Denis Antonio Arboleda Suarez
Universidad del Cauca, Colombia
dearsua@hotmail.com
Resumen
En el siguiente documento se realiza un recorrido por algunos aspectos históricos que dieron paso al surgimiento del programa social Familias en Acción bajo el gobierno del ex presidente Andrés Pastrana en Colombia, y que posteriormente fue constituido como política de Estado durante la actual administración del presidente Juan Manuel Santos. En un segundo momento se presentan los resultados de la política para la comunidad beneficiaria de la localidad de El Plateado Cauca, resultados que se obtuvieron a partir de la constatación directa en campo y con actores claves por medio de la entrevista directa. En este sentido, el trabajo tuvo como objeto evaluar la política mencionada en una localidad del Municipio de Argelia - Cauca, para así constatar un poco con las fuentes de evaluación estatal.
Palabras clave: programas subsidiarios condicionados, política de Familias en Acción, programas sociales, gobierno colombiano
Abstract
The following document is a journey made by some historical aspects that led to the emergence of the social program Families in A ction under the government of former President Andrés Pastrana in Colombia, and later it was established as a state policy under the current administration of President Juan Manuel Santos. The results of the policy to the beneficiary community of the town of El Cauca Silver, results obtained from direct observation in the field and with key stakeholders through direct interview are presented in a second time. In this sense, the study was to evaluate the policy referred to in a town in the municipality of Algeria - Cauca, so finding some sources with state assessment.
Keywords: conditional subsidiary programs, program Families in Action, social program, Colombian government
Introducción
El Corregimiento del Plateado se localiza en el municipio de Argelia Cauca, sur occidente colombiano. Aquí, la actividad económica principal gira alrededor de los cultivos de uso ilícito, los cuales han desplazado formas locales de producción desde hace ya más de 30 años, razón por la cual las ideas, valores y prácticas dominantes de la gente se encuentran mediadas por la actividad económica del narcotráfico que trasciende el campo esencialmente material de la vida individual y colectiva. Ahí, los factores que constituyen identidades fortalecedoras del tejido social y comunitario se ven eclipsados por las condiciones socioeconómicas existentes y las formas de apropiación del territorio (POMCH, 2010:49). La cultura del narcotráfico ha roto completamente con estrategias locales para la soberanía alimentaria, y si bien es cierto que la circulación de dinero producto de la actividad predominante es cuantiosa, también es una realidad la concentración de recursos en un número mínimo de productores. Los llamados raspachines [1] al igual que muchos hogares presentan dificultades para el acceso permanente a los alimentos, situación que se ve reflejada en numerosos casos de desnutrición en niños y jóvenes de edad escolar.
Del mismo modo, la zona es una región caracterizada en gran parte por la presencia de colonos provenientes de varias partes del país motivados por las promesas del narcotráfico, el cual promueve en el caso lo ilícito, valores y actitudes propios de las economías donde el dinero sustituye otros elementos de articulación social; así mismo, establece relaciones de dependencia económica y fortalece la idea de que la organización social es innecesaria para mejorar las condiciones de vida, lo cual tiene consecuencias negativas para el desarrollo local. Este aislamiento social en el cual se va sumiendo la comunidad es reforzado por la ausencia de una política social, agraria y ambiental nacional orientada a distribuir equitativamente la tierra y los medios de producción necesarios para cimentar una economía campesina lícita. Es en este escenario de conflicto en el cual se da el análisis de la política Familias en Acción desde la mirada de sus beneficiarios.
Antecedentes de los programas subsidiarios condicionados
Las transferencias monetarias condicionadas (TMC) forman parte de una generación de políticas sociales denominadas social safety nets (redes de protección social), que procuran minimizar la pobreza o mitigar riesgos en términos de choques transitorios adversos (Prichett, citado por García et al, 2012:6 ). En esta vía, en América Latina los programas de subsidios condicionados están presentes en 17 países incluido México con el “Programa de Educación, Salud y Alimentación - PROGRESA” que luego se transformó en el actual “Plan Oportunidades”; Brasil ha tenido experiencias como el “Programa de Erradiçao do Trabalho Infantil – PETI”, “Programa Nacional da Bolsa Escola”, el “Bolsa Alimentação” y el actual “Bolsa Familia”; Chile tiene el programa “Chile Solidario”; Argentina promueve el programa de “Asignación Universal por hijo”; Colombia el programa “Familias en Acción”; Ecuador tiene el “Bono de Desarrollo Humano”; en Bolivia se otorga el bono “Juana Azurduy” para madres gestantes y lactantes; Panamá “Red de Oportu nidades”; Honduras desarrolla el “Programa de Asignación Familiar”; Jamaica, el “Program of Advancement through Health and Education” , Nicaragua tiene la “Red de Protección Social” y El Salvador cuenta con la “Red Solidaria” (Global Exchange, 2010:3).
En términos históricos, desde el año 1997 se han implementado en más de 30 países experiencias de transferencias monetarias condicionadas, generalmente auspiciadas por la banca multilateral (BM y FMI). Estos programas consisten en otorgar pequeñas sumas de dinero a familias pobres como incentivo para el cumplimiento de compromisos como la asistencia regular de los niños a la escuela y seguimientos nutricionales en centros de salud (Global Exchange, 2010), con la esperanza de que con estas acciones se logren superar de manera significativa las condiciones de pobreza que padecen muchas comunidades rurales y urbanas, y a la vez se contribuya en la consolidación de capital humano a partir de la permanencia de jóvenes en los sistemas escolarizados. Sin embargo, a la luz de la realidad tales cambios parecen no ser del todo efectivos.
Quienes consideran que estos programas son una alternativa para la superación de la pobreza sustentan sus afirmaciones, entre otros factores, en la disminución de la deserción escolar y la desnutrición infantil, como un claro avance en el capital humano y el desarrollo desde la familia. Por su parte, existen detractores que señalan los programas asistencialistas como generadores de una dependencia de los beneficiarios y ser insostenibles en el tiempo (Global Exchange, 2010).
El programa Familias en Acción y sus objetivos
El programa Familias en Acción fue diseñado y puesto en marcha en el año 2000 bajo el gobierno del ex presidente Andrés Pastrana con recursos del BID, el Banco Mundial y el Plan Colombia, y luego fue continuado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y el actual mandatario Juan Manuel Santos. Si bien el programa fue concebido inicialmente para la población vulnerable, la Sentencia T-02519 de 2004 de la Corte Constitucional, exigió a las entidades encargadas de atender a los más de 3 millones de víctimas del desplazamiento forzado interno en Colombia, lo cual llevó a reformular la política pública y velar por su efectivo cumplimiento. En tal sentido, el gobierno nacional formuló una serie de medidas entre las cuales se contempló la ampliación del programa Familias en Acción como una forma de atender a la población desplazada por la violencia (Global Exchange, 2010:4).
Bajo la presidencia de Juan Manuel Santos se abre la discusión en el Congreso de la República sobre la pertinencia de convertir el programa en política de Estado que finalmente se materializa en la Ley 1532 del 7 de junio de 2012. Así, el programa desarrolla sus acciones bajo la dirección y coordinación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de regular, ejecutar, vigilar y realizar el respectivo seguimiento de las acciones, planes y mecanismos implementados en el marco de este programa (Ley 1532; 2012). Del mismo modo, con la ley en mención se crea el Sistema de Información de Subsidios Monetarios, cuyo fin es sistematizar y automatizar la información sobre familias beneficiarias de los programas de transferencia monetaria, así como garantizar la publicidad de las condiciones de acceso, criterios de elegibilidad, criterios de priorización, autoridades competentes para su otorgamiento, plazos y procedimientos de postulación, y estimular la Veeduría Ciudadana y de autoridades públicas de control sobre las actuaciones de los funcionarios competentes para el otorgamiento de dichos subsidios.
De la misma manera, bajo el marco de la Ley 1532, en su artículo tercero se reafirman como objetivos contribuir a la superación y prevención de la pobreza y la formación de capital humano, mediante el apoyo monetario directo a la familia beneficiaria. En este sentido la política busca: a) Contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad del ingreso; b) Incentivar la asistencia y permanencia escolar de los menores de 18 años; c) Impulsar la atención de salud, en particular la asistencia a controles de crecimiento y desarrollo de los niños menores de siete años; d) Incentivar las prácticas de cuidado de los niños, mujeres, adolescentes y jóvenes, en aspectos tales como salud, lactancia materna, desarrollo infantil temprano y nutrición; e) Contribuir, a partir del conocimiento de la población beneficiaria del programa y del análisis de su comportamiento en cuanto al cumplimiento de compromisos, a la cualificación de la oferta en salud y educación.
Características de los hogares beneficiarios de la Política de Familias en Acción
En el nivel local, los hogares beneficiarios de la política de Familias en Acción se clasifican en los estratos socioeconómicos 1 y 2 del SISBEN, pertenecientes en un 100% a comunidades campesinas cuyos hogares están compuestos en su mayoría por cuatro integrantes. Un 25% de los hogares, además del acceso al subsidio otorgado por la política de Familias en Acción, es beneficiario de otros programas estatales por medio de la Red Unidos, y 100% de los hogares afiliados que tienen hijos en edad escolar se benefician del subsidio de restaurante escolar a partir de recursos girados directamente desde la Secretaria Departamental de Educación del Cauca, situación que de alguna manera contribuye a paliar los problemas de desnutrición frecuentes en la zona. Frente a este último aspecto, un 7.7 % de los hogares manifiesta presentar dificultades para garantizar las tres raciones mínimas de alimentos a los integrantes de la familia.
Si bien en la zona de ubicación del corregimiento la economía demuestra un flujo significativo de dinero, esto no se ve reflejado en la familia puesto que un 47.7% de los hogares manifiesta vivir con menos de 12.000 pesos diarios (menos de 6 dólares al día). Ahora, teniendo en cuenta que un 82% de los hogares está conformado por cuatro y cinco personas, aplicando indicadores arbitrarios como los establecidos para determinar los índices de pobreza solamente basados en el nivel de ingresos, podría concluirse que la mayoría se halla en el umbral o por debajo de la línea de pobreza; sin embargo, debe admitirse que tal concepto deja por fuera del plano muchos otros elementos de análisis que se deben considerar.
Aspectos metodológicos de la investigación
En la investigación sobresale el carácter cualitativo a partir de las diferentes opiniones que tienen los beneficiarios frente a la política de Familias en Acción. En este sentido, el desarrollo del trabajo se llevó a cabo en tres momentos que parten de la revisión de los antecedentes de la política, continúa con la fase de campo y termina con la sistematización y análisis de información.
En la revisión de la documentación, se recurrió a diferentes informes de instituciones como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Fundación Foro Nacional por Colombia, la Ley 1532 de 2012, así como informes de gestión municipal entre otros. A través de la información revisada, se trazó un marco histórico de los antecedentes que dieron origen al programa de recursos condicionados para familias de escasos recursos en Colombia, como también de los procesos de reestructuración y evaluación desde el plano institucional del gobierno nacional.
En un segundo momento, se llevó a cabo la caracterización tanto de la zona como de las familias beneficiarias de la política. Para ello se recurrió a la entrevista de actores partícipes del desarrollo de la política en el nivel local, en la cual se indagó acerca de condiciones de vida, nivel de ingresos, seguridad alimentaria, composición familiar y acceso a programas sociales del gobierno nacional. Del mismo modo, se preguntó acerca de las percepciones que tienen los beneficiarios de la política a la vez que de los cambios logrados en la base familiar a partir del desarrollo del programa.
A partir de la información suministrada en campo por los beneficiarios, se realizó un análisis de cada uno de los interrogantes planteados, a la vez que se construyó la red de instituciones que participan en el desarrollo de la política a nivel local. En este último aspecto, se utilizaron los softwares UCINET y NetDraw, partiendo de la coordinación entre instituciones y actores como variable para la construcción de la red.
Resultados de la evaluación de la política Familias en Acción en la comunidad beneficiaria del Corregimiento del Plateado
Opinión acerca del cambio de los hábitos familiares: Si bien el programa ofrece un subsidio condicionado, ello no ha implicado serios cambios en los hábitos de vida familiares y personales. Los pocos casos que aceptan ciertos cambios manifiestan que en alguna medida el programa ha incidido en que estén más pendientes de sus hijos porque deben llevarlos a los controles de crecimiento y desarrollo, a la vez que ha fortalecido las capacidades de liderazgo y expresión en el grupo de aquellas madres que actúan como líderes del grupo de beneficiarios (as) del corregimiento.
Por otro lado, se señala que en unos pocos se está generando cierta cultura de ahorro en la medida en que los recursos que llegan por el subsidio se van acumulando hasta que se reúne una cantidad significativa para luego invertirla en requerimientos para sus hijos. Sin embargo, es una actividad que pocos hacen dado que la mayoría son personas de escasos recursos que utilizan el subsidio como una herramienta para complementar algunos gastos.
Opinión frente a los resultados del programa: Hay coincidencia entre los beneficiarios en afirmar que el programa ha mostrado resultados positivos. Si bien señalan que los recursos que son transferidos son muy escasos, en cierta medida ayudan para cubrir los gastos de sus hijos, además de que el programa ha incidido en que los padres estén más pendientes cada vez que se deben realizar actividades como el control de crecimiento y desarrollo de los niños.
Aspectos Organizativos: En el nivel local, el grupo de madres beneficiaras, desde la asamblea general, selecciona un número determinado de madres líderes, cuya función es mantener la comunicación permanente entre el jefe de Desarrollo Social y Comunitario de la alcaldía municipal y las familias beneficiarias.
Frente a este primer nivel de organización, después de las indagaciones se constató que no existe una plena coordinación local. Se señala que no hay una plena coordinación local de actividades entre las madres líderes con las demás beneficiarias y los representantes centrales de la alcaldía municipal. Dentro de las múltiples causas que conducen a esta situación se aduce la existencia de diferencias internas entre el grupo, lo que hace que no sea posible su integración, además de la falta de compromiso y el incumplimiento desde la misma alcaldía municipal en múltiples ocasiones con actividades ya programadas, lo cual ha conducido a que las madres beneficiarias terminen culpando a las representantes líderes de la pérdida de tiempo, generando con ello desmotivación y fragmentación del grupo.
Por otro lado, también se manifiesta una falta de coordinación entre la administración municipal, las entidades promotoras de salud y las instituciones educativas; en repetidas ocasiones, cuando se asiste a los controles de crecimiento y desarrollo a jornadas de salud en higiene oral y salud reproductiva, muchos beneficiarios no son atendidos porque la información sobre la permanencia en el sistema escolar no llega a tiempo, razón por la cual a veces se deben aplazar las jornadas de atención para aquellos que no aparecen en los listados de beneficiarios activos. Dicha situación se repite en relación con el retraso de los pagos del subsidio mediante la entidad financiera intermediaria.
Finalmente, teniendo en cuenta que la zona de ubicación de la comunidad beneficiaria presenta un gran distanciamiento de la cabecera municipal, esta factor ha impedido una comunicación más directa con los demás miembros la administración municipal, al igual que limita el desplazamiento de todas las madres en las épocas de realización de pagos. Una estrategia del grupo ha sido el aporte de una cuota anual por beneficiaria para la creación de un fondo que permite que las madres líderes se desplacen hasta la cabecera municipal para ayudarles en el trámite de los cobros en efectivo de los subsidios. Sin embargo, esta estrategia solo se desarrolla con aquellas madres que mantienen coordinación activa con sus grupos encargados.
Aspectos positivos y negativos del programa: La mayoría de madres beneficiarias coinciden en afirmar que ha sido un buen programa en cuanto a que los ingresos percibidos por el subsidio han contribuido a que las familias de escasos recursos puedan complementar algunos gastos que requieren sus hijos, al igual que ven en los controles de crecimiento y desarrollo un aspecto positivo para garantía de una buena salud. Solo unos pocos señalan que los procesos de organización exigidos han conducido a fortalecer los procesos organizativos comunitarios. Del mismo modo se menciona que para algunas beneficiarias las capacitaciones que se orientan desde el programa han sido buenas porque les ha ayudado para estar más pendientes tanto de la salud de sus hijos como de la de ellas mismas.
Por otro lado, frente a los aspectos negativos, uno de los más reiterados es el limitado monto de los recursos transferidos, que sumado al distanciamiento de la cabecera municipal termina reduciéndolos aún más, puesto que el desplazamiento para realizar los cobros implica gastos en transporte y tiempo. Del mismo modo, como ya se indicó, la falta de coordinación entre los gestores centrales y las madres líderes genera una pérdida de tiempo ya que en repetidas ocasiones son citadas a capacitaciones que a última hora terminan siendo canceladas, o que en el peor de los casos las personas encargadas nunca se presentan a los lugares de reunión, generando así el descontento de la comunidad.
Algo que se evidencia es la similitud en muchas de las percepciones frente al programa desde las familias beneficiarias; sin embargo, cuando se entrevistó a líderes comunitarios que forman parte de las Juntas de Acción Comunal y que no son beneficiarios pero que muchos de sus familiares sí reciben el subsidio, si bien aceptan que es un recurso escaso que contribuye en mínima cuantía para algunos gastos, por otra parte señalan que una de las funciones de este tipo de políticas es establecer sistemas de control de información, de tal modo que permite establecer canales de información directa con entidades de la fuerza pública como los batallones militares. En este sentido, afirman que el programa en el fondo no promueve la mejora económica de las familias sino que conduce en última instancia a que estas tengan un número mayor de hijos quienes finalmente deberán insertarse en las filas armadas para cumplir con su servicio militar obligatorio “hijos para la guerra”.
Del mismo modo, los líderes coinciden en su percepción de que el programa para nada contribuye al desarrollo del capital humano, pues los recursos son tan pocos que difícilmente pueden potenciar el desarrollo de capacidades en los jóvenes beneficiarios, aún más cuando se vive en un contexto en el cual las actividades asociadas al narcotráfico terminan sobreponiéndose a otras opciones de vida, afirman. En este sentido, agregan, además de que no hay una relación directa entre la permanencia en el sistema escolarizado de los jóvenes y el subsidio, lo cual se puede corroborar en los reportes de deserción que reposan en las instituciones educativas. Si bien durante los últimos años ha habido aplicación de cobertura, el número de estudiantes que abandonó sus actividades escolares aumentó en relación con los años 2011 y 2012, mientras que las actividades derivadas del narcotráfico presentan una leve mejoría (ampliación de áreas cultivadas en coca y mejora de precios en el mercado de cocaína procesada), lo que está estrechamente relacionado con los jóvenes que abandonan sus estudios para insertarse en este tipo de economías que ofrecen una mejora de las condiciones económicas a corto plazo.
Por lo tanto, desde la visión de los líderes comunitarios, una real política que contribuya al desarrollo de las capacidades debe partir de la solución de los enormes conflictos agrarios que históricamente ha vivido el país y que necesariamente debe pasar por una redistribución de la tierra y una política social que garantice el acceso a servicios universales de educación, salud y trabajo en igualdad de oportunidades.
Relación entre el rendimiento escolar de los estudiantes y los beneficios del Programa: De la percepción que tienen los beneficiarios acerca de este tema, el 73.3% coincide en que no hay una relación directa entre el rendimiento académico de los estudiantes y el nivel del subsidio percibido. Algunos estudios realizados en la zona sobre la incidencia de los cultivos de uso ilícito en la asistencia de los jóvenes a la escuela concluyen que en épocas en las cuales los ingresos económicos por la mencionada actividad aumentan, los niveles de deserción también corren igual suerte. Por otro lado, en muchos jóvenes el ideario es conseguir dinero de una manera rápida, lo que termina incidiendo en que escojan dedicarse a la siembra de cultivos de coca. Otro elemento indicativo de dicha situación es el hecho evidente de que del total de docentes que forman parte del equipo de trabajo local, pocos son nacidos en la zona, lo cual demuestra que el tema de formación profesional no ha sido una prioridad para los habitantes. En este sentido, difícilmente un programa asistencialista de este tipo puede llegar a tener una fuerte incidencia sobre la formación de capital humano local.
Análisis de redes entre actores partícipes de la política Familias en Acción en el nivel local
Dentro de los actores partícipes de la política en este nivel, se tienen las Juntas de Acción Comunal, madres líderes, los beneficiarios directos de la política, la emisora local, la alcaldía municipal, el banco y el hospital local. En el siguiente grafo se muestra la relación existente entre los diferentes actores señalados.
Figura 1. Red de actores que participan del desarrollo de la política de Familias en Acción a nivel local.
Fuente: Elaboración propia- software UCINET, 2014.
Con base en el grafo de redes anterior, se puede observar que uno de los actores centrales para el desarrollo de la política de nivel local son las madres que actúan como líderes, las cuales son quienes tienen la comunicación directa con las demás beneficiarias, la administración municipal y las instituciones educativas. En este sentido se observan relaciones de tipo bidireccional, entre las instituciones señaladas; sin embargo, se observa que no tienen un enlace directo con la entidad financiera intermediaria como con las entidades promotoras de salud, para lo cual deben recurrir al enlace municipal, en este caso el Jefe de Desarrollo Social y Comunitario quien interactúa directamente con las instituciones mencionadas.
Al realizar un análisis de centralidad (Cuadro 1), se puede corroborar lo descrito anteriormente al mostrar un grado de centralidad de 5 para el caso de las madres líderes y 6 para las Juntas de Acción Comunal, quienes son las instituciones locales que interactúan directamente con la administración municipal. En este último caso, para la administración municipal también figura como uno de los ejes centrales con una medida de 5, puesto que es la entidad desde la cual se gestiona la política desde el nivel departamental para, finalmente, posibilitar la llegada de los recursos a las familias de escasos recursos que son quienes finalmente perciben el beneficio de los recursos transferidos.
Cuadro 1. Medidas de Centralidad.
Fuente: Elaboración propia- software UCINET, 2014.
Por otro lado, al observar los descriptores estadísticos para la red construida (Cuadro 2), se observa un grado de centralización de 30,952%, que si bien es significativo, muestra que no hay una perfecta conexión entre los actores involucrados, lo que corrobora las falencias mencionadas por algunos líderes comunitarios y madres beneficiarias frente a las dificultades de coordinación tanto local como municipal.
Cuadro 2. Descriptores estadísticos.
Fuente: Elaboración propia- software UCINET, 2014.
Consideraciones finales
En términos generales, en el nivel local se observa cierta tensión entre el diseño del programa y el alcance que este puede lograr para impactar los niveles de pobreza social y territorial, profundizar la descentralización, fortalecer el tejido social, promover la participación ciudadana de los beneficiarios y transitar hacía la equidad de género. Si bien en el contexto nacional e incluso en el internacional el alcance del programa ha sido bien ponderado, de otro lado se presentan limitaciones locales en donde este realmente no logra subvertir las condiciones de inequidad y pobreza que padecen las comunidades. Aunque el programa puede ostentar buenos logros después de 12 años de funcionamiento, éstos se han desarrollado a un costo alto desde variadas perspectivas que reflejan la tensión ya mencionada. En el caso de la focalización social y territorial, la eficiencia mostrada por el Programa se hace a costa de sacrificar un modelo de desarrollo basado en la universalización de derechos, la inclusión social y la equidad territorial; a la vez, aunque se supone que la focalización resuelve el problema de la eficiencia y equidad en el gasto social, las percepciones de algunos líderes locales y habitantes del corregimiento muestran que no en todos los casos ello ocurre de esta forma.
En relación con los temas de beneficiarios, no existe una correlación directa con la permanencia de los jóvenes en el sistema escolarizado del corregimiento dado que hay otra serie de elementos culturales asociados al narcotráfico que finalmente terminan construyendo otras formas de vida e idearios en la población. En este sentido, la formación de capital humano a partir de los procesos de educación formal no logra resultados significativos toda vez que hay una cultura del narcotráfico arraigada desde hace más de veinte años en la comunidad.
Finalmente, las definiciones en materia de organización y participación local no logran un empoderamiento de las mujeres involucradas en el espacio público, ni contribuyen a la formación de un capital social autónomo que incida en la gestión local, revalúe las relaciones con los gobernantes locales y contribuya al fortalecimiento de la democracia participativa. El paso por el programa de mujeres titulares y madres líderes tampoco constituye un avance en materia de equidad o justicia de género, pues el acceso de actividades que este les demanda no involucra acciones que permitan cuestionar estratégicamente su condición y empoderarse en planos económicos, psicológicos, cognitivos y políticos. Por el contrario, se podría estar favoreciendo un recargo en materia del trabajo no remunerado y en labores del cuidado y generando, a su vez, dependencia en torno a recursos monetarios que no van a desarrollar capacidades para salir de la pobreza.
Referencias
COLOMBIA, Congreso de la República (2012). Ley 1532 de 7 de junio de 2012, por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción. Bogotá, Colombia.
COLOMBIA, Corte Constitucional (2004). ´´Sentencia T-025´´ de 22 enero de 2004. R. Escobar Gil, J.G., Bogotá, Colombia.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA. (2011). Plan de ordenación y manejo de la parte subcuenca hidrográfica del río San Juan de Micay. POMCH Micay, Municipio de Argelia Cauca
GARCÍA A., Romero, O., Atannasio, O., Pellerano, L. (2012). Impactos de largo plazo del programa Familias en Acción en municipio de menos de cien mil habitantes en aspectos claves del desarrollo del capital humano. Departamento para la Prosperidad Social DPS, Bogotá, Colombia.
GLOBAL EXCHANGE. (2010). Análisis del programa Familias en Acción en el marco de los procesos electorales en Colombia, Bogotá. Disponible en: http://www.globalexchange.org/sites/default/files/ Informe%20Final.pdf.
[1] Campesinos que trabajan al jornal en las labores de recolección de hoja de coca.