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Revista de Teología / Estudios Sociorreligiosos
Volumen 17, Número 2, 2024
ISSN 2215-227X • EISSN: 2215-2482
Recibido: 09/09/24 - Corregido: 28/10/24 - Aceptado: 24/11/24
Doi: https://doi.org/10.15359/siwo.17-2.7
URL: https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/siwo
Licencia (CC BY-NC 4.0)


Familia sobre todo, emprendimiento ante todo: Secretaría Nacional de la Familia (SNF/MMFDH) y la articulación entre neoconservadurismo y neoliberalismo

Family above all, entrepreneurship above all: National Secretariat for the Family (SNF/MMFDH) and the articulation between neoconservatism and neoliberalism

Familia acima de tudo, empreendedorismo acima de todos: Secretaria Nacional da Familia (SNF/MMFDH) e a articulação entre neoconservadorismo e neoliberalismo

Ana Carolina de Oliveira Marsicano*

*Universidad Federal de Pernambuco

Brasil

https://orcid.org/0000-0002-4372-7192

carolmarsicano@gmail.com

Resumen:

La centralidad de cierta noción de familia en el neoconservadurismo tiene una dimensión superestructural como reacción a las demandas de los movimientos feministas y LGBTQIAP+, una dimensión estructural que revela la forma en que se relaciona con el neoliberalismo. A partir del proceso de confesionalización de las políticas públicas, promueven cambios en los patrones tradicionales del binomio Estado-sociedad, en las estructuras, procesos y actores que reivindican un ideal “subsidiario” de la acción estatal frente a otras esferas sociales, especialmente la familia (neoconservadora), el mercado (neoliberal). Este análisis busca examinar la forma en que el neoliberalismo, en el Secretariado Nacional de la Familia (SNF/MMFDH) en Brasil, se alinea con las estrategias políticas y culturales neoconservadoras, donde capilariza un lenguaje social específico a través de la circulación de la categoría familia, lo cual repercute directamente en el sistema de protección social.

Palabras clave: confesionalización de las políticas públicas; neoconservadurismo; neoliberalismo; Secretaría Nacional de la Familia.

Abstract:

The centrality of a certain notion of family in neoconservatism has a superstructural dimension as a reaction to the demands of the feminist and LGBTQIAP+ movements, and a structural dimension that reveals the way it is related to neoliberalism. From the process of confessionalization of public policies, they promote changes in the traditional patterns of the State-society binomial, in its structures, processes and actors that claim a “subsidiary” ideal of state action compared to other social spheres, especially the family (neoconservative) and the market (neoliberal). What I seek to examine here is the way in which neoliberalism in the National Secretariat for the Family (SNF/MMFDH) in Brazil aligns with neoconservative political and cultural strategies, where through the circulation of the family category, it capillarizes a specific social language with direct repercussions on the social protection system.

Keywords: confessionalization of public policies; neoconservatism; neoliberalism; National Family Secretariat.

Resumo:

A centralidade de uma determinada noção de família no neoconservadorismo tem uma dimensão superestrutural como reação às demandas dos movimentos feminista e LGBTQIAP+, e uma dimensão estrutural que revela a forma como se relaciona com o neoliberalismo. A partir do processo de confessionalização das políticas públicas, promovem mudanças nos padrões tradicionais do binômio Estado-sociedade, em suas estruturas, processos e atores que reivindicam um ideal “subsidiário” de ação estatal frente às demais esferas sociais, especialmente a família (neoconservadora) e o mercado (neoliberal). O que busco examinar aqui é a forma como o neoliberalismo na Secretaria Nacional da Família (SNF/MMFDH) no Brasil se alinha às estratégias políticas e culturais neoconservadoras, onde por meio da circulação da categoria família, capilariza uma linguagem social específica com repercussões diretas no sistema de proteção social.

Palavras-chave: confessionalização das políticas públicas; neoconservadorismo; neoliberalismo; Secretaria Nacional da Família.

Introducción

En Brasil, la institución familiar hace mucho tiempo forma parte de los arreglos de protección social, por lo que el Gobierno aprovecha la “participación autónoma y voluntaria de la familia en la provisión del bienestar de sus miembros” (Pereira, 2009, p.29). Es importante destacar la centralidad de la familia en las políticas sociales, tanto en lo concerniente a las políticas para reducir las desigualdades sociales, como es el caso de la “Bolsa Família”, como de las “Políticas Públicas de Familia”, paquete de políticas implementado por el Secretariado Nacional de la Familia (SNF/MMFDH) en el gobierno de Jair Messias Bolsonaro. En el “neoliberalismo familiarista” (Martino, 2001) reedita el Estado mínimo, al trasladarle a la familia la responsabilidad del bienestar de sus miembros, privatizando la protección social a través del mercado (empresarial y meritocrático), las instituciones familiares, religiosas o asistenciales (asociaciones, ONG y OSCIPS).

En esta reedición del Estado mínimo ocurre la sustitución de la protección social como responsabilidad colectiva, ante la individualización de la responsabilidad y la provisión de mínimos sociales. La crisis del Estado de bienestar desencadenó la adopción de una “solución familiar” (con énfasis en las actividades de cuidado proporcionadas por mujeres) como mecanismo para reducir la necesidad de acceder a los servicios públicos, con lo cual se responsabiliza a la familia de proveer su propio entorno de subsistencia (Mioto et al., 2009, pp.1-2).

Los programas de transferencia de ingresos condicionados a aspectos familiares fomentaron un enfoque en la familia como responsable de la promoción del bienestar de las personas miembros a través de las redes de sociabilidad, lo cual refuerza la desigualdad de género a partir de los papeles que tradicionalmente desempeñan en el ámbito familiar hombres y mujeres. Al reactivar la idea liberal de la responsabilidad de la familia como proveedora de bienestar, se refuerzan las jerarquías patriarcales históricamente producidas y reproducidas en la sociedad.

Desde la implementación de la Política Nacional de Asistencia (PNAS 2004) y de la Norma Básica Operativa (NOB/SUAS,2005), la familia ocupa un lugar central en la política de asistencia dado el principio de “matriz sociofamiliar”. Se reemplazó al Ministerio de la Mujer, Igualdad Racial, Juventud y Derechos Humanos por el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, con una Secretaría Nacional de la Familia dedicada a la elaboración y difusión de políticas públicas de familia. De acuerdo con el Observatorio Nacional de la Familia, unidad de investigación que forma parte de la estructura del Secretariado Nacional de la Familia del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos (SNF/MMFDH), que tiene como objetivo incentivar el desarrollo de estudios e investigaciones relacionadas con el tema de la familia, las políticas públicas familiares son consideradas

Acciones iniciadas por el gobierno, que buscan directamente o a través de alianzas con la sociedad, promover el fortalecimiento de los vínculos familiares, es decir, recuperar, fortalecer las relaciones de confianza y colaboración propias de la vida familiar. Por eso, las políticas públicas familiares fomentan el desarrollo de recursos y capacidades que permitan regenerar el capital social de los miembros de la familia, aumentando la autonomía y responsabilidad frente a las circunstancias de la vida, redundando también en diversos beneficios para la sociedad en su conjunto (Brasil, 2021).

Wendy Brown (2019), al producir una teorización sobre el tradicionalismo moral, muestra cómo este constituye un elemento del neoliberalismo a partir de la movilización de categorías como “Dios, familia, nación y libre empresa” (p. 109), enfatizando cómo el compromiso con la política conservadora y la política neoliberal no corren de manera autónoma. Al abordar el aporte de Friedrich Hayek a la política neoliberal (especialmente con su tesis de la expansión de la “esfera personal protegida”), Brown reitera que la relación entre moralidad y neoliberalismo es diferente a la analizada por el autor, en vista de la intensa politización de los valores tradicionales, convertidos en dispositivos estratégicos y el acercamiento entre los Estados, a través de la búsqueda de asegurar una política neoliberal a través de intervenciones políticas y legislativas estatales. En este sentido, “las estrategias ganadoras para repeler políticas de igualitarismo, diversidad, pluralismo recurren a la libertad individual y corporativa asegurada por el estatismo” (Brown, 2019, p. 145).

Melinda Cooper (2017), quien presenta un análisis sociológico de la historia cultural del neoliberalismo, señala el error de considerar “que el neoliberalismo invierte menos en valor familiar que los conservadores sociales” (2017, pp. 8-9). Según la autora, los grupos neoliberales se preocupan particularmente por los costos derivados de los cambios sociales en la estructura familiar estable, cuando estos ya no son asumidos por la familia privada y pasan a recaer en el Gobierno y la persona contribuyente. Ante los cambios producidos en el campo del género y la sexualidad, por una mayor inserción de la mujer en el mercado laboral, “los economistas, los teóricos del derecho neoliberales quieren restablecer la familia privada como principal fuente de seguridad económica y alternativa integral al Estado de bienestar” (Cooper, 2017, p. 8). Como forma de asegurar la distribución desigual de la riqueza y la renta, se pretende “restablecer la familia como forma jurídica elemental de acumulación privada de riqueza” (Cooper, 2017, p. 16).

Según Saba Mahmood (2016), al relegar la religión, la sexualidad y la familia a la esfera privada, estas se convierten, desde una concepción moderna, laica, en unidades nucleares responsables de la reproducción de la sociedad y la nación. En este sentido, el derecho de familia ha cobrado gran importancia en la reproducción y preservación de la identidad religiosa, transformando a la familia en el lugar primordial de reproducción de la moralidad, al exacerbar patrones anteriores de género y jerarquía (Mahmood, 2016).

Para Hackworth (2018), es posible observar un intento de extraer legitimidad bíblica para los ideales neoliberales, lo cual produce un efecto de santificación de sus principios. Con ese fin, “los neoliberales religiosos han escrito una narrativa que ha llevado a los cristianos evangélicos al redil antigubernamental y antibienestar” (Hackworth, 2018, p. 324). La “familia natural” es el arquetipo del orden comunitario católico, del cual fluye naturalmente todo el sistema de reproducción de las relaciones de poder. La visión de la familia como “célula básica” de la sociedad se articuló con el pensamiento jurídico conservador, donde las costumbres basadas en valores cristianos reconocen lo que se considera “constitutivo”, “natural”, “auténtico”, “original”, y lo fuente de derecho legítimo. La defensa de la familia tradicional promueve conexiones entre grupos católicos que desempeñan un papel fundamental en las movilizaciones antigénero, lo cual constituye un foco ideológico, un canal de difusión de ideas y estrategias y un cuerpo movilizado y activo. Apoyados en el discurso que defiende la antropología y la complementariedad cristianas, los sectores católicos imponen el derecho natural como límite al ejercicio jurídico, legislativo y político. Según la exhortación apostólica de Juan Pablo II de 1981, Familiaris Consortio, la familia cristiana, verdadera “escuela de virtudes”, mediante una acción encaminada a la conservación, transmisión y protección del bien común, debe comprometerse a actuar tanto en las asociaciones eclesiásticas como en no eclesial.

Para los grupos católicos conservadores, la familia, “con sus componentes (económicos, culturales, políticos y religiosos) asumidos como categoría moral”, es considerada la estructura primera y esencial para superar la mentalidad individualista mediante el desarrollo de la virtud de la solidaridad (Raga, 2014). El objetivo principal es la familia y la defensa de su “verdadera naturaleza”, desde esta perspectiva, con la intervención del Estado, la subjetividad privada y la solidaridad personal, desarrollada en el seno de la familia a través de su función de procreación y el cuidado de niños, niñas y personas adultas mayores, sería suplantado por una “solidaridad institucional” destinada a proporcionar únicamente bienestar social materialista y utilitario (Raga, 2014, p. 698).

Estructuras familiares, que no encajan en el “‘núcleo’ constituido por la pareja [hombre y mujer] y sus hijos y completado excepcionalmente con la presencia de otras personas”, basado en el modelo de familia patriarcal, es decir, en una “estructura de poder fuertemente jerárquica y rígidamente centralizada”, son tratadas como una “familia extendida” o “familia numerosa” (familia conjunta) (Campanini, 2014, p. 317). En este sentido, al desconocer la diversidad de arreglos familiares, apuestan por un “modelo teológico” de familia, y no por un “modelo sociológico”, al defender el “carácter único, exclusivo y definitivo de la relación de pareja, basada en el amor y orientada al servicio de la vida” (Campanini, 2014, p. 322).

La existencia de nuevos ordenamientos estaría relacionada con una disociación del ser humano de su verdadera naturaleza, provocada por la influencia de “contravalores” ideológicos que amenazan un “modelo de desarrollo fundado en la base natural de la sociedad, la familia” (d’Entremont, 2014). La función social y económica de la familia se fundaría en el matrimonio y en la diversa naturaleza sexual de la relación, basada en la relación dialéctica entre el principio de normas, caracterizado por los hombres, y el principio de cuidado, por las mujeres. En este sentido, las estructuras familiares que no se basen en la unión entre un hombre y una mujer representarían una amenaza para el pleno desarrollo social y económico, haciendo “urgente [la] aplicación de políticas, económicas y ecológicas”. medidas, pero principalmente antropológicas y éticas” (d’Entremont, 2014, p. 350).

Al argumentar que el reconocimiento de otras estructuras familiares (“modelos de familia hipotéticos” que no parten de una realidad natural, sino artificial), provocaría una “disolución de la legalidad intrínseca de la familia [natural]”, llaman a juristas para actuar, a partir de estructuras asociativas, en defensa del concepto de familia como concepto jurídico pleno y con significado en su naturaleza antropológico-cultural.

Al afirmar que estos acuerdos no contribuyen al desarrollo social y económico, especialmente porque no están abiertos al propósito de la procreación, pretenden prescindir de la protección y el reconocimiento públicos del Estado. En este sentido, señalan que a diferencia de la familia natural, basada en la unión entre el hombre y la mujer, y que tiene “cualidades antropológico-institucionales”, las esferas extrafamiliares son incapaces de satisfacer demandas y necesidades antropológicas fundamentales (d’Agostino, 2014). La familia basada en la unión entre un hombre y una mujer sería la única que permitiría una “experiencia familiar completa”, siendo reconocida como una estructura familiar tradicional, nuclear, biológica, real, natural y capaz de proporcionar una sociabilidad completa, mientras que otros arreglos buscarían imitar la unión conyugal, consistiendo en una modalidad (mistificadora) de dicha imitación (d’Agostino, 2014).

La realidad social y económica de la gobernabilidad neoliberal incluye la reforma radical del Estado de bienestar (Adkins, 2018), lo cual generaría un cambio en la relación Estado-Sociedad que deshace el papel del primero en la garantía de derechos políticos y objetivos basados en la igualdad. El reajuste de la relación economía-sociedad implica el reajuste del orden de género, más allá de la “subordinación del Estado, la sociedad al mercado, la extensión y aplicación de los principios del mercado a todos los aspectos de la vida” (Adkins, 2018, p. 470), con esto se invierte en la lógica del emprendimiento y se desacredita la necesidad de que el Estado invierta en políticas sociales. En lugar de que, la tarea de la política social sea compensar los efectos de las injusticias sociales y económicas a través de estrategias de redistribución y reconocimiento, la tarea de las políticas públicas de familia que ha puesto en marcha el Secretariado Nacional de la Familia (SNF/MMFDH) pasa a ser compensar los efectos de las injusticias sociales y económicas a través de la familiarización de las políticas públicas.

En este contexto, la tarea del Gobierno pasa a ser trasladar variables que son sociales al ámbito familiar, pero también se pasan los riesgos sociales previamente colectivizados, como el seguro de desempleo y la asistencia médica, al individuo (Lemke, 2001). Así, se recurre al familismo como ese dispositivo que abrevia las necesidades a través de un discurso simplificador de “valorar la familia”. En la política pública familiar, el éxito del programa no se mide por métricas, como sí ocurre con el aumento de la salud o la longevidad, sino por su capacidad para producir valor de mercado; de tal manera, si un programa de bienestar mejora vidas, pero no puede demostrar que también produjo valor de mercado, necesariamente se posicionará como fracaso y como objetivo “para erradicar al Estado” (Povinelli, 2011).

Considerando las técnicas de la gobernanza neoliberal y el “Gobierno de sí”, se suma la lógica de la “familia como solución para todo”. Dado el rol normativo del género, las mujeres se posicionan en las políticas públicas familiares como protagonistas especiales de la economía social (por ejemplo, Allen, 2014; Banet-Weiser, 2015; McRobbie, 2007; Scharff, 2016), aunque aparece el discurso de la inserción de la mujer en el mercado laboral, bajo la clave del emprendimiento, las restricciones del trabajo familiar, de cuidados y otras formas de trabajo socialmente reproductivo se entienden como limitantes de la capacidad de las mujeres para convertirse en el tipo de sujeto requerido por los regímenes políticos neoliberales (Adkins, 2018) y neoconservadores. Es importante señalar que las políticas públicas familiares que pone en marcha el SNF, con énfasis en el Programa Familias Fuertes (PNF), reflejan un “reconocimiento limitado de las cargas, desventajas del cuidado” (MacLeavy, 2011, p. 626). En este sentido, ¿las políticas están más en sintonía con la vida de los hombres que con la de las mujeres (McDowell, 2005). Al considerar a las mujeres como sujetos de capacidad familiar, por tanto centrales en el funcionamiento de las “políticas públicas familiares”, las posicionan como sujetos de reproducción social; es decir, como sujetos ubicados en el ámbito social cuyo papel es el de contribuir al bienestar y mantenimiento de la familia.

En este contexto, resulta fundamental señalar que las mujeres han sido aclamadas por los Gobiernos (en sus políticas y estrategias), organismos políticos transnacionales (en las recomendaciones y propuestas de políticas), empresas transnacionales (en las campañas benéficas), como sujetos ideales de reinvención del negocio. Así, las mujeres, las jóvenes en particular, han sido (continúan siendo) posicionadas con un papel especial en el proceso de neoliberalización, especialmente en la economización/familiarización de lo social. Este posicionamiento de las mujeres jóvenes como sujetos de capacidad en relación con la neoliberalización y en la racionalidad neoliberal no ha pasado desapercibido para las feministas preocupadas por la feminidad economizada (Allen, 2014; Banet-Weiser, 2015; McRobbie, 2007; Scharff, 2016). La inversión en políticas públicas para conciliar la relación trabajo-familia se produjo de manera concomitante con la promoción de la agenda empresarial y las políticas maternalistas que invierten en un ideal de mujer capaz de equilibrar su carrera profesional con una vida hogareña satisfactoria. A través de programas de conciliación entre el trabajo y la familia, el MMFDH ha implementado un modelo de política pública en el cual se le pide a cada mujer calcular el equilibrio adecuado entre el trabajo y la familia, negando las contradicciones de género y proporcionando, al mismo tiempo, un terreno fértil para la expansión de la racionalidad neoliberal (Rottenberg, 2014).

El artículo es un estudio exploratorio y descriptivo, con abordaje cualitativo, del principal programa del SNF, “Famílias Fortes”, así como de los discursos, textos y producciones académicas de tres integrantes del Secretariado Nacional de la Familia (SNF/MMFDH), quienes actúan como importantes “ideólogos” del discurso familista, lo cual promueve la acción interministerial en el tema de la familia. Los actores y sus discursos analizados son la secretaria Nacional de la Familia, Ângela Gandra; el director del Departamento de Formación, Desarrollo y Fortalecimiento de la Familia, Marcelo Couto Dias y el coordinador general de Estudios, Investigación y Evaluación de la Mesa de Equilibrio Laboral-Familia, Gustavo Adolfo Pedrosa Daltro Santos. También se abordará el programa principal del SNF, programa “Famílias Fortes”, destacando sus principales aspectos.

A partir de los discursos movilizados por el SNF/MMFDH, se percibe una estrategia para utilizar el conocimiento científico secular y las categorías seculares como “capital relacional” o manera de disfrazar su compromiso con el proyecto de la moralización de la sociedad. Aludiendo a lo natural (arreglo familiar casado heteropatriarcal con hijos), busca reposicionar las relaciones jerárquicas, al admitir ciertos tipos de violencia. Con el objetivo ampliar el “ámbito personal protegido”, desafían los principios de igualdad, laicidad, pluralismo e inclusión, imposibilitando la implementación de políticas públicas de bienestar social y cuestionando los aparatos políticos y jurídicos comprometidos con la democratización de las relaciones sociales de clase, raza, género sexual y sexualidad. El proceso dual de privatización (neoliberal/neoconservador) genera y legitima desigualdades mediante el uso de coordenadas seculares y religiosas como jerarquía y autoridad, adquiriendo valores públicos que configuran la cultura política.

El “amor sacrificial” y la distribución desigual de la tarea del cuidado

Elizabeth Povinelli, en su libro Economies of Abandonment Social Belonging and Endurance in Late Liberalism (2011), conceptualiza el neoliberalismo como un espacio social marcado por una serie de luchas en un terreno desigual y de bienestar social, como una forma de evaluar el mundo social. Estos espacios marcados por las desigualdades se convierten en espacios para las maniobras sociales, por lo que en las últimas décadas se han presentado intensos cambios en las formas de gobernanza de las diferencias sociales (Povinelli, 2011). Tanto el neoconservadurismo como el neoliberalismo surgieron como fuerzas sociales de oposición las diversas formas de reconocimiento, donde

la diferencia social a través de configuraciones específicas de tiempo, vivacidad y sustancia ética son utilizados por los liberales laissez-faire, los liberales keynesianos y neoliberales para legitimar la pertenencia diferencial. Estas configuraciones están listas para transponer estas posiciones ideológicas, porque están en lo profundamente integradas en la vida liberal tardía, dando sentido a los bolsillos de abandono y pertenencia diferencial (Povinelli, 2011, p. 29).

El problema de la diferencia llega a resolverse a través de una razón pública en la que la moralidad actúa como la línea roja más allá de la cual las diferencias no pueden avanzar, o como un soporte que debe colocarse alrededor de la diferencia para que pueda ser eliminado del debate público hasta cuando se cuestione. Las poses pueden gestionarse, al no permitir que ninguna diferencia real se enfrente al mundo normativo (Povinelli, 2011). Una de las técnicas del tiempo social que utilizan los liberales para explicar el daño social estructural desde un enfoque neoliberal es la noción de “amor sacrificial”. De acuerdo con el autor, esta proyección desvía continuamente el sentido moral y la razón práctica, al tomar como punto de partida modos cristianos de “amor sacrificial”. A pesar de tratar temas diferentes, se hace referencia a la noción de “amor sacrificial” como una forma de señalar la manera en que las personas católicas conservadoras articulan nociones como familia, conyugal, amor y maternidad. Al trasladar a la familia cuidados y riesgos desde un papel subsidiario del Estado, se desaconseja una forma de sociabilidad vecinal, colectiva en su imaginario, pública en sus responsabilidades.

Según Povinelli, hay un elemento interno a la lógica del sacrificio y del “amor sacrificial” que surgió de la tradición judeocristiana y que amenaza al Estado de bienestar, pues opera como un medio de maniobra alrededor de las contradicciones político-económicas existentes (Povinelli, 2011). Al asociar el Estado de bienestar a un modelo económico basado en la promoción del “hedonismo”, la “felicidad individual”, el “utilitarismo” y el “placer personal”, su superación se produciría a través de una economía basada en el “sacrificio” y en las “acciones virtuosas”, reconociendo en el Estado su papel subsidiario y en la familia, el espacio donde los individuos aprenden a dar sentido a su vida social porque asumen un compromiso concreto de solidaridad y caridad (Raga, 2014). Para Raga, hay un elemento interno en la lógica del sacrificio y el amor sacrificial que surgió de la tradición judeocristiana y que puede renovar el orden democrático:

Uno de estos dilemas proviene de las connotaciones religiosas cada vez más explícitas del amor sacrificial. Los teóricos críticos estaban acostumbrados a los ritmos desafiantes del gobierno liberal tardío y el daño que causa a los demás: los sacrificios que deben hacerse o no, el amor que debe ser dado o negado, cuando se entendía que estos ritmos ocurrían dentro de una estructura secular. Sin embargo, surgió una nueva diferencia dentro del liberalismo para interrumpir estos arreglos, señalada pero no contenida por las discusiones sobre el bien y el mal, el sacrificio y el amor sacrificial (Raga, 2014, p. 168).

El neoliberalismo, al involucrar a los individuos en esferas e instituciones que combinan un pensamiento empresarial simplificador (del individuo libre de cuidar de sí mismo) con un discurso nacional-teológico de sacrificio moralizado, reitera la importancia de este sacrificio para toda la sociedad (Brown, 2018). La economía del campo político y las prácticas de gobernanza neoliberales restringen los espacios para el ejercicio de la ciudadanía activa, lo cual da paso a la idea de sacrificio ciudadano (Brown, 2018). Con base en la noción de “ciudadanía sacrificada”, Brown (2018) muestra que de la misma manera en que “la virtud ciudadana se reelabora en la forma de un emprendimiento responsable, también se reelabora como un ´sacrificio compartido´ y como la imposición de la responsabilidad individual” (Brown, 2018, p. 39). En este sentido,

Los individuos responsables se ven obligados a mantenerse a sí mismos, en un contexto en el que los poderes y las contingencias limitan radicalmente su capacidad para hacerlo. Pero también se les culpa de las desgracias del conjunto y, lo que es más importante, incluso cuando se comportan apropiadamente se considera legítimo sacrificarlos por la supervivencia del conjunto. Semejante formulación de la responsabilidad ciudadana señala algo más que el desmantelamiento de la lógica del Estado de bienestar o incluso del contrato social liberal; de hecho, expresa precisamente su inversión. En lugar de la promesa del contrato social de que el cuerpo político protegería al individuo contra peligros externos e internos que amenazan su vida, ahora los individuos pueden ser legítimamente sacrificados por el todo, este “todo” puede significar cualquier cosa, la sostenibilidad tanto de una empresa privada como de una economía nacional o posnacional (Brown, 2018, pp. 40-41).

Llobet y Villalta (2021), en su artículo “Economías morales del cuidado infantil. Familias, género y desigualdades en los programas de acogimiento familiar en la Argentina”, muestran cómo los sentidos movilizados en los dibujos y las prácticas institucionales permiten vislumbrar regímenes morales específicos, de los cuales se piensa la maternidad y el lugar asignado a la “familia” como dispositivo social. Las políticas de protección de los derechos se han centrado cada vez más en regular las prácticas de cuidado familiar (Barna, 2015; Darré, 2013; Llobet, 2009; Magistris, 2016; Villalta, 2013), en un proceso de familiarización (Haney y Pollard, 2014) y la materialización (Nari, 2004) de las políticas públicas. Al replicar estructuras de género desiguales de género al sobrecargar a las mujeres con tareas de cuidado, estas políticas desencadenan en una serie de instrumentos que agravan la vulnerabilidad social que enmascaran la pobreza estructural y la injusticia social al moralizar las desigualdades sociales (Fassin, 2009).

Al movilizar las necesidades y los derechos de las mujeres y los niños y las niñas, se legitiman nuevas exclusiones en el marco de las articulaciones neoliberales basadas en la noción de que el individuo es responsable de su reproducción y la “familia” es el entorno ideal y principal para garantizar estos derechos, configurando la responsabilidad de las madres como un imperativo moral personal (Balagopalan, 2019).

En algunos casos, esta impronta está vinculada a la pertenencia a las iglesias católicas y evangélicas de las familias seleccionadas o las ONG que desarrollan estos programas de acuerdo con los gobiernos locales. Por lo tanto, los significados vinculados a la caridad, el altruismo, la solidaridad, la espiritualidad se entrelazan y constituyen razones poderosas para explicar la tarea desarrollada (Llobet; Villalta, 2019). Las narrativas institucionales orientadas a la familia son limitadas y restrictivas, las dificultades materiales asumen dimensiones morales. Analizando los límites morales impuestos por estas políticas familiares, cabe preguntarse

¿Qué maternidad y la infancia son privilegiadas por los sentidos institucionalizados en las prácticas y normas? ¿Cómo participan las políticas en la configuración de los afectos, emociones familiares, en la redistribución moral, de género y la responsabilidad cerrada de los niños? (Fonseca, 2002; Lugones, 2012; Stoler, 2007; Villalta, 2010; Zelizer, 1994) ¿Cuál es la capacidad de las familias de los hijos de origen en este tipo de programa de atención alternativa para expresar sus demandas y necesidades? (Llobet; Villalta, 2021, p. 230).

Desde la década de 1990, los debates internacionales y los nuevos discursos de pobreza trajeron a la familia como “parte natural y principal responsable” para garantizar el acceso a los derechos y lugar de intervención privilegiada para las políticas contra la antipobreza de los Estados neoliberales (Llobet, 2009). Los presupuestos de estos programas provienen por lo general de que la tarea realizada por las mujeres debe derivar del altruismo en una versión renovada del maternalismo conservador (Haney, 2002; Villalta, 2012; Nari, 2004). Asignando a la figura de la madre un papel central en la organización del régimen de protección social (Fraser; Gordon, 1994; Gordon, 1994).

La moralización del cuidado tiende a negar u ocultar tensiones y conflictos (Comas d’Argemir; Marre; San Román, 2016), en este sentido, los sentimientos negativos, las ansiedades, las tensiones inherentes al cuidado y su naturaleza se organizan a través de las narrativas del abandono. El “amor sacrificial”, junto con el “altruismo” y la construcción de la esfera familiar como un espacio libre de cálculos económicos contribuyen a la reproducción del cuidado como una tarea exclusivamente femenina, derivada del amor, cuyas expresiones materiales deben ser subsidiarias bajo pena de caer en el discurso de abandonar un papel “natural”.

Lynne Haney, en su artículo “Inventing the Needy: Gender and the Politics of Welfare in Hungry” (2002), muestra cómo la mayoría de los Estados no solo crean disposiciones para redistribuir los beneficios, sino que también articulan concepciones históricamente específicas de la necesidad a través de “arquitecturas de necesidades”, donde definen quién las necesita y cómo satisfacerlas. Conforme los Estados se embarcan en ciertos caminos redistributivos, dan lugar a interpretaciones particulares de necesidades e imágenes de los necesitados. Estas interpretaciones e imágenes dan forma a lo que es viable en términos redistributivos y posicionan al Estado como un redistribuidor y un intérprete de necesidades.

Al definir los criterios de elegibilidad, las políticas sociales determinan cuáles grupos deben cumplirse, lo cual hace que estos nuevos límites impuestos al régimen de bienestar tengan un impacto concreto en las relaciones de género y la reproducción estratificada familiar (familias que son reconocidas y legítimas, así como aquellas que son objeto de una constante vigilancia punitiva). A través de su trabajo regulatorio, estos regímenes atribuyen significado a las categorías sociales de género, por lo que definen los atributos y responsabilidades “apropiados” para las mujeres. Conforme la política social familiar y maternalista fija la reproducción como el elemento principal, marca quién es responsable de su gestión, especialmente quién es responsable de criar hijos y qué implica una “buena” maternidad.

La Secretaría Nacional de la Familia (SNF/MMFDH) y sus ideologías

La defensa de la familia está, sobre todo, relacionada con las conquistas recientes en el ámbito de los derechos de las mujeres y de la población LGBTQIAP+. Durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Brasil pasó a ratificar y dar continuidad a las decisiones tomadas en las conferencias internacionales de la ONU, como parte de un proceso transnacional de expansión de los derechos humanos (Corrêa et al., 2006; Vianna, Carrara, 2008). Dos momentos importantes en la construcción del repertorio de derechos humanos basados en el género y la sexualidad fueron la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) en El Cairo en 1994, donde se afirmó por primera vez que “las mujeres tienen derecho a ejercer la autoridad sobre su cuerpo, tomando decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, que el Estado tiene el deber de proveer los medios para que esta autoridad sea, de hecho, ejercida” (Pintanguy, 1999, p. 26), y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (CMM), en Pekín, 1995, la cual contó con la participación de varios grupos internacionales de mujeres que buscaban introducir principios consensuales del movimiento feminista, en los planes de acción y declaraciones resultantes. En 1995, luego de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (CMM), se intensificó el debate político y jurídico sobre los derechos de las mujeres, y surgieron, en el ámbito de la ONU, grupos opuestos a las agendas movilizadas en estas dos conferencias, que junto a grupos de derecha, los estadounidenses se organizaron en torno a la defensa de la familia, como sujeto de derechos, como mecanismo de oposición y desmantelamiento de la agenda feminista y LGBTQIAP+.

Al constituir una de las carpetas del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos (MMFDH) en el actual Gobierno, la Secretaría Nacional de la Familia (SNF/MMFDH) tiene como parte de su equipo a Angela Gandra da Silva Martins como secretaria nacional, Marcelo Couto Dias como director del Departamento de Formación, Desarrollo y Fortalecimiento de la Familia, y Gustavo Adolfo Pedrosa Daltro Santos como coordinador general de Estudios, Investigación y Evaluación. Angela Vidal Gandra, quien ocupa el cargo de secretaria nacional de la familia, es abogada, profesora de filosofía del derecho y antropología filosófica e hija del jurista, miembro del Opus Dei y admirador de Olavo de Carvalho, Ives Gandra Martins. En entrevista para Folha de S. Paulo, Angela señaló que el objetivo de la Secretaría de la Familia en el ámbito del ministerio no es invadir la esfera privada de la familia, sino invertir en la promoción social, económica de la familia y en su capacidad de autogestión, al ofrecer “las bases para que la familia pueda consolidarse internamente, sin que las políticas públicas orienten las decisiones de manera pragmática y, en la mayoría de los casos, paternalista e ineficiente” (Martins, 2019, p. 1). En un artículo publicado en el diario O São Paulo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, afirmó que pensaba

cómo podría ser la sociedad si las mujeres vivieran como tales; fuese respetada como tal; amase como tal; viviese su destino antropológico materno como tal; si se le permitiera plenamente dar su contribución profesional original en una suma armónica; si se afirmara por lo que es, sin comparaciones ni oposiciones, sino a través de la afirmación y maximización de su singularidad femenina..., es decir, si cada mujer decide vivir en profundidad su papel en la sinfonía siendo simple y totalmente mujer, traer armonía a toda la sociedad a través de su contribución única (Martins, 2018a, p. 1).

Angela ganó notoriedad por su papel como amicus curie en la ADPF 442 en el Supremo Tribunal Federal, siendo contraria a la tesis de la constitucionalidad de la práctica del aborto hasta la semana doce de gestación, afirmando que su recepción representaría “un aborto legal”, y generaría una “inevitable proliferación de relaciones desconectadas y abusivas, el número de abortos, sobrecargando a las mujeres y desestabilizando la sociedad” (Martins, 2018b, p. 2). La afirmación de la secretaría de que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental y no uno sexual, esto muestra una reacción al cuestionamiento del feminismo al derecho de las mujeres a la libertad del placer y la reivindicación de nuevos arreglos afectivos. Según Angela,

los embarazos no deseados son normalmente el resultado de la antítesis del verdadero “make love”, por lo tanto, de la reacción natural de la mujer, - a menudo estimulada por la indiferencia masculina- de recurrir al asesinato uterino. De todos modos, también acaban recurriendo porque quieren seguir viviendo esas relaciones que filosóficamente llamaría mentira existencial (Martins, 2018b, p. 2).

Como base para explicar lo que ella llama “make love”, Angela cita a Zygmunt Bauman, quien afirma, según la secretaría, que “el amor humano no es una relación líquida, y en el fondo esta es la mayor crisis de la posmodernidad” (Martins, 2018b, p. 3). Resulta interesante observar en el documento, que presenta la Unión de Juristas Católicas de São Paulo (UJUCASP), firmado por Angela Gandra, en respuesta a la ADPF 442, la propuesta de “una verdadera defensa de la mujer”. Tomando como referencia a la exembajadora de Estados Unidos ante la Santa Sé, Mary Ann Glendon, Jorge Scala y el Jus naturalista Lon Fuller, quien defiende la necesaria relación entre derecho y moral, señala la existencia de un cierto sentido común donde el Derecho Positivo se apoya, no a partir de los datos sociológicos ni religiosos, sino antropológicos.

También es importante señalar el uso de nociones como “parentalidad responsable” y “destino antropológico en relación con la maternidad”, al afirmar la grandeza de la sexualidad humana, no como instrumento de posesión y placer, sino de amor responsable por el otro y por los frutos. Angela Gandra deja claro en las entrevistas que la propuesta es hablar de un derecho natural, no desde la perspectiva de la religión, que el Estado proteja y asegure lo más natural del ser humano: relacionarse y abrirse al bien común; es decir, autogestión familiar orientada al bien común. El argumento moral se presenta aquí como el gran punto de inflexión entre el discurso religioso y el jurídico, constituyendo dos importantes fenómenos analizados que analiza Juan Marco Vaggione (2020); a saber: la “restauración moral a través del derecho” (2020, p. 42) y la “juridificación de lo religioso” (2020, p. 44), esto remite a la forma en que determinados actores e instituciones religiosas hacen uso del derecho con el fin de defender sus sistemas de creencias.

Juntos, Angela y su padre Ives Gandra, forman parte del Consejo del Instituto Brasileño de Derecho y Religión, el cual cuestiona el laicismo y la secularización de la política, al afirmar “la influencia vital del orden religioso, sobre todo, de la teología cristiana, en la consolidación de comunidades civiles y políticas” (IBDR, [s.f.]). Teniendo como uno de los objetivos brindar conocimiento técnico y profesional, se dedican a producir conocimiento científico que relacione derecho, religión y organización de eventos, conferencias y cursos orientados a promover la cosmovisión cristiana.

Otro integrante del SNF/MMFDH es Marcelo Couto Dias, director del Departamento de Formación, Desarrollo y Fortalecimiento de la Familia. Él, quien tiene una disertación y tesis defendidas en el Programa “Família en la Sociedad Contemporánea” de la Universidad Católica de Salvador, bajo la orientación del obispo católico Don Giancarlo “João Carlos” Petrini, también es miembro del Pontificio Instituto Teológico João Paulo II de Ciencias del Matrimonio de la Familia (Instituto de la Familia). Su tesis versó sobre “Relaciones familiares y políticas sociales: el caso del servicio de protección y atención integral a la familia-PAIF” (2019), donde señaló la necesidad de considerar la importancia del papel de la familia en la protección de las personas a través de una serie de servicios, programas y proyectos sociales enfocados en “fortalecer” los lazos familiares, “crear y regenerar capital social familiar”.

Atribuyéndole un valor agregado a la familia heterosexual con hijos y matrimonio en relación con el bienestar económico, se refiere a la necesidad de que la relación se constituya a partir del vínculo de reciprocidad entre los sexos, haciendo innecesaria la negociación y el diálogo como elementos constitutivos, pues no es una relación de utilidad, basada en “cálculos racionales y contractuales” (Dias, 2019, p. 37). Al enfatizar la necesidad de intervenir en la forma en que se conciben las relaciones familiares en los programas sociales, apunta a la necesidad de reconocer la especificidad del “referente-familia” (centrado en la forma “tradicional” de esta como modelo con validez universalmente reconocida), como familias constituidas por normas en oposición a la “pluralización de las formas familiares”.

En este sentido, otras estructuras familiares no poseen validez como recurso de la sociedad (ya que existen formas de organización familiar más vulnerables a la pobreza), dejan de tener derecho a las políticas sociales y a la protección social del Estado. En la sociedad actual, el afirmar que una acción, programa o política está dirigida a la familia no explica mucho, dadas las controversias cada vez más frecuentes en torno al concepto de familia. Es muy común, ya sea en las publicaciones académicas o incluso en los medios de comunicación, adoptar un concepto polimorfo de familia en el que los roles tradicionales de padre y madre, públicamente legitimados, se reemplazan por los roles genéricos de “parejas”; es decir, quienes pueden o no ser pareja, un hombre y una mujer, que no necesariamente necesitan ser aprobados por pacto público. Desde esta perspectiva, se legitima la idea de que todas las formas de “convivencia” constituyen familia (Dias, 2019).

Al retratar a la familia como una red de relaciones que proporciona los recursos materiales necesarios, condiciona la existencia de un capital social a la correspondencia con una determinada estructura familiar, capaz de crear mejores condiciones para que las políticas sociales sean eficientes, haciendo del mantenimiento de dicha estructura un requisito para la eficiencia en la implementación de políticas públicas dirigidas a mitigar la pobreza y las desigualdades. En este sentido, son las características de las familias las que determinan el régimen de oportunidades para lograr satisfacer las necesidades sociales básicas y la superación del régimen de reproducción intergeneracional de la pobreza. En ese sentido, la preocupación del Estado en relación con el cuidado, la educación y la violencia doméstica se justifican sobre la base de la disminución de las relaciones basadas en el matrimonio (Dias, 2019).

Al atribuir centralidad al rol de la familia, se vincula la noción de bienestar social a la pareja heterosexual casada, conviviente, con dos o más hijos, asociando esta estructura familiar a ideas como estabilidad, seguridad, cohesión y mantenimiento de la calidad del tejido social. Afirma que se vive en medio de una crisis del modelo de familia patriarcal, con el debilitamiento de la autoridad de los hombres y la “variedad creciente en las formas que las personas eligen para convivir y criar a los hijos”, donde “autoridad y disciplina, que caracterizaba las relaciones entre padres e hijos, están siendo reemplazadas por los valores del diálogo, la negociación y la tolerancia” (Kaloustian, 1994 citado en Dias, 2019, p. 20). Esta pérdida de la autoridad del hombre tiene como factores la transformación en la economía y en el mercado laboral, con la progresiva incorporación de la mujer a este espacio y las diversas consecuencias de este hecho para la vida familiar. Entre estas consecuencias, se puede destacar un aumento de la autonomía de las mujeres en relación con sus parejas masculinas, socavando las asimetrías tradicionales entre los sexos, acompañado de un aumento de los ingresos domésticos y de las posibilidades de consumo familiar.

Sin embargo, no se puede dejar de mencionar la importante reducción del tiempo dedicado a las tareas domésticas, sobre todo a la crianza de los hijos y las hijas (Petrini, 2005; Kaloustian, 1994 citados en Dias, 2019). Después de analizar a la familia como un recurso de relevancia pública, se puede afirmar que, ante la reducción de las expectativas públicas respecto a la familia, se observa la “desinstitucionalización”, con la pérdida de interés de los jóvenes por el matrimonio y la paternidad, la negativa de mujeres a los roles tradicionales y la búsqueda de relaciones más justas e igualitarias, la incorporación en el contexto de las parejas de un aspecto de negociación, y la pérdida de la centralidad de las estructuras familiares, cuya constitución es la pareja heterosexual unida por un pacto público, civil o religioso que dure toda la vida. Partiendo de un referencial de política social como marco global de regulación de la distribución del bienestar social (Donati, 2003; 2007), invoca el papel de la familia heteropatriarcal como agencia capaz de brindar educación, socialización y cuidado material, debiendo la relevancia ser recuperada frente a una inversión en el Estado social, que hizo a las personas dependientes del Estado y del trabajo.

Esping-Andersen (1999) utilizó el concepto de desfamiliarización para señalar la acción del Estado de asumir, sustrayendo a la familia, la responsabilidad de la atención, cuidado y bienestar de los individuos. En esta imagen de la sociedad se consolida lo que Donati (2007, p. 129) llama la “tesis de la irrelevancia pública de la familia”. Esto corresponde a una negación de esa función de mediación que ejerce la familia entre el sujeto y la sociedad (Días, 2019). El debilitamiento de los lazos familiares es un importante factor de riesgo social, que atribuye causalidad entre la inserción de la mujer en el mercado laboral y la frustración del “proyecto de la mujer de mejorar su vida a través del matrimonio”, la ruptura con un proyecto centrado en manteniendo el “patrón familiar culturalmente establecido (…) contribuyendo al aumento de separaciones y familias monoparentales” (Días, 2019, pp. 46-47).

En este sentido, las familias monoparentales son las más vulnerables, especialmente las encabezadas por mujeres, y la condición para revertir esta situación sería “fortalecer tanto el lugar social de la mujer como el del hombre en la familia” (Sarti citado en Dias, 2019, p. 60). Para Dias, las políticas públicas estarían “liberando” a las mujeres de las obligaciones con el hogar, la familia y el cuidado doméstico, al delegar la responsabilidad al Estado a través de la demanda de guarderías, albergues y centros sociales para ancianos, esto libera a las personas de necesidades relacionadas con la familia. En este sentido, las políticas públicas de bienestar afectaron la composición y organización de los nuevos arreglos familiares, siendo estos la justificación de la necesidad de una mayor asistencia estatal.

Por último, el coordinador general de Estudios, Investigación y Evaluación de la Dirección de Conciliación Trabajo-Familia, Gustavo Adolfo Pedrosa Daltro Santos, quien es doctor en Teoria Política Catholic University of America, con trabajo en “Practical Reason and the Metaphysics of Human Dignity: A Dialogue between Christian Personalists and Katian Liberalism”. Graduado en “Doctrina Social de la Iglesia-Globalización en Cambio de Epoca” por la Universidad Pontificia de México (UPM), se desempeña como jefe de redacción de la revista Dignitas-Revista Internacional del Instituto Brasileño de Derecho y Religión, cuyos presidentes son Ángela e Ives Gandra.

En su artículo sobre “Subsidiariedad en el Estado Nacional Moderno: Defensa de la Libertad y los Contextos del Florecimiento de la Persona” (2020) en la Revista Internacional del Instituto Brasileño de Derecho y Religión, Gustavo defiende el principio de subsidiariedad como uno de los fundamentos y principios estructurantes de la Doctrina Social de la Iglesia católica. En este sentido, reitera que el proceso de constitución del Estado nacional moderno pone cada vez más énfasis en la concentración del poder y la autoridad social en el Estado, en detrimento de las redes sociales de solidaridad pre modernas. Sin negar la importancia de defender los derechos humanos y proteger la dignidad de cada persona, se muestra, sin embargo, cómo una característica excesivamente unidimensional de la ciudadanía con el potencial de promover una expansión de la concentración de poder, autoridad y recursos en grandes espacios políticos y estructuras económicas, en detrimento de las agrupaciones sociales en las cuales se desarrollan los individuos (Santos, 2020, p. 112).

Daltro Santos parte del análisis tocquevilliano para afirmar que mientras el régimen aristocrático creó una red de interdependencias ligadas a la propia jerarquía social, las revoluciones democráticas, con sus declaraciones de principios y derechos universales e inalienables, promovieron la disolución de estas redes, el desmantelamiento de los lazos entre familias y generaciones, y el debilitamiento del espíritu de cuerpo existente dentro de las diferentes clases (Santos, 2020). Como apeló Angela Gandra, la ex embajadora de EE. UU. ante la Santa Sé, Mary Ann Glendon, “el carácter exagerado absoluto de nuestra retórica estadounidense de los derechos está estrechamente relacionado con los otros rasgos distintivos - un casi silencio sobre la responsabilidad y una tendencia a mirar al sujeto de derechos como individuo autónomo aislado” (Glendon citado en Santos, 2020, p. 117). Con base en los análisis de Tocqueville, afirma que el marco moderno del Estado de bienestar, elevado a un poder inmenso y tutelar,

Se recordaría aún la patria poder, si, como este, el objeto fuera preparar a los hombres para la edad adulta; sino que, por el contrario, sólo busca fijarlos irrevocablemente en la niñez; le gusta que los ciudadanos se jubilen, siempre que sólo piensen en regocijarse. Trabaja de buena gana por la felicidad, pero desea ser el único agente y único árbitro; provee para la seguridad, provee y asegura las necesidades, facilita los placeres, conduce los asuntos principales, dirige la industria, regula las sucesiones, divide las herencias; ¿qué les falta aún deshacerse por completo, sino la incomodidad de pensar y la angustia de vivir? (Tocqueville citado en Santos, 2020, p. 117).

Al partir, por tanto, de Tocqueville y de autores inspirados en su visión, como Glendon, analiza el fenómeno de la creación de este “régimen político y social democrático e individualista”, con sus consecuencias sobre las dinámicas de poder, autoridad y responsabilidad entre la sociedad y el Estado, cuestionando al Estado nacional moderno y a los derechos individuales, criticando lo que denomina “estatismo individualista”. En este, los avances de los organismos burocráticos del Estado avanzaron en cuanto a la organización de los ámbitos educativo, profesional y económico, mientras que las formas tradicionales de sociabilidad asociativa y comunitaria (como la familia) perdieron importancia (Tocqueville citado en Santos, 2020, p. 120). Además, recurre a Bertrand de Jouvenel, al afirmar que la democracia en el formato “centralizador, estandarizador y absolutista” crea las condiciones para una tiranía en la cual un principio unificador subyace a la guerra política ideológica.

¿Dónde terminará? En la destrucción de todos los demás mandatos en beneficio de uno solo, el del Estado. En la libertad absoluta de cada hombre de toda autoridad familiar y social, libertad cuyo precio es la completa sumisión al Estado. En la completa igualdad de todos los ciudadanos entre sí, comprada por la igual humillación ante el poder de su amo absoluto - el Estado. En la desaparición de toda restricción que no emane del Estado, y en la negación de toda preeminencia no aprobada por el Estado. En una palabra, termina en la atomización de la sociedad, y en la ruptura de todo vínculo privado que une hombre a hombre, cuyo único vínculo es ahora su esclavitud común al Estado. Los extremos del individualismo y el socialismo se encuentran: este era el curso predestinado (Jouvenel citado en Santos, 2020, pp. 118-119).

Cuando analiza el impacto de la expansión del Estado sobre los roles sociales y otras formas de asociación humana, utiliza los análisis del sociólogo norteamericano Robert Nisbet para tratar las consecuencias de este proceso histórico en los ambientes de socialización y en las comunidades donde los individuos construyen los propios sentidos de vida. También, con base en la teoría tocquevilliana, Nisbet apunta a la descentralización de la responsabilidad social de las asociaciones y grupos intermedios (como la familia y la Iglesia, por ejemplo) hacia el Estado, lo cual ocasiona una pérdida en la capacidad de las personas para establecer significados y referencias concretas. En ese sentido, el autor observa los efectos de la dilución de la autoridad y la relevancia social de los “grupos sociales primarios”, como la familia, el barrio y la Iglesia, en los cuales el ser humano siempre ha obtenido muchos de los elementos que conforman el significado de una vida humana: “afecto, amistad, prestigio y reconocimiento”, además de “sentimientos de estatus y rol social, de protección y libertad, diferencia entre el bien y el mal, el orden y el desorden, la culpa y la inocencia”, etc. (Santos, 2020, p. 119).

Finalmente, es importante señalar la mención que hace Gustavo Adolfo Santos a Wilhelm Röpke, economista liberal del siglo XX, lector e interlocutor de pensadores como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, cuando afirma las serias limitaciones de una economía planificada socialista, para la generación de riqueza y la insuficiencia de la lógica de la eficiencia económica para el pleno desarrollo humano (Santos, 2020). En ese sentido, entiende a Röpke, para quien el común denominador de la enfermedad social de nuestro tiempo (…) es la concentración, el colectivismo y el totalitarismo” (Röpke citado en Santos, 2020, p. 122).

Programa Familias Fuertes (PFF) y la autogestión familiar como dispositivo de neoliberalización del Estado

En un artículo del periódico Estadão, titulado “La familia como política pública”, Angela Gandra afirmó que las políticas públicas familiares no deben confundirse con “bienestar”, pues tienen como objetivo permitirles a las familias afirmarse, proyectándose desde su “capacidad, libertad y responsabilidad” (Martins, 2023). A pesar de ser un significante vinculado al ámbito religioso y conservador, es importante resaltar que las “políticas públicas familiares” no son propiedad exclusiva de los gobiernos conservadores. Sin embargo, con la circulación del tema en foros y consejos asesores de la ONU, los conservadores comenzaron a utilizar la expresión como una forma de oponerse a los derechos sexuales y reproductivos y a las políticas redistributivas. Un aspecto importante de las políticas públicas familiares y conservadoras es que, en lugar de que el beneficio se dirija a las mujeres, como en las políticas matrifocales, ahora se dirige al núcleo familiar.

Tanto en el ámbito de las actividades del SNF como en la implementación de políticas públicas familiares, resulta posible observar la “asociación negativa entre mujeres jefas de hogar y pobreza, como si el crecimiento de estos hogares fuera “un símbolo de ruptura de los valores familiares y desorganización familiar”; [y], por tanto, una situación de regresión en el “ciclo ideal” del desarrollo familiar” (Macedo, 2008, p. 35). Según Couto Dias, la incorporación de las mujeres al mercado laboral representó una reducción del tiempo dedicado a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos y las hijas, donde “el divorcio aparece como un evento negativo, especialmente para las mujeres, ya que las hace más vulnerables a la pobreza debido a la pérdida de beneficios relacionados con la gestión comunitaria de los recursos” (Dias, 2019, p. 33). En este sentido, destaca que las políticas matrifocales resultan en la pérdida del papel masculino y el desinterés de las mujeres por el matrimonio y los roles tradicionales (Dias, 2019).

De acuerdo con Ángela Gandra, el objetivo del SNF en el ámbito del ministerio no es invadir la esfera privada de la familia, sino invertir en la promoción social y económica de la familia y en su capacidad de autogestión, al ofrecer “la bases para que la familia pueda consolidarse internamente, sin que políticas públicas orienten sus decisiones de manera pragmática y, la mayoría de las veces, paternalista e ineficiente” (Martins, 2019). El “familismo” conservador (Mello, 2006) busca ampliar la “esfera personal protegida”, al cuestionar los principios de igualdad, pluralismo e inclusión, haciendo inviable el alcance de las políticas públicas de bienestar social, cuestionando los aparatos políticos y legales comprometidos con la democratización en las relaciones sociales de clase, raza, género y sexualidad. El Decreto 10.057 del 2020 estableció como parte de la “Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de los Vínculos Familiares” el “Comité Interministerial” integrado por representantes de la Casa Civil y los ministerios de Ciudadanía, Educación y Salud. Según el sitio web del Gobierno federal, esta estrategia tiene como objetivo ampliar la atención a las familias como forma de garantizar la protección social, transversalizando las políticas familiares para que no sean vistas como una política sectorial, sino como una potencialmente conectada a todos los ámbitos de la acción pública (MMFDH, 2021). Uno de los argumentos utilizados por el MMFDH para lanzar la estrategia nacional para fortalecer los vínculos familiares fue que la “ausencia de vínculos familiares expone a las personas a vulnerabilidades y riesgos, y termina exigiendo una mayor acción del Estado para garantizarles protección, especialmente en el caso de quienes requieren cuidados, como niños y adolescentes, personas con discapacidad y ancianos” (MMFDH, 2020, [s.f.] ).

Según el “Observatorio Nacional de la Familia”, los conceptos relacionados con las políticas públicas son: “Políticas públicas y familia”, destacan las políticas públicas (como la generación de ingresos o la prevención de la violencia) pueden cambiar la dinámica de las relaciones sociales familiares, y que “ante [la] importancia de la estructura y las relaciones familiares para la creación y regeneración del capital social, la calidad de vida de sus miembros y para el desarrollo social en su conjunto”, es importante considerar la dimensión de la subsidiariedad (fortalecer “el protagonismo y las capacidades de las familias, creando competencias y autonomía, sin pretender ocupar su lugar”) y transversalidad (llevar “la “perspectiva de familia” a las distintas políticas sectoriales”); “Familia y capital social”, enfatizando la naturaleza y características de la familia, así como el capital social y los bienes relacionales dentro de su ámbito. Afirman que las estructuras familiares “no son simplemente relaciones establecidas arbitrariamente y fácilmente interrumpidas, sino la existencia de vínculos de reciprocidad y responsabilidad permanente”, y que no basta con que cohabiten o constituyan una relación afectiva, pues “la familia se caracteriza, más bien, por los lazos de obligaciones y compensación mutua, que tienden a contemplar los diferentes aspectos de la vida”. Señalan a la familia como fuente de capital social (“capital social familiar”), lo cual favorece la formación de relaciones de confianza y la cooperación entre las distintas esferas de la vida social. Esto ocurre porque, según el observatorio, el “bien relacional” se produce en la familia, entendida como “un bien común, compartido entre las personas participantes de la relación, en el que “invierten” recíprocamente, en función de sus propios roles. Como ejemplo, cita la relación entre madre e hijo, en la que

La autorrealización de la madre proviene del cuidado amoroso que brinda al hijo, que surge de la naturaleza misma de la relación maternal. El niño, a su vez, crece y florece en esta relación, y también se realiza como niño en la medida en que respeta y sigue las directrices y el ejemplo de la madre. La relación madre-hijo, así vivida, es un bien para ambos, para el resto de la familia y, en definitiva, para la sociedad circundante (ONF, 2021).

Otro concepto relacionado con las políticas públicas es el “Impacto familiar y funciones de la familia y el Estado”, dividido entre el tema “Funciones de la familia y el rol subsidiario del Estado” y “Resultados de las políticas públicas familiares: el impacto familiar”. Estos afirman la existencia del interés público (donde el Estado apoya de manera subsidiaria) en las funciones que cumplen las familias, entre ellas la de “formación de familias” (traer nuevas personas al mundo y dotarlas de una identidad personal básica), “relación entre socios” (“para fortalecer y nutrir en sus miembros habilidades saludables de comunicación, cooperación, intimidad y manejo de conflictos”), “apoyo económico” (“las familias brindan apoyo económico para satisfacer las necesidades básicas (…) [y] el gobierno complementa esta función familiar cuando es necesario”), “cuidado de niños” (educar a “la próxima generación para que sean miembros productivos de la sociedad”) y “cuidado de personas dependientes” (brindar “cuidado familiar protector a lo largo del ciclo de vida”, con el apoyo del Gobierno este papel). En cuanto a las políticas públicas y evaluación de impacto familiar, afirma que

el bienestar de las familias no es sinónimo del bienestar individual de sus miembros; es decir, el impacto familiar de una póliza no es equivalente a la suma del impacto sobre cada una de las personas que integran la familia. El impacto familiar es, más bien, el efecto de una política sobre las relaciones familiares y sobre el papel de cada persona dentro de la familia. Una política que favorece a un individuo en un aspecto puede producir peores resultados tanto para la familia en su conjunto como para las relaciones familiares dentro de ella (ONF, 2021).

En cuanto a la evidencia del impacto de las políticas públicas de familia, se deben destacar dos aspectos que presenta el observatorio: la reducción de la pobreza y de la violencia intrafamiliar1. Según el cuadernillo puesto a disposición por la Secretaría Nacional de Políticas para la Mujer (SNPM), “la violencia intrafamiliar puede ser cometida por cualquier persona, incluidas las mujeres”, y que de esta forma, cuando se habla de violencia intrafamiliar, no necesariamente se refieren a la violencia que surge “del esposo o compañero” (SNPM, 2019, p. 10). Con respecto a la reducción de la pobreza, la referencia son dos artículos de Robert Rector, investigador de la Heritage Foundation (think tank conservador estadounidense cuya misión es “formular y promover políticas públicas conservadoras de libre mercado, gobierno limitado, libertad individual, valores tradicionales y un fuerte énfasis en la defensa nacional” (The Heritage Foundation, 2024) y defensora de la educación para la abstinencia,2 cuyos títulos son “En los EE. UU., los niños criados por una pareja (familia intacta) tienen un 82 % menos de probabilidades de vivir en la pobreza” y “En los EE. alrededor del 80% de los casos”.3 En cuanto al aspecto de la violencia intrafamiliar, una de las referencias es un texto también de Robert Rector con otros autores, cuyo título es “La institución que más protege a las madres y a los niños de la violencia doméstica y los delitos violentos es el matrimonio”4.

En ese sentido, si bien se reconoce la necesidad de una política de cuidado familiar (constituida por vínculos afectivos) desde la comprensión de su valor como espacio colectivo, colaborativo y protector, con las políticas públicas familiares presentadas por la Secretaría Nacional da Família (SNF/MMFDH) se cuenta con alternativas neoliberales y neoconservadoras que implican la transferencia de la responsabilidad de la protección social del Estado a la familia (como fuente natural de protección social), y específicamente a las mujeres.

El Programa Familias Fuertes (PFF) puede considerarse el programa principal de la SNF. El programa es una adaptación de la versión original del Programa de Fortalecimiento de las Familias del Reino Unido (SFP 10-14 UK), llegó a Brasil en el 2013 como consecuencia de una demanda surgida de la Política Nacional sobre Drogas (PNAD). Conocido inicialmente como Programa de Fortalecimiento de las Familias, del 2013 al 2016 el Ministerio de Salud (MINSA) fue el máximo organismo encargado de implementar el programa. Si bien el PFF fue adoptado como un mecanismo para prevenir el abuso de sustancias y conductas de riesgo para la salud entre la población adolescente, también fue tratado como un “programa para promover la salud mental, fortalecer vínculos y promover habilidades sociales” (Miranda, 2016, p. 16). Dirigido a familias con adolescentes de 10 a 14 años, tenía como objetivos intermedios “mejorar las relaciones entre padres e hijos, desarrollar habilidades para establecer límites en la crianza, mejorar las habilidades de comunicación entre padres e hijos y mejorar las habilidades prosociales entre los adolescentes (Allen, Foxcroft, y Combes, 2006)” (Miranda, 2016, p. 99). La adaptación del plan original desarrollado en el Reino Unido fue realizada por el Ministério da Saúde, primero con una traducción literal y luego con reformulaciones después de iniciadas las primeras aplicaciones del programa.

A través de una serie de videos que representan situaciones que involucran el entorno familiar, se realizan siete reuniones semanales, divididas en sesiones con padres/tutores separados de sus hijos e hijas adolescentes, para luego realizar una sesión con todos juntos. Utilizando recursos audiovisuales, debates y actividades lúdicas e interactivas, “algunos procedimientos también forman parte del programa, como sorteo de regalos, merienda al inicio de las sesiones, y también se debe proporcionar transporte para que los participantes lleguen al sitio de implementación” (Miranda, 2016, p. 100). Según Miranda (2016), la categorización de los factores de riesgo se da en el ámbito del individuo, la familia y la comunidad, al considerar el eje individual factores como “falta de habilidades sociales, baja autoeficacia y baja autoestima, curiosidad, sentimientos de soledad o depresión e inadecuada gestión social. El eje familiar comprende la ausencia de los padres en la vida del niño; estilos de crianza negligentes, indulgentes o autoritarios; vínculo pobre, apego inseguro; pocos momentos de ocio familiar y ausencia de diálogo franco. El eje comunitario engloba la falta de recursos ofrecidos a la población joven, como escasos lugares de esparcimiento, falta de oportunidades laborales y bajas perspectivas de vida futura” (Miranda, 2016, p. 33).

Conclusión

Éric Fassin, en su artículo “Les «Forêts Tropicales» Du Mariage Hétérosexuel: Loi naturelle et lois de la nature dans la théologie actuelle du Vatican” (2010), explica que en las explicaciones teológicas de las cuestiones de género y sexualidad, matrimonio, filiación y reproducción, la frontera entre la ley natural se está confundiendo con las leyes de la naturaleza. Cuando se trata de la invocación de leyes naturales inscritas en la cultura humana, es decir, los “fundamentos antropológicos”, el autor llama a este fenómeno “ilusión antropológica” (Fassin, 2010, p. 207). Al reafirmar en nombre de la antropología (filosófica) y la ley natural la inmutabilidad de las leyes sociales guiadas por las leyes de la naturaleza, refleja una forma de rechazo moral (religioso y secular a la vez) de la democracia sexual y de género. En este sentido, la antropología social se funde con una antropología religiosa, que a su vez confunde cultura y naturaleza; es decir, en este caso, la ley natural, en el orden de la razón, y las leyes de la naturaleza, en el orden del cuerpo.

La relación entre neoconservadurismo y neoliberalismo se hace evidente en el proyecto de privatización de la familia, donde, a través del discurso “familista” y neoliberal, se atribuye centralidad a la familia en el proceso de socialización de los individuos, llegando a justificar los recortes en el gasto en salud, educación y seguridad. Esta disminución de la responsabilidad estatal, además de sobrecargar y responsabilizar a las familias, impone una carga aún más grande a las mujeres, dado que son ellas las principales responsables del trabajo productivo y reproductivo, considerado “trabajo de mujeres”.

En este sentido, el hecho de que el neoliberalismo sea una forma de racionalidad anti colectivista termina por atribuirles a los individuos, especialmente a las familias, la capacidad de invertir en sí mismos.

Con la disminución de la política pública de bienestar social (con la privatización o desmantelamiento de la infraestructura pública para el sustento de familias, hijos y jubilados), el aumento de familias monoparentales manejadas por mujeres, y la mayor precariedad de las relaciones laborales, la desigualdad de género se intensifica a partir de un alineamiento entre proyectos neoconservadores y neoliberales. En este sentido, con la eliminación o privatización de las políticas de bienestar social, los costos de brindarlas se trasladan a los individuos, y en niveles desproporcionados, a las mujeres.

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Biografía de la persona autora

Ana Carolina Marsicano es doctora en Sociología por la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE) en la línea de investigación Cultura Política, Identidad Colectiva y Representaciones Sociales con beca de la Fundación de Apoyo a la Ciencia y la Tecnología del Estado de Pernambuco (FACEPE). Tiene una Maestría en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF) con énfasis en la línea de investigación Cultura, Democracia e Instituciones. Es investigadora del Laboratorio de Estudios de Religión y Política (Laberp/Fundaj/UFPE). Forma parte del Grupo de Investigación “Catolicismos y Conservadurismos” del Instituto de Estudios Religiosos (ISER). Su investigación se centra en temas de género, conservadurismo, religión y política, y su tesis doctoral aborda el neoconservadurismo y el campo católico, con énfasis en el papel de los laicos.


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