M.Phil. Iván Patricio Ríos Sangucho

Investigador independiente

Unidad Educativa fiscal 24 de Mayo

Quito, Ecuador

ivan.rios@educacion.gob.ec

https://orcid.org/0000-0001-6953-1553

Resumen

Introducción. En la actualidad, los movimientos sociales son considerados actores primordiales en el desarrollo de la política en el nivel mundial. La aparición repentina, en este ámbito, evidencia la emergencia de nuevas formas alternativas y necesarias de organización social. Su intervención está marcada por un aura de cambios y restitución de derechos. En Latinoamérica, estos colectivos surgen del descontento popular y como contrapeso frente a los partidos políticos, lo que evidencia una brecha estructural en las denominadas democracias representativas. Objetivo. En este contexto, el estudio busca analizar la importancia de los movimientos sociales en la construcción de sistemas ético-políticos modernos. Metodología. La investigación tiene un enfoque cualitativo fundamentado en la revisión bibliográfica a partir de una base conceptual y categorial. Los conceptos abordados incluyen sistemas políticos, crisis de representación y pluralidad de identidades, mientras que las categorías abarcan la democratización del poder, la pérdida de legitimidad de las estructuras políticas tradicionales y el reconocimiento de la diversidad. Resultados. Los movimientos sociales han contribuido a reconfigurar las relaciones de poder, promoviendo una mayor inclusión, justicia y sostenibilidad democrática, esto, como consecuencia de una desconfianza en las instituciones y estructuras de gobierno. Conclusiones. Se concluye que los movimientos sociales son pieza clave en el desarrollo de las denominadas democracias modernas en Latinoamérica, ya que su participación genera espacios de representatividad y agenciamiento de los grupos social e históricamente excluidos en América Latina.

Palabras clave: ética, movimientos sociales, partidos políticos, sistema político.

Abstract

Introduction. Today, social movements are considered to be key actors in the development of politics worldwide. Their sudden appearance in this field is evidence of the emergence of new, alternative and necessary forms of social organization. Their intervention is marked by an aura of change and restitution of rights. In Latin America, these collectives arise from popular discontent and as a counterweight to political parties, evidencing a structural gap in the so-called representative democracies. Objective. In this context, the study seeks to analyze the importance of social movements in the construction of modern ethical-political systems. Methodology. The research has a qualitative approach based on a literature review from a conceptual and categorical basis. The concepts addressed include political systems, crisis of representation and plurality of identities, while the categories include democratization of power, loss of legitimacy of traditional political structures and recognition of diversity. Results. Social movements have contributed to reconfiguring power relations, promoting greater inclusion, justice and democratic sustainability, this as a consequence of a distrust in institutions and governance structures. Conclusions. It is concluded that social movements are a key element in the development of the so-called modern democracies in Latin America, since their participation generates spaces of representation and agency for socially and historically excluded groups in Latin America.

Keywords: ethics, political parties, political system, social movements.

Resumo

Introdução. Atualmente, os movimentos sociais são vistos como atores-chave no desenvolvimento da política global. Seu surgimento repentino nessa esfera é uma evidência do surgimento de formas novas, alternativas e necessárias de organização social. Sua intervenção é marcada por uma aura de mudança e restituição de direitos. Na América Latina, esses coletivos surgem do descontentamento popular e como um contrapeso aos partidos políticos, revelando uma lacuna estrutural nas chamadas democracias representativas. Objetivo. Nesse contexto, o estudo busca analisar a importância dos movimentos sociais na construção de sistemas ético-políticos modernos. Metodologia. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa baseada em uma revisão da literatura a partir de uma base conceitual e categórica. Os conceitos abordados incluem sistemas políticos, crise de representação e pluralidade de identidades, enquanto as categorias incluem a democratização do poder, a perda de legitimidade das estruturas políticas tradicionais e o reconhecimento da diversidade. Resultados. Os movimentos sociais contribuíram para a reconfiguração das relações de poder, promovendo maior inclusão, justiça e sustentabilidade democrática, como consequência da desconfiança nas instituições e nas estruturas de governança. Conclusões. Conclui-se que os movimentos sociais são um elemento-chave no desenvolvimento das chamadas democracias modernas na América Latina, pois sua participação gera espaços de representação e agência para grupos social e historicamente excluídos na América Latina.

Palavras-chave: ética, movimentos sociais, partidos políticos, sistema político.

1.Introducción

En la actualidad, la emergencia de los movimientos sociales está profundamente vinculada y afectada por los principios del humanismo1, ya que ambos promueven la dignidad y el bienestar del ser humano como centro de sus reivindicaciones. En este sentido, ambos buscan alcanzar la justicia social, la libertad y el respeto por el otro, en un marco de derechos humanos desde el cual los diversos actores sociales puedan legitimar sus demandas. Esta relación permite la construcción de sistemas ético-políticos que buscan, entre otros aspectos, transformar las estructuras opresivas y promover un orden más justo e inclusivo. De esta manera, los colectivos, agrupaciones, redes de activismo no solo son una alternativa para enfrentar las crisis sociales que afectan a la humanidad actual, sino también, motores de una ética y política que humaniza la vida pública y el ejercicio democrático.

Es así como la emergencia de los colectivos sociales ha transformado la idea clásica de gobernar. El acceso a los derechos, a una vida digna, a vivir en equidad, igualdad y justicia social son los principios que embanderan su lucha social. En Latinoamérica la reflexión sobre la necesidad de gestionar los asuntos públicos, una que surja desde las bases sociales, es necesaria e imperiosa, tomando en cuenta que la falta de participación y representatividad de los grupos social e históricamente excluidos en la contienda política ha puesto en jaque la configuración de los Estados democráticos modernos.

En un contexto, en el cual el capitalismo, a través del neoliberalismo, se ha enquistado en las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas de las sociedades democráticas de Occidente, a partir de la implementación de fronteras discursivas, epistémicas, ontológicas, axiológicas y deontológicas, permeando el “tejido” social, se hace necesaria la irrupción de estos colectivos en la escena política. Esta necesidad tiene como propósito articular la diversidad de identidades mediante un agenciamiento holístico que sobrepase los objetivos particulares de cada sector o actor político, con una mirada reflexiva que entienda a los movimientos sociales desde la participación, la colectividad, la socialización y la redistribución del poder de forma equitativa e igualitaria.

En este sentido, los movimientos sociales (p. ej., ecologistas, feministas, agrupaciones de estudiantes, entre otros), como antítesis de los partidos políticos tradicionales, son agrupaciones no formales2, de la misma forma que: “estructuras de acción colectiva que se reproducen desde la base, capaces de producir las metas autónomas de movilización, la asociación y la representación simbólica de tipo económica, política y cultural” (De Sousa, 2001, como se cita en Brito, 2017, p. 56) y que, desde mediados del siglo XX han transformado la vida política en el nivel global (Pleyers, 2018).

En este marco, la investigación adopta un enfoque cualitativo, sustentado en el análisis bibliográfico. Los conceptos abordados incluyen sistemas políticos, crisis de representación y pluralidad de identidades, mientras que las categorías abarcan la democratización del poder, la pérdida de legitimidad de las estructuras políticas tradicionales y el reconocimiento de la diversidad. En cuanto al objetivo, se planteó analizar la importancia de los movimientos sociales en la construcción de sistemas ético políticos modernos, con el fin de identificar nuevas formas de agenciamiento.

Con respecto a los criterios de inclusión, se consideraron investigaciones con alta relevancia teórica y metodológica, enfocadas en América Latina, publicadas en los últimos 30 años y redactadas en español o inglés. Por otro lado, se excluyeron estudios que no correspondieran al área geográfica de América Latina o que no abordaran los temas clave del análisis.

Los buscadores seleccionados fueron Redalyc, Scielo, Scopus y Google scholar. Se utilizaron ecuaciones conceptuales, tanto en español como en inglés. Estas permitieron explorar investigaciones centradas en los fenómenos políticos y sociales de la región, asegurando la inclusión desde una perspectiva amplia del problema de estudio y un enfoque interpretativo en la revisión bibliográfica.

Para facilitar la organización de los datos recopilados, se definieron elementos clave para la sistematización, incluyendo: autor, año, título, resumen, tipo de estudio y conclusiones. Estos componentes estructuran la información relevante, facilitando su análisis y comparación.

Se priorizó la integración de un respaldo bibliográfico equilibrado, garantizando la solidez teórica y metodológica del trabajo. Asimismo, se llevó a cabo una revisión exhaustiva del texto para asegurar coherencia, claridad y consistencia en la presentación de las ideas (véase Tabla 1).

Tabla 1
Pasos para el proceso de revisión y sistematización de información

Pasos	Categoría	Descriptor	Descripción
1	Definición del tema y objetivo	Tema	Participación, representatividad y democracia. Los movimientos sociales en la construcción de sistemas ético políticos modernos en Latinoamérica
		Objetivo	Analizar la importancia de los movimientos sociales en la construcción de sistemas ético políticos modernos, con el fin de identificar nuevas formas de agenciamiento
2	Criterios de inclusión y exclusión	Criterios de inclusión	Relevancia teórica y metodológica; área geográfica: América Latina; fecha: últimos 30 años; idiomas: español e inglés
		Criterios de exclusión	Estudios fuera de América Latina o que no aborden los temas clave
3	Utilización de buscadores académicos	Buscadores	Redalyc, Scielo, Scopus, Google scholar
		Ecuaciones conceptuales en español	“Movimientos sociales”, “partidos políticos”, “democracia moderna”, “modelos políticos”, “sistemas políticos”, “democracia en América Latina”
		Ecuaciones conceptuales en inglés	“Social movements”, ‘political parties’, ‘modern democracy’, ‘political models’, ‘political systems’, ‘democracy in Latin America’
4	Lectura crítica y sistematización	Elementos para la sistematización	Autor, año, título, resumen, tipo de estudio, conclusiones.
5	Redacción, revisión y ajuste del texto	Redacción del informe final	Revisión y ajuste del texto para lograr coherencia, claridad y consistencia

Nota. En la Tabla 1 se muestran los pasos realizados para la revisión, sistematización de la información documental y bibliográfica y la realización del trabajo final.

Finalmente, la estructura del artículo de revisión bibliográfica está dividida en tres acápites: el primero, hace un acercamiento conceptual sobre las nociones de sistemas políticos, el segundo, muestra a los movimientos sociales en el contexto capitalista y, el tercero, presenta la emergencia de estas agrupaciones no formales en la construcción de sistemas ético políticos en la actualidad.

2.La noción de política y sistemas políticos

La historia de la humanidad, específicamente, según la cual el ser humano es un animal político, ha sido una idea fundamental para el desarrollo del pensamiento eurocéntrico y de aquello que se entiende como filosofía política. Dicha idea tiene su génesis en el principio de tipo antropocéntrico del eubios planteado por Aristóteles (1988) que privilegiaba al individuo como sustrato básico para el desarrollo de la sociedad.

Esta visión está encarnada, actualmente, en la noción de hacer política por parte de los partidos tradicionales que responden a intereses particulares. En esos contextos, dicha idea se ha comprendido como eje central para el progreso y constitución de las sociedades pertenecientes al centro hegemónico. Por tal motivo, ha sido necesario robustecerla de un marco conceptual que le permita dar sentido a la lógica civilizatoria. Constructos como ciudad-Estado, gobierno, democracia, libertad, justicia, entre otros, han sido parte del aparataje conceptual que revisten de un aura de luminosidad a la política.

Desde su génesis, la política, como constructo histórico discursivo tiene su origen en el vocablo griego polis (ciudad) que deviene en Politeia, cuyo significado para los helénicos apelaba a la organización de las polis (ciudades-Estados). En este sentido, la teoría de las polis, Politeia, estaba íntimamente relacionada con los asuntos ciudadanos. Ahora bien, esta idea para los filósofos griegos se relacionaba con la justicia y permitía entender el vínculo existente entre el individuo, lo social y lo público. Así lo define Aristóteles en el libro tercero, Capítulo VII Continuación de la teoría de la soberanía en su libro La Política: “El bien en política es la justicia; en otros términos, la utilidad general. Se cree, comúnmente, que la justicia es una especie de igualdad […] y se conviene también en que la igualdad debe reinar necesariamente entre iguales” (Aristóteles, 1988, p. 68). En aquel momento histórico, el significante iguales hacía referencia a los ciudadanos, aquellas personas dotadas de ciertos derechos y privilegios, como, por ejemplo, el ocupar cargos administrativos y políticos en esas polis. Por lo tanto, hablar de política era hablar de libertad, igualdad y justicia.

No obstante, la participación en los ámbitos públicos estaba destinada para ciertos grupos, debido a que no todas las personas eran consideradas ciudadanos (libres, iguales y justos), por ejemplo, prostitutas, esclavos, extranjeros, mujeres, entre otros, fueron sujetos de exclusión de aquellas sociedades. Ahora bien, esta idea, que pareciera estar bastante alejada de la actualidad contemporánea de Occidente, aún se presenta en ciertas sociedades democráticas.

En el caso específico latinoamericano desde la conformación de los Estados “independizados” o repúblicas poscoloniales, dicha cuestión relacionada a la cosa pública3 ha estado designada a ciertos grupos de poder que han hegemonizado la política y que, a partir del despliegue de sistemas políticos, cuyas ideologías subyacentes se encontraban alejadas de la realidad local, han sumido a la ignominia a ciertos grupos sociales e históricamente excluidos, quitándoles cualquier rastro de representatividad y participación en los procesos democráticos.

Según Jaguaribe (1967), la realidad sociopolítica actual ha limitado el acceso de ciertos individuos y grupos humanos a los asuntos públicos de la ciudad. Esta exclusión se debe a tres obstáculos que dificultan la planeación de proyectos sociopolíticos, capaces de considerar las condiciones de posibilidad, tanto objetivas como subjetivas, de cada sociedad. Estos son la viabilidad nacional, el régimen de participación y la representatividad política.

El primer obstáculo hace referencia a los recursos, tanto humanos como tecnológicos, con los que cuenta cada Estado y cómo estos, a su vez, determinan su grado de dependencia, ya sea económica o política frente a las sociedades industrializadas que han homogenizado estos ámbitos en una época específica. Dicha variable histórica ha creado fronteras ontológicas como centro y periferia, urbano y rural, ciudad y pueblo, civilización y barbarie, entre otros, situando a los países latinoamericanos fuera del centro hegemónico (países en vías de desarrollo), pues su progreso ha sido definido, como lo señalan Lander (1993), Quijano (1993) y Grosfoguel (2014) por la matriz colonial del poder que actúa en las dimensiones epistémicas, discursivas y ontológicas.

El segundo obstáculo relacionado con la participación, según el pensador brasileño Jaguaribe (1967), se ha asociado a la limitada redistribución cualitativa y cuantitativa de lo que Laclau (2005) denomina diversidad de identidades, es decir, la compleja estructura compuesta por multiplicidad de identidades que hace difícil el ejercicio de participación de “estos”, entendidos como los sujetos subalternos, marginalizados o aquellos, cuyas singularidades se encuentran en los márgenes del discurso hegemónico. A saber, los grupos cuya voz ha sido, históricamente, silenciada o subordinada y que, en la construcción del espacio público, luchan por emerger como actores legítimos y visibles en un campo político dominado por estructuras excluyentes en los sistemas políticos latinoamericanos. Ahora bien, este rompecabezas se debe a que:

En la actualidad, los países subdesarrollados son, en su mayoría, sociedades complejas en la cual existe, con movilidad social insuficiente, una gran diferencia en el régimen de participación de sus miembros, hasta cierto punto aceptado por las prácticas sancionadas del día, […] pero esenciales, del status quo existente. (Jaguaribe, 1967, p. 334)

Dicho status quo que mantenía a las élites en el poder y que se fundamentaba en la correlación entre obligaciones y derechos hizo que las capas más sensibles y afectadas económica y políticamente empiecen a manifestarse. Aquí se fragua el surgimiento de los movimientos sociales, agrupaciones de personas que buscan reivindicar derechos que hasta aquel momento les fueron negados. Sin embargo, según Jaguaribe (1967), esta correlación permitió la emergencia de la lucha social. Además, evidenció que la gran mayoría se encontraba afín con los planes y programas impuestos por las élites. Dando como resultado, el surgimiento de grupos extremistas en algunos países de la región y el fracaso de los planes de desarrollo implementados en los países latinoamericanos.

El tercer obstáculo, según Jaguaribe (1967), está vinculado al grado de representatividad que tienen los individuos y grupos sociales en la contienda política. Si bien es cierto, la participación constituye uno de los elementos fundamentales de este modelo presente en cualquier sociedad, el poder y su administración en las sociedades latinoamericanas se han focalizado en ciertas élites sociales que han monopolizado los asuntos públicos y las instituciones estatales.

Esta cooptación del poder está vinculada a la estructura patriarcal de las instituciones de control. Aunque se han creado sistemas democráticos, la representación pública, materializada en la legitimación de los intereses del Estado y el sufragio universal, se ha otorgado en función de la meritocracia y, en muchas ocasiones, mediante prácticas corruptas por parte de los líderes. Esto ha generado desconfianza en la ciudadanía hacia el sistema de gobierno vigente. Por ello, es necesario replantear el ejercicio del poder desde una perspectiva que apunte a la construcción de un sistema ético y moderno.

Los sistemas de gobierno contemporáneos, en teoría, han intentado desarrollar procesos de participación para los movimientos sociales, sin embargo, han pagado un alto precio al distanciarse de los mecanismos y procesos de representación institucionalizados y reconocidos por el Estado. Este fenómeno se debe, en parte, a la incapacidad de las clases, sectores y grupos sociales para articular sus demandas en objetivos comunes y recíprocos (Jaguaribe, 1967). Este hecho acentúa la dicotomía masas-élites, surgida durante el desarrollo de los Estados nacionales y privilegia a las élites con beneficios y reconocimientos por parte de los países con poder económico y político.

Esta desconexión entre lo teórico y lo práctico se manifiesta con particular claridad en la implementación de modelos políticos que, aunque diseñados bajo principios teóricos coherentes, enfrentan dificultades al ser llevados a la práctica. En este sentido, Jaguaribe (1967) identifica tres sistemas políticos aplicados en América Latina, los cuales ilustran cómo la teoría, frecuentemente diverge, de la realidad política y social de la región: el nacionalista, el nacional capitalista y el socialista desarrollista4. Todas estas estructuras se han enfocado en el desarrollo de los Estados nación. No obstante, el pensador brasileño admite que, debido a la complejidad de las sociedades latinoamericanas, la aplicación pura de cada uno de estos sistemas ha sido imposible. Este factor ha permitido la dependencia política y económica de los pueblos del sur frente a las potencias económicas del norte y ha impedido la autonomía en la toma de decisiones internas, resultando en una imitación, sin sentido, de modelos políticos ajenos a la realidad latinoamericana (Jaguaribe, Ferrer, Wionczek & Dos Santos, 2017).

Ahora bien, la planeación de un modelo autónomo que refleje la realidad de los pueblos latinoamericanos es una tarea pendiente por parte de todos los actores políticos que conforman la sociedad, ya que es imposible consolidar sociedades individuales, en las cuales las personas busquen objetivos particulares. Como lo señala Echeverría (2003):

El concepto de sistema político está estrechamente ligado a la teoría de la modernidad […] lo político hace necesariamente referencia a esta búsqueda de integración o de orden colectivo. Las unidades aisladas ya no pueden reproducirse por sí solas, sino que empiezan a depender de su entorno o de su ambiente, de aquello que se presenta como diferencia. (pp. 83-84)

De esto se deduce que la vida social tiene que ver con la vinculación del individuo con el otro. Su aporte le permite desplegar diversas maneras de ser y estar en el mundo, de asociarse, dando sentido a la reproducción social, desde una mirada contemporánea, para superar la construcción jerárquica, donde unos hegemonizan el poder y otros se someten. Asimismo, la teoría política y la política5 como constructos socio históricos deben articularse sobre una base construida, a partir del reconocimiento del otro “permitiendo la coexistencia de realidades diferenciadas, garantizando de esta manera que éstas escapen de la indeterminación de su destino como entidades autárquicas o aisladas” (Echeverría, 2003, p. 86). Por lo tanto, la vida social y política debe centrarse en la vinculación del individuo con el otro, superando dichas estructuras jerárquicas, con el fin de reconocer la alteridad irreductible de los conflictos como sustento de la sociedad.

En este contexto, emergen los movimientos sociales, revestidos de un aura de movilización, lucha social y restitución de derechos. Estas luchas surgen de la interrelación y agenciamiento progresivo de las personas en colectivos humanos, o sea, aquel proceso mediante el cual las acciones, decisiones y capacidades de los individuos se articulan y convergen para formar una acción colectiva organizada y, cuyos objetivos superan las expectativas personales, características propias de las sociedades capitalistas.

3.La emergencia de los movimientos sociales en el contexto capitalista

El agotamiento de los sistemas políticos en Latinoamérica ha sido, de cierta manera, producto del debilitamiento de las democracias. Según Borón (2007), el capitalismo ha buscado enemigos que faciliten su intervención en los Estados latinoamericanos; el populismo o el socialismo han sido, según dicha mirada, las fronteras que han limitado el desarrollo de los países tercermundistas, sumiéndose, entre otros, en una corrupción estructural presente en el aparato estatal: “la democracia en el capitalismo es el pacto por el cual las clases subalternas renuncian a la revolución a cambio de negociar las condiciones de su propia explotación” (Quijano, 1993, como se citó en Borón, 2007, p.15). En otras palabras, en el ámbito político, cuando un grupo o clase decide abandonar la lucha social y revolucionaria contribuye, indirectamente, a la consolidación y perpetuación del sistema capitalista que, por un lado, fortalece las bases de poder y explotación y, por otro, beneficia a las élites económicas. Así, la decisión de no cuestionar o transformar el sistema refuerza las bases sobre las cuales se sostiene el capitalismo, perpetuando a las capas históricamente excluidas a la ignominia.

A continuación, se presentan los resultados sobre los niveles de corrupción en América Latina, los cuales ponen de manifiesto la fragilidad de los sistemas políticos en la región. Estos datos reflejan cómo la corrupción afecta la gobernabilidad, la confianza ciudadana y el desarrollo institucional en diversos países. Estas cifras permiten analizar los factores que contribuyen a la vulnerabilidad de las democracias latinoamericanas, evidenciando la necesidad de reformas profundas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder (véase Tabla 2).

Tabla 2
Indicador de corrupción para América Latina

País	Índice de corrupción CESLA 2024	Cambio en el Índice CESLA	Nivel de corrupción
Uruguay	25	-1	Nivel moderado de corrupción y adecuada política anticorrupción.
Chile	33	N/A	Nivel moderado de corrupción y adecuada política anticorrupción.
Costa Rica	43	+1	Nivel preocupante de corrupción y política anticorrupción laxa.
Colombia	63	N/A	Nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción.
Argentina	64	N/A	Nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción.
Brasil	66	+2	Nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción.
Cuba	66	N/A	Nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción.
Panamá	67	N/A	Nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción.
República Dominicana	67	-6	Nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción.
Ecuador	68	N/A	Nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción.
LATAM (promedio)	68.7	N/A	Nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción.
Perú	70	+3	Nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción.
Bolivia	73	-1	Nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción.
El Salvador	76	+4	Nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción.
Paraguay	76	+1	Nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción.
México	76	-1	Nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción.
Honduras	81	-2	Nivel alarmante de corrupción y pésimo control.
Guatemala	84	N/A	Nivel alarmante de corrupción y pésimo control.
Nicaragua	81	N/A	Nivel alarmante de corrupción y pésimo control.
Haití	90	+1	Nivel alarmante de corrupción y pésimo control.
Venezuela	97	-1	Nivel alarmante de corrupción y pésimo control.

Nota: En la Tabla 2 se muestra el nivel de corrupción y su correlación con la política anticorrupción aplicada en cada país en América Latina. A partir de los 41 puntos se presentan como alarmantes los niveles de corrupción y el débil o pésimo manejo de la política anticorrupción. Tomado, textualmente, del Círculo de Estudios Latinoamericanos (CESLA). Indicador de corrupción para América Latina (CESLA). Junio-20246.

Complementando la idea anterior, si dicha afirmación, planteada por Quijano (1993), es cierta, los sistemas democráticos han buscado posicionar a ciertos grupos de poder y alejar del ejercicio de participación y representación a otros sectores, cuya presencia incomoda la estabilidad de las democracias. Como es conocido por la mayoría, los sistemas políticos han insistido en el ejercicio de procesos democráticos que legitimen tal o cual propuesta. En dicho contexto, los partidos políticos han asumido el rol de ser los interlocutores entre las demandas de los ciudadanos y las obligaciones estatales. No obstante, el papel de estos intermediarios y de la democracia como sistema paradigmático ha quedado desplazado y deslegitimado en la región.

Así tenemos, en la actualidad, que constructos como política, democracia, libertad o justicia han perdido contenido y significación. Según Laclau (2005), debido a la resignificación y saturación amañada que se da a estos conceptos, por parte de las élites, que administran los asuntos públicos en una especie de sobre significación mesiánica que han permitido vaciarlos de su contenido original. Dichos significantes vacíos han quedado desprovistos de cualquier valor: moral, ético, axiológico o discursivo; de este modo, al ser emitidos por los grupos hegemónicos que gobiernan un país específico, estos mensajes resultan insuficientes y sin autoridad alguna para la ciudadanía.

No obstante, dicha situación ha permitido que las fuerzas sociales irrumpan en el panorama político. Su emergencia responde al descontento social, debido a la precaria situación sociopolítica y económica por la que atraviesan las grandes mayorías: “la segregación, explotación y exclusión, sentida a nivel individual, se vuelva a un sentido colectivo, pues comprenden de manera primigenia que sólo la articulación desde la colectividad puede colocar y exigir mayor justicia e igualdad de derechos” (Mejía & Suárez, 2015, p.159). En este sentido, la capacidad de agenciamiento, tanto individual como colectivo, resulta fundamental para la lucha social, ya que fortalece la cohesión de fuerzas sociales, legitimando los movimientos y aumentando las posibilidades de transformación de la sociedad.

La transición del agenciamiento individual al colectivo permite la formación de movimientos organizados y efectivos que pueden enfrentar desafíos sociales y políticos, ya que históricamente, dichas fuerzas colectivas han sido situadas en la periferia. Capitalismo, liberalismo y neoliberalismo han sido los constructos que han hegemonizado el ámbito sociopolítico y económico en la región. La libertad individual, ideología de corte utilitarista, la idea de bienestar y calidad de vida han dominado la realidad nacional de los países latinoamericanos a partir de propuestas mesiánicas que prometían, entre otras razones, mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía de este lado del mundo.

Ahora bien, según Houtart (2006) y Mejía y Suárez (2015), los movimientos sociales son considerados como una “contradicción esencial” frente al sistema político hegemónico imperante, ya que el Estado no ha logrado sanear las demandas básicas de las mayorías, porque se encuentran sujetas a las leyes del mercado. Los movimientos sociales “nacen y actúan en el contexto de una cultura política específica, que contribuye a darles forma, pero que también es recompuesta por ellos” (Aquín, 2005, como se cita en Mejía & Suárez, 2015, p. 162). Por lo tanto, buscan reconfigurar la estructura tradicional, a partir de una cultura que permita la participación de las masas.

En este sentido, de acuerdo con Revilla (1996), la finalidad de dichas organizaciones no formales es la participación, no así la representatividad. Esta última idea le pertenece, de manera exclusiva, a los partidos políticos, ya que el movimiento social es un constructo que se entiende: “como deseo de constitución de certidumbres propias […] como proceso de (re)constitución de una identidad colectiva, fuera del ámbito de la política institucional, por el cual se dota de sentido (certidumbre) a la acción individual y colectiva” (p. 15). En este contexto, no se puede hablar de movimientos sociales, por su complejidad, en plural o en un sentido general, en el cual se aglutina la diversidad de identidades, por el contrario, colectivo tiene una característica ajena a la otra, eso sí, cimentada en el principio de participación.

Así pues, los partidos tradicionales son el reflejo de los sistemas políticos contemporáneos. Estos, a diferencia de los movimientos sociales, son identidades colectivas constituidas institucionalmente, por lo tanto, son reconocidas por los Estados democráticos. Por el contrario, el movimiento social está vinculado a la acción individual y colectiva de las capas excluidas. Según Revilla (1996): “la diferencia radica en que, en el movimiento social, como proceso de identificación y como construcción social, se produce (como resultado) la integración simbólica de los individuos cuya voz no se recoge en los proyectos existentes en una sociedad” (p. 11). En este sentido, el papel que juegan los movimientos sociales en la construcción de democracias consolidadas radica en que buscan integrar simbólicamente a individuos, cuyas voces no están representadas en las estructuras existentes. De ahí que, su emergencia sea necesaria para el desarrollo de la política, ya que visualiza las fronteras de la estructura institucional formal.

Como lo señala Revilla (1996), la irrupción de los movimientos sociales desvela la “erosión de la legitimidad de los partidos políticos y de los actores que participan en la conformación de las voluntades colectivas” (p. 11), es decir, la falta de representatividad y la inaccesibilidad en la toma de decisiones por parte de los partidos políticos hacen necesaria la emergencia del movimiento social. Complementando esta idea, Revilla (1996) hace la siguiente puntualización:

Desde esta perspectiva, el partido político y el movimiento social ocupan ámbitos distintos y siguen lógicas distintas: el movimiento social sigue una lógica de identificación y participación, mientras que el partido político se rige por la lógica de la representación. O, dicho de otro modo, en el momento actual de la democracia representativa, el partido político es imprescindible, fundamental: sin él, no hay democracia; sin embargo, sin movimientos sociales la democracia sigue existiendo (p.11).

No se puede hablar de democracia fuera de la lógica de la representación, sin previamente haber resuelto el problema de la participación de los grupos, movimientos y organizaciones que se encuentran fuera del centro hegemónico. Por lo tanto, la emergencia de los movimientos sociales se hace urgente en la actualidad. La participación de sus miembros busca dar voz a grupos y sectores que, a menudo, están marginados o ignorados por las estructuras establecidas.

4.Nuevos sujetos políticos en la construcción de sistemas ético-políticos

Actualmente, estos nuevos movimientos sociales se nutren de aquellos que, a lo largo del siglo XX, buscaban ser reconocidos como sujetos que sienten, piensan y construyen sociedad. Fals Borda (1986) señala que los movimientos sociales en América Latina surgieron a partir de la desconfianza política, por parte de las grandes mayorías, frente a los grupos de poder y los partidos políticos tradicionales. Ese descontento permitió reconfigurar una nueva forma de pensar desde Latinoamérica, denominada filosofía de la participación.

Fals Borda hace énfasis en la necesidad de instalar en la conciencia latinoamericana dicha filosofía, que se presenta como una propuesta contrahegemónica frente a la retórica, embanderada bajo la lógica del orden y el progreso, implantada por el sistema capitalista, a lo largo del siglo XX, y cuyos discursos han sido manipulados por una élite política en pro de cumplir y responder con los intereses del capital. En palabras de Fals Borda (1986) dicha filosofía sucede a partir de “la abolición de la explotación, la dominación y la dependencia en las sociedades a todo nivel” (p. 82). Por lo tanto, es necesario replantear la relación sujeto-objeto, en la que el otro ha sido cosificado.

Ahora bien, la visualización del otro como objeto ha permitido que los movimientos sociales inicien su transitar en la lucha por las demandas sociales, a partir de la exigencia por ser reconocidos como seres que sienten y piensan. Sujetos políticos que trascienden las estructuras establecidas por las élites tradicionales en función de la imposición de sistemas y mecanismos jerarquizados. Así pues, los movimientos sociales desde su aparecimiento han permitido una lucha política simétrica, pues subvierten las ideologías dominantes y homogeneizantes y proyectan nuevas formas de comprender la cosa pública.

Para Fals Borda (1986), la aplicación de una filosofía de la participación que emerja de Latinoamérica y, cuyo eje articulador se encuentre en los movimientos sociales, tiene que cumplir con los siguientes elementos:

1.Pluralismo: este concepto hace referencia a la capacidad que tienen los movimientos sociales para resquebrajar el verticalismo presente en las relaciones políticas y sociales, en las cuales se han sumergido los partidos políticos tradicionales, ya que estos últimos han respondido a intereses particulares, despreocupándose de las demandas del resto de sectores sociales.

2.Colectivismo: este término también denominado pluralismo colectivista se refiere a la capacidad que tienen los movimientos sociales para articular las demandas de diferentes grupos, sectores o colectivos sociales y, cuyos fundamentos morales y éticos, se encuentran sustentados por los principios de respeto y tolerancia frente a la diversidad de convergencias políticas existentes, mismas que resquebrajan la idea, según la cual la participación está guiada por líderes indispensables.

3.Socialización del poder: este concepto tiene como objetivo el cuestionamiento a las prácticas hegemónicas impuestas por la élite política, a partir de las autocracias centralistas y apela a la socialización y descentralización del poder que han sido monopolizadas por el Estado.

Dicho de otra manera, los movimientos sociales son el reflejo de la realidad socioeconómica que viven las sociedades excluidas histórica y socialmente por el centro hegemónico y que, en un contexto neoliberal, ante la falta de acceso a la representación y participación, buscan líneas de fuga que les permitan ser partícipes en la lucha política. Con respecto a los sistemas y estructuras tradicionales de poder, los movimientos sociales son el síntoma de aquello que Occidente ha insistido en declarar como el fin de las ideologías, idea según la cual es el capitalismo, como ideología dominante e imperante en el mundo, la que ha sometido a lo diferente a la ignominia; no obstante, hay que tomar en cuenta que “los movimientos nacen de la percepción de objetivos como metas de acción, pero para existir en el tiempo necesitan un proceso de institucionalización. Se crean roles indispensables para su reproducción social” (Houtart, 2006, p. 13).

De ahí que el reto para los movimientos sociales sea subvertir el poder hegemónico. Forjar y entablar lazos de hermandad y lealtad en la contienda política no ha sido la característica de los partidos tradicionales. De hecho, esa falta de representatividad es lo que ha motivado a la sociedad a autoorganizarse, a crear situaciones de agenciamiento. Según Deleuze y Guattari (2002), el reto es formar una meseta: “una región continua de intensidades, que vibra sobre sí misma, y que se desarrolla evitando cualquier orientación hacia un punto culminante o hacia un fin exterior” (p. 26). Por lo tanto, dichos colectivos, lejos de plantear fronteras epistémicas, discursivas, ontológicas o políticas, tienen la obligación de entablar procesos de territorialización en los cuales cada movimiento social se vea afectado por otro y este, a su vez, influencia a los demás, volviéndose la lucha social por la igualdad, equidad y justicia social, el objetivo final.

5.Discusión y conclusiones

La emergencia de los movimientos sociales en América Latina ha sido un fenómeno central en la construcción de sistemas ético-políticos contemporáneos. Desde distintas perspectivas, autores como Fals Borda (1986), Revilla (1996), Echeverría (2003) y Mejía y Suárez (2015), entre otros, abordan cómo estos grupos no formales han influido en la transformación de estructuras políticas y culturales de la sociedad.

Fals Borda (1986) identifica que estos colectivos surgen como respuesta al descontento y la desconfianza en los partidos tradicionales. Este autor sostiene que la filosofía de la participación se convierte en un eje central para reconfigurar las estructuras tradicionales de poder hegemónico. Revilla (1996) complementa esta idea al destacar la crisis de representación, donde la legitimidad de los partidos se ve erosionada al no poder articular las demandas sociales. Ambos autores coinciden en que la ineficacia del sistema político tradicional impulsa la búsqueda de nuevas formas de participación, aunque difieren en sus enfoques. Mientras Fals Borda (1986) enfatiza la abolición de la dependencia y dominación, Revilla (1996) subraya la necesidad de una integración simbólica de las personas excluidas.

La perspectiva de Mejía y Suárez (2015), apoyada por Houtart (2006), destaca que los movimientos sociales son una contradicción esencial frente al sistema político hegemónico. Estas organizaciones, para estos autores, no solo actúan como resistencia, sino que, también, transforman la cultura política al reconfigurar los valores éticos y las prácticas de gobernanza. Por su parte, Fals Borda (1986) habla de pluralismo colectivista, al señalar que la acción colectiva es fundamental para romper con el verticalismo político. En cambio, Echeverría (2003) va más allá, al analizar cómo el sistema político moderno debe integrar la alteridad y los conflictos irreconciliables para garantizar una coexistencia ética. Aquí se observa una convergencia en la idea de que los colectivos actúan como agentes transformadores, reconfigurando tanto las estructuras como las prácticas culturales.

Revilla (1996) introduce una distinción crucial entre la lógica de identificación y participación de los movimientos sociales y la lógica de representación de los partidos políticos. Según este autor, mientras los primeros ofrecen una vía alternativa, basada en la participación directa, los segundos operan dentro de los marcos institucionales de la democracia representativa. Esta dicotomía es esencial para entender cómo estas agrupaciones no formales cuestionan las formas tradicionales de poder y proponen nuevos esquemas de gobernanza. Fals Borda (1986) refuerza esta visión al abogar por la socialización del poder, promoviendo una redistribución del control político hacia las bases.

Un punto de conflicto que emerge en el debate es la institucionalización de los movimientos sociales. Houtart (2006) y Mejía y Suárez (2015) indican que, para garantizar su sostenibilidad, los movimientos deben adoptar estructuras organizativas. Sin embargo, esta institucionalización puede diluir su carácter disruptivo y transformador, un riesgo que Revilla (1996) parece advertir, al diferenciar las lógicas de los movimientos y los partidos. Fals Borda (1986), al proponer la filosofía de la participación, sugiere un equilibrio entre la autonomía de los movimientos y su capacidad de incidir en la política institucional.

Por otro lado, Echeverría (2003) ofrece un marco más amplio, al discutir cómo los sistemas políticos deben garantizar la coexistencia ética de realidades diferenciadas. Esta idea resuena con el pluralismo colectivista de Fals Borda (1986), quien subraya la necesidad de integrar diversas voces en el proceso político. Ambos autores coinciden en que la legitimidad de los sistemas políticos contemporáneos depende de su capacidad para reconocer y articular la diversidad.

La discusión entre los autores revela que los movimientos sociales han jugado un papel clave en la transformación de los sistemas ético-políticos en América Latina. Desde la desconfianza en las instituciones tradicionales hasta la promoción de nuevas formas de participación y gobernanza, estos movimientos han contribuido a reconfigurar las relaciones de poder, promoviendo una mayor inclusión, justicia y sostenibilidad democrática. Sin embargo, el desafío radica en equilibrar la institucionalización con la preservación de su carácter transformador, un dilema central en la evolución de las democracias contemporáneas.

En definitiva, los movimientos sociales en la actualidad son actores determinantes en el ejercicio democrático. Su origen muestra las tensiones internas que atraviesan los sistemas políticos. Su emergencia permite generar procesos de participación y de representatividad. Así pues, su intervención se muestra como una contradicción esencial, ya que, por un lado, permite evidenciar las fronteras estructurales por las cuales han transitado los Estados nación y, por otro lado, invita a pensar en un mundo, donde la pluralidad, la diferencia y la multiplicidad son el motor del desarrollo de las sociedades.

Referencias

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1. 1 Este estudio se alinea bajo el enfoque ético-filosófico del humanismo del siglo XXI que rompe con la tradición antropocéntrica que erigía al ser humano como la cúspide de la evolución. En este sentido, esboza una profunda relación entre las necesidades humanas y su encuentro con la naturaleza a partir de una perspectiva crítica que pone en jaque prácticas individualistas fundamentadas en la conciencia mercantil y la desvalorización de todo aquello que está fuera del centro hegemónico (Baraona, Guzmán & Muñoz, 2020).

2. 2 Según Castells (1998), el concepto de agrupaciones no formales se refiere a colectivos o grupos de personas que se instauran de manera espontánea y descentralizada para promover cambios sociales, culturales o políticos, sin seguir las estructuras jerárquicas o rígidas propias de los partidos políticos tradicionales o de las organizaciones institucionalizadas. Estos grupos suelen tener una organización flexible, con una estructura de liderazgo horizontal.

3. 3 Para Platón (1988) es aquella comunidad organizada en clases sociales y dividida en gobernantes (filósofos-reyes), guardianes (guerreros) y productores (comerciantes y artesanos), en la cual, cada uno cumple un rol para garantizar la justicia y el orden en el Estado.

4. 4 Para Jaguaribe (1967) cada uno de estos sistemas responde a justificar interés políticos y económicos que, en teoría, van encaminados al desarrollo de América Latina. Así, el primero promueve una alianza entre burguesía, clase media progresista y masas, combinando capitalismo con intervención estatal. El segundo, se fundamenta en la movilización de sectores modernos de la clase media, que buscan integrar a las masas y utilizar al Estado como motor del desarrollo socioeconómico. El tercero, sostiene una revolución liderada por la contra-élite, centralizando funciones sociales en el Estado y movilizando a las masas mediante un partido revolucionario para un cambio estructural.

5. 5 Arendt (1997) define la teoría política como un elemento constitutivo de las sociedades modernas, fundamentado en la acción, la pluralidad y la libertad de los individuos que coexisten y dan significado a su mundo común, a través del diálogo y la cooperación. En este sentido, la política no se reduce al gobierno o al poder coercitivo, sino, que es, esencialmente, el espacio de la acción concertada y del discurso público.

6. 6 Actualmente, los altos niveles de corrupción en los sistemas políticos de América Latina ponen de manifiesto la lamentable inestabilidad que enfrentan los países del Sur. No obstante, como se evidencia en la Tabla 2, solo dos países con sistemas políticos definidos, como de tendencia ideológica socialista desarrollista y otro capitalista, son los que se encuentran por la media establecida en la percepción sobre los niveles de corrupción, el resto de los países, independientemente, del tipo de sistema político que los represente, evidencian, de forma alarmante, fracturas en el manejo de la política anticorrupción. Se evidencia que el alto nivel de corrupción en los países latinoamericanos responde, más bien, a problemas estructurales de tipo multicausales. La escasa representatividad que tienen las organizaciones políticas en las contiendas electorales deja en claro la falta de cohesión entre los partidos y movimientos sociales, lo cual se refleja en la cantidad de nuevas agrupaciones que han surgido en los países latinoamericanos. En el caso del Ecuador esto ha motivado a que, en las últimas décadas, haya incrementado un número significativo de organizaciones políticas en las contiendas electorales, desde el 2014 hasta el 2022, el intervalo de participación de organizaciones y movimientos políticos ha sido de 124 a 264, tomando una curva que va en ascenso para estas nuevas elecciones.