Revista de Política Económica y Desarrollo Sostenible

EISSN: 2215-4167 • Vol. 6 (2) • Enero-Junio, 2021: 1-8

DOI: https://doi.org/10.15359/peds.6-2.2

URL: http://www.revistas.una.ac.cr/politicaeconomica

Revista electrónica semestral publicada por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible

Universidad Nacional, Lagunilla, Heredia Apartado 2393-3000

Políticas económicas: La economía costarricense ante un shock inesperado

Economics policies: Costa Rican economy in the face of unexpected shock

Kerlyn Suárez Espinoza1

kerlyn.suarez.espinoza@est.una.ac.cr

Fecha de recibido: 9 de setiembre 2020. Fecha de corregido: 23 de noviembre del 2020.

Fecha de publicación: 31 de enero 2021

Resumen

El objetivo de este artículo se basa en analizar la economía costarricense ante la pandemia por covid-19. Para dicho propósito se parte de que las medidas sanitarias impuestas por los gobiernos tienen afectaciones en la economía. Ante esto, se exponen algunos indicadores relevantes, elaborados por instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Censos o el Banco Central, y algunas medidas implementadas en Costa Rica y en Estados Unidos. El artículo utiliza información secundaria disponible de autores o instituciones nacionales e internacionales. Se presentan brevemente las posiciones de Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Mariana Mazzucato, y algunas medidas de política económica con una visión sostenible y equitativa como oportunidad para mejorar las condiciones actuales.

Palabras Clave: política económica, covid-19, desarrollo sostenible, equidad

Abstract

The aim of this paper is based on analyzing the Costa Rican economy in the face of covid-19 pandemic. For that purpose, it starts from the fact that the health measures imposed by governments produce effects on the economy. Faced with this, some relevant indicators are set out, made by institutions like Instituto Nacional de Estadística y Censos or Costa Rica’s Central Bank; and some measures implemented on Costa Rica and the United States. The paper uses secondary information available about national or international authors and institutions. Positions of Joseph Stiglitz, Amartya Sen and Mariana Mazzucato are briefly presented as well as some economic policy measures with a sustainable and equitable vision as an opportunity to improve the current conditions.

Keywords: economic policy, covid-19, sustainable development, equity

Desde noviembre del 2019, cuando se registró el primer caso de covid-19 y a medida que se fue esparciendo el contagio, las economías se han visto afectadas imprevistamente. La llegada del covid-19 ha tomado al mundo por sorpresa, trayendo grandes afectaciones a la salud e implicaciones sociales y económicas. Esta pandemia ha afectado incluso a los países más y mejor posicionados, como Estados Unidos, el cual ha registrado una gran cantidad de muertos: aproximadamente 244 411 personas, que representan el 18% del total de muertes registradas según la OMC (2020).

En el caso de América Latina, como indica CEPAL (2020) el impacto de la pandemia por covid-19 representaría la mayor crisis social y económica de la región. Bajo esta línea, Costa Rica no escapa de la situación, y este evento imprevisto genera una serie de interrogantes sobre el futuro económico, desde el 6 de marzo de 2020 que se registraron los dos primeros casos de covid-19 en el país.

Un día después de este hecho, el 7 de marzo de 2020 el gobierno costarricense puso en marcha algunas políticas sanitarias para lograr contener las afectaciones en la salud y controlar el número de fallecimientos. Sin embargo, cuantas más medidas sanitarias se apliquen, los impactos económicos se intensifican, es decir, esta pandemia ha provocado en los gobiernos un dilema entre lo económico y la salud (Baldwin y Weder, 2020).

Los confinamientos, el distanciamiento social, las restricciones vehiculares, el cierre de algunos negocios, entre otras medidas que fueron recomendadas por la Organización Mundial de la Salud en su inicio, han desencadenado variaciones abruptas en los indicadores macroeconómicos. Muchas variables como el consumo, la inversión, empleo y las exportaciones han mostrado un declive importante, mientras que indicadores como el gasto y el desempleo se han incrementado a niveles nunca registrados.

El gobierno estadounidense, por ejemplo, ha optado por la aplicación de políticas económicas para sostener los efectos de las restricciones sanitarias y reducir los impactos económicos. Estas medidas buscan mantener la capacidad de consumo y reducir la cantidad de empresas en bancarrota; efectos que se han intensificado ante una disminución en el comercio internacional. Dentro de las políticas económicas aplicadas en el corto plazo por dicho país, sobresale la política fiscal con medidas como seguros por desempleo, bonos, reducciones en las cargas tributarias o prórrogas crediticias, entre otras.

De igual forma, han planteado ciertas políticas monetarias. Las medidas aplicadas se asocian a la reducción de las tasas de interés e incrementos en la oferta monetaria, buscando que los niveles de producción y empleo no se vean tan afectados.

A pesar de la aplicación de estas políticas económicas, las medidas fiscales y monetarias no han logrado mostrar el efecto esperado en el país norteamericano, ya que el incremento de los niveles de consumo e inversión y las mejoras del mercado laboral no se han visto reflejadas en la medida que se esperaba. Los efectos se empezaron a mostrar una vez las medidas de confinamiento se redujeron; ante esto, se muestra que la tasa de participación laboral se incrementó de un 61.7 en agosto a un 63.3 en octubre de 2020 (Bureau of Labor Statistics, 2020). Entre las razones por las que no se han logrado mejorar los indicadores en la cuantía deseada, se encuentra el repunte de los casos por covid-19 que ha experimentado aquel país.

Por su parte, Costa Rica ha puesto en práctica medidas sanitarias que permitan que el sistema de salud funcione adecuadamente. Sin embargo, estas medidas experimentaron afectaciones económicas; por esto el gobierno costarricense implementó un plan de mitigación económica que buscan proteger el empleo y motivar financieramente a las empresas y personas. Entre las medidas se encontraron readecuaciones de convenios de pago, reducción de las tasas de interés, y disminución de la base contributiva por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (Ruiz, 2020).

También sobresale la readecuación que realizó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para que las empresas pueden reducir las jornadas laborales o suspensiones laborales, si registraron disminuciones en los ingresos brutos. Por su parte el Banco Central de Costa Rica (BCCR) promovió la reducción de tasas de interés, la readecuación de créditos, mayor flexibilización y prórrogas. Otras medidas implementadas están relacionadas con la moratoria de aranceles de importación y postergación de pagos de IVA, seguros de viajes, plazos extraordinarios para el pago de servicios públicos, entre otras (Ruiz, 2020).

En países como Costa Rica existen otras razones de afectación que, en el caso estadounidense, no son tan determinantes. Estas tienen que ver con las expectativas y la poca confianza de los consumidores e inversores y la reducción de los flujos de comercio local e internacional que afectan el consumo y la producción local.

El Índice de Confianza del Consumidor, elaborado por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su informe La confianza de los consumidores muestra pesimismo en agosto, al igual que en los meses anteriores. Sin embargo, al observar el Índice de Condiciones Económicas actuales, se evidencia una reducción de 19.7 a 15.2 en los últimos tres meses alcanzando en agosto de 2020 el nivel más bajo registrado. De igual forma, el Índice de Expectativas Económicas disminuyó de un 47.9 a un 37 (Madrigal, 2020).

La reducción en las expectativas de los consumidores afirma que el estado de ánimo social es uno de los factores que ha reducido los impactos esperados de las medidas económicas aplicadas. Como bien afirma la teoría económica, las expectativas pueden anticipar o restar efecto en las políticas monetarias y fiscales.

Por otro lado, según el BCCR (2020b) la contracción en el PIB para el 2020 será de un 4.5%, lo cual en conjunto con las condiciones fiscales que enfrenta el país también es un factor a considerar. Posterior a la pandemia los registros en la deuda pública serán muy elevados: las proyecciones del Ministerio de Hacienda (2020) indican que, en un escenario base, la deuda del gobierno central alcanzaría un 83% del PIB en el 2024. Bajo esta línea, en el tercer informe económico de la OCDE (2020) se indica que es necesario crear espacio fiscal adicional, mejorar la eficiencia del gasto público y la gestión de la deuda e implementar de forma plena y oportuna la reforma fiscal anteriormente aprobada, para asegurar la liquidez en el largo plazo.

Sin embargo, algunas de estas medidas tenderían a profundizar los efectos de la actual pandemia, reduciendo el dinamismo en el consumo y la producción e incrementando las brechas de desigualdad. Ante esto, es necesario mejorar la recaudación fiscal de los grupos poblacionales con mayor nivel de ingreso, readecuar el pago de intereses por deuda y reducir la evasión y la elusión fiscal, para dar un poco de holgura a la política fiscal.

Algunas otras medidas para reducir el impacto económico son la implementación de plataformas online para la recaudación de impuestos de forma fácil y efectiva, y acortar los trámites y la burocracia en los servicios estatales y en la formalización de empresas. Desde la política fiscal, es importante potenciar la inversión de infraestructura desde una perspectiva sostenible e innovadora; un ejemplo de esto podría ser mediante un adecuado sistema de transporte público que tome en consideración centros de transbordo que permitan la intermodalidad, así como aplicar adecuadamente la sectorización y planificación. Además, a nivel empresarial es necesario brindar herramientas que faciliten el comercio, mejorar las condiciones para una mayor inversión en proyectos con alto valor agregado, apoyar la asociatividad en empresas, entre otros.

La priorización transparente de proyectos de inversión pública y mejorar la gestión pública también podrían generar impactos positivos, promoviendo y asegurando que los recursos financieros sean destinados de forma oportuna, considerando los procesos de diálogo y, así, generar una mayor confianza en los habitantes.

Por su parte, en el caso de las políticas monetarias, los gobiernos han optado por brindar una reducción de la tasa de interés y con esto incrementar la cantidad de créditos a empresas. El objetivo de estas medidas es inyectar dinero a la economía y mejorar las condiciones para que estas se mantengan en el mercado. Sin embargo, la problemática que ha sobresalido en estas políticas recae en que muchas de las empresas no tienen la formalización necesaria para acceder a créditos.

Costa Rica ha implementado el Fondo de Avales y Garantías, el cual se destina a la reactivación económica, la protección de empleos y salvar empresas con el objetivo de mejorar las condiciones de empresas existentes o nuevas que fueron afectadas por covid-19. Dentro de los requisitos establecidos se encuentran estar registrado en condición de pobreza, ya sea básica, extrema o vulnerabilidad socioeconómica, o ser ciudadano costarricense indígena.

Es importante indicar que muchas empresas tienen expectativas de que acceder a un crédito podría empeorar su situación. En virtud de eso, la aplicación de esta medida debe ser cautelosa, contemplando estudios previos de los negocios, entre otras condiciones empresariales. Asimismo, es importante considerar que estas medidas, para algunos economistas como Keynes, podrían reflejarse en mayores niveles inflación o en variaciones en el mercado cambiario con una depreciación de la moneda. Sin embargo, en una situación cercana a la trampa de la liquidez el impacto en los precios en el corto plazo es dudable.

Además, es necesario mencionar que el impacto de la política monetaria en Costa Rica puede tardar en reflejarse; según el informe de Política Monetaria 2020, realizado por el Banco Central de Costa Rica, el efecto de la reducción de la tasa de política monetaria puede tardar hasta 16 meses en verse reflejado en el mercado. De igual forma, se debe tener en consideración que, en algunos casos, las reducciones en la tasa de interés no se reflejan en la inversión ni en la producción y el empleo. Ante estas situaciones, la política monetaria no generaría los efectos esperados en el corto plazo.

A pesar de que ante la llegada del covid-19 a Costa Rica algunas medidas se tomaron precipitadamente, en este momento las nuevas políticas económicas que vayan a implementar deben ser prudentes y bien examinadas. Por ejemplo, las condiciones de los créditos del Fondo Monetario Internacional deben ser analizadas a profundidad ya que podrían generar, a largo plazo, mayores problemas que soluciones. Anteriormente, estos créditos han implicado un mayor debilitamiento de instituciones públicas, desigualdad, desempleo, recesión e intensificación de las problemáticas fiscales, entre otras. A pesar de que actualmente las medidas pueden ser consideradas de manera soberana por los países para ordenar sus finanzas, las sugerencias u opciones deben escudriñarse con cuidado.

Esta situación es uno de los muchos ejemplos de políticas que deben someterse a análisis por su impacto. Al respecto, Stiglitz (2020) afirma lo siguiente:

Los programas de estímulo mal diseñados no solo son ineficaces, sino potencialmente peligrosos. Las malas políticas pueden contribuir a la desigualdad, sembrar la inestabilidad y minar el apoyo político al gobierno precisamente cuando es necesario para evitar que la economía caiga en una recesión prolongada (Stiglitz, 2020).

Bajo esta línea, es primordial que en la política pública exista mesura y consideración de las expectativas y los efectos a corto, mediano y largo plazo. Podría ocurrir que los efectos de las políticas no sean los deseados, que no dinamicen la producción y el consumo o que las personas no quieran acceder a créditos porque las expectativas a largo plazo no le motiven a endeudarse, generando lo que Stiglitz llama una paradoja de la liquidez (Stiglitz, 2020).

Además, es necesario que las estrategias gubernamentales contemplen todas las actividades económicas para así garantizar que ninguna parte de la producción se descuide y que se garantice un mayor acceso a bienes y servicios de la población. Asimismo, involucrar en la política pública la articulación con los gobiernos locales, policía municipal, oficinas regionales de ministerios, y particularmente, el Ministerio de Planificación Nacional a través del Sistema Nacional de Planificación, entre otras instituciones, implicaría una mayor coordinación y un mayor impacto en las comunidades más necesitadas.

Bajo esta línea, es necesario recalcar que, en el 2020, el país tiene un coeficiente de Gini de 0.519 por persona, el cual fue en el 2010 de 0.507. Además, en términos de pobreza se indica que, en el 2010, el país tenía un nivel de pobreza ١٥.٤٦٪ y de pobreza extrema de ٥.75%, mientras que, en el 2019, los niveles de pobreza fueron de 15.14% y de pobreza extrema 5.84%. Lo anterior evidencia que las medidas de política económica implementadas no han mostrado resultados alentadores (INEC, 2020).

De igual forma, el nivel de ingreso de los hogares del primer quintil en el 2020 es de 200 315 colones. Este quintil representa el 23.5% de la población costarricense, y posee en promedio 3.74 personas por hogar. A nivel de deciles, el ingreso per cápita de los hogares en los primeros dos deciles son 34 851 y 72 631 colones respectivamente. Estos datos muestran que existe un cierto grupo de la población que posee ingresos que insuficientes para cubrir necesidades básicas. Ante esto, es importante que exista un nivel de ingreso mínimo vital que le permita a la población la posibilidad de satisfacer las necesidades; brindando una mayor seguridad y libertad económica.

Partiendo de lo expuesto por Sen (2000), “con suficientes oportunidades sociales, los individuos pueden configurar en realidad su propio destino y ayudarse mutuamente” (p. 7). Por lo tanto, las inversiones y políticas deben ir enfocadas a motivar la producción, brindando herramientas y condiciones necesarias para que las empresas y las familias puedan aportar a un flujo económico más eficiente y, así, tener mayores oportunidades. La mejora de condiciones para la formalización y el acceso a financiamiento de las micro y pequeñas empresas, así como el fortalecimiento de estas a partir de herramientas empresariales, traería muchos beneficios en la dinamización de la economía.

Además, según lo indicado por Mazzucato (s.f) citada en Rodríguez (2020), la crisis por covid-19 se posiciona como una oportunidad para orientar el capitalismo hacia un futuro innovador y sostenible. Para dicho proceso es necesario que las intervenciones estatales sean activas en las técnicas de innovación, pero mediante un papel facilitador. Es entonces imperante que el papel del Estado cambie hacia un rol más activo sin esperar que los shocks sistémicos cobren factura; por el contrario, debe procurar la conformación de mercados acordes a los desafíos más importantes y necesarios para la sociedad.

Ante eso, la creación de las ciudades verdes y el desarrollo desde una perspectiva inclusiva deben estar impulsadas por innovación desde la perspectiva social y tecnológica; y por supuesto que sean declaradas de interés público y con apoyo gubernamental. Esta alianza entre el Estado y el sector privado que propone Mazzucato permitiría dirigir la senda de desarrollo hacia un país más equitativo, verde y sostenible (Rodríguez, 2020).

De igual forma, otra opción que está sobre la palestra son los bonos verdes, que permitirían la creación de capital para mejorar las condiciones ambientales que han sido generadas por el cambio climático. Dentro de algunos beneficios que indica el Banco Mundial (2015) se encuentran la diversificación de inversionistas, mayor concientización ambiental, un diálogo más estrecho con los inversionistas y el traslado o motivación al sector privado para realizar actividades compatibles con el medio ambiente.

Finalmente, la crisis sanitaria por covid-19 es un claro ejemplo de que el mercado por sí solo no podría regularse y alcanzar los mejores resultados. Por lo tanto, es necesaria la intervención estatal para reducir los impactos en la economía y en la sociedad, bajo las indicaciones expuestas. Es entonces impostergable que las economías cuenten con planes de política económica para enfrentar choques imprevistos como estos. Pero, además, la pandemia por covid-19 es una oportunidad para entender que el desarrollo es más que crecimiento económico y que aún existe la posibilidad de modificar aspectos que conduzcan a una senda de desarrollo sostenible y equitativo.

Referencias

Baldwin, R. y Weder, B. (2020). Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes. Disponible en https://voxeu.org/system/files/epublication/COVIDEconomicCrisis.pdf

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1 Licenciada en Economía por la Universidad Nacional, Costa Rica. Actualmente labora como Investigadora Junior del Programa Sectores Productivos, Competitividad y Desarrollo de la Escuela de Economía, Universidad Nacional.