Temas de nuestra américa

e-ISSN: 2215-3896.
(Julio-Diciembre, 2022). Vol 38(72)
DOI: https://doi.org/10.15359/tdna.38-72.11
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Resumen

El objetivo del presente ensayo es analizar la actuación de la clase dominante en Brasil, que busca implementar el proyecto ultraliberal de desconstrucción del Estado de bienestar social, así como de los derechos humanos y ambientales.

Palabras claves: Estado; luchas de clases. memoria. Derechos humanos. ultraliberalismo.

Abstract

The objective of this essay is to analyze the actions of the ruling class in Brazil, which seeks to implement the ultraliberal project of deconstruction of the social welfare state and of human and environmental rights.

Keywords: state. class struggles. memory. human rights. ultraliberalism.

Resumo

O objetivo deste ensaio é analisar as ações da classe dominante no Brasil, que busca implementar o projeto ultraliberal de desconstrução do Estado de bem-estar social e dos direitos humanos e ambientais.

Palavras-chave: Direitos humanos; estado. lutas de classe. memória, Ultraliberalismo.

Introducción

¡Los ricos están cada vez más ricos!

El mundo vive una gran crisis, debido a la enorme concentración de capital, que está llevando a las personas a una condición de pobreza y miseria, con menos derechos sociales y poca o ninguna ayuda del Estado, lo que, sin duda, amplía las luchas de clases, por todos los rincones. Esto también contribuye para que la entidad estatal, controlada por la clase dominante, actúe en la represión de los movimientos populares.

Al mismo tiempo, como consecuencia de la crisis en curso, aumentan las manifestaciones de la extrema derecha, al servicio de los ricos, quienes fungen como herramienta de persecución social, religiosa y étnica.

De cierto modo, los Gobiernos están comprometidos con sus financiadores electorales (los ricos), lo que pone en evidencia la crisis de la democracia occidental y del sistema económico que la sustenta, sin interés en promover la felicidad y el bienestar de sus ciudadanos, de una manera general.

Lo que sucede en el mundo también se refleja en Brasil. Sin embargo, hay cosas más graves que ocurren en el país. Después del indebido impedimento de la presidenta Dilma Rousseff, en el 2016, la situación política, económica y social se agravó y, en la actualidad, se constata un evidente y rápido empobrecimiento del pueblo brasileño.

Posteriormente, en el 2018, después de que la clase dominante lograra encarcelar inadecuadamente al expresidente Lula da Silva y le impidiera participar en el proceso electoral, fue electo Jair Bolsonaro para la Presidencia de la República, cuyo mandato se inició el primero de enero de 2019 y se termina el 31 de diciembre de 2022, si es que no intenta alguna maniobra política para mantenerse en el poder.

Bolsonaro siempre ha defendido abiertamente la dictadura y la tortura; ha actuado contra las causas de liberación de género y los derechos de los pueblos indígenas; ha declarado que no tenía ninguna preparación para gobernar el país y, de esta forma, entregó la administración de la economía al banquero Paulo Guedes, un hombre despojado de compromiso social y listo para defender sus intereses de clase.

Así, el Gobierno de extrema derecha de Bolsonaro ha adoptado un pensamiento económico ultraliberal y, por supuesto, ha contribuido, con sus medidas en curso, al gran empobrecimiento de la población. Hoy, el hambre alcanza a muchos brasileños, aunque el país siga siendo uno de los mayores productores de alimentos, exportados para otras naciones sin ninguna intervención del Estado. Este Gobierno ha permitido que el mercado dicte libremente las reglas de funcionamiento de la economía y, además, ha promovido la desestructuración de todos los servicios de fiscalización y protección de la sociedad.

Por lo tanto, observando los hechos en marcha en Brasil (2019-2021), haremos un análisis sobre la actuación de la clase dominante y la implementación del proyecto ultraliberal de deshacer el Estado de bienestar social, que afecta cualquier posibilidad de existencia digna del pueblo brasileño, cuya resistencia se presenta todos los días, principalmente, en los más pobres.

Estado de derecho como garantía de la clase dominante

El acto promovido contra la estatua de Borba Gato1 (cazador de indios y negros, utilizados como mano de obra esclavizada por la clase dominante colonial y explotadora2) simboliza una reacción a los abusos y crueldades practicados desde siempre por el Estado contra las clases oprimidas y subalternas, que, en los días de hoy, se encuentran aún más expoliadas y fragilizadas por la crisis que asola a la nación brasileña.

El aumento de la concentración de la riqueza en beneficio de las élites ha generado cada vez más desequilibrio y desempleo, además de intensificar los conflictos sociales en un Brasil que sigue a la deriva y sin rumbo, bajo el comando de Bolsonaro y sus apoyadores.

Al reflejarnos en la naturaleza humana, desde el inicio de su existencia, constatamos la tremenda fuerza propulsora de su imaginación; no obstante, asimismo, nos deja perplejos su comportamiento delante de la realidad. Al mismo tiempo que tiene una inmensa capacidad de pensar y construir maravillas culturales, el ser humano también tiene el deseo insano de matar, explotar, saquear, humillar a su semejante y maltratar a la madre naturaleza, imponiendo un cuadro de guerra permanente a sí mismo.

La constancia de la guerra y la racionalización, que promueven no solo la destrucción del hombre, sino también el agotamiento de los recursos materiales, motivaron la creación de la figura del Estado, la cual surgió como entidad política capaz de garantizar la manutención de la seguridad y de la paz. Por lo tanto, el ente estatal establece los límites que serán observados por todos y se impone por medio del derecho, desde el inicio controlado por la clase dominante.

Manifestó el conservador Edmund Burke (2012) que “el gobierno es una invención de la sabiduría humana para proveer las necesidades humanas” (p. 222), así como Karl Marx (2013) afirmó que “fue el Estado político, la constitución, el más difícil de ser engendrado” (p. 57). O sea, el Estado es una creación racional.

A partir de esa idea, el Estado es una abstracción creada con la finalidad de suplir los intereses de la clase dominante, con vistas al proceso de explotación de la clase dominada, lo que, en cualquier época, ha ocurrido siempre por medio de la violencia estatal legitimada. A ese respecto, Max Weber (2014) registra que el organismo estatal detiene “el monopolio legítimo de la coacción física para ejecutar las órdenes vigentes” (p. 35).

Por supuesto, el papel del Estado y de sus instituciones es asegurar la estabilidad de los vínculos sociales, aunque sea mediante el uso de la fuerza, y lo hace por imposición de la orden y del cumplimiento de las leyes, para garantizar los intereses de la clase dominante.

Como afirma Gramsci (2004), “el Estado siempre fue el protagonista de la historia, puesto que es un organismo en el cual se concentra la potencia de la clase propietaria; es en el Estado que la clase propietaria se disciplina y se construye como unidad” (p. 258).

Sin embargo, la dominación del Estado por parte de la burguesía no ha sido suficiente para limitarlo al papel de mero órgano represor a favor de la clase dominante, titular de los medios de producción y siempre al frente del control político. Así que, en el transcurso de la historia, ha habido períodos en los que ha sido necesaria la concesión de los derechos sociales y del bienestar de la clase obrera, que se agita como base de la sociedad.

En este sentido, Gramsci (2000) ha logrado un gran avance en el análisis de la dominación ejercida por la clase burguesa, a través de la figura del Estado, al percibir que esta no se encuentra restringida apenas al uso de la fuerza y de la represión física, sino que también actúa por el poder de la hegemonía, impone un efecto psicológico de fraccionamiento a los dominados (mayoría). Estos terminan por ceder a la minoría dominadora y controladora del Estado, sometiéndose totalmente a ella, como ocurrió en Brasil, durante el gobierno de Getúlio Vargas, entre los años 1930 y 1940 (Dreyfus, 1981, p. 27)

Según Gramsci (2014), en el Estado hegemónico, el consenso y la coerción son ejercidos, principalmente, por la acción de algunos intelectuales, quienes actúan como “prepuestos del grupo dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social y del gobierno político” (p. 21). Bajo su influencia, alimentan el “consenso espontáneo de las grandes masas de la población frente a la orientación impresa del grupo dominante con relación a la vida social” (Gramsci, 2014, p. 21). Así, justifican y convalidan su prestigio “debido a su posición y a su función en el mundo de la producción (…)” (Gramsci, 2014, p. 21).

No obstante, la necesidad del consenso de la clase obrera hizo que, a finales del siglo XIX, se iniciase una fuerte intervención estatal, y, por la iniciativa de los conservadores como Bismarck, en Alemania, hubo concesión de programas de seguridad social para los trabajadores. Esas medidas fueron conocidas como Estado-providencia y su fortalecimiento se debe a las revoluciones obreras de inicio del siglo XX, así como a las acciones capitalistas liberales ocurridas después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

En verdad, la concesión de los derechos sociales y de una mayor participación económica para la clase obrera tenía por objetivo el intento de amenizar tensiones y evitar movilizaciones sociales, que incentivasen la lucha de clases impulsada por la brutal desigualdad social y la concentración de capital en manos de la clase dominante.

El Estado de derecho, tal cual lo conocemos hoy, con sus cartas constitucionales que se esmeran por asegurar la libertad (física, patrimonial y cultural, en formatos individuales y colectivos), los derechos sociales de protección a la clase obrera, así como la descentralización y separación de los poderes (ejecutada en el interior de su estructura por las autoridades políticas distintas e independientes), afirma tener como propósito la garantía del equilibrio de las fuerzas políticas y sociales, pero su fin principal es asegurar los intereses de la clase dominante. Siendo así, el mismo Estado, al que no le importa la creciente situación de hambre y miseria en la que se encuentran millones de niños, mujeres y ancianos, se levanta de pronto para cohibir cualquier intento reaccionario de las fuerzas populares (aunque desorganizadas), que batallan meramente por justicia y un poco de igualdad.

Por su predisposición histórica, el Estado que se abstiene de proveer una solución a los graves problemas sociales es el mismo que actúa con rapidez y violencia para reprimir y encarcelar a personas como el expresidente Luís Inácio Lula da Silva (mantenido indebidamente en la cárcel por 580 días) y al joven Paulo Galo3, quienes, según la visión de la clase dominante, representan una amenaza a sus intereses y a la perpetuación de su poderío.

Mirar el pasado para comprender el presente y proyectarse hacia el futuro

“Los hombres trazan su propia historia, pero no lo hacen por su libre voluntad; no lo hacen según las circunstancias de su discernimiento y sí de acuerdo a aquellas con las que se deparan diariamente, legadas y transmitidas por el pasado” (Marx, 2006, p. 15).

Según manifestó el exdiputado José Genoíno, el desarrollo de los acontecimientos del 7 de septiembre de 2021, en Brasil, fue la consolidación de la farsa y de la tragedia, que, asimismo, representó una gran comedia (Genoíno, 2021), la cual culminó con el “manifiesto a la nación”, tanto realizado por un golpista contumaz como firmado por un fascista pusilánime y cobarde (Genoíno, 2021). Como resultado, la clase dominante del país, que siempre despreció a su pueblo, logró elaborar otro acuerdo, con la intención de mantenerse viva, dentro de una nación completamente destrozada.

Es suficiente caminar por las calles de las ciudades para ver el avance de la pobreza y de la miseria, debido a que la gran parte de las personas ya no tiene condiciones de sobrevivir a los aumentos en los precios de los alimentos, de los combustibles, del gas para cocinar, etc.; al mismo tiempo, los trabajadores han sufrido sistemáticamente con pérdidas salariales y recortes de los derechos sociales, que han incentivado las labores informales. Toda esa destrucción ganó fuerza, principalmente, después del golpe que impuso el indebido impedimento a la expresidenta Dilma Rousseff, en el 2016.

Hasta hoy, la situación solo se ha agravado en el país; la política implementada no ha tenido la capacidad de establecer un mínimo de equilibrio, en correlación con las fuerzas sociales, para garantizar su armonía. Esto se hace evidente cuando los ataques y persecuciones forjados contra el expresidente Luís Inácio Lula da Silva, utilizados para encarcelarlo por más de 580 días e impedirle su participación en las elecciones de 2018, se repiten de forma salvaje, incluso con amenazas a su vida, e intentan prohibirle, nuevamente, la disputa en la elección presidencial de 2022.

Brasil ha sido entregado a un simulacro de proyecto económico, que tiene como únicas formulaciones ampliar la concentración de la riqueza para los privilegiados y el favorecimiento de los señores del mercado financiero, que ganan lucros inmensos sin trabajar.

Hemos sido sometidos a un proyecto de economía que no se preocupa ni del desarrollo nacional ni de erradicar la pobreza, necesaria para poner fin a la marginalización sistémica de los pobres, descendientes, en su gran mayoría, de los negros esclavizados y de los indígenas supervivientes del genocidio, impuesto por el colonialismo europeo.

El Brasil de los tiempos de hoy representa los mismos intereses de aquellos del pasado colonial, materializado como farsa en el imperio (1822-1989) y como tragedia durante todo el período republicano hasta el presente (1889-2021), en las manos de los mismos agentes, que no tienen ningún compromiso con la independencia nacional.

Como ha sido manifestado por Genoíno (2021), el 7 de septiembre de 20214, la historia encarna una comedia, en uno de los más tristes acuerdos hechos por la clase dominante, firmado por un excapitán5 del ejército brasileño (Veja, 2020), que está destruyendo toda la estructura del Estado.

Por supuesto, estamos frente a una posible corrosión de la clase dominante que ha conducido al Estado nacional hasta la actualidad, utilizando diversos aspectos para negociar un pacto que resulta inviable y totalmente alejado de las necesidades efectivas del país.

Pienso que los últimos acontecimientos pueden ser el final de un ciclo, puesto que, aunque perdure por algún tiempo más, el régimen político neoliberal no producirá nada nuevo, ya que no ha logrado consolidar un proyecto de reconstrucción nacional como ocurrió con la Revolución de 19306. En aquella oportunidad, después de 42 años desde el término de la esclavitud formal (1888), fueron otorgados algunos derechos, con el fin de acomodar a la clase obrera, pero manteniendo el comando político en manos de la élite, por medio del movimiento “populista” (Dreifuss, 1981). La gran diferencia es que, actualmente, nada se les concede a las clases subalternas, subyugadas por una gigantesca concentración del capital.

Es importante manifestar que los actores de la “Nueva República”7 no han comprendido que “la tradición de todas las generaciones muertas oprime el cerebro de los vivos como una pesadilla” (Marx, 2006, p. 15). En consecuencia, no tuvieron la capacidad de construir un Estado que establezca la memoria como base de su fundación, para evitar que los sucesivos errores del pasado se repitan como farsa o tragedia y que, además, permitan acuerdos impuestos por la élite del país, como se ve hoy.

También, la constituyente de 1987-1988 no logró aprobar en el texto constitucional vigente la revocación de la ley de amnistía, a favor de los verdugos de la última dictadura militar y de su manutención, impuesta por la clase dominante. Esta última se encuentra representada en el congreso por el grupo conocido como “Centrão”8, que se mantiene operante y que ha permitido la conservación de un Estado con toda su nociva carga de tragicomedia, la cual podrá llevarlo a la desintegración nacional.

De esta forma, es necesario mirar hacia el pasado, con el objetivo de comprender el presente, para proyectar nuestro futuro como nación independiente y soberana, lo que solamente conquistaremos con organizar las fuerzas populares, progresistas y democráticas.

Memoria, cultura y resistencia

Desde hace mucho tiempo, la clase dominante impone sobre el pueblo brasileño la imagen de “cordial” y “pacífico” y de que debe trabajar en colaboración con el avance del país, concepción representada por el ideal positivista “orden y progreso”, ilustrada en la bandera como emblema de la Proclamación de la República (1889).

A partir de ese momento, el imponer la filosofía positivista, por medio de un acuerdo de las clases dominantes, ha buscado protegerse para impedir que se rebele la población brasileña, formada en su mayoría por negros esclavizados, quienes, a pesar de la abolición formal de la esclavitud (1888), continúan trabajando sin derechos y sometidos a un permanente estado de discriminación, desigualdad e injusticia social.

Ese viejo ideal ha justificado la manutención de una “orden” represora en relación con el pueblo, para que no cuestione el “progreso”, siempre dirigido a una minoría, que enriquece la explotación del trabajo e impide la mínima distribución de la riqueza nacional.

Así, con su lema “orden y progreso”, impuesto de arriba a abajo, la clase dominante intenta eliminar de los brasileños la idea de luchas de clases, con el fin de mantenerlos inconscientes de la brutal explotación a la cual están sometidos desde el tiempo de la colonia.

Según Mourão (2018), hay quien diga, de forma indebida y deshonesta, que los brasileños son perezosos (herencia de los pueblos indígenas) y delincuentes (legado de los negros esclavizados),lo que se replica sistemáticamente en libros, periódicos y demás medios de comunicación social; una mentira repetida por muchos individuos pobres, que apenas reproducen sin cuestionar lo que se les dice, nada más que por ignorancia.

Por otro lado, poco se manifiesta al respecto de las matanzas a las que fueron sometidos los pueblos originarios, de los sacrificios y crueldades impuestos a los esclavos negros, o sobre las diversas luchas populares de liberación que fueron trabadas a lo largo de la historia del país.

La clase dominante establece, desde siempre, un constante olvido de la memoria nacional, al mismo tiempo que exalta como héroes a hombres quienes violaron y mataron a nuestra población. Ellos hoy exterminan a la juventud negra, a los pobres de las periferias y las favelas; masacran a los campesinos y a grupos indígenas que luchan por mantener la pose de sus tierras ancestrales y preservar su cultura.

Por esto, los lugares donde viven los más pobres son presentados por la clase dominante como locales llenos de personas malvadas y peligrosas; es decir, solamente de quienes son incapaces de construir el progreso o producir cualquier tipo de historia/cultura que sea importante para el desarrollo del país. Son muchas las mentiras propagadas contra nuestro pueblo, negro y pobre, el cual, explotado al extremo, es resistente y capaz de grandes manifestaciones de solidaridad (Penna, 2016, pp. 129-134).

Somos una población luchadora, que frente a grandes dificultades (como se ha visto durante la pandemia del Covid-19) ha sido hábil para organizarse y compartir lo poco que tiene entre los más necesitados; como ejemplo, la distribución de alimentos realizada, en todo el país, por el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) (Brasil de fato, 2021).

Destrucción del Estado y del derecho de una existencia digna

El gobierno de Bolsonaro actúa con rapidez para poner fin al Estado brasileño, conforme es exigido por los financistas ultraliberales. El argumento empleado repite la falacia de la “libertad económica”, que puede ser entendida como una falta de acción efectiva del aparato estatal, sea para fiscalizar o actuar en defensa de la sociedad, lo cual se contrapone al objetivo de constitución del Estado liberal, como se verá seguidamente.

Por considerar, el proseguimiento de la política de la muerte, la suerte y el destino de los ciudadanos están en manos de los señores del mercado, quienes actúan libremente, sin ninguna fiscalización o freno; de este modo, imponen precios abusivos a los productos esenciales, como alimentos, combustibles, energía, etc., y, con eso, aumentan exponencialmente sus lucros, explotando a la fuerza trabajadora, que, a su vez, se empobrece asustadoramente.

De esta forma, el Estado, establecido para asegurar la propiedad y garantizar las libertades individuales, no ha sido suficiente para atender a los requerimientos humanos, debido a la concentración del capital. Por eso, con la evolución del liberalismo, ha surgido la necesidad de conceder derechos sociales, como una forma de estabilizar los diversos conflictos, y, por medio del consenso político, económico y social, se ha buscado un camino para la armonía, imprescindible si se pretende la evolución de la sociedad.

Así, se creó el Estado-providencia, o de bienestar, el cual establece, a partir del utilitarismo, que el interés colectivo debe prevalecer sobre el individualismo. Por supuesto, detrás de todo el sistema de solidaridad constituido en los países del Occidente, existe la finalidad de promover, de forma gratuita, la educación, la salud, el transporte público, la seguridad y la asistencia social, de modo que se preserve una existencia digna como un presupuesto de los derechos humanos.

Todo eso se ha constituido y colocado en práctica por los liberales, frente al avance de los ideales socialistas, que difundían una orden basada en la valorización del trabajo y la solidaridad. Sin embargo, en los últimos tiempos, en Brasil y en el mundo, ha sido impuesto el exterminio total de los sistemas de protección social y solidaridad, conformados en el pasado para proteger a los hombres, motivo de la creación del Estado moderno. Por un lado, inducidos por falsos motivos, ellos viven en conflicto permanente; por otro, las causas de todo ese malestar contemporáneo son distorsionadas y atribuidas al Estado, ocultando el comando de la clase dominante, beneficiada con la explotación del trabajo.

No obstante, en los años recientes, lo que ha triunfado como una quimera es el discurso del mercado financiero, esa anómala estructura en la cual poca gente gana mucho dinero sin trabajar, actúa especulando o diseminando rumores y les propone a los tontos que la raíz de todo mal es el Estado, así como sus acciones sociales. Además, dicho discurso sugiere que el ente estatal debe ser extinguido para que el mercado financiero pueda hacer lo que quiera, sin ninguna fiscalización, como ha sido puesto en práctica por el gobierno de Bolsonaro, en Brasil.

Esta realidad, en la primera década del siglo XXI, le ha impuesto al mundo dos grandes crisis de capital, como consecuencia de la ausencia de fiscalización, propuesta por el mercado financiero. La primera fue en el 2002, con la caída de la gigante americana del sector de energía, Enron, cuyos dirigentes fraudaron balances financieros de la empresa para aumentar sus beneficios; y la segunda, en el 2008, con el hundimiento del banco americano Lehman Brothers, como resultado de manipular la concesión de préstamos bancarios. En las dos situaciones, los efectos permanecen hasta hoy y la causa ha sido la sumisión a la propuesta de Estado mínimo, en la cual el mercado es su propio fiscal y el poder público no puede intervenir en nada, con lo que omite prestar cualquier tipo de servicio.

Los agentes del mercado financiero, que practicaron fraudes simulando préstamos, han impuesto una grave crisis económica que la humanidad ha experimentado en este siglo XXI (resuelta mediante transferencia a bancos de los recursos procedentes de los impuestos pagados por los ciudadanos). Son los mismos que defienden, con descaro, que debe ser destruido todo el sistema de solidaridad y de protección social (el cual mantiene la seguridad social, educación, salud, cultura, etc.), construido en la edad moderna y posmoderna.

Son esos hombres del mercado financiero (a modo de ejemplo, el actual ministro de la economía de Brasil) quienes defienden el fin del Estado y la privatización de todas las riquezas del país, para que pocas personas en el orbe puedan triunfar y vivir del abuso de los demás. Eso es lo que se llama ultraliberalismo, que propone la máxima explotación de los hombres y mujeres (sin importar nacionalidad, raza, género, etc.), de la forma más perversa y cruel, que atenta directamente contra la vida, derecho natural por excelencia.

El ataque ultraliberal contra el pueblo brasileño, impuesto e incentivado por el gobierno de Bolsonaro, exige la resistencia de todos, puesto que está destruyendo la totalidad del sistema de protección que se erigió en el pasado para establecer la paz y la armonía social, esa que, hasta entonces, garantizaba un mínimo de dignidad para la población.

El Estado mínimo propuesto significa, efectivamente, ninguna prestación de servicios, acción social o protección; ningún amparo en la enfermedad para los ancianos ni los huérfanos.

En verdad, todas esas prácticas están en desacuerdo con los principios previstos en la Constitución brasileña, la cual dispone que “la orden económica, fundada para valorizar el trabajo humano y la libre iniciativa, tiene por fin asegurar a todos una existencia digna, conforme los valores de la justicia social”. Es decir, el texto mayor establece que la orden económica debe estar pautada en la “existencia digna, conforme los valores de la justicia social”, hecho que deja claro el contenido de protección social, así como que el trabajo antecede al capital.

Por tal motivo, la destrucción del Estado brasileño, comandada por el gobierno de Jair Bolsonaro (quien entregó el destino de los brasileños a manos del mercado financiero e imagina que todo lo puede, como un Dios), es un gravísimo atentado a la Constitución de 1988.

Por supuesto, todas las reformas aplicadas después del golpe de 2016 (con el indebido impedimento de Dilma Rousseff, depuesta de la presidencia de la República) ofenden frontalmente al compromiso asumido en la Constitución, incluso al capítulo de la orden económica, de garantizar a todos una existencia digna. Desafortunadamente, no se ha conseguido instituir ese derecho en el país, pues, la situación de miseria en la que se encuentra la clase obrera y la desarticulación de los servicios públicos no atienden ni dan protección a sus ciudadanos, con lo cual no se respeta ese principio fundamental de la dignidad humana, propuesto por la orden liberal.

Conclusión

La situación es muy grave en Brasil. Está en curso un proceso de destrucción del Estado de bienestar social, promovido con el apoyo de gran parte de la clase dominante, la cual no tiene ninguna preocupación hacia su pueblo o el destino del país.

Solamente las fuerzas populares, democráticas y progresistas organizadas podrán librar a Brasil de su estado de convulsión social, pues vive un alto nivel de empobrecimiento de la clase obrera y sufre con la desarticulación del Estado, lo que deja en evidencia las profundas luchas de clase en la nación.

Por último, lo que pasa en Brasil es el resultado del reaccionarismo más perverso e ignorante, contrapuesto a las necesidades políticas de transferencia de rentas y de distribución de riqueza, actualmente debatidas y bajo implantación en diversos países desarrollados, con vistas a reducir la creciente concentración del poder económico. Este ha ido llevando a la humanidad al caos y a la incerteza, incluso en cuanto a la preservación de la especie humana.

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