, Olga Patricia Arce Cascante, Roberto Rojas Benavides, María Cinecia Víquez Ramírez y Doriam Chavarría López. También integró esta comisión la entonces estudiante asistente, Jacqueline Bonilla Corrales. El congreso tuvo como fundamento teórico lo que el CEG ha denominado Nuevo Humanismo, que, como corriente ético-filosófica que cimienta el quehacer académico y práctico del Centro de Estudios Generales, rechaza toda forma de exclusión, segregación y desigualdad social legitimada y reproducida desde los agentes socializadores y traducidos desde la interacción en la cotidianidad en aras del desarrollo integral del ser humano y el entorno. De esta manera, el estudio y abordaje del fenómeno de la pobreza de los países latinoamericanos se consideró como un tema cardinal en la tarea de analizar las causas de la conducta delictiva, las características del proceso penitenciario y del imaginario construido en torno a las personas privadas de libertad. La estrategia y fundamentación teórica del proyecto tuvieron como antecedentes la experiencia que había generado el Centro de Estudios Generales en los proyectos académicos sobre cultura de paz, los cuales en su mayoría se implementaban en el Sistema Penitenciario Costarricense. Esta línea estratégica de trabajo y de estudio en el CEG surge a partir un curso diseñando para estudiantes de nuevo ingreso de la UNA, que se denomina Tópicos de una Cultura de paz, y a partir de la coordinación de este curso con la Sede Regional Chorotega y en conjunto con la Escuela de Administración y el Doctorado en Ciencias Sociales de la Escuela de Sociología. Así se puso en marcha el proyecto UNA Nueva Oportunidad: Procesos integrales para la reinserción social de la población privada de libertad en Costa Rica. Se logró un acercamiento a la experiencia de las personas privadas de libertad y se exploró un abanico de múltiples manifestaciones conductuales, socio-relacionales y afectivas generadas en el grupo participante orientadas a ser potencialidades y destrezas para la construcción de espacios de convivencia pacífica, de reflexión y aprendizaje, con base en el análisis del fenómeno penitenciario desde la vivencia de la reclusión en el Centro de Atención Institucional San Rafael. Los resultados de esta primera intervención demostraron que en el grupo humano conformado para el proyecto existe la tendencia hacia la autorrealización, la desmitificación de estereotipos socialmente sostenidos en torno a las personas privadas de libertad, la crítica constante al proceso penitenciario como un agente deshumanizante, el reconocimiento de la violencia como un mecanismo de sobrevivencia que se traduce en redes de apoyo que reproducen la opresión de grupos diferenciados y demás cuestiones que pasan de ser concebidas como hechos ineludibles a ser materia de problematización, es decir, que el espacio creado por las personas privadas de libertad para la relectura de la realidad penitenciaria deviene en la generación de insumos indispensables para la formulación de una cultura de paz. Posteriormente, en conjunto con la Sede Chorotega de la Universidad Nacional se formuló el Proyecto: Cultura de paz y expresiones artísticas con personas privadas de libertad en el Centro de Atención Institucional Calle Real en Liberia- y en el Centro Semi-Institucional de Nicoya, el cual ha sido coordinado por Hellen Marenco Rojas, el Juan Diego Gómez Navarro y la Doriam Chavarría López. Este proyecto busca brindar las oportunidades para la creación de espacios de problematización en torno al contexto en el que viven el proceso penitenciario las personas privadas de libertad de los cantones de Liberia y Nicoya. A partir de este proyecto se analizan los productos que se generan por medio del arte, como movilizador social para la convivencia pacífica. Precisamente en este mismo volumen de la revista se publica el artículo "Privados al descubierto", cuya autoría corresponde a los coordinadores del proyecto. Además, en la Revista Diálogos se publica el artículo "Cultura de paz y expresiones artísticas con personas privadas de libertad en el Centro de Atención Institucional Calle Real (Liberia) y en el Centro Semi-Institucional (Nicoya) (Chavarría, Gómez, Marenco y Vargas, 2019), donde se detallan los alcances del proyecto. Los aportes de este proyecto fueron sustanciales en la ejecución del congreso que se relata en el presente artículo. El Centro de Estudios Generales y el Ministerio de Justicia, en vista de los importantes resultados en las experiencias intervenidas mencionadas, acordaron llevar a cabo el I Congreso Internacional Cultura de Paz: Diálogo entre Privados de Libertad y el Sistema Penitenciario Costarricense. En la fundamentación de este congreso subyacen el análisis y las propuestas de abordaje de los elementos determinantes en la evolución de las condiciones institucionales para el proceso punitivo de las personas privadas de libertad: hacinamiento, malas condiciones de habitabilidad y problemas en la gestión de los procesos jurídicos que son temas urgentes de solución por ser factores que atentan directamente contra la posibilidad de un verdadero proceso de resocialización y empoderamiento de las personas que conforman el sistema penitenciario. La magnitud de las problemáticas emergentes del fenómeno delincuencial y penitenciario muestra las repercusiones de la exclusión social y la necesidad de continuar con el trabajo interinstitucional para la reformulación procesual de los contenidos y principios que fundamentan el quehacer del sistema penitenciario. La generación de insumos para propuestas que permitan mejorar las políticas públicas en torno a los procesos de resocialización de la persona condenada fue el fin de los esfuerzos académicos e institucionales de este congreso internacional. El paso inicial según la postura del Centro de Estudios Generales y en total identificación con el trabajo de transformación propuesto desde el Ministerio de Justicia y Paz ha sido lograr que la personas privadas de libertad pasen de ser consideradas portadoras de conducta delictiva a seres humanos con derechos y deberes, condicionado por las determinantes del contexto social. La pertinencia de realizar el I Congreso Internacional de Cultura de Paz: Diálogo entre personas privadas de libertad y el Sistema Penitenciario Costarricense, respondió a la necesidad de guiar el trabajo intelectual hacia posibles propuestas de solución a la problemática penitenciaria elaboradas con rigor académico, criticidad, ética y responsabilidad social. Se considera que el espacio horizontal generado inicia la construcción de conocimiento liberador, donde se vencieron estereotipos y se visibilizó a la población penal de Costa Rica como agentes de cambio y no como portadores pasivos del problema. De este modo, el Centro de Estudios Generales trascendió las formas tradicionales de abordar el fenómeno de la delincuencia, mediante la propiciación de un diálogo entre el sector académico y las personas privadas de libertad, un diálogo necesario para un acercamiento en la construcción de soluciones reales. Con este congreso, la academia fue responsable de garantizar que la producción de conocimiento estuviera al servicio de la sociedad para efectos de su liberación y reconocimiento de las personas privadas de libertad como expertas desde la vivencia del fenómeno penitenciario, quienes a partir de su cotidianidad pueden convertirse en agentes primordiales para el cambio de este fenómeno. Objetivo general del Congreso Propiciar espacios de diálogo, encuentro, discusión y reflexión entre las personas privadas de libertad y sus familias, personal administrativo de los centros adscritos al Sistema Penitenciario Costarricense y académicos de la Universidad Nacional sobre los retos que enfrenta este sistema, con el fin de facilitar insumos de propuestas para la política pública. Objetivos específicos a)Compartir experiencias con invitados e invitadas internacionales sobre la realidad de los sistemas penitenciarios en el ámbito internacional, identificando contextos históricos, políticos, socioculturales, laborales y económicos que han permitido transformar el entorno carcelario de estos países. b)Incentivar la discusión vivencial y académica en temas sobre la realidad nacional en las que participen personas privadas de libertad y personal del Ministerio de Justicia y Paz, por medio de diferentes mesas de trabajo en un ambiente de respeto, colaboración y cooperación entre las personas participantes. c)Diseñar un documento con los principales aportes de las mesas de trabajo y las mesas de reflexión en las que se evidencian las conclusiones y experiencias del Congreso, con el fin de elaborar propuestas beneficiosas para el Sistema Penitenciario Nacional en tanto propuestas para la generación de políticas públicas. A continuación se presentan los ejes que justificaron el diseño de este congreso, a saber: cultura de paz, retos del sistema penitenciario costarricense, condiciones sociales de exclusión, procesos post-penitenciarios y política pública. 1.Cultura de Paz Por medio de los resultados logrados en la experiencia del proyecto FIDA: UNA Nueva Oportunidad: Procesos integrales para la reinserción social de la población privada de libertad en el Centro de Atención Institucional San Rafael en Costa Rica (2015), se logra una crítica a las concepciones tradicionales sobre la paz que la reconocen como la ausencia de violencia, conflicto y de la confrontación, como si estos no fueran inherentes a la condición humana y, aún más importante, como si estos elementos no fueran base de la exclusión que se reproduce en la vida social en detrimento de grupos humanos postergados tradicionalmente en su pleno desarrollo. En este congreso internacional se hace un replanteamiento conceptual en el que se reconoce a la paz como el rechazo a toda forma de violencia, exclusión y marginación socialmente legitimada, así la definición de la cultura de paz se inclina hacia la resolución de los conflictos por medio de mecanismos alternos traducidos teórica y metodológicamente en cinco áreas: a)El reconocimiento de aspectos determinantes de la historia de vida de las personas involucradas en el fenómeno. b)Mecanismos de negociación como herramientas para el logro de consensos en situaciones problemáticas. c)El estudio de la comunicación humana para la comprensión del contenido real de los discursos, argumentos y mensajes que se gestan en la dinámica social. d)La resolución alternativa de conflictos como marco de acción que provee de herramientas para afrontar la confrontación y el conflicto, cuestiones inherentes a la condición humana, sin apelar a la violencia. e)Promoción de una cultura de paz como una construcción colectiva que permite la convivencia pacífica. Un conjunto de operaciones simbólicas como costumbres, tradiciones, tendencias y conductas orientadas a buscar el bienestar común, hacia el crecimiento individual como interdependiente e interdefinido por las condiciones del entorno social. Se plantean así los elementos necesarios para direccionar el quehacer académico, investigativo y de extensión hacia la construcción de una Cultura de Paz. 2.Retos del Sistema Penitenciario Costarricense Dentro del marco del Sistema Penitenciario Costarricense, se plantearon los siguientes retos que se pueden asumir para construir un modelo de mayor inclusión: •Reformular y reconceptualizar las nociones de readaptación, reinserción y libertad que rigen el quehacer del Ministerio de Justicia y Paz y, por ende, al Sistema Penitenciario Costarricense. •Incluir en el programas de atención a la persona privada de libertad en los centros penales, además de los componentes de formación académica y laboral, un apartado dedicado a fomentar el empoderamiento de las personas a partir del análisis de los condicionantes sociales que potencian la conducta delictiva, el reconocimiento de las fortalezas de la población penal para asumir un proceso de cambio colectivo y la organización de las personas para el progreso y desarrollo social. •Invertir esfuerzos y recursos para la generación de redes de apoyo institucionalizadas a lo externo del centro penal para la prevención de la conducta delictiva y para el seguimiento de las personas exprivadas de libertad en pro de reducir los índices de reincidencia en el delito. Estos retos fueron propuestos a partir del análisis del fenómeno desde la academia; sin embargo, es primario el criterio del mismo Ministerio de Justicia y Paz y representantes del Sistema Penitenciario para la elaboración de retos que solo se pueden plantear desde la experiencia. Este congreso fue también una invitación para el planteamiento de nuevos retos generados entre el quehacer universitario, el trabajo en las instituciones y la vivencia del fenómeno, lo cual permitirá guiar el proceso de cambio que se espera. 3.Condiciones sociales de exclusión Para identificar cuáles son las condiciones sociales que hacen posible la pobreza, la vulnerabilidad y la situación de riesgo, es necesario comprender qué es la exclusión social, según Gacitúa (2000): es el término que establece la diferencia conceptual entre “bajos ingresos monetarios” y “la situación de pobreza”. Se esclarece que la exclusión social es más que la escasez de dinero, supone el acceso limitado al capital humano (educación, trabajo, salud, participación social) y genera en las personas excluidas la construcción de mecanismos de sobrevivencia que violentan la ley, reproducen la violencia y producen un malestar generalizado en la sociedad. (Peñaranda, 2017, p. 13) Desde la perspectiva del Congreso, se entiende que la exclusión se da a partir de la falta de oportunidades, la inequidad y la desigualdad legitimada. Por tanto, las condiciones sociales son determinadas por el contexto social, económico y político. En Latinoamérica, las características socioeconómicas de la mayoría de personas que conforman la población privada de libertad evidencian que es gente que crece en comunidades tradicionalmente postergadas y marginadas. En este primer Congreso Internacional de Cultura de Paz, el tema de la pobreza fue un eje transversal necesario de contemplar para la coherencia de las propuestas con el reconocimiento de la dinámica social en el contexto nacional y latinoamericano. 4.Procesos post-penitenciarios Son los procesos que el Sistema Penitenciario debe asumir para el seguimiento de la persona privada de libertad que ha cumplido la pena y se enfrenta a las condiciones excluyentes del entorno social. Estos procesos deben propiciar la creación de redes de apoyo comunitarias e institucionales. En la formulación de este congreso, se abrió la discusión para determinar cuáles son las necesidades más urgentes de las personas al finalizar su proceso penitenciario y que dificultan su pleno desenvolvimiento al reintegrarse a la vida fuera del penal y en muchas ocasiones contribuyen a la reincidencia delincuencial. 5.Política pública Se entiende por política pública el mecanismo de acción gubernamental para dar acceso a servicios específicos, lo cual incentiva la visibilización de las problemáticas presentes en el Sistema Penitenciario, de manera que se presenten soluciones o bien recomendaciones sobre los retos que emergen del análisis. El Congreso Internacional Cultura de Paz: “Diálogo entre privados de libertad y el sistema penitenciario costarricense”, pretendió aportar consecuentemente a las estrategias nacionales, con el objetivo de validar una política cada vez más democratizada e inclusiva, sin perder de vista las condiciones reales, en este caso, de la población privada de libertad y del sistema penitenciario. El resultado de experiencias académicas, de investigación y extensión universitaria del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional de Costa Rica generó el conocimiento base para la organización de un congreso dedicado a reunir esfuerzos académicos para una propuesta que incida en política pública que acompañe el quehacer del Sistema Penitenciario Costarricense en aras de humanizar los procesos punitivos, invertir en prevención y formular medidas de acompañamiento. Fundamentación teórica para la elaboración del Congreso Se presenta a continuación un resumen de las consideraciones teóricas que analizó la comisión organizadora del Congreso. Se indica que los índices de criminalidad, sobrepoblación penitenciaria y reincidencia en Costa Rica son, además de indicadores para la medición del impacto la delincuencia, una prueba fehaciente de los bajos niveles de efectividad de los esfuerzos que realizan las entidades estatales para el abordaje de la problemática. Se analizaron conceptos que resultan obsoletos y que, desde los fundamentos del Nuevo Humanismo impulsado por el Centro de Estudios Generales, permiten llegar a una comprensión de la problemática en su magnitud y complejidad. Se analizaron los siguientes subtemas: De la readaptación al empoderamiento: el problema de la no definición y una propuesta para el cambio social Se consideró que el concepto de readaptación está permeado por distintas perspectivas oficiales y extraoficiales que se construyen a través de un análisis poco exhaustivo reproducido por los medios de difusión (medios comunicacionales masivos, discursos oficiales, entre otros) que reproducen sus preceptos en la cotidianidad de la vida social y en la cultura. Un antecedente significativo sobre la necesidad de un concepto oficial de Readaptación en el Sistema Penitenciario de Costa Rica proviene del pacto de San José realizado por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (1981), artículo 5, inciso 6, donde se resuelve que: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1981). Del mismo modo, la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz (2009), artículo 7, inciso ch) que una de las funciones del Ministerio es: “Desarrollar programas conducentes a perfeccionar los medios, procedimientos y técnicas que se emplean para tratar al delincuente, con el propósito de evitar la reincidencia y, en su caso, asegurar su readaptación social” (p.1). Se indica que a pesar de que la normativa y las extensiones institucionales tienen como base y finalidad el aseguramiento de la readaptación social como derecho fundamental de la persona privada de libertad, no existe registro de una conceptualización oficial del término readaptación. Se analizó el término readaptación y para ello se consideró lo que Vázquez (2014) indica: Contrario a la finalidad que se pretende del sistema de readaptación social, parece ser que el verdadero objetivo de castigar con una pena de cárcel al delincuente es el de simplemente apartarlo de nuestra vista, excluirlo de nuestro ambiente social con la idea de que al estar recluido dejará de ser dañino para nuestra persona y nuestros bienes. Sin embargo, aunque la función real de los sistemas de readaptación social es -como su nombre lo indica- lograr que el individuo sea readaptado a su vida en sociedad, esto parece ser un tanto irónico, ya que al analizar la situación al interior de tales centros penitenciarios sólo (sic) encontramos un entorno enfermo, viciado y corrupto. En la mayoría de esos sitios los internos se desenvuelven en un ambiente poco estimulante, con una falta de clasificación entre los mismos por los delitos cometidos, existiendo claras distinciones derivadas por la riqueza, posición política, económica y social de los internos, lo cual los lleva a ser abusados, explotados y sujetos de las peores vejaciones. (párr. 4) En este sentido, el concepto de readaptación legitima la posibilidad de depositar en la individualidad la culpa (que no es la del delito cometido) en razón de las causas del comportamiento delictivo, como si este fuera aislado de los efectos del contexto. La readaptación se convierte entonces en un conjunto de intervenciones que buscan la normalización, apaciguamiento y reacomodo de las personas a la dinámica social, en donde (según lo demuestran los datos revisados en la justificación) ocupaban un lugar definido por la vulnerabilidad, la exclusión y la pobreza. Vásquez (2014) más adelante añade: Este malestar que se vive dentro del sistema penitenciario podría llevarnos a suponer que el individuo, una vez pagada su pena, haría todo lo posible por comportarse adecuadamente; es decir, por temor a volver a un centro de readaptación, buscaría actuar lo más apegado a las normas sociales; sin embargo esa no es una realidad, pues en lugar de desalentar el futuro comportamiento anti-social, los centros penitenciarios fomentan la reincidencia delictiva. En la construcción de este marco teórico para el congreso, se coincidió que los conceptos de readaptación y de rehabilitación se utilizan indistintamente en estudios y formulaciones de planes, programas y proyectos. Se intuye sin mayor cuidado que nos encontramos frente a un proceso de patologización de la conducta delictiva. Así también, utilizar el concepto de readaptación permite evadir de manera categórica toda crítica a la dinámica social, pues encubre la responsabilidad del sistema en la génesis y desarrollo de la conducta delictiva presente en sectores poblacionales tradicionalmente postergados. Es decir, permite evadir un análisis más profundo del fenómeno, reducirlo y simplificarlo, explicarlo bajo linealidad causal y renunciar al abordaje de las causas estructurales. Se determinó, entonces, dar un giro que permitiera acceder a conceptos y nociones coherentes con la complejidad del fenómeno, que pueda ofrecer un abordaje consciente de su dimensión macro sistémica y que faculte a las personas inmersas para el reconocimiento de los factores que no son evidentes, pero que definen progresivamente su condición y lugar en la problemática. Por ello se acude al concepto de empoderamiento. Para Silva & Loreto (2004): Como orientación valórica, el empoderamiento implica un tipo de intervención comunitaria y de cambio social que se basa en las fortalezas, competencias y sistemas de apoyo social que promueven el cambio en las comunidades. Parte de su atractivo como concepto nace de su énfasis en los aspectos positivos del comportamiento humano, como son la identificación y fomento de las capacidades y la promoción del bienestar más que la curación de problemas o la identificación de factores de riesgo. Es un enfoque que analiza las influencias del contexto en vez de culpabilizar a las víctimas. (Zimmerman, 2000 en Silva y Loreto, 2004, p. 29) Este concepto se refiere a un fenómeno que se genera a partir de intervenciones a nivel colectivo y comunitario que repercute en la individualidad por medio del análisis del contexto, el reconocimiento de fortalezas, competencias y redes de apoyo. Para las autoras, el empoderamiento es un proceso cognitivo, afectivo y conductual, lo que que hace posibles nuevos discursos liberadores que pueden modificar el entorno social progresivamente y en distintos niveles. Reemplazar el concepto de readaptación por el de empoderamiento es reconocer la dimensión operacional de las definiciones y cómo pueden llegar a determinar el resultado de los procesos penitenciarios. Políticas públicas basadas en el empoderamiento de las personas que componen el sistema penitenciario (privadas de libertad, administrativas, oficiales, jueces, autoridades institucionales) posibilitan nuevas formas de organización basadas en la identificación como parte del fenómeno que les convoca en su forma de sistema. La constante valoración crítica de las condiciones históricas, políticas, económicas y culturales hace del empoderamiento un recurso esencial. Empoderarse no es usar el poder para ser contestatario de manera incipiente y alimentar de ese modo la actitud antisistémica, sino que es un proceso por el cual la persona se percibe como sujeto social, vulnerable ante el contexto, pero capaz de generar recursos colectivos para vencer la violencia social y no reproducirla por medio de la delincuencia. La persona empoderada analiza la opresión que se ejerce en ella y a su vez se ve en la necesidad de responsabilizarse por sus actos, pues tiene como actitud resultante la necesidad de generar redes de apoyo para propagar un discurso liberador frente a la violencia, es decir, crear organizaciones empoderadoras. Ser consciente del proceso de socialización que nos construye nos hace personas consecuentes, responsables, comprometidas y libres. Silva y Loreto (2004), citan a Mechanic (1991) cuando dice que “el empoderamiento es un proceso en el que los individuos aprenden a ver una mayor correspondencia entre sus metas, un sentido de cómo lograrlas y una relación entre sus esfuerzos y resultados de vida”. (p.30) Para los propósitos del congreso, a partir de los datos antes señalados, se construyó para los efectos la siguiente definición abierta de empoderamiento: Es al mismo tiempo un fenómeno, proceso y resultado de transformación cognitiva, afectiva y conductual de la persona, por medio de acciones generadas en comunidad, el reconocimiento de sus fortalezas, los factores de riesgo y un análisis constante de los procesos históricos, políticos y económicos del contexto. El empoderamiento se traduce en marco metodológico de acción participativa para la intervención de grupos humanos encaminados al cambio social y al desarrollo. De la reinserción a la generación de redes de apoyo para la vida post-penitenciaria Se analizó la noción tradicional de readaptación, que demuestra una forma sesgada de entender la problemática penitenciaria y el fenómeno de la delincuencia. Este concepto se ha utilizado en paralelo con la noción de reinserción social, el cual en un primer acercamiento supone la etapa final del proceso penitenciario, es decir, el final de la reclusión y el encierro para ejercer el derecho al libre tránsito. El Ministerio de Justicia y Paz en el 2015 construyó dos unidades productivas para potenciar las actividades educativas y de trabajo que actualmente ofrece el sistema penitenciario. Esto significa que la reinserción social comprende un conjunto de esfuerzos institucionales para facultar a las personas privadas de libertad para desarrollar recursos académicos y laborales para que al salir del encierro puedan desempeñarse en la vida social sin necesidad de recurrir a la violencia o actividades delictivas. La crítica que se propuso en este congreso se puede abordar desde dos líneas mutuamente definibles: una línea reflexiva sobre los significados explícitos y no evidentes que anuncia el término y otra línea dedicada a repensar la coherencia operacional de los esfuerzos para la reinserción social en el sistema penitenciario costarricense. Con respecto al ejercicio reflexivo, el término “reinserción social” supone que las personas privadas de su libertad al ser recluidas pierden toda participación, incidencia y repercusión en la dinámica social, puesto que se les piensa “no insertos”, no receptores de los efectos de los procesos socioculturales que se gestan en la cotidianidad y no influyentes en ella. Sin embargo, se discutió que la experiencia recogida en el trabajo con personas privadas de libertad en el proyecto UNA Nueva Oportunidad: Procesos integrales para la reinserción social de la población privada de libertad en el Centro de Atención Institucional San Rafael en Costa Rica (2015), evidencia que en los centros penales se reproducen los círculos de violencia con mayor intensidad, se generan transacciones ilegales de mercancía, se organizan actividades delictivas para su ejecución en la externalidad y, una vez cumplida la pena, las personas siguen expuestas a utilizar los mismos mecanismos delictivos para afrontar y desenvolverse en la vida social, lo que afecta directa e indirectamente al resto de la población que se convierte en víctimas de la criminalidad. Las personas privadas de libertad están en constante interacción social con el mundo civil no recluido, pues en torno a la población penal se construyen representaciones, estereotipos, percepciones prejuiciadas e imaginarios que afectan paradójicamente sus posibilidades de “reinserción”. Los medios de comunicación masiva propagan estas percepciones y se terminan por instalar en la cultura como acervo para entender el fenómeno desde la reducción y simplificación arbitraria de sus elementos. La cultura opera simbólicamente y es evidente que existe una determinada construcción simbólica en torno al fenómeno delincuencial que no ofrece oportunidades para el cambio, sino más bien legitima la exclusión y segregación social. Así pues, se critica la dimensión operacional del concepto de reinserción social, pues pretende reconocer los esfuerzos de las instituciones estatales para afrontar la problemática en una estructura socioeconómica que en vez de propiciar justicia social, la deteriora y, por ende, genera personas y colectivos caracterizados por su conducta antisistémica, delincuencial y criminal. La educación y el trabajo son derechos fundamentales inherentes al ser humano y son elementos esenciales del capital humano. En ese sentido, los programas y proyectos que ofrecen capacitación académica formal y para crear medios productivos son de gran importancia para el proceso de empoderamiento de las personas privadas de libertad. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes para detener el ciclo de la violencia. En relación con el concepto “readaptación”, se reconoce que las personas que desarrollan conducta delictiva poseen características socioeconómicas muy definidas y permeadas por la pobreza. En su proceso de adaptación, estas personas acuden a la violencia y al crimen como un mecanismo de sobrevivencia ante la hostilidad del entorno. La pregunta que surge a continuación no es sobre cuáles son las causas de la conducta delictiva y cómo combatirlas, sino más bien cuáles son los mecanismos que fueron esenciales para aquellas personas que, a pesar de desarrollarse en ambiente hostiles, en comunidades excluidas y en ambientes violentos, lograron mantenerse en procesos saludables, acceder al capital humano y elegir alternativas encaminadas a la autorrealización por vías de la paz social. Luego un análisis de la situación, la respuesta nos dirige a adoptar como factor esencial de prevención, intervención y seguimiento a las redes sociales de apoyo, que según Ávila (2009) se pueden definir como: Estructuras constituidas por individuos que interactúan a través de relaciones basadas en el intercambio emocional y material por medio del cual se ofrece apoyo social. La investigación sobre redes sociales apunta al análisis estructural y funcional en condiciones de adversidad o en grupos socialmente vulnerables identificando el impacto de las relaciones en la red sobre el bienestar, la participación y la integración social de los individuos. (p.1) En una dimensión operacional, las redes de apoyo suponen un conjunto de actores sociales que se identifican, vinculan y organizan orgánica e intencionalmente para contrarrestar en comunidad los riesgos y problemas de un entorno violento, que margina y excluye por medio del intercambio de apoyo. Según esta definición, las redes de apoyo en escenarios sociales como barrios, zonas rurales, fronteras geopolíticas, entre otros, pueden ser representadas por grupos culturales, organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos, centros, proyectos educativos y en primera instancia, la familia. Para este congreso, se considera indispensable la creación de redes sociales de apoyo institucionalizadas, provistas de recursos, integradas con base en valores que procuren la paz social, la lucha en contra de toda segregación, discriminación y exclusión. Se espera que cada vez más personas tengan opciones alternativas de fácil acceso al capital humano educacional, laboral y de participación social, y que dejen de ver la violencia y la delincuencia como opciones viables e innecesarias. Fuera y dentro de los centros penales, existen redes de apoyo espontáneas que se valen de recursos incompatibles con la conformación de una cultura de paz. Entonces es necesario aprovechar esta tendencia hacia la resiliencia para institucionalizarlas en los niveles preventivos, de intervención y de seguimiento post-penitenciario para una lucha más coherente, sostenida y efectiva en contra de la delincuencia como producto de la violencia social. De la libertad a la liberación: insumos para la construcción de una cultura de paz y convivencia pacífica Se optó por reconceptualizar elementos propuestos hacia la construcción de una cultura de paz, en donde primen los recursos de la negociación, la resolución alternativa de conflictos, procesos de formación de la capacidad resiliente, todo en vías de una convivencia pacífica dentro de una sociedad que requiere de profundas transformaciones estructurales. Para ello, se consideró necesario trascender las nociones tradicionales de libertad que se reducen para hacerlas operacionales y funcionales en el sistema estatal. La supresión de la libertad de tránsito y las limitaciones de algunos derechos civiles son cuestiones que sustentan el proceso de reclusión en el sistema penitenciario, pero la reformulación y análisis socio-histórico del concepto de libertad en toda su magna complejidad debe orientar a comprender que las personas en exclusión social requieren en principio de derechos fundamentales que les hagan verdaderamente libres, esto es el acceso al acerbo humano para el desarrollo integral (educación, trabajo, salud, recreación, participación social, cultura y expresión), derechos que en dinámicas excluyentes y segregativas son suprimidos a los grupos sociales más vulnerables de la sociedad. Las personas excluidas son privadas de esta libertad aún mucho antes de caer en el sistema penitenciario, incluso antes de cometer delitos. Metodología del congreso La metodología que se utilizó en el congreso fue participativa, impulsada por medio de espacios de diálogo y reflexión en las diferentes mesas de trabajo, donde se promovió la horizontalidad y las condiciones de igualdad entre las personas participantes, lo que permitió la aprehensión y expresión de conocimientos generados en estos espacios. Fue la primera experiencia de este tipo, que permitió converger en un ambiente de respeto y diálogo académico los actores mencionados, donde el papel de la universidad pública fue la de facilitadora y mediadora en esta dinámica. Los temas que se trabajaron durante el Congreso están sustentados en la reconceptualización teórica de elementos, que históricamente han formado parte del Sistema Penitenciario Nacional, y que deben ser sujetos de constante de revisión con el fin de generar espacios de rupturas y de transformación social. La integración de estos temas en la agenda nacional permitió no solo discutir y dialogar de manera académica, sino también que desde la vivencia de las personas privadas de libertad se genere conocimiento en la práctica. Por ello el Congreso presenta una oportunidad de debate académico y vivencial del personal del Ministerio de Justicia y Paz, de la Universidad Nacional, así como de personas privadas de libertad. Lo anterior permitió, además, generar espacios de diálogo y reflexión para obtener resultados concretos y tangibles que permitan presentar mejoras a la problemática de exclusión social que está íntimamente ligada a procesos de encarcelamiento de las personas. A continuación se presentan los cinco temas que se abordaron en las mesas de trabajo: a)Cultura de paz en los centros penales. b)Retos del Sistema Penitenciario Costarricense. c)Condiciones sociales de exclusión. d)Procesos post-penitenciarios (procesos más efectivos). e)Política pública: modelo penitenciario. Estos temas se abordaron desde cuatro subtemas en las mesas de discusión, según se detalla en la tabla 1. Tabla 1. Distribución de mesas de trabajo y equipos correspondientes.
Criterios para las mesas de trabajo La persona facilitadora fue la encargada de crear un espacio de confianza y respeto entre las personas participantes de la mesa a su cargo. Sus funciones fueron: a)Facilitar la discusión entre las personas participantes, más que la suya, a partir de preguntas generadoras que se le entregarán en una plantilla previamente. b)Verificar tiempos de uso de la palabras de cada persona, con el fin de generar diálogo. c)Velar por el respeto a las diferentes opiniones y contextos sociales del que se proviene. Descripción metodológica El congreso se desarrolló en cuatro grandes etapas de trabajo, que permitieron un abordaje más inclusivo de las personas participantes por medio de espacios de diálogo y encuentro de las vivencias de las diferentes realidades del Sistema Penitenciario Nacional. Esto permitió crear soluciones integrales para el abordaje de problemáticas de exclusión social que influyen en el accionar delictivo de las personas. I Etapa: Apertura al congreso Esta etapa correspondió al acto protocolario, en que se dio inicio al Congreso, seguido de una ponencia que pretende introducir el tema “Cultura de Paz” con personas expertas en el ámbito nacional e internacional. Este proceso fue coordinado por el equipo de gestión logística. Contamos con la participación de una pasante, la Dra. Anna-Emilia Hietanen, de Finlandia, la Ministra Cecilia Sánchez y el Viceministro Marco Feoli, estos últimos del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. II Etapa: Mesas de trabajo Posteriormente, se brindaron las instrucciones para la distribución de grandes mesas de trabajo, compuestas por 25 personas. Dicha distribución se realizó mediante técnicas ludo-pedagógicas lo que permitió la motivación de las personas participantes, con el fin de crear los equipos, que posteriormente desarrollaron el trabajo en las mesas temáticas. Este proceso fue organizado previamente, en espacios diseñados para la discusión, de manera que cada facilitador introdujo el tema correspondiente a los equipos que conforman su mesa de trabajo. Se dio para ello un espacio de 15 minutos. A partir del tema presentado, se planteaban puntos generadores para la discusión
Figura 1. Mesas de trabajo para el Congreso III. Equipos de trabajo Luego se distribuyeron los cuatro subtemas de cada mesa de trabajo, a los diferentes equipos, quienes se reunieron por 1:30 h para discutir sobre el tema asignado y atender las preguntas generadoras que se propusieron en las plantillas de trabajo. Para ello, se contó con una persona que sistematizará todos los aportes del equipo. Cada equipo estuvo conformado por cinco personas (privados de libertad, exprivados de libertad, funcionarios penitenciarios, personal de la Universidad Nacional). En este espacio se promovió el diálogo y el intercambio de experiencias entre las personas participantes. Al finalizar las discusiones en cada equipo, se obtuvieron cinco producciones, para obtener al final una sola producción por mesa. La persona encargada de la sistematización por equipo llevó la producción a su “Mesa de trabajo”, donde se dispuso a otra persona para que se encargara de recopilar todas las producciones de cada equipo. Luego se abrió un espacio para la discusión con todos los miembros de la mesa. Figura 2. Equipos por mesa de trabajo IV Etapa: Aportes de la mesa Cuando ya se lograron sistematizar las cuatro producciones, se llevaron los aportes a la mesa de trabajo con resultados preliminares de las temáticas analizadas. Aquí se generó una discusión para determinar si se incluían otros aspectos y así completar una sola producción por mesa de trabajo. Se eligieron a una o dos personas relatoras para que posteriormente expusieran las experiencias, percepciones y comentarios del trabajo de toda mesa.
Figura 3. Aporte de los equipos a la mesa V Etapa: Plenaria de reflexión final En esta última etapa, cada mesa expuso la producción generada a partir de los equipos de trabajo. Los relatores se colocaron en un panel donde expusieron los resultados de la dinámica de trabajo. Esto permitió conocer las diversas imágenes que visualizan las personas relatoras (privadas, exprivadas, académicas, entre otros). Mientras, la mesa “Gestión” sistematizó las producciones generadas por cada una de las mesas y los resultados se presentan en el último apartado denominado “Resultados del Congreso” de este documento. Figura 4. Mesa de reflexiones finales Programa de trabajo
Aspectos generales Fecha: •22 y 23 de junio del 2017. Lugar: •Sede Regional Chorotega Campus Liberia, Guanacaste, Universidad Nacional de Costa Rica. Responsable: •Centro de Estudios Generales. •Sede Regional Chorotega: Campus Liberia. •Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. Participantes: •42 personas privadas de libertad: tres participantes por cada uno de los 14 centros penales. •5 personas exprivadas de libertad, que se encuentren en los centros semi-institucionales. •36 funcionarios penitenciarios de las áreas técnicas de Orientación, Psicología, Trabajo Social, Dirección y Jefe de seguridad: 3 participantes por cada uno de los 12 centros penales. •29 participantes de la Universidad Nacional: entre estudiantes del proyecto Cultura de paz y expresiones artísticas con personas privadas de libertad en el Centro de Atención Institucional Calle Real en Liberia- y en el Centro Semi-Institucional de Nicoya y académicos y académicas del Centro de Estudios Generales y de la Sede Regional Chorotega: Campus Liberia. Beneficiarios: •Posicionamiento de la Universidad Nacional de Costa Rica en temas de relevancia nacional e internacional. •Revisión de la política penitenciaria nacional por medio de la participación activa del Ministerio de Justicia y Paz: Reconceptualización de la pena y las acciones socializadoras de la misma. •Incentivar la participación de sectores socialmente excluidos e invisibilizados por la sociedad costarricense. •Nuevas formas de reflexionar sobre los problemas y cómo resolverlos. •Nuevas destrezas y habilidades para el empoderamiento de los participantes. •Influencia en la percepción del imaginario social actual sobre la población privada de libertad. •Informar a la población costarricense acerca de la realidad vividas en los centros de atención, por medio de las campañas de divulgación propuestas. •Fortalecimiento de la participación estudiantil en congruencia a la formación de futuros profesionales en ámbitos relacionados con el Humanismo, como eje transversal de la formación Universitaria. •Generar insumos para incidir en temas de reinserción, socialización, cultura de paz, Sistema Penitenciario con el fin de influir en la transformación de la política pública nacional. Conclusiones: Resultados del I Congreso Internacional Cultura de Paz: por un diálogo entre personas privadas de libertad y el sistema penitenciario costarricense Se celebró el “I Congreso Internacional Cultura de Paz: por un diálogo entre personas privadas de libertad y el sistema penitenciario costarricense”, el 22 y 23 de junio del 2017, en la Sede Regional Chorotega, Campus Liberia, de la Universidad Nacional, con la participación de académicos y estudiantes de la UNA, Colegio Humanístico Costarricense y de la Universidad de Costa Rica, funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz y el Poder Judicial, personas privadas de libertad, personas exprivadas de libertad y algunos familiares de las personas privadas de libertad. Considerando 1.Que ha existido la necesidad de caracterizar el panorama en el que se desarrolla el fenómeno penitenciario en el país, entre el Ministerio de Justicia y Paz y el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional de Costa Rica acorde con la declaratoria de las universidades públicas para el 2017, en el que se celebra la vida, el diálogo y la paz. 2.Que el Nuevo Humanismo no se remite solo a las humanidades, sino que abarca el conjunto de los saberes y disciplinas del conocimiento humano, entre las cuales se incluye obviamente la ciencia, así como muchos saberes populares, de nuestros pueblos ancestrales, lo que incluye otras culturas más allá de la occidental. 3.Que el nuevo humanismo como corriente ético-filosófica rechaza toda forma de exclusión, segregación y desigualdad social legitimada y reproducida desde los agentes socializadores y traducidos desde la interacción en la cotidianidad en aras del desarrollo integral del ser humano y el entorno. 4.Que la cultura de paz rechaza toda forma de violencia, exclusión y marginación socialmente legitimada, donde se reconocen mecanismos de negociación como herramientas para el logro de consensos en situaciones problemáticas, el estudio de la comunicación humana para la comprensión del contenido real de los discursos, argumentos y mensajes que se gestan en la dinámica social, la resolución alternativa de conflictos, la construcción colectiva que permite la convivencia pacífica. 5.Que la exclusión se da a partir de la falta de oportunidades, la inequidad y la desigualdad legitimada. Por tanto, las condiciones sociales son determinadas por el contexto social, económico y político. 6.Que las condiciones sociales de exclusión favorecen la pobreza, la vulnerabilidad y la situación de riesgo. 7.Se esclarece que la exclusión social es más que la escasez de dinero, supone el acceso limitado al capital humano (educación, trabajo, salud, participación social) y genera en las personas excluidas la construcción de mecanismos de sobrevivencia que violentan la ley, reproducen la violencia y producen un malestar generalizado en la sociedad. 8.Que el Sistema Penitenciario es el que debe asumir una serie de aspectos para el seguimiento de la persona privada de libertad luego de haber cumplido la pena, en vista de que sabemos que lamentablemente esta se enfrenta a las condiciones excluyentes del entorno social. Estos procesos deben propiciar la creación de redes de apoyo comunitarias e institucionales. 9.Que las personas participantes de este congreso lograron expresar la realidad sobre las condiciones institucionales del proceso de ejecución penal: hacinamiento, malas condiciones de habitabilidad y problemas en la gestión de los procesos jurídicos que son temas urgentes de solución por ser factores que atentan directamente contra la posibilidad de un verdadero proceso de resocialización y empoderamiento de las personas que conforman el sistema penitenciario. A partir del diálogo entre todos los sectores participantes, con propuestas construidas desde su propia vivencia, se presentan las propuestas y recomendaciones generadas desde cada uno de los grandes temas desarrollados, con el objetivo de validar una política cada vez más democratizada e inclusiva, humanista, y realista, en este caso, de la población privada de libertad y del sistema penitenciario costarricense: Art. 1. Cultura de paz en los centros penales a)Sensibilizar a la población costarricense en el tema de cómo se percibe a la población penitenciaria y su inserción en la sociedad. b)Utilizar de diversas estrategias que permitan la creación de diversos talleres o programas a cargo de equipos interdisciplinarios que les brinden habilidades para la vida a la población privada de libertad, que les permitan insertarse de forma activa a la sociedad. c)Establecer como parte de la estrategia pedagógica la creación de cursos que fomenten el establecimiento de una cultura para la paz. d)Crear un vínculo consolidado entre el Ministerio de Justicia y paz y otras instituciones, para lograr perfeccionar los mecanismos de coordinación y trabajo conjunto en vías de definir una política pública que mejore las condiciones en el sistema penitenciario. e)Crear estudios comparativos con países que tengan bajo índice delictivo para desarrollar estrategias que promuevan la reducción de la tasa delictiva, según las necesidades de la población costarricense. Art. 2. Retos del sistema penitenciario costarricense a)Buscar enlaces y ayudas estratégicas con otras instituciones estatales, para la promoción de los trabajos que se hacen en los centros penales. b)Establecer convenios con la empresa privada para que los productos creados por las personas privadas de libertad también puedan ser exhibidos a los turistas, como en el aeropuerto, empresas, ferias, etc. c)Coordinar esfuerzos para desarrollar capacitaciones como charlas, talleres y relatos de privados de libertad, profesionales en orientación y psicología además de una adecuada educación ciudadana y familiar se podría concientizar a las futuras generaciones para que no lleguen a ser parte del sistema penitenciario. d)Coordinar la búsqueda y contratación de oportunidades de trabajo para que las personas privadas puedan insertarse adecuadamente al ámbito laboral. e)Es necesario capacitar a las personas privadas de libertad, brindarles estudio y mecanismos para mantener la mente ocupada. Dirigida a la Ministra de Justicia y paz de esa fecha. a)Considerar la posibilidad de descentralizar el proceso de valoración para que sea decisión exclusiva del Consejo Técnico quien decida el egreso y no el Instituto Nacional de Criminología. Art. 3. Condiciones sociales de exclusión Revisar la estrategia de implementación de la política educativa del sistema penal. a)Impulsar capacitación y formación “desde adentro” con el conocimiento de los propias personas privadas de libertad. b)Asegurar acompañamiento, recomendación para asegurar el acceso a trabajo. c)Proponer acuerdos interinstitucionales (público y privado) y para dar continuidad a la capacitación y acompañamiento. d)Hacer estudios de caso para re-valorar la posibilidad de recomendaciones y acceso a beneficios. e)Retomar la discusión sobre la hoja de delincuencia con el fin de eliminarla de cualquier tipo de delito una vez terminada la condena. f)Formular campaña de comunicación para debatir los estigmas en torno a la persona exprivada de libertad y sensibilizar a la población nacional. Art. 4. Procesos post-penitenciarios (procesos más efectivos) a)Formular proyectos que reduzcan la delincuencia desde los diferentes ministerios del Estado que velan por los derechos de las personas en la sociedad. b)Crear una política criminal, real e integral, que tome en cuenta todos los actores que deban involucrarse. c)Identificar y dar seguimiento a redes de apoyo que facilite la inserción social. d)Propiciar espacios de gestión acorde con la realidad social. e)Establecer alianzas estratégicas con las diferentes instituciones gubernamentales y organismos no gubernamentales (ONG). f)Facilitar herramientas que garanticen un seguimiento en la inserción social, en su nuevo entorno. g)Dotar de más recursos a los Centros Penales y Unidades que se han venido gestando (personal, económicos, etc.) para atender esta situación. h)Revisar la tipificación del delito. Art. 5. Política pública: modelo penitenciario (procesos más efectivos) a)Crear redes de apoyo para las personas privadas de libertad y sus familiares. b)Construir la Administración penitenciaria en institución de Interés público que resalte a la persona privada de libertad como sujeto de derechos. c)Construir procesos de sensibilización con la prisión para que jueces, fiscales, defensores, legisladores… también visiten la prisión y tengan algún contacto con los privados de libertad. d)Ampliar los tipos penales que pueden ser objeto de penas alternativas y ampliar el listado de medidas alternativas. e)Crear una nueva legislación que permita la implementación de nuevas medidas alternativas y no solo la prisión como última medida sancionatoria. f)Impulsar una política de Estado que complemente las medidas alternativas y apoye y respalde a la persona privado de libertad en todos sus ámbitos. g)Desarrollar programas preventivos a los niños y jóvenes sobre los problemas del uso de drogas y otros. h)Crear equipos interdisciplinarios que auxilien al juez a imponer una pena más justa mediante un diagnóstico integral de la persona imputada en un delito (mayor uso de la cesura). i)Convocar un Congreso Nacional para la definición de una Política Criminal, donde se particularice la política penitenciaria a partir de los derechos humanos y de la realidad de las personas privadas de libertad. j)Modificar la Ley de Dirección General de Adaptación Social. k)Crear la Ley de Ejecución de las Penas. l)Crear una visión más humanista al referirse a las personas privadas de libertad sobre la realidad o vivencia en los centros penitenciarios. m)Desarrollar una estrategia para incidir en los medios de comunicación al referirse a temas relacionados con privados de libertad. n)Lograr mayor compromiso de parte de las instituciones involucradas con el sistema penitenciario. o)Fomentar un apoyo más efectivo hacia los familiares de las personas privadas de libertad que se ven afectados indirectamente. p)Abrir espacios para la resolución alternativa de conflictos. q)Crear proyectos de capacitación para las autoridades judiciales en función de sensibilizar sobre las situaciones vividas en los centros penales y así generar mayores espacios de discusión y diálogo para mejorar la calidad de vida. r)Elaboración un protocolo por seguir con los operadores judiciales que permitan conocer a la persona privada de libertad antes de dictar sentencia. Este documento producto del “I Congreso Internacional Cultura de Paz: por un diálogo entre personas privadas de libertad y el sistema penitenciario costarricense” fue elevado a las competencias correspondientes para un análisis de todas las propuestas generadas desde las experiencias compartidas en el evento. Este es un proceso inacabado que sigue contando con el apoyo de la universidad pública en Costa Rica, debido a la importancia de visibilizar a una población que ha perdido sus derechos más fundamentales, pero a la vez es un llamado de atención a la sociedad costarricense para que le dé importancia a estos temas, ya que una escalada en la violencia y la poca oportunidad verdadera de reinsertarse socialmente en última instancia va en detrimento de todos las personas e instituciones del país. Se espera redireccionar los aportes de las personas participantes en este congreso, para que sus objetivos puedan trascender a la búsqueda de cambios significativos y viables de la realidad penitenciaria costarricense. Referencias Ávila-Toscano, JH. (2009). Redes sociales, generación de apoyo social ante la pobreza y calidad de vida. Revista Iberoamericana de Psicología: Ciencia y Tecnología, 2 (2), 65-73. Recuperado de: https://www.academia.edu/1875584/Redes_sociales_generaci%C3%B3n_de_apoyo_social_ante_la_pobreza_y_calidad_de_vida Chavarría López, D., Gómez Navarro, J., Marenco Rojas, H., & Vargas Cárdenas, J. (2019). Cultura de paz y expresiones artísticas con personas privadas de libertad en el Centro de Atención Institucional Calle Real (Liberia) y en el Centro Semi-Institucional (Nicoya). Universidad En Diálogo: Revista De Extensión, 9(1), 95-109. https://doi.org/10.15359/udre.9-1.6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (1981). Convención Americana sobre Derechos Humanos. OEA. Recuperado de: https://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz (Costa Rica). (2009). Ley n.° 8771. Peñaranda, F. (2017). Espacios penitenciarios. Recuperado de: https://issuu.com/etnografo96/docs/revista_disen__o_pedeefe Silva, C. y Loreto, M. (2004). Empoderamiento: proceso, nivel y contexto. Psykhe, 13, (2). Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/967/96713203.pdf Vázquez Parra, JC. (2014). Las creencias como proceso de readaptación social. Una aproximación desde la racionalidad elsteriana. Nueva Antropología, 27 (80), 139-149. México. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/pdf/na/v27n80/v27n80a7.pdfhttp://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362014000100007 1 Filóloga Española y Máster en Lingüística por la Universidad de Costa Rica. Psicopedagoga por la Universidad Nacional de Costa Rica. Doctora en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica por la Universidad de La Salle. Correo electrónico: olga.arce.cascante@una.cr 2 Decano del Centro de Estudios Generales, Universidad Nacional. Doctor en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica. Posee una Licenciatura en Docencia, con especialidad en Relaciones Internacionales y un Bachillerato en Relaciones Internacionales. Correo electrónico: roberto.rojas.benavides@una.cr
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