Temas de nuestra américa

e-ISSN: 2215-3896.
(Julio-Diciembre, 2020). Vol 36(68)
DOI: https://doi.org/10,15359/tdna.36-68.7
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Resumen

Este trabajo se aborda desde cuatro ejes. Por una parte, se analiza las cooperativas desde los aportes que hace la Organización Internacional del Trabajo. Sobre este aspecto se estudian los problemas de las cooperativas desde la perspectiva de género. Un segundo lugar de atención, lo constituye el movimiento de mujeres para lograr insertarse en la esfera de lo público. El tercer eje, permite conocer algunas experiencias que se tejen en ocasión del binomio cooperativas y mujeres. Un cuarto segmento se dedica al análisis del trabajo y las cooperativas en América Latina, con énfasis en el caso venezolano.

Palabras clave: Cooperativas, género, participación, trabajo, mujeres, Venezuela.

Abstract

This paper approaches four axes. On the one hand, it analyzes cooperatives from the contributions made by the International Labor Organization. On this aspect, the problems of cooperatives are studied from a gender perspective. A second place of attention is the women’s movement to achieve insertion in the public sphere. The third axis allows us to know some experiences that are built on the occasion of the binomial cooperatives and women. A fourth section is devoted to the analysis of work and cooperatives in Latin America, emphasizing on the Venezuelan case.

Keywords: cooperatives, gender, participation, work, women, Venezuela

Resumo

Este trabalho é abordado a partir de quatro eixos. Por um lado, analisa as cooperativas do ponto de vista das contribuições feitas pela Organização Internacional do Trabalho. Sobre este aspecto, os problemas das cooperativas são estudados sob a perspectiva do género. Uma segunda área de atenção é o movimento das mulheres para conseguir a sua inserção na esfera pública. O terceiro eixo, permite conhecer algumas experiências que são tecidas por ocasião do binómio cooperativas e mulheres. Um quarto segmento é dedicado à análise do trabalho e das cooperativas na América Latina, com ênfase no caso venezuelano

Palavras chave: cooperativas, género, participação, trabalho, mulheres, Venezuela

Introducción

Como se sabe, el cooperativismo se vincula al movimiento de los trabajadores con lo cual queda claro que no es de reciente data. No obstante, en el siglo XXI, en los países de América Latina y el Caribe, se ha venido observando un profuso crecimiento. Hacer un seguimiento de tal proceso se convierte en el mayor de los argumentos de este trabajo que se aborda, seleccionando desde la riqueza del objeto de estudio, cuatro ejes. Con ello, se reconoce que son muchas las líneas de investigación que se tejen en ocasión del tema de las cooperativas aun cuando acá solo se han querido privilegiar cuatro segmentos. Las razones que justifican el presente trabajo son variadas; pero destacaremos una para cada uno de los segmentos en los cuales se ha organizado el presente trabajo. En primer lugar, conocer la postura y seguimiento que hace la OIT del valor al trabajo, porque permite precisar qué está ocurriendo en materia de cooperativas desde los aportes de esta instancia internacional, a partir de las más recientes investigaciones en la región. En segundo lugar, es importante saber cómo se insertan las mujeres en las cooperativas en tanto estas forman parte del lugar público, un escenario en donde poco a poco han ido ganando terreno las mujeres; pero que, en esencia, como lugar público da la exclusividad a lo masculino. En tercer lugar, es enriquecedor poder transitar a lo que signan las praxis en concreto, de allí que se incorpora un aparte que da cuenta de las experiencias de las mujeres en las cooperativas. En cuarto lugar, como último aspecto del trabajo, se ha querido dar un salto que permita la visión de la dinámica de las cooperativas en América Latina, aun cuando el énfasis se realiza para Venezuela. Finalmente, se quiere destacar que el aspecto que aglutina los cuatro ejes desarrollados tiene su centralidad en la perspectiva de género, aspecto este que se busca incorporar a la discusión de manera transversal. En breve, se aborda cada uno de los aspectos señalados.

Las cooperativas: Una mirada a la Organización Internacional del Trabajo

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (2007), más de 800 millones de mujeres y hombres en todo el mundo son miembros de cooperativas, y otros 100 millones trabajan en ellas sin ser miembros. Las cooperativas son asociaciones de hombres y mujeres que se han unido para abordar sus comunes necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales mediante empresas de propiedad conjunta, controladas democráticamente. Aunque el movimiento cooperativista se inició con pequeñas organizaciones rurales en Europa occidental, Norteamérica y Japón a mediados del siglo pasado, hoy las cooperativas constituyen una importante fuerza económica en sectores que van desde la banca, los seguros y las modernas empresas industriales y de servicios a la comercialización agrícola y a pequeñas y medianas industrias artesanales. No obstante, es importante hacer seguimiento a las cooperativas, y su pujante crecimiento a inicios del siglo XXI, con el fin de poder saber si estas mismas están siendo utilizadas como un mecanismo que permite combatir la exclusión, el trabajo informal o el desempleo. No existen dudas de que las cooperativas tienen un papel importante que desempeñar en el fomento del trabajo decente, ello significa: “Guiadas por valores humanos y sociales, se sirven de la fuerza colectiva para fomentar el bienestar de los miembros, sus familiares y sus comunidades. Son importantes adalides de una globalización que reconoce y respeta los derechos, aspiraciones, necesidades e identidad de las personas” (Somavía, 2004). Pero qué está ocurriendo en los actuales momentos, y en especial, con las mujeres que se han venido sumando a las iniciativas de las cooperativas.

Al revisar el documento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2007) con el título “cooperativas, acelerando el progreso” nos asoman datos de interés que vinculan el cooperativismo y las mujeres. Al respecto, destaca que, dentro de los problemas de las cooperativas, la OIT (2007) reconoce dos escollos fundamentales: Participación y beneficios.

Por una parte, referido a la participación, el problema relativo al género, de la máxima importancia en todo el mundo, es el bajo nivel de participación activa de las mujeres y su escasa representación en los puestos de dirección y liderazgo. Para que las cooperativas funcionen como organizaciones o empresas democráticas y dirigidas por sus miembros, las mujeres tienen que tener igual acceso que los hombres a los procesos decisorios. Si no están representadas o su representación es menor de la que debería ser, cuando se adoptan decisiones, sus necesidades e intereses no pueden ser adecuadamente considerados, y no cabe esperar que acepten la legitimidad de las decisiones tomadas en su lugar.

Por otra parte, está la problemática sobre si los hombres y mujeres miembros tienen igual acceso e idéntico control los recursos cooperativos y sobre estos, tales como créditos, financiación, educación y formación, insumos de producción y márgenes de comercialización, etc. Muchas cooperativas proporcionan a sus miembros programas de educación y formación profesional, pero deberían garantizar que estos programas sean igualmente (y con la misma facilidad) asequibles a sus mujeres miembros. Habría que prestar especial atención para que estos programas respondan a las necesidades, expectativas y aspiraciones de las mujeres en igual medida que a las de los hombres. Como se observa, estos dos escollos a los que alude la OIT invocan la necesaria organización de las mujeres para lograr un mayor empoderamiento en este espacio que pudiera ser una opción, como ya se ha dicho, para combatir la exclusión, el desempleo o la informalidad. Las dificultades a las que alude la OIT solo son un ejemplo más de las serias dificultades que han tenido las mujeres para poder tener participación en los espacios públicos. No ha sido sin fundamento la lucha de los movimientos de mujeres para formar parte en los espacios públicos y, entre ellas, las cooperativas no han quedado fuera de la agenda.

Movimientos de mujeres y la esfera de lo público: El escenario de las cooperativas

El movimiento de las mujeres para lograr participación se ha venido intensificando en el presente. Pero es producto de los esfuerzos que se han realizado en el pasado por los más variados objetivos. Así, en el siglo XIX, las feministas se organizaron para exigir derechos políticos y legales para las mujeres en cuestiones como la custodia de los hijos e hijas, el control de la propiedad, derecho a la educación, derechos laborales y el voto. Entre 1875 y 1925, estos movimientos por los derechos de las mujeres lograron muchas de sus metas. El cambio en las condiciones económicas y políticas animó también a otras mujeres a luchar por conseguir mejoras en ambos aspectos. Exigieron igualdad para las mujeres en el puesto de trabajo, el acceso a mejores empleos, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y mejor educación. Ya en el siglo XX se insistía en que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres en la elección de empleo, acceso a una preparación específica y posibilidades de promoción. A través de sindicatos, partidos políticos socialistas y sus propias organizaciones, estas mujeres extendieron sus reivindicaciones al mundo del trabajo femenino, se extendieron estas tanto a las relaciones laborales formales como a aquellas estructuradas en forma de explotación informal. Las preocupaciones feministas volvieron a aparecer a finales de la década de los sesenta, con la forma del movimiento de liberación de la mujer. Este movimiento resucitó los antiguos sueños de igualdad política y económica, pero también fue más lejos y exigió una transformación radical de la sociedad, en contraste con las décadas de entreguerras, donde el movimiento reivindicativo alrededor de la mujer aparece minimizado por los acuerdos políticos propios de la guerra (Delgado de Smith, 2007). Como reseña la autora, el feminismo tuvo su origen en la percepción y rechazo por parte de las mujeres de la injusticia de su situación. El nuevo movimiento de liberación de la mujer se formó en oposición a una ideología de superioridad masculina. Las feministas insistían ahora en que la igualdad que se suponía que habían alcanzado no era igualdad en absoluto. Criticaron la contradicción existente entre los ideales y la práctica, entre las promesas y la realidad, entre lo que les decían que habían conseguido y la percepción concreta de su propia situación. A lo largo de la década de los setenta, el movimiento de liberación femenina consiguió del mundo occidental un cierto grado de control sobre sus propios cuerpos, especialmente sobre su fecundidad y sexualidad. A lo largo de la historia europea, las iglesias y los gobiernos habían procurado regular ambas cosas. La liberación de la mujer luchó con éxito por conseguir derechos relacionados con el divorcio, la igualdad en el matrimonio y la tutela de los hijos e hijas (para que se pusiera fin a las desventajas legales de las madres solteras y de sus familias), la equidad en el trabajo entre otros temas, luchas que se mantienen en el presente.

En las dos últimas décadas, el movimiento de liberación de la mujer ha tenido como objetivo prioritario cambiar todas las situaciones de desigualdad y discriminación que viven las mujeres a nivel social, económico y político, centrándose sobre todo en el problema de la feminización de la pobreza. Sin embargo, su meta sigue siendo transformar la vida de la sociedad en su conjunto.

En ese sentido, la promoción de la equidad de género está en el centro de los mandatos fundamentales de la OIT. Las nuevas orientaciones implementadas por esta organización a partir del momento en que Juan Somavía asume la dirección general (marzo de 1999) reafirman el compromiso de la OIT con estos objetivos. En el contexto de las áreas críticas identificadas en la Plataforma de Acción de Beijing, dicho organismo ha reconocido el importante papel que le corresponde, que está estrechamente vinculado a su mandato y a sus áreas de competencia, como la creciente carga de pobreza que afecta a la mujer, las desigualdades en el campo de la educación y la capacitación, la participación de la mujer en la economía, el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, los mecanismos nacionales e internacionales para el avance y promoción de los derechos de la mujer trabajadora y la promoción de los derechos de la niña. Estas preocupaciones preñan también las posibilidades de participación, con equidad, de las mujeres en las cooperativas. Con ello, dentro de la agenda está cómo hacer para lograr un verdadero empoderamiento de las mujeres en las cooperativas. No obstante, es importante dar a conocer las experiencias positivas, que se han logrado, a través de cooperativas de mujeres y en razón de ello se justifica el siguiente segmento.

Algunas experiencias de cooperativas: Mujer y empoderamiento

Las cooperativas representan una forma de convivencia democrática y una alternativa económica humanizadora en la cual las mujeres han encontrado un espacio para participar, condiciones de empleo mejores y, como consecuencia, un mejoramiento de la calidad de vida. De hecho, al interior de las empresas cooperativas, las mujeres han tenido mayores posibilidades de adquirir una formación profesional; han tenido acceso a posiciones directivas; además de un espacio en el cual se han organizado, con frecuencia, en función de los propios intereses de género. Con todo y esta buena noticia, también es verdad que esta participación se encuentra disminuida en relación con el hombre, porque razones culturales no han permitido, en el presente siglo, la equidad que con tanto abuso es utilizada en todas las campañas políticas. Pero hay experiencias interesantes que vale la pena acotar. Por ejemplo, y de acuerdo con Marcone (2000), en América Central las cooperativas han ayudado a las mujeres a afrontar las consecuencias de la guerra: en países como Nicaragua y EI Salvador, las cooperativas representaron núcleos de protección y supervivencia para las mujeres. Fue en el ámbito de las cooperativas donde miles de mujeres jefas de familia tuvieron la capacidad de desempeñar actividades productivas en el sector agrícola y en el sector informal urbano, y las cooperativas se transformaron en centros de tutela de las familias en el sector rural. Qué interesante habría sido que estas cooperativas transformadas en centros de tutela de la familia hubiesen sido de hombres. Algo pasa, sin dudas, pero no es casual que las mujeres están al frente de este tipo de cooperativas y no otras. No es propósito del trabajo hacer distinciones en el tipo de cooperativas en las que trabajan los hombres y las mujeres. Sin embargo, es una provocación que quiere animar futuras investigaciones.

También en Guatemala, señala Marcone (2000), muchas mujeres están asociadas o trabajan en cooperativas de crédito, de servicios y de seguros, y en muchos casos desempeñan funciones de gerencia. Actualmente y de acuerdo con el autor, en casi todos los organismos cooperativos se afronta la cuestión de las mujeres a través de programas de género en la región guatemalteca. Un ejemplo de ello es el programa dirigido a las mujeres indígenas, lanzados por la Oficina Regional de la ACI, a través de los cuales las mujeres han tenido acceso al crédito para la cría del ganado, actividades artesanales y cultivación de pequeñas parcelas. Esto ha consentido una dinamización de las cooperativas para la participación de las mujeres que, a su vez, han conquistado tareas directivas en las cooperativas y en la federación.

Trabajo y cooperativas en América Latina. Un acento al caso venezolano

Las relaciones de trabajo aluden a un cuerpo organizado y sistemático de conocimientos, dirigidos a dar cuenta de los escenarios sociales que entrelazan a un conjunto de actores sociales (personas trabajadoras, entes empleadores y Estado), cuya acción social expresa roles alrededor de la cuestión laboral, regulados a través de un cuerpo normativo que fija pautas y estructura dinámicas laborales de distinto signo y que, al tenor del desarrollo social y económico, privilegia formas de tratamiento a los problemas laborales.

La convención colectiva de trabajo, la concertación social laboral y el diálogo tripartito definen parte del desarrollo institucional de las relaciones de trabajo, con cuyos contenidos se abordaron temas vitales tales como la cuestión salarial, el empleo, las condiciones de trabajo, la seguridad social, la educación para el trabajo y la salud laboral. Ciertamente, en un esquema de tutelaje colectivo, con un Estado vigilante, las relaciones entre capital y trabajo tenían un esquema regulatorio definido.

La crisis del sistema capitalista, agotamiento del modelo de acumulación, en el caso de América Latina, el proceso de sustitución de importaciones, que implicó quiebra a su vez del Estado benefactor de desarrollo, remitió el problema a esquemas de mercado al involucrar fórmulas desregularizadoras y flexibilizadoras, con disminuciones graduales, y a veces perversas, del peso de los acuerdos tripartitos a situaciones reguladas por la empresa y el mercado, con esquemas privatizadores y fragmentadores tanto del Estado como del movimiento sindical.

El proceso de reestructuración productiva que guía la articulación de América Latina a lo global (mundialización del capitalismo) derivó en prácticas flexibilizadoras, de corte precarizante, de ocultamiento de las relaciones de subordinación salarial en contenidos atípicos y fraudulentos de trabajo, desconocedores de los derechos laborales y, por supuesto, prácticas de trabajo con déficit de trabajo decente. En efecto, las prácticas laborales flexibilizadoras implican que los derechos fundamentales asociados al trabajo aparecen minimizados; entre ellos, el trabajo justo, la libertad de empleos, el derecho a la libertad sindical y a condiciones de trabajo dignas. En estas circunstancias estructurales, el tratamiento de la cuestión laboral y social requiere un abordaje de fondo que, obviamente, tiene que ver con las cuestiones del desarrollo y la capacidad para superar la crisis derivada de la acción globalizante que, sustentada en un ideario neoliberal, le da a las llamadas fuerzas del mercado el mecanismo a través del cual se regulan los aspectos fundamentales alrededor del trabajo.

Este criterio, especie de recetario de articulación al esquema global del desarrollo, tuvo, en el llamado “Consenso de Washington”, formulación primaria atribuida a Jhon Willianson, un conjunto de políticas de reordenamiento económico ligado a temas claves tales como disciplina presupuestaria, liberación financiera y comercial, cambios en las prioridades del gasto público, apertura a las inversiones extranjeras, privatizaciones, desregularizaciones, garantía de los derechos de propiedad. Se trata de un cuadro de recomendaciones generales recreadas alrededor de la idea de que, con equilibrios macroeconómicos, gobiernos adelgazados y eficientes, sectores privados eficientes y en expansión, era posible conducir a nuestra América Latina por los senderos del desarrollo, con mercados abiertos y regidos por él mismo.

La apertura económica, el rol cada vez más adelgazado del Estado, la desregularización y las privatizaciones han guiado las políticas macrosociales y económicas de los Estados latinoamericanos a las nuevas condiciones del capitalismo globalizado. Las consecuencias, en su aplicación, se reflejan en un cuadro generalizado de pobreza, desempleo, precarización de las condiciones de empleo, salario y en una disminución progresiva de las condiciones de vida de los pueblos latinoamericanos.

En este contexto, el tema de la cuestión laboral, del trabajo, aparece fragmentado y los actores laborales diluidos en la cuestión política de fondo o adoptando conductas desagregadoras y flexibles con contenidos desregularizados y supeditados al mercado y a la empresa. El rol tutelar del Estado en la cuestión laboral se minimiza o se constriñe a las esferas propias de la formalidad laboral y deja sin tutela a las grandes mayorías laborales, sumergidas bien en la informalidad o en adopción de formas átipicas de articulación a lo laboral a través de contratas, subcontratas o figuras como la del trabajador independiente, fuentes obvias de relaciones laborales fraudulentas (Hernández y Ricther, 2002).

El acelerado y creciente deterioro de la condición social latinoamericana, reflejado en las estadísticas laborales, sociales y de salud que dan cuenta de profundas brechas sociales en materia de distribución de los ingresos, los cuales reflejan los altos niveles de pobreza, en un contexto signado por la exclusión social, y la existencia de una condición social salarial y de empleo precarizantes, es el escenario en el cual se debaten las opciones de desarrollo para América Latina.

A lo anterior habrá que añadirle el rol que América Latina ha venido desempeñando a lo largo de su historia y que refleja, en el contexto laboral, prácticas flexibilizadoras derivadas de la condición básica con la cual se ha asumido el desarrollo económico, con contenido de reestructuración productiva que hace del trabajo un concepto y, de su práctica fragmentada, un escenario donde se expresan formas atípicas de relaciones laborales.

Este contexto evidencia la necesidad de estructurar una agenda de transformaciones que pasan, indiscutiblemente, por recuperar la noción de Estado perdido, entre otros, en los procesos privatizadores que lo relegaron a un rol secundario, cuya dinámica de organización quedó supeditada al mercado, con políticas públicas desregularizadoras y estimuladoras de prácticas laborales fraudulentas; que reivindique la ciudadanía y los derechos sociales; que tome nota de los cambios para diseñar propuestas que anticipándose a las presentes y futuras transformaciones; que defienda la construcción de sociedades más igualitarias en las que las fluctuaciones financieras, las innovaciones tecnológicas y los nuevos patrones de producción y consumo no arrojen los derechos sociales a la deriva.

La recuperación del concepto de Estado en América Latina tiene, en los actuales momentos, distintas acepciones: desde quienes piensan en la necesidad de convertirlo en un agente corrector de las acciones perversas del mercado, articuladas a una acción de reencuentro con el desarrollo, hasta quienes fundamentan su acción alrededor de la necesidad de reconstituir un Estado signado por la justicia social, única vía al desarrollo. Cualquiera que sea la modalidad, ellas denotan un elemento en común: la necesidad de hacer uso de lo público como un mecanismo que active la acción ciudadana en la conformación de los acuerdos nacionales; que busquen abatir la pobreza y la exclusión social hasta la consolidación protectora del hecho social trabajo, en una dimensión que propugne y valorice la existencia de un marco de derechos sociales, tanto individuales como colectivos; esta tarea nos convoca a todos y a todas.

Por ello, cuando afirmamos que se requiere consenso social incluyente en torno a empleos decentes, trabajos dignos regidos por principios de equidad, justicia social, salario justo, derecho a la formación y diálogo social estamos hablando de legítimas aspiraciones de una sociedad que ha visto permanentemente vulnerados sus derechos sociales.

En este escenario, neoinstitucional, de redescubrimiento del Estado con contenido social y democrático, con esquemas de inclusión participativa, queda claro suponer que, al variar las circunstancias o modalidades sobre las cuales se interpretaba la cuestión laboral, se requiere de una reinterpretación que atendiendo el diálogo social incluyente como argumento de corresponsabilidad, permita reconducir los esquemas que le den sustento a los nuevos espacios de relaciones laborales. En este sentido, es importante destacar que al visibilizarse nuevos actores laborales en contenidos de organizaciones variadas, el anterior esquema de carácter excluyente requiere ser redefinido.

Temas como la participación laboral a través de modelos de cogestión, autogestión, cooperativas, así como la creación de redes económicas solidarias, comienzan a tener un espacio de discusión pública que recoloca el tema del trabajo en un espacio de contenido universal incluyente y participativo, donde el anterior esquema de interpretación de las relaciones de trabajo es, además de insuficiente, contrario a las nuevas realidades sociales. El tripartismo o las acciones derivadas de los mercados y de las empresas en materia laboral encuentran un nuevo escenario que desborda, con sus prácticas incluyentes, el tratamiento de sus problemas laborales.

El fondo del problema de las relaciones de trabajo consiste en husmear el nuevo escenario para trascender lo meramente indicativo (quiebra del sistema del trabajo tradicional, inscrito dentro de propósitos tutelados de carácter tripartito) y recolocar la discusión alrededor del trabajo y sus implicaciones en el nuevo y complejo escenario de desarrollo sustentable, endógeno y con criterios integrativos de América Latina.

En el caso venezolano esta discusión es pública y cotidiana, por cuanto al reorientarse el rol del Estado desde principios de participación protagónica, justicia social, corresponsabilidad y solidaridad, deriva en prácticas productivas y de organización social de corte no tradicional.

Se trata de reconocer que el viejo esquema de relaciones laborales, estructurado sobre la figura del trabajo asalariado, dependiente, tutelado y protegido, está en crisis, ya que su agotamiento se da en un contexto de dinámica sociopolítica distinta donde el Estado recobra vitalidad y redefine nuevos atributos subsumibles en la cuestión laboral, bien por la vía de nuevas formas de organización de lo laboral, o por la creciente supervigilancia a través de las llamadas inspecciones laborales (el Estado venezolano exige ahora para efectos del tratamiento de cualquier relación con el mundo empresarial o privado la llamada solvencia laboral).

Es posible resumir las causas de tales circunstancias en los siguientes criterios: implantación de nuevos modelos organizacionales productivos; diversidad de formas de relación entre la fuerza de trabajo y las unidades productivas; recolocación de las inversiones internacionales tomando en cuenta el desarrollo sindical de las regiones; agotamiento de las plataformas ideológicas tradicionales de los segmentos más influyentes y militantes del movimiento; trasformaciones demográficas experimentadas en la composición de la fuerza de trabajo, la tercerización y ampliación del sector servicio (Lucena, 2006).

En términos generales, un esquema de desarrollo social integral, signado por una compleja red de relaciones de corte socializante y cuestionadoras del viejo paradigma de relaciones con el entorno, que tiene en el tema del desarrollo endógeno su principal argumento de activación, y busca lo que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías ha denominado el “socialismo del siglo XXI” como alternativa del desarrollo frente al capitalismo globalizante y neoliberal.

En este escenario, el presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, introduce nuevos elementos para la polémica: el modelo de desarrollo endógeno, la cogestión, creación de cooperativas, su oposición al capitalismo y la nueva versión del socialismo del siglo XXI.

Con la ayuda del repunte de los precios del petróleo y un férreo control cambiario, al proyecto bolivariano las cosas no le han salido tan mal. Según sea el prisma que se utilice, en este escenario socio-económico y político de Venezuela, la cuestión laboral se ha visto afectada positiva y negativamente.

Es para muchos clara la idea de que Venezuela se encuentra inmersa en la idea de un gobierno que supone en el socialismo del siglo XXI la salida ante la crisis venezolana. Ahora bien, ¿qué es el socialismo del siglo XXI? Entre los elementos que pudieran definirlo, aclara el presidente Hugo Rafael Chávez, está la moral, la democracia participativa, igualdad conjugada con la libertad, así como el asociativismo y cooperativismo, este último es el aspecto que nos ocupa.

a)Moral: Este es el primer rasgo y ello significa que debemos recuperar el sentido ético de la vida. En palabras del presidente Chávez se debe “luchar contra los demonios que sembró el capitalismo: individualismo, egoísmo, odio, privilegios. Es un arma en la lucha contra la corrupción, un mal que es propio del capitalismo. El socialismo debe defender la ética y la generosidad”.

b)La democracia participativa: En el aspecto político uno de los factores determinantes del socialismo del siglo XXI debe ser la democracia participativa y protagónica. El poder popular. “Hay que centrar todo en el pueblo, el partido debe estar subordinado al pueblo”.

c)Igualdad conjugada con la libertad: En lo social, el socialismo debe conjugar igualdad con libertad. Una sociedad de incluidos, de iguales, sin privilegios.

d)Cooperativismo y asociativismo. En lo económico: un cambio del sistema de funcionamiento metabólico del capital. En Venezuela se han iniciado experimentos como el impulso al cooperativismo, al asociativismo, a la propiedad colectiva, a la banca popular y núcleos de desarrollo endógeno. Son válidas muchas experiencias como la autogestión y cogestión, la propiedad cooperativa y colectiva.

A modo de conclusión

Ha sido demostrado que las mujeres en las cooperativas representan centros propulsores que influencian favorablemente otros ambientes en relación con la integración de las mujeres al desarrollo y a la superación de las relaciones de subordinación. De ahí la necesidad de elaborar e implementar políticas de gran envergadura tendientes a intervenir en todos los niveles donde la discriminación opera. Políticas capaces de activar sinergias entre los múltiples actores sociales, públicos y privados, gubernamentales y no; que enmarquen líneas guías en las cuales cada organismo, según sus características y mandatos, pueda insertar su propia iniciativa o programa, y multiplicar, así, su efecto. Una política activa de promoción de la mujer no solo debe permitir mejores oportunidades de trabajo a través de planes de desarrollo (políticas de empleo, pero también de orientación vocacional y ocupacional y formación profesional y técnica) sino también fomentar el cambio cultural en todas sus dimensiones (roles y tareas adjudicadas a la mujer, parámetros sobre el trabajo y la calificación profesional, aceptación de la responsabilidad compartida por hombres, mujeres y la sociedad en su conjunto en la preservación de la vida y el cuidado de la niñez y de personas adultas mayores, etc.) y crear instancias de control para el cumplimiento de las normas y de sus propios objetivos.

Referencias

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Hernández, O. y Richter, J. (2002). El trabajo sin tutela en venezuela: Nuevas y viejas formas de desprotección laboral. Universidad Central de Venezuela.

Lucena, H. (2006). Nuevas formas organizacionales sindicales. Universidad de Carabobo.

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