Resumen:

Este artículo da una mirada, con un enfoque de igualdad de género, a los principales efectos de la pandemia por Covid-19 para las mujeres en América Latina y el Caribe. Con base en fuentes secundarias, presenta una síntesis de los principales impactos que han profundizado las desigualdades y la violencia de género existentes antes de la pandemia, especialmente en el ámbito del trabajo y los cuidados. Hace énfasis en que, para revertir sus efectos negativos y evitar la profundización de las desigualdades a largo plazo, requiere de la incorporación de las necesidades y los intereses de las mujeres en el abordaje de la emergencia, así como la autonomía y la participación igualitaria de las mujeres en las decisiones y elaboración de políticas públicas de mitigación y recuperación de las crisis económicas y sociales provocadas por la pandemia sanitaria.

Palabras claves: América Latina y el Caribe; Autonomía de las mujeres; Covid-19; Igualdad de género; Mujeres; Participación igualitaria de las mujeres.

Abstract:

This article discusses, from a gender equality perspective, the main effects of the COVID-19 Pandemic on women in Latin America and the Caribbean. Based on secondary sources, it presents a synthesis of the main impacts that have deepened the gender inequalities and violence against women that existed before the pandemic, especially in the field of work and care. It emphasizes that, to reverse its negative effects and avoid the deepening of inequalities, in the long term, it requires the incorporation of the needs and interests of women in the approach to the emergency. Autonomy and equal participation of women are also critical in the decision-making process and the elaboration of public policies for mitigation and recovery from the economic and social crises caused by the health pandemic.

Keywords: Covid-19; Equal participation of women; Gender Equality; Latin America and the Caribbean; Women; Women’s autonomy.

La emergencia derivada del COVID-19 está provocando impactos específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes, tanto al interior de los hogares como fuera de ellos, en los hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y también en la política. Esta realidad requiere que la participación igualitaria de las mujeres en las decisiones y el enfoque de género sean elementos centrales de las políticas de mitigación y recuperación de la crisis. Las lecciones que han dejado pandemias recientes (Ébola, Zika, SARS) han demostrado que la incorporación de las necesidades de las mujeres en el abordaje de la emergencia no es una cuestión menor. Al contrario, no considerar un enfoque de género profundizará las desigualdades con efectos que se prolongarán en el largo plazo y serán difíciles de revertir.
(OEA-CIM, 2020)

1.Introducción

El artículo que se presenta ha sido elaborado con base en diferentes fuentes secundarias, el cual combina información que permite identificar los principales impactos de la pandemia del Covid-19 en la profundización de las desigualdades y la violencia de género preexistentes en la América Latina y el Caribe, particularmente, en la relación de los ámbitos del trabajo y los cuidados.

Destacan los trabajos realizados por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), cuyos estudios cuentan con abundantes datos de alta confiabilidad y enfoques críticos, logrando integrar perspectivas del desarrollo social y económico de la realidad latinoamericana con relación a la injusta organización social de los cuidados, desde un enfoque de género que señala que son las mujeres quienes, de forma remunerada o no remunerada, realizan la mayor cantidad de tareas de cuidados, fundamentales para el funcionamiento de nuestras economías, analizando la desigual distribución de responsabilidades que existe en éstos ámbitos para las mujeres y los hombres en su desarrollo humano, social y económico, valorándose las consecuencias que tienen las acciones para mujeres y hombres y las relaciones de poder entre unas y otros.

El enfoque de igualdad de género que se sustenta en el presente artículo considera como acciones estratégicas de transformación promover la igualdad de todos los derechos de las mujeres y las niñas, y apoyar su participación plena en el desarrollo político, social y económico en las comunidades donde conviven cotidianamente. Asimismo, el análisis diferenciado en función del género y desde una perspectiva interseccional que aborda múltiples discriminaciones y ayuda a entender la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades. Este enfoque vincula las diferentes formas en que se expresa la discriminación (sea esta por motivos de clase, edad, etnia, nacionalidad, estatus migratorio, orientación sexual e identidad de género, etc.), en el contexto jurídico, socioeconómico y político que, de forma estructural, reproduce y acentúa estas formas de exclusión social.

Con relación al tema de los cuidados, inicialmente su análisis estuvo vinculado con el trabajo doméstico y la división sexual del trabajo, como actividades no remuneradas realizadas por las mujeres. Este enfoque evidenció una distribución desigual del trabajo entre hombres y mujeres, caracterizada más bien por las cualidades y habilidades asociadas naturalmente a las mujeres. Recientemente, se han conceptualizado los cuidados como actividades que ocurren tanto en los procesos de trabajo remunerados como no remunerados, lo que se ha estudiado mediante las encuestas del uso del tiempo libre en los hogares, reconociéndose su importancia, tanto dentro como fuera de los hogares. También se ha incorporado al enfoque de los cuidados otras dimensiones como son el derecho al cuidado y su inclusión a las políticas de bienestar, desde perspectivas de la corresponsabilidad en estas tareas.

2.Contexto regional de América Latina y el Caribe

La pandemia del Covid-19 impactó de manera multidimensional la región de América Latina y el Caribe en un contexto de desigualdad histórica, con bajo crecimiento económico, aumentando la pobreza y las desigualdades (ONU-CEPAL 2022) y, al mismo tiempo, develando la fragilidad de los servicios de protección social, particularmente los de salud preventivos y de atención, así como en muchos casos los rezagos y la precariedad de la infraestructura de los sistemas educativos.

La pandemia causó efectos negativos en las condiciones sociales, económicas e institucionales que ya estaban debilitadas; pero también en el desarrollo humano de todas las personas, con niveles de riesgos diferenciados, mostrándose con mayor intensidad en las poblaciones de avanzada edad, especialmente a las que tenían precondiciones de salud, pero también a las más pobres y vulnerables, tales como las trabajadoras y los trabajadores informales, las personas con alguna o varias situaciones de discapacidades, las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y las personas migrantes, mostrando, nuevamente, las profundas desigualdades que ya estaban presentes.

En efecto, en el 2020, América Latina y el Caribe enfrentaron la mayor contracción económica del mundo en desarrollo, reduciéndose el PIB en un 7,7% y la inversión en un 20%, respectivamente. La crisis sanitaria afectó gravemente las estructuras productivas y los mercados laborales, expresándose en más de 2,7 millones de empresas cerradas y en 44,1 millones de personas desempleadas (ONU-CEPAL, 2021).

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), los cierres de empresas y la pérdida de empleos agudizaron la situación de los sectores más vulnerables de la población, aumentando considerablemente la pobreza, que pasó de 185,5 a 209 millones de personas, lo que en términos relativos fue del 30,3% al 33,7% de la población total, y el número de personas en situación de pobreza extrema aumentó hasta alcanzar los 78 millones; 8 millones más que antes (ONU-CEPAL, 2021). Esta misma fuente señaló que se produjo una fuerte contracción de la inversión de capital, limitando la capacidad de las economías de la región para generar crecimiento y empleo, por lo que se estimó que el desarrollo económico y social sufriera un retroceso de al menos un decenio, y que, hacia finales del 2020, el PIB per cápita sería igual al del 2015.

Por su parte, la pandemia exigía de los gobiernos centrar su respuesta en la salud pública y en medidas del gasto social que mitigaran las necesidades de los sectores sociales y económicos más vulnerables; a la vez que enfrentaban drásticas caídas de sus ingresos tributarios, aumentando los déficits fiscales, obligándolos a elevar sus niveles de endeudamiento, principalmente en países con economías pequeñas, como las centroamericanas y caribeñas.

En relación con la situación fiscal (ONU-CEPAL, 2021, p.3):

En todos los países, sin excepción, …se ha deteriorado y el nivel de endeudamiento del gobierno general ha aumentado. En la actual situación, se espera que dicho endeudamiento se incremente del 68,9% al 79,3% del PIB entre 2019 y 2020 a nivel regional, lo que convierte a América Latina y el Caribe en la región más endeudada del mundo en desarrollo y la que tiene el mayor servicio de deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios (57%).

En el mercado laboral, durante el 2020, la pandemia de Covid-19 provocó una crisis sin precedentes, en cuanto se observaron fuertes caídas de la ocupación y la participación laboral, afectando principalmente a las personas trabajadoras jóvenes, del sector informal y de bajos ingresos, siendo las mujeres las más impactadas (ONU-CEPAL, 2021). El retroceso en los niveles de la participación de las mujeres en la fuerza laboral es enorme y difícil de revertir, de acuerdo con la CEPAL:

La contundente salida de las mujeres del mercado de trabajo representa un retroceso de 18 años en los niveles de su participación en la fuerza laboral y se estima que para 2021 la tasa de participación se incremente a un 50,0% (cifra similar a la que se alcanzó en 2016), mientras que la tasa de participación de los hombres sería del 73,5%. De acuerdo con las encuestas de hogares utilizadas para dar seguimiento a las condiciones de vida en los países de la región, las mayores caídas en el empleo en 2020, con relación al número de empleos registrados en 2019, se dieron en Perú y Costa Rica (-14%), Colombia (-11%), Brasil (-9%), y Argentina, El Salvador y la República Dominicana (-6%). En todos los países, con excepción de Bolivia y el Paraguay, se registró un mayor incremento en el número de personas que salieron de la actividad económica que en el número de desempleados. (ONU-CEPAL, 2022).

De igual manera, la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, señaló que:

Los sectores más afectados por el paro económico presentan una alta concentración de mujeres. En América Latina, en promedio, el 21,9% de las mujeres trabajan en el sector del comercio, que también registra un alto porcentaje de hombres (17,7%). Las mujeres son mayoría en el sector de las actividades de alojamiento y de servicios de comida. En concreto, en el sector turístico, las mujeres representan el 54% de la fuerza laboral y enfrentan la desaparición casi total de sus medios de vida, ya que el COVID-19 ha paralizado el turismo en todo el mundo. En la ausencia de alternativas, las mujeres podrían enfrentar situaciones económicas devastadoras. (OEA-CIM, 2020, p.15)

En Costa Rica, por ejemplo, la pandemia del Covid-19 también impactó de manera desigual las condiciones de vida de la mayoría de los hogares, algunas evidencias de esta afectación indican que durante el segundo trimestre de 2020 (II-2020), es decir, entre los meses de abril, mayo y junio, fechas en que inician los efectos de la pandemia en el país, se observaron importantes cambios en el mercado laboral. Esta misma fuente señaló que la Encuesta Continua de Empleo mostró un decrecimiento en la tasa neta de participación laboral, de un 63,0% en 2019 a un 57,6% en el II-2020, lo cual significó un aumento en más de 5 puntos porcentuales, representando la salida del mercado laboral de al menos 235.290 personas, reduciéndose la cantidad de personas ocupadas en 437.938, lo que en términos relativos significó un -20,1% con respecto a un año antes, afectando las tasas de ocupación de todos los grupos, tanto en las zonas urbanas como rurales, a hombres, pero sobre todo a las mujeres.

En cuanto al desempleo:

…el país alcanzó la tasa récord del 24% en el segundo trimestre de 2020, que prácticamente duplica la del año anterior y que elevó el número a 551.373 personas desempleadas. Esto significa un aumento de 255.793 personas, de las cuales el 49% son mujeres y el 78% residentes de áreas urbanas. En cuanto a su incidencia, la mayor tasa es la femenina (30%), para una brecha de 10 puntos porcentuales respecto a la masculina. (Programa Estado de la Nación, 2020, p.51).

Un análisis comparativo sobre el desempleo con información demográfica, por género y nivel educativo, entre el 2019 y el 2021, permitió identificar los grupos de población más y menos afectados por la pandemia. Los menos afectados, hombres altamente calificados de todas las generaciones y mujeres con este mismo nivel de calificación de la generación más joven, y los más afectados, mujeres de baja calificación educativa de todas las generaciones, junto con los hombres entre 20 y 24 años.

3.Impactos de la Pandemia Covid-19: Análisis con perspectiva de igualdad de género

Si bien la Pandemia del Covid-19 ha conllevado un empobrecimiento generalizado de la mayor parte de la población de América Latina y el Caribe (ONU-CEPAL, 2022), tal y como se expuso anteriormente, su impacto ha sido mayor para las mujeres, particularmente para las que ya enfrentaban desigualdad y exclusión, en los ámbitos de la salud, la educación, pero sobre todo en el trabajo.

Desde el inicio la pandemia, tanto los mecanismos institucionales especializados en promover los derechos de las mujeres, gubernamentales e internacionales, y las organizaciones no gubernamentales, los movimientos de mujeres, colectivos particulares y grupos feministas, fueron los que con mucha prontitud analizaron la situación de las mujeres y alertaron sobre sus consecuencias, principalmente de aquellas que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad social y económica, como son las trabajadoras en el sector servicios, las trabajadoras domésticas remuneradas, las cuidadoras, las trabajadoras informales y las que trabajan de manera no remunerada en los hogares, muchas sin ingresos propios (Mujeres en Acción-Costa Rica, 2021; Ramírez et. al, 2020; OEA-CIM, 2020 y 2021).

¿Por qué estas instancias alertaron con tanta rapidez? Porque ya se conocían las condiciones de desigualdad en que se encontraban estos grupos de mujeres previamente a la pandemia. Principalmente, con relación al binomio mundo laboral y cuidado de personas dependientes, tanto menores como mayores de edad, enfrentaban ocupaciones precarias, de bajos ingresos y sin protección social, y una situación injusta en la organización social del cuidado, por lo que señalaron impactos diferenciados para estos grupos de mujeres, en particular, para quienes la afectación, como se verá, ha sido mayor.

En efecto, la Pandemia del Covid-19 ha profundizado y develado de manera más contundente las desigualdades de género, afectando la autonomía de las mujeres prácticamente en todos los ámbitos de sus vidas: laboral, económico, de salud sexual y reproductiva y de protección contra la violencia de género.

Los datos son abrumadores; en el 2021 se estimó que:

… una de cada dos mujeres no participó en la fuerza laboral y que el desempleo femenino alcanzó un 11,8%, cifra 3,7 puntos porcentuales superior a la de la tasa de desempleo masculina, situada en el 8,1%. Estos resultados se explican principalmente por el importante retiro de las mujeres del mercado laboral y por su mayor representación en categorías ocupacionales afectadas por la crisis (trabajo independiente, trabajo en el sector de comercio, hotelería y restaurantes, trabajo doméstico remunerado y trabajo familiar no remunerado), así como por el aumento del trabajo de cuidados no remunerado en el contexto de la pandemia (ONU-CEPAL, 2022, p.16).

El confinamiento, los cierres de los centros educativos y de muchos servicios de cuidado de niños y niñas y personas adultas mayores, si bien fueron medidas necesarias para mitigar el esparcimiento del virus y proteger así la salud pública de la ciudadanía, también fueron determinantes en la agudización de los impactos diferenciados que afectaron negativamente a las mujeres, en toda su diversidad, es decir, a mujeres que conservaron sus empleos teletrabajando en sus hogares (muchas de las cuales fueron docentes), a las que se mantuvieron en la primera línea de atención en salud, a las trabajadoras domésticas, así como a aquellas que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad social y económica, las migrantes, privadas de libertad, y trabajadoras informales.

Por un lado, las principales actividades de la vida de las personas, tanto adultas como menores de edad, se concentraron en los hogares; estos, al contar con acceso a la digitalización, se convirtieron en los lugares de trabajo, asimismo, los hogares donde había menores de edad, con o sin acceso a la digitalización, pasaron a cumplir un rol esencial para el desarrollo de actividades educativas.

Los cuidados de las personas menores y mayores de edad, incluyendo a quienes enfrentan alguna o varias situaciones de discapacidad o enfermedades que requerían atención constante, también se concentraron en los hogares, con lo cual se aumentaron las actividades domésticas recayendo principalmente en las mujeres, tal y como se verá más adelante. Por otro lado, un importante porcentaje de mujeres que participaban en actividades laborales en el sector servicios que incluyen, entre otros, el trabajo doméstico remunerado, en salas de belleza, comercio, hotelería, restaurantes y sodas, y actividades de esparcimiento, así como también en actividades del sector informal, perdieron sus trabajos o los medios de ingresos económicos a sus hogares.

Al respecto, la OIT (2022) señaló que se ha dado un mayor impacto en el empleo informal, particularmente en las empresas donde se concentran las mujeres, como son las micro, pequeñas y medianas empresas, y en el trabajo doméstico, donde el 91% del empleo es femenino y el 72% es informal, sectores que experimentaron una pérdida considerable de puestos de trabajo. A la condición de informalidad, ya de por sí precaria laboralmente, se sumó la falta de seguridad social y protección, las cuales probablemente estarán ausentes a lo largo de sus vidas, siendo muchas de ellas, mujeres migrantes, con mayor impacto en las indocumentadas, entre ellas, mexicanas, guatemaltecas, salvadoreñas, hondureñas, nicaragüenses, colombianas, venezolanas, ecuatorianas, peruanas, dominicanas, cubanas y haitianas.

Se constató que el confinamiento aumentó la carga global de trabajo de las mujeres, especialmente en los casos en que se sumaron las responsabilidades domésticas y de cuidado no remunerado en los hogares, las cuales fueron mucho más demandantes, cuando ocurrieron en condiciones de vulnerabilidad social y económica en hogares materialmente precarizados.

Esta misma fuente (OIT) señala el hecho de que las mujeres triplican el número de horas del trabajo de cuidado no remunerado, alcanzando un 76,2%, al mismo tiempo que también las mujeres tienen doble o triple jornada laboral, situación que se agravó con las medidas del confinamiento, particularmente en los hogares con hijas e hijos en edad preescolar o que no podían asumir de manera autónoma la educación a distancia. Datos de marzo de 2020 ilustran cuantitativamente las implicaciones de los cierres de centros educativos. Para esa fecha, 37 países y territorios de la región habían cerrado, lo que significó que al menos 113 millones de niñas, niños y adolescentes se encontraban en sus casas para prevenir la expansión del virus (OEA-CIM, 2020).

Datos de ONU-CEPAL (2020) señalan que antes de la pandemia del Covid-19 en la región de América Latina y el Caribe, en los países donde se cuenta con datos, las mujeres dedicaban a las actividades de trabajo doméstico y de cuidados entre 22 y 42 horas semanales. Un importante instrumento utilizado para realizar mediciones sobre la división sexual del trabajo y registrar cambios han sido las Encuestas de Uso del Tiempo Libre (EUT), y que, a pesar de que muchas de estas EUT no son comparables en los países, sí se han observado importantes tendencias, destacándose las siguientes: la carga global de trabajo de las mujeres es mayor que la de los hombres, quienes tienen una menor participación en las tareas domésticas y de cuidados.

Las mujeres dedican en promedio más del doble del tiempo semanal a las tareas de los cuidados que sus pares hombres, lo cual es prácticamente constante en todos los ciclos, aunque se intensifica cuando existen niños y niñas en edades tempranas; a la inversa, el tiempo remunerado en promedio de las mujeres es menor al de los hombres cuando atienden las responsabilidades domésticas y de cuidados.

Por su parte, la oficina regional para América Latina y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), realizó encuestas de evaluación rápida en Chile, Colombia y México en el segundo semestre de 2020 con el propósito de conocer el impacto del Covid-19 en relación con el tiempo que se dedica a la alimentación, la limpieza y el juego con niños y niñas, encontrando una mayor proporción de tiempo dedicado por las mujeres, con una diferencia porcentual de 8.4 puntos, en promedio, pues una importante cantidad se dedicó a las tareas educativas ante el cierre de los centros educativos. Para estas tareas, la brecha promedio entre el tiempo dedicado por mujeres y hombres fue de 12,3 puntos porcentuales en los tres países (ONU-CEPAL, 2022, pp.213-214)

En Colombia, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) permitió comparar el tiempo dedicado a actividades de trabajo no remunerado y a actividades personales entre enero y abril de 2021. Casi un 80% de las mujeres de 10 años y más participaron en actividades relacionadas con el suministro de alimentos, mientras que en estas actividades participaron solo el 32% de los hombres; y resultados similares se encontraron en actividades relacionadas con la limpieza. Por otra parte, el 72,2% de hogares que dependían de centros educativos y servicios de cuido de personas menores de edad y mayores de edad, perdieron el acceso.

En Argentina, la cuarta ronda de la Encuesta Rápida Covid-19 realizada por Unicef entre abril y mayo de 2021, encontró que: el 54% de las mujeres respondió que sentía mayor sobrecarga de tareas desde el inicio de la pandemia, se dio un aumento del 3% al 7% de niños y niñas que quedaban al cuidado de un hermano o hermana menor de 18 años, el 33% de las y los adolescentes encuestados respondió que el contexto le generaba angustia y el 25% dijo estar asustado, posicionando a las mujeres como el principal sostén emocional de los hogares.

Si bien el trabajo no remunerado ha aumentado también entre los hombres y parecería que se abre una ventana de oportunidad para avanzar hacia un reparto más equitativo, los datos muestran que eso sucede en el marco de una sobrecarga para las mujeres, que han soportado al mismo tiempo el aumento del trabajo de cuidados y la reducción del tiempo destinado a actividades personales y educativas (ONU-CEPAL, 2022, pp.213-214).

En relación con la situación de las mujeres a cargo de personas adultas mayores o de personas con alguna o varias situaciones de enfermedades o discapacidades, grupos que, además son de riesgo para el coronavirus, también se volvió más difícil. Por ejemplo, en México, la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo y los cuidados que se brindan a las personas mayores en los hogares, generó datos sobre el tiempo que se dedica a los cuidados de la población de 60 años o más, señalando que las mujeres dedicaron 3 horas semanales más que los hombres en este tipo de cuidados. Datos similares también fueron encontrados en Guatemala sobre el tiempo total dedicado al cuidado de personas mayores. (ONU-CEPAL, 2020).

Miles de miles de mujeres, entonces, se vieron doblemente afectadas, con sobrecargas del trabajo doméstico y de cuidado en el hogar, adicional a la pérdida de sus ingresos, ya fueran de trabajos formales o informales. En esas condiciones, también se afectó su autonomía económica en dos vías: se incrementó su carga de trabajo no remunerado reduciendo su participación laboral, y no pudiendo incorporarse al mercado laboral debido a la mayor contracción del empleo en la historia reciente.

Lamentablemente:

La autonomía económica de las mujeres sufrió un retroceso histórico en la región. La pandemia dejó como resultado una sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados no remunerados que asumieron en su mayoría las mujeres. Además, estas estuvieron sobrerrepresentadas en sectores vinculados a los cuidados y en la primera línea de respuesta a la pandemia. (ONU-CEPAL, 2021, p.213)

Por otra parte, la crisis sanitaria reafirmó la importancia de los cuidados, en tanto que:

(…) comprende todas las actividades que aseguran la reproducción de la vida, lo que implica el cuidado de los cuerpos, la educación y formación de las personas, el sostenimiento de vínculos sociales, el apoyo psicológico, el acompañamiento emocional a los miembros de las familias y el mantenimiento de los espacios y bienes domésticos. Para ejercer el cuidado es imprescindible la disponibilidad de tiempo y recursos monetarios, así como de entornos propicios para su desarrollo, e incorporar la noción del autocuidado y la necesidad de descanso de quienes cuidan. Los cuidados toman diversas formas y pueden ejercerse en distintos ámbitos, ya que incluyen los cuidados de la salud, el cuidado en los hogares y el cuidado a las personas dependientes. También deben contemplar el autocuidado. (ONU-CEPAL, 2022, p.212)

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA) ha señalado efectos diferenciados de la pandemia Covid-19 en las mujeres, como los que se pueden observar según la estructura de los hogares. Datos de la región de las últimas dos décadas indican que se incrementó el número de familias monoparentales u hogares encabezados por mujeres en calidad de madres solteras. Esa misma fuente indica que, en el 78,4% de estos hogares, las responsabilidades económicas y de cuidado de niñas, niños y personas adultas mayores, enfermas o con alguna o varias situaciones de discapacidades, son asumidas por las mujeres, quienes son las que realizan la mayor parte del trabajo no remunerado; adicionalmente, se señala el hecho de que estos hogares se encuentran en condiciones precarias, con menos acceso a vivienda segura, agua potable, saneamiento, y presentan mayores niveles de pobreza (OEA-CIM, 2020).

Durante la pandemia del Covid-19, estos hogares enfrentaron vulnerabilidades particulares. Por un lado, las mujeres tenían que seguir trabajando o procurarse un ingreso económico, acudiendo a las medidas de atención, como fueron, por ejemplo, las transferencias monetarias. Por el otro, asumir el trabajo reproductivo que demanda el cuidado infantil y de personas adultas dependientes, el trabajo doméstico, y atención de los procesos educativos de niños y niñas, en circunstancias altamente limitantes de confinamiento o cuarentena (OEA-CIM, 2020).

Lo anterior expone la ausencia de sistemas de cuidado institucionalizados, con normativas específicas y políticas públicas que articulen los servicios públicos y privados, con un enfoque de corresponsabilidad social, colocando a las mujeres en desventaja al no poder incorporarse al ámbito productivo en igualdad de condiciones que los hombres.

Más bien, la precariedad laboral de las mujeres se explica por los roles de género y las responsabilidades de los cuidados que se les ha asignado históricamente, lo que perjudica su inserción y permanencia en el mercado laboral, provocando la brecha salarial y limitando su acceso al empleo de calidad. Esto se puede observar con la siguiente información: en la región, la participación laboral de las mujeres es de 50,3%; 25 puntos porcentuales por debajo de los hombres. La tasa de desempleo en 2017 fue de 10,4% para las mujeres frente al 7,6% para los hombres. El 51,84% de las mujeres están ocupadas en sectores de baja productividad, y de estas 82,2% no están afiliadas o cotizando en un sistema de pensiones (OEA-CIM, 2020).

También la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA) puntualiza que, en tiempos de crisis económica, el riesgo para las mujeres pobres aumenta. Habiéndose establecido una relación entre informalidad y pobreza, resulta comprensible que la alta inserción de mujeres en la informalidad contribuya a su situación de pobreza. La precariedad laboral impone mayores dificultades para obtener los ingresos que cubran sus necesidades y las de su grupo familiar, situación que se agrava para las familias con mujeres como jefas de familia. Algunos datos proporcionados ejemplifican esta situación.

En 2017, por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres en la región, había 113 mujeres en similar situación. Por otra parte, alrededor de 2017, el porcentaje de mujeres sin ingresos propios alcanzó en promedio regional un 29,4% mientras que para los hombres la cifra era de 10,7%. En otras palabras, casi un tercio de las mujeres de la región es económicamente dependiente, condición que probablemente las expuso a una mayor vulnerabilidad. (OEA-CIM, 2020, p.13)

Estas desigualdades de género son más frecuentes en los hogares con menores ingresos, en los cuales tienden a existir una mayor cantidad de dependientes, lo cual pone mayor presión a las necesidades de los cuidados, tanto para personas menores de edad y mayores de edad. La pobreza que se expresa en otras desigualdades, como los limitados espacios físicos y el acceso a servicios básicos, hicieron que el necesario distanciamiento social y las prácticas higiénicas fueran más difíciles de cumplir y proteger así a los grupos de alto riesgo a la infección del virus.

La desigualdad en el acceso a los servicios básicos sigue siendo una problemática regional. Por ejemplo, en 2018, un 13,5% de los hogares de la región no tenía acceso a fuentes de agua mejoradas, situación que se agudizaba en las zonas rurales, donde la cifra alcanzaba el 25,4%. Por otra parte, las mujeres que viven en hogares con privaciones de acceso a agua potable dedican al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado entre 5 y 12 horas semanales más que las mujeres que habitan en hogares sin este tipo de privaciones. (ONU-CEPAL, 2020, p.2)

El confinamiento que generó la pandemia del Covid-19 obligó a muchas mujeres, incluyendo a niñas y niños a convivir por periodos largos con sus maltratadores o agresores, teniendo que hacer frente prácticamente solas a los conflictos domésticos y familiares, al maltrato físico, emocional y al abuso sexual. Agravándose estas situaciones debido al limitado acceso a los servicios públicos de atención, prevención y sanción de la violencia, precisamente por el confinamiento y las restringidas posibilidades de movilidad hacia esos servicios, así como también por su limitada disponibilidad. Lo anterior puso en evidencia que estos servicios no son considerados esenciales, y que requerían de medidas extraordinarias para la continuidad del servicio de atención, con lo cual se generó inseguridad para las mujeres e impunidad para los agresores.

Los servicios de atención y protección a la violencia de género contra las mujeres evidenciaron que no estaban diseñados y/o preparados para responder a las situaciones derivadas de la emergencia sanitaria Covid-19 y que cada país asegurara el acceso a nivel nacional para las mujeres, las niñas y los niños víctimas de violencia, incluyendo las zonas rurales y las necesidades específicas en cada territorio.

Las brechas entre el número, disponibilidad y capacitación especializada de la policía y las fuerzas de seguridad entre lo urbano y lo rural crearon un vacío en el Estado de derecho en las comunidades rurales, remotas o marginales, que enfrentan menor acceso a todo tipo de servicio público, lo que podía empeorar el riesgo y la situación de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia. (OEA-CIM, 2020, p.10)

De igual manera, también los albergues o espacios de refugio para mujeres víctimas de violencia y sus familiares que, de por sí, ya eran limitados en capacidad y sostenibilidad, aumentaron su demanda debido a las necesidades de estos servicios provocadas por las condiciones sanitarias de confinamiento, requiriendo poner a las víctimas a salvo, se necesitaron albergues temporales con presupuestos extraordinarios que no siempre estuvieron a disposición.

Otro factor que incidió en las desigualdades de género que resulta necesario mencionar ha sido la Brecha Digital de Género (BDG) como una de las desigualdades estructurales que se evidencian en el contexto de la pandemia Covid-19 y las disposiciones sanitarias implementadas por los gobiernos. Se trata de una de las variables más relevantes relacionadas con el retraso de las mujeres en la incorporación al mundo de las nuevas tecnologías y al uso de Internet. Las desigualdades sociales de género presentes en la familia, la escuela y el mundo laboral se expresaron también en las diferencias en las capacidades y habilidades de las personas para acceder, utilizar programas, equipos informáticos y los recursos del nuevo paradigma tecnológico.

Durante la crisis sanitaria se evidenció que las mujeres tienen menos acceso a la tecnología. A nivel mundial, hay 200 millones más de hombres que mujeres con acceso a Internet, y las mujeres tienen 21% menos probabilidad de tener un teléfono móvil, un recurso clave en países en desarrollo donde los teléfonos brindan acceso a seguridad, redes de contención/organización, sistemas de alerta temprana, atención de salud móvil y transferencias de dinero. En el contexto del Covid-19, esta brecha digital de género tiene implicaciones cruciales para el acceso de las mujeres a información y servicios de salud, noticias públicas sobre medidas de aislamiento y cuarentena, mantenerse vinculadas al mercado laboral y recibir o hacer pagos. (OEA-CIM, 2020, p.21)

Para estudiantes con limitados recursos económicos, fue mucho más difícil continuar sus estudios a través de medios digitales, además de que muchos de los centros educativos a los que asisten contaban con las condiciones tecnológicas necesarias para operar en esta modalidad.

En el año 2017, únicamente un 52,2% de los hogares de América Latina y el Caribe tenían acceso a Internet y un 44,7% disponían de un computador. A esto se suma el hecho de que, para poder implementar la modalidad de educación a distancia, se requiere contar con una serie de habilidades y capacidades, tanto en el caso de los trabajadores del sector educativo, que en su mayoría son mujeres (un 69,8% de total de ocupados en este sector), como en el de las y los estudiantes y de quienes supervisan y apoyan estas actividades en los hogares.

Con la crisis, se hizo evidente la brecha de capacidades en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones necesarias para implementar la educación a distancia, así como en las habilidades que poseen tanto los profesionales de la educación como los padres, las madres y las y los estudiantes. Este es un desafío pendiente en la región, especialmente en el caso de las mujeres de los estratos de menores ingresos. (ONU Mujeres, 2020)

En Costa Rica, un estudio realizado por MICITT-UCR-CICOM (2017) brinda un acercamiento sobre la evolución y caracterización de la brecha digital de género en el país en tres dimensiones:

1. La desigualdad en el acceso a infraestructura y dispositivos; tomando como unidad estadística los hogares según jefa y jefe de hogar.

2. El uso diferenciado que hombres y mujeres hacen de las TIC/Telecomunicaciones.

3. El uso de las TIC y su relación con la profesionalización; comparando los valores absolutos de los individuos según género.

Con el análisis de estos datos y la investigación de diversas fuentes, se pudo evidenciar y sustentar que la Brecha Digital de Género (BDG) existe, y que los datos analizados constituyen un insumo para la formulación de políticas públicas, en las que intervengan no solo instituciones públicas, sino también privadas, académicas y representantes de la sociedad civil. (MICCITT-UCR-CICOM, 2017, p. 74)

Los resultados del estudio señalan la importancia que tiene disminuir las brechas vinculadas con el desarrollo social, ya que las desigualdades por edad, educativas, laborales, económicas, de acceso a las tecnologías de información y comunicación (TIC), confluyen y se refuerzan unas a otras. También se identificaron brechas socioeconómicas entre mujeres y hombres vinculadas de manera transversal con la brecha digital de género, probablemente asociados a la existencia de estereotipos culturales en los roles que cumplen los hombres y mujeres en la sociedad.

Finalmente, –un dato que resulta indispensable es que existe una importante ausencia de datos desagregados por sexo/género, lo que obstaculiza la toma de decisiones acertadas, las respuestas apropiadas y la mitigación del impacto. Es imperante la necesidad de soluciones basadas en evidencia, respaldadas por datos de calidad. De igual manera, resulta evidente la necesidad de desglosar los datos por otros factores como estado socioeconómico y origen étnico-racial, para entender los impactos del Covid-19 en poblaciones específicas como personas afrodescendientes e indígenas.

4.Consecuencias de la pandemia Covid-19 para las mujeres

De los apartados anteriores, se desprenden las principales consecuencias de la pandemia por COVID-19 para las mujeres. Una consecuencia general, de tipo estructural, pero que también afecta a las mujeres, se relaciona con la ampliación de las brechas sociales y económicas en los países de la región, provocando un aumento en los niveles de endeudamiento, con posibles afectaciones para una reactivación económica sostenible y con igualdad.

Otra consecuencia importante ha sido el retroceso histórico en los derechos alcanzados por las mujeres, entre otros, la autonomía económica y una vida libre de violencia. La pérdida del derecho a la autonomía económica evidenció una compleja realidad. Por un lado, el agravamiento de la sobrecarga de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados que han tenido que asumir las mujeres, debido al rol histórico asignado en el ámbito reproductivo. Por otro, la insuficiencia de normativas y políticas públicas en materia de cuidados para personas dependientes por parte del sector público y privado que han sido un gran obstáculo para que las mujeres ingresen y permanezcan en el mercado laboral.

Durante la pandemia, estas condiciones continuaron profundizando las desigualdades de género, en la medida en que muchas mujeres no pudieron conciliar el trabajo no remunerado de las tareas domésticas y los cuidados con la generación de ingresos. Ciertamente, esta crisis sanitaria provocó cambios rápidos y violentos, por los retrocesos que generó en corto tiempo. Muchas de las mujeres jefas de familia que se quedaron sin trabajo remunerado, o tuvieron que dejarlo, probablemente sufrieron presiones económicas y emocionales para dar respuesta a sus necesidades y las de sus familias. Incluso las mujeres que teletrabajaron también asumieron mayores responsabilidades domésticas y de cuidado, a diferencia de sus pares hombres con iguales condiciones laborales.

Lamentable también resulta el hecho de que, en el proceso de recuperación económica, la situación no ha cambiado en estos aspectos, en la medida en que la generación de empleos está siendo más lenta en los sectores de actividades donde se concentran predominantemente las mujeres. Así como el impacto inicial del Covid-19 fue diferenciado en el mercado laboral en relación con las mujeres y los hombres, el proceso de la recuperación también está siendo diferenciado negativamente para las mujeres. De acuerdo con la OIT, en América Latina y el Caribe (OIT, 2022, p.2)

En términos absolutos, los puestos de trabajo masculinos perdidos en el primer semestre del 2020 (alrededor de 26 millones) se recuperan hacia el tercer trimestre de 2021, pero de los 23,6 millones de puestos de trabajos femeninos que se perdieron sólo se recuperaron 19,3 millones. Ello significa que aún falta recuperar algo más de 4 millones de puestos de trabajo femeninos.

La insuficiencia de los servicios institucionalizados de cuidados son un factor determinante. Por ello, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA), en su propuesta de “COVID-19 en la vida de las mujeres: Emergencia global de los cuidados” (OEA-CIM-EUROSOCIAL-UE, 2020) aborda aspectos estructurales de gran importancia, a saber: los cuidados como un derecho, los cuidados como trabajo e inversión social, los cuidados en los sistemas de protección social, la incorporación de los hombres como parte esencial de la solución y los cuidados como eje transversal de las intervenciones jurídicas y las políticas públicas.

Si bien esta Comisión considera que, de no mediar intervenciones jurídicas y de políticas públicas integrales en esta materia, las desigualdades se profundizarán, con los riesgos de que se continúe el retroceso de la participación laboral de las mujeres en cantidad y calidad, de aumentar la desigualdad y la pobreza de las mujeres y de quienes están a su cargo; también plantea que estos riesgos pueden convertirse en oportunidades si los gobiernos desarrollan estrategias que fortalezcan el derecho de las personas al cuidado, apoyan a las familias con enfoques de protección social, promueven la participación de los hombres en los cuidados; así como integrar los cuidados de manera transversal en las leyes y las políticas públicas.

Por su parte, la CEPAL (2021) también señala aspectos estructurales que han tenido impactos de manera diferenciada en las mujeres y en los hombres. Un aumento en la desigualdad socioeconómica y la pobreza, con más hogares pobres monoparentales de mujeres, mayores brechas para acceder a servicios financieros, elevados índices de desempleo comparados con sus pares hombres y limitado acceso a servicios básicos incluyendo la digitalización. Con relación a la división sexual del trabajo, las mujeres se concentraron en sectores con mayores riesgos de contracción y de baja calificación, sobrerrepresentadas en la primera línea de respuesta a la pandemia, con un fuerte aumento de la demanda de cuidados en los hogares ya precarizados materialmente.

Finalmente, otra consecuencia que debe considerarse es el aumento de la violencia de género contra las mujeres, pues estas y sus grupos familiares (niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores o con alguna o varias situaciones de enfermedades o discapacidades), estuvieron expuestas a mayores grados de violencia durante los períodos de confinamiento, Se observó un aumento en los índices de todas las formas de violencia de género contra las mujeres, incluyendo a las niñas, con un limitado acceso a los servicios públicos de prevención, atención y sanción de la violencia.

5.Conclusiones y recomendaciones

Dos son, al menos, las conclusiones principales del presente abordaje; una que se refiere al contexto estructural y otra en relación con los derechos de las mujeres: Con respecto a la primera, el gran desafío para toda la región es la reactivación económica, atendiendo las grandes desigualdades sociales y económicas y el endeudamiento, provocados por la crisis sanitaria. Ello requiere de una gestión de políticas públicas transformadoras, con enfoques de igualdad y sostenibilidad que eviten que los impactos sociales y económicos de la pandemia se prolonguen en el tiempo y continúen profundizando las múltiples brechas sociales preexistentes, ya de por sí desiguales.

Para lograr una reactivación con igualdad y sostenibilidad, la CEPAL, propone medidas a corto, mediano y largo plazo.

En el corto plazo, junto con las políticas de salud, de cuidados y de reactivación del empleo, y la promoción del regreso gradual y seguro a las escuelas, es clave dar continuidad a las medidas de protección social de emergencia que los países de la región han implementado para que amplios sectores de la población —incluidas las personas en trabajos informales— puedan satisfacer sus necesidades básicas…

En el mediano y largo plazo, se considera de gran importancia, avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes, así como fortalecerlos, centrándose en las necesidades específicas que enfrentan las personas a lo largo del ciclo de vida transversalizando la perspectiva de la igualdad de género…y…, fortaleciendo y ampliando el Estado de Bienestar sobre la base de un nuevo pacto social. (ONU-CEPAL, 2022, p.13)

Los países de la región enfrentan enormes desafíos y, más aún, cuando la pandemia parece que no acaba, por lo que mantiene a muchos en situación de incertidumbre. En este contexto vale la pena retomar el planteamiento de Alicia Bárcenas, secretaria general de la CEPAL:

… aunque la emergencia sanitaria generara una crisis social prolongada es también una oportunidad histórica para un nuevo pacto social que brinde certidumbre y confianza en la región mediante planes de recuperación basados en inversión, empleo sostenibilidad ambiental y protección social. (ONU-CEPAL, 2022, p.13-14)

Ello requiere articular el bienestar social y la productividad, con acciones, como son, entre otras, establecer garantías básicas de ingreso, promover políticas activas en el mercado de trabajo que incluyan capacitación, emprendimiento e intermediación laboral, así como brindar servicios de cuidado que permitan resguardar la autonomía de las mujeres.

Lo anterior permite plantear la segunda conclusión. Las acciones y las políticas sociales y económicas que se promuevan para hacer frente a las consecuencias de la pandemia Covid-19, deben hacerse con la participación de las mujeres mediante organizaciones y colectivos que den cuenta de la diversidad de sus realidades, así como también incorporando transversalmente el enfoque de igualdad género, para que no se continúen profundizando las desigualdades sino, al contrario, que se fortalezca la autonomía de la diversidad de mujeres, particularmente de las que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social y económica, como son las mujeres migrantes, las trabajadoras domésticas remuneradas, las trabajadoras del sector de la salud, las cuidadoras, las trabajadoras informales y también aquellas que trabajan de manera no remunerada en los hogares.

También las acciones sociales y económicas que se tomen en respuesta a los efectos de la pandemia no deben suponer recortes fiscales que afecten los avances hacia la igualdad de género, ni limiten la autonomía de las mujeres en la diversidad de sus derechos. En la definición e implementación de las acciones que se tomen, el trabajo coordinado de los mecanismos nacionales e internacionales de las mujeres será fundamental, a fin de que contribuyan al diseño de estas estrategias adaptándolas a las realidades, necesidades, intereses y derechos de las mujeres.

Se debe prestar especial atención al binomio trabajo-cuidado para fortalecer la autonomía de las mujeres, y puedan incorporarse y permanecer en el mercado laboral, lo cual requiere de una reorganización social de los cuidados con un enfoque de corresponsabilidad entre los estados, los empleadores y las familias.

Las acciones de los estados en los contextos de recuperación y reactivación son primordiales en relación con el cuidado, ya que, para un nuevo pacto social, deberán apuntar a la universalización de servicios de calidad, la coordinación e intersectorialidad de las políticas, la sostenibilidad financiera y la corresponsabilidad como principio. También se debe invertir en salud universal, educación de calidad y sistemas de cuidados como pilares de un nuevo Estado de bienestar en la región.

Referencias

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