Mag. Alberto Castillo Aroca

Instituto Tecnológico de Santo Domingo

https://ror.org/047st1n79

Santo Domingo, República Dominicana

alcastaro@olds2030.org

https://orcid.org/0000-0001-6585-8698

Mag. Lina María Rodríguez Jara

Universidad Externado de Colombia

https://ror.org/02xtwpk10

Distrito Capital, Colombia

lirojm@gmail.com

https://orcid.org/0009-0001-1505-0831

Mag. Yandra Lliranilza De la Cruz Morel

Instituto Tecnológico de Santo Domingo

https://ror.org/047st1n79

Santo Domingo, República Dominicana

yandra_delacruz@hotmail.com

https://orcid.org/0000-0001-5159-4943

Dra. María Elena Córdoba

Instituto Tecnológico de Santo Domingo

https://ror.org/047st1n79

Santo Domingo, República Dominicana

maria.cordoba@intec.edu.do

https://orcid.org/0000-0002-8827-457X

M. Sc. Ismael Corrales Camacho

Universidad Nacional, Costa Rica

https://ror.org/01t466c14

Heredia, Costa Rica

ismael.corrales.camacho@una.ac.cr

https://orcid.org/0000-0002-7122-0460

Mag. María Fernanda López Ramos

Universidad Nacional Autónoma de México

https://ror.org/01tmp8f25

Ciudad de México, México

fernanda12mari@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-0305-0479

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Resumen

Introducción. Este artículo ofrece una revisión de las leyes y de los programas de protección, dirigidos a las personas adultas mayores en siete países latinoamericanos y del Caribe (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México y República Dominicana); es decir, se identifican los aspectos que estas leyes y programas abordan en el contexto de cada uno de los países participantes, especialmente, en cuanto a derechos laborales, acceso a servicios de salud y de vivienda, pero, también se examinan los acuerdos internacionales en torno a esta población. Método. El análisis de la revisión documental tuvo un enfoque cualitativo, con el propósito de identificar áreas de mejora y posibles vacíos legales en la protección de los derechos de las personas adultas mayores, relacionadas con seguridad económica, atención médica, participación social, lucha contra el abuso y la discriminación, derechos laborales y el acceso a vivienda. Resultados. Los países participantes garantizan derechos fundamentales para las personas adultas mayores en las áreas de la salud, la seguridad social, la vivienda, la alimentación y la participación social y cultural. Sin embargo, se observan disparidades en las leyes y programas de protección en áreas específicas. Conclusiones. Si bien, los países estudiados son signatarios de las más importantes convenciones internacionales en materia de derechos de las personas adultas mayores, y han progresado en el desarrollo de leyes para su cumplimiento, ello no garantiza una implementación eficaz. Por consiguiente, se requieren más estudios que puedan adentrarse en este aspecto para identificar las posibles brechas y desafíos presentes.

Palabras clave: derechos, envejecimiento saludable, personas adultas mayores, políticas públicas.

Abstract

Introduction. This article provides a review of laws, regulations, and protection programs aimed at individuals over 60 years old in seven Latin American countries: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, and the Dominican Republic. Additionally, it examines the national and international regulations and agreements in which each of these countries participates. The main laws and protection programs for older adults in each mentioned country are highlighted, with a focus on the aspects they address, particularly in terms of labor rights, access to healthcare, and housing. Method. documentary review of current national and international laws and conventions was conducted in each participating country. This analysis was carried out with a qualitative approach, aiming to identify areas for improvement and potential legal gaps in the protection of the rights of older persons in these countries. Additionally, an examination was made on how these regulations address aspects related to economic security, healthcare, social participation, combating abuse and discrimination, labor rights, and access to housing. Results. The countries guarantee fundamental rights for older adults, including health, social security, housing, food, and social and cultural participation. However, disparities are observed in the presence of regulations and programs in specific areas. Conclusions. While the studied countries are signatories to the most important international conventions on the rights of older persons, and despite their progress in developing laws and regulations for their compliance, this does not guarantee effective implementation. Therefore, further studies are needed to delve into the implementation aspect to identify possible gaps and challenges.

Keywords: healthy aging, older adults, public policies, rights.

Resumo

Introdução. Este artigo oferece uma análise das leis e dos programas de proteção voltados para os idosos em sete países da América Latina e do Caribe (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, México e República Dominicana); em outras palavras, identifica os aspectos que essas leis e programas abordam no contexto de cada um dos países participantes, especialmente em termos de direitos trabalhistas, acesso a serviços de saúde e moradia, mas também examina os acordos internacionais relativos a essa população. Método. A análise da revisão documental teve uma abordagem qualitativa, com o objetivo de identificar áreas de melhoria e possíveis “lacunas” legais na proteção dos direitos dos idosos, relacionadas à segurança econômica, assistência médica, participação social, combate ao abuso e à discriminação, direitos trabalhistas e acesso à moradia. Resultados. Os países participantes garantem os direitos fundamentais dos idosos nas áreas de saúde, seguridade social, moradia, alimentação e participação social e cultural. Entretanto, são observadas disparidades nas leis e nos programas de proteção em áreas específicas. Conclusões. Embora os países estudados sejam signatários das mais importantes convenções internacionais sobre os direitos dos idosos e tenham progredido no desenvolvimento de leis para sua aplicação, isso não garante a implementação efetiva. Portanto, são necessários mais estudos para analisar esse aspecto a fim de identificar possíveis lacunas e desafios.

Palavras-chave: direitos, envelhecimento saudável, idosos, políticas públicas.

1. Introducción

Este trabajo tiene como propósito hacer una contribución al conocimiento y la comprensión de las leyes y programas de protección relacionados con las personas adultas mayores en América Latina y el Caribe. A través de este escrito, se presentan las diferentes leyes, programas de protección y promoción de los derechos de este grupo etario. A partir de esta información, se proporcionan recomendaciones para mejorar el marco legal en la región. Los países que conforman el estudio son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México y República Dominicana.

Se han identificado leyes y programas sociales existentes en cada país mencionado, para garantizar la protección y el bienestar de las personas adultas mayores. Incluyen programas de salud, vivienda, alimentación y cuidados, entre otros, así como las posibles limitaciones en su aplicación. En estos países latinoamericanos, diversas condiciones afectan el bienestar de la población objeto de estudio, por ejemplo, una limitación importante es la falta de recursos, debido a restricciones presupuestarias, común en muchos países en vía de desarrollo; esto puede impactar negativamente en áreas fundamentales como son la atención médica, la vivienda y los programas sociales. Otra restricción importante es el trabajo informal, ya que este puede contribuir a la falta de seguridad laboral y al acceso limitado a los beneficios básicos, afectando así, la calidad de vida de las personas adultas mayores. Asimismo, la discriminación por edad, presente en ámbitos como el empleo y los servicios de salud, contribuye a la exclusión y limita las oportunidades para este grupo demográfico.

Un papel importante para el bienestar de las personas adultas mayores está relacionado con las actividades de participación social. De allí, que sea necesario analizar los programas y proyectos públicos que fomenten la vida social y política, a través de actividades culturales, deportivas y recreativas. Precisamente, es esta participación la que incide en la promulgación y aprobación de leyes nacionales, en favor de la accesibilidad de instalaciones, la no discriminación por edad en eventos culturales y deportivos y la asignación de recursos para programas recreativos, dirigidos a este colectivo. De esta forma, el Estado tiene la facultad de crear un entorno legal que reconozca y valore la contribución continua que hace la persona adulta mayor y que garantice la igualdad de oportunidades en diversas actividades. La promulgación de leyes que respalden la creación de espacios accesibles, programas específicos y la eliminación de barreras discriminatorias puede contribuir, significativamente, al bienestar y la calidad de vida de la población adulta mayor.

Es evidente que la promulgación de estas leyes debe ir acompañada de la posibilidad real de ejecución, mediante reglamentos claros y recursos adecuados, así como de una comunicación y educación efectivas sobre las leyes en proceso de implementación. Dentro de los desafíos y oportunidades, se entiende que, América Latina y el Caribe enfrentan varios retos relacionados con la protección y atención a las personas adultas mayores. Entre los factores que podrían entorpecer el desarrollo de las actividades de participación social, se podrían considerar, como se ha mencionado anteriormente, la falta de recursos económicos, el difícil acceso a los servicios básicos y la discriminación, por lo que, dentro de las oportunidades para mejorar su situación, se pueden analizar, el desarrollo de políticas públicas más efectivas, la colaboración de organizaciones internacionales y el aprovechamiento de la experiencia de otros países. Es importante destacar que estos son solo algunos factores identificados como posibles barreras, sin embargo, se reconoce que la participación social abarca una serie de aspectos muy complejos. Aunque es cierto que cada persona tiene una responsabilidad consigo misma y su bienestar, el Estado también tiene la obligación de establecer un entorno social y económico que fomente la igualdad, la justicia y el bienestar para todas las personas, incluyendo a las personas adultas mayores. Así, la intervención del Estado es vital en el momento de enfrentar desafíos sistémicos y estructurales que pueden afectar a esta población.

Comúnmente, en el proceso de definir las políticas públicas, se busca la participación de organizaciones reconocidas en el ámbito del bienestar social. Estas políticas, emanadas del Estado, son un reflejo de su compromiso con la creación de una sociedad inclusiva, justa y equitativa, donde se garantizan los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, a medida que avanzan en edad.

El principal objetivo de esta investigación fue analizar el marco legal y los programas de protección existentes en siete países de América Latina y el Caribe respecto a los derechos y la protección de las personas adultas mayores, con el fin de identificar las áreas de mejora y los posibles “vacíos” legales en la protección de estos derechos, inherentes a la seguridad económica, la atención médica, la participación social, la lucha contra el abuso y la discriminación, los derechos laborales y el acceso a la vivienda. Específicamente, se propone 1) indagar en las leyes y programas de protección, identificados en cada país objeto de estudio, los aspectos supra citados, con el fin de comprender, en detalle, cómo se abordan estas áreas en cada contexto y 2) contrastar los aspectos abordados por las leyes y programas de protección en vigor, en los diversos países analizados, con el propósito de identificar posibles áreas carentes de regulaciones para proteger los derechos de las personas adultas mayores.

Presentar estos datos ofrece una visión general de los aspectos, que podrían requerir mayor atención en los ámbitos considerados, lo cual tal vez impulsaría un llamado para desarrollar estrategias que mejoren la calidad de vida de las personas adultas mayores. Estas medidas podrían contribuir a garantizar un envejecimiento saludable, lo cual no solo beneficiaría a esta población, sino a toda la sociedad. Una sociedad que no atiende adecuadamente a ninguno de sus grupos presenta fracturas en su “tejido” social, con repercusiones humanas.

La investigación de la temática que envuelve leyes y programas de protección para las personas adultas mayores en América Latina y el Caribe es de gran importancia para la praxis humanista en la sociedad contemporánea, ya que destaca la necesidad de reconocer y garantizar los derechos fundamentales de una población que, a menudo, se encuentra en situación de vulnerabilidad. Al profundizar en los marcos legales y programas de protección existentes, esta investigación no solo identifica áreas de mejora y posibles vacíos legales, sino que, también promueve una mayor conciencia sobre las condiciones de vida de las personas mayores y la importancia de políticas públicas inclusivas. En una sociedad que valora la dignidad y el bienestar de todos sus miembros, asegurar el bienestar de las personas adultas mayores no es solo un acto de justicia social, sino, una expresión de respeto por la experiencia y contribución continua de este grupo etario.

2. Metodología

La investigación realizada forma parte del proyecto de investigación Calidad de Vida en las Personas Mayores de Siete Naciones de Latinoamérica e Impacto de la COVID-19, perteneciente al grupo de investigación transdisciplinar de dichos países, adscrito al Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

El enfoque utilizado para conocer sobre las leyes de los siete países involucrados en el estudio es de carácter descriptivo, pues expone el marco legal y los programas de protección identificados que atienden los derechos laborales, el acceso a los servicios de salud y la vivienda de las personas adultas mayores en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México y República Dominicana. El enfoque fue cualitativo, debido a la naturaleza de los datos de las fuentes utilizadas, las cuales serán descritas a continuación.

Para el desarrollo del objetivo planteado, se realizó una revisión bibliográfica o documental de leyes y programas de protección que tienen como fin proteger, apoyar y atender a las personas adultas mayores, tanto en el nivel nacional como internacional (convenciones, conferencias y declaraciones), vigentes en los países participantes. Con el propósito de obtener información pertinente sobre el tema en cuestión, se llevó a cabo una exhaustiva búsqueda en línea de la documentación disponible. La veracidad de las fuentes se comprobó mediante el barrido legal existente en las páginas oficiales de las entidades y organismos públicos y, a través de conversaciones con profesionales de cada país experimentados en trabajar con la población objeto de estudio. Una vez obtenida la información, se construyó un cuadro de clasificación, como se muestra en el Anexo 1, en donde se desagrega según país, ley, entidades públicas y privadas, programas, proyectos y las temáticas que tratan.

Posterior a ello, se describieron tales categorías por nación, encontrando aspectos en común en cuanto a leyes internacionales y temáticas. También, diferencias respecto a su contenido e instituciones encargadas de ejecutar las acciones planteadas. En adición, se utilizó la metodología del derecho comparado, con el fin de profundizar en el análisis de las categorías de seguridad económica, salud y entorno. Esta metodología se volvió una herramienta valiosa para abordar la diversidad inherente a los sistemas jurídicos de cada país investigado. Al analizar las diferencias y similitudes en la presencia de legislaciones y prácticas relacionadas con la seguridad económica, salud y entorno, se logró comprender, de manera más completa y contextualizada, la situación de los derechos de las personas adultas mayores en cada país participante, por cuanto se identificaron las posibles carencias en materia de seguridad económica, atención médica, participación social, lucha contra el abuso y la discriminación, derechos laborales y el acceso a vivienda de las personas adultas mayores, para aportar “luz” a la necesidad de orientar esfuerzos en esas áreas ausentes.

3. Resultados

3.1 Revisión documental de leyes referentes a las personas adultas mayores en siete países de América Latina y el Caribe

La revisión documental realizada arrojó resultados en dos vías; en primer lugar, en cuanto a leyes internacionales a las cuales se suscriben los países y sobre las que se plantean algunas de las legislaciones nacionales como marco de referencia. En segundo lugar, lo referente a las leyes nacionales de las cuales surgen programas y proyectos ejecutados por entidades gubernamentales y privadas, que trabajan sobre la base de unas temáticas transversales acordes a la situación de la población.

Seguidamente, se comenta, en detalle, cada uno de los aspectos mencionados en la introducción y, cuando es pertinente, este comentario se complementa con la presentación de tablas que resumen la información o los datos más relevantes de un aspecto específico.

3.1.1. Normativas internacionales

En relación con las normativas internacionales, se revisó el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, celebrado del 26 de julio al 06 de agosto de 1982 en Viena, Austria. Se estipula que fue la primera asamblea mundial sobre el envejecimiento y su objetivo era funcionar como espacio para lanzar un programa de acción internacional, dirigido a asegurar la seguridad económica y social de las personas mayores, así como proporcionarles oportunidades para contribuir al desarrollo de sus países (ONU, 1982).

Según la Organización de las Naciones Unidas (1982):

Fue el primer instrumento internacional, que sentó las bases para la formulación de políticas y programas sobre el envejecimiento […] El objetivo del Plan de Acción era fortalecer la capacidad de los gobiernos y la sociedad civil para abordar eficazmente el envejecimiento de la población y abordar el potencial de desarrollo y las necesidades de dependencia de las personas de edad. Promovió la cooperación regional e internacional e incluyó 62 recomendaciones de acción que abordan la investigación. La recopilación y el análisis de datos, la capacitación y la educación, así como las siguientes áreas sectoriales: salud y nutrición; protección de las personas usuarias de edad avanzada; vivienda y medio ambiente; familia; bienestar social; seguridad de ingresos y empleo; educación. (párrs. 4-5)

El único país que está incluido en esta investigación, que no asistió a esta asamblea, fue Bolivia. Cabe señalar que, en ese momento, se encontraba bajo dictadura militar, la cual inició desde 1964 y finalizó un mes después de haberse celebrado tan importante reunión internacional.

El siguiente evento relacionado con normativas internacionales en beneficio de las personas adultas mayores fue el Plan de Acción Internacional de Madrid acerca del Envejecimiento (2002), celebrado del 8 al 12 de abril y, en esa importantísima reunión se hicieron presentes los siete países incluidos en esta investigación. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, tuvieron que pasar 20 años desde la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, para retomar el tema Envejecimiento poblacional y la importancia de la vejez en el globo. La Organización de las Naciones Unidas (2002), en su apartado Conferencias Envejecimiento, habla de los antecedentes de esta Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y en su subtítulo: Afrontando los desafíos del siglo XXI manifiesta que: “[…] se organizó para ayudar a los estados y a las sociedades a desarrollar políticas que garanticen que las personas adultas mayores puedan seguir haciendo una contribución sustancial a la sociedad lo mejor que puedan […]” (ONU, 2002, párr. 1).

Dice también que “tuvo en cuenta las realidades sociales, culturales, económicas y demográficas del nuevo siglo XXI” (ONU, 2002, párr. 1). Por otro lado, se señala que este plan de acción internacional:

contenía una Estrategia Internacional de Acción sobre el Envejecimiento que brindó asistencia práctica a los encargados de formular políticas para hacer frente a los cambios demográficos en sus sociedades. La Estrategia hizo hincapié en la necesidad de dar al envejecimiento un lugar en todos los programas de acción, nacionales e internacionales, así como en todos los documentos esenciales, relacionados con los derechos humanos y el desarrollo social y económico. (ONU, 2002, párr. 2)

La estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento fue promulgada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Chile en el año 2003. En el documento mencionado:

Se plantean metas, objetivos y recomendaciones para la acción en favor de las personas adultas mayores en cada una de las tres áreas prioritarias acordadas en Madrid. Representa un marco de referencia regional que los países deben adaptar a sus realidades nacionales, con el fin de responder eficazmente a las necesidades e intereses de las personas adultas mayores, propiciando la creación de condiciones que favorezcan un envejecimiento individual y colectivo con seguridad y dignidad. (CEPAL, 2004, párr. 1)

Se establecieron cuatro metas generales, las cuales son: 1) protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores y creación de las condiciones de seguridad económica; 2) participación social y de educación que promuevan la satisfacción de las necesidades básicas de las personas adultas mayores y su plena inclusión en la sociedad y el desarrollo; 3) derecho al acceso a servicios de salud integrales y adecuados a sus necesidades, que garanticen una mejor calidad de vida en la vejez y la preservación de su funcionalidad y autonomía; y 4) derecho al gozo en entornos físicos, sociales y culturales que potencien su bienestar y favorezcan el ejercicio de derechos y deberes (CEPAL, 2004). Por tanto: “Se alienta a cada país de la región a impulsar las acciones necesarias para lograr la plena ejecución de esta estrategia y establecer los mecanismos para su aplicación, seguimiento, evaluación y revisión, de acuerdo con sus propias realidades” (CEPAL, 2004, p. 26).

Un importante documento en la lista de normativas internacionales, común entre los países participantes en esta investigación, fue la Declaración de Brasilia, pactada en el año 2007, dentro del marco de la Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe: hacia una sociedad para todas las edades y de protección social basada en derechos. Fue promovida entre la CEPAL y el Gobierno de Brasil, donde se reconoció que el envejecimiento es uno de los mayores logros de la humanidad y, además, se estableció una serie de pautas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores:

•La promoción del diálogo y las alianzas estratégicas entre los gobiernos, Naciones Unidas, cooperación Sur-Sur, la sociedad civil, organizaciones que velan por los derechos de las personas adultas mayores y el sector privado.

•La importancia de examinar las migraciones en la dinámica del envejecimiento de las comunidades.

•Los efectos del VIH/SIDA en las personas de edad avanzada.

•Priorización del envejecimiento en las políticas públicas y programas; toma de decisiones en la elaboración de perfiles demográficos.

•Ampliación y mejoramiento de la cobertura de pensiones.

•Prácticas de humanización para comprender a las personas adultas mayores de forma integral; brindar cuidados paliativos a quienes padecen de enfermedades terminales.

•Mejoramiento de la accesibilidad a los espacios públicos y adaptación de hogares multigeneracionales o unipersonales.

•Creación de programas gerontológicos y servicios geriátricos en las universidades.

•Incorporación de las personas adultas mayores en la toma de decisiones y diseño de políticas públicas, entre otros. (CEPAL, 2007, pp. 7-10)

Unos años después en la Conferencia regional de 2012, en San José, Costa Rica, se firmó la Carta de San José sobre los derechos de las personas adultas mayores de América Latina y el Caribe. Este importante documento fue el resultado de la colaboración entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Gobierno costarricense y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Participaron 33 países de la región, incluyendo los siete países involucrados en esta investigación, en la cual se subraya la importancia de la cooperación regional en la defensa de los derechos de las personas adultas mayores.

Partiendo de lo expuesto, se retoma lo manifestado en este artículo, sobre el compromiso de proteger los derechos de las personas adultas mayores en el ámbito internacional, atendiendo a lo siguiente: 1) la adopción de medidas institucionales y ciudadanas, 2) la creación de una convención interamericana de los derechos de las personas adultas mayores y 3) el reconocimiento del acceso a la justicia, participación política, pública y social, que, a su vez, promueva la seguridad social, la salud, el rechazo al maltrato, entre otros (CEPAL, 2012).

En el ámbito de la normativa internacional, actualmente, la mayoría de las políticas públicas y programas en los países objeto de estudio se rigen por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas adultas mayores, la cual fue adoptada por los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante una Asamblea General. En dicha Asamblea, países de los que están siendo considerados en esta revisión, la firmaron en el acto (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Costa Rica). No obstante, se podrían generar distintas interpretaciones sobre las razones por las que algunos países no firmaron inmediatamente; las cuales podrían estar ligadas a desacuerdos con diversas disposiciones, aspectos culturales o religiosos, procesos políticos internos que interferían en ese momento, limitaciones en su capacidad de implementación o falta de consciencia y sentido de prioridad sobre el tema de las personas adultas mayores. En esta Convención se exige que la atención y las condiciones del trato a la población beneficiaria se centren, de manera óptima, en la persona y que, con ello, se llegue a incidir positiva e integralmente en su calidad de vida. Dentro de lo que contempla esta Convención se encuentra el derecho a la vida, la dignidad, la independencia, la autonomía, la participación comunitaria, la seguridad, el no ser sometido a tortura o tratos inhumanos, el brindar consentimiento en asuntos de su salud, los servicios de cuidado a largo plazo, la libertad personal, la libertad de opinión, la circulación, la intimidad, la seguridad social, el trabajo, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte, la propiedad, la vivienda, un medio ambiente sano, la justicia, entre otros (OEA, 2015).

3.1.2. Normativas nacionales

Respecto de las normativas nacionales, a través de la exploración de las distintas leyes y programas de protección, dirigidos a las personas adultas mayores en países de América Latina y el Caribe como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México y República Dominicana, se ha recopilado información relevante para comprender el panorama actual en cada uno de estos países y realizar una comparación de los descubrimientos obtenidos. Es de interés captar la atención de los organismos a cargo de garantizar la calidad de vida de las personas adultas mayores, para que estas leyes o programas sean perentorios en su ejecución.

Para el caso de Costa Rica, se identificó la ley N. º 7935 (1999), denominada Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, como una especie de “sombrilla” que abarca las distintas temáticas envueltas en los derechos de este grupo. Asimismo, se observan cinco programas gerontológicos universitarios estatales y una red de cuido nacional que brindan servicios a las personas adultas mayores:

•Programa Institucional para la persona Adulta y Adulta Mayor de la Universidad de Costa Rica;

•Programa Educativo para la Persona Adulta Mayor del Instituto Tecnológico de Costa Rica;

•Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor de la Universidad Nacional;

•Programa Persona Adulta Mayor de la Universidad Estatal a Distancia;

•Programa Ágape de la Universidad Técnica Nacional (Consejo Nacional de Rectores);

•Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 2010).

Uno de los lineamientos más notables, con los cuales cuenta Costa Rica, en materia gerontológica, es la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2023-2033 (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 2023), seguido del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, que no solo ha emitido esta Política, sino que ofrece la revista informativa Normativa en Beneficio de la Población Adulta Mayor sobre las distintas leyes y decretos ligados a esa población.

Tabla 1
Leyes o normativas presentes en Argentina

Ley/Normativa	Promulgación	Descripción temática
Leyes 415, 1290 y Decreto 865	1980	Reducción de impuesto inmobiliario a jubilados y pensionados
Decreto 1121	1981	Aprobación del Reglamento de asistencia a la ancianidad e invalidez
Ley 1.160	1982	Protección contra la violencia familiar
Ley 7.077	1984	Creación del Programa Permanente de Atención al Anciano
Ley 7006	1998	Creación del Consejo Provincial de los Mayores
Ley 5110	1999	Creación de la pensión para tercera edad
Ley 7051	2000	Creación del Programa Salud para la Tercera Edad
Ley 535	2001	Protección integral e integración de las personas de tercera edad
Ley 2553-B	2001	Promoción y protección integral de las personas adultas mayores
Ley 4964	2001	Promoción, ayuda y protección de las personas de la tercera edad
Ley 3920	2003	Regulación del funcionamiento de las entidades que prestan servicios de atención gerontológica
Decreto 2515	2003	Creación del Consejo Provincial de Adultos Mayores
Ley 1114	2003	Atención preferencial a mayores de 70 años y otras poblaciones en dependencias de atención al público
Ley 5396	2004	Creación del Régimen de asistencia para personas adultas mayores de 60 años
Ley I-0016	2004	Garantía de derechos para adultos mayores de 65 años
Ley I-0009	2004	Protección contra la violencia familiar
Ley I-0017	2004	Creación de hogares geriátricos
Ley 2669	2004	Promoción y protección integral de los adultos mayores
Ley 2351	2007	Prevención del abuso y maltrato hacia adultos mayores
Resolución 753/2007	2007	Creación del Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Salud para los Adultos Mayores
Ley 9823	2007	Regularización del sistema de prestaciones y servicios gerontológicos y geriátricos
Ley 8077	2007	Reducción de impuesto inmobiliario a jubilados y pensionados
Ley XVII n° 62	2008	Creación del Sistema Provincial de Información del Adulto Mayor
Ley IV 0871	2013	Creación del Sistema de Familia Solidaria
Ley 6243	2013	Promoción, preservación y protección de los derechos de los adultos mayores
Ley 5799	2013	Implementación del Programa de Prevención de la Discriminación, el Abuso y Maltrato hacia los Adultos Mayores
Ley 10166	2013	Atención del envejecimiento, la vejez y el desarrollo integral de adultos mayores
Ley 5829	2014	Institución del Día Provincial del Adulto Mayor
Ley 9623	2014	Protección integral de los derechos de los adultos mayores
Ley 7.149	2014	Creación de Establecimientos Residenciales para Adultos Mayores
Ley 2961	2015	Institución del Día Provincial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez
Ley 5420	2016	Prevención y Protección Integral contra Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores
Ley 1128	2016	Creación del régimen para el cuidado de adultos mayores y personas dependientes
Ley 27.360	2017	Ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
Ley 5257	2017	Ratificación de la Convención Interamericana sobre protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en la provincia
Ley 1687-S	2017	Protección social del adulto mayor víctima de maltrato y creación del Consejo Provincial para el Abordaje Preventivo del Maltrato al Adulto Mayor
Ley 5299	2018	Institución del Día de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez
Ley 5.568	2018	Regulación de la prevención y protección integral contra el abuso y maltrato de los adultos mayores
Ley 8221	2020	Protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores
Ley 5.646	2020	Creación de la Protección Integral de las Personas Adultas Mayores de la Provincia
Ley 10.344	2021	Garantía del goce y ejercicio pleno de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores con limitaciones o privaciones de sus capacidades funcionales
Ley 3349	2022	Promoción y defensa de los derechos humanos y libertades de la persona adulta mayor
Ley 9.519	2022	Reconocimiento, promoción, protección y garantía del pleno ejercicio y disfrute, efectivo y permanente, a la persona mayor

En Argentina, se han observado 43 leyes y cinco decretos concernientes a la persona adulta mayor. Además, se identificaron seis programas de atención, para este grupo demográfico:

•Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Salud para los Adultos Mayores, bajo la resolución número 753 (2007);

•Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios, bajo la ley nacional número 26.844 (2013);

•Bien Activos;

•La Experiencia Cuenta;

•Residencias de Adultos Mayores de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia;

•Programa Nacional de Promoción de la Autonomía Personal y Accesibilidad para Adultos Mayores (Portal oficial del Estado argentino, 2007).

Tabla 2
Leyes o normativas presentes en Bolivia

Ley/Normativa	Promulgación	Descripción temática
Ley 3323	2006	Creación del Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM)
Ley 3791	2007	Establecimiento de la Ley de la Renta Universal de Vejez
Ley 369	2013	Regulación de derechos, garantías y deberes de personas adultas mayores

En Bolivia se detectaron tres leyes de protección para la persona adulta mayor. Conjuntamente, cuentan con el programa de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores (1998) que abarca actividades culturales, artísticas, cuidado de salud, práctica de lectura, información acerca de los beneficios que ofrece el Estado y relaciones al interior de la familia.

Tabla 3
Leyes o normativas presentes en Chile

Ley/Normativa	Promulgación	Descripción temática
Ley 19828	2002	Creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)
Ley 20255	2008	Creación de pensiones de vejez e invalidez en personas adultas mayores (Programa Médico)
Ley 21168	2019	Atención preferencial en salud para personas adultas mayores o con discapacidad
Ley 21309	2021	Beneficios para enfermos terminales
Ley 21322	2021	Establecimiento del Sistema de Red Integral de Protección Social

En Chile se observó la vigencia de seis leyes de salud y una diversidad de programas y proyectos dirigidos, parcial o totalmente a la población de personas adultas mayores, que se enlistan a continuación:

•Turismo social;

•Proyectos autogestionados;

•Programa Vínculos para Adultos Mayores Solos;

•Participación y Formación de Dirigentes Mayores;

•Voluntariado País de Mayores: Asesores Senior (servicios que prestan adultos mayores a niños escolares);

•Viviendas tuteladas;

•Programa contra Maltrato y Abuso de Personas Adultas Mayores;

•Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM);

•Fondo Nacional del Adulto Mayor Ejecutores Intermedios;

•Centros diurnos nacionales;

•Programa Cuidados Domiciliarios;

•Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas (AUGE);

•Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM);

•Subsidio para construcción de viviendas para personas adultas mayores;

•Experiencia Mayor;

•Envejecimiento Activo;

•Voluntariado País para Mayores;

•Pensión Básica Solidaria de Vejez;

•Aporte Previsional Solidario de Vejez;

•Cursos gratuitos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) para mayores;

•Página para buscar trabajo para mayores;

•Bono Bodas de Oro (50 años de matrimonio);

•Bono de Invierno;

•Bono Rebaja de Contribuciones;

•Bono por Hijo;

•Bono Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2008, 2010, 2019, 2021)

Tabla 4
Leyes o normativas presentes en Colombia

Ley/Normativa	Promulgación	Descripción temática
Ley 1251	2008	Normas para la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores
Ley 1276	2009	Establecimiento de los Centros Vida para la Atención Integral de Adultos Mayores
Documento CONPES Social 156	2012	Diseño e implementación de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)
Decreto 1833	2016	Regulación del Sistema General de Pensiones
Ley 1850	2017	Establecimiento de medidas de protección al adulto mayor
Ley 2040	2020	Adopción de medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y otras disposiciones
Decreto 681	2022	Establecimiento de la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez (2022-2031)

Colombia dispone de cuatro leyes rectoras, dos decretos y el documento Consejo Nacional de Política Económica y Social 156 (2012). Además, cuenta con el Consejo Nacional del Adulto Mayor, que, junto con las leyes y decretos, tiene la finalidad de fomentar la participación, la construcción y ejecución de políticas públicas relacionadas con la vejez. En cuanto a programas se identificaron Centros de Protección Social y sus Modalidades (Centros Vida) y el Programa de Protección Social al Adulto Mayor (Gobierno de Colombia, s. f.).

Tabla 5
Leyes o normativas presentes en México

Ley/Normativa	Promulgación	Descripción temática
Ley de Asistencia Social	1943	Regulación de la asistencia social en el ámbito nacional, estableciendo programas y servicios sociales
Ley del Seguro Social	1943	Establecimiento del sistema de seguridad social en México, incluyendo pensiones, salud y riesgos laborales
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	1959	Regulación de los servicios de seguridad social para los trabajadores del Estado en México
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores	2002	Establecimiento de los derechos específicos de las personas adultas mayores

En México se cuenta con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (2002). Esta establece los derechos de las personas adultas mayores a la igualdad, no discriminación, dignidad, protección, atención integral, vivienda, alimentación, educación, cultura, deporte y recreación, entre otros. Además, se tiene la Ley de Pensiones Civiles del Estado (1973), la Ley del Seguro Social (1995) y la Ley de Asistencia Social (2004) que, también acogen al adulto mayor (Gobierno de México, 2023). Asimismo, cuentan con diversos programas que buscan proteger y promover los derechos de este grupo etario, entre ellos:

•Programa Pensión para Adultos Mayores;

•Programa de Atención a Personas Adultas Mayores en Situación de Vulnerabilidad;

•Programa Nacional de Desarrollo Humano Oportunidades;

•Programa de Descuentos del INAPAM;

•Programa de Capacitación y Empleo para Personas Adultas Mayores;

•Programa de Asistencia Social del IMSS (Gobierno de México, 2023).

Tabla 6
Leyes o normativas presentes en República Dominicana

Ley/Normativa	Promulgación	Descripción temática
Ley 352-98	1998	Protección de la persona envejeciente
Ley 87-01	2001	Creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social
Anteproyecto de Ley de reclamación de manutención para padres y madres	2017	Propuesta de ley para la reclamación de manutención para padres y madres

Por último, en República Dominicana, se observó la ley N. º 352-98 Sobre la Protección de la Persona Envejeciente (1998) y un anteproyecto presentado ante el senado dominicano en el 2017, que ha sido objeto de algunas observaciones; sin embargo, aún se encuentra en espera de aprobación. La institución Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (2023) es el organismo responsable de diseñar, ejecutar e implementar las políticas nacionales para las personas adultas mayores y tiene como misión garantizar sus derechos fundamentales. Además, se identificaron los siguientes programas:

•Seguro Nacional de Salud Cuida de Ti (SeNaSa Cuida de Ti);

•Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA);

•Transferencia Económica al Adulto Mayor (TE-AMA), (Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, 2023).

3.2. Derechos de las personas adultas mayores en América Latina y el Caribe: un análisis comparativo

El envejecimiento de la población es un fenómeno global que ha suscitado desafíos significativos en múltiples ámbitos, incluyendo, frecuentemente, aspectos relacionados con los derechos humanos y las políticas públicas. Como resultado de estos desafíos, se han observado esfuerzos, a lo largo del tiempo, para abordar las necesidades de este grupo etario. En América Latina y el Caribe se proyecta un rápido y significativo aumento de la población adulta mayor, tal como se muestra en la Figura 1, donde se observa cómo en las últimas décadas el incremento ha sido constante:

Figura 1
América Latina y el Caribe: evolución y proyección de la población por tres grandes grupos de edad, 1965-2060 (En porcentajes)

Nota: CEPAL (2022). América Latina y el Caribe: evolución y proyección de la población por tres grandes grupos de edad, 1965-2060 [Gráfico]. https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/tania_mora.pdf

La evaluación de los derechos de las personas adultas mayores, a través de una perspectiva de derecho comparado, es muy importante en países como los mencionados en esta investigación, considerando el estado actual y la evolución de este grupo demográfico, observable en la Figura 2. Esta perspectiva permite identificar patrones, divergencias y prácticas en la protección de los derechos humanos de la población adulta mayor. Mediante el análisis de las políticas y prácticas adoptadas por estos países, se identifican las áreas que han recibido más atención y, a su vez, se resaltan las que requieren un mayor esfuerzo y atención:

Figura 2
Evolución de la población mayor de 60 años. Valores en miles de personas

El derecho comparado es una disciplina jurídica que se centra en la comparación sistemática de las reglas, principios y prácticas legales de diferentes sistemas jurídicos nacionales e internacionales. Su objetivo principal es entender y analizar cómo funcionan estos sistemas legales, así como sus similitudes y diferencias, a través de la observación y el análisis de las leyes, jurisprudencia y prácticas legales de diversas jurisdicciones. Además de facilitar la comprensión de los marcos legales extranjeros, el derecho comparado también promueve el desarrollo y la aplicación del derecho internacional público, al verificar la relación entre los sujetos contrastados y buscar similitudes en condiciones diferentes, mientras otras condiciones se mantienen constantes (Mancera, 2008).

A través del derecho comparado se puede dilucidar un marco para contextualizar las políticas y legislaciones en relación con el envejecimiento de la población, facilitando la colaboración internacional y el intercambio de mejores prácticas. Este análisis comparativo contribuye a la identificación de vacíos en la protección de derechos, promoviendo la adopción de medidas más efectivas y específicas para abordar las necesidades de esta creciente población. En última instancia, la perspectiva del derecho comparado es esencial para promover un enfoque integral y equitativo en la garantía de los derechos humanos de las personas adultas mayores en la región de América Latina.

El respeto y la protección de los derechos de las personas adultas mayores son imperativos éticos y legales, que deben abordarse de manera adecuada en cada país. A pesar de las diferencias culturales y jurídicas que caracterizan a estas naciones de América Latina, todas comparten el compromiso de garantizar la dignidad y la calidad de vida de sus ciudadanos mayores.

En este apartado, se realizará el análisis comparativo de las normativas, legislaciones y programas de protección relacionados con las personas adultas mayores en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México y República Dominicana. Su propósito consiste en identificar las similitudes y diferencias en el marco legislativo de estos países, respecto a cuestiones críticas como la seguridad económica, la atención médica, la participación social, la lucha contra el abuso, la discriminación hacia las personas adultas mayores, los derechos laborales, el acceso a servicios de salud y la vivienda. Este análisis proporcionará una comprensión más profunda de cómo cada país aborda estos aspectos clave en la protección y promoción de los derechos de las personas adultas mayores, así como áreas donde puedan existir necesidades de mejora. Además, permitirá resaltar prácticas que podrían ser adoptadas por otros países para fortalecer su marco legal y los programas de protección en beneficio de esta población vulnerable.

3.2.1. Áreas para el desarrollo integral de las personas adultas mayores

La seguridad económica, la salud y el entorno en que se desenvuelven las personas adultas mayores son algunos de los aspectos que influyen en su calidad de vida; es decir, son cruciales para alcanzar el anhelado envejecimiento saludable.

La seguridad económica, en beneficio de las personas adultas mayores, se refiere a la capacidad de este grupo etario para mantener un nivel adecuado de bienestar financiero, de tal manera que puedan satisfacer sus necesidades básicas, a medida que envejecen. Este concepto implica que las personas adultas mayores deben contar con recursos económicos suficientes para cubrir gastos esenciales como vivienda, atención médica, alimentación, transporte y otras necesidades relacionadas con su calidad de vida.

La salud es un aspecto fundamental del bienestar de las personas adultas mayores. Evaluar la salud, en este contexto, implica considerar indicadores como la accesibilidad a los servicios de atención médica, la prevención de enfermedades, la calidad de la atención médica recibida y la capacidad funcional. Una buena salud es vital para que las personas adultas mayores puedan disfrutar de una vida activa y participativa en la sociedad. Analizar esta dimensión permite identificar áreas de mejora en la atención sanitaria y en la promoción de un envejecimiento saludable.

El entorno en el que viven las personas adultas mayores desempeña un papel significativo en su bienestar. Este aspecto se enfoca en evaluar la accesibilidad y adecuación de la vivienda, la seguridad en el entorno, el acceso a los servicios comunitarios, la disponibilidad de transporte y la calidad del entorno social. Un entorno favorable puede facilitar la participación en la sociedad, la interacción social y el envejecimiento compartido, en lugar del aislamiento. El análisis del entorno permite identificar áreas que requieren mejoras en la infraestructura y los servicios destinados a esta población, como se muestra en las Tablas 7, 8, 9 y 10:

Tabla 7
Áreas para el desarrollo integral de las personas adultas mayores

Tema	Criterio	Indicadores de cumplimiento
Seguridad económica	Capacidad de la población adulta mayor para satisfacer sus necesidades básicas y mantener un nivel de vida adecuado, sin estar expuestas a riesgos financieros significativos.	Pensiones Empleo digno Programas de apoyo económico a la persona adulta mayor Acceso a vivienda
Salud	El criterio general de salud para personas adultas mayores se refiere a un conjunto de directrices y estándares que se aplican para promover y mantener la salud integral y el bienestar de las personas en la etapa de la vejez, abordando sus necesidades y desafíos específicos.	Acceso equitativo a los servicios de salud Envejecimiento saludable Garantizar el derecho a la prestación de servicios y medicamentos Servicios de salud mental
Entorno	El entorno para personas adultas mayores se refiere al contexto físico, social y emocional en el que viven y se relacionan las personas en la vejez y cómo este puede afectar su calidad de vida y bienestar.	Entornos favorables para personas adultas mayores Entornos libres de maltrato Programas sociales y culturales Interacción familiar Apoyo social y comunitario

Tabla 8
Presencia de leyes de seguridad económica en los países estudiados

Países	Derecho a
	Seguridad social	Trabajo y retiros dignos	Propiedad y vivienda
Argentina	ü	ü
Bolivia	ü	ü
Chile	ü	ü	ü
Colombia	ü	ü	ü
Costa Rica	ü	ü	ü
México	ü	ü
República Dominicana	ü	ü

Tabla 9
Presencia de leyes de salud en los países estudiados

Países	Derecho a
	Atención médica	La vida y la dignidad en la vejez	Protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Argentina	ü	ü	ü
Bolivia	ü	ü	ü
Chile	ü	ü	ü
Colombia	ü	ü	ü
Costa Rica	ü	ü	ü
México	ü	ü	ü
República Dominicana	ü	ü	ü

Tabla 10
Presencia de leyes sobre el entorno en los países estudiados

Países	Derecho a
	Educación, cultura, recreación, esparcimiento y deporte	Medio ambiente sano, accesibilidad y movilidad personal	Participación social	Reconocimiento en igualdad de condiciones y acceso a la justicia
Argentina	ü	ü	ü	ü
Bolivia	ü	ü	ü	ü
Chile	ü	ü	ü	ü
Colombia	ü	ü	ü	ü
Costa Rica	ü	ü	ü	ü
México	ü	ü	ü	ü
República Dominicana	ü	ü	ü	ü

4. Conclusiones

Según la revisión documental realizada en este trabajo se evidencia que, en los últimos años, los países de América Latina han implementado leyes y programas para proteger y mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. Muchos de estos países han adoptado leyes que garantizan el acceso a los servicios de salud, vivienda adecuada, educación y otros derechos para este grupo etario.

Además, se han creado programas específicos para esta población, cuya finalidad consiste en brindar asistencia financiera, atención médica y otros servicios. Esos programas pueden incluir atención domiciliaria, programas de alimentación, actividades recreativas y culturales, así como otras iniciativas orientadas a mejorar su calidad de vida. La generación de leyes y programas pueden ayudar a fomentar una cultura de validación y apoyo a las personas adultas mayores en la sociedad, al establecer normas claras para el cuidado y el respeto. Tales medidas podrían incidir en un cambio cultural, necesario, para crear una sociedad más inclusiva y solidaria.

Por su parte, el análisis comparativo de derechos protegidos realizado en beneficio de las personas adultas mayores en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México y República Dominicana revela varias conclusiones interesantes para considerar en materia de seguridad económica, salud y entorno, que las presentamos a continuación:

•Seguridad económica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México y República Dominicana cuentan con leyes que garantizan aspectos de seguridad económica como el derecho a la seguridad social y al trabajo digno. Sin embargo, la mención específica del derecho a la propiedad y a la vivienda varía según el país, estado presente únicamente en Chile, Colombia y Costa Rica.

•Salud: Todos los países mencionados tienen leyes que garantizan el derecho a la atención médica, protegiendo así la salud de sus ciudadanos, así como la vida y la dignidad de las personas adultas mayores. Además, también proporcionan protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, demostrando un compromiso legal con el bienestar en diferentes contextos.

•Entorno y derechos: Todos los países abordados en la revisión bibliográfica tienen leyes que garantizan aspectos relacionados con el entorno y los derechos de las personas adultas mayores, incluyendo el derecho a la educación, la cultura, la recreación, el esparcimiento y el deporte, un entorno sano, accesibilidad y movilidad personal, participación social, reconocimiento en igualdad de condiciones y acceso a la justicia. Esto sugiere un compromiso generalizado con la protección y la promoción de diversos aspectos que influyen en la calidad de vida de las personas adultas mayores.

Cada país tiene leyes y normativas específicas que abordan los derechos de las personas adultas mayores. Sin embargo, es importante considerar que la existencia de estas no garantiza su efectividad respecto a su contenido y su aplicación. Por lo tanto, se hace necesario llevar a cabo un análisis exhaustivo, tanto cuantitativo como cualitativo en cada país, enfocado en examinar detalladamente cómo se aplican y operan los reglamentos de estas leyes, así como los diversos programas que se derivan de estas iniciativas legales.

La vejez representa una etapa de la vida marcada por una serie de cambios y desafíos diversos, haciendo imperativo el cumplimiento de las leyes promulgadas en distintos países para brindar apoyo y facilitar este momento de la vida. Si los Gobiernos y las instituciones privadas ven en cada envejeciente un ser humano vulnerable que tiene derechos y deberes, y que necesita protección, en sentido general, las normativas planteadas tendrán mayor cumplimiento. Es importante destacar que, dando fiel cumplimiento a las leyes y a los programas, tendremos como consecuencia una sociedad más feliz y complacida, porque el nivel de tranquilidad de los parientes aumentará al ver a sus adultos mayores bien tratados.

5. Referencias

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2021). Ley 21322. Establece el sistema red integral de protección social. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158583

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2004). Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Fondo de Población de las Naciones Unidas. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2786/S2004002_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2007). Declaración de Brasilia. Segunda conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe: hacia una sociedad para todas las edades y de protección social basada en derechos. Fondo de Población de las Naciones Unidas. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21505/S2007591_es.pdf?

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2012). Carta de San José sobre los derechos de las personas adultas mayores de América Latina y el Caribe. CEPAL.

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. (2010). Red de atención progresiva para el cuido integral de las personas adultas mayores en Costa Rica. https://repositorio.una.ac.cr/items/85164884-75af-494f-bf6e-07bccbee1e33

Consejo de la Persona Adulta Mayor. (2023). Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2023-2033. Consejo de la Persona Adulta Mayor. politica_nacional_envejecimiento_y_vejez_web_0.pdf (unfpa.org)

Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. (2023). Marco Legal. https://conape.gob.do/marco_legal.cfm

Defensoría del Pueblo. (1998). Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/derechos-de-las-personas-adultas-mayores-en-el-estado-plurinacional-cartilla.pdf

Gobierno de México. (2023). Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. https://www.gob.mx/inapam

Gobierno de Colombia. (s. f.). Función Pública: Gestor Normativo. https://www1.funcionpublica.gov.co/web/eva/gestor-normativo

Ley N.º 7935 de 1999. Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. 25 de octubre de 1999. Diario Oficial La Gaceta, n.º 221, del 15 de noviembre de 1999. https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=43655&nValor3=95259

Ley N.º 352-98 de 1998. Sobre la Protección de la Persona Envejeciente. 15 de agosto de 1998. G.O. 9996 Ley 352-98RDominicana.doc (conape.gob.do)

Mancera, A. (2008). Consideraciones durante el proceso comparativo. Boletín Mexicano De Derecho Comparado, 1(121), 213-243. https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3963

Organización de las Naciones Unidas. (1982). Antecedentes. Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. https://www.un.org/es/conferences/ageing/vienna1982

Organización de las Naciones Unidas. (2002). Antecedentes. Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. https://www.un.org/es/conferences/ageing/madrid2002

Organización de los Estados Americanos. (2015). Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas adultas mayores (A-70). https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp

Portal Oficial del Estado argentino (3 de julio de 2007). Ministerio de Justicia. https://www.argentina.gob.ar/normativa/buscar-boletin?jurisdiccion=nacional&buscar=2007-07-03&limit=50&offset=1

Anexos

Anexo 1.
Cuadro de Legislación referente a la persona adulta mayor según país

PAÍS	NORMATIVA NACIONAL	ENTIDADES PÚBLICAS/ PRIVADAS	PROGRAMAS Y PROYECTO	TEMÁTICAS
ARGENTINA	a. Ley 5420 (2016) Prevención y Protección Integral contra Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores (Ciudad de Buenos Aires). b. Ley 27.360 (2017) Ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. c. Resolución 753/2007 Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Salud para los Adultos Mayores. d. Código civil (2015) Régimen de visita a nietos, art.646. Según provincia: Buenos Aires Ley 5420 (2016) Prevención y Protección Integral contra Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores. Catamarca a. Ley 5.646 (2020) Protección Integral de las Personas Adultas Mayores de la Provincia. b. Ley 5.568 (2018) Regulación de la prevención y protección integral contra el abuso y maltrato de los adultos mayores.	a. Ministerio de Desarrollo Social. b. Ministerio de Salud. c. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). d. Ministerios y Secretarías por provincia.	a.Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Salud para los Adultos Mayores. b.Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios. c.Bien Activos. d.La Experiencia Cuenta. e.Residencias de Adultos Mayores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). f.Programa Nacional de Promoción de la Autonomía Personal y Accesibilidad para Adultos Mayores.	a. Clasificación tipos de maltrato. b. Protección de derechos. c. Salud: promoción y prevención. d. Capacitación a cuidadores. e. Régimen de visitas a nietos. f. Fracturar estereotipos relacionados con la vejez (viejismo). g. Pensiones y jubilación. h. Acceso a vivienda i. Protección contra el maltrato y violencia. j. Participación ciudadana.
	Córdoba Ley 7.077 (1984) Creación del Programa Permanente de Atención al Anciano y Decreto 866 (2018) Plan Córdoba Mayor. Corrientes Ley 6243 (2013) Promoción, Preservación y Protección de los Derechos de los Adultos Mayores. Chaco a. Ley 2553-B Promoción y Protección Integral de las Personas Adultas Mayores b. Ley 4964 (2001) Promoción, Ayuda y Protección de las Personas de la Tercera Edad. c. Ley 5396 (2004) Crea Régimen de Asistencia para personas mayores de 60 años. Chubut Ley I-N°193 (1990) Promoción y Protección Integral de la Tercera Edad. Entre Ríos a. Ley 9823 (2007) Regulariza el sistema de prestaciones y servicios gerontológicos y geriátricos. . Ley 10166 (2013) Atención del Envejecimiento, la Vejez y el Desarrollo Integral de Adultos Mayores.
	b. Ley 10166 (2013) Atención del Envejecimiento, la Vejez y el Desarrollo Integral de Adultos Mayores. c. Creación del Consejo Provincial de Adultos Mayores. d. Ley 9920 (2012) Atención Preferencial Mayores de 70 años y Otras Poblaciones, en dependencias de atención al público, en ámbitos público y privado. e. Ley 8077 Reducción de Impuesto Inmobiliario a Jubilados y Pensionados. Formosa a. Ley 1.160 sobre violencia familiar. b. Leyes 415, 1290 y Decreto 865 (1980) Reducción de Impuesto Inmobiliario a Jubilados y Pensionados. c. Ley 1114 Atención Preferencial Mayores de 70 años y Otras Poblaciones, en dependencias de atención al público, en ámbitos público y privado. bc. Creación del Consejo Provincial de Adultos Mayores. d. Ley 9920 (2012) Atención Preferencial Mayores de 70 años y Otras Poblaciones, en dependencias de atención al público, en ámbitos público y privado.
	e. Ley 8077 Reducción de Impuesto Inmobiliario a Jubilados y Pensionados. Formosa a. Ley 1.160 sobre violencia familiar. b. Leyes 415, 1290 y Decreto 865 (1980) Reducción de Impuesto Inmobiliario a Jubilados y Pensionados. c. Ley 1114 Atención Preferencial Mayores de 70 años y Otras Poblaciones, en dependencias de atención al público, en ámbitos público y privado. Jujuy a. Ley 5799 (2013) Implementar el Programa de Prevención de la Discriminación, el Abuso y Maltrato hacia los Adultos Mayores. b. Ley 5829 (2014) Día Provincial del Adulto Mayor. La Pampa a. Ley 2351 (2007) Prevención del Abuso y Maltrato hacia Adultos Mayores. b. Ley 3029 Ratifica la Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores en la provincia.
	La Rioja a. Ley 10.344 (2021) Tiene como objeto la atención integral de las personas mayores con limitaciones y dependencia para garantizar ejercicio y pleno goce de los derechos. b. Ley 9623 Protección Integral de los Derechos de los Adultos Mayores. Mendoza a. Ley 9.099, art. 125 Código Contravencional. b. Ley 9.120, art. 71 Código Procesal de Familia y Violencia Familiar sobre el maltrato. Misiones a. Ley XIX- n° 41 Derechos de las Personas Mayores. b. Ley XVII n° 62 Creación del Sistema Provincial de Información del Adulto Mayor. c. Ley 3920 (2009) Regula el funcionamiento de las entidades que prestan servicios de atención gerontológicos. Neuquén a. Ley 2743 (2010) Creación del Consejo Provincial de Adultos Mayores. b. Ley 2961 (2015) Instituir el Día Provincial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez . c. Ley 3349 (2022) Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
	Río Negro a. Ley 3937 Sistema integral de protección de la vejez. b. Ley 5257 (2017) Ratifica la Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores en la provincia. c. Ley 5299 Día de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez. Salta a. Ley 8221 (2020) Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. b. Ley 7006 (1998) Creación del Consejo Provincial de los Mayores. San Juan a. Ley 1687-S (2017) Protección Social del Adulto Mayor Víctima de Maltrato. b. Creación del Consejo Provincial para el Abordaje Preventivo del Maltrato al Adulto Mayor. Santa Fe a. Ley 5110 Pensión para Tercera Edad. Programas de alojamiento, asistencia alimentaria, buen trato a la persona mayor, recreación. San Luis a. Ley I-0016 (2004) para adultos mayores de 65 años garantía de derechos.
	b. Ley I-0009 sobre violencia familiar. c. Ley I-0017 sobre hogares geriátricos. d. Ley IV 0871 Creación del Sistema de Familia Solidaria. Santa Cruz Ley 2669 Promoción y Protección Integral de los Adultos Mayores. Santiago del Estero Ley 7.149 (2014) Establecimientos Residenciales para Adultos Mayores. Resolución 1996/2010 Consejo Provincial de Adultos Mayores de Santiago del Estero. Tucumán a. Ley 9.519 (2022) Protección Integral de los Derechos de las Personas Mayores. b. Ley 7051 (2000) Salud para la Tercera Edad. Tierra del Fuego a. Ley 535 (2001) Protección Integral e Integración de las Personas de Tercera Edad. b. Ley 1128 Régimen para el cuidado de adultos mayores y personas dependientes. c. Decreto 2515 (2003) Consejo Provincial de Adultos Mayores.
BOLIVIA	a. Ley 3323 (2006) Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM). b. Ley n.369. Ley General de las Personas Adultas Mayores. c. Ley n.3791 Ley de la Renta Universal de Vejez.	Ministerio de Salud y Deportes. Defensoría del Pueblo. Centro de Orientación Socio Legal (COSLAM). Sistema Educativo Plurinacional. Ministerio de Justicia.	Programa de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Actividades culturales, artísticas, cuidado de salud, práctica de lectura, Información acerca de los beneficios que ofrece el Estado, relaciones al interior de la familia.	Promoción, defensa, desarrollo de políticas públicas, normativa nacional de protección. Uso eficiente de los tiempos de atención, capacidad de respuesta institucional, atención personalizada y especializada.
CHILE	a. Ley 19828 Creación de SENAMA [Servicio Nacional del Adulto Mayor]). b. Ley 20255 Pensiones de vejez e invalidez en personas mayores. c. Ley 21168 Atención preferencial en salud para personas mayores. d. Ley 21309 Beneficios para enfermos terminales. e. Ley 21322 Sistema de Red Integral de Protección Social.	Ministerio Vivienda. Ministerio de Salud. Fondo Nacional de Salud. Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).	Turismo Social. Proyectos autogestionados. Programa Vínculos para adultos mayores solos. Escuela de Dirigentes y Consejeros Regionales Mayores. Asesores Senior servicios que prestan adultos mayores a niños y escolares. Viviendas tuteladas. Programa contra maltrato y abuso de personas mayores. Establecimientos de larga estadía (ELEAM). Fondo Nacional de Ejecutores Intermedios. Centros Diurnos a través del país. Programa cuidados domiciliarios. Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas (AUGE). Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM). Subsidio para construcción de viviendas para personas mayores. Experiencia Mayor. Envejecimiento Activo. Voluntariado país para Mayores. Pensión básica solidaria de Vejez. Aporte previsional solidario de Vejez. Cursos gratuitos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENSE) para Mayores. Página para buscar trabajo para Mayores. Bono Bodas de Oro (50 años de matrimonio). Bono de Invierno. Bono Rebaja de Contribuciones. Bono por Hijo. Bono Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal.	Educación, familia, beneficios de salud, capacitación, asistencia social, recreación, transporte, entre otros.
COLOMBIA	a. Ley 1251 (2008) Se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. b. Ley 1850 (2017) Se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia. c. Decreto 681 (2022) Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031. d. Decreto 1833 (2016) Sistema General de Pensiones. Documento Conpes Social 156: Diseño e implementación de los beneficios económicos periódicos (BEPS). e. Ley 2040 (2020) Se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones f. Ley 1276 (2009) Centros Vida	Ministerio de Salud y Protección Social. Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría (ACGG). Consejo Nacional del Adulto Mayor. Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Comisarías de Familia. Fondos de pensiones.	Centros de protección social y sus modalidades (Centros vida) Programa de protección Adulto mayor.	Protección a la salud y bienestar social, educación cultura y recreación, entorno físico y social favorable, productividad. Derecho a la alimentación, atención, en caso de violencia intrafamiliar (VIF), medida de protección y prevención por VIF.
COSTA RICA	Ley 7935 (1999) Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO). Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA). Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano (FECRUNAPA).	Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM) de la Universidad de Costa Rica. Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor (PAIPAM) de la Universidad Nacional. Proyecto Educativo para la Persona Adulta Mayor (PAM TEC) del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Programa Persona Adulta Mayor de la Universidad Nacional Estatal a Distancia. Programa Ágape de la Universidad Técnica Nacional. Red de Cuido a Personas Adultas Mayores.	Derechos humanos, salud, vivienda, alimentación, agua potable, educación, transporte, ocio/recreación, entre otros.
MÉXICO	a. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. b. Ley de Asistencia Social. c. Ley del Seguro Social. d. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Asociación Mexicana de Ayuda a las Personas de la Tercera Edad (AMAPTE).	Programa Pensión para Adultos Mayores Programa de Atención a Personas Adultas Mayores en Situación de Vulnerabilidad. Programa Nacional de Desarrollo Humano Oportunidades. Programa de Descuentos del INAPAM. Programa de Capacitación y Empleo para Personas Adultas Mayores. Programa de Asistencia Social del IMSS. Grupo Bimbo: Es una empresa privada que tiene un programa de atención a personas adultas mayores llamado “Nuestra Edad Dorada”. A través de este programa, la empresa ofrece capacitación y empleo a personas mayores de 60 años, así como actividades recreativas y sociales para promover su bienestar.	Salud, jubilación y vida activa, educación y aprendizaje, cultura y arte, tecnología.
REPÚBLICA DOMINICANA	a. Ley 352-98 (1998) Protección de la persona envejeciente. b. Ley 87-01 Políticas de Atención a las Personas Mayores en la República Dominicana. c. Anteproyecto de Ley de reclamación de manutención para padres y madres.	Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE). Fundación Manos Arrugadas (FUNDAMA). Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).	Seguro Nacional de Salud (SENASA Cuida de Ti). Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). https://conape.gob.do/programas_y_proyectos_v2.cfm	Atención integral, bienestar, y calidad de vida de la Persona Adulta Mayor. Capacitación, Intervención Lúdico-Cognitiva.

Nota: Las normativas internacionales, citadas a continuación, coinciden para todos los países estudiados: Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe, Declaración de Brasilia 2007, Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, II Conferencia Mundial sobre Persona Mayor (Madrid 2001), Conferencia Latinoamérica y el Caribe sobre Persona Mayor (2002).