Vol 19, No 38, Julio-Diciembre 2021 ISSN: 1409-3251 EISSN: 2215-5325

La Pandemia COVID-19 como factor renovador del Modelo de Desarrollo Rural en Colombia

DOI: http://doi.org/10.15359/prne.19-38.1

Luisa Fernanda Mendoza Morales

Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

lfmendozam@intech.gov.ar

ORCID: 0000-0003-0253-35915

Oscar Fradique Escobar Pardo

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, Colombia.

oscar_escobarp@cun.edu.co

ORCID: 0000-0002-8334-2326

Nicolas Albarracín Bohorquez

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, Colombia.

nicolas_albarracin@cun.edu.co

ORCID: 0000-0001-8755-9162

Liliana Patricia Mancera Rodríguez

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, Colombia.

liliana_mancera@cun.edu.co

ORCID: 0000-0002-9802-5892

Recibido: 10/08/2021  Aceptado: 22/10/2021 Publicado: 30/12/2021

Resumen

Este artículo tiene como objetivo presentar una recopilación de la historia del desarrollo rural de Colombia, a través del complejo político económico, articulado con la realidad y sus conflictos, los cuales han generado un episodio desfavorable para la competitividad del sector agropecuario y a su vez un impacto a nivel económico, social y cultural.

Luego de analizar los actores y la complejidad del sector agropecuario con relación a la tenencia de la tierra se aborda el impacto que tienen factores como los riesgos biológicos, la apertura económica y los acuerdos de paz como los nuevos derroteros, para generar un desarrollo que genere competitividad y que a su vez sea sostenible para las comunidades, el medio ambiente y los territorios. Finalmente, se determinan algunas alternativas que pueden lograr cambios favorables en el sector, considerando la implementación de los acuerdos de paz, la descentralización del país, la recuperación de saberes ancestrales y el fortalecimiento de instituciones públicas por medio de la investigación.

Palabras clave: Desarrollo rural, posconflicto, post pandemia, sector agropecuario.

Abstract

This article presents a compilation of the history of rural development in Colombia, through the economic political complex, articulated with its reality and conflicts, which have generated an adverse episode for the competitiveness of the agricultural sector, and, in turn, it has caused an impact at the economic, social and cultural level.

After analyzing the actors and the complexity of the agricultural sector regarding land ownership, it covers the impact of factors such as biological risks, economic openness and peace agreements as new alternatives to generate competitive, sustainable development for communities, environment, and territories. Finally, some alternatives are defined to achieve favorable changes in the sector, considering the implementation of the peace treaties, the decentralization of the country, the recovery of ancestral knowledge, and the strengthening of public institutions through research.

Keywords: post-conflict, rural development, post-pandemic, agricultural sector.

Introducción

La humanidad está atravesando por un suceso sin precedentes debido a la pandemia COVID-19. Sin embargo, desde antes de la aparición de este virus el sistema mundial mostraba síntomas de una fuerte crisis ambiental, económica y social. El quinto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático menciona que el calentamiento global es inequívoco, evidenciando un incremento acelerado e inusual en la temperatura de los océanos y la atmosfera en las tres últimas décadas (IPCC, 2014). Por otro lado, en el ámbito económico el panorama no es el más alentador; para el año 2020 mostró una reducción trascendental del producto mundial bruto junto con el comercio mundial presentando un decrecimiento histórico, y un impacto trascendental a las economías de mercados emergentes y los países en desarrollo. Asimismo, se estima que sufrirán pérdidas más significativas a mediano plazo (FMI, 2021). Por último, la oleada de manifestaciones llevadas a cabo en múltiples países demuestra que las desigualdades sociales y económicas, en especial en el modelo económico capitalista actual son profundas y alarmantes (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019).

Metodología

Para llevar a cabo esta investigación se consultaron bases de datos académicas usando operadores booleanos básicos presentes en los buscadores de las respectivas bases. Los principales operadores usados fueron “and” y “or” y su respectiva combinación; se tuvieron en cuenta las contextualizaciones políticas referentes al sector rural a través del tiempo. También se incorporaron criterios de búsqueda como: pertinencia del tema y relevancia a nivel nacional sopesando el impacto de la pandemia del COVID-19 en el contexto del desarrollo rural colombiano.

Nuestra historia

El acceso a la tierra y conflicto armado

Colombia tiene un contexto con relación a la tenencia y uso de tierras bastante complejo. No obstante, la pandemia hizo que estos problemas se agudizaran y se visibilizaran mucho más, por esto, es preciso evaluar a profundidad dicha situación para así dar claridad al escenario que se presenta en la actualidad.

Inicialmente, el conflicto armado se gestó por el acceso a la tierra, proceso que lleva más de dos siglos sin finiquitar de una manera clara y equitativa, la primera política de tierras se remonta al siglo XIX, donde los títulos de propiedad de la tierra no estaban claramente definidos y su manejo era típicamente colonial, donde los terrenos baldíos se adjudicaban bajo diferentes modalidades tales como: la venta para pagar la deuda pública, conceder tierras a militares en recompensa a su participación en la independencia, ofrecimiento de tierras a migrantes y empresas extranjeras, entrega de baldíos para la explotación minera y petrolera, descorporativización de los resguardos indígenas para privatizarlos y poner sus tierras al mercado, entre muchas otras decisiones. Esto generó, como consecuencia, que en siglo XX la tierra ya estuviese concentrada en un número reducido de terratenientes y en consecuencia las zonas con mayor vocación agrícola quedaron en manos del sector privado (Machado, 2017).

Posteriormente, se presentó un periodo de transición a la modernidad capitalista y fue allí donde se incorporó lo que se considera el primer intento de reforma agraria por medio de la Ley 200 de 1936 (Machado, 2017; Niño & Sánchez, 2015), la cual se creó para modificar los aspectos que habían creado conflictos agrarios, permitiendo legalizar títulos de dudosa propiedad, adquirir parcelas de arrendatarios y hacer un mejor uso de la tierra de la gran propiedad. Como consecuencia, ocurrió lo contrario a lo planteado, se adjudicaron baldíos a terratenientes y se presentó un desalojo masivo de colonos y aparceros (Arango, 1987; Centro Nacional de Memoria Histórica., 2016).

Luego, el 13 de diciembre de 1961 se creó la Ley 135 de la Reforma Social Agraria que tenía como objetivo la reestructuración de la tenencia de la tierra, el fomento de producción y productividad, la mejora del bienestar de la población campesina, la conservación de los recursos naturales y la promoción de la organización campesina. Esta implementación creó una estructura institucional llamada el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), poco a poco fueron aumentando el número de hectáreas de tierra al Fondo Agrario Nacional, algunas por extinción de domino y otras donadas por las personas terratenientes, estas últimas de mala calidad, a pesar de ello la ley no lo contemplaba (Arango, 1987; Centro Nacional de Memoria Histórica., 2016).

Teniendo en cuenta esta situación, las luchas agrarias continuaron durante los años sesenta y setenta, por medio de los grupos de autodefensa campesinas, orientados por el partido Liberal y comunista que fueron la base para la creación de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y otros grupos subversivos como el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y EPL (Ejército Popular de Liberación). Otros actores relacionados con la tenencia de la tierra, incluyeron el paramilitarismo y el narcotráfico, quienes también fueron protagonistas del despojo de la tierra y la violencia por parte de actores armados y sus alianzas con parte de la élite y clase política del país (Machado, 2009, 2017; Medina, 2014). Luego en los años ochenta, se presentó otra reforma agraria, con el objetivo de recuperar la reforma como política, articulada a un programa contra la pobreza. Uno de los logros fue la adopción de programas regionales de reforma agraria. Sin embargo, existió una desarticulación entre los programas institucionales y los intereses empezaron a basarse en la apertura económica mientras el conflicto, el destierro, la persecución y asesinato de líderes campesinos se agudizaron sin que el estado tuviese mayor interés en el asunto (Arango, 1987; Machado, 2017).

Más adelante, en el año 1994 se creó la ley 160 donde se introdujeron las tesis neoliberales y las políticas de redistribución de tierras se modificaron drásticamente, promoviendo el mercado de tierras, implementando una línea de crédito subsidiada para la compra de tierras por campesinos y pequeños productores, mediante negociación directa con vendedores donde el Incora hacía las veces de facilitador, con la implementación de esta estrategia se evidenció que el campesinado pobre no tenía la capacidad de pagar dichos créditos debido a la evidente crisis en la agricultura agudizada por el conflicto.

En el año 2002, la presidencia suprimió y liquidó el Incora y con él otros institutos y fondos creados para los intentos de reforma agraria de años anteriores. Para la sustitución de estos, se creó en el 2003 el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), donde las funciones de todas las instituciones liquidadas quedaron agrupadas; así pues, se dio más fuerza al mercado de tierras como opción para las personas campesinas, la prioridad hasta el año 2010, siempre fue la búsqueda de la competitividad, eficiencia, modernización agraria y participación en mercados internacionales. Tres años después de la creación del Incoder se evidenció su inoperancia, corrupción y falta de credibilidad y por medio de la ley 30 del 2006 se reformó, permitiendo la apropiación ilegal de tierras por parte de paramilitares y narcotraficantes. Por último, el cierre a una política transparente de distribución de tierras fue la creación de proyecto Agro Ingreso Seguro (AIS) donde si bien, algunas comunidades se vieron beneficiadas, hubo un gran desperdicio de recursos públicos que propició la concentración de la tierra en manos privadas (Fajardo, 2014; Machado, 2017).

En el año 2010 la política de tierras se centró en la atención de la población desplazada por la violencia, la Ley de Víctimas permitió definir una relación clara entre la tierra y el conflicto, se crearon la Unidad de Restitución de tierras, el Centro de Memoria Histórica, el Museo de Memoria Histórica y Comités Territoriales de Justicia Transicional por lo que se abrió un espacio al desarrollo rural en el marco de las negociaciones con las FARC y con todas las expectativas frente al posconflicto (Centro Nacional de Memoria Histórica., 2016; Machado, 2017; Machado Cartagena, 2011).

En el periodo entre 2014 y 2018 se presentaron modificaciones sobre la administración de tierras en el país, uno de los más representativos fue la conocida como Ley Zidres Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, la cual buscaba alianzas entre campesinos con grandes empresas para así incorporar tierras a la producción, ya que los campesinos y las campesinas no poseían el capital para realizar grandes inversiones. Una de las desventajas de esta ley, fue la pérdida de autonomía de las personas campesinas que finalmente terminaron siendo empleados de las grandes empresas (Departamento Nacional de Planeación, 2014; Machado, 2017).

Con el avance positivo de las negociaciones con las FARC se creó en el 2015, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que busca gestionar el acceso a la tierra como factor productivo garantizando la seguridad jurídica de la propiedad y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) cuyo objetivo era la estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural; paralelamente se creó la Agencia de Restitución de Tierras (ART), la cual estaba asociada a los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos. Sin embargo, su papel no es muy claro en el proceso (Machado, 2017), en el año 2016 se firma el acuerdo de paz donde se hace evidente la prioridad de tener una política de tierras clara, que permita resolver el problema de tierras, el punto 1 del acuerdo llamado “Reforma Rural Integral” (RRI) el cual sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera (Diálogos de la Habana, 2016; Universidad de la Sabana, 2016).

Desde el año 2017, se venían realizando esfuerzos para la implementación de los acuerdos siempre buscando la reparación para las víctimas. No obstante, en el año 2018, se presentó un cambio importante de orientación política en el país y los acuerdos de paz dejaron de ser prioridad, el Plan nacional de desarrollo 2018 -2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” se basa en cinco pactos basados en diferentes ámbitos, en el pacto número dos llamado Pacto por el Emprendimiento, se encuentra el punto Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural, el cual plantea un incremento de inversión en el campo pero no tiene clara la aplicación de una política de tierras o de continuar con la aplicación del acuerdo de paz (Gobierno de Colombia, 2019). En medio de esta falta de interés por continuar con la implementación de los acuerdos, la violencia se ha agudizado y de los 1.123 municipios reportados por el DANE, 435 tienen presencia de grupos armados como narcoparamilitares, redes mafiosas, neonarcos y disidentes post-FARC que afectan gravemente la política de tierras en el país y la seguridad de poblaciones vulnerables (Indepaz, 2020).

Apertura económica

Por otra parte, en la década de los 90, los rasgos negativos del modelo de desarrollo rural en Colombia se exacerbaron debido a la apertura económica. El objetivo de la apertura económica era diversificar las exportaciones a partir de la internacionalización de la economía (Beltran, 2013). A pesar de aumentar las exportaciones, principalmente en productos primarios como el petróleo, carbón, café y perlas preciosas; fue el sector agropecuario el que sufrió el mayor impacto de esta apertura de mercados.

La apertura económica hace parte del modelo neoliberal, basada en el libre comercio y la especialización de la producción de bienes con ventajas comparativas. En Colombia, la apertura económica no se realizó de manera equitativa, debido a que los países con quienes ha realizado intercambios comerciales no modificaron sus políticas proteccionistas, ni de subsidios al sector agropecuario; lo que derivó en un modelo que motivó las importaciones dejándose de sembrar un millón de hectáreas en la primera década después de su inicio (Vallejo, 2014). Para el año 2019, el DANE (2020), reportó exportaciones por un valor FOB (valor free on board) superior a 34 mil millones de dólares, mientras que las importaciones superaron los 50 mil millones de dólares, evidenciando una balanza comercial negativa acrecentada desde el año 2014. Para el año 2019, el sector agropecuario, de alimentos y bebidas representó un 13% en el total de importaciones anuales, siendo el principal producto el maíz, seguido del azúcar (ANALDEX, 2020).

Por otra parte, los TLC (Tratados de Libre Comercio) son concebidos desde la teoría como un pacto entre iguales. Sin embargo, en el caso de Colombia no ha sido así. La desgravación arancelaria de los productos que Colombia exporta a Estados Unidos, presentan negociaciones hasta por diecisiete años; en el caso de importaciones desde EEUU a Colombia, más del 50% de los aranceles fueron eliminados en su totalidad (Vallejo, 2014). Adicionalmente, al hacer un análisis general de los tratados de libre comercio a Estados Unidos y la unión europea (principales países destino de las exportaciones colombianas (DANE, 2020), Vallejo (2014) menciona las principales desventajas de la siguiente manera:

Los TLC (en particular, los suscritos con Estados Unidos y la Unión Europea) no son favorables a los apartados agrarios. Tanto EE.UU. como la UE subsidian considerablemente su producción agrícola, y si a esto le agregamos el alto componente tecnológico y la infraestructura vial, entre otros aspectos, es obvio que cuentan con mejores condiciones para colocar sus productos en el mercado nacional. Si comparamos las ayudas para el agro colombiano con las de EE.UU. y las de la UE, encontramos que, en nuestro país, ellas estaban representadas, básicamente, en aranceles y no tanto en subsidios directos como sí ha sido en los dos bloques comerciales mencionados. (Vallejo, 2014, p. 7.)

Stiglitz y Charlton (2005) denotan como “farsa” a los tratados de libre comercio, cuya premisa principal se basa en el planteamiento neoliberal del libre mercado; debido justamente a la negativa de EEUU y la Unión Europea a eliminar las subvenciones a la agricultura en estos acuerdos.

No obstante, la crisis del Desarrollo Rural no se puede acuñar únicamente a la apertura económica, los principales rasgos del modelo actual de desarrollo rural descritos por Machado, (2011) se resumen en la tabla 1 de la siguiente forma:

Tabla 1.

Rasgos del modelo de Desarrollo Rural

Fuente: Elaboración propia con base en Machado (2011).

El sector rural atraviesa una crisis compleja acentuada en las últimas décadas. Esta crisis ha ampliado la desigualdad entre el campo y la ciudad. Según resultados del último Censo Agropecuario realizado por el DANE (2015), el 45,7% de la población residente en el área rural se encontró en condiciones de pobreza multidimensional.

Riesgos biológicos crecientes

Una de las crisis de salud pública más recientes en la cual su impacto fue similar al COVID-19 pero a nivel local, fue el virus del Ébola, brote presentado en África occidental donde las medidas para la contención (cuarentenas y restricción en el movimiento de bienes y personas) afectaron las cadenas de suministro del mercado agrícola, principalmente los flujos comerciales internacionales de productos alimenticios e insumos agrícolas, lo que condujo a una reducción en el acceso a los alimentos por disminución en la producción local y aumento de los precios; dicho aumento ocasionó diferentes respuestas económicas y políticas como compras de pánico, proteccionismo y limitación a exportaciones lo que generó un incremento de la presión inflacionaria (FAO, 2020a). Otros de los problemas sanitarios fueron los asociados a la presentación de enfermedades como la influenza H1N1 en el 2009 y la gripe aviar en el 2005 las cuales estaban ligadas a los sistemas de producción de animal solo con la percepción de riesgo disminuyó el consumo de productos porcícolas y avícolas afectando gravemente estas industrias en países en vía de desarrollo (FAO, 2020a).

Desde un punto de vista crítico, los efectos que ha tenido el COVID-19 y las medidas que se han tomado parecen ser muy similares a las presentadas anteriormente, con relación a la producción de alimentos a pesar de que los productores agropecuarios tienen un panorama optimista, si los gobiernos implementan políticas de prohibición a las exportaciones a futuro puede presentarse un aumento artificial en los precios de los alimentos, a pesar de la disponibilidad, debido a la presión en la cadena de suministro (FAO, 2020e, 2020d; Schmidhuber, Pound, & Qiao, 2020). Si bien hasta el momento los precios de los alimentos no han aumentado de una manera significativa con relación a años anteriores, el impacto a grupos vulnerables en países en desarrollo dentro de cada país es un tema que requiere una atención considerable (FAO, 2020b).

Nuestro presente

Recrudecimiento del conflicto y neoliberalismo en declive

La región del Catatumbo se caracterizó por ser un territorio históricamente dominado por las FARC antes de la firma del cese del conflicto; por lo que la disputa por el control territorial por otros grupos armados, presentes en esta zona, ha registrado más de 30.000 nuevos desplazamientos internos (cifra más alta desde el año 2002) (ACNUR, 2019). Esta reconfiguración del conflicto ha generado ataques contra la población civil de manera creciente, reportándose 31 líderes sociales asesinados en Norte de Santander para el 2018, de un total de 172 (Red Nacional de Informacion, 2019). En este contexto, un cuestionamiento importante es ¿Por qué el gobierno no ha ejercido un control y presencia real en los territorios en donde tenía influencia las FARC? Sin embargo, se debe contextualizar el modelo político económico de las últimas décadas en Colombia basado en el neoliberalismo.

El modelo económico y político de Colombia desde la década de los 90, transformó estructuras sociales, económicas y culturales. Vallejo (1992) describe la política neoliberal de la siguiente manera:

Las políticas neoliberales constan de cuatro directrices:

1. El libre mercado asigna recursos, garantizando el libre desarrollo de la oferta y la demanda.

2. Apertura al sector externo (Desmonte arancelario y disminución de subsidios para no intervenir en la libre formación del precio de un bien).

3. Reducción del papel del estado (Estado controla principalmente el orden público, la defensa de la propiedad privada y la prevención de la sublevación social).

4. Liberación financiera estimulando la creación de la banca, corporaciones financieras y comercializadoras controlados por la política monetaria a través de las tasas de interés y el control del crédito bancario.

Tejedor (2012), concluye que estas directrices implementadas en Colombia en las últimas décadas han representado la pérdida gradual de las funciones sociales del estado de la siguiente forma:

El estado y sus diferentes poderes al servicio de los particulares y las empresas transnacionales, y, a su vez, en contra de los intereses comunes de la compleja sociedad colombiana. En este periodo, la población colombiana ha presenciado el despojo de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en empresas extranjeras y en detrimento de la dignidad de los colombianos y de su soberanía. (Tejedor, 2012, p72.)

En este contexto, la respuesta a la falta de control por parte del estado a territorios donde las FARC tenían influencia antes de la firma de los acuerdos se puede explicar teniendo en cuenta que el estado, en el modelo neoliberal, está limitado debido a su reducido papel y a la pérdida de la soberanía y el patrimonio público, en donde las personas que gobiernan están al servicio del capital particular (Tejedor, 2012). Aunado a esta compleja evolución del modelo neoliberal, en Colombia se presentan dos fenómenos importantes: el narcotráfico y las mafias. Krauthausen (1994), relaciona a la mafia como una lógica de poder y para el caso del narcotráfico como una lógica de mercado; y son estas dos lógicas las que se han profundizado en Colombia desde mediados del siglo XX y ahondado en el modelo neoliberal actual, a tal punto que varios gobernantes y grupos profesionalizados de criminales se han visto inmersos en ambas.

En el ámbito económico, el modelo neoliberal implementado en Colombia ha demostrado que la desigualdad llega a niveles impensables. El coeficiente Gini se mide en un rango de 0 a 1, donde cero significa que todos tienen el mismo ingreso y 1, que una persona concentra todos los ingresos. El índice Gini para el año 2018, fue de 0,5, lo que hace a Colombia el segundo país más desigual en América Latina y el séptimo en el mundo (BANCO MUNDIAL, 2020). Esta desigualdad demuestra la ineficiencia del modelo neoliberal colombiano para disminuirla; que incluso fue más crítico en el periodo 2006- 2014 (periodo del auge petrolero), cuando se alcanzaron niveles de crecimiento económico de hasta 6.6% y unos niveles de desigualdad superiores a los actuales (Universidad Nacional de Colombia, 2018).

Una pandemia necesaria

El 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote era una emergencia de salud pública de interés internacional. Para el 11 de febrero del mismo año, la OMS ha denominado a la enfermedad, COVID-19, abreviatura “enfermedad por coronavirus 2019” (OPS/OMS, 2020); en Colombia, el 12 de marzo del 2020, la resolución 385 declaró la emergencia sanitaria por COVID19 y el 22 de marzo del 2020 generó el decreto 457 que declaró la orden de aislamiento preventivo obligatorio permitiendo la circulación de actores relacionados con la cadena de abastecimiento de alimentos (Ministerio del Interior, 2020). Esta situación generó una importante preocupación nacional no solo por las implicaciones sanitarias, sino por los aspectos económicos y sociales asociados a la pandemia y a las medidas de contención.

Con el fin de evitar consecuencias de las medidas de contención, la FAO diseñó las siguientes fases en la gestión del impacto del COVID19 (FAO & CEPAL, 2020b):

1. Evaluar el impacto en la seguridad alimentaria y nutricional, los medios de vida y el sistema alimentario

2. Garantizar necesidades inmediatas

3. Garantizar la disponibilidad y acceso a los alimentos

4. Apoyo a los ingresos relacionados con la alimentación y la agricultura

5. Continuidad y recuperación

6. Reconstruir mejor con enfoque de resiliencia

Para el caso de Colombia, solamente se reporta actividad en la segunda fase, la cual busca garantizar el acceso a los alimentos mediante la adopción de políticas y alianzas entre sectores, dentro de la adopción de políticas se tiene que para el 4 de abril de 2020, mediante el decreto 518 se crea el Programa Ingreso Solidario (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2020) y la resolución 1093 del 6 de abril de 2020, que establece las condiciones para las personas beneficiarias del programa (DNP, 2020). El objetivo es ofrecer un soporte económico a poblaciones vulnerables para garantizar el acceso a alimentos. No obstante, no se evidenció el apoyo a productores agropecuarios pero si se fortaleció el programa de FINAGRO: Líneas Especiales de Crédito (LEC), con tasa subsidiada que estaba conformada por tres bolsas y con el avance de la pandemia se fueron abriendo segmentos para la aplicación a los subsidios (FINAGRO, 2019, 2020). De esta manera, es evidente que los créditos subsidiados han estado involucrados a sectores tradicionales, que no garantizan el acceso a productores rurales que tengan necesidades inmediatas. Por otro lado, es importante resaltar que uno de los aspectos positivos de la pandemia fue hacer visible el desinterés estatal por las poblaciones vulnerables, observando las deficiencias en los sistemas de salud, infraestructura y vías de las poblaciones rurales considerando que este ítem está priorizado en los acuerdos de paz. De la misma forma, el uso de las redes sociales y demás mecanismos de información permitieron hacer públicas masacres ocurridas durante la pandemia realizadas por intereses relacionados con el narcotráfico, la minería, las grandes empresas y el manejo de tierras públicas como bienes privados.

Un posible futuro

Un nuevo sistema a implementar

El contexto histórico de Colombia, la crisis del sistema neoliberal actual y la pandemia COVID-19, plantean una importante oportunidad de transformación del sistema que, si se logra capitalizar, puede ser un modelo a seguir para la región, dependiendo del contexto de cada país. Es importante reconocer que el modelo neoliberal fracasó desde toda visión posible, como se ha sustentado anteriormente. Sin embargo, esto no significa que el sistema capitalista no funcione. López (2018) menciona que, para el caso de México, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se está implementando un sistema capitalista que busca acabar con el modelo neoliberal, pero conservando la propiedad privada, el estado de derecho, las libertades individuales y el libre mercado. Este nuevo sistema denominado “neodesarrollista” busca recuperar el papel del Estado como promotor del crecimiento económico en donde los principales ejes son la agricultura autóctona y la industria nacional. El reto no es fácil, toda vez que se debe desmontar un régimen neoliberal arraigado en el dominio económico y político varias décadas atrás. Múltiples miradas de diferentes regiones están puestas en esta iniciativa. Es importante mencionar que el modelo neodesarrollista que está implementándose en México, proviene de las economías en auge del continente asiático, principalmente del modelo de desarrollo japonés que después de la década de los 50 presentó tasas de crecimiento de hasta 10% anual, y que también fue adoptado por Corea del Sur, Taiwán y Singapur posteriormente (López, 2018).

Para el caso de Colombia este modelo neodesarrollista se podría adoptar, teniendo en cuenta el potencial agroindustrial del país. Esta adaptación iría muy de la mano con la implementación de los acuerdos firmados en La Habana, en donde el punto número uno Reforma Rural Integral, sería un eje dinamizador fundamental, aunque la estrategia principal para poder implementar este sistema, es un importante papel del Estado a través de políticas industriales, caracterizado por una austeridad clara en el gasto público, no endeudamiento externo y una recaudación fiscal en donde las personas que más ganen sean los que aporten más y viceversa.

Es claro, que la implementación de un sistema como el neodesarrollismo o capitalismo nacionalista, requiere de la voluntad de todos los sectores políticos, económicos y sociales para dar un importante giro a la transformación profunda de Colombia. La situación actual de Colombia no brinda este ambiente excepto en el caso de llamarse a una Reforma a la Constitución, que permita de manera profunda implementar este tipo de transformaciones; situación que de igual forma se ve lejana.

Estrategias necesarias para la transformación rural

Teniendo en cuenta el panorama anterior, se deben tomar acciones que contribuyan al beneficio de las comunidades rurales y que sean el eje renovador del desarrollo económico frente al COVID19:

• Implementación transparente de los acuerdos de paz

• Descentralizar el país

• Recuperación de saberes ancestrales y territoriales

• Desarrollo de Centros de Investigación Locales

Implementación acuerdos de paz

La llegada del COVID19, agudizó y visibilizó la crisis que sufren muchos campesinos y pobladores rurales, principalmente como se evidenció anteriormente el acceso a la tierra, lo cual es la principal razón por la cual inició el conflicto en Colombia (Arango, 1987; Centro Nacional de Memoria Histórica., 2016; Fajardo, 2014; Legrand, 1988; LeGrand, 1984; Machado, 2017). En las zonas donde esta situación es más frecuente se presenta infraestructura reducida, acceso a bienes y servicios públicos, y las poblaciones expuestas al control de distintas facciones criminales (Garzón et al., 2020). Teniendo en cuenta este panorama, es absolutamente necesaria la implementación de los Acuerdos de Paz, proceso que se ha estancado en un momento crítico ya que representa un gran desafío debido a que por la emergencia sanitaria se puede presentar disminución de los recursos y redefinición de prioridades, sin embargo, según la ONU y su misión de verificación en Colombia la implementación integral de los acuerdos es un elemento clave para la recuperación económica y social de los efectos de la pandemia (Conducive Space for Peace, Humanity United, & Peace Direct, 2020; Garzón et al., 2020; ONU, 2020).

La necesidad inmediata es la implementación del punto 1 de los acuerdos (Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral), siempre y cuando se tengan en cuenta los errores cometidos en los anteriores intentos políticos por garantizar el acceso a la tierra, por lo que la Ley de Tierras que aún no se firma, debe proteger los terrenos destinados para las personas beneficiarios (víctimas, excombatientes y sus familias) frente al riesgo de la apropiación por manos privadas, es decir, que este territorio no pueda ser adquirido por mercado de tierras y que a su vez la distribución responda a una clasificación del nivel de vulnerabilidad de quienes se beneficiarán. Es importante que el Estado tenga claro que la agroindustria a gran escala no siempre es la respuesta a las necesidades de las comunidades locales, uno de los ejemplos más claros es en el Valle del Cauca, donde los ingenios azucareros y la ganadería han utilizado extensas áreas del territorio desde 1568 y han generado altísimos ingresos a propietarios privados, dejando además un impacto ambiental irrecuperable (Mancini, 1954). Teniendo en cuenta esto, al fomentar el uso productivo de los terrenos es vital reconocer a las producciones familiares y de traspatio como un sistema de producción válido dentro de la economía regional, el cual genera ingresos a nivel local y contribuye a la identidad territorial. Con el objetivo de potencializar estas economías regionales los PDET deben tenerlas en cuenta e involucrarlas en programas gubernamentales locales. Un caso similar ocurrió en Guatemala donde se creó un proyecto llamado “Comedores escolares sostenibles”, el cual se desarrolla en el programa “Escuelas Sostenibles”, y se basa en la compra de productos agropecuarios a las familias locales para la alimentación dela niñez en las escuelas tanto urbanas como rurales, de esta manera se logra garantizar un abastecimiento a las escuelas locales, una compra fija para los campesinos y las campesinas y de manera indirecta la generación de productos de excelente calidad, así entonces se crean relaciones ganar - ganar entre proveedores y consumidores (FAO & CEPAL, 2020a).

Por otro lado, en este proceso de implementación se sugiere ofrecer las suficientes garantías de seguridad para las familias beneficiarias y para las personas excombatientes presentes en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde la titulación de las tierras contribuye a la disminución de la incertidumbre de campesinos, excombatientes y sus familias, lo que reduciría la probabilidad de que ellos vuelvan a las armas (ONU, 2020). Dichas garantías deben estar basadas en la implementación del decreto 660 del 2017 “Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios”, donde en el último informe no hay evidencia de acciones específicas para la creación de comités técnicos por parte del Ministerio del Interior para la creación de comités técnicos y la inclusión en los mismos de representantes de la población objetivo para un mejor desarrollo del proceso (Indepaz, 2019). Si bien, es cierto que es necesaria la presencia de policía y fuerzas militares nacionales en ciertas zonas del país, es preciso que el personal que vaya a participar pase un proceso de sensibilización de la situación desde todos los frentes y así evitar procesos de discriminación especialmente de cara a las personas excombatientes.

Descentralizar el país

La descentralización es un proceso mediante el cual se transfiere poder de decisión y responsabilidad desde el nivel central de una organización, a unidades descentralizadas o alejadas del centro (Departamento Nacional de Planeación, 2012). Para el caso de Colombia, desde sus inicios como república se ha fomentado la búsqueda permanente de reconciliación entre Estado y territorio, es decir, entre la autonomía regional y el Estado unitario. Sin embargo, tres décadas después de la constitución de 1991 que buscaba la descentralización de los territorios, el camino ha demostrado ser ineficiente (Soto, 2011). Dos de los aspectos centrales de los acuerdos de paz son la transformación estructural del campo colombiano y el desarrollo con enfoque territorial. El espíritu del enfoque territorial quedo implícito en los acuerdos de La Habana de la siguiente manera:

El Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. (Presidencia de la República & FARC-EP, 2016)

Según la FAO, (2007), el enfoque territorial rural es una de las más importantes orientaciones políticas y programas para las áreas rurales de América Latina. La diversidad, y complejidad al interior de los territorios y sus actores representan una gran oportunidad y retos en el Desarrollo Rural. Sin embargo, la definición de territorio rural es compleja. El concepto de ruralidad ligado a un territorio se asume históricamente con áreas ubicadas en el campo agropecuario. Sin embargo, (Dirven et al., 2011) define los territorios rurales como “aquellos espacios cuya historia de construcción social se sustenta principalmente por los recursos naturales y mantiene esta dependencia estructural de articulación”. En este contexto, una plaza de mercado o una feria artesanal ubicados en el interior de una ciudad cabrían dentro del concepto de territorio rural.

Sin embargo, volviendo a las estrategias enfocadas en el desarrollo territorial cobra vital importancia la participación de las comunidades como fuente de construcción de territorios sostenibles (Carvajal, 2017). Resultado de este ejercicio se obtiene uno de los principales insumos para la implementación de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT); principal instrumento de construcción de paz. Los PDTs deben incluir los siguientes puntos en su estructura, según el (DANE, 2016):

(i) Identificar y abordar problemáticas y conflictividades territoriales asociadas a tensiones socioeconómicas, socio-ambientales e interétnicas.

(ii) Incluir estrategias de fortalecimiento de la capacidad institucional a través de la integración comunitaria, el diálogo, el desarrollo de visiones colectivas y la rendición de cuentas y transparencia.

(iii) Proponer medidas que orienten la gestión pública hacia la participación ciudadana incluyente, el goce efectivo de derechos, acción sin daño y sensibilidad del conflicto, gestión de resultados y la integración regional, y

(iv) Desarrollar la participación ciudadana como medio legitimador de los procesos sociales, además de que sirve de foco para incluir a las personas actoras que han sido excluidos.

Uno de los grandes retos para lograr una estrategia óptima en el desarrollo territorial es mejorar la educación en las comunidades rurales; de esta manera se brindan mecanismos de participación para defender intereses colectivos y fortalecer la democracia en zonas donde este término se desconoce en su totalidad (Carvajal, 2017).

Recuperación de saberes ancestrales y territoriales

Colombia reconoce los saberes ancestrales como un componente importante para el desarrollo y propone valorar e incluir la diversidad cultural, así como subrayar la importancia de incorporar el patrimonio de conocimientos tradicionales y ancestrales, al igual que Bolivia, Ecuador y Perú (UNESCO, 2015). Sin embargo, es urgente el retomar y recordar los saberes ancestrales que han estado presentes a lo largo de la historia colombiana. Las culturas Quimbaya, Chibchas, Ticunas, Arhuaco, Wayuu, Emberá, Kogi, Guambianos, Pasto, entre otras, hacen parte del acervo ancestral y cultural de un país que las ha relegado al olvido, a pesar de su normatividad. La mejor manera para mantener vivo el espíritu de un territorio es manteniendo sus saberes y tradiciones que en el caso de las culturas indígenas buscan el equilibrio entre el ser y su entorno, logrando de esta manera una paz territorial (Aragon et al.,2018).

Una estrategia fundamental para la construcción de un nuevo sistema basado en la reconciliación y el desarrollo, es el cierre de deudas históricas que han perpetuado la exclusión de pueblos indígenas y afros. Su lucha por sobrevivir ha fortalecido su cultura, territorio, autonomía, derechos étnicos, gobernanza y en una instancia final, la construcción de paz (Aragon, M. et al, 2018). Por último, en el marco de la economía solidaria, los saberes ancestrales y de los territorios se evidencia una construcción de tejido social y colectivo de nuevos conceptos y conocimiento, que en vez de reproducir la hegemonía y actitud monocultural permite el crecimiento conjunto de conocimientos multiculturales basados en el beneficio mutuo (Alvarez, 2017).

Desarrollo de institutos de investigación local

El país cuenta con 68 centros de investigación y desarrollo tecnológico reconocidos por Colciencias, de los cuales 36 se concentran en Bogotá y solo 13 centros realizan investigaciones del sector agropecuario (MinCiencias & Colciencias, 2017). Como resultado la falta de investigación se ha venido manejando en su mayoría desde la capital y parte de los centros de investigación atienden necesidades muy específicas, que no necesariamente responden al desarrollo rural de manera directa. Una de las razones de esta situación es la poca inversión que se hace tradicionalmente en el país al sector Ciencia, Tecnología e Innovación, de los 218,1 billones del presupuesto nacional solamente 0,39 billones van para el rubro de investigación, en comparación con el sector defensa y policía el cual recibió 35,38 billones para el 2020 (MinHacienda, 2020), por lo que las entidades que administran el presupuesto deben priorizar proyectos y centros de investigación donde muchos a nivel regional quedan sin capital para ejecutar sus propuestas.

En este sentido, se propone aumentar el presupuesto destinado a investigación para que los centros regionales que tienen tanto potencial, originen la creación de soluciones locales aplicables y ejecutables desde y para el territorio. Ahora bien, para lograr realizar investigación se requiere la formación de profesionales por lo que se deben fortalecer también las universidades públicas locales ya que los SENAs son en muchos casos la única opción para la juventud rural. Por esto, la formación profesional es fundamental para tener profesionales capacitados que desarrollen estrategias de desarrollo local y no todo quede en manos de los centros de investigación localizados en la capital.

Un camino incierto pero necesario

Colombia, al igual que diferentes países que están en un proceso de construcción de paz como Congo, Somalia y Camerún han cancelado o estancado programas de diálogo debido al COVID-19, los gobiernos además han tomado esta situación de crisis y la respuesta de quienes la sufren, como un acto subversivo y lo explotan para restringir aún más los espacios de la sociedad civil y aumentar medidas autoritarias. Por otro lado, quienes lideran la construcción de paz a nivel local temen que sea difícil recuperar este espacio después de la crisis y peor aún en muchos casos sobre todo en Colombia, en donde las personas líderes temen por sus vidas y no precisamente a causa del COVID-19 (Conducive Space for Peace et al., 2020). Un factor común en estos países, es el aumento de las desigualdades y el crecimiento de las consecuencias del conflicto con la llegada de la pandemia por lo que frenar los pocos procesos de construcción de paz que se pueden tener no es más que de un desacierto.

Es evidente que la pandemia propinó un duro golpe al modelo neoliberal y su economía capitalista pero, el capitalismo ha sobrevivido a varias crisis mundiales como la gripe española y la Gran Depresión de 1930 (Borón, 2020), y lo más seguro es que sobreviva al COVID-19. Es preciso un cambio a nivel nacional donde el modelo económico basado en el capitalismo a ultranza no genere más desigualdad de la que ya existe, con esta afirmación no se quiere sugerir que el capitalismo debe desaparecer, ya que en muchas economías es necesario, pero debe disminuir su agresividad teniendo en cuenta el territorio en el que se desarrolla. No estamos seguros de que la respuesta a la diversidad de problemas del país sea el fin del modelo Neoliberal, más sus efectos a lo largo de la historia han sido devastadores por lo que el COVID-19 puede ser una excusa para la reconfiguración nacional.

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