Temas de nuestra américa

e-ISSN: 2215-3896.
(Enero-Junio, 2023). Vol 39(74)
DOI: https://doi.org/10.15359/tdna.39-74.11
Open Acces: https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/tdna
e-Mail: temas@una.ac.cr
Licencia: CC BY NC SA 4.0

Resumen

En Costa Rica, los derechos de las mujeres en el siglo XXI han experimentado tanto avances significativos como desafíos persistentes. En este ensayo, se analizan los logros y retrocesos en la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en el contexto actual, ante el desarrollo de un modelo de sociedad neoliberal, el surgimiento de discursos conservadores y una revivificación del neomachismo en sectores de la sociedad costarricense.

El análisis se basa en la revisión bibliográfica de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, El Estado de la Nación, ONU MUJERES, Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) entre otras, para obtener datos actualizados sobre de situación de las mujeres en Costa Rica.

Se contemplan los logros alcanzados en el nivel nacional, así como los aportes de las universidades públicas, en particular la Universidad Nacional, en la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencias de género, mediante la introducción de los estudios de las mujeres y de género. De igual manera se realiza un balance de los rezagos y deudas pendientes que limitan la igualdad.

Este ensayo pretende promover la conciencia sobre la importancia de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como destacar la necesidad de acciones concretas para garantizar y fortalecer los derechos de las féminas en todas las esferas de la sociedad.

Palabras claves: Derechos humanos de las mujer; igualdad de género; feminismos; neomachismos.

Abstract:

In Costa Rica, women’s rights in the 21st century have experienced both significant advances and persistent challenges. In this essay, the achievements and setbacks in the promotion of gender equality and women’s rights in the current context are analyzed, given the advance of a neoliberal society model, the emergence of conservative discourses and a revival of neomachismo in sectors of Costa Rican society.

The analysis is based on the bibliographic review of official sources such as the National Institute of Statistics and Censuses (INEC), the Observatory of Gender Violence against Women and Access to Justice of the Judiciary, The State of the Nation, ONU WOMEN , National Institute for Women (INAMU) among others, to obtain updated data on the situation of women in Costa Rica.

The achievements at the national level are contemplated, as well as the contributions of public universities, particularly the National University, in the construction of a more egalitarian society free of gender violence, through the introduction of women’s studies and gender studies. In the same way, a balance is made of the arrears and pending debts that limit gender equality.

This essay aims to promote awareness of the importance of gender equality and the empowerment of women, as well as highlight the need for concrete actions to guarantee and strengthen the rights of women in all spheres of society.

Palabras claves: Women’s Human Rights; Gender Equality; Feminisms; neomachismos.

Resumo:

Na Costa Rica, os direitos das mulheres no século XXI sofreram avanços significativos e desafios persistentes. Este ensaio analisa as conquistas e os retrocessos na promoção da igualdade de gênero e dos direitos da mulher no contexto atual, diante do avanço de um modelo neoliberal de sociedade, do surgimento de discursos conservadores e do ressurgimento do neomachismo em setores da sociedade costarriquenha. Este ensaio tem como objetivo promover a conscientização sobre a importância da igualdade de gênero e do empoderamento das mulheres e destacar a necessidade de ações concretas para garantir e fortalecer os direitos das mulheres em todas as esferas da sociedade.

A análise baseia-se em uma revisão da literatura de fontes oficiais para obter dados atualizados sobre a situação das mulheres na Costa Rica.

Considera as conquistas em nível nacional e as contribuições das universidades públicas, em especial da Universidade Nacional, na construção de uma sociedade mais igualitária e livre de violência de gênero, por meio da introdução de estudos sobre a mulher e estudos de gênero. Também faz um balanço das defasagens e dívidas pendentes que limitam a igualdade de gênero.

Este ensaio pretende promover a consciência sobre a importância da igualdade de género e o empoderamento das mulheres, bem como destacar a necessidade de acções concretas para garantir e reforçar os direitos das fêmeas em todas as esferas da sociedade.

Palavras-chave: Direitos humanos das mulheres na America latina; igualdade de gênero; feminismos; neo-machismos.

Introducción

Quisiéramos iniciar este ensayo rememorando las palabras de Simone de Beauvoir que dicen: “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida” (Briñón, 2019). En esta cita, la autora feminista nos advierte que los avances logrados en los derechos de las mujeres no son permanentes ni garantizados, siempre está latente la amenaza de que nos sean arrebatados.

Aunque se hayan alcanzado importantes logros en la lucha por la igualdad de género, siempre existe la posibilidad de que una crisis social, política, económica o religiosa pueda dar lugar a un retroceso en los derechos de las mujeres. De ahí que, para el movimiento feminista estas palabras adquieren mucha relevancia en el contexto actual, pues recalca la necesidad de mantenernos vigilantes y en acción continua.

Las luchas y voces feministas no pueden detenerse en momentos de calma o complacencia. Nunca debemos bajar la guardia, por el contrario permanecer en alerta y en permanente resguardo de las conquistas alcanzadas en la lucha por los derechos de las mujeres, en especial en periodos de crisis.

Hoy ante los embates del neoliberalismo, el conservadurismo y el populismo en nuestro país, es esencial hacer un alto en el camino para analizar y comprender tanto los avances como los retrocesos experimentados en relación con los derechos de las mujeres en las últimas décadas.

En este sentido, es importante reconocer que hemos tenido significativos avances para disminuir las desigualdades entre hombres y mujeres, así como para atender las violencias de género, sin embrago, en la actualidad persisten condiciones de rezago para las féminas, todavía enfrentan una variedad de formas de discriminación y violencias en diferentes ámbitos de la sociedad, a pesar de los esfuerzos y logros significativos en la lucha por la igualdad de género.

En la tercera década del siglo XXI, las mujeres siguen ocupando los peores escalones de la sociedad, aun después de los avances en el reconocimiento de algunos de sus derechos, el machismo persiste en nuestra sociedad y se manifiesta en diferentes formas, como la violencia doméstica, obstétrica, los femicidios, la brecha salarial, el acoso sexual, la discriminación en el ámbito laboral y académico, la falta de representación en puestos de poder y la intimidación política a la que se enfrentan algunas que acceden a estos cargos.

El uso estereotipado de los cuerpos femeninos y feminizados en los medios de comunicación, así como otras formas de violencias de género cruentas que cada vez son más evidentes como la desaparición de mujeres, las violaciones sexuales por parte de las parejas o por terceras personas que las realizan de manera individual o en grupo, la trata y la explotación sexual comercial; incluso algunas vinculadas con el crimen organizado.

Es fundamental reconocer que la violencia y la discriminación no se limitan únicamente a las mujeres, sino que también afectan a otras comunidades, como las personas no binarias y las personas LGBTQ+. Sin embargo, es importante acotar que estas violencias poseen sus propias especificidades e historicidades que merecen un análisis profundo que trasciende el objetivo de este ensayo, pero que es necesario colocar ligeramente, dado que las mujeres no son las únicas afectadas por la violencia estructural de género.

Este estancamiento en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el contexto que enfrenta el mundo globalizado, cuyas políticas neoliberales logran penetrar cada vez más el entramado social, provocando un sistema marcado por el individualismo, la competencia, la (auto)explotación y la deshumanización.

Aunado al ascenso de los conservadurismos y fundamentalismos religiosos, en las últimas décadas, que atacan por definición los derechos y las libertades de las mujeres, así como de otras poblaciones históricamente discriminadas, pone en evidencia la necesidad de resistir y seguir trabajando para lograr una verdadera igualdad de género.

Avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en Costa Rica

Antes de examinar los avances y retrocesos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en Costa Rica, es importante destacar algunas de los triunfos que han logrado los movimientos feministas.

En Costa Rica, la década de 1980 y 1990 fue clave en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en esos años se establecieron las bases para mejorar la condición de discriminación que sufren. Se ratificaron diversos instrumentos jurídicos internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer1 (CEDAW) (Ley n.º 6968, 1984); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer2 (Ley n.º 7499, 1995), entre otros.

Lo anterior, se acompañó de la promulgación de un conjunto de leyes en el nivel nacional, cabe mencionar la Ley de Promoción de Igualdad Real de la Mujer3 (Ley n.º 7142, 1990) que promueve la igualdad de derechos de las mujeres y hombres en diferentes ámbitos (político, económico, social y cultural), y obliga a las instituciones públicas a tomar medidas para evitar cualquier forma de discriminación contra las féminas (Monge y Soto, 2005a).

Así como la Ley contra la Violencia Doméstica4 (Ley n.º 7586, 1996); y la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia5 (Ley n.º 7476, 1995) (Monge y Soto, 2005b); por mencionar algunos.

La CEDAW, por su parte, ratificó las numerosas discriminaciones a las que se enfrentan las mujeres como una violación directa de sus derechos como humanas, y estableció que estas discriminaciones se originan en las sociedades patriarcales y en la violencia estructural.

La Convención de Belem do Pará favoreció la comprensión de la violencia contra las mujeres, reconociendo las diversas formas que se viven tanto en el ámbito público como privado, los actores que la perpetúan (incluidas las instituciones del Estado) y cómo esta afecta el bienestar de las víctimas/sobrevivientes.

Adicionalmente, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres de 1995, las feministas celebraron con entusiasmo la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing como parte de sus compromisos globales progresistas. En Costa Rica, a lo largo de décadas se han logrado avances significativos en la condición de las mujeres en diferentes aspectos, en especial, en el plano formal-normativo con la promulgación de legislación y en la definición de políticas públicas.

Las mujeres han logrado una mayor representación en la vida política del país. En las elecciones presidenciales del 2010, Costa Rica eligió a su primera presidenta, y desde entonces ha habido una mayor presencia de mujeres en cargos de poder en el gobierno y en el Parlamento. Además, se han implementado cuotas de género en las listas electorales para garantizar una mayor participación femenina en la toma de decisiones políticas. Así mismo, Costa Rica se encuentra entre los pocos países que cuentan con medidas que sancionan explícitamente, la violencia política de género contra las mujeres, mediante la aprobación de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política (Ley n.º 10235, 2022).

Además, existen avances en el reconocimiento de los derechos reproductivos. En el 2010, se emitió una sentencia histórica por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de “Artavia Murillo y otros (Fecundación In Vitro)”. Esta sentencia ordenó al Estado costarricense regular la fecundación in vitro y garantizar el acceso a esta técnica de reproducción asistida (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2023).

Asimismo, Costa Rica ha trabajado para garantizar el acceso de las mujeres a una variedad de métodos anticonceptivos; se han llevado a cabo programas de salud sexual y reproductiva para aumentar la disponibilidad y el acceso a métodos anticonceptivos modernos, incluido el uso de condones femeninos6. Además, la ley establece el acceso de las mujeres a anticonceptivos de emergencia7 y, desde hace tres años, existe una norma técnica que permite a las mujeres solicitar la interrupción terapéutica del embarazo en caso de que su vida o su salud estén en peligro8.

Se ha promovido la implementación de programas de educación sexual integral en los colegios costarricenses9. Estos buscan brindar al estudiantado información precisa y basada en evidencia sobre salud sexual y reproductiva, prevención de enfermedades de transmisión sexual, anticoncepción, consentimiento y relaciones saludables. La educación sexual integral es fundamental para empoderar a las mujeres y permitirles tomar decisiones informadas y autónomas sobre su cuerpo, salud y su vida reproductiva.

Hace diez años uno de cada cinco nacimientos en Costa Rica correspondía a madres adolescentes, es decir, a mujeres menores de edad que quedaban embarazadas –en su mayoría– producto de relaciones impropias, abusos o de falta de información. Esta situación ha variado sustancialmente desde entonces, pues el porcentaje cayó de un 19% en el 2012 a un 9% en el 2021. Se trata de una caída significativa si se observa la tendencia de largo plazo desde los años ochenta, y representa un logro país que debemos cuidar y preservar. (Román, 2022)

También, de acuerdo con la información oficial del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU, 2023) se han implementado diversas políticas e iniciativas para promover la igualdad de género, como la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018–2030 y la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las Edades 2017–2032. Se han aprobado leyes y políticas para acabar con la discriminación de género, fomentar la igualdad salarial, prevenir y sancionar la violencia de género y promover la participación igualitaria de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad.

Costa Rica ha implementado políticas y programas para cerrar la brecha de género en el acceso y la calidad de la educación y se ha promovido la participación de las mujeres en carreras y disciplinas tradicionalmente dominadas por hombres, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, tal es el caso de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Formación, el Empleo y el Disfrute de los Productos de la Ciencia, la Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovación (PICTTI, 2018-2027), oficializada mediante Decreto Ejecutivo n.º 41149 (La Gaceta n.º. 94, del 29 de mayo del 2018), y adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), así como en su respectivo Plan de Acción (MICITT, 2023).

Durante los años 80 del siglo pasado, las Naciones Unidas instaron al ámbito académico, especialmente a las universidades, a colaborar en la creación de iniciativas especializadas y a establecer programas que estudiaran la situación de las mujeres. El llamado tuvo un impacto global y en 1987, la Universidad Nacional (UNA), se sumó a la iniciativa con la creación del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (CIEM), hoy Instituto de Estudios de la Mujer (IEM). Es así como “la UNA se convirtió en una universi­dad pionera en instalar institucionalmente los estudios de la mujer en Costa Rica y en Centroamérica” (Blanco, 2022. p. 25).

La UNA, además ha desarrollado acciones para avanzar hacia la igualdad de género y la lucha contra las violencias de género hacia las mujeres en diferentes direcciones, una de ellas es la formulación de políticas universitarias que fueron adoptadas con carácter de obligatoriedad como lo son la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual y la Política para la Igualdad y Equidad de Género en la Universi­dad Nacional.

Esta Casa de Enseñanza de Educación Superior, a través del IEM, inicia la implementación de una carrera de posgrado de manera conjunta con la Universidad de Costa Rica, como producto de los movimientos internacionales que establecían la necesidad de generar producción sobre los estudios de la mujer. Es así como se diseñaron dos planes de posgrado, la Maestría Académica en Estudios de la Mujer (MAEM), que inició en 1993 y la Maestría en Violencia Intrafamiliar y de Género (MAVIGE), en el año 2002.

Según el Informe técnico del plan terminal de los posgrados: Maestría Académica en Estudios de la Mujer y Maestría Profesional en Violencia Intrafamiliar y de Género, este convenio dejó innumerables aportes al país y a la región centroamericana, entre estos: “estudios, trabajos e investigaciones académicas, y de extensión, todos a favor de los Estudios de las Mujeres, graduando profesionales locales y de países como Estados Unidos, Honduras, Uruguay, Nicaragua, Colombia, Guatemala, Perú, España y Argentina” (IEM, 2020. p. 45). Más tarde, el convenio entre ambas universidades se disolvió y se cerraron ambos planes de estudio, y en su lugar, se creó un nuevo plan de estudio Maestría en Perspectiva de Género en los Derechos Humanos, vigente en la actualidad.

También, se cuenta con una carrera de grado en Género y Desarrollo, que es única en el nivel de Centroamérica, y que cumple con la misión del instituto de formar profesionales que contribuyan en la construcción de sociedades justas, inclusivas y con igualdad de género. Mediante la oferta de cursos optativos logramos llegar a otras carreras que ofrece la UNA, los cuales son matriculados por muchas personas interesadas en los estudios de género, las sexualidades, las violencias y el desarrollo sostenible. Paralelamente, se impulsan investigaciones, algunas de forma conjunta con otras instituciones, que aportan a la sociedad en el abordaje de problemáticas como las discriminaciones interseccionales, las violencias de género, la sexualidad, la transversalización de la perspectiva de género, entre otras.

Amenazas y retrocesos en el avance de los derechos de las mujeres

A pesar de los esfuerzos y conquistas alcanzadas, los derechos de las mujeres son siempre objeto de ataques en diversos ámbitos. En la última década, la oposición a la igualdad de género y al activismo por estos derechos se ha vuelto más resonante, global y mejor organizada. Varios actores han surgido y se han fortalecido, incluyendo grupos religiosos y conservadores, populistas y antiderechos, que apoyan los derechos de los hombres y movimientos llamados antideología de género.

Estas organizaciones funcionan y se movilizan tanto en el nivel internacional como nacional en apoyo a los “valores de la familia” y los roles tradicionales de mujeres y hombres, obstaculizando los avances en la igualdad de género. Esta contramovilización transnacional de actores conservadores y religiosos en la sociedad civil y dentro del Estado son una amenaza a los acuerdos y compromisos internacionales para la protección de los derechos de las mujeres que nuestro país ha suscrito y pueden socavar los esfuerzos de las organizaciones internacionales y de los órganos de vigilancia de los tratados.

Existe una oposición articulada y organizada contra los avances en materia de igualdad de género que busca debilitar, desarticular y desacreditar los movimientos feministas, los programas e instituciones que defienden los derechos de las mujeres. Esto se manifiesta en resistencia a leyes y políticas de igualdad, así como en discursos y acciones que buscan socavar los derechos de las mujeres y cuestionar su participación plena en todos los ámbitos de la sociedad.

En ocasiones, estos contramovimientos recurren a discursos sobre igualdad y derechos humanos, negando las desigualdades históricas y los privilegios de género, con tal de conservar el status quo y la supremacía del género masculino hegemónico.

Muestra de ello es la aprobación e implementación de la Objeción de Conciencia en la Ley Marco de Empleo Público10 (Ley n.º 10159 del 8 de marzo del 2022) en Costa Rica que puede ser considerada como un retroceso en términos de los avances culturales y de derechos en el país, especialmente, en lo que concierne al respeto por la diversidad sexual, la igualdad de género y los derechos reproductivos de las mujeres.

La objeción de conciencia se refiere al derecho de una persona a negarse a realizar determinadas acciones o brindar ciertos servicios debido a objeciones morales o religiosas. En este sentido, Roggeband y Krizsán señalan que:

…un aspecto destacado del retroceso en materia de políticas es el cambio en los discursos políticos oficiales, que pasan de posiciones ampliamente favorables o neutras sobre la igualdad de género a declaraciones que las cuestionan abiertamente, muchas veces contraviniendo las posiciones políticas adoptadas y aceptadas formalmente por el país. (Roggeband y Krizsán, 2022, p. 31)

En esta misma línea y dentro de estos contramovimientos, surgen grupos organizados, liderados generalmente por padres divorciados/separados, así como por profesionales que en el marco de procesos judiciales recurren al concepto de “Síndrome de Alienación Parental” (SAP) para atacar a uno de los progenitores. Según Vacarro (2005), este concepto hace referencia a un proceso en el que uno de los progenitores (generalmente la madre) manipula al hijo o hija en contra del otro progenitor (por lo general el padre), logrando distanciar, alienar o eliminar a ese padre de la vida del hijo o de la hija (Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, [CPPCR], 2015).

Este concepto carece de fundamentación científica y no se basa en datos empíricos (Escudero, Aguilar y de la Cruz, 2008; Vaccarro 2005; Blanco, s. f. citados en CPPCR, 2015), fue rechazado por la OMS y la Asociación Americana de Psiquiatría. Asimismo, la ONU, recientemente, advirtió que es utilizado para encubrir situaciones de violencia de género y abusos sexuales contra menores de edad, por lo que promueve la revictimización y el riesgo a sufrir nuevas agresiones en las víctimas/sobrevivientes (Kohan, 2023).

Los retrocesos democráticos, como los que estamos viviendo en Costa Rica con el desmantelamiento de instituciones publicas, con recortes en los recursos destinados a programas sociales, a la educación y servicios que benefician a las mujeres y a poblaciones vulnerabilizadas, así como la reducción de los espacios de participación de la sociedad civil en la defensa de los derechos ponen en riesgo los logros alcanzados en materia de políticas de igualdad de género.

Esto incluye restricciones a la libertad de expresión, la criminalización del derecho a la protesta, lo que dificulta la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. La promulgación de leyes que representan un retroceso en materia de derechos y de igualdad es una preocupación seria.

Un ejemplo de las propuestas regresiva en materia de derechos laborales es el Proyecto de Ley 21 182, “Reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, conocido como jornadas 4/311, que además de violar convenciones internacionales en materia de derechos laborales y derechos de las mujeres a las que Costa Rica está sujeta, su aprobación afectaría a las poblaciones más vulnerabilizadas de nuestro país, entre ellas las mujeres.

Asimismo, escuchamos discursos que naturalizan y niegan la existencia de desigualdad de género, un discurso de odio, que busca perpetuar la discriminación y la opresión hacia las mujeres. Negar la realidad de la desigualdad de género es ignorar las evidencias y los datos que demuestran las disparidades en términos de acceso a oportunidades, poder y recursos entre hombres y mujeres.

Los movimientos neomachistas, también conocidos como postmachistas (Lorente, 2009), argumentan con un discurso de posverdad negando la existencia de la desigualdad de género, difundiendo información falsa y distorsionando la realidad. Su sermón defiende que la desigualdad de género es un mito o exageración, negando así la evidencia y las investigaciones que lo demuestran. Descalifican los estudios de género argumentando que carecen de rigor académico y científico. Afirman que se basan en sesgos ideológicos y no en datos empíricos, a pesar de que estos se basan en indagaciones rigurosas y enfoques interdisciplinarios.

Los movimientos neomachistas a menudo recurren a la estigmatización y ridiculización de los estudios de género y de aquellos que los defienden. Utilizan términos como “feminazi” o “ideología de género” de manera peyorativa para desacreditar el trabajo y las ideas relacionadas con la igualdad de género. Asimismo, distorsionan o tergiversan los conceptos y hallazgos de los estudios de género con el fin de presentarlos de manera negativa o exagerada. Esto busca socavar la credibilidad de los estudios y alimentar la desconfianza hacia ellos.

A esta situación debemos sumar el deterioro social en nuestro país, datos como el que nos arroja un estudio realizado por el Banco Mundial muestra que Costa Rica fue reconocido como uno de los países más desiguales del mundo, (citado en Giusti Minotre, 2022) “ocupando el lugar número nueve de los diez países más desiguales, entre los que lo acompañaban Sudáfrica, Haití, Ruanda, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México y Panamá” (National Bank for Reconstruction and Development, 2016, p. 20).

Derechos laborales, corresponsabilidad en los cuidados y efectos postpandemia

Asimismo, la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la vida de las mujeres, exacerbando las desigualdades existentes y generando nuevas formas de discriminación y violencia de género.

Según el Informe del Estado de la Nación 2021, el confinamiento, las restricciones de movimiento y las crisis económicas han intensificado los riesgos para las mujeres, como el aumento de la violencia doméstica, las barreras de acceso a servicios de salud, el aumento de las responsabilidades de cuidado no remuneradas, el desempleo, el empobrecimiento y la feminización del empleo informal (CONARE, 2021).

El mayor impacto de la pandemia en el mercado laboral se registró en el segundo trimestre del 2020, cuando estalló la crisis en el país. El empleo femenino se redujo en 230 000 mujeres de ellas 120 000 pasaron a ser desempleadas y 110 000 se salieron del mercado, incrementando su riesgo a la pobreza y afectando su autonomía económica. (Román y Morales 2022, párr. 3).

La combinación de roles de género arraigados en la cultura machista, la carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidados que recae en ellas, y los efectos económicos de la pandemia han llevado a la expulsión de muchas mujeres del sistema laboral en América Latina. Estos factores se han conjugado para generar una situación difícil para las féminas en la región; según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2022 (ENUT), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC):

…el tiempo efectivo promedio, así como el tiempo social promedio, evidencian que se mantienen las brechas por sexo, ya que son las mujeres quienes dedican una mayor cantidad de tiempo efectivo por semana, con 32:04 horas (treinta y dos horas y cuatro minutos), entretanto los hombres destinan 15:44 horas, lo que significa que las mujeres dedican en promedio el doble del tiempo que los hombres. (INEC, 2023, p. 47)

En muchos países de América Latina, persisten normas culturales y sociales que asignan a las mujeres la responsabilidad principal del trabajo doméstico y de cuidados; esto significa que también deben realizar labores no remuneradas en el hogar, incluso si trabajan como empleadas remuneradas. La pandemia ha exacerbado esta situación, ya que las medidas de confinamiento y el cierre de escuelas llevaron a aumentar la demanda de cuidado familiar.

La pandemia ha provocado una crisis económica en muchos países de América Latina, lo que ha llevado al cierre de empresas y la pérdida masiva de empleos. Las mujeres han sido especialmente afectadas porque trabajan con frecuencia en sectores más vulnerables, como el empleo informal o servicios de baja remuneración. La falta de redes de seguridad social adecuadas y de políticas de apoyo específicas para las mujeres ha contribuido a su exclusión del mercado laboral.

En Costa Rica, según datos del Programa del Estado de la Nación del 2022: “La probabilidad de que las mujeres consigan empleo es de un 37%, versus un 63% de los hombres, lo que explica por qué ellas representan más de la mitad de las personas desempleadas” (Morales, 2023, Sección Desempleo se Ensancha en las Mujeres, párr. 2.), es decir, representan el 54 % de las personas desempleadas.

En la región, persiste una brecha salarial significativa entre hombres y mujeres, lo que refleja la discriminación de género en el ámbito laboral. La pandemia ha exacerbado estas desigualdades, ya que las mujeres se encuentran en trabajos más precarios y con menor protección laboral.

Además, la falta de oportunidades de desarrollo profesional y de ascenso a puestos de liderazgo también limita las perspectivas económicas de las mujeres. La crisis tomó a las mujeres con importantes rezagos históricos, y las puso en mayor vulnerabilidad. “El 45% de ellas no pueden trabajar de manera remunerada, o al menos buscar activamente un empleo, debido a sus responsabilidades familiares”. (Morales, 2023, , párr. 3).

La persistencia de desafíos significativos en materia de igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres en Costa Rica sigue siendo un desafío. Es preocupante que las mujeres sigan enfrentando discriminación, menosprecio y acoso en diferentes ámbitos de sus vidas, incluyendo el político, empresarial y comunitario.

Violencia de género contra las mujeres

Durante el año 2021, el Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial informó que el Ministerio Público recibió 57 denuncias diarias relacionadas con delitos contemplados en la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer y sus Reformas (Ley n.º 8589, 2007), como maltrato físico, incumplimiento de medidas de protección, ofensas a la dignidad, amenazas contra mujeres y daño patrimonial. En total, se presentaron cerca de 21 mil denuncias ante el Poder Judicial en virtud de esta ley. (Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, 2021).

Según estadísticas del Poder Judicial del 2021, la violencia sexual contra las mujeres fue la cuarta categoría de delitos en el país, de todas las denuncias recibidas por el Ministerio Público. Sin embargo, al agregarla a los delitos contemplados por la Ley n.º 8589 y sus reformas, es la segunda causa de denuncias, con un 17 % de casos más que los delitos a la propiedad, que superan el 40 %. (Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, 2021).

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-MUJERES) define la violencia de género como los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas debido a su género (ONU-MUJERES, s. f.). En Costa Rica esta violencia se ejerce a diario, a pesar de que se aplican las leyes y que se solicitan en promedio 136 medidas de protección por día, cada mes, al menos dos mujeres mueren a manos de hombres con quienes habían tenido una relación emocional (Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, 2021).

La Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres en Costa Rica, promulgada en el 2007, es un paso importante en la lucha contra la violencia de género. Esta ley establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluyendo el femicidio. Sin embargo, la persistencia de casos de femicidio, como la forma más grave de las violencias de género, indica que aún hay desafíos por superar en términos de prevención y protección efectiva de las mujeres en riesgo.

En Costa Rica, del 2007 al 31 de diciembre 2021, hubo un total de 404 femicidios según el Poder Judicial. En el año 2022, según el último análisis de la Subcomisión Interinstitucional de Prevención del Femicidio, en el país hubo 19 femicidios (40%), de un total de 48 muertes violentas de mujeres. (Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, 2023).

Reflexiones finales y desafíos frente al contexto actual

No cabe duda de que las palabras de Simone de Beauvoir, citadas al inicio de este ensayo, resuenan hoy más que nunca ante el contexto nacional y la crisis social, económica y política que enfrenta el mundo. Esto nos plantea algunos desafíos que sintetizaremos a continuación:

1.Es fundamental que Costa Rica cumpla con los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, a través de acciones concretas, como la asignación de recursos económicos adecuados, el monitoreo y evaluación de los avances desde una mirada interseccional en la que se reconozcan las diferentes formas de opresión de las cuales son objeto las mujeres; la implementación y fortalecimiento de políticas y leyes específicas que promuevan la igualdad de género, prevengan la violencia contra las mujeres y garanticen su plena participación en todos los ámbitos de la sociedad12 (Naciones Unidas, 2023). De igual manera es necesario la colaboración con la sociedad civil y organismos internacionales.

En esta línea, Costa Rica ha asumido responsabilidades mediante la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), comprometiéndose a tomar medidas para eliminar la discriminación de género en todas sus formas y garantizar la igualdad de derechos para las mujeres. Asimismo, se ha comprometido, a la vez, a trabajar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, incluido el ODS 5, que busca lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.

1.Es clave seguir trabajando en la educación y cambio social que fomente una cultura de respeto, igualdad y no violencia de género en todos los niveles de la sociedad.

2.Se requiere de unidades de género o institutos de estudios de la mujer, fortalecidos, articulados con otras instituciones y movimientos sociales que le permita resistir a los combates y discursos de la cultura patriarcal que buscan erosionar la razón de ser de las instituciones que abogan por los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

3.En última instancia, la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres requiere de un esfuerzo colectivo y continuo. A pesar de los desafíos y desarticulaciones que puedan surgir en el movimiento feminista, es fundamental mantener el compromiso y la unidad en la búsqueda de un cambio social y cultural que promueva la igualdad y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su género.

Referencias

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