Temas de nuestra américa

e-ISSN: 2215-3896.
(Julio-Diciembre, 2022). Vol 38(72)
DOI: https://doi.org/10.15359/tdna.38-72.13
Open Acces: https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/tdna
e-Mail: temas@una.ac.cr
Licencia: CC BY NC SA 4.0

Resumen

Entendemos el feminicidio desde la perspectiva de Marcela Lagarde, partiendo de elementos conceptuales de misoginia —odio hacia las mujeres— e impunidad estatal —necropolítica de género—, que responden a la realidad latinoamericana. Por otro lado, las tecnologías de la información y comunicación han servido como herramientas de visibilización de feminicidios, lo cual ha generado toda una forma de ciberactivismo político, comprendido como el uso de las TIC a modo de estrategia para la organización política de la acción colectiva. El ensayo analiza el movimiento social “Ni una menos” en Argentina, Bolivia, Perú, El Salvador y México. Dicha selección de países se realizó, en primer lugar, con base en los altos índices de feminicidios, según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL; en segundo lugar, por la información bibliográfica de fuentes primarias y secundarias sobre la labor realizada desde el movimiento en cada uno de los países y, en tercer lugar, por la incidencia de la conformación del colectivo en redes sociales como un medio táctico para la convocatoria a la movilización.

Palabras claves: ciberactivismo político, feminicidio, Latinoamérica, movimientos de mujeres, Ni una menos, violencia hacia las mujeres

Abstract

We will understand femicide from the perspective of Marcela Lagarde, from the conceptual elements of misogyny -hatred towards women- and state impunity -gender népolitical-, which responds to the Latin American reality. On the other hand, Information and Communication Technologies have served as tools to make femicides visible, which has generated a whole form of political cyberactivism, which we will understand as the use of ICTs as a strategy for the political organization of collective action. The essay analyzes the social movement “Ni una menos” in Argentina, Bolivia, Peru, El Salvador and Mexico. This selection of countries was made, firstly, based on the high rates of femicides according to the Observatory of Gender Equality of ECLAC; secondly, by the bibliographic information from primary and secondary sources of the work done from the movement in each of the countries and, thirdly, by the incidence of the formation of the collective in social networks as a tactical means for the call for mobilization.

Keywords: Political cyberactivism, feminicide, Latin America, violence against women, women’s movements, Ni una menos

Resumo

Entendemos o feminicídio da perspectiva de Marcela Lagarde, a partir dos elementos conceituais da misoginia - ódio à mulher - e da impunidade do Estado - népolítica de gênero -, que responde à realidade latino-americana. Por outro lado, as Tecnologias de Informação e Comunicação serviram como ferramentas para tornar visíveis os feminicídios, o que gerou toda uma forma de ciber-ativismo político, que entenderemos como o uso das TICs como estratégia para a organização política da ação coletiva. O ensaio analisa o movimento social “Ni una menos” na Argentina, Bolívia, Peru, El Salvador e México. Esta seleção de países foi feita, primeiro, com base nos altos índices de feminicídio segundo o Observatório de Igualdade de Gênero da CEPAL; segundo, com base em informações bibliográficas de fontes primárias e secundárias sobre o trabalho realizado pelo movimento em cada um dos países; e terceiro, com base no impacto da formação do coletivo sobre as redes sociais como meio tático de mobilização.

Palavras-chave: ciberativismo político, feminicídio, América Latina, violência contra as mulheres, movimentos de mulheres, Ni una menos

Latinoamérica ha sido una región que ha creado su historia sobre las bases más profundas de violencia; los genocidios de la conquista, la colonización, la creación de una identidad criolla y las relaciones con la institucionalidad fueron procesos legitimados a través de la agresión. En la contemporaneidad, se siguen perpetuado formas de dominación en las relaciones sociales que conllevan el uso de la violencia, entendida como daño físico, psíquico, social, tan profundo que se define al continente como la región más violenta del mundo, con los niveles más altos de homicidios2.

Producto de la violencia estructural a la que es sometida nuestra región, los feminicidios son una manifestación “grave de discriminación y violencia contra las mujeres” (OEA, 2008, p. 6). Comprendemos el feminicidio, desde la perspectiva de Marcela Lagarde, como “el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres” (2008, p. 216). Lagarde, resignifica el concepto de femicidio, al agregar elementos de la misoginia —odio hacia las mujeres— y la impunidad estatal —necropolítica de género—, lo cual responde a la realidad latinoamericana. Así mismo, trataremos la necropolítica de género desde la perspectiva de la socióloga costarricense Montserrat Sagot, como el sistema que produce “una instrumentalización generalizada de los cuerpos de las mujeres, construye un régimen de terror y decreta la pena de muerte para algunas, particularmente de las más vulnerables por razones de clase, racialización y edad” (2017, p. 67). Se alude a un biopoder de la desigualdad, que estratifica los cuerpos que importan y desecha aquellos que considera no son importantes.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, en el 2018 se cometieron 2081 feminicidios; el país que reporta mayor número de estos crímenes es Brasil, seguido por México, Argentina, El Salvador y Honduras. Cabe destacar que, a pesar de la alta cantidad de feminicidios ocurridos en Brasil, el movimiento “Ni una menos”, el cual cuenta con organizaciones feministas que movilizan compañeras en pro de los derechos y de la vida de las mujeres, no tiene representación allí.

Se ha logrado la visibilización de los feminicidios gracias a la inserción de periodistas feministas en medios de comunicación masiva, quienes han utilizado estas plataformas para comunicar estos crímenes generando con ello alerta popular sobre una realidad que ha sido callada y normalizada, toda vez que es usual que estos hechos de extrema violencia se presenten como un resultado de algún conflicto pasional. En la identificación de estos crímenes es relevante apuntar que el término femicidio o feminicidio solamente se manejaba en la esfera académica pero ya ha trascendido a otras esferas. De manera, que las TIC’s3 han sido decisivas en la labor de difusión y de la visibilización de estas realidades de violencia hacia las mujeres bajo el nombre de feminicidios. Gracias a ello se ha generado toda una forma de ciberactivismo político feminista, como sucedió con la movilización de “Ni una menos-Argentina”, donde uso de las redes sociales se ha llevado a cabo, tanto como el espacio privilegiado de la acción colectiva (campañas) como un medio de difusión y ampliación de sus acciones colectivas fuera del mundo virtual (manifestaciones) (Accossatto y Sendra, 2018, p. 127).

Analicemos el surgimiento del movimiento “Ni una menos” en Argentina, como país pionero en este tipo de movilizaciones generadas por medio de las TIC, así como el contexto sociopolítico, las articulaciones con otros movimientos sociales y las expresiones de contrapoder. Se cruzarán estos parámetros con las otras naciones latinoamericanas, donde se replicaron las movilizaciones bajo el llamado de “Ni una menos”.

La selección de países se realizó, en primer lugar, por los altos índices de feminicidios, según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL; en segundo lugar, por la información bibliográfica de primera y segunda fuente de la labor realizada desde el movimiento en cada uno de los territorios, y, en tercer lugar, por lo referente al ciberactivismo político —lo entenderemos como el uso de las TIC, a modo de estrategia para la organización política de la acción colectiva, dada la incidencia de la conformación del grupo en redes sociales (en adelante RRSS), medio táctico para la convocatoria de movilización—.

“Ni una menos”-Argentina

En Argentina una mujer muere a causa de femicidio cada 35 horas, según los datos del Observatorio de Femicidio en Argentina Adriana Marisel Zambrano, de la Casa de Encuentro. Por la inserción de profesionales feministas en medios de comunicación, se ha logrado visibilizar la violencia machista hacia las mujeres no como un “conflicto sentimental”, sino con el nombre que jurídicamente debía tener: femicidio. Este era un abordaje categorial que solamente se daba en el nivel académico, pero que no se utilizaba popularmente, es decir, no llegaba a la población general, de manera que dio pie a entrever una problemática de carácter histórico en la sociedad.

Por ello, en el 2015, tras varias denuncias de femicidios, con el hartazgo de la violencia machista y a raíz de un tweet que realizó la periodista Marcela Ojeda el 11 de mayo de ese año (el cual tuvo un gran impacto en el nivel de RRSS), varias mujeres periodistas e intelectuales se reunieron en la primera asamblea de la cual surgiría el movimiento social denominado “Ni una menos”. Debido a la indignación, el miedo y el enojo, se organizó la primera movilización el 3 de junio del 2015, bajo las consignas: “Basta de violencia machista”, “Ni una menos”.

El gran trabajo de articulación de las profesionales en comunicación coadyuvó al llamado de alerta feminicida, por medio del uso de las RRSS y los medios comunicativos, que consolidó un movimiento social no solamente para el trabajo de visibilización, sino para la la convocatoria, organización y dirección de las movilizaciones. Asimismo, ese llamado contribuyó a trabajar, en el sentido más amplio de los femicidios, exigiendo al Estado argentino protección efectiva y políticas que correspondan con lo ratificado en la Convención de Belém do Pará4 de defensa a la vida de las mujeres en el nivel físico, psicológico y sexual; cosa que no se ha cumplido a cabalidad. Por ello, la lucha del movimiento llama a una responsabilidad estatal sobre las muertes de mujeres por causa de lo que definen como necropolítica de Estado, la cual recae en los cuerpos de las mujeres y niñas que son asesinadas por la violencia machista:

Ni una menos no es un colectivo partidario, pero sí es político y articulamos con otros colectivos que se reconozcan en objetivos comunes, sin perder nuestra autonomía. Somos un colectivo que se construye a distancia del Estado y de los partidos políticos, de las empresas y del capital (“Ni una menos”, 2017, p. 3).

La organización procura horizontalidad en sus tomas de decisiones mediante las asambleas generales; sororidad en su accionar políticosocial y la cotidianidad, así como lucha ante el antipunitivismo de los Estados. Al ser un colectivo interseccional, pretende tejer redes nacionales e internacionales, sabiendo que la violencia machista tiene sus raíces en lo más hondo de la violencia estructural que traspasa, por ello, las fronteras de un imaginario de sometimiento de la mujer, por lo que “esa red debe prestar atención a las diferencias territoriales que expanden y enriquecen la heterogeneidad de nuestras agendas y demandas, sin contradecir los acuerdos fundamentales. Se trata de construir un trabajo en común que no implique flujos asimétricos” (“Ni una menos”, 2017, p. 5).

En este sentido, “Ni una menos” ha logrado articularse con diversos movimientos sociales feministas, de diversidad sexual, de derechos reproductivos y sexuales, los cuales, en conjunto, han alcanzado visibilizar, sensibilizar y movilizar desde sus bases, principalmente, en las celebraciones del 8M5 y las del 25N6.

Estas movilizaciones, que su mayoría han sido históricas por la cantidad de mujeres y población civil de convocatoria levantando la voz, tomando las calles, lograron despertar ecos en otros países latinoamericanos. Con ello, se ha engrosado aún más la adhesión de diversas organizaciones en el transcurso y la maduración del movimiento, que en los últimos dos años han estado trabajando de la mano en la convocatoria y las movilizaciones.

Los objetivos y peticiones, que en su mayoría aún son parte del grito de lucha, en vista de que en la práctica judicial lo contemplado en la Ley 26485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales) no se cumple a cabalidad, dejan vacío y hartazgo, por la deficiencia en la aplicación legal y la creación de jurisprudencia. Además, las luchas por los derechos reproductivos y sexuales hasta ese 2019 pudieron dar un paso histórico sobre la legalización del aborto, tema que entra en la responsabilidad estatal y en la visión de las formas de necropolítica de género y de causas feminicidas.

La muerte a mano de las parejas de las mujeres es una tortura y una realidad para cientos de argentinas, por eso, el colectivo no descansa y sigue llamando a la movilización, a la visibilidad de las mujeres conscientes de los peligros que las acechan por el hecho de ser mujeres y refuerzan sus luchas fuera de sus fronteras (a propósito, “la internacional” es un objetivo para seguir tejiendo redes de mujeres quienes se acompañan y saben decir, “no estamos solas, ni una menos”).

“Ni una menos”-Bolivia

En el Estado Plurinacional de Bolivia, 80 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre enero y septiembre de 2019, según el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer7. Desde la entrada en vigencia de la Ley 348 (Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia), en marzo del 2013, se registra que 8 de cada 10 mujeres son víctimas de femicidios, violencia psicológica o sexual, acorde con lo amparado en la Ley y lo indicado por el observatorio en mención. Estos datos no son poco en una población que mayoritariamente es indígena y donde aún sobreviven costumbres ancestrales, lo que abre la discusión sobre el machismo ancestral. Tal tema no lo abordaremos en este trabajo de investigación, pero conviene no dejarlo de lado, dada la relevancia del papel de la mujer en sociedades que han sido colonizadas bajo un sistema imperial patriarcal.

Como queda claro en la Ley 348, artículo 4, inciso 6 (“Armonía. Coexistencia y convivencia pacífica entre mujeres y hombres, y con la Madre Tierra”), y artículo 41, inciso I (“Las autoridades de las comunidades indígenas originarias, campesinas y afrobolivianas, adoptarán medidas de atención y protección a mujeres en situación de violencia, en el marco de sus competencias y de sus normas y procedimientos propios, con participación de las mujeres que ejercen cargos de autoridad, y con participación y control social comunitario”) (Ley 348, 2018, p. 36), ha habido esfuerzos desde la ratificación de la Convención Belém do Pará, ratificada el 12 de mayo de 1994. En este compromiso, se encuentra una modificación de la jurisprudencia del país, con el fin de la protección de la vida y la erradicación de la violencia contra las mujeres; sin olvidar las particularidades de cada nación étnica y cultural, como en este caso, en el que la violencia de género se aborda desde el respeto, la integridad multiétnica y pluricultural. Sin embargo, tal modificación de jurisprudencia del Estado es un camino que aún falta trabajar.

Como eco de la movilización realizada en Argentina, México, Paraguay y Perú, comienzan a articularse varias colectivas feministas para marchar bajo el grito de “Ni una menos”, en agosto del 2016, con vistas al 25N, bajo el pronunciamiento político:

2º Nos auto-convocamos todas las sobrevivientes de la violencia en contra de las mujeres así como las familias de las mujeres víctimas de la violencia feminicida en todos los lugares de Bolivia para asumir el protagonismo de esta movilización. No somos datos ni somos cifras: queremos rescatar los nombres de todas las víctimas para que éstos formen parte de nuestra memoria ¡No olvidamos ni olvidaremos! (“Ni una menos”, Bolivia, 2016, p. 2).

En este sentido, las feministas mantienen una forma organizativa horizontal que llama a la movilización social desde el ciberactivismo político, el cual se deja ver en sus pronunciamientos cuando se hacen llamar #NiunamenosBolivia. Esto da espacio a la interacción social sin liderazgos directos, sin embargo, la convocatoria, en su gran mayoría, se realiza en La Paz, la capital de Bolivia y la región donde hay más casos de feminicidio; pero, no por ello se deja de movilizar las zonas rurales desde la cultura indígena y las formas organizativas ancestrales. Creando una plataforma de lucha contra la violencia hacia las mujeres, entre otras organizaciones y la sociedad civil, se exige al Estado la garantía de protección contra la “No violencia machista”; el ingreso de salarios justos y equitativos; protección social y civil a las mujeres, entre otras luchas, en defensa de los derechos humanos. Entre todas han logrado movilizar, desde las redes a las calles, a las mujeres bolivianas del casco central y de zonas rurales.

Es un movimiento vivo desde su origen, con un compromiso que se adoptó a partir de su posicionamiento político, el cual ha contribuido a la toma de conciencia de los asesinatos feminicidas en un país pluricultural y multiétnico, sabiendo que la violencia tiene profundas raíces estructurales —desde las conformaciones ancestrales hasta la violencia epistemicida colonial, así como en la lucha neocolonial disfrazada de agresiones que se naturalizan).

El movimiento evidencia los problemas de acceso eficiente a la justicia, al igual que de protección a las familias sobrevivientes de asesinatos feminicidas, y la lucha contra el sistema capitalista para propiciar la autonomía e independencia económica.

“Ni una menos”-Perú

Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación de Perú, entre el 2011 y el 2018 hubo 566 víctimas de feminicidios, de manera que, en promedio, mueren 10 mujeres por mes; de ellas, el 92,6 % fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y el otro 7,4 % por desconocidos o amigos. La edad promedio de las víctimas de feminicidios ronda entre los 18 y los 34 años; 6 de cada 10 casos se tipifican de feminicidios y un 62 % ocurre dentro de la vivienda. Más allá de los números e índices, son mujeres que fueron asesinadas por la violencia adherida en lo más profundo del imaginario social machista. Así se explica el surgimiento del colectivo “Ni una menos”:

los miles de casos de violencia sistemática de género, colmó la indignación de miles de personas, quienes el 13 de agosto de ese año -2016- salieron a las calles y realizaron la marcha descentralizada más grande de la historia del Perú. De manera simultánea, las 25 regiones se articularon y protestaron juntas por primera vez contra la violencia de género. Personas en toda su diversidad, principalmente mujeres, confluyeron desde sus espacios para seguir trabajando por un movimiento feminista de carácter interseccional, fortalecido con nuevas colectivas, agrupaciones, asociaciones y movimientos en general, con estrategias diversas de trabajo (“Ni una menos”, Perú, 2016).

Esta movilización histórica se articula para alcanzar los objetivos de bajar la tasa de feminicidios, hecho que transformaría el sistema judicial, con el afán de que la jurisprudencia se aplique a los feminicidas y, así, que no haya más impunidad. Se mantiene, entonces, una lucha interseccional, horizontal sin “filiación político-partidaria ni religiosa” (“Ni una menos”, Perú, 2016). La organización es una de las principales voces del llamado de la visibilización contra los feminicidios, por lo que clama primero a cada mujer que tome conciencia de lo importante de organizarse, del cuido en sororidad; además del llamado de atención a los medios de comunicación para que dejen de alimentar la perspectiva de un sistema machista y de cosificación de las mujeres. El gremio también acusa al Estado porque

La justicia libera a nuestros agresores. No solo la calle, sino también la casa y el propio poder judicial son espacios hostiles para nosotras. Tenemos temor de denunciar: cuando lo hacemos, no quieren recibir nuestras denuncias, y si lo hacen, no obtenemos justicia (“Ni una menos”, Perú, 2016).

La labor realizada por el colectivo “Ni una menos” ha sido de una incidencia sociopolítica invaluable, al punto de haber merecido, en el 2017, el Premio «Javier Pérez de Cuéllar», concedido por la Embajada de Francia en el Perú, por mérito en la labor de movilización, toma de conciencia y el acontecimiento nacional que desde su ideal de descentralización han llegado a unificar, en una sola fuerza, diversos colectivos, organizaciones y asociaciones feministas8.

No obstante, la violencia no cesa, porque cifras preliminares del 2019 muestran que más de 100 mujeres perdieron la vida a causa de los feminicidios, en tanto que otras 120 han sufrido tentativas de femicidio, según el Pronunciamiento Ni una menos 2019, 17A. No es tiempo de callar, hay que trasladar los gritos de las redes a las calles y, en el caso de Perú, presenciamos un movimiento que día tras día toma más fuerza, por la urgencia de un sistema judicial eficiente para poner fin a la impunidad institucional y a la violencia machista.

“Ni una menos”-El Salvador

En El Salvador, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, de enero a mayo del 2019, hubo 134 feminicidios, lo cual indica que en este país ocurre la mayor cantidad de feminicidios per cápita en Latinoamérica. Ello sin olvidar que la nación forma parte del triángulo norte9, el cual, de acuerdo con informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es la región más violenta del mundo, a causa del crimen organizado y por los homicidios por parte de las agrupaciones juveniles como las maras10.

Este es un contexto social complejo, inmerso en la violencia estructural reflejada en la necropolítica de Estado y en los cuerpos de las mujeres que son asesinadas a causa de dicha agresión. Muchas de estas muertes se traducen en estadísticas de impunidad, por parte de un sistema judicial omiso ante la investigación y el seguimiento de casos de feminicidios, dados los prejuicios sociales que hacen creer que las asesinadas forman parte de agrupaciones de maras o son trabajadoras sexuales. Ante esta criminalización e impunidad, en el 2016 surgieron las primeras concentraciones bajo el grito de “Ni una menos”, como réplica al movimiento de Argentina. Esas concentraciones y movilizaciones habían sido esporádicas hasta el 2018, cuando se articulan y crean una base desde la red social de Facebook, con la creación de la página “Ni Una Menos El Salvador – NUMElSalvador”; allí se denominan “Colectiva de encuentro y protesta feminista contra todo tipo de violencia hacia las mujeres en El Salvador y todo el mundo” (“Ni una menos”, El Salvador, 2018).

La organización se consolida ante la indignación por “las 470 mujeres asesinadas solo durante el 2017” (“Ni una menos”, El Salvador, 2018), de manera que el movimiento ha ido tomando fuerza a sabiendas de que muchos de estos fallecimientos quedan impunes. Esto es parte de la agenda por defender, ya que “todas las mujeres importan”.

A dicho llamado respondieron colectivos feministas que se han mantenido con una lucha interseccional, puesto que las mujeres somos una diversidad que nos afecta e incluye. Se tiene como objetivos: visibilizar la violencia machista y los micromachismos normalizados tras el ideal del amor romántico; disminuir los feminicidios, exigiendo al sistema justicia pronta y cumplida, según los acuerdos de derechos humanos y de protección a la vida de la mujer; luchar por los derechos económicos de las mujeres amas de casa y la igualdad salarial.

Los esfuerzos de articulación realizados por distintos colectivos y mujeres no organizadas han dado como resultado las movilizaciones mencionadas. El movimiento “Ni una menos” ha denunciado:

según el Observatorio de Igualdad de Género de Latinoamérica y el Caribe, en 2018 fueron 383 feminicidios, según la Policía Nacional Civil, y según datos del Instituto de Medicina Legal de enero a mayo de 2019 hubo 134 feminicidios. Por lo tanto, exigimos al gobierno y al presidente Nayib Bukele que dejen de referirse a los feminicidios como “crímenes pasionales” o “producto de la violencia doméstica” (…) (Facebook NiUnaMenosSV, 2019).

Es una ardua tarea seguir evidenciando y exigiendo al Estado el adecuado manejo de los casos de feminicidio.

Existen leyes como la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres” que señala, en el artículo 1: “Esta ley tiene por objeto lograr que las mujeres puedan gozar del derecho a una vida sin violencia y es el Estado el principal responsable de hacerla cumplir” (capítulo 1, p. 4); sin embargo, los casos de feminicidio por la pareja van en aumento. Siguiendo al Observatorio de la Violencia, hubo una leve reducción de los feminicidios en un 16.71 %, pero se trata de feminicidios no íntimos, es decir, los cometidos por un familiar, conocido-amigo o desconocido. Falta un largo camino en el trabajo de las relaciones sanas de pareja, que alejen del ideario del amor romántico, el cual está matando, en su gran mayoría, a las mujeres, en respuesta a una cultura patriarcal, donde el cuerpo femenino se traduce en propiedad de los varones, discurso legitimado socialmente. Este es el trayecto más duro de recorrer, la toma de conciencia para un cambio real.

Frente Nacional
Ni una Menos-México

México es el segundo país en Latinoamérica con mayor índice de feminicidios. Vale recalcar que tal denominación de feminicidio surgió a raíz del trabajo realizado por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, en Ciudad Juárez, cuando resignificó el concepto de femicidio, abordado por Diana Russell, quien lo definió como “el asesinato de mujeres por hombres por ser mujeres” (1992, p. 76). Lagarde amplió el término desde la realidad mexicana, analizando que esos crímenes se dan en contexto de sociedades misóginas y con la complicidad de un Estado que deja brechas de impunidad en la ejecución del sistema jurídico. A esta complejidad es lo que la investigadora denominó feminicidio.

En el caso de México, existe una amplia investigación sobre el fenómeno. La lucha contra los feminicidios, por organizaciones sin fines de lucro hasta la institucionalidad, ha logrado que el Gobierno de la República tome medidas como las “Alertas de violencia de género”11, proyecto impulsado por el Observatorio Ciudadano de Feminicidio, en respuesta a la alarmante cifra promedio de 9 mujeres asesinadas por día y los cientos de mujeres sin identificación que aparecen en fosas comunes. Ante estas como ante otras formas de violencia cotidianas, entre las que se halla el acoso, se ha respondido con “un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres” (Instituto Nacional de Mujeres, 2019), constituido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conocida como Ley de acceso, que entró en vigor el 1 de febrero del 2008. Desde entonces, se han hecho exigencias al gobierno federal, para hacer cumplir las leyes y acabar con la impunidad estatal con la que, en este aspecto, se caracteriza la nación mexicana.

En ese sentido, activistas como Susana Chávez Castillo, oriunda de Ciudad Juárez, testigo de los feminicidios en su ciudad natal, decidieron trabajar por la defensa de los derechos humanos en organizaciones de protección a las mujeres contra violencias machistas. Fue entonces cuando surgió su consigna de lucha “Ni una menos, ni una muerta más”, la cual se convirtió en el grito referente por las mujeres de Juárez que son halladas en las fosas comunes, víctimas de feminicidio y de la impunidad estatal. La misma Chávez fue víctima de feminicidio en el 2011, caso que aún se encuentra impune. En honor a Susana y a miles de mujeres que son asesinadas en Latinoamérica es que el movimiento “Ni una menos” acuñó su nombre.

Por estas historias de resistencia de organizaciones de mujeres, ha sido que en el Estado de México se replicó el movimiento y el grito de “Ni una menos”, ya que, en esta región, es donde se concentran los mayores índices de feminicidios; allí se declaró la primera “Alerta de violencia de género” en el 2018 y se tipificaron 933 homicidios dolosos entre los años 2005 y 2014.

De esta forma, el movimiento Frente Nacional Ni una menos comenzó a articularse utilizando las RRSS como base de su organización. Estas se fundaron en el 2017, para informar, visibilizar y movilizar a las mujeres del Estado de México y de la Ciudad de México, víctimas de la violencia machista, manifestada como acoso callejero, violencia sexual, violencia psicológica y, en el más extremo de los casos, del feminicidio.

A pesar de las muchas organizaciones de defensa contra los feminicidios, la búsqueda de justicia y resistencia por parte de las familias de víctimas, la legislación y la jurisprudencia en algunos de los estados de la República Mexicana no se cumple a plenitud. Por ello, es posible que el número de feminicidios sea aún mayor que las muertes diarias reportadas, pues muchas de estas son tipificadas como homicidio o, en el peor de los escenarios, como suicidio.

Las mujeres, en varios de los estados mexicanos, son casi un seguro de muerte: basta nacer mujer para ser violentada, maltratada, secuestrada, torturada y, finalmente, muerta. El deceso de muchas queda impune; por eso, la labor de estas organizaciones es vital y necesaria para la toma de conciencia de una sociedad machista y un sistema judicial patriarcal.

A modo de conclusión, es viable señalar que el femicidio, como hecho homicida, no ha sido reconocido en diversos países de Latinoamérica, de manera que es probable que las cifras de asesinatos de mujeres, por el hecho de serlo, puedan ser mayores que las presentadas a la fecha. Por otro lado, en los países investigados, donde el femicidio y el feminicidio son reconocidos por el sistema jurídico y penal, existe una brecha muy grande en la jurisprudencia: la impunidad sobre estos casos es sumamente alta. Por lo anterior, hace falta un análisis sobre las categorías y tipificaciones que cada país utiliza en el nivel jurídico para el reconocimiento de estos fenómenos.

Lo indagado nos evidencia que el sistema institucional se enmarca en una cultura misógina y que se hace necesario tomar postura en la protección de derechos humanos sobre la vida de las mujeres y niñas latinoamericanas. Para ello, es necesario un cambio de pensamiento que genere diálogo horizontal e interseccional, con el reconocimiento de que las mujeres y las niñas se encuentran inmersas en una constante ola de violencia, como resultado de la misma institucionalidad que, con su actuar u omisión, fomenta la agresión estructural y simbólica.

De lo dicho, la necesidad y la urgencia de la organización social que aporte visibilizar problemáticas normalizadas y situaciones de riesgo en la violencia hacia las mujeres que se traduce en una necropolítica de género, es decir, que ellas son cuerpos que pueden ser desechados. Debido a esto, la labor realizada desde los colectivos latinoamericanos de “Ni una menos” es imprescindible, en el sentido de que han puesto en la agenda estas y otras formas de violencia hacia las mujeres y las niñas.

Es preciso reconocer que el uso de las TIC como medio para el ciberactivismo político ha representado el surgimiento de una nueva ola de activistas. Esto, porque suma a las tradicionales feministas y a las nuevas generaciones, debido a una mayor interacción, así como al efecto exponencial de las convocatorias y denuncias, por medio de las RRSS. Se logra, así, multiplicar las voces de mujeres y crear una comunidad que acuerpa por medio de una red virtual. El tema en tratamiento nos toca a todas como mujeres; por ende, es una problemática psicosocial, que trasciende de lo privado a lo público, movilizando desde el llamado de la libertad de las mujeres y las niñas a la seguridad vital de cada una, de la vida de ellas.

Las nuevas modalidades de resistencia que hacen uso de las tecnologías generan un espacio horizontal de comunicación, de intersecciones en el diálogo, abriendo las posibilidades de unión, ante el llamado a las mujeres organizadas y no organizadas en colectivos. Acerca de las discusiones académicas de los feminicidios, en ámbitos cotidianos en los que se encuentran las mujeres de diversas realidades (si estas se encuentran identificadas), es posible, desde el diálogo a la acción colectiva, aportar para su visibilización.

Las RRSS y otras formas de comunicación tecnológicas son el medio, pero no el fin. Son un medio táctico de organización de colectivos sociales y políticos. Por ello, la transformación social vivida desde el 2015, con el surgimiento del movimiento “Ni una menos”, se ha sentido en toda Latinoamérica; es una nueva etapa de luchas, reconocimientos y alcances en derechos para las mujeres y las niñas. Sin embargo, el trabajo es arduo y falta un gran camino por recorrer, para disfrutar en Nuestramérica de una vida libre de violencia hacia las mujeres. Con este afán, debemos curar las hondas heridas heredadas de la violencia estructural, que se ensaña en los cuerpos de las mujeres, principalmente, en aquellas vulnerabilizadas, en razón de las desigualdades que alienta un sistema de necropolíticas de género.

Referencias

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